Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de los ministros de Justicia y de Economía, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días. En este Consejo de Ministros se han aprobado distintas normas y acuerdos de naturaleza muy variada: damos un paso muy importante en materia de regulación y supervisión de entidades de crédito, una completa herramienta normativa para defendernos de las causas y de los efectos de las crisis financieras; reconocemos nuevos mecanismos para que los sefardíes puedan obtener la nacionalidad española y desarrollamos nuevas medidas de las recogidas en el Informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas en un punto muy importante cual es las compras centralizadas.

Además, trasponemos a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva europea sobre asistencia sanitaria transfronteriza, que buscaba una ampliación de los derechos de elección de los pacientes.

Por último, también les informo que en este Consejo de Ministros se ha analizado un primer informe sobre los daños producidos por el reciente temporal en el norte y en el noroeste de España, en el bien entendido de que, por desgracia, seguimos afectados por ese temporal y que tendremos que continuar trabajando y evaluando esos daños.

Hoy me acompaña el ministro de Economía y Competitividad, don Luís de Guindos, porque hemos aprobado, ya para su remisión a Cortes Generales, el Proyecto de Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades de Crédito. Además, les informo de que pediremos su tramitación por urgencia por cuanto incluye también transposición de normativa comunitaria, que hay que incorporar a nuestro ordenamiento en plazo.

Con esta norma se completan y se trasladan a nuestro ordenamiento todos los cambios en la regulación de las entidades de crédito que se vienen acordando a nivel, no sólo europeo, sino también mundial, desde el estallido de la crisis financiera, que puso de manifiesto importantes carencias en la regulación financiera global. Se ha visto, con las cantidades y las calidades del capital de las entidades, que no fue suficiente en algunos casos para absorber esas pérdidas en un contexto internacional de fuertes turbulencias. Lo que hacemos es que damos un paso muy importante a la incorporación de medidas que traten de evitar inestabilidades financieras que afectan, y tanto, a las crisis y a su relación.

Tras los acuerdos internacionales, destaca el marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, lo que se denomina Acuerdo de Basilea III. Los ejes fundamentales de este acuerdo se transformaron en junio en normativa armonizada de la Unión Europea, en un Reglamento y en una Directiva. Para la transposición de la Directiva se exigen importantes modificaciones de diversas normas, de modo que, siguiendo el espíritu codificador de la propia Directiva y del propio Reglamento, hoy también aprovechamos en esta Ley para ir avanzando en nuestros proyectos de simplificación normativa, con un texto único y completo que recogerá las principales normas en materia de regulación, supervisión y solvencia bancaria.

Se trata, por tanto, de un régimen jurídico completo que tiene, como nos contará el Ministro, especial atención a los procesos de autorización, idoneidad, honorabilidad y mejoras del Gobierno corporativo, que atiende especialmente a temas muy importantes, como es el de remuneraciones, y que fija, además, claramente las funciones supervisoras en materia de solvencia del Banco de España y las obligaciones de las entidades.

En segundo lugar, la segunda norma que aprobamos, esta vez el Anteproyecto, es la concesión de nacionalidad española a los sefardíes que justifiquen tal condición y, por tanto, su especial vinculación con España. Se modifica el Código Civil.

La Comunidad sefardí ha mantenido, a pesar de la dispersión y del tiempo transcurrido desde 1492, la lengua, los usos y los nombres que atestiguan sus vínculos y sus orígenes en España. En 1990, en reconocimiento de esa memoria, se concedió a los sefardíes, como todos ustedes recuerda, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia.

En este reconocimiento supuso un hito muy importante en su día un Decreto del año 1924, que posibilitó un proceso de naturalización que permitía obtener la nacionalidad española. Por ejemplo, esta norma permitió a un grupo de diplomáticos españoles dar protección consular durante la Segunda Guerra Mundial a aquellos que habían obtenido la nacionalidad española.

Actualmente existen dos medios para que pueda obtenerse la nacionalidad: primero, ser acreditado sefardí y probar residencia legal durante dos años, asimilándose a otros países que tienen especial vinculación con España; o por carta de naturaleza, si el interesado tiene circunstancias excepcionales. Con este Anteproyecto se concreta cómo pueden establecerse esas circunstancias excepcionales, por tanto, esa vinculación especial con España; se regula un procedimiento para la tramitación de solicitudes y se reforma el Código Civil para que, como consecuencia de la adquisición de la nacionalidad española, no tengan por qué perder su nacionalidad de origen.

Además, hemos aprobado el Real Decreto por el que se establecen normas para garantizar la asistencia sanitaria transfronteriza y se modifica el Real Decreto que regula la receta médica y las órdenes de dispensación. Esta norma, que es trasposición de una Directiva comunitaria, tiene por objeto favorecer el acceso a una asistencia transfronteriza de alta calidad y garantizar, en mayor medida, la movilidad de los pacientes y la cooperación entre Estados en materia sanitaria. Los pacientes podrán acudir a un Estado miembro distinto del suyo a buscar, a recibir, atención médica y, luego, solicitar el reembolso de los gastos en su país; es decir, se puede elegir en otro Estado miembro la posibilidad de recibir ese tratamiento y será reembolsado por el Estado miembro de origen. La norma se refiere a todas las prestaciones incluidas en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud.

Con este Real Decreto, como digo, se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2011/24 de la Unión Europea relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes a la asistencia sanitaria transfronteriza. Se trata de la norma comunitaria que ha tenido mayor impacto en el ámbito sanitario en los últimos años, pues supone una importante adaptación organizativa de todos los sistemas de salud de los Estados miembros.

En virtud de esta Directiva los pacientes de los países de la Unión Europea podrán acudir a un Estado miembro distinto del suyo a recibir asistencia sanitaria y se les reembolsarán los gastos que se les hayan ocasionado. Esto siempre cumpliendo las condiciones que se establece en la Directiva y teniendo presente que en algunos supuestos se requerirá la autorización por parte de la autoridad sanitaria, que es la Comunidad Autónoma.

Lo que se busca con este Real Decreto es lo que buscaba la Directiva: asegurar la asistencia sanitaria transfronteriza segura y de calidad para todos los europeos, garantizar la movilidad de los pacientes y favorecer la cooperación sanitaria entre todos.

En nuestro país se reembolsará el coste de las prestaciones contenidas, tanto en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud, como en las carteras complementarias de las Comunidades Autónomas.

