Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de la ministra de Empleo, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días a todos.

No voy a extenderme en el capítulo de nombramientos --los tendrán ustedes en la Referencia del Consejo de Ministros--, por cuanto no afectan al primer nivel de la organización administrativa, y voy a entrar directamente en alguno de los asuntos más importantes que han sido acordados hoy en el Consejo de Ministros.

Como bien conocen, en las últimas semanas --bueno… en todas las semanas, porque este Gobierno tiene cincuenta días de vida-- se han ido aprobando en los Consejos de Ministros diferentes reformas estructurales. Hoy presentamos la tercera de ellas.

Como de nuevo bien conocen, se ha aprobado una reforma estructural para la austeridad que se concreta en el Acuerdo de no disponibilidad del 30 de diciembre del año 2011 y en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

En segundo lugar, la semana pasada aprobamos un Real Decreto Ley para el saneamiento del sector financiero, que esta próxima semana se convalidará en las Cortes Generales.

Pues bien, en el Consejo de Ministros de hoy hemos aprobado la tercera de las grandes reformas estructurales que plantea este Gobierno, que es la reforma laboral. Es ésta una reforma importante, es una reforma de calado y es una reforma completa. Me atrevo a decir que marcará un antes y un después en lo que ha sido la legislación laboral de nuestro país.

Es una reforma que, como las tres anteriores, como todas las reformas estructurales, tiene por objetivo crear las bases que permitan volver a crecer y crear empleo. Como digo, es una reforma necesaria, pero no suficiente, en ese proceso de recuperación de nuestra capacidad para crecer y para crear empleo, y que se incardina en ese conjunto de reformas estructurales (la austeridad, la liquidez y la reforma del sistema financiero) que nuestro país precisa para ganar competitividad, para volver a crecer y para volver a generar puestos de trabajo.

¿Cuáles son los principios fundamentales de esta reforma, y la ministra de Empleo trasladará después los contenidos concretos?

- En primer lugar, facilitar la contratación, facilitar que se contraten nuevos trabajadores en este país, con especial atención a los jóvenes, a los parados de larga duración y a las personas que tienen cargas familiares o dificultades para incorporarse al mercado de trabajo.

- En segundo lugar, es una reforma que busca la estabilidad en el empleo, que potencia los contratos indefinidos frente a la contratación temporal.

- En tercer lugar, es una reforma que busca flexibilizar el marco de la empresa para que el despido sea siempre el último recurso y, a ser posible, para que se evite el despido.

- Es una medida que cambia el esquema de la Formación Profesional en nuestro país para vincular Formación Profesional a la empresa y para lograr que la Formación Profesional lo sea a lo largo de toda la vida del trabajador.

- Es una reforma que también busca atajar las causas de la economía sumergida y encontrar soluciones que permitan aflorar esos puestos de trabajo con plenas garantías y derechos de los trabajadores.

- Por último, es una reforma que busca apoyar a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas como los grandes generadores de empleo en nuestro país. Como saben, dan empleo a más del 90 por 100 de los trabajadores.

Voy a poner un único ejemplo, que sirve de explicación de lo bueno de estos objetivos. Quizás, una de las principales medidas, sino la principal, de esta reforma laboral es que se crea un contrato indefinido para emprendedores; un contrato indefinido para empresas de menos de cincuenta trabajadores que busca potenciar la contratación por parte de los que constituyen el tejido empresarial principal de nuestro país. Un contrato en el que, además, se incluirán como novedades dos que me parecen fundamentales: una deducción de tres mil euros en la contratación del primer trabajador menor de treinta años, para fomentar la contratación de gente joven que se incorpora al mercado de trabajo; y, en segundo lugar, permite --y esto es muy importante-- que ese trabajador al que saquen del desempleo pueda cobrar durante un tiempo el 25 por 100 de la prestación por desempleo y el empleador deducirse el 50 por 100 de lo que le restaba por cobrar en el término de un año.

Con esto ¿qué se busca? Rescatar trabajadores de la situación de desempleo y buscar nuevos mecanismos para fomentar esa contratación.

Ahora la ministra de Empleo les detallará esta y otras muchas medidas que van en esta reforma laboral que, como digo, es una reforma completa, una reforma equilibrada y una reforma importante, y que busca atajar los problemas de la contratación y de la precariedad en el empleo; los problemas de quienes se hallan en una situación de desempleo y a quienes tenemos que proteger e incentivar para que puedan tener una oportunidad de trabajar.

