Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Buenos días a todos. Voy a dar cuenta de los asuntos abordados en este Consejo de Ministros.

Como saben, en estos menos de dos meses, en estos cincuenta y pocos días, de vida de este Gobierno se han ido adoptando una serie de reformas en tres ámbitos fundamentales:

- En primer lugar, medidas de austeridad y de estabilidad presupuestaria, que llevaron a la aprobación de un Acuerdo de no disponibilidad de 8.900 millones y, de otro, a la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que será remitido a las Cortes a principios del mes de marzo;

- En segundo lugar, una reforma del sistema financiero, que tenía como objeto, de un lado, proceder a un saneamiento de este sector para ganar en fortaleza y, de otro lado, el establecer una serie de criterios y límites a la remuneraciones de las entidades financieras que habían recibido algún tipo de ayudas públicas.

- En tercer lugar, una reforma laboral, en el ámbito de la cual se adoptó, además, una medida que limitaba las indemnizaciones de los directivos de las empresas públicas de modo que, una vez terminadas sus funciones, sólo recibirían una indemnización de siete días por año trabajado, con un límite de seis mensualidades, y en ningún caso recibirían indemnización los que se reincorporaran a la función pública o a un empleo de carácter estable en la función pública.

Pues bien, hoy damos un paso más en esa política de austeridad y en esa política de contención del gasto, por cuanto hemos aprobado, en primera vuelta, un Real Decreto de régimen retributivo de responsables y directivos del sector público empresarial. Se ha aprobado un texto de Real Decreto, que ha sido enviado para su dictamen urgente al Consejo de Estado.

Con esta norma lo que se pretende es potenciar tres principios fundamentales: de un lado, la transparencia. Hoy por hoy, los ciudadanos no podían conocer cuáles eran las retribuciones que los responsables y directivos del sector público empresarial recibían. No había información al respecto sobre la misma y dependía mucho de cada entidad y de cada Ministerio, dentro de la Administración General del Estado, su fijación.

En segundo lugar, establecemos unos criterios homologados de retribución en todo el sector público empresarial, teniendo muy presentes los tipos de entidades, el volumen de actividad, el volumen de negocio, el volumen de sus trabajadores y el concreto sector en el que desempeñan sus funciones.

Y, en tercer lugar, establecemos límites a esas retribuciones; límites sensiblemente inferiores a los que se manejan en el sector privado para empresas de la misma entidad o del mismo mercado, pero entendemos que lo suficientemente razonables en momentos de austeridad para empresas públicas que son propiedad del Estado y, por tanto, de todos los ciudadanos, en los que debemos, además, cuidar cómo se manejan esos recursos públicos.

Voy a explicarles el mecanismo por el que se ha procedido a la fijación de esas retribuciones:

En primer lugar, se establece una retribución básica, tendente a homologarse con los sueldos de los subsecretarios y directores generales de los Ministerios. De esta manera, se clasifican en tres los tipos de empresas públicas, como decía, por su tamaño, por su volumen de actividad, de negocio, y número de trabajadores.

En las empresas más grandes, que llamamos grupo A, tendrán una retribución básica máxima, es decir, el límite será 105.000 euros; en las de tamaño medio, el límite serán 80.000 euros y, en las de tamaño reducido, el límite de la retribución básica será de 55.000 euros. Ésos son los límites de las retribuciones básicas.

Sobre esa retribución básica, lógicamente, habrá un complemento de puesto, porque no es lo mismo el presidente que un directivo, complemento limitado, y fijará el porcentaje de limitación el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Más allá de ahí, habrá una retribución variable, absolutamente ligada al cumplimiento de los objetivos de la entidad y en porcentaje también reducido, que fijará el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En segundo lugar, se acaba con una práctica habitual en el ámbito de la Administración General del Estado, que era establecer retribuciones en especie a mayores de estas retribuciones itinerarias. Estoy hablando de vivienda, manutención, seguros de vida, planes de pensiones… Estas cantidades no podrán rebasarse con ningún otro tipo de retribuciones en especie o de las que hemos hablado. Están incluidas dentro del límite topado.

Todo esto implicará una reducción del entorno del 25 al 30 por 100 de media en todo el sector público empresarial, pero en las empresas de menor entidad podrá llegar hasta el 35 por 100 la reducción.

Les voy a poner algunos ejemplos, como es el caso de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). SEPI tenía una retribución fija por todos los conceptos de 200.600 euros; pues bien, se va a ver reducida en un 27 por 100. En el caso de Navantia, la retribución, por ejemplo, del consejero delegado se va a haber minorada en un 28 por 100, y en Hunosa, un 23 por 100. Esto por poner algunos ejemplos; pero, como decía, en el ámbito de las empresas pequeñas, la media es muy superior: en torno al 30-35 por 100.

La segunda decisión que se ha adoptado en este Consejo de Ministros es reducir el número de consejeros de los Consejos de Administración de estas empresas pertenecientes al sector público estatal. ¿Con qué criterio se ha hecho? Tratando de trasladar a estas empresas las normas de los Códigos de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas. Las empresas de mayor dimensión tendrán un límite máximo de quince consejeros; las de mediana dimensión, un máximo de doce consejeros, y las de dimensión menor tendrán un máximo de nueve. Con eso, al menos, porque estoy hablando de máximos, se producirá una supresión de un centenar de consejeros del sector público empresarial.

