Economía e I+D+i

15.3.2017

Artículo 40. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.

Contenido

Evolución reciente de la economía española
Estabilidad macroeconómica y crecimiento de la productividad
Evolución de la economía por sectores
Investigación, desarrollo e innovación

Evolución reciente de la economía española

El punto de partida del diseño de la política económica debe ser la identificación y análisis de los problemas a los que se enfrenta la economía española. Durante la etapa de crecimiento económico y en los primeros años de la crisis se generaron importantes desequilibrios macroeconómicos: alto endeudamiento privado favorecido por tipos de interés reales negativos, abultada y creciente deuda externa, pérdida de competitividad y elevado déficit público.

Gran parte de estos desequilibrios se explican por el fuerte crecimiento del crédito durante los años previos a 2007, el aumento de la inversión, principalmente inmobiliaria y las rigideces en el mercado de trabajo. La elevada tasa de inversión durante los años previos al inicio de la crisis explica el fuerte incremento del endeudamiento externo; en particular, el peso de la inversión en vivienda explicaba por sí sola la mitad del desequilibrio exterior generado hasta 2008. Paralelamente, determinados rasgos estructurales del mercado de trabajo español (su naturaleza dual o la organización de la negociación salarial), junto a otros factores ligados a la insuficiente competencia en algunos mercados de bienes y servicios, agravaron esos desequilibrios a través de una pérdida tendencial de competitividad externa.

Al comienzo de la crisis se adoptó una política fiscal fuertemente expansiva, haciendo que las necesidades de financiación pública aumentaran rápidamente, hasta alcanzar un déficit del 11% del PIB en 2009. Si en el periodo 2000-2007 el crecimiento de la deuda externa se explicaba por la necesidad de financiación del sector privado, a partir de 2009 el incremento se originó básicamente desde el sector público.

De este modo, España afrontaba en 2012 una situación muy complicada, con una economía al borde del colapso, con una fuerte pérdida de confianza y con importantes desequilibrios acumulados.

Además, y tras la revisión de los datos de Contabilidad Nacional 2011-2014 por parte del INE, ahora sabemos que la crisis económica fue más profunda de lo que se pensaba y también que la recuperación de nuestra economía ha sido aún más fuerte.

Este giro de 180 grados ha sido posible gracias a las reformas estructurales llevadas a cabo y al importante proceso de corrección de los desequilibrios que ya se ve reflejado en la evolución de las principales magnitudes macroeconómicas.

Hasta el tercer trimestre de 2015 (último dato de CNTR conocido), la economía española encadena nueve trimestres consecutivos de crecimiento. En términos interanuales, el PIB creció un 3,4% en el tercer trimestre de 2015, dos décimas más que en el trimestre anterior, lo que supone la tasa de crecimiento más elevada desde el cuarto trimestre de 2007.

Al contrario de lo que ocurrió en las fases iniciales de la recuperación, en las que era la demanda externa la que actuaba como motor de la economía, desde mediados de 2013 son el consumo privado y la inversión los que impulsan el crecimiento.

En el tercer trimestre de 2015, la demanda interna contribuyó 3,9 puntos porcentuales al crecimiento interanual del PIB (son 6 décimas más que en el segundo trimestre) y, por segundo trimestre consecutivo, todos sus componentes están en positivo. La fortaleza de la demanda interna está directamente relacionada con:

la mejora de la confianza de los agentes económicos,
la mejora en las condiciones de financiación (fruto de las múltiples reformas en el sector financiero),
el aumento de la renta disponible de las familias gracias a la reforma fiscal (y a la contención en los precios de la energía) y muy especialmente
la buena marcha del mercado de trabajo que está creando empleo a tasas no vistas en 8 años.

Por su parte, el sector exterior detrajo 5 décimas al crecimiento interanual del PIB en este tercer trimestre de 2016, una décima más que en el trimestre precedente, por una mayor desaceleración de las importaciones que de las exportaciones. Esta menor aportación se explica por el mayor crecimiento de las importaciones respecto de las exportaciones.

Las importaciones crecen al 0,9% interanual (frente al 5,1% del segundo trimestre), debido fundamentalmente a la disminución de 5,8 puntos respecto del trimestre anterior de la tasa de variación interanual de las importaciones de bienes.

Las exportaciones de bienes y servicios siguen creciendo a buen ritmo, un 2,8% interanual, pero menor que el del trimestre anterior (6,4%). (Este buen comportamiento de las exportaciones de bienes y servicios (que crecen más que el comercio mundial) indica que nuestros sectores productivos siguen siendo competitivos en el exterior, lo que va a permitir que un nuevo superávit corriente de cara al exterior, en el entorno del 2% del PIB, y que obtengamos una capacidad de financiación al exterior del 2,5% del PIB.

Evolución general

Desde 2008 la economía española acumuló significativos desequilibrios económicos y financieros, que dieron lugar a la crisis más profunda de la reciente historia democrática y que se han traducido en un aumento sustancial del desempleo. Además, la economía española necesitaba un conjunto de reformas que modernizaran el tejido productivo y las relaciones laborales e introdujeran competencia.

Además, desde el inicio de la crisis en 2008, y contrariamente a lo ocurrido en el conjunto de la Zona Euro, la economía española apenas vivió un breve paréntesis de muy débil crecimiento en el año 2010. Este paréntesis no impidió un crecimiento medio nulo para el conjunto de ese año.

Como se ha comentado, la revisión de la Contabilidad Nacional por parte del INE, supuso revisar a la baja (en aproximadamente 5 décimas) las cifras de crecimiento para los años 2011, 2012 y 2013. En 2011 el crecimiento del PIB fue de -1% (frente al dato anterior de -0,6%). En 2012 continuó el descenso de la actividad, con una caída del PIB del 2,6% (-2,1% anteriormente) y en el 2013 la caída se moderaría hasta el -1,7% (-1,2% antes).

De hecho, a partir del tercer trimestre de 2013, la economía española inició su senda expansiva, tendencia que se ha prolongado y consolidado durante nueve trimestres consecutivos. En el 2015 el PIB creció un 3,2% de media anual y en 2016 el crecimiento se ha acelerado hasta llegar a tasas de crecimiento interanual de 3,4%, 3,4%, y 3,2 en el primer, segundo y tercer trimestre respectivamente.

El compromiso con la consolidación fiscal nos ha permitido reducir el déficit público (excluyendo ayuda financiera) desde el 9% de 2011 hasta el 5,1 de 2015. Como es bien sabido, el esfuerzo ha sido especialmente meritorio ya que la reducción del déficit se produjo en un contexto. Para el año 2016, la previsión es cerrar en el 4,6% del PIB. .

El compromiso del Gobierno con la consolidación fiscal es contundente. La sostenibilidad de nuestras finanzas públicas ha sido un factor fundamental para recuperar la confianza de los inversores internacionales en la primera parte de la legislatura y, más en general, para consolidar el crecimiento.

Otro aspecto a destacar de esta nueva fase es que el crecimiento es compatible con el necesario proceso de desapalancamiento del sector privado. Desde el pico y hasta el tercer trimestre de 2016, el peso de la deuda privada como porcentaje del PIB se ha reducido en aproximadamente 50 puntos porcentuales hasta el 167%.

Sin duda, el paro representa la peor cara de la crisis. De una tasa de desempleo próxima al 8% en 2007 se pasó a otra cercana al 27% en el primer trimestre de 2013, que ha ido descendiendo progresivamente a lo largo de 2014, 2015 y 2016 hasta el 18,6% en el cuarto trimestre de 2016. Todas las actuaciones del Gobierno están orientadas a un último fin: la creación de empleo. El crecimiento va de la mano de una intensa creación de empleo. Los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2016 muestran que en los últimos doce meses se han creado 413.900 empleos ) y el paro se ha reducido en unas 542.000(541.700) personas . Esto ha permitido que la tasa de paro haya caído por debajo del 19% (18,6%), situándose en su nivel más bajo desde el último trimestre de 2009.

En la anterior fase de expansión el crecimiento de nuestra economía era altamente dependiente de los sectores construcción e inmobiliario. El peso de estos sectores llegó a representar el 21 del PIB; muy por encima de la media europea del 12%. España crecía a tasas elevadas pero el crecimiento económico era difícilmente sostenible; acumulábamos diferenciales inflación desfavorable, pérdidas de competitividad y un elevadísimo desequilibrio exterior.

Frente a un déficit por cuenta corriente que se acercó 10% del PIB el año 2007, en 2013 se registró un superávit del 1,5%, en 2014 un superávit del 1,1%, del 1,4% en 2015 y en 2016 se volverá a registrar un superávit, en el entorno del 2%.