Éste es un tema complejo y amplio, y por eso les informo de que habrá un "briefing" sobre la materia esta tarde en el Ministerio de Sanidad. Pero, si éramos ya tres los ministros que salíamos aquí, podía parecer excesivo.

También hoy, en el desarrollo de las medidas recogidas en la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas, se han adoptado dos importantes acuerdos, que siguen aplicando lo que son los ahorros de la contratación centralizada. Uno de ellos, muy importante: el Acuerdo Marco para la adopción de tipo de los suministros de combustibles de automoción en estaciones de servicios y a granel en depósitos que no estén situados en establecimientos militares y los contratos basados en el mismo.

En resumen, la posibilidad de celebración de un acuerdo marco para que distintas entidades de la Administración General del Estado, entre las que quiero destacar los importantes consumos que hacen el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior o la Dirección General de Tráfico, puedan acceder a un precio normalizado para todos ellos y que comporta importantes descuentos. Como mínimo, se entiende que podemos ahorrar con este contrato, de un valor estimado de 232 millones de euros, seis millones de salida y cuatro millones más por cada 1 por 100 de descuento que logre obtenerse en la licitación.

También, un acuerdo marco para la adquisición de motocicletas, ATV-QUADS que también son muy utilizados, tanto por el Ministerio del Interior, como por el Ministerio de Medio Ambiente. Se comprarán todos ellos juntos y durante la vigencia de este contrato se estima que puedan ahorrarse tres millones de euros.

Se demuestra que comprando todos juntos puede ser más barato y se abre la posibilidad --alguna Comunidad Autónoma, en el caso del suministro de combustible, ya nos lo han manifestado--, de que otras Administraciones, como Comunidades Autónomas, puedan sumarse a ese acuerdo marco y poder acceder a esos precios.

Hemos analizado también en el Consejo de Ministros el primer informe de los daños que se han producido hasta la fecha por el temporal que está asolando el norte y noroeste de España. Ha sido un informe preliminar porque, como digo, todavía estamos muy pendientes de lo que pueda pasar estos días, especialmente este fin de semana. Quiero recordar que permanece desaparecida una persona en el municipio de Foz, en Lugo, desde la tarde del día 2; que siguen hospitalizadas tres personas y que ha habido unos enormes daños en toda la costa del litoral.

Ahora lo que estamos haciendo son tres cuestiones: en primer lugar, y ya ha manifestado su voluntad de colaborar e implicarse en el proceso la UME, que pueda colaborar con las correspondientes autoridades de los Ministerios del Interior y de Medio Ambiente para que, en el plazo más breve posible, empiecen a retirarse, que ya lo está haciendo, determinados elementos que han sufrido grave daños; poder, una vez que tengamos la certeza de que el temporal ha amainado y que puede empezarse a trabajar, acometer las obras más urgentes y empezar a tramitar todas las modificaciones que sean necesarias para poder dar cobertura a los daños que ha generado este temporal, tanto los ocasionados en la Administración del Estado, como en los posibles seguros y otras indemnizaciones que puedan corresponder a otro tipo de entidades, instituciones y personas.

A tal efecto, como en otras ocasiones, hemos creado un grupo de trabajo con todos los Ministerios afectados para coordinar cómo se desenvuelven estas tareas y cómo pueden participar los distintos Ministerios, y muy especialmente las organizaciones que dependen del Ministerio de Medio Ambiente y del propio Ministerio de Defensa, para poder actuar inmediatamente; y para poder además, siendo muy conscientes de que está muy afectado el litoral, poder acometer las obras en el plazo más breve posible para poder empezar a normalizar la situación de cara a las próximas temporadas. Y hay un trabajo muy avanzado, en el que están colaborando, como siempre, o realmente llevándolo a cabo, las Delegaciones del Gobierno, para tener una estimación global de los daños.

En estos días, tanto el subsecretario del Ministerio del Interior,, como el director de Protección Civil, se están trasladando a las distintas zonas afectadas, para poder recabar esa información de estimación de daños de las distintas Delegaciones del Gobierno.

Por último, les informo de que, tras una comunicación establecida con la oposición, con el principal líder de la oposición, se ha fijado ya la fecha para el Debate del Estado de la Nación. Saben que es tradición que primero se comunica al líder de la oposición y después se comunica, en general, a los medios y lo comunicaremos también a la Cámara. Los días 25 y 26 de febrero tendrá lugar el Debate del Estado de la Nación, aproximadamente, un año y una semana de celebrado el anterior en el año 2013.

Sr. De Guindos.- Únicamente para poner en contexto el Proyecto de Ley que se remite a las Cortes. Como saben ustedes, la percepción en los medios internacionales, en el G-20, es que esta crisis es una crisis bancaria. La respuesta fue la modificación de la normativa internacional, Basilea III. La respuesta, a su vez, en la Unión Europea fue el paquete que se llamaba la CR-4, que contaba con una Directiva y un Reglamento.

Nosotros, a finales del mes de noviembre del año pasado, aprobamos un Real Decreto Ley y aprobamos en primera vuelta el Anteproyecto de Ley que hoy traemos ya para su remisión definitiva a las Cortes. El Reglamento es de aplicación inmediata en España, pero teníamos que trasponer la Directiva. El Real Decreto Ley lo que hacía era incluir aquellas partes que era imprescindible que entraran en vigor el 1 de enero de este año, porque se veían afectadas como consecuencia del Reglamento, que, como decía anteriormente, era de aplicación inmediata, y ahora lo que hacemos es llevar a las Cortes el Proyecto de Ley, que es un cuerpo legislativo único, en el cual se recoge toda la normativa en España en el ámbito de solvencia. Anteriormente teníamos una normativa muy dispersa; pero en este Proyecto de Ley, y cuando tengamos la Ley, que, además, como decía anteriormente la Vicepresidenta, se va a tramitar por el procedimiento de urgencia, tendremos un único texto legislativo en el cual se recoge toda la normativa de solvencia aplicable en España y que, a su vez, también subsume una parte importante del Real Decreto Ley que ya está en vigor.

En cuanto a las partes más relevantes del Proyecto de Ley, en primer lugar, introduce los requisitos de funcionamiento de las entidades, así como los procedimientos de autorización, idoneidad, honorabilidad y gobierno corporativo.