Les voy a poner un ejemplo. TRAGSA hoy tiene un Consejo de Administración de veintidós miembros. Si se clasifica como grupo A, no podrá tener más de quince.

Es decir, acometemos una reducción del sector público empresarial por dos vías: en la fijación, por primera vez, de criterios transparente de homologación de sueldos con límites claros, topando las retribuciones fijas y vinculando directa e inmediatamente las variables al cumplimiento de los objetivos de la entidad, que pueden perfectamente no ser cobradas si no se cumplen; en segundo lugar, se evitan las retribuciones en especie o por encima del sueldo. El tope incluye todo tipo de retribuciones; y, en tercer lugar, se reduce sensiblemente el número de consejeros de los Consejos de Administración, siguiendo la práctica del sector privado, lo que provoca una reducción, al menos y de entrada, de un centenar de consejeros de los Consejos de Administración del sector público empresarial.

El segundo de los asuntos que quería trasladarles a ustedes es que en el día de hoy el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha aprobado la ampliación del plazo de pago de cuotas de la Seguridad Social a empresas y trabajadores que no pueden faenar en aguas de Marruecos. Se permitirá que las cuotas del período comprendido entre enero y junio de este año puedan aplazarse seis meses sin recargos ni intereses. Esto es una muestra de apoyo del Gobierno a esos trabajadores que no pueden faenar y que están viviendo graves dificultades económicas. El requisito es presentar un certificado de la autoridad portuaria para que acredite la paralización de la actividad del buque en fecha de 15 de diciembre, cuando se suspendió el acuerdo pesquero de la Unión Europea con Marruecos.

Por último, les señalo que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha llevado a Consejo de Ministros, como era su obligación, un informe sobre el cumplimiento de no disponibilidad de créditos. Como decía al principio de mi intervención, y termino de la misma manera, el Consejo de Ministros, el último del año y el primero con contenido de este Consejo de Ministros, aprobó un Acuerdo de no disponibilidad para los Presupuestos Generales del Estado, prorrogados de 2011 a 2012, de 8.914 millones de euros. El citado Acuerdo establecía que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas debía dar cuenta al Consejo de Ministros antes del 20 de febrero de 2012 de su cumplimiento y lo ha hecho en la sesión de hoy. Se han remitido por los distintos Departamentos ministeriales sus propuestas y el importe de esas propuestas ajustadas por los Ministerios garantizan el íntegro cumplimiento y el ajuste mínimo de 8.914,95 millones de euros.

Estoy a su disposición para cualquier pregunta sobre este asunto u otro.

P.- Vicepresidenta, yo quería saber si esta limitación en el sueldo de las empresas públicas no podría ser también un freno para contratar a los mejores directivos en comparación con el sector privado, porque es verdad que hay compañías muy importantes y que las diferencias son bastante sustanciales.

Después, también, como se avecina una oleada de recortes de empresas públicas, yo no sé si nos podría decir… Parece que el próximo Consejo de Ministros va a debatir sobre este tema. Yo quería saber si el Gobierno sabe cuántas empresas locales públicas sobran, porque se ha hablado de que hay fundaciones fantasmas, de que se oculta deuda municipal o de que ahí se ocultan muchas veces los pagos a proveedores. ¿El Gobierno va a tomar cartas en el asunto?

Sobre el informe de no disponibilidad, me gustaría saber cuánto dinero ya, en lo que va de año, se ha recortado, porque supongo que será periódico. En todo el año son los ocho mil y pico millones. ¿Cuánto sería en concreto este recorte hasta febrero?

Vicepresidenta.- Sobre su pregunta de poder contratar a los mejores, éste ha sido un elemento que también se ha valorado a la hora de fijar estas retribuciones. Como yo decía, son sensiblemente inferiores a las del sector privado empresarial; pero entendemos que son razonables, dentro, lógicamente, de que, tratándose de empresas públicas, indudablemente, el sueldo de los directivos y, en general, de los empleados públicos, en comparación muchas veces con el sector privado, es inferior. Pero hemos tratado de buscar un equilibrio en la razonabilidad; sobre todo, en el ámbito de esas retribuciones variables, por cuanto es la manera de primar que vengan los mejores a hacerlo de la manera mejor posible. Por eso una parte de su sueldo estará ligado al cumplimiento de objetivos, de una manera muy estricta.

Pero, ya digo, hemos sopesado y hemos tratado de buscar un equilibrio que garantice que esas empresas públicas estarán presididas y dirigidas por personas con suficiente solvencia; pero siempre teniendo muy presente que, tratándose de empresas públicas y del dinero de todos, las cantidades, que ustedes conocen porque muchas con públicas y conocidas, no pueden mantenerse por el sector público. Sencillamente, son tiempos de austeridad; todos los empleados públicos han hecho un esfuerzo de austeridad; ha habido un ajuste de sueldos, una congelación de sus salarios, y también en el ámbito de los directivos y responsables de las empresas públicas tiene que hacerse un esfuerzo, entendemos que razonable.

Sobre las empresas públicas, este informe y este Real Decreto forma parte del trabajo que está llevando a cabo un grupo que, dirigido desde el Ministerio de la Presidencia, engloba a los distintos Departamentos ministeriales y que está elevando sucesivas propuestas para reordenar el sector. Lo hicimos en el ámbito de las indemnizaciones de directivos, hoy damos un paso más en la homologación de sueldos y en la reducción de consejos, y elevaremos al Consejo de Ministros dentro de pocas semanas lo que tiene que ser una primera fase de reestructuración del sector público estatal.