Desde el inicio de la actual crisis, España ha ido disminuyendo de forma progresiva y constante la necesidad de financiación de la economía. En 2011, se registró una necesidad de financiación del 2,9% del PIB. Los años 2012, 2013 y 2014 cerraron con capacidad de financiación del 0,1%, 2,2% y 1,6% del PIB respectivamente.

Directamente relacionadas con la corrección del desequilibrio exterior están las importantes mejoras en la competitividad. La evolución de los costes laborales unitarios) y un diferencial de inflación con nuestros socios europeos favorable a España son muestras de estas mejoras en la competitividad de la economía española. La variación anual del coste laboral unitario se sitúa el tercer trimestre de 2016 en el -0,2, cinco décimas por debajo del deflactor implícito del PIB (0,3%)

Cuota de exportación mundial de bienes y servicios

Como se ha comentado, el motor de la economía española ha pasado a ser la demanda nacional impulsada por todos sus componentes.

En el tercer trimestre de 2016, el consumo de los hogares creció un 2,8% interanual. Por su parte, el consumo de las Administraciones Públicas creció un 1,4% interanual, seis décimas más que trimestre anterior. La formación bruta de capital fijo aumentó un 3,1%% interanual. Destaca la inversión en bienes de equipo que aumentó un 5%.

La mejora también llega al sector de la construcción que ve como aumenta la inversión un 2%, es decir al mismo ritmo que el trimestre anterior.

El componente privado del gasto interno se ha visto impulsado por la mejora de la renta real disponible de las familias, favorecida por la creación de empleo, así como por el entorno de moderación de precios y la recuperación de la confianza.

Así, el Indicador de Sentimiento Económico que publica la Comisión Europea se sitúo en enero de 2017 en el nivel 107,4 (media 1990-2016=100), casi 1 punto por debajo (0,8) del indicador para la Zona Euro (108,2). Por su parte, el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) del CIS para el mismo mes de enero fue 98,3 puntos, 2,4 puntos por debajo del dato del mes anterior, umbral indicativo de percepción negativa de los consumidores.

Por el de la oferta, el tercer trimestre de 2016, muestra que, a nivel agregado, las ramas del sector primario y de la construcción presentan tasas de crecimiento anual superiores a las del segundo trimestre de 2016. Por su parte, las ramas del sector secundario y de los servicios presentan tasas de crecimiento inferiores.

El valor añadido bruto de las ramas industriales presenta una tasa del 1,9%, lo que supone una disminución en 1,2 puntos respecto a la registrada en el segundo trimestre de 2016. La industria manufacturera crece a un ritmo de 2,9%, tasa que resulta 1,4 puntos inferior a la registrada en el trimestre precedente.

De forma coherente con la evolución del empleo de la rama de la construcción, el valor añadido bruto de esa actividad acelera su ritmo de avance hasta el 2,7% frente al 1,6% del trimestre anterior.

Por su parte, el valor añadido de las ramas de los servicios desacelera su crecimiento este trimestre, pasando del 3,6% al 3,4%, como consecuencia del comportamiento conjunto de las actividades que integran este sector.

Por último, las ramas primarias registran una variación anual del 2,5%, frente al 2,4% del trimestre anterior.

Estabilidad macroeconómica y crecimiento de la productividad

Superar una crisis de la magnitud de la que hemos enfrentado requiere adoptar una estrategia de política económica completa, coherente y ambiciosa. Entre las prioridades en materia de política económica está la consolidación fiscal. Además, una vez concluido el proceso de saneamiento financiero, son esenciales las reformas estructurales que afectan al funcionamiento de los mercados de factores, de bienes y de servicios.

En los últimos años el Gobierno ha llevado a cabo un ambicioso programa de reformas que ha permitido recuperar buena parte de la competitividad perdida desde el ingreso en el euro. Es preciso, sin embargo, continuar esta línea reformista para dotar a la economía de una estructura más eficiente y flexible, que impulse el crecimiento duradero y la creación de empleo.

Consolidación fiscal

La consolidación fiscal se ha basado tanto en medidas de reducción del gasto como en la mejora de la eficiencia del sistema tributario, lo que ha permitido una sustancial reducción del déficit público, que (sin contabilizar la ayuda financiera) ha pasado del 9% del PIB en 2011 al 5,1% en 2015 y al 4,6% esperado para 2016, cumpliendo así los objetivos comprometidos con la Unión Europea.

En cinco años, se habrá logrado un ajuste del déficit del conjunto de las Administraciones Públicas de 4,4 puntos de PIB, lo que supone reducir el déficit en la mitad.

Además, se ha registrado una continua reducción del déficit estructural, lo que muestra el esfuerzo fiscal efectivo acometido por la economía española. Es destacable que, especialmente en los años 2012 y 2013, el ajuste del déficit se ha realizado en condiciones muy adversas, con contracción de las bases tributarias y la consiguiente reducción de los ingresos públicos, además de un incremento de partidas de gasto como las prestaciones por desempleo o los intereses de la deuda.

En este contexto cobra relevancia la reforma del marco fiscal que garantiza la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y la transparencia en todos los niveles de la Administración. En este ámbito destaca la entrada en funcionamiento de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), encargada de velar por el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Durante 2014 se aprobó el Estatuto Orgánico de la AIReF, que regula la estructura y régimen de funcionamiento, los procedimientos, informes y opiniones a emitir así como los estudios que pueden ser encargados a la AIReF y las relaciones institucionales.

Destaca igualmente la reforma introducida en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera mediante la Ley Orgánica 9/2013, de control de la deuda comercial del sector público que ha sido objeto del adecuado desarrollo en cuanto al período medio de pago a proveedores.

A lo largo de la anterior legislatura se pusieron en marcha diversas medidas de liquidez para las administraciones regionales y territoriales. En su conjunto, estos mecanismos han supuesto inyecciones de liquidez a Comunidades Autónomas y Entidades Locales por importe de aproximadamente 220.000 millones de euros, de los que cerca de 85.000 millones han supuesto pagos directos a proveedores de las CCAA. Estos instrumentos han resultado en importantes ahorros en intereses que para el conjunto de las Comunidades Autónomas alcanza los 44.000 millones de euros.

El Real Decreto-ley 17/2014 crea un nuevo marco de apoyo a CCAA y EELL a través de dos nuevos fondos de financiación con vocación de permanencia. Este nuevo marco supone un paso más hacia un modelo de financiación en el que todas las administraciones territoriales se benefician de la mayor eficiencia del Tesoro al captar financiación en los mercados. Así, todos los préstamos concedidos a través de los distintos mecanismos de apoyo a CCAA y EELL gozan de unas condiciones financieras preferentes.

Fondo de Financiación a CCAA, dividido a su vez en cuatro compartimentos:

Facilidad Financiera: ofrece liquidez de manera voluntaria a las CCAA que hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y el periodo medio de pago a proveedores. Da cobertura a la totalidad de las necesidades brutas de financiación de las CCAA, exceptuando la tesorería, incluyendo por primera vez los vencimientos de préstamos con entidades financieras residentes.
Fondo de Liquidez Autonómico: destinado a aquellas CCAA que incumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y el periodo medio de pago a proveedores. Al igual que la Facilidad Financiera, da cobertura a todas las necesidades de financiación de las CCAA, a excepción de la financiación a corto plazo.
Fondo Social: cubre las obligaciones pendientes de las CCAA derivadas de convenios suscritos con las EELL en materia social. Se trata de un compartimento de carácter transitorio, pues desaparecerá una vez satisfechas las deudas pendientes. No obstante, se contempla la creación de un registro de convenios de estas características, con el objetivo de evitar que se generen nuevas deudas por conceptos similares.
Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a Proveedores de CCAA: a través de este compartimento se transfiere el patrimonio del FFPP al Fondo de Financiación a CCAA. El compartimento pervivirá en tanto en cuanto permanezcan vivas las deudas de CCAA y EELL. Sin embargo, desaparecerá al llegar su vencimiento.

Fondo de Financiación a EELL, dividido en tres compartimentos

Fondo de Impulso Económico: tiene como objetivo la financiación de los vencimientos de préstamos, previamente reestructurados bajo el principio de prudencia financiera, asociados a inversiones financieramente sostenibles llevadas a cabo por las EELL que hayan cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y el periodo medio de pago a proveedores.
Fondo de Ordenación: da liquidez a aquellas EELL que se encuentren en riesgo financiero o hayan incumplido el periodo medio de pago a proveedores. Atiende los vencimientos de préstamos que previamente hayan sido reestructurados bajo el principio de prudencia financiera (por riesgo financiero) o bien el pago directo a proveedores (por incumplimiento del periodo medio de pago).
Fondo en liquidación para la Financiación de los Pagos a Proveedores de EELL: a través de este compartimento se transfiere el patrimonio del extinto FFPP al Fondo de Financiación a EELL.