Entre las medidas más reseñables en el ámbito del gobierno corporativo les señalo que se limita el ejercicio simultáneo de los cargos de presidente del Consejo de Administración y de consejero delegado, salvo que se autorice por parte del Banco de España; se limita el número de consejos en los cuales pueden participar los consejeros en el sector bancario; se limita la remuneración variable al 100 por 100 de la remuneración fija, salvo que la Junta de Accionistas autorice otro porcentaje, que no podrá superar el 200 por 100. Parte de la remuneración variable, a determinar por la entidad, deberá estar sometida a cláusulas de reducción o, incluso, de recuperación de remuneraciones ya satisfechas. Lo que se pretende aquí, fundamentalmente, es que, si se otorgan bonos, se otorgan primas, que también tengan en consideración lo que son los resultados futuros del banco.

Se introduce la obligatoriedad de que las entidades cuenten con un comité de remuneraciones y un comité de nombramientos. Se exige a las entidades la publicación de las retribuciones totales percibidas anualmente por todos los miembros de su Consejo de Administración. Y se extiende a todas las entidades de crédito la necesidad de aprobar con carácter vinculante las políticas de remuneración, tal como ya habíamos hecho nosotros en nuestro Código de Buenas Prácticas, en el que una de las recomendaciones iba en ese sentido.

En segundo lugar, se integran las funciones supervisoras en materia de solvencia del Banco de España y las obligaciones en esta materia de las entidades. Así, se establece por primera vez la obligación expresa del Banco de España de presentar, al menos una vez al año, un programa supervisor que incluirá la elaboración de un test de stress. También se incorporan todos los nuevos requisitos de solvencia que quedan a decisión nacional, es decir, adicionales a los previstos en el Reglamento de la Unión.

La gran novedad aquí son los denominados colchones de capital, que en algunos casos quedan a discreción del supervisor. Se definen los siguientes colchones de capital: un colchón de conservación de capital que dota una reserva de capital frente a pérdidas inesperadas; un colchón de capital anticíclico, porque tradicionalmente se considera que las provisiones de la banca tienen un carácter procíclico, y entonces se establece que sea en este caso anticíclico, es decir, que cuando las cosa vayan bien se incrementan las provisiones y, lógicamente, en las épocas de dificultad se utiliza dicho colchón anticíclico; en tercer lugar, un colchón de capital para aquellas entidades que tienen un carácter sistémico y que pueden dar lugar a pérdidas especialmente notables, desde el punto de vista lo que sería una situación complicada de estas entidades y que pueden producir contagio al resto del sistema; y un colchón contra riesgos sistémicos que tiene por objeto reforzar la existencia de las entidades ante riesgos de carácter macroprudencial.

Otros requisitos de solvencia que ya se han empezado aplicar en España a partir del uno de enero, y que son consecuencia de la aplicación del Reglamento, han sido la elevación de los requisitos de capital hasta el 4,5 por 100; nuevos requisitos de liquidez y la existencia de un ratio de apalancamiento que lo que es, en última instancia es, el ratio del capital en relación con el activo total de las entidades.

En tercer lugar, en relación con el régimen sancionador, se incrementan las cuantías de las sanciones y se modifican las fórmulas para su cálculo.

Por último, se extienden las disposiciones en materia de supervisión y solvencia a las empresas de servicios de inversión y a los conglomerados financieros en los cuales no solamente hay entidades de crédito, sino también de seguros o del mercado de valores.

Por otro lado, y en colaboración con el Banco de España, se produce un cambio en la composición de la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos, de tal forma que, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, dicha Comisión estará integrada por once miembros;. Habrá un representante del Ministerio de Economía y Competitividad, que será el secretario general del Tesoro; uno del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; cuatro representantes del Banco de España, que mantiene la presidencia, ya que la presidencia la seguirá teniendo el subgobernador, y cinco por las asociaciones representativas de las entidades de crédito adheridas: tres designados por los bancos, uno por las cajas de ahorros y uno por las cooperativas de crédito. Además, se elimina todo tipo de remuneración existente en dicha Comisión Gestora.

En última instancia, la razón fundamental por la cual se modifica la composición del Fondo de Garantía de Depósitos es, fundamentalmente, porque, saben ustedes que desde al año 2012 Eurostat lo ha incluido dentro del perímetro del sector público y las decisiones que se adopten, tanto desde el punto de vista de ingresos como de gastos, tienen repercusión en el ámbito del déficit público.

Por otro lado, se adapta la normativa vigente para hacerla compatible con el Reglamento de la Unión Europea en lo relativo a las participaciones preferentes. Aquí simplemente quería decirles que nosotros teníamos una normativa mucho más estricta en relación con la comercialización de participaciones preferentes. Se acuerdan ustedes de que hicimos modificaciones como, por ejemplo, que el 50 por 100, al menos, de una emisión de preferentes tenía que estar colocada entre inversores institucionales, o que la inversión mínima era de cien mil euros, o que tenían que estar firmados de puño y letra del ahorrador, diciendo que efectivamente conocía la complejidad de producto.

Lo que ocurre aquí es que el Reglamento era, por decirlo de una forma, más suave que lo que nosotros teníamos. Entonces, lo que hemos hecho, fundamentalmente, es mantener esas condiciones desde el punto de vista de las exigencias de comercialización, de modo que, si no se comercializa de esa forma, no se tendrán los beneficios con los que cuentan habitualmente las participaciones preferentes.

Por último, simplemente quería comentarles, y éste es un cambio fundamental, que se extiende el régimen de no retención a no residentes a la emisión de deuda de cualquier tipo de sociedad española. Esto es, fundamentalmente, para favorecer que se puedan emitir títulos de renta fija como alternativa a los préstamos bancarios, como, por ejemplo, saben ustedes que hemos creado recientemente el mercado alternativo de renta fija. Para que se incremente el atractivo de este tipo de mercados que, vuelvo a decir, es una fuente de financiación alternativa a la financiación bancaria, se elimina el requisito de retención en origen para no residentes, igual que ocurría ya por ejemplo en el caso de los bancos o en el caso de las entidades cotizadas. Con esto lo que se hace, en última instancia, como decía anteriormente, es incrementar el atractivo, porque se eliminan una serie de trámites burocráticos, a lo que es la adquisición por no residentes de títulos de renta fija emitidos por cualquier tipo de sociedad en España.