Ése sí nos compete a nosotros, a los distintos Ministerios, que están analizando las tareas de cada una de estas empresas públicas --muchas de ellas aún no tienen, por esta circunstancia, nombrados sus directivos-- y haremos un análisis de cómo podemos ajustar sus costes. Algunas permanecerán, porque son imprescindibles; otras pueden fusionarse y otras, a lo mejor, no es necesario que sean llevadas a cabo por el sector público empresarial o por un sector público; es decir, pueden volver a la Administración o, simplemente, pasar directamente al mercado privado.

Usted me pregunta por las empresas públicas locales, claro. Ésta no es una competencia que tenga directamente la Administración General del Estado, que lo que sí puede, en el marco del Plan de Austeridad y de Eficiencia que hemos planteado todas las Administraciones Públicas, impulsar que se lleve a cabo esa reordenación.

Como bien sabe, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el último Consejo se llevó un informe sobre cómo no se habían cumplido los criterios de austeridad de un acuerdo del año 2010 y se constituyó un grupo que hiciera un seguimiento exhaustivo de por qué no se había producido esa supresión de entidades o ese redimensionamiento de entidades, que tiene que elevar sus trabajos porque tiene que cumplirse. Entre otras cosas, porque su cumplimiento se condiciona a otras muchas circunstancias de apoyo a las Administraciones públicas en el ámbito de la financiación.

Del mismo modo, en el ámbito de la CNAL, de la Comisión Nacional de Administración Local, se ha planteado la necesidad de que las Administraciones locales lleven a cabo ese análisis de sus propias entidades públicas empresariales para que procedan de la misma manera que está haciendo el Estado y que están haciendo las Comunidades Autónomas, y también teniendo muy presente que eso condicionará el acceso de determinados mecanismos, digamos, favorables a la hora de analizar su financiación.

Y sobre el Acuerdo de no disponibilidad, como bien saben, hoy por hoy, hay unos Presupuestos para el año 2012, que son los Presupuestos de 2011 prorrogados y, además, con un Acuerdo de no disponibilidad, que establecía un primer ajuste de 8.900 millones de euros. Ese ajuste se ha hecho ya en los Ministerios, se han detraído de todas y cada una de las partidas que nos señalaba el Acuerdo de no disponibilidad esos montantes, y con arreglo a ésos se va trabajando.

Cuando se presente el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2012, que, como les recuerdo, se hará en un plazo de tres meses, en sustitución de los vigentes, porque hoy por hoy hay unos Presupuestos del Estado para el año 2012: son los de 2011 prorrogados, con las disposiciones del Real Decreto Ley de diciembre y con el Acuerdo de No Disponibilidad. Pues bien, esos Presupuestos Generales del Estado recogerán el ajuste global hasta el final de año y, curiosamente, en este año 2012, recién presentados unos Presupuestos, los Ministerios tendrán que empezar la elaboración de los de 2013 --como saben, suele empezarse en torno a los meses de abril-- para llevar el techo de gasto y los distintos presupuestos que se presentan en septiembre: Presupuesto del Estado y Presupuesto de la Seguridad Social.

P.- Vicepresidenta, además de la imagen o del gesto político que este mensaje de recorte pueda dar, ¿de cuánto ahorro aproximado estamos hablando, porque evidentemente España tiene que hacer ahorros muy fuertes, y de cuánto ahorro podemos estar hablando para el Estado con estas bajadas? ¿Con esas variables podrían llegar a ganar lo mismo que con el anterior? ¿El margen es absoluto en función de resultados o no?

Por otra parte, como ustedes siempre han vinculado mucho la situación de los mercados a la confianza que daba el Gobierno, y vivimos una situación un poco complicada ayer en los mercados, sin duda, quería saber si ustedes creen que este Gobierno no está dando la suficiente confianza o son cuestiones externas las que están funcionando ahí.

Por último, le quería preguntar por qué ocultaron en el pasado viernes partes importantes de la reforma laboral, que se conocieron después, el sábado, en el Boletín Oficial del Estado, como, por ejemplo, el hecho de la bajada unilateral de sueldos. Teniendo en cuenta que ustedes hablan siempre de la transparencia del Gobierno, ¿no le parece que puede ser un fallo de transparencia?

Vicepresidenta.- Le voy a contestar primero a las variables y luego vamos a la otra.

Hoy por hoy, los directivos y responsables de las empresas públicas empresariales, además de no tener topadas sus retribuciones, también cobran variables. Es decir, todos ellos en la actualidad están cobrando variables, no siempre vinculadas a los resultados de la entidad. Es decir, eso ya existe. Ahora lo que hacemos es vincularlo a los objetivos de la entidad, objetivos muy estrictos, y, además, topar el límite de las retribuciones en su conjunto.