Reformas estructurales

En 2015 continuó desarrollándose el amplio programa de reformas que caracterizó la legislatura. Perfeccionar el funcionamiento del sector financiero siguió siendo uno de los objetivos prioritarios dado el papel trascendental que desempeña para la consolidación del crecimiento. La finalidad última es doble: restablecer y consolidar el flujo de crédito bancario y potenciar la diversificación de fuentes de financiación para reducir la dependencia del tejido empresarial al canal bancario.

Fábrica de coches (Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales)El proceso de reestructuración de las entidades financieras que obtuvieron ayudas públicas ha continuado durante 2014 y 2015 y la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb) actualizó su plan de negocio apostando por una gestión más activa de su cartera para maximizar sus resultados. En este contexto, el Gobierno solicitó al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) proceder a la devolución anticipada de 1.300 millones de euros del préstamo para la recapitalización del sector bancario español, que fue aprobada por el Consejo de Administración de dicho organismo.

El retorno de la estabilidad macroeconómica, la estabilización del sector bancario y las reformas regulatorias introducidas llevan tiempo dando sus frutos en forma de crecimiento de flujos de crédito en el ámbito privado, en paralelo con el importante proceso de desapalancamiento del sector privado. En 2016, el endeudamiento privado de España ha seguido reduciéndose notablemente y es cercano al de la eurozona (en peso del PIB).

Especialmente significativa resulta la evolución de la concesión de nuevos créditos a PYMES (utilizando como proxy los préstamos de menos de 1 millón de euros), que experimentan tasas positivas de variación interanual de forma casi ininterrumpida desde octubre de 2013, así como a hogares para consumo, que experimentan tasas positivas de variación interanual de forma casi ininterrumpida desde diciembre de 2012. La fortaleza del crédito a la PYME es un excelente indicador de la fortaleza de la economía por el lado de la oferta, en la medida en que las PYMEs son las principales creadoras de empleo. En cuanto a la fortaleza del nuevo crédito al consumo, refleja la solidez de la recuperación económica española por el lado de la demanda.

La reactivación de la economía y el fin de la crisis financiera, junto a la abundante liquidez por las medidas del BCE hicieron que en 2015 y 2016 el volumen de mediación se redujera respecto a 2014. El ICO está adaptándose a las nuevas condiciones de crecimiento de la economía española. Ha cumplido un papel anticíclico en la financiación de las pymes y autónomos durante los años más duros de la crisis y ahora está siendo sustituido por las entidades financieras privadas, que están normalizando su oferta de crédito.

Es previsible por tanto, que durante el año 2015, la concesión de préstamos mediante las Líneas de Mediación del ICO se sitúe en unos importes similares al volumen medio histórico de los años previos a la crisis.

El ICO, en esta nueva fase de recuperación de la economía, tendrá que pasar de un modelo de actividad crediticia "extensivo", en que ha basado su actuación en los últimos años, donde lo más relevante era proveer de un elevado volumen de liquidez tanto a las empresas como a los emprendedores, hacia un modelo "intensivo" sustentado en la especialización y actividades que aporten mayor valor añadido. En cuanto al ámbito de dicha especialización, además del apoyo que deberá brindar para la financiación de la exportación y los proyectos de inversión internacional de las empresas españolas, el ICO tendrá que identificar fórmulas que faciliten la financiación de la inversión productiva a largo plazo y la financiación de proyectos innovadores.

Es importante destacar otros factores que también han contribuido notablemente a la recuperación y consolidación del crecimiento:

Mejora del marco institucional por el que se canaliza y se reasignan los recursos financieros:

Los primeros pasos en la tarea de reformar el sistema financiero español se dieron en la dirección de apoyar su saneamiento y robustecer la solvencia de las entidades. Una vez concluido este proceso, con éxito a tenor de las valoraciones alcanzadas por las entidades de crédito españolas en el ejercicio de valoración finalizado por el Banco Central Europeo en noviembre de 2014, se han revisado los mecanismos de prevención y resolución de crisis en línea con los cambios operados a nivel europeo, tal como queda recogido en la Ley 11/2015, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. La finalidad última de esta revisión normativa es conciliar la necesidad de preservar la estabilidad del sistema financiero con la minimización del impacto sobre las arcas públicas, y en última instancia sobre los contribuyentes, de la eventual resolución de una entidad. Para ello introduce, por ejemplo, un nuevo esquema de absorción de pérdidas por parte de los acreedores. Además destaca la creación del Fondo Nacional de Resolución, financiado por las propias entidades, que ha integrado parcialmente en el Fondo Único Europeo desde el 1 de enero de 2016, cuando empezó a actuar de manera plena el Mecanismo Único de Resolución. Igualmente, la norma arbitra mecanismos de colaboración entre las autoridades españolas de resolución y el Mecanismo Único de Resolución.

Mercado del Borne, Barcelona (J. Tern, Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente)Pero tan importante resulta el disponer de un sistema eficiente que canalice la financiación hacia usos productivos como el permitir que, en caso de fracaso, se pueda rescatar el máximo del valor de la inversión para destinarla con agilidad a fines alternativos. Resulta esencial que los mecanismos de reestructuración empresarial permitan la continuidad de empresas que, teniendo un proyecto viable, tienen dificultades por estar sobreendeudadas.

Para ello, se abordó la mejora del marco legal pre concursal de los acuerdos de refinanciación con la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, de Reestructuración y Refinanciación, que facilita las negociaciones pre concursales Así, en 2015 se produjeron 86,6 negociaciones pre concursales por cada 100 concursos de acreedores (datos del CGPJ). La importancia que se le concede al buen funcionamiento del esquema concursal ha motivado, de hecho, la creación de la Comisión de Seguimiento de Prácticas de Refinanciación y Reducción de Sobreendeudamiento, responsable de analizar los efectos de las medidas implantadas en materia concursal así como de realizar cualquier otro tipo de propuestas que contribuyan al desapalancamiento del sector privado. La Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal complementa las medidas aprobadas en la mencionada Ley 17/2014 regulando diferentes aspectos relacionados con el convenio concursal.

La normativa Solvencia II se traspuso a nuestro ordenamiento mediante la aprobación de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. El objetivo de esta ley es reforzar la solvencia de las entidades aseguradoras españolas, adaptándolas al nuevo marco normativo europeo, y la mejora de su gobierno corporativo.

La Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social permite que una persona física, a pesar de un fracaso económico empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas, sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer.

Además de introducir el mecanismo de segunda oportunidad, esta Ley establece límites a la remuneración de la administración concursal y mejora el instrumento del acuerdo judicial de pagos, facilitando su adopción. En los nueve primeros meses de 2016 se iniciaron 697 negociaciones para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos, más que duplicando el número de acuerdos en 2015 durante ese periodo (Consejo General de Economistas).

Fomento de nuevos canales de financiación para las empresas, en especial para las PYMEs:

Las mejoras introducidas en el procedimiento concursal deben contribuir a mejorar las expectativas de recuperación de las inversiones efectuadas por los acreedores en la empresa en caso de su disolución. De esta forma, estas medidas contribuyen también a ampliar el abanico de opciones crediticias disponible para las empresas, y en especial, para las PYMEs. Con ello se complementa el resto de las actuaciones emprendidas para diversificar las fuentes de financiación empresariales de cara a reducir la fuerte dependencia que caracteriza al sector productivo español respecto del crédito bancario.

Dentro de esta línea de actuación, cabe destacar otras modificaciones normativas aprobadas. En primer lugar, en 2014 se aprobó y entró en vigor la Ley 22/2014, por la que se regulan las entidades de capital-riesgo, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva, y por la que se modifica la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Esta disposición busca, por un lado, favorecer una mayor captación de fondos para las operaciones de capital-riesgo con el fin de allegar financiación a un mayor número de empresas; y, por otro, intentar reorientar este tipo de inversiones hacia la financiación de las empresas de pequeño y mediano tamaño en sus primeras etapas de desarrollo y expansión, dado que son las que más dificultades tienen para financiarse.

El cambio normativo se refuerza, de nuevo, con el papel del ICO. En este sentido, FondICO Global, dotado con 1.500 millones de euros, está actuando como catalizador del sector de capital riesgo en España. Desde su creación en 2013, el importe aprobado por FOND-ICO Global asciende a 1.104 millones de euros, cifra que permitirá que 48 fondos inviertan alrededor de 4.100 millones en empresas españolas. Más allá de su relevancia cuantitativa, FondICO resulta clave por el apoyo que ofrece al desarrollo de proyectos empresariales, sobre todo en sus fases más tempranas.