Sr. Ruiz-Gallardón.- Creo que el Anteproyecto que hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros tiene un significado histórico profundo y no es solamente porque se deriva, como es cierto, de hechos de nuestra historia de los que obviamente no debemos de sentirnos orgullosos, como fue el Edicto de Expulsión de los judíos de 1492, sino, sobre todo, porque lo que hace es reflejar una realidad de la sociedad española como una sociedad abierta, como una sociedad plural, como una sociedad cuya identidad se define precisamente por el reconocimiento de la diversidad.

El Anteproyecto lo que hace es culminar un proceso, me atrevo a decir, de reencuentro de la sociedad española consigo misma; un proceso que se inició a mediados del siglo XIX, cuando por primera vez se toma conciencia clara de la existencia de comunidades de judíos sefardíes que, después de la expulsión de 1492, en Europa, en Asia, en el norte de África, y también en América, habían mantenido esa identidad. Habían mantenido, no solamente la lengua, sino, sobre todo, habían mantenido la convicción de que seguían siendo parte de una España que les había expulsado y a la que, obviamente, no solamente no guardaron ningún rencor, sino que les hicieron que les siguiese acompañando siempre.

A raíz de eso se produjeron determinadas actuaciones de carácter legislativo. Ya citaba la Vicepresidenta el Real Decreto Legislativo del 21 de diciembre de 1924, donde por primera vez se abre una puerta. Después vinieron otros años en los que los judíos volvieron a tener dificultades para su reconocimiento, hasta que se firmó en 1992 el Acuerdo entre el Estado y la Federación de Comunidades Judías. Antes, el reconocimiento a la comunidad sefardí con el premio, que también citaba la Vicepresidenta, Príncipe de Asturias de la Concordia significó, desde luego, una clara manifestación de la sociedad española de querer reparar lo que, sin duda ninguna, había sido uno de sus errores históricos más importantes.

Eso es lo que hoy culminamos. Lo que hoy hacemos es, por lo tanto, reencontrarnos y hacerlo de la forma más absoluta que pueda hacerlo una nación, es decir, dándoles la posibilidad de formar parte de la misma, de ser ciudadanos de pleno derecho, de tener su condición de españoles.

Hasta ahora, los judíos sefardíes tenían la posibilidad ya, en el Código Civil, de adquirir la nacionalidad española, aparte de mediante mecanismos excepcionales, siempre que tuviesen dos años de residencia, igual que se hace con los iberoamericanos, con los portugueses, con los filipinos…, con las comunidades históricas con las que España ha guardado relación. Peor hora se da un paso extraordinariamente significativo, un paso que consiste, fundamentalmente, en se abre esta posibilidad sin que tengan que renunciar a su anterior nacionalidad. Esto es algo verdaderamente importante, porque es lo que va a permitir que numerosos judíos sefardíes que en estos momentos ya habían solicitado la nacionalidad española, pero hay otros muchos que no lo habían hecho como consecuencia de que eso les iba a suponer la pérdida de su nacionalidad, la van a poder tener.

El mecanismo que se ha arbitrado en la Ley lo que hace es exigir que se acredite la condición de sefardí y esa vinculación a España. Eso puede hacerse de diferentes formas: bien a través de un certificado de la Federación de Comunidades Judías en España, bien a través de los consulados con certificados de la autoridad rabínica competente y reconocida legalmente en su país, o bien, sencillamente, como consecuencia de un propio expediente personal, donde sus propios apellidos, o su idioma familiar, o cualquier otro indicio probatorio, así lo acredite.

Es muy importante que haga referencia a que, por supuesto, no se exige que ninguno de los solicitantes pertenezca a ninguna comunidad religiosa, ni que haga ningún tipo de manifestación de creencia. Por lo tanto, no tiene una vinculación de carácter religioso, sino que es sencillamente la pertenencia, al margen de cualquier creencia o al margen de cualquier religión que profese en la actualidad, a esa comunidad sefardí lo que les da este derecho que es verdaderamente extraordinario.

Quiero decir, por último, que yo creo que es mucho lo que se ha producido históricamente entre los judíos sefardíes y los españoles en relación con las actuaciones que unos y otros hemos tenido.

Y quiero decir que, al margen de los datos históricos, es verdad lo que se mencionaba sobre que ese Real Decreto Legislativo de 1924 fue lo que permitió que algunos diplomáticos españoles, algunos de los cuales incluso ocupan un lugar entre los justos, entre las naciones, en el Museo del Holocausto de Jerusalén, hayan sido reconocidos por la comunidad judía internacional como personas que salvaros vidas y que se opusieron al Holocausto. Sin embargo, había una deuda histórica consistente en permitir que aquellos que siempre han querido ser españoles, que han llevado, allí donde viviesen, dijera lo que dijera su pasaporte, nuestra lengua, nuestro sentimiento de pertenencia --todos hemos tenido la experiencia, cuando nos los encontrábamos por distintas partes del mundo, de que no te decían "mi familia era de Toledo", sino que ellos decían en presente "yo soy de Toledo", y muchos de ellos, como ocurre en el Bazar de Estambul, guardaban incluso las llaves de sus casas, de aquellas casas de las que fueron expulsados--, hoy tengan la puerta abierta para volver a ser lo que nunca debieron de dejar de ser, es decir, ciudadanos españoles de pleno derecho.

P.- Vicepresidenta, el otro día el presidente del Gobierno expresó su confianza en la inocencia de la Infanta. Quería saber si esa misma confianza es compartida por todo el Gobierno de España.

En segundo lugar, en cuanto a la sentencia que se ha producido sobre el escrache que sufrieron usted y su familia, quería pedirle una valoración de la misma y saber si usted se siente indefendida.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, tal y como me la formularon exactamente igual la semana pasada, tengo que responderlo lo mismo: nuestra Constitución reconoce el derecho a la presunción de inocencia y, por supuesto, ese derecho ha de reconocerse a todos, y así lo entiende el Gobierno.

Sobre la segunda de sus preguntas, ha habido una decisión judicial y por supuesto que la acatamos y yo la acato. Eso es el Estado de Derecho. Otra cosa es que conocen mi posición sobre este asunto en esta mesa, porque la he manifestado, y la mantengo con coherencia. Yo creo que las personas que tenemos una actividad pública, indudablemente, en el escenario y en el terreno de nuestra actividad pública por supuesto que tenemos que escuchar y atender críticas, y el derecho de manifestación y la libre expresión por cualquier ciudadano y opinión tenemos que respetarlo al límite. Pero también hay otro escenario, que es un escenario privado, y que además no es sólo nuestro, es el de nuestras familias, que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos; pueden compartirlo o no compartirlo.