Yo le voy a poner un ejemplo: aun con retribución fija más variables, Navantia, por ejemplo, sumando fijas y variables, manteniendo el mismo porcentaje de variable, que no tiene por que ser así, la reducción es de un 28 por 100. De lo que hoy cobra el consejero delegado de Navantia, con fija por todos los conceptos, más variable, si lo comparamos, manteniendo el mismo porcentaje de variable, que puede no ser así, y si lo cumple en su integridad, el nuevo consejero delegado de Navantia va a cobrar un 28 por 100 menos. En el caso, por ejemplo, de Hunosa, con fija más variable, de la actualidad al límite máximo, manteniendo el porcentaje de retribución variable, un 23 por 100 menos; por poner algún ejemplo. Y en el caso de SEPI, si cumpliera todos los requisitos para obtener la variable, del montante actual, el de ahora, el vigente, al que va a cobrar el nuevo, cumpliéndolo todo, un 22 por 100 menos. Es decir, se mantiene, con fijas y variables, el porcentaje de reducción.

Me pregunta por el montante del ahorro. Estaré en condiciones de darles esa cifra, que es importante, porque estamos hablando de volúmenes importantes, cuando se lleven a cabo la aprobación del Real Decreto Ley, la clasificación de las empresas y el ajuste de las retribuciones; pero, como estamos hablando de una media de un 25 ó 30 por 100 de reducción, le aseguro que la cantidad es bastante elevada. Y en el caso de los consejeros, de ese mínimo que se va a reducir, rondará el millón de euros sólo en dietas.

Me pregunta por la situación de los mercados en el día de ayer. Yo quiero señalar que ha habido nueve subastas consecutivas, con una importante colocación; las ocho primeras, con intereses a la baja. Ésta no ha sido así, pero se ha colocado muy bien. Influyó también otra circunstancia, como bien conocen, que fue el levantamiento al veto a las operaciones en corto. Y sobre ese punto que usted me pregunta, la Comisión Nacional del Mercado de Valores toma la decisión y tiene la responsabilidad sobre esa decisión y sobre el tiempo en que acuerda esa decisión.

Sobre el asunto de las bajadas unilaterales de sueldo, la semana pasada en este Consejo se exhibió un informe "power point"; un "power point" en que se hacía referencia a dos aspectos importantes: al ámbito de la flexibilidad en la empresa, donde se hacía referencia a cómo mediante acuerdos empresario-trabajador podían negociarse nuevas condiciones. Y en el listado de ese "power point", si yo mal no recuerdo, estaba también el ámbito de las retribuciones, como lo estaba, y además esto es de general conocimiento, que, en el caso de que empresas por dificultades económicas tengan que salirse de convenio con los procedimientos arbitrales que prevé la propia Ley --esto es para los conocedores del ámbito laboral, claro--, uno de los puntos en que se produce esa separación, conocido como "descuelgue del convenio", es precisamente por un tema salarial. Es decir, eso estaba en el "power point" y lo explicó la ministra.

Pero, sobre todo, yo quiero insistir en una cuestión que es importante: la crisis se ha llevado muchos empleos y muchos contratos por delante: una destrucción de empleo de 2,7 millones de empleos, de puestos de trabajo, de contratos, que se ha saldado, como bien conocen, en la cifra de 5.200.000 parados. Esta situación empresarial y del mercado laboral es una situación complicada y grave, como lo es la del mercado laboral a lo largo de este año.

¿Qué ha intentado la reforma laboral del Gobierno y qué pretende? Buscar mecanismos diferentes para evitar la situación de despido, fomentando la estabilidad en la empresa y la flexibilidad que permita que el despido sea el último recurso, y eso siempre condicionado a que haya unas circunstancias económicas objetivas que permitan identificar que esa empresa está en crisis --es decir, ni por voluntad o deseo del empresario, sino por una situación objetiva-- y tampoco con carácter unilateral, porque ahí, en ambos ámbitos, se observan los necesarios acuerdos; muy prolijo el procedimiento en el caso del descuelgue, aunque mucho más sencillo que en anteriores reformas, y siempre con un ulterior recurso a la autoridad judicial, que es quien tiene que analizar si en el marco de lo que dispone la Ley se dan o no esas condiciones.

P.- El domingo hay una manifestación por la reforma laboral. Yo quería saber cómo afronta el Gobierno esta manifestación y qué piensa de esta manifestación convocada.

También quería preguntarle hasta qué punto hay capacidad para modificar algunos aspectos de esta reforma laboral, puesto que el señor Arenas ha dicho que sí hay esa capacidad de maniobra y que sí puede haber alguna modificación. Quería saber hasta qué punto se puede realizar esa modificación y si es cierto o es más un deseo del señor Arenas.

Vicepresidenta.- Me pregunta sobre la manifestación. Indudablemente, el Gobierno respeta el derecho individual, el derecho de manifestación, que tienen todos los españoles en nuestro país. Es una opción personal que, desde luego, los españoles tienen libremente de ejercer y de manifestarse. ¡Hasta ahí podríamos llegar! Es un derecho constitucional.

En el ámbito de los que ostenta responsabilidades políticas o responsabilidad sociales creo que, además, tiene que haber un plus de explicación a sus representados de las circunstancias que les llevan a manifestarse.

Y por parte de este Gobierno, ya digo, el absoluto respeto; pero nuestra tarea es otra: es trabajar para que en este país se cree empleo y se pongan las condiciones de crecer. En eso es en lo que estamos con las reformas que estamos trabajando, tanto en el ámbito de las reformas de austeridad, en el que hemos ido presentado Consejo de Ministros tras Consejo de Ministros medidas muy concretas y muy exhaustivas; en segundo lugar, con la reforma del sistema financiero, incluidas las limitaciones de las retribuciones de los directivos de entidades con ayudas publicas; y, en tercer lugar, con la reforma laboral.