Adicionalmente, la Ley 5/2015 de Fomento de la Financiación Empresarial articula un conjunto de medidas con una doble finalidad: hacer más accesible y flexible la financiación bancaria a las pymes y avanzar en el desarrollo de medios alternativos de financiación (financiación corporativa directa o financiación no bancaria). De este modo, facilita el acceso de las empresas a la financiación en los mercados de capitales, al hacer libre la emisión de obligaciones por parte de las sociedades anónimas y al flexibilizar el régimen de emisión de obligaciones por parte de las sociedades limitadas. También se facilita el acceso a la Bolsa desde el MAB y se revisan las normas de su supervisión por parte de la CNMV para aumentar la confianza del inversor. Regula el novedoso sistema de captación y canalización de financiación conocido como crowdfunding (plataformas de financiación participativa), especialmente relevante para el suministro de capital a la empresa de reducidas dimensiones en sus fases iniciales de desarrollo, sin perjuicio de la adecuada protección al inversor.

En tercer lugar, se mejora el atractivo de la concesión de financiación a PYMEs mediante la mejora del sistema de garantía provisto por CERSA y la reforma del régimen de titulizaciones que busca revitalizar este mercado potenciando la transparencia, la simplicidad normativa y la calidad. Lo más novedoso, sin embargo, es la obligación que establece la Ley de que las entidades de crédito pongan a disposición de las PYMEs un informe de su calificación crediticia, basado en una metodología común y modelos que a estos efectos elaborará el Banco de España. Además el banco se verá obligado a dar un preaviso de 3 meses a la PYME cuando quiera reducir su financiación.

Mejora del Clima de Negocios y apoyo a la PYME

Adicionalmente a las actuaciones llevadas a cabo en el sector financiero, se ha dado continuidad también a las reformas estructurales transversales con el objetivo de mejorar el clima de negocios y apoyar a las PYMEs, contribuyendo a la mejora de la competitividad de la economía española.

En este sentido, es fundamental destacar la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. De entre sus disposiciones destaca el ejercicio de revisión y mejora del clima de negocios que ha de llevarse a cabo anualmente bajo la coordinación del Ministerio de Economía y Competitividad. Este ejercicio involucrará a un tiempo a los operadores económicos y a todos los niveles de la administración con competencias reguladoras en la tarea de analizar e impulsar periódicamente cambios normativos o procedimentales que redunden en una mayor facilidad para hacer negocios y crear riqueza.

En el marco de esta Ley se presentó en 2015 el estudio Doing Business en España realizado por el Banco Mundial. Este estudio está facilitando, en el marco del Comité para la Mejora de la Regulación y de la Comisión Local para la mejora de la Regulación, la adopción de mejores prácticas en la regulación autonómica y local del entorno empresarial, a través de una metodología independiente y consolidada.

El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad está preparando un nuevo impulso para la mejora del clima de negocios, en el marco de la Estrategia de Crecimiento Empresarial, que priorizará determinadas medidas dirigidas a mejorar la posición de España en el Indicador Doing Business del Banco Mundial, así como a revisar umbrales regulatorios que puedan estar desincentivando el crecimiento empresarial.

Por otra parte, desde finales de 2013, ha venido implementándose y desarrollándose la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado y el Programa de Unidad de Mercado. La ley busca eliminar la fragmentación del mercado nacional mediante la aplicación de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua entre administraciones, necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes y simplificación de cargas administrativas. En este sentido, destaca la colaboración entre las diferentes Administraciones Públicas en el marco del Consejo de Unidad de Mercado y en las Conferencias sectoriales (más de 20 ya están trabajando en este marco).

Esta Ley 20/2013 establece un marco para la buena regulación y la unidad de mercado. Por una parte, los principios de buena regulación y de eficacia nacional son de aplicación en toda nueva normativa que afecte de forma directa o indirecta a la actividad económica; igualmente, se está procediendo a la revisión de la normativa existente en los diferentes ámbitos territoriales sobre la que se ha considerado necesario proceder a su adaptación a la Ley -en el ámbito de la administración central más de 117 normas han sido ya modificadas.

Por otra parte, se han puesto en marcha los mecanismos de cooperación interadministrativa previstos en la Ley como la constitución del Consejo para la Unidad de Mercado, los trabajos en las conferencias sectoriales y el diseño de las plataformas informáticas para compartir proyectos normativos y para la comunicación entre autoridades en sus labores de supervisión.

Finalmente, están plenamente operativos los mecanismos de protección de operadores previstos para la presentación de reclamaciones o información en relación con la aplicación de la Ley ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (con más de 200 casos presentados hasta el momento) o ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

En 2014 se ha iniciado la política de desindexación en nuestra economía, evitando el uso de mecanismos de indexación ineficientes y distorsionadores en los contratos del sector público. A este respecto, en 2015 se ha aprobado la Ley 2/2015 de Desindexación de la Economía Española, que afectará al conjunto de valores monetarios del ámbito de lo público. Con esta norma, se establece un nuevo sistema de actualización de precios racional y consistente con un entorno de baja inflación. El objetivo es alcanzar una mejor asignación de los recursos y evitar inercias inflacionistas para aumentar la competitividad de la economía. Esta reforma culmina con la aprobación del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, que desarrolla la Ley de Desindexación.

Finalmente, en el marco de la aprobación y aplicación de las medidas CORA, destacan tres actuaciones en apoyo a la creación y desarrollo de la PYME.

En primer lugar, la eliminación de trabas a la apertura de nuevas empresas, que ha recibido un nuevo impulso mediante el desarrollo a lo largo de 2014 del proyecto denominado "Emprende en 3" (apertura de empresas en 3 días). Esta plataforma aúna los esfuerzos de los tres niveles administrativos involucrados en los trámites correspondientes a la creación de empresas: Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Constituye un ejemplo de simplificación administrativa que apuesta por la utilización de los medios electrónicos y por la aplicación sistemática de la declaración responsable, esto es del control a posteriori, para agilizar el procedimiento de crear o trasladar un negocio.

En segundo lugar, la puesta en marcha de una base de datos centralizada sobre ayudas y financiación para la PYME. Esta base de datos recoge los programas de ayudas e incentivos de apoyo a las empresas otorgados y convocados por los tres niveles administrativos y que se integra dentro de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. Con esta herramienta se facilita el acceso a la información relativa a los programas de apoyo financiero público garantizando su mayor difusión y favoreciendo su utilización y aprovechamiento.

En tercer lugar, se ha avanzado en la facilitación del acceso de las PYMEs a la contratación pública. Ello se ha logrado mediante la adopción de medidas como la puesta en marcha de la Plataforma de Contratación del Sector Público, un punto único que centraliza toda la información sobre las licitaciones realizadas por cualquier ente sujeto a la Ley de Contratos del Sector Público.

En la Ley 14/2013 de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización se establece también que el Gobierno elaborará un Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española con carácter bienal, cuya ejecución es clave para profundizar y ampliar el proceso de internacionalización de las PYMEs, que constituyen el 99,8% del tejido empresarial español. En febrero de 2014 el Consejo de Ministros aprobó el Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española 2014-15, que recoge la estrategia del Gobierno en el campo de la internacionalización, centrada en mejorar la competitividad y maximizar la contribución del sector exterior al crecimiento y a la creación de empleo, con el fin de asegurar que esta contribución no sea solo un fenómeno coyuntural, sino estructural, que revierta en la creación de empleo y que se configure como uno de los pilares del nuevo modelo de crecimiento económico.

Entre los objetivos del Plan destacan mejorar la propensión a exportar y la base exportadora de nuestra economía, diversificar los mercados de destino de nuestra exportación e incrementar la competitividad de la economía española para impulsar España como destino de la inversión. Para dar cumplimiento a estos objetivos el Plan incluye 41 medidas, que han sido recogidas y destacadas en las recomendaciones económicas para España realizadas por organismos como la Comisión Europea, el FMI, o la OCDE. De acuerdo con el 'Informe de Evaluación Intermedia' de este Plan, se ha avanzado en el 95% de las medidas. La Secretaría de Estado de Comercio está elaborando el nuevo Plan Estratégico de internacionalización de la economía española 2017-2018 en el marco del Grupo Interministerial de Apoyo a la Internacionalización de la empresa española y con la participación del sector privado y las CCAA en el ámbito de sus competencias, y el apoyo a las PYMEs continuará siendo uno de sus objetivos prioritarios.

Evolución de la economía por sectores

Sector servicios

El Valor Añadido Bruto del sector servicios en 2014 a precios corrientes fue de 711.887 millones de euros, lo que representa el 68,4% del PIB, cifra superior en 0,4 puntos porcentuales a la del conjunto de 2013.