Yo creo que los derechos no son ilimitados, tienen un límite, que son los derechos de los demás, sobre todo, de quienes tienen derecho, porque no forman parte de esto, porque algunos incluso son menores y otros son personas mayores que han tenido que ver, ya en una edad avanzada, determinadas cosas…, que tengan que vivir esto. Lo dije entonces, lo sigo manteniendo ahora y lo mantendré siempre, con independencia de cualquiera que sea la persona que se vea en una situación similar.

Creo que hay un terreno, que es el de la vida pública, el de la política, y que hay cantidad de instituciones para manifestarse delante de ellas, y a las pruebas me remito, y otro que es un terreno mucho más familiar y familiar, en que hay terceros implicados: familiares, vecinos…, que yo creo que también tienen unos derechos que deben ser respetados. Ése es el punto de equilibrio que yo entiendo. ¿Los jueces, en este caso, han dicho otra cosa? Por supuesto que lo acato. Ése es el Estado de Derecho.

P.- A la Vicepresidenta, primero. ¿Va a asumir el Gobierno alguna responsabilidad por las trece muertes en Ceuta? ¿Cree que tiene alguna responsabilidad? ¿El ministro del Interior ha asumido alguna responsabilidad, ha puesto su cargo a disposición…? En fin, ¿va a pasar algo, alguna responsabilidad política, por lo que ha pasado en Ceuta? Ya van trece muertos, de momento.

También le quería preguntar sobre el asunto de Cataluña. ¿El Gobierno estaría dispuesto a la solución de un referéndum de todos los españoles sobre la independencia, que parece que está, de alguna manera, ahora planteándose, poniéndose encima de la mesa.?

Y un tema que puede parecer de detalle, pero puede que sea de fondo, que es el asunto este de las reuniones del presidente del Gobierno. ¿A usted le parece respetuoso con el principio de transparencia, que ustedes se definen como el Gobierno de la transparencia, que estas reuniones sean definidas como "privadas"? ¿Cree que los ciudadanos no tienen derecho a enterarse de cosas tan claves como lo que se puede discutir con el señor Urkullo o con el señor Mas?

Al ministro de Economía. El otro día le escuchábamos en el Congreso decir que en la CAM ya serán 15.000 millones. ¿Nos puede decir ya cuánto le van a costar a los españoles las ayudas directas o indirectas?

Y ya que le tengo aquí, Ministro, perdóneme, pero, como ha habido mucho debate sobre esto, y están los dos, ¿la Ley del Aborto es una ley de Gallardón? ¿Es una ley de todo el Gobierno? ¿Está de acuerdo todo el Gobierno? ¿Es una ley de Rajoy? ¿Nos lo puede aclarar cualquiera de los dos?

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas, en primer lugar y en nombre, no sólo del Ministerio del Interior, sino de todo el Gobierno, lamentar esas muertes y lamentar, sobre todo, la tragedia que lleva a ellas.

Como Gobierno y como otros muchos Gobiernos, especialmente en el ámbito de la Unión Europea, eso demuestra que tenemos que seguir trabajando, y mucho, con una política, no sólo a corto, sino a medio y largo plazo, para evitar que se produzcan tragedias como las que vemos en la costa marroquí, en las costas españolas o en las costas italianas, por citar los casos más recientes.

En segundo lugar, quiero reconocer la labor que en este sentido llevan a cabo muchos en este país (las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Guardia Civil y numerosas organizaciones), que tratan de paliar este drama de la inmigración que hemos vivido en otros momentos, que volvemos a empezar a vivir y que, como digo, requiere una solución conjunta.

Sobre los concretos hechos, y usted me pregunta por la posición del ministro del Interior, les informo que hoy ha registrado el ministro del Interior la solicitud de comparecencia, a petición propia, para informar sobre los hechos que han ocurrido y esperamos que pueda solventarse lo antes posible. Nosotros le hemos trasladado a la Cámara la voluntad del Ministro de poder hacerlo, incluso, en la semana que ahora se inicia, después de celebrarse el Pleno, y estamos trabajando para ello, para que esa información lo sea de la manera más inmediata posible.

También quería decirles que la Guardia Civil se ha puesto a disposición de las autoridades marroquíes para colaborar --ha venido haciéndolo en estos días, pero muy especialmente en estas últimas horas-- en cuantas labores puedan colaborar y atender para ayudar a paliar lo que, desgraciadamente, han tenido que vivir.

Me pregunta sobre las reuniones y sobre el referéndum en toda España. Vamos a ver. La democracia es, fundamentalmente, el respeto de las leyes, porque la Ley es la expresión de la voluntad democrática de los españoles y en nuestro sistema la Constitución es muy clara: aquellas decisiones que suponen un cambio de la Constitución tienen que hacerse por un cambio constitucional, y conoce usted mejor que yo cuál es el procedimiento para eso. Es lo que siempre hemos expresado a la Generalitat de Catalunya: que hay que cumplir la Constitución y las leyes, y los procedimientos que así se establecen. Una decisión de esta naturaleza no puede hacerse por un procedimiento ajeno al constitucionalmente establecido, porque hay que tener presente una cuestión: que es el conjunto de los españoles, el pueblo soberano, el que decidiría sobre eso teniendo presente el procedimiento que todos ustedes conocen bien y recuerdan que establece nuestra Constitución para una reforma de esa naturaleza. Con lo que el señor Homs la respuesta la tiene muy clara en nuestra Constitución, que le dice todo el procedimiento que tiene que seguir para hacer estas cosas como mandan las leyes y la Constitución, que es, sencillamente, como quiere la democracia. Porque la democracia es, entre otras muchas cosas, pero muy especialmente, el respeto al imperio de la Ley.

Sobre las reuniones, este Gobierno es el Gobierno que ha aprobado una Ley de Transparencia, efectivamente; una ley que no existía en nuestro ordenamiento, que existía en prácticamente todos los Estados de la Unión Europea, que aquí se había demorado y se ha aprobado. Gracias a esa Ley, que tiene que entrar en aplicación este año, podremos conocer detalles que son muy significativos de actuaciones de los Gobiernos y actuaciones de la Administración que permitirán, no sólo un mayor control ex-ante y una mayor vigilancia ex-ante, sino un mayor control ex-post.