Hay otros dos temas que están incluidos en este Real Decreto Ley para la reforma del mercado laboral que tienen relación con el mercado laboral, pero que también lo tienen con dos reformas estructurales que plantea el Gobierno: con la reforma del sector financiero, de la que hablamos la semana pasada, y con la reforma del sector público empresarial que, como ustedes saben, está abordando el Gobierno.

La primera de ellas es que se incluye en este Real Decreto Ley una limitación a las indemnizaciones por cese de actividad de los directivos de las entidades de crédito. Siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, no podrán superar la menor de las siguientes cuantías: dos veces las bases máximas resultantes de las aplicaciones de las reglas que vimos la pasada semana o bien dos años de la remuneración fija estipulada; la menor. Es decir, se establece un límite de dos años a la indemnización que van a cobrar cuando cesan su actividad.

Pero lo que es más importante: cuando ese directivo haya sido objeto de un expediente sancionador conforme a la Ley de Disciplina e Intervención Bancaria, su cese será considerado como un despido disciplinario y no tendrá derecho al cobro de indemnización de ningún tipo. Ese directivo de banca que haya colocado a su entidad en tal situación que le haya llevado a ser sancionado con arreglo a la Ley de Disciplina e Intervención Bancaria, y en los términos previstos en ella, no tendrá derecho a cobrar ninguna indemnización.

En segundo lugar, adelantamos en este Real Decreto Ley una medida que busca redimensionar el sector público empresarial y, fundamentalmente, dar un trato legal adecuado a los ceses de los directivos contratados por las empresas públicas, en el siguiente sentido: los directivos de las empresas públicas que cesen en su actividad tendrán exclusivamente la siguiente indemnización: siete días de trabajo por año trabajado, con un límite de seis mensualidades. Pero, si ese directivo tenía una relación previa con la Administración --era funcionario u otra relación de carácter estable, con reserva de puesto de trabajo--, no tendrá derecho a ninguna indemnización por cuanto vuelve a su actividad habitual con anterioridad a ocupar dicho puesto.

Éstas son dos medidas que tienen contenido laboral, aún cuando están vinculadas a otras dos reformas estructurales que está poniendo en marcha el Gobierno.

También les voy a informar de otros dos temas que se han aprobado en Consejo de Ministros y que son, a nuestro juicio, importantes para su conocimiento. El primero hace referencia a Lorca y al Plan Especial de Lorca después de lo acaecido tras el terremoto. En la última reunión de la Comisión Mixta, del 5 de diciembre de 2011, se aprobó la propuesta de resolución favorable de concesión de ayudas para la reconstrucción, rehabilitación o reparación a 468 afectados, cuyas viviendas habían sufrido daños, y hoy se aprueba la correspondiente cobertura de crédito necesario para que el Ministerio de Fomento pueda hacerse cargo del pago de la parte que le corresponde: 1.596.912,67 euros.

En segundo lugar, se ha aprobado en el seno del Programa INNPRONTA un conjunto de ayudas que superan los doce millones de euros, cumpliendo el compromiso con el apoyo a la investigación. En este Programa se financian grandes proyectos de investigación industrial, de carácter estratégico, que permiten llevar a cabo tecnologías novedosas a nivel internacional y en sectores tan importantes para nuestra economía como la energía, el medio ambiente, el cambio climático, la biotecnología, la salud y alimentación, el transporte, la tecnología de la información y de las telecomunicaciones. Creemos que es un elemento clave, que genera valor añadido y que, fundamentalmente, permite mejorar nuestra competitividad.

Por último, les confirmo, como han sido ustedes informados, que el presidente del Gobierno se reunirá con el líder de la oposición este miércoles por la mañana. En esta reunión se abordarán asuntos clave para esta Legislatura, cuales son la agenda de reformas estructurales que está planteando el Gobierno y, en segundo lugar, la necesaria renovación de órganos constitucionales, como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo o el Consejo de Radiotelevisión Española, que están pendientes de renovación que entendemos que debe producirse con carácter urgente y necesario, tanto por sus propios problemas de funcionamiento, como por la necesidad entre todos de trabajar para devolver la vida normal y cotidiana a nuestras instituciones fundamentales en nuestro país.