El sector ocupó en 2014 a 12,6 millones de personas (empleo equivalente a tiempo completo), aproximadamente el 77% del total de ocupados. Por subsectores, el subsector comercio, transporte y hostelería aportó el 32,2% del valor añadido del sector servicios (5,4 millones de ocupados según EPA 3T15). Le sigue en peso el sector administración pública, defensa, seguridad social obligatoria, educación, sanidad y servicios sociales, que supuso el 25,1% del sector y ocupa a 3,9 millones de personas (EPA 3T15).

Sector de la construcción

El peso de este sector ha disminuido notablemente aunque se observa una tendencia de recuperación. La inversión en construcción se mantuvo constante en 3T15 con respecto al trimestre anterior. En términos interanuales, el crecimiento de la inversión en el sector es de 5,5%. No obstante, el nivel anual de inversión representa en la actualidad aproximadamente un 50% del que era en 2007.

El peso del sector de la construcción con respecto al PIB era en 2007 de 10,1%; y en 2014, representaba el 4,9%.

Los últimos datos de la EPA señalan que la ocupación en el sector de la construcción se está recuperando. En 3T15 hay algo más de 1 millón de trabajadores en el sector, es decir un 5,8% más que en 3T14. No obstante, se está muy lejos del nivel de 2008 donde había más 2,5 millones de trabajadores en el sector.

Con respecto a la compraventa de viviendas, se observa que indicadores coyunturales recientes confirman el inicio de la recuperación. El número de hipotecas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad creció un 20% en términos interanuales (septiembre). Del mismo modo, la compraventa de vivienda creció un 13,8% interanual (septiembre) de manera que acumula un crecimiento entre enero y septiembre del 12,2% frente al crecimiento medio del 2% alcanzado en 2014.

Sector comercial

En el acumulado enero-septiembre de 2015 y según las estadísticas del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, las exportaciones españolas de bienes siguieron mostrando su fortaleza, aumentando un 4,4% respecto al mismo periodo de 2014 hasta alcanzar los 186.261,1 millones de euros, mientras que las importaciones crecieron un 3,9% interanual hasta los 204.903,1 millones de euros. En volumen, las exportaciones aumentaron un 3,7% interanual, ya que sus precios, aproximados por los índices de valor unitario, subieron un 0,7% interanual y las importaciones se incrementaron un 6,2% interanual, al haberse reducido un 2,1% sus precios.

El saldo comercial registró en enero-septiembre de 2015 un déficit de 18.642,0 millones de euros, un 1,1% inferior que el registrado en el mismo periodo de 2014 (déficit de 18.854,8 millones de euros en enero-septiembre de 2014 con datos provisionales). La tasa de cobertura se situó en el 90,9%, es decir, 0,5 puntos porcentuales más que la registrada en enero-septiembre de 2014 (90,4% con datos provisionales). El saldo no energético arrojó un superávit de 2.034,1 millones de euros, inferior al superávit de 10.704,0 millones de euros en el mismo periodo de 2014, mientras que el déficit energético disminuyó un 30,1% hasta los 20.676,1 millones de euros (déficit de 29.558,8 millones en el mismo periodo de 2014 con datos provisionales).

Por regiones, en los tres primeros trimestres del año las exportaciones dirigidas a la Unión Europea representaron el 64,7% del total del periodo (63,7% en el mismo periodo del año anterior) y subieron un 6,2% interanual; las dirigidas a la zona euro, 50,5% del total (50,0% en el mismo periodo de 2014), subieron un 5,4% interanual; mientras que a destinos extracomunitarios se dirigieron el 35,3% del total (36,3% a igual periodo de 2014) y aumentaron un 1,4% interanual, destacando el crecimiento de las exportaciones a Oceanía (13,9%), a América (10,6%) y a Asia (6,3%). África es el único continente donde las ventas caen (-2,5%). Por países destaca el aumento de las ventas acumuladas a Estados Unidos (+12,4%) y a Canadá (+8,8%). En América Latina, contrasta otra vez el aumento de las ventas a Chile (29,7%) y a México (22,1%) con las caídas de Venezuela (-27,3%) y Brasil (-8,8%). En Asia, aumentan las ventas a China (7,2%) y caen las destinadas a Corea del Sur (-11,1%) y Japón (-7,1%). En África, destacan los datos positivos de Egipto (22,2%) y Sudáfrica (6,9%). Las exportaciones a Australia han aumentado un 19,5% de enero a septiembre de 2015.

Fábrica (Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales)

El sector exterior ha ido adquiriendo un papel cada vez más relevante por su aportación positiva al crecimiento del PIB de los últimos años: 1,5% en 2008, 2,8% en 2009, 0,9% en 2010, 2,2% en 2011, 2,5% en 2012 y 1,5% en 2013 ejerciendo un efecto amortiguador ante la negativa coyuntura de la demanda interna. A medida que se ha ido afianzando la recuperación, la economía española está teniendo un patrón más equilibrado de crecimiento, aportando la demanda interna 1,6 puntos porcentuales al crecimiento en 2014 y restando el sector exterior tan sólo 0,2 puntos porcentuales al crecimiento. A lo largo de 2015, la contribución de la demanda exterior neta al crecimiento del PIB se prevé que se sea nula para el conjunto del año (0,0 puntos), al confirmarse la recuperación de la demanda nacional en 2015 (contribución de 3,3 puntos). Para 2016, se espera que la contribución de la demanda exterior vuelva a ser positiva (0,1 puntos).

En el año 2014 se contabilizaron 147.731 exportadores, un 2,2% menos que en el año anterior tras tres años de crecimiento sostenido. No obstante, el 99,7% del valor exportado en 2014 fue realizado por aquellos operadores relevantes que exportaron 50.000 ó más euros en el conjunto de ese mismo año, cuyo número se incrementó un 1,7% interanual hasta un total de 39.239 exportadores. Según los últimos datos de Aduanas, en el periodo enero-septiembre de 2015 se contabilizaron un total de 124.637 exportadores, un 0,3% menos que en el mismo periodo del año anterior, de los cuales ya habían exportado 50.000 ó más euros en enero-septiembre del año corriente un total de 34.814 exportadores, un 1,4% menos que en el mismo periodo de 2014. Lo que es más relevante, con respecto a los exportadores regulares (aquéllos que han exportado en el año de referencia y en cada uno de los tres inmediatamente precedentes), en 2014 se contabilizaron 45.842 exportadores regulares, un 11,4% más que en 2013, acelerando su ritmo con respecto a la tasa experimentada en el conjunto del año 2013 (7,3% interanual) y 2012 (3,0% interanual). Asimismo, a pesar de representar tan solo el 31,0% del total de exportadores en 2014, el valor exportado por los exportadores regulares, 223.101,5 millones de euros, representó el 92,9% de la exportación total de ese año y supuso un 2,8% más que en 2013, encadenando cinco años consecutivos de crecimiento. De enero a septiembre de 2015 se contabilizaron 46.325 exportadores regulares, un 3,9% más que en el mismo periodo del año anterior, que exportaron por valor de 174.408,3 millones de euros, el 93,6% del total y un 4,8% más que en el mismo periodo del año anterior.

Los sectores más importantes en nuestro patrón exportador están dentro del rango de tecnología media alta y alta, sumando un 54,7% del total. En concreto, los bienes de equipo son el principal sector exportador, con un 19,9% del total y un crecimiento del 3,5% interanual en el acumulado enero-septiembre de 2015. El sector del automóvil (16,8% del total) avanzó un 19,7% y los productos químicos (14,7% del total) se incrementaron un 7,4% interanual. Los subsectores más dinámicos en los nueve primeros meses de 2015 fueron automóviles y motos (aumento del 24,6%), equipos de telecomunicaciones (21,4%), aparatos de precisión (15,5%), motores (17,7), electrónica de consumo (38,2%)y medicamentos (10,9%).

Inversión Exterior: inversión extranjera directa en España

Tomando datos de enero a septiembre de 2016 del Registro de Inversiones Exteriores de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y Competitividad que recoge el principal componente de los flujos de inversión directa, esto es, la inversión productiva, excluyendo las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE), en cualquier forma de participaciones en el capital, la inversión extranjera en España en lo que va de año disminuye en términos brutos un 13,2% .

Las desinversiones de empresas extranjeras en nuestro país han aumentado, pasando de 4.937 millones de € a 5.654 millones en el periodo analizado, la inversión neta entre enero y septiembre de 2016 ha disminuido en un 24,1%.

Si descontamos la inversión en Empresas Tenedoras de Valores Extranjeros (ETVE), la inversión resultante o inversión productiva, que es la inversión con impacto en la economía real, con sus 11.199 millones de € ha supuesto una caída de un 32,6% de la inversión entre enero y septiembre de 2016 con respecto al mismo periodo del año pasado.