Dicho lo cual, dentro de nuestras tareas políticas las personas que tenemos responsabilidad política tenemos innumerables reuniones, buscando el interés general. A veces, esas reuniones aconsejan que se hagan en un determinado entorno que permita, a ser posible, si es posible --no estoy diciendo que sean estos dos los supuestos--, llegar a acuerdos que, cuando se materializan en determinadas actuaciones, por supuesto que se comunican a los medios y a los ciudadanos, en general.

También entienda que hay determinadas tareas, determinadas reuniones, que precisamente para que puedan muchas veces fructificar tienen que hacerse en un entorno de prudencia, del que después, en la medida de lo posible --como ven ustedes, luego todo se conoce--, también se informa.

Sr. De Guindos.- Si no recuerdo mal, yo creo que la CAM, cuando se vendió, se hizo con una inyección de capital de 5.500 millones y, después, con un esquema de protección de activos. El esquema de protección de activos es que, en este caso, el Fondo de Garantía de Depósitos garantizaba al comprador que, por una cartera global de 24.000 millones de euros, se cubrirían las pérdidas que pudieran surgir en un 80 por 100. Es decir, 80 por 100, Fondo de Garantía de Depósitos; 20 por 100, la entidad adquirente.

Ese esquema de protección de activos se valoró inicialmente en 1.500 millones. Ya en el año 2012 hubo una desviación significativa y en el año 2013 va a haber otra desviación significativa. Este esquema de protección de activos está vivo hasta el año 2021, dura diez años, con lo cual es evidente que va a haber una desviación significativa de estos 1.500 millones, lo cual va a elevar el coste más allá de los 7.000 millones que inicialmente se había calculado.

Ésta es una de las razones fundamentales por las cuales hemos hecho esta modificación del Fondo de Garantía de Depósitos. Es decir, el Fondo de Garantía de Depósitos ya fue declarado por el Eurostat parte del sector público, como consecuencia de estas pérdidas, que en sí mismas no podían ser asumidas únicamente con las cuotas del Fondo de Garantía de Depósitos; como parte del sector público. Por eso mismo se ha acordado que, como esto tiene un impacto en el déficit público y un impacto que está yendo más allá de lo que habíamos previsto, o inicialmente se previó en el año 2011, es por lo cual, tanto el Gobierno, como el Banco de España, han acordado que efectivamente haya representantes de la Administración central: uno del Ministerio de Hacienda y otro del Ministerio de Economía.

P.- Pero el total no…

Sr. De Guindos.- Se verá definitivamente en el año 2021, pero puedo decirle que las desviaciones son significativas.

Sr. Ruiz-Gallardon.- Hace usted una pregunta que ya contestó la Vicepresidenta la semana pasada, pero yo con muchísimo gusto se la vuelvo a contestar, aunque yo creo que usted sabe la respuesta, porque conoce cuál es el procedimiento de iniciativa legislativa que le corresponde al Gobierno de la nación. Los borradores se elaboran en los Ministerios, es un trabajo del Ministerio; después, se aprueban los Anteproyectos en Consejo de Ministros; a partir de ese momento es un proyecto del Gobierno en pleno; después, si las Cortes Generales lo estiman, los convierten en ley y, a partir de ese momento, se convierte en una ley de todos los españoles.

P.- Quería preguntarle a la Vicepresidenta o al ministro de Economía, o a los dos, por un tema que parece que el Gobierno se está tomando en serio: el Plan de Control de tributación de las grandes multinacionales que están realizando planificación fiscal, ingeniería fiscal, y que podría aplicarse a grandes tecnológicas como Apple o como Microsoft. Hoy publicábamos, de hecho, en "Expansión" que Hacienda ha expedientado a Coca-Cola por ingeniería fiscal en su negocio en España. Quería saber una valoración sobre este asunto y que nos expliquen si el Gobierno va a seguir con este tipo de actuaciones, y no sólo con el control, a lo mejor, de los pequeños contribuyentes.

Después, también sobre este tema de la fiscalidad, quería preguntarle si tenemos ya fecha para la publicación del informe de los expertos de la reforma tributaria y también de la reforma del Gobierno.

Luego, al ministro de Economía le quería preguntar por la decisión del Tribunal Constitucional alemán que no ve con buenos ojos la compra de deuda del Banco Central Europeo. ¿Teme que esto pueda empeorar la situación de España en los mercados y, por lo tanto, aguar la recuperación en la que parece que España está empezando a moverse?

Sr. De Guindos.- Aquí, simplemente, en el tema de las multinacionales, creo que hay que ponerlo en un contexto. Saben ustedes que en el entorno del G-20 hay una decisión --y se pidió incluso un informe a la OCDE-- en relación con la erosión de bases fiscales que se estaba produciendo en determinadas multinacionales. Por tanto, lo que está haciendo el Gobierno español, lo que está haciendo Hacienda, lo que está haciendo la Agencia Tributaria, va absolutamente en línea con planteamientos del G-20. Se estaba viendo que, a través de determinados instrumentos de ingeniería fiscal, se producían erosiones muy importantes en las bases tributarias y, lógicamente, eso se tiene que corregir. Es decir, que el Gobierno español está absolutamente en línea con las directrices del G-20.

Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional alemán es que tiene que ser el Tribunal Europeo de Justicia el que tiene que valorarlo. Yo simplemente aquí puedo remitirme a lo que ha dicho el Banco Central Europeo, que está absolutamente convencido de que el programa conocido como OMT entra dentro de su mandato. Yo también estoy convencido al respecto y creo que ha sido uno de los elementos que han puesto de manifiesto, en última instancia, la voluntad política que existía sobre el futuro del euro, porque el objetivo fundamental no era financiar a Gobiernos, sino que era, básicamente, eliminar las dudas sobre el futuro del euro, y en ese sentido ha sido muy positivo.

Desde el punto de vista del impacto, yo no he visto ningún tipo de impacto en la deuda pública. La verdad es que, desde la colocación del sindicado, en el cual se obtuvo cuarenta mil millones de euros de demanda y se otorgaron diez mil millones, y las subastas recientes, la verdad es que, incluso en momentos de volatilidad… Es decir, el bono español ha servido un poco de elemento de seguridad, con volatilidades en mercados derivados de la situación de las economías emergentes, con lo cual yo no he visto ningún tipo de impacto. Y, vuelvo a repetir, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el Banco Central Europeo de que este tipo de actuaciones no son financiación de los Gobiernos, sino que son, fundamentalmente, elementos para eliminar el riesgo que se denomina "de cola" que existía de una potencial ruptura del euro, que se ha eliminado y que ha sido muy beneficioso para todo el mundo.