Le doy la palabra a la ministra de Empleo para que traslade los principales contenidos de la reforma laboral.

Sra. Báñez.- Buenos días a todos los que están hoy aquí en esta rueda de prensa del Consejo de Ministros.

Quería decirles que estamos ante la tercera reforma estructural importante que ha puesto en marcha el Gobierno en su agenda reformista. Es una reforma para el empleo estable, pensando en los ciudadanos; pensando, fundamentalmente. en aquellos más de cinco millones de españoles que no tienen empleo, que están en el paro, y pensando también, sobre todo, en los jóvenes porque hoy uno de cada dos no tienen oportunidades.

Es una reforma que podemos considerar histórica, porque va a contribuir hoy con ella a un antes y un después en la legislación laboral de nuestro país. Va a atacar de raíz dos problemas graves que tiene nuestro mercado de trabajo: la fuerte dualidad entre contratos indefinidos y contratos temporales, y también la rigidez de la que adolece nuestro mercado de trabajo que hace que, cuando hay crisis en este país, el ajuste lo tengan que hacer las empresas vía despidos y no vía cambios y flexibilidad interna en la empresa.

Por tanto, partimos de un diagnóstico que tenemos delante: ante las profundas transformaciones hoy que tiene la economía global, nuestra posición de partida nacional siempre es menos competitiva por la poca capacidad que tienen las empresas para adaptarse a las circunstancias, por esa rigidez que les decía que tiene hoy nuestro mercado de trabajo, y porque, además, nuestra capacidad de competir se ve bastante mermada con esa rigidez a la que me refería.

Nuestra economía, la economía española, el ajuste lo hace siempre con un incremento muy importante del desempleo en función y en relación con otras economías europeas. El incremento del desempleo ante crisis similares en el resto de los países ha sido mayor en nuestro país, con muchísima diferencia. Por eso hoy tenemos el doble de tasa de paro que la media de la Unión Europea. El incremento del desempleo, desgraciadamente, en nuestro país ha sido para los menores de veinticinco años también mucho mayor que en el resto del contexto europeo. Hoy uno de cada dos jóvenes menor de veinticinco años que quieren trabajar no lo puede hacer, y tenemos la tasa de paro récord en la Unión Europea.

Además, el ajuste de la economía española se produce, desgraciadamente también, vía despidos y no a través de las modificaciones de las condiciones de trabajo, como ocurre en los países de nuestro entorno. En el momento de mayor profundidad de la crisis en España, en el año 2009, se produjeron incrementos salariales muy considerables con respecto a la etapa anterior. Es decir, nuestra economía no se ajusta como debe de ajustarse y, al final, se termina despidiendo a la gente por parte de los empresarios.

Además, hay una profundad dualidad en nuestro mercado laboral, de tal manera que el trabajador más vulnerable es siempre el que tiene un contrato temporal. Los trabajadores temporales son los que pierden su puesto de trabajo con mayor facilidad cada vez que tenemos una crisis.

Por tanto, esta reforma, que es una reforma completa e histórica, quiere romper, de una vez por todas, con esa rigidez de nuestro mercado de trabajo y con esa profunda dualidad que hace que los trabajadores temporales sean siempre los que paguen las consecuencias de las crisis en España.

Estamos ante una reforma que tiene principales objetivos. En un corto plazo, el Gobierno piensa que esta reforma ayudará, sobre todo, a frenar la fuerte sangría de destrucción de empleo que hoy todavía vive nuestro país. Los datos de paro registrado del mes de enero y de bajada de afiliación a la Seguridad Social así lo siguen poniendo de manifiesto, y las previsiones de crecimiento económico para este año del -1,5 por 100, como dice el Banco de España, o del -1,7 por 100, como dice el Fondo Monetario Internacional, auguran la dificultad de que se cree empleo en España; pero sí podemos ayudar, con la flexibilidad que va a meter en el mercado de trabajo esta reforma laboral, a que no se destruya más empleo del que ya se ha destruido.

Por otra parte, vamos a asentar con esta nueva reforma las bases para que se cree empleo estable cuanto antes; es decir, estabilidad en el empleo es el gran objetivo de esta reforma laboral. Apostamos por eso: por un empleo de calidad que rompa esa dualidad existente en el mercado de trabajo.