Me pregunta qué margen hay. Indudablemente, el Gobierno tiene voluntad de negociar y la tiene desde el momento en que en el mismo día en que se aprobó el Real Decreto Ley de reforma laboral yo misma en esta sala dije que se iba a tramitar como un Proyecto de Ley, y esto es para que los Grupos presenten sus enmiendas, se pueda hablar de ellas y se pueda enriquecer ese texto.

Desde luego, nosotros estamos abiertos al diálogo y bienvenidas aquellas enmiendas que lo que busquen sea el objetivo primordial de este Real Decreto Ley, de esta reforma, que es crear empleo y buscar mecanismos para que no haya despidos, y para que Pymes y autónomos tengan interés en contratar, porque son los grandes contratantes en este país; para ayudar a los jóvenes a que encuentren su primer empleo y para incentivar la búsqueda de empleo de aquellos trabajadores que están en el paro, que están cobrando la prestación y que pueden compatibilizar una parte de esa prestación en ese nuevo empleo. Todas las medidas o todas las enmiendas y aportaciones de otros Grupos que vayan en esta línea, desde luego, las estudiaremos con interés.

Del mismo modo, el Ministerio de Empleo ha creado un grupo de trabajo técnico que están analizando cuestiones que están planteando los representantes sociales. Y nosotros, desde luego, todo lo que sea trabajar con carácter constructivo para mejorar este texto en el horizonte de crear empleo… Si me pregunta por otras cuestiones, como reforzar el poder de algunos en el ámbito…, yo creo que no estamos en eso; yo creo que lo que tenemos que estar es a defender los derechos de todos y, muy especialmente, unos derechos que a veces creo que se obvian y es el derecho al empleo que tienen esos cinco millones de españoles que no lo tienen.

Acabo como empecé: quienes se manifiesten que también piensen que deberían representar a todos esos que no tienen un empleo y, al menos, el Gobierno lo que quiere es trabajar para poner las condiciones para que pueda haberlo.

P.- Vicepresidenta, en este contexto de austeridad en el que ustedes acaban de rebajarles el sueldo a los directivos de las empresas públicas, quería saber si el Gobierno también se plantea eliminar o reducir las indemnizaciones que, por un máximo de dos años, cobrar los ex ministros y los ex secretarios de Estado cuando dejen el cargo.

Por otra parte, también quería saber si el Gobierno estudia una quita a las eléctricas del déficit de tarifa.

Vicepresidenta.- El primero de los puntos, y en un contexto más amplio, porque lo he visto hoy reflejado en algunos medios, me gustaría aclararlo. ¿Qué pasa con esos directivos de empresas públicas que no pueden volver a su sector porque tienen incompatibilidades? En este sentido, lo que quiero ponerles de manifiesto es que la jurisdicción laboral ha sido muy clara en ese punto y hay asuntos de indemnizaciones que están obligadas o requeridas por la jurisdicción laboral para poder suplir esas incompatibilidades que se tienen en el ámbito de la Administración pública o del sector público, porque se impide durante un tiempo trabajar en el sector donde has prestado tus servicios públicos, que a lo mejor es el sector donde has desarrollado tu vida profesional. Sin embargo, por guardar un régimen de incompatibilidades, que también es necesario por neutralidad y por independencia, tiene que preservarse.

Sobre eso la jurisdicción laboral ha escrito mucho y hay muchas resoluciones, y, en ese sentido, nosotros también estamos obligados a respetar esa norma.

En cuanto a la quita de las eléctricas, ayer las palabras del ministro de Industria eran que en el asunto del déficit tarifario existen tres patas (Estado, consumidores y las empresas del sector), que en el marco de la reforma del sector energético que iba a hacerse se trataría de hablar con todos y llegar a un acuerdo que resolviera este problema, que es grave, y que todos tenemos que trabajar hacia un mix energético que sea mucho más sostenible desde todos los puntos de vista: el económico, el medioambiental, el de competitividad y el de una cierta garantía del suministro y menor dependencia frente al exterior en este punto.

P.- Vicepresidenta, después de escuchar esta semana al comisario Olli Rehn da la sensación de que Bruselas no está muy por la labor de atender la demanda española de flexibilizar los límites de cumplimiento del déficit. Mi pregunta es si el Gobierno tiene un plan B y, en su caso, en qué consiste ese plan B. ¿Nos lo puede decir?

Vicepresidenta.- El plan del Gobierno es un plan de reformas estructurales y de austeridad, que iniciamos con el Acuerdo de no disponibilidad, cuyo informe les presentaba hoy, y que tiene por objeto cumplir los objetivos que nos hemos marcado y que para nosotros siguen plenamente vigentes.

Yo quiero poner en valor, porque esta semana, ciertamente, informaciones del ámbito de la Comisión Europea nos han tenido a todos bastantes sorprendidos, que el propio Comisario, él mismo, destacó que se había advertido un desfase presupuestario y que el Gobierno inmediatamente había tomado medidas y medidas de ajuste.

Indudablemente, son necesarias en los Presupuestos medidas de ajuste muy claras para cumplir esos objetivos, pero combinadas con reformas estructurales que dinamicen y modernicen el país, y eso es lo que estamos haciendo. Lo hemos hecho con la reforma del sector financiero, que fue aprobada por una amplia mayoría, y yo quiero agradecer, además, también la disposición de los Grupos Parlamentarios; lo hemos hecho en la reforma laboral y, como digo, seguiremos trayendo cada viernes reformas para impulsar el crecimiento y sentar las bases para que en un futuro se pueda en este país volver a crear empleo.