Esta caída se explica por dos motivos: por un lado, se sitúa en línea con el contexto internacional de bajada de los flujos de inversión por el reducido crecimiento económico en muchas zonas, y por otro lado, por el elevado nivel de la inversión en el año 2015, que se puede considerar de carácter excepcional, con importantes operaciones puntuales.

Desglosando el total entre inversión en sociedades cotizadas y no cotizadas, se puede concluir lo siguiente:

La inversión bruta directa canalizada a sociedades cotizadas ha sido de 51 millones en estos nueve primeros meses de 2016, habiendo disminuido en un -98,5%. Y la inversión neta en este mismo período ha sido de 44 millones de €, lo que supone una caída del -98,6%.

La inversión productiva bruta en sociedades no cotizadas ha descendido de 13.159 millones de € a 11.148 millones (-15,3%), mientras la inversión neta productiva ha supuesto 6.605 millones de euros, un -23,5% inferior a la del mismo periodo del año anterior.

Finalmente, observando ahora sólo la inversión en ETVE, de carácter financiero-fiscal y de escaso interés desde el punto de vista de la actividad y el empleo, ésta se ha incrementado en un 346% en términos brutos y mejoró en un 243,9% en términos netos, al pasar de 893 millones de inversión de euros en los 9 primeros meses de 2015 a 3.984 millones en el acumulado hasta septiembre de 2016.

Inversión Exterior: inversión directa española en el exterior

Los datos del Registro de Inversiones Exteriores del periodo enero- septiembre de 2016 indican que, la inversión bruta productiva española total en participaciones en el capital de empresas extranjeras ha sido de 16.403 millones de euros con una caída del -32,4%, mientras la inversión neta ha supuesto 13.894 millones de euros, descendiendo en un -7,6% respecto a las cifras de los nueve primeros meses de 2016.

Del total invertido en el exterior, tan solo el 21,8% ha sido en ETVE, mientras la inversión productiva (no ETVE) ha representado el 78,1%. Dentro de la inversión bruta productiva, la realizada en sociedades no cotizadas ha supuesto el 98,7% de aquella, con una caída del 33,0%.Dicha disminución es debida al efecto estadístico provocado por unas operaciones puntuales y extraordinarias llevadas a cabo en 2015 cuando la economía española empezó a repuntar significativamente, esta caída se enmarca en el contexto internacional de reducción de los flujos de inversión mundiales debido al reducido crecimiento económico a nivel mundial.

Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI)

Los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) son tratados bilaterales de naturaleza recíproca que contienen medidas y cláusulas destinadas a proteger, en el plano del derecho internacional, las inversiones realizadas por los inversores de cada Estado parte en el territorio del otro Estado parte.

Tras el Tratado de Lisboa la Unión Europea obtiene la competencia exclusiva en materia de inversiones extranjeras directas, como parte de la política comercial común. Como primera consecuencia, la Comisión adoptó, el 7 de julio de 2010, una Comunicación relativa a una política global europea en materia de inversión internacional y una Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, para desarrollar una solución transitoria para los acuerdos bilaterales sobre inversión entre Estados Miembros y terceros países, que finalmente fue aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea como Reglamento 1219/2012, de 12 de diciembre de 2012 , cuya entrada en vigor se produjo el 9 de enero de 2013.

El objetivo fundamental del Reglamento es garantizar la seguridad jurídica y el mantenimiento del nivel de protección de las inversiones exteriores de los estados miembros, permitiéndoles no sólo la pervivencia de los APPRI firmados sino incluso la negociación y entrada en vigor de nuevos acuerdos previa autorización de la Comisión Europea. En la actualidad, España cuenta con 73 APPRI en vigor, sobre todo firmados con países no OCDE. Además, la UE ha concluido las negociaciones de 3 Acuerdos de Libre Comercio en los que existe un capítulo de Inversiones, que son: Singapur, Canadá (CETA) y Vietnam.

Por otro lado, se encuentran en negociación otros Acuerdos de Libre Comercio con capítulo de Inversiones:, Japón, Filipinas, Indonesia, México, Australia y Nueva Zelanda, Túnez y EE.UU (TTIP). Y el acuerdo solo de inversiones con China.

Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI)

Tras el Tratado de Lisboa la Unión Europea obtiene la competencia exclusiva en materia de inversiones extranjeras directas, como parte de la política comercial común. Como primera consecuencia, la Comisión adoptó, el 7 de julio de 2010, una Comunicación relativa a una política global europea en materia de inversión internacional y una Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, para desarrollar una solución transitoria para los acuerdos bilaterales sobre inversión entre Estados Miembros y terceros países, que finalmente fue aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea como Reglamento 1219/2012, de 12 de diciembre de 2012, cuya entrada en vigor se produjo el 9 de enero de 2013.

El objetivo fundamental del Reglamento es garantizar la seguridad jurídica y el mantenimiento del nivel de protección de las inversiones exteriores de los estados miembros, permitiéndoles no sólo la pervivencia de los APPRI firmados sino incluso la negociación y entrada en vigor de nuevos acuerdos previa autorización de la Comisión Europea. En la actualidad, España cuenta con 72 APPRI en vigor, sobre todo firmados con países no OCDE, que cubren un 27,5% de la inversión española en el exterior.

Evolución y situación actual del comercio en España

El 2016 ha sido un año de consolidación que ha permitido continuar el crecimiento y mantener los indicadores en valores positivos, una vez que la demanda interna se ha recuperado como consecuencia especialmente del comportamiento conjunto de los distintos bienes y servicios.

La demanda interna siguió mejorando en el tercer trimestre de 2016y aumentó su aportación al crecimiento del PIB. En el tercer trimestre de 2016 el gasto en consumo final de los hogares experimentó un crecimiento anual del 2,8%, tasa cuatro décimas inferior a la registrada en el segundo trimestre (3,2%). El gasto en consumo final de los hogares tuvo ya tasas de crecimiento anual positivas en todo el año 2014 y 2015después de 3 años con tasas anuales negativas (desde el primer trimestre de 2011).

En tasa trimestral, el gasto en consumo final de los hogares aumentó el 0,6% en el tercer trimestre de 2016, y lleva en valores positivos 13 trimestres consecutivos.

El comercio es un sector estratégico, alcanza el 12,0% del PIB total de la economía española y solo el comercio minorista supone el 5,0% del PIB total.

En el año 2012, la crisis económica del 2008 seguía produciendo un fuerte retraimiento del consumo que había afectado al comercio minorista. Después de una labor de apoyo a las empresas, especialmente a las pymes e impulsar la actividad del comercio, en el año 2013 los indicadores del comercio minorista han recogido positivamente los frutos de las políticas llevadas a cabo, experimentando una mejora progresiva, que continúa en la actualidad. Cada vez existen más datos positivos que ponen de manifiesto un cambio de tendencia en el ciclo económico.

Las ventas minoristas registran datos positivos casi todos los meses en variación anual desde septiembre de 2013. De 2008 a 2013, todos los años tuvieron una tasa media de ventas negativa. En cambio en 2014, por primera vez desde el 2008, las ventas minoristas crecieron un 1% interanual de media y en el año 2015 las ventas minoristas crecieron un 3,6% interanual de media por lo que la tendencia alcista se aceleró en el 2015. En los 11 primeros meses del año 2016, las ventas minoristas, corregidas de efectos estacionales y de calendario, han crecido un 3,7% interanual de media. Hemos dejado atrás seis años de crecimiento negativo de las ventas.

Si nos fijamos en la media de los once primeros meses de 2016, todas las comunidades autónomas más Ceuta y Melilla, aumentan sus ventas respecto al mismo periodo de 2015.

Las comunidades que han tenido los mayores incrementos de ventas en los once primeros meses de 2016 han sido: Baleares (+7,5%), Canarias (+6,4%), Comunidad Valenciana (+6,2%) y Comunidad de Madrid (4,9%).

En cuanto al número de locales, a 1 de enero de 2016 había en España 923.061 locales activos en el Sector Comercio y representan el 25,3% del total de locales de la economía española. En el último año 2015, el número de locales del Sector Comercio disminuyó en 5.344 (-0,6% interanual).. Según los últimos datos del DIRCE, a 1 de enero de 2016, el número de locales del comercio minorista ascendía a 576.211 y representa el 15,8% del total de establecimientos de la economía española. En el último año 2015, el número de locales del comercio minorista se redujo con el año anterior en 7.585 locales. Se trata de una ligera caída (-1,3% interanual) que contrasta con las fuertes caídas desde el inicio de la crisis en 2008 lo que también indica un cambio de tendencia en la evolución de la actividad comercial minorista que se pone de relieve con otros indicadores como son las ventas y el empleo.