Además, queremos ahondar en los mecanismos de flexibilidad en la empresa. Creemos que, si una empresa pueda adaptarse con flexibilidad a las circunstancias de la realidad económica, los trabajadores y los empresarios superarán juntos la crisis y evitaremos despidos masivos, como está ocurriendo en la crisis que hoy sufre nuestro país.

En esa flexibilidad también va una modernización de la negociación colectiva en nuestro país para que, de verdad, se puedan adaptar las empresas a la realidad económica del país.

Otra gran novedad de esta reforma es que es una reforma que trae más derechos a los trabajadores: el derecho a la formación como un derecho individual del trabajador, que le va a acompañar durante toda su vida laboral.

También es una reforma que les da más oportunidades, como ha dicho antes la Vicepresidenta, a los jóvenes y a los parados de larga duración, que hoy son los que hoy tienen más problemas para la inserción en el mercado de trabajo.

Asimismo, pensamos en el empleo, en la empleabilidad. Cuando los servicios públicos de empleo hoy en nuestro país sólo colocan al 3 por 100 de las personas que están en paro, algo no funciona. Tenemos que ayudar a que se meta a todo aquel que está en el desempleo otra vez en el ciclo económico. Por tanto, más empleabilidad significa colaboración público-privada en la búsqueda de un empleo. Todo el que pueda ayudar a buscar empleo en este país tiene que tener el apoyo de este y de cualquier Gobierno.

Por otra parte, vamos a apoyar, sin duda, a las Pymes y a los autónomos en este país. Las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, los emprendedores, son más del 95 por 100 de nuestro tejido productivo. En sus manos está el futuro de la salida de la crisis. Por tanto, un gran plan de apoyo a los emprendedores en esta reforma laboral

También vamos a reforzar los mecanismos de control y prevención del fraude; entre ellos, en el cobro de prestaciones por desempleo, para sacar a mucha gente de la economía sumergida y combatiremos también el absentismo injustificado a través de la colaboración de las mutuas.

Por tanto, ésos son los grandes objetivos de la reforma laboral y ahora empezaré a explicarles, uno a uno, cada uno con más detalle.

En primer lugar, como decía al principio, nuestro objetivo es que haya más empleo. Por eso vamos a sumar esfuerzos en la búsqueda del empleo, haciendo que las empresas de trabajo temporal puedan funcionar como agencias de colocación; es decir, que todo el que pueda buscar un empleo en este país ayude a hacerlo. Colaboración pública, pero también colaboración privada.

Más empleo significa también más y mejor formación. Por tanto, vamos a reformar el contrato para la formación y el aprendizaje para potenciar que haya una formación permanente en este país, ya que un trabajador mejor formado es un trabajador, sin duda, que tiene más oportunidades de encontrar empleo. La edad máxima para acceder a este contrato hoy está en los treinta años y nosotros lo mantenemos hasta, al menos, que la tasa de paro baje al 15 por 100. Cuando baje la tasa de paro en España al 15 por 100, la edad máxima para acceder a este contrato será de veinticinco años.

Además, el trabajador podrá utilizar esta modalidad de contratación para formarse. Piensen que hoy en este país, en determinados sectores, como el turismo o la construcción, hay muchos jóvenes que abandonaron sus estudios en una edad temprana y hoy no tienen trabajo; pero tampoco tienen una formación adecuada. Si hay un chico que se formó en la construcción en los tiempos de la bonanza económica, tenemos que permitir que esa persona se pueda formar, por ejemplo, en otro oficio, como ebanista o cualquier otra cosa, para que tenga otra orientación y otro futuro profesional.

El trabajador, además, podrá formarse en la propia empresa, y ésta es una novedad de la reforma que plantea el Gobierno. Así introduciremos lo que ya hay en Alemania de la formación dual.

Formación Profesional, sin duda, formación importante en la vida del trabajador. Vamos a hacer que la Formación Profesional sea una formación que sirva de verdad a la consecución del empleo. Los principios que van a regir los cambios en la Formación Profesional planteados por el Gobierno, y que, además, vamos a consensuar con los agentes sociales y los demás grupos políticos en una futura Ley de Formación Profesional, serán transparencia, libre concurrencia y evaluación de los resultados.