P.- Yo tengo dos preguntas. Por un lado, me gustaría una valoración del Gobierno de la decisión de la Generalitat de haber bajado un 3 por 100 el sueldo a los funcionarios y si el Gobierno considera que en el ámbito estatal, si se supera la cifra de déficit prevista, aplicarían una rebaja similar.

Por otro lado, me gustaría saber si en estos dos meses que llevan en el Gobierno han mantenido conversaciones con el empresario del complejo Eurovegas, en qué estado están estas conversaciones, si el Gobierno es partidario de que un complejo de estas características se instale en España, si aceptarían las peticiones de este empresario en materia laboral, sanitaria y fiscal, etcétera. Por último, ¿sería partidario en Madrid o en Barcelona?

Vicepresidenta.- Entro por el último punto. A mí no me corresponde tomar desde esta sala de Consejo de Ministros las decisiones empresariales correspondientes. Los empresarios deciden dónde se instalan, siempre y cuando cumplan los requisitos necesarios para abrir una empresa en este país.

Quiero también destacar las declaraciones que en su día hizo el titular de Hacienda: España tiene unas normas fiscales, y más en un entorno europeo, que tienen que cumplirse. Y en el ámbito de carácter general nosotros tenemos unas normas que, en sus principios básicos, tienen que ser respetadas.

Sobre la decisión de bajar el sueldo, la Generalitat adopta sus decisiones. Yo lo que digo es lo que el Gobierno hizo en ese Real Decreto Ley --yo hablaba del Acuerdo de No Disponibilidad, que va unido-- en su primer Consejo de Ministros. Ciertamente, el Gobierno anterior del Partido Socialista aprobó un recorte de sueldo de los empleados públicos de entre un 5 y un 10 por 100, y los congeló pro futuro. Nosotros hemos mantenido esa congelación y no se tomó la decisión de esos recortes. Eso lo hizo el Gobierno en el uso de su autonomía a la hora presupuestaria; y la Generalitat, en uso de la suya.

P.- Vicepresidenta, esta semana el presidente del Gobierno y el líder de la oposición acordaron darse un plazo para la renovación de los órganos institucionales. Sé que, según ustedes, no hablaron de nombres; pero me gustaría saber si, a juicio del Gobierno, el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, cumple el perfil requerido y si sería un candidato idóneo para el Tribunal Constitucional.

Vicepresidenta.- Como usted dice, si los líderes que tuvieron la reunión no intercambiaron nombres, no me parece a mí prudente intercambiarlos desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Creo que tenemos que mantener ese entorno del respeto a esas reuniones y a la información que se da en esas reuniones.

Sobre las renovaciones, se puso la fecha tope del mes de junio; pero yo les digo que se está trabajando, porque eso es el límite. A este Gobierno no le gusta agotar los límites y le gusta renovar y hacer las cosas, como se está viendo, con cierta agilidad y cuanto antes, con lo que procuraremos renovar todos ellos --Consejo de Radiotelevisión Española, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo-- lo antes posible.

P.- Vicepresidenta, esta semana la CEOE se ha mostrado a favor de tocar, digamos, la Ley de Huelga, el derecho de huelga. Es una propuesta que también ha mencionado CiU e, incluso, dentro de su partido, Esperanza Aguirre. Me gustaría saber si lo contempla el Gobierno.

Vicepresidenta.- Nosotros hemos presentado un Real Decreto Ley de reforma del mercado laboral, donde, como ustedes conocen, no hay un cambio en la regulación del derecho de huelga. Para nosotros las prioridades en ese Real Decreto Ley eran otras. Algunos Grupos han manifestado su interés o su voluntad de presentar enmiendas en este punto y, como todas --yo lo decía hace un momento--, las analizaremos. Pero, desde luego, no forma parte del contenido originario de nuestro Real Decreto Ley, porque entendemos que el decreto ley y sus urgencias eran otras.

Por supuesto, estamos dispuestos a analizar lo que sobre este punto se diga, porque es un tema que lleva desde muchos, muchos, años discutiéndose y diciendo que hay que hacerse; pero nunca llegando a un acuerdo sobre el cómo. Por ello, desde luego, analizaremos con mucho interés las propuestas que estos Grupos planteen al respecto.

P.- Vicepresidenta, tenía dos cuestiones de agenda y luego una pregunta. Teniendo en cuenta que la Comisión publica el jueves que viene las previsiones económicas, me gustaría saber si el Gobierno espera traer el viernes, al día siguiente, ese cuadro macro oficial.

Por otro lado, ¿contemplan ya una fecha para traer al Consejo de Ministros el techo de gasto?

Luego, por preguntárselo de otra manera, me gustaría saber si el Gobierno confía en que del Consejo Europeo de los días 1 y 2 salga una flexibilización en los cumplimientos de los objetivos de déficit.

Vicepresidenta.- Sobre esa última pregunta, ya la he contestado con anterioridad. Nosotros trabajamos, en lo que al Gobierno respecta, en el cumplimiento de sus objetivos. En eso es en lo que estamos dedicándonos en estos Consejos de Ministros.