Vicepresidenta.- Sobre la reforma fiscal, sabe que a los expertos, cuando se les hizo este encargo, se les dio un tiempo para que lo llevaran a cabo, que es hasta este mes de febrero, que ahora ya estamos. En cuanto ese informe esté cerrado por parte de los expertos y remitido al Ministerio, se analizará por el Consejo de Ministros y entonces empezará la otra tarea, que es que el Gobierno presente su propia reforma fiscal teniendo presentes las indicaciones que nos parezcan oportunas de ese informe de los expertos y las propias necesidades de la economía española, amén de otras discusiones en el ámbito europeo. Ése es el procedimiento pero, indudablemente, ésta será una de las grandes reformas que acometeremos en estos próximos meses, en este período de sesiones.

P.- Primero, respecto a lo que ha contestado usted sobre el referéndum en toda España que proponía el conseller Homs, ¿le está invitando al Parlamento de Cataluña a que inicie una reforma de la Constitución para alcanzar lo que quieren? ¿Es el resumen de lo que nos ha venido a decir usted al decir que el procedimiento para la reforma de la Constitución está cómo está?

En segundo lugar, quería preguntarle por la polémica que se ha creado con las balanzas fiscales. No solamente Cataluña ha criticado los datos y cómo se van a hacer las balanzas fiscales, sino otras Comunidades Autónomas, como Madrid o como Extremadura, que va a hacer también sus propias balanzas fiscales. ¿Cree que este ambiente de contradicción entre las Comunidades Autónomas es el mejor para abordar la reforma del sistema de financiación?

Y respecto a lo que usted ha contestado cuando le han preguntado por lo del escrache, ¿está en la mente del Gobierno cambiar la Ley, como han propuesto desde algunos sectores judiciales?

Vicepresidenta.- Sobre el primero de los puntos, a lo que nos esté invitando la Generalitat y el señor Homs, será el señor Homs el que tenga que decir en qué procedimiento está ahora. Él lo que ha comentado es la posibilidad de un referéndum en toda España y yo simplemente le digo que hay un procedimiento, que no es el que pueda oportunamente a él parecerle, uno u otro, para modificaciones de esta naturaleza que afectan a lo que es la soberanía del conjunto del pueblo español, que viene muy bien delimitado. Pero, sobre todo, también lo que hay que preguntar, en su caso… En ese proceso de reforma de la Constitución están muy bien hilados los trámites para que sepan también los ciudadanos lo que se está sometiendo a su propia votación.

Es decir, le corresponderá al señor Homs especificar de qué procedimiento está hablando él. Yo del que le hablo no es el del Gobierno, es el del conjunto de nuestro ordenamiento jurídico, que es el que establece la Constitución y la Constitución lo que dice es que una modificación de esa naturaleza es una modificación casi de la Constitución misma y de su propia esencia, y establece un determinado procedimiento, que es el que permite llegar a una modificación de esa naturaleza.

Oímos muchas cosas y cada día nos plantean una cuestión diferente. Yo creo que también es momento para ser conscientes de que se requiere estabilidad, que estos asuntos afectan a la propia organización de los españoles con nosotros mismos, que las cosas tienen que analizarse muy bien antes de plantearse, saber las consecuencias que tienen y explicarles a los ciudadanos las consecuencias que tiene esto, no sólo a nivel español, que pueda ser este procedimiento, sino también a nivel europeo; contarles que saldrían del euro, con las implicaciones que tiene; entre otras, por temas que acabamos de ver en esta mesa, y qué pasa con la Unión Europea. Contar todas las cosas y no someter a los ciudadanos a estos vaivenes de si se propone lo mismo o parece que se propone algo parecido.

Lo que es del conjunto del pueblo español lo decide el pueblo español. ¿Cómo? A través de los mecanismos que la propia Constitución establece.

Sobre las balanzas fiscales, se publicarán como ha comprometido y como ha señalado el Ministerio de Hacienda, como se publicarán las cuentas territorializadas, sabiendo también todos lo que dicen las balanzas fiscales y lo que no dicen las balanzas fiscales, y, sobre todo, siendo conscientes, y aquí hay también un experto, de que en las balanzas fiscales ni hay un criterio único para determinarlas ni los resultados son homogéneos; es más, son absolutamente contradictorios según el criterio en el que nos movamos --si es de flujo monetario o si es de carga-beneficio-- y si los neutralizamos o no con los efectos de la crisis. Eso lo tienen que saber muy bien los ciudadanos.

Pero lo que no nunca te determinan las balanzas fiscales es otro asunto, que es muy importante, que es el relativo a la prestación de los servicios públicos. O sea, mayor transparencia será conocer precisamente el conjunto de los datos que pueden ofrecerse y para qué sirve cada uno, porque aquí a los ciudadanos hay que darles una información completa de cada cosa; no acogerse al sistema que nos viene bien para nuestro propio discurso, sino explicarles a los ciudadanos la realidad de lo que hay detrás en toda su amplitud. Y eso es lo que quiere hacer el Ministerio de Hacienda.

Sobre el otro de los puntos, quizá le ceda la palabra al ministro del ramo, que es al que, en su caso, le tocaría.

Sr. Ruiz-Gallardón.- Nosotros pensamos que la legislación española sí protege la inviolabilidad del domicilio, y más desde la aplicación que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Quiero decirle con esto que, como ha dicho la Vicepresidenta, y no puede ser de otra forma en un Estado de Derecho, acatamos la resolución judicial, pero discrepando de la misma. Nosotros pensábamos lo que manifestó el Ministerio Fiscal, es decir, que ahí sí había una violación de derechos y, por tanto, una conducta susceptible de ser sancionada. Puesto que ha habido una interpretación judicial, que es a quien constitucionalmente le corresponde hacer la interpretación auténtica de las leyes, que no nos corresponde al Gobierno sino al Poder Judicial, estudiaremos toda la legislación.

Pero sí le puedo decir que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si algo garantiza de verdad es que el domicilio no puede ser objeto de ningún tipo de agresión y en este caso concreto, como en otros que se han producido, desde luego, el Gobierno entendió que sí se produjo una violación de esa inviolabilidad del domicilio.