A 1 de enero de 2016, el número de empresas del Sector Comercio en España era 757.537 y representa el 23,4% del total de empresas de la economía española. En el año 2015, el número de empresas comerciales decreció en 6.393 (-0,8% interanual) . Según los últimos datos del DIRCE, a 1 de enero de 2016, había en España 462.450 empresas del comercio minorista y representan el 14,3% del total de empresas. En el último año 2015, el número de empresas de comercio minorista disminuyó respecto al año anterior en 7.488 empresas (-1,6% interanual).

En cuanto al empleo que representa este sector, los ocupados en el sector comercio aumentaron un 2,4% en el tercer trimestre de 2016, con 71.100 ocupados más que en el mismo trimestre del año anterior. 2014 fue el primer año con crecimiento del empleo en el sector del comercio ( +0,7%). En 2015 se aceleró el crecimiento en el sector del comercio con una tasa del 1,9%.

Según la EPA, en el tercer trimestre de 2016, el comercio al por menor registró 13.100 ocupados más que en el mismo trimestre del año anterior (+0,7%). 2014 fue el primer año con crecimiento del empleo en el comercio minorista (+0,9%). En 2015 se mantuvo la tendencia creciente del empleo en el comercio minorista con una tasa del +1,7%.

Los datos de mejora en el empleo en el comercio minorista se confirman con otras fuentes. En diciembre de 2016, los afiliados medios totales a la Seguridad Social del comercio minorista eran 36.203 más que en el mismo mes del año anterior (2,0% interanual), siendo ya 35 meses consecutivos de aumentos interanuales (desde febrero de 2014).

Según el Índice de Ocupación que publica el INE, el empleo en el sector del comercio minorista aumentó un 1,7% en noviembre de 2016 en relación al mismo mes del año 2015, registrando su trigésimo primero repunte interanual consecutivo desde mayo de 2014, tras 31 meses de descensos.

El paro registrado en el comercio minorista descendió un 7,7% en diciembre de 2016 con respecto al mismo mes del año anterior (28.798 parados menos). El comercio minorista registra la trigésima sexta caída interanual consecutiva de paro registrado (caídas interanuales todos los meses desde diciembre de 2013).

La mejora de la situación del comercio se aprecia claramente en los indicadores que miden la confianza, tanto del consumidor como de los comerciantes. El indicador de confianza del comercio minorista, que elabora la Comisión Europea, en noviembre de 2015 en España se sitúa en un valor positivo (15,7 puntos) por vigésimo cuarto mes consecutivo (desde diciembre de 2013).

Otras medidas

Plan integral de Apoyo al Comercio minorista de España

En junio de 2013, el Gobierno, consciente del carácter estratégico del sector del comercio y la caída reiterada de sus ventas, aprobó la primera edición del Plan Integral de apoyo al comercio minorista de España. Esta iniciativa tuvo continuidad en 2015 y 2016, en colaboración con distintos Ministerios, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, la Cámara de Comercio de España, Mercasa y las principales asociaciones del sector comercial

En el ejercicio 2015 y 2016 se han beneficiado directamente a cerca de 65.400 pequeños comercios. Desde su primera edición se han visto beneficiados más de 100.000 comercios en las distintas actuaciones. En 2016, se han realizado 9.896 operaciones, en todas las líneas de crédito del ICO, lo que supuso la concesión de créditos por un importe de más de 427 millones de euros, que generaron una inversión total de más de 492 millones de euros. Entre 2015 y 2016, se han realizado en todas las líneas que benefician al comercio minorista, 31.457 operaciones, lo que suma más de 1.229 millones en préstamos concedidos.

El plan incluye diversas medidas estructuradas en diez ejes de actuación orientados a la innovación tecnológica del pequeño comercio; el fomento de los centros comerciales abiertos y mercados municipales; el apoyo financiero a las empresas; la promoción comercial; el impuso del relevo generacional y los emprendedores; el aprovechamiento de las sinergias entre comercio y turismo; la mejora de la seguridad comercial; la adopción de medidas legislativas de impulso a la actividad comercial, de eliminación de barreras a la actividad y alcanzar el objetivo de la unidad de mercado; el apoyo a la internacionalización del comercio español; y la mejora de la formación y la creación de empleo.

Investigación, desarrollo e innovación

Investigación, ciencia, tecnología e innovación (I+D+i)

Existe un amplio consenso sobre la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo económico. En España, la política científica y tecnológica y de innovación tiene su origen en la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, ya derogada. Las importantes transformaciones registradas a lo largo de las tres últimas décadas impulsaron la adopción de un nuevo marco legal y normativo: la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

El Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación lo integran un conjunto de instituciones que la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación clasifica desde el punto de vista funcional en tres áreas: coordinación y definición de políticas, fomento de la I+D+i y ejecución.

Coordinación de las políticas de I+D+i

Paneles solares de la Plataforma Solar de Almería | (Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales)La Ley establece un nuevo modelo de gobernanza del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación en el que la coordinación en materia de investigación científica corresponde a la Administración General del Estado y en el que las Comunidades Autónomas tienen un importante papel a la hora de desarrollar sus sistemas territoriales de I+D+i, especialmente en el ámbito de la innovación. La articulación de las políticas de I+D+i queda reflejada en los objetivos generales, compartidos por la totalidad de las Administraciones. La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020) constituye el instrumento y el marco de referencia plurianual de las políticas de I+D+i en España y ha de servir para la elaboración de los correspondientes planes de investigación científica y técnica y de innovación, así como para la elaboración de las estrategias de investigación para la especialización inteligente de las distintas Administraciones Públicas.

Uno de los principales objetivos de la Estrategia es dar solución a uno de los grandes déficits del sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación: la falta de transferencia. Se está trabajando para que la I+D+i deje de ser un concepto dividido en investigación, desarrollo e innovación y se convierta en una idea integradora, un recorrido completo que empiece con la generación de la idea y termine llegando a la sociedad en forma de producto o servicio. De ahí que no haya dos estrategias y dos planes como antaño, sino una sola Estrategia y un solo Plan que contemplen investigación e innovación sin distinciones.

Fomento de la I+D+i a nivel estatal

El impulso de la política científica, tecnológica y de innovación y la definición de los principales instrumentos de fomento de la I+D+i de la Administración General del Estado corresponden a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Economía y Competitividad, a la que se encuentran adscritos los Organismos Públicos de Investigación, responsables de la ejecución directa de una parte significativa de la investigación científica y técnica del país.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial y la Agencia Estatal de Investigación, constituyen los dos organismos de financiación de las actividades de I+D+i de la Administración General del Estado, a los que corresponde además la gestión de las actuaciones derivadas del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016), aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 1 de febrero de 2013, así como los procesos de selección, evaluación, y seguimiento de dichas actuaciones, sus resultados e impacto.

Además, e igualmente dependiente directamente de la Secretaría de Estado, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología realiza una importante tarea en la difusión y promoción social de la ciencia y la tecnología y en la prestación de servicios avanzados al conjunto de la comunidad científica y tecnológica.

Ejecución de las actividades de I+D+i

Gran Telescopio Canarias (Instituto de Astrofísica de Canarias)La ejecución de las actividades de investigación científica, técnica y de innovación corresponde a una pluralidad de agentes que son parte fundamental del sistema. Los principales agentes de ejecución de la investigación del sector público estatal son los Organismos Públicos de Investigación , que además de ser importantes centros de ejecución de actividades de investigación científica y técnica prestan servicios y asesoramiento científico y tecnológico. Los Organismos Públicos de Investigación dependientes de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación son:

Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), agencia de carácter multidisciplinar y multisectorial.
Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que coordina las actividades de investigación en el ámbito de la salud y fomenta su traslación al Sistema Nacional de Salud.
Centro de Investigación Energética y Medioambiental (CIEMAT), dedicado a la investigación energética y medioambiental.
Instituto Español de Oceanografía (IEO), especializado en investigación oceanográfica y recursos pesqueros.
Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA), especializado en investigaciones agrarias y en agro-tecnología.
Instituto Geológico y Minero de España (IGME), orientado a la investigación en la materia.
Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), especializado en la investigación astrofísica.

Junto a los organismos públicos de investigación, destacan como agentes de ejecución de las actividades de I+D+i las universidades públicas, que mantienen estrechas relaciones de colaboración tanto entre sus grupos de investigación como a través de la creación de centros mixtos.

Junto a las universidades, organismos públicos de investigación, centros sanitarios y empresas, responsables de la mayor parte de la actividad de I+D, tienen en la actualidad un papel destacado los centros de investigación adscritos a las Comunidades Autónomas, a la Administración General del Estado o a ambas.