Me preguntaba por el cuadro macro y por el techo de gasto. La autorización del techo de gasto se llevará a las Cortes Generales en el plazo que estableció el propio presidente del Gobierno en su Debate de Investidura. Se verán esas previsiones de crecimiento, especialmente en el ámbito de la Unión Europea, y, una vez analizadas y estudiadas, se presentará ese cuadro macro, que yo calculo que será a principios del mes de marzo. Pero no le puedo dar yo más datos.

Indudablemente, esto no es una cosa de un día y al día siguiente… Ese cuadro macro hay que estudiarlo bien. Pero nosotros lo que cumpliremos, porque es un compromiso del presidente del Gobierno, es el calendario que él mismo dio y en ese Debate de Investidura está el calendario de cómo iba a hacerse toda esta tramitación parlamentaria de estos Presupuestos del resto de 2012 y casi inmediatamente después los de 2013, como yo les decía hace un momento.

P.- Vicepresidenta, yo quería preguntarle por las declaraciones del ministro del Interior en sede parlamentaria acerca de que el problema de ETA es un problema fundamentalmente político en estos momentos; pero, más que por esa declaración, por la rectificación o aclaración del día siguiente. No sé si esa rectificación o aclaración tiene que ver con que el Gobierno tiene algún problema en reconocer que detrás de la injustificada violencia de la organización terrorista subyace un problema político, que es la aspiración independentista de una parte de la sociedad vasca.

Vicepresidenta.- Uno puede en esta vida defender muchas cosas, pero los demócratas las defendemos con la palabra y en la democracia lo que no caben son los que la defienden de otra manera. Cuando las defienden de otra manera, ahí no hay reivindicaciones que valgan, porque no se ajustan a las reglas de la democracia y no hablan el lenguaje de los demócratas. Por tanto, ahí no hay reivindicaciones que valgan.

Sobre este punto el Gobierno mantiene lo que ha mantenido siempre el partido que lo sustenta, el Partido Popular, en el Gobierno y en la oposición, y es que no se negocia. Los terroristas lo que tienen que hacer es disolverse definitivamente, desaparecer y dejar las armas. Ése es el camino.

P.- Yo le quería preguntar, en cuanto al tema del control del gasto, si el Gobierno se plantea reforzar, de alguna manera, los instrumentos de fiscalización que pueden tener organismos como el Tribunal de Cuentas.

También quería saber si en el Consejo de Ministros de hoy se han abordado propuestas de nombramientos de presidentes de empresas públicas o se espera a que se apruebe el decreto del tema de las remuneraciones.

Por último, me gustaría conocer si el Gobierno tiene ya definido un esquema de los medios de comunicación públicos, en el sentido de si va a mantener como tal el tema de la Corporación, al margen ya del nombramiento del futuro presidente o presidenta.

En cuanto a la Agencia EFE, ¿se plantea alguna fórmula de integración en la Corporación de Radiotelevisión Española, como se llegó a plantear o a apuntar en la campaña electoral?

Vicepresidenta.- Sobre si nos planteamos instrumentos de mayor fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas, le digo que sí. Sí es un asunto que el Partido Popular llevaba en su programa intensificar la capacidad de fiscalización que tiene el Tribunal de Cuentas, sobre todo, el cumplimiento de las obligaciones de remisión de información a ese Tribunal. En ese sentido, le digo que sí, que forma parte del programa electoral del Partido Popular.

Sobre los cambios en Radiotelevisión Española, yo creo que, en primer lugar, lo que hay que hacer es proceder a la renovación de ese Consejo, al nombramiento de su presidente. Tiene cosas importantes que hacer; entre otras, la aprobación de las cuentas anuales, que hoy por hoy no se pueden aprobar, y llevar cabo de una manera ordenada el Acuerdo de no disponibilidad que afecta a todo el ámbito de la Administración pública. Creemos que es necesaria una auditoría de costes en el ámbito de la Corporación de Radiotelevisión Española, y así se va a hacer desde SEPI que, como saben, es a quien está adscrita esa Corporación.

Sobre el ámbito de EFE y la Corporación, nosotros lo que creemos que en lo que sí hay que trabajar, de entrada, es en sinergias, en economías de escala que se pueden aprovechar entre ambas, que pueden llevar a una eficiencia mayor y a una reducción de determinados costes que en ocasiones se duplican. En ese sentido, y dado que la adscripción a SEPI es compartida, SEPI tiene ahí una importante labor que hacer para analizar de qué manera pueden interactuar mucho mejor, ser mucho más eficientes y pueden ahorrarse costes al contribuyente en el funcionamiento de ambas.

En ese sentido, sí estamos trabajando y vamos a plantear la posibilidad de ciertos servicios compartidos o ciertas economías de escala que se producen y que hoy por hoy se desaprovechan, y aquí no estamos para desaprovechar lo más mínimo. Así que trabajaremos en ese sentido de buscar economía de escala y buscar reducción de costes entre ambas entidades, con una mejor colaboración y coordinación de sus tareas.

Las propuestas de nombramiento, en general, de las empresas públicas, salvo excepciones que pasan a Consejo de Ministros, muchas de ellas son nombramientos en el seno de las propias entidades. Por ejemplo, SEPI lleva a cabo los nombramientos correspondientes a las empresas del grupo. No, hoy no ha ido ningún nombramiento de esa naturaleza en ninguna de las empresas. SEPI procederá a los distintos nombramientos. Pero de las que son de Consejo de Ministros no ha habido hoy.