Vicepresidenta.- Voy a darle brevemente la palabra al ministro de Economía, porque nos puede poner un interesante ejemplo.

Sr. De Guindos.- En relación con el tema de las balanzas fiscales, la complejidad y que no recogen muchas veces la totalidad de las relaciones, que son extremadamente ricas, entre los diferentes territorios, tengo un ejemplo que tiene que ver con el esquema de protección de activos de la CAM. La CAM la adquiere, por ejemplo, un banco domiciliado en Cataluña y el esquema de protección de activos supone que del Fondo de Garantía de Depósitos, que es algo que aportamos todos los españoles, se está recibiendo todos los años un flujo de ingresos para compensar o como consecuencia de ese esquema de protección de activos. ¿Cómo se computa eso?

Eso mismo, simplemente, es un ejemplo el cual, de algún modo, lo que quiere indicar es que esto de las relaciones económico-financieras-monetarias entre territorios, sobre todo cuando se llevan siglos de imbricación, es mucho más complicado de lo que parece.

P.- Tenía unas preguntas para el ministro de Economía. En el caso de la compatibilidad de consejero delegado y presidente, me gustaría saber en qué casos puede eximir que no sea la misma persona el Banco de España.

Y como principal accionista, siendo el Estado, de Bankia y de Catalunya Caixa, ¿cree que deberían nombrar consejero delegado?

En el tema de la cláusula de recuperación del variable, ¿por qué se ha dejado a criterio de la entidad que parte del variable estará afectado por esta cláusula?

¿Tienen ya la cifra final de los DTAs activados? Se habló de unos treinta mil millones pero, como se ha cerrado y Bankia dio el otro día el suyo, y quería saber si la tenían.

Le quería preguntar también por la salida del señor Latorre hacia el Fondo Monetario Internacional. ¿Nos lo puede explicar, porque algunos han querido ver un anuncio de su próxima salida y otros que no está satisfecho? ¿Tiene ya su sustituto?

Sr. De Guindos.- Empezando por la última, para mi secretario de Estado de Economía, que ha sido un colaborador estrecho, persona de mi máxima confianza, lógicamente hay un puesto muy importante que España tiene que asumir, que es el de director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Además, se tiene que ir en noviembre, que es cuando nosotros ocupamos nuestro puesto en el Consejo de lo que se llama "la silla", en el Fondo Monetario Internacional. Estoy convencido de que el señor Latorre lo va a hacer exactamente con la misma profesionalidad en el Fondo Monetario Internacional que como lo ha hecho como secretario de Estado de Economía. Además, va a continuar ejerciendo sus funciones, porque no existe ningún tipo de incompatibilidad, al revés, porque él era la persona que llevaba la relación con el Fondo Monetario Internacional. Exactamente igual.

En relación con el tema de los DTAs, todavía no tenemos la cifra; pero no se va a desviar mucho de lo que comentaba usted y lo que yo les he comentado ya en ocasiones anteriores: ligeramente por encima de los treinta mil millones de euros.

Por otro lado, en el tema de compatibilidad y los bancos públicos, en el tema de los bancos públicos saben ustedes que existen limitaciones de remuneración, tanto para los directivos, como para los consejeros. Lo que intentamos fundamentalmente es ser, si me permite usted la expresión, lo más austeros posibles. Yo creo que el Banco de España tiene aquí capacidad para determinar, en una situación muy específica, muy concreta, cuándo se justifica esta diferenciación entre el cargo de presidente y consejero delegado.

Yo creo que lo básico aquí ahora es decir que el FROB, según me comenta, y según yo creo que es perceptible, tanto con el equipo de gestión de Bankia, como con el nuevo equipo de gestión de Catalunya Caixa, está haciendo una magnífica labor, como estamos viendo, desde el punto de vista de saneamiento y desde el punto de vista de la vuelta de la confianza de estas instituciones, que yo creo que es una calidad.

Después, lo otro es una trasposición directa de la Directiva comunitaria. El mensaje que se quiere pasar, fundamentalmente, es: vamos a tener un poquito de cuidado con este tema de los bonos, porque a veces los resultados de hoy los podemos inflar, tomando riesgos que después, posteriormente, tienen un impacto negativo desde el punto de vista de los resultados, con lo cual aquí hay que mantener un porcentaje que esté ligado a esa evolución futura de los beneficios.

P.- Quería preguntarle a la Vicepresidenta si nos podía informar de cuál fue la respuesta que ofreció el presidente del Gobierno al Lehendakari en el encuentro que mantuvieron en el Palacio de La Moncloa. El Lehendakari pide cambiar la política penitenciaria y acercamiento de presos. Quería saber cuál ha sido la respuesta del presidente del Gobierno ante esas propuestas.

En segundo lugar, quería volver al tema del escrache. Quería saber si el Gobierno considera --para usted o para el ministro Ruiz-Gallardón-- que la Fiscalía debería recurrir, ya que acatan pero en cierta medida no comparten el fallo.

En tercer lugar, el ministro Wert ha dicho que no va a asistir a la Gala de los Goya. Quería saber si se plantea asistir la Vicepresidenta o algún otro miembro del Gobierno.

Vicepresidenta.- Sobre su primera pregunta, sobre nuestra política antiterrorista, la política antiterrorista del Gobierno, el Gobierno vasco conoce muy bien cuál es nuestra posición en este punto. Nuestra política antiterrorista no ha cambiado y no va a cambiar, y, dentro de ello, tampoco nuestra política penitenciaria. Consideramos que la banda terrorista ETA sólo tiene un camino, que es su disolución incondicional y su desaparición completa, y vamos a actuar con la coherencia de ese planteamiento y con la claridad de esa política antiterrorista.

Contesto a la tercera. El ministro Wert tiene problemas de agenda y habrá una representación del Ejecutivo, entendida en su sentido amplio.

Y en cuanto al asunto de la Fiscalía, las relaciones con la Fiscalía le corresponden al ministro de Justicia.

Sr. Ruiz-Gallardón.- La Fiscalía en España actúa de acuerdo con el principio de autonomía. Por lo tanto, en el supuesto de que una resolución judicial sea susceptible de recurso, en el supuesto de que sea susceptible de recurso, quien tiene que tomar de decisión de si lo interpone o no lo interpone es directamente la Fiscalía, en el ejercicio de la autonomía que tiene garantizado por la Constitución y por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Vicepresidenta .- Muchas gracias.