Como elementos de apoyo, el sistema científico español cuenta con distintas organizaciones. Entre estas entidades e instrumentos se encuentran:

Las plataformas tecnológicas, que implican a todos los agentes decididos a impulsar la I+D+i de un sector concreto (empresas, centros tecnológicos, universidades, etc).
Los centros tecnológicos, entidades sin ánimo de lucro que realizan proyectos de I+D+i con empresas. A menudo se les describe como intermediadores entre la investigación pública y el tejido productivo.
Los parques científicos y tecnológicos han sido objeto de apoyo público a través de diversas convocatorias y en la actualidad son uno de los agentes de la colaboración institucional entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.
Las Instalaciones Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) son aquellas en las que la promoción y financiación pública está justificada por su alto coste de inversión y mantenimiento o por su carácter singular o estratégico, como son las Bases Antárticas, el buque oceanográfico Hespérides, la Plataforma Solar de Almería, el Centro Nacional de Supercomputación, el Sincrotrón ALBA de Barcelona, el Gran Telescopio de Canarias o la Red Iris de servicios telemáticos avanzados para la comunidad científica. Junto a las ICTS desplegadas en el territorio nacional, España participa en grandes instalaciones internacionales como la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), el reactor experimental ITER, el Laboratorio Europeo de Biología Molecular (EMBL), el Instituto Laue-Langevin (ILL) o el laboratorio Rutherford Appleton (ISIS), entre otros.

Principales resultados de la investigación, el desarrollo y la innovación en España

Las cifras de la I+D+i muestran cómo los recursos dedicados a la investigación han experimentado en España un importante salto en las últimas décadas. Así, el gasto total en actividades de I+D, que en 1981 representaba el 0,43% del Producto Interior Bruto, se ha situado en 2015 en el 1,22% del PIB. El gasto ejecutado por el sector privado representa el 0,64% en relación al PIB, lo que es sensiblemente inferior al 1,3%??? que como promedio ejecutan las empresas en la Unión Europea. A su vez, la financiación privada de las actividades de I+D representa el 54,8%, lo cual constituye uno de los principales déficits del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación con relación a los países más avanzados de nuestro entorno, donde la financiación empresarial representa de media el 65% del gasto total en I+D. De hecho, la Unión Europea establece que el sector privado debe aportar dos tercios de la financiación para conseguir un sistema sano de I+D+i. Aumentar la participación del sector privado, tanto en la financiación como en la ejecución de las actividades de I+D+i, es por tanto uno de los principales retos que afronta la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación.

Proyecto TJII (Centro de Investigaciones Energéticas y Medioambientales)

Los investigadores en Equivalencia a Jornada Completa (EJC), que en España han registrado un incremento desde el año 2001 de más del 50%, en 2015 ascendieron a -122.437. Esta tendencia positiva se ve asimismo reflejada en el personal dedicado a actividades de I+D (en Equivalencia a Jornada Completa) que se ha situado en 200.866 personas, lo que supone un ligero incremento con respecto al año 2014.

España ha incrementado en las últimas décadas su relevancia científica, siendo en 2014 el décimo país mundial en producción científica (octavo si tenemos en cuenta las publicaciones en las revistas de mayor impacto) y con un creciente porcentaje de trabajos incluidos entre el 10% de las publicaciones más citadas a nivel mundial.

En términos de patentes España sigue estando por debajo de la media europea, aunque éstas se han incrementado de forma notable en términos relativos. Esto, unido a la baja participación del gasto empresarial en I+D a la que se ha hecho referencia, impide desarrollar con más intensidad la capacidad innovadora del tejido productivo en su conjunto.

Entre 2000 y 2012 la cooperación internacional se ha incrementado de forma importante y así queda reflejado en indicadores como el número de trabajos científicos publicados en coautoría, que ha pasado del 27,2% al 41,4%, o el número de patentes solicitadas en colaboración.

Hay que mencionar el grado de participación en las actuaciones de excelencia del Consejo Europeo de Investigación (ERC en sus siglas en inglés), que en el período 2008-2013 concedió 82 «Advanced Grants», 112 «Starting Grants» y 20 «Consolidator Grants», a investigadores que desarrollan su labor en España. En el periodo 2014-2016, se ha incrementado el número de ayudas concedidas, con 160 proyectos financiados: 51 «Starting Grants», 84 «Consolidator Grants» y a falta de resolver la última convocatoria, 25 «Advanced Grants», lo que avala el avance producido en el nivel de calidad de nuestros centros.

La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020

La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020) se aprobó el 2 de febrero de 2013 como uno de los instrumentos para «el fomento del crecimiento económico y la competitividad del país». Esta Estrategia Española orienta las políticas de I+D+i a la creación de capacidades y sobre todo a la obtención de resultados.

Los objetivos de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación son:

El reconocimiento y promoción del talento en I+D+i y su empleabilidad.
El fomento de la investigación científica y técnica de excelencia.
El impulso del liderazgo empresarial en I+D+i.
El fomento de actividades de I+D+i orientadas a los retos globales de la sociedad y, en especial, a aquellos que afectan a la sociedad española.

El despliegue de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación contempla, a su vez, un conjunto de medidas de carácter transversal que constituyen los ejes sobre los que es necesario trabajar. Los ejes horizontales identificados son:

La definición de un entorno favorable que facilite el desarrollo de las actividades de I+D+i.
El impulso a la especialización y agregación en la generación de conocimiento.
El estímulo a la transferencia y gestión del conocimiento y la búsqueda de un compromiso a largo plazo para la colaboración público-privada en materia de I+D+i.
El apoyo a la internacionalización y promoción del liderazgo internacional.
La definición de un marco territorial altamente competitivo basado en la «especialización inteligente de los territorios».
La difusión de una cultura científica.

Corresponde al Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 el desarrollo y financiación, por parte de la Administración General del Estado, de las actuaciones contenidas en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación.

Vista aérea del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad)

El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016 es el principal instrumento para la financiación pública de la I+D+i. Es, por tanto, una hoja de ruta básica para el seguimiento de las futuras actuaciones en este campo. Está dirigido a todos los agentes del Sistema Español de Ciencia responsables de: la ejecución de las actividades de I+D+i, la gestión de las actividades de I+D+i; y la prestación de servicios de I+D+i para el progreso científico, tecnológico y de la innovación del conjunto de la sociedad y la economía españolas.

Los objetivos específicos del Plan Estatal incluyen:

Potenciar la formación y ocupación de los recursos humanos en actividades de I+D+i.
Aumentar la calidad de la investigación científica y técnica.
Fortalecer las capacidades y el liderazgo internacional de las instituciones ejecutores de investigación científica y técnica.
Facilitar el acceso a las infraestructuras científicas y tecnológicas y al equipamiento científico.
Impulsar el liderazgo empresarial en I+D+i.
Favorecer la creación y el crecimiento de empresas de base tecnológica y la promoción de redes eficientes de inversores.
Incrementar la colaboración en materia de I+D+I entre el sector público y el sector empresarial.
Estimular la I+D+I orientada para dar respuesta a los retos de la sociedad.
Impulsar la internacionalización de las actividades de I+D+i de los agentes del Sistema Español de Ciencia y su participación activa en el Espacio Europeo de Investigación.
Incrementar la cultura científica, tecnológica e innovadora de la sociedad española.
Profundizar en las políticas de I+D+i basadas en la demanda.

Así, las actuaciones de la Administración General del Estado contenidas en el Plan Estatal se ordenan en cuatro programas estatales, en correspondencia con los objetivos de la Estrategia. La estructura del Plan Estatal 2013-2016, cuyas actuaciones se concretan en los correspondientes Planes de Actuación de carácter anual, es la siguiente:

Programa estatal de promoción e incorporación del talento y su empleabilidad integrado por tres subprogramas: Formación, Incorporación y Movilidad.
Programa estatal de fomento de la investigación científica y técnica de excelencia formado por cuatro subprogramas: Generación de Conocimiento, Desarrollo de Tecnologías Emergentes, Fortalecimiento Institucional e Infraestructuras científicas y técnicas y equipamiento.
Programa estatal de liderazgo empresarial en I+D+i que se despliega a través de tres subprogramas: I+D+i empresarial, Tecnologías Facilitadoras Esenciales e I+D+i colaborativa orientada a las demandas del tejido productivo.
Programa estatal de I+D+i orientada a los retos de la sociedad, articulado en torno a ocho grandes retos: salud, seguridad y calidad alimentaria, energía, transporte, cambio climático, cambios e innovaciones sociales, economía y sociedad digital, y seguridad y defensa.

Fachada del Banco de España (Pool Moncloa)