P.- Vicepresidenta, quería saber cuánto tiempo habrá entre la presentación del cuadro macro y de los techos de gasto.

También quería saber si puede confirmar que China ha comprado mil millones de euros de bonos a diez años del Estado este mes.

Por último, sobre el déficit tarifario quería saber qué opina de la posición de UNESA, que dice que no aceptará una reducción de la deuda, porque piensa que las eléctricas no son responsables de este déficit tarifario.

Vicepresidenta.- La primera pregunta entiendo que es cuándo se presenta el cuadro macro con los límites de techo de gasto y cuándo los Presupuestos. En nuestro sistema, como bien conocen desde la Ley General Presupuestaria, se presenta un techo de gasto, un cuadro macroeconómico, para su autorización por las Cortes Generales. Pasa primero por el Congreso de los Diputados; después va al Senado y, si el Senado no lo aprueba, el sistema actual, que vamos a cambiar ---ya se lo digo--, es que vuelve al Congreso y se levanta con mayoría simple.

Se ha introducido un cambio en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria del siguiente tenor: la autorización del techo de gasto pasa por el Congreso; si se aprueba, pasa por el Senado y, si uno de los dos no lo aprueban, vuelve al Gobierno para rehacerse. Es decir, volvemos a colocar al Senado en la misma posición del Congreso, que es algo que se modificó con una norma "ad hoc" en el año 2005 para levantar fácilmente los vetos del Senado. Una vez que eso se presente, y con arreglo a eso, se empieza a trabajar, una vez fijado el cuadro macro y los techos de gasto, en la presentación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado.

En nuestro país habitualmente el "decalage" es el siguiente: el techo de gasto, el cuadro macro, suele presentarse en torno al mes de junio y algunas veces, julio. Se aprueba y se tiene el resto del mes de julio o entero el mes de julio, el mes de agosto y el mes de septiembre para que los Ministerios, especialmente la Secretaría de Estado de Presupuestos, haga sus Presupuestos. Este año se presentará el techo de gasto y en las semanas posteriores, en menos de un mes, se llevará el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado a la Cámara. Ésos son los plazos en que, por la circunstancia de no haberse presentado Presupuesto para el año 2012, tiene que trabajar este Gobierno en unos Presupuestos que, además, tienen que hacer un análisis muy profundo de todas las partidas.

Me preguntaba por la compra de bonos. En cada una de las subastas se han producido combinaciones diferentes y yo no voy a entrar en la voluntad de los compradores. Eso sale al mercado. Yo puedo entrar en el que lo vende o lo traslada al mercado, que es el Estado; pero los que lo compran usted sabe mejor que yo cómo funcionan

Y sobre la posición de UNESA, como decía, lo que el ministro hizo ayer fue la necesidad de valorar que es necesario un acuerdo de todos los afectados sobre esa situación del déficit tarifario. Creo que tenemos que trabajar, y muy de común acuerdo, todos los que tenemos que afrontar una situación que ha llevado a un déficit tarifario de veinticuatro mil millones de euros en nuestro país. Tendremos que trabajar y hablaremos con todos los sectores en el marco de una reforma energética que es imprescindible para nuestro país.

P.- Vicepresidenta, a mí me gustaría saber qué le parece que los sindicatos hayan dicho de la reforma laboral que recorta los derechos a los trabajadores y que con ella se vuelve al siglo XIX.

También me gustaría saber si no cree que, puesto que los sindicatos se financian con dinero público, los ciudadanos deberían conocer el sueldo de sus dirigentes.

Vicepresidenta.- Sobre la valoración que hacen los sindicatos de la reforma y los derechos de los trabajadores --sobre todo, lo que yo he oído es en relación con los derechos sindicales de los trabajadores--, entiendo que las organizaciones sindicales protesten por lo que puede ser, a lo mejor, una menor presencia o poder de los propios sindicatos en el marco de las relaciones laborales. Pero en este punto nosotros lo que nos hemos fijado especialmente es en los derechos de los trabajadores, especialmente de los trabajadores en paro.

Me pregunta usted si no sería buena la transparencia. Se cuentan cuáles son las subvenciones, y eso aparece en los Presupuestos Generales del Estado; este año en el Acuerdo de no disponibilidad, del que yo daba cuenta de su cumplimiento, va un recorte del 20 por 100, y creo que son los sindicatos los que tienen que decidir si hacen ese ejercicio de transparencia respecto a los ciudadanos, pero también, muy especialmente, respecto de los afiliados: lo que cobran allí y lo que pueden cobrar por otras vías, o recibir el sindicato por otras vías, como estamos conociendo.

El Gobierno está haciendo esos ejercicios de transparencia. Yo he empezando diciendo que hoy llevábamos un Real Decreto de retribuciones del sector público que pivotaba, en primer lugar, en la transparencia. Oiga, se acabó la opacidad a la hora de cómo se diseñan y se pagan los sueldos de los empleados públicos.

Los sindicatos, una parte de cuya financiación es financiación pública, de subvenciones públicas, de los Presupuestos Generales del Estado, que pagamos todos los españoles, deberían valorar si no ha llegado el momento de hacer ese ejercicio de transparencia, como se hace o como estamos haciendo en el ámbito de la Administración General del Estado; algo que, a lo mejor, a los afiliados les interesaría conocer.

Muchísimas gracias.