En este país nos gastamos muchos recursos públicos en formación y, a veces, no se traducen en empleabilidad, en colocación de las personas que se han formado en un puesto de trabajo. Nosotros vamos a hacer que, evaluando y acercando la necesidad de las empresas a la formación de los trabajadores, podamos conseguir mejores resultados. Para eso, una vez reconocido el derecho a la formación individual del trabajador, como les dije antes, pondremos en marcha la cuenta de formación, que será una cuenta similar a la cuenta de la Seguridad Social de cada trabajador, en la que irá toda la formación que el trabajador recibe a lo largo de su vida laboral, de tal manera que se puedan hacer más fáciles los itinerarios de formación para el empleo, que es el último objetivo de esta reforma.

El trabajador, con este nuevo derecho, tendrá la posibilidad de tener derecho a veinte horas al año de formación pagadas por el empresario en su empresa y se permite, por supuesto, la concurrencia de que haya centros que intervengan directamente en esta formación profesional para el empleo.

Más empleo estable, lo decía muy bien antes la vicepresidenta del Gobierno. Un nuevo contrato para emprendedores, contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, es una de las nuevas medidas de esta reforma. Estamos intentando que los trabajadores autónomos y las pequeñas y medianas empresas, que son más del 95 por 100 del tejido productivo de este país, sean los grandes contratadores del futuro de este país.

Por tanto, creamos un nuevo contrato indefinido --y recalco que es indefinido--para evitar la temporalidad y la dualidad en el mercado del trabajo. Está destinado a empresas de menos de cincuenta trabajadores. La duración del período de pruebas de este contrato es de un año y tiene potentes ayudas para la contratación: la primera es una deducción fiscal de tres mil euros para aquellas empresas que contraten a un trabajador, si es su primer trabajador y tiene menos de treinta años. Ésta es una medida de impulso a la contratación de jóvenes en nuestro país.

De la misma manera, queremos también que se saquen personas, que hoy están en el desempleo, del desempleo y encuentren un puesto de trabajo. Por tanto, vamos a permitir, por primera vez en nuestro país, que se compatibilice el sueldo que recibe una persona con recibir una parte de la prestación por desempleo. La persona que tiene hoy una prestación por desempleo y que es contratada por una empresa con este nuevo contrato podrá compatibilizar el 25 por 100 de la prestación que venía percibiendo durante un año con el nuevo sueldo al que le da derecho este contrato.

Además, y para hacerlo atractivo a los empleadores, también les deduciremos en la cuenta fiscal a los empresarios el total del 50 por 100 por un año de lo que venía percibiendo por esa prestación por desempleo el trabajador. Es decir, intentamos potenciar que trabajador y empresario se beneficien de la incorporación de un desempleado de las listas del INEM a la empresa.

Más empleo estable también es reorientar las bonificaciones que hoy hay en nuestro país. Queremos que aquellas personas que tienen más problemas para la inserción en el mercado de trabajo tengan el apoyo real de las bonificaciones que hoy se hacen a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Fomentaremos la contratación indefinida de jóvenes, que es uno de los colectivos más afectados por la crisis, con bonificaciones hasta de 3.600 euros a la contratación de menores de treinta años, que se sumarán a las anteriores explicadas, y también la contratación de parados de larga duración, con 4.500 euros.

Por otra parte, vamos a ahondar en la ruptura de esa dualidad en el mercado de trabajo. Se acabaron los encadenamientos de contratos temporales de forma indefinida. A partir del 31 de diciembre de 2012 se recupera esa prohibición de encadenar contratos temporales más allá de veinticuatro meses.

Otra medida también de fomento de la contratación indefinida es, sin duda, la modificación del contrato estable a tiempo parcial. Vamos a hacer, con una mayor flexibilidad en su regulación, que se contrate en este país de forma temporal a los trabajadores y puedan compatibilizar su actividad personal y familiar con un puesto de trabajo. Con ello conseguiremos mayor conciliación de la vida laboral y familiar, y que los jóvenes, por ejemplo, y el resto de las personas que tienen responsabilidades familiares puedan compatibilizar mejor, con un empleo estable, repito, trabajo y cuidado de su familia.

Se regula también por primera vez en nuestro país, y ésta es una gran novedad, el teletrabajo, que, por supuesto, sigue teniendo derecho a la formación.

Por otra parte, les decía que uno de los problemas que tiene nuestro mercado de trabajo es la rigidez. Buscamos más flexibilidad interna en la empresa para evitar despidos en el futuro. Por eso vamos a avanzar en la movilidad y modificación de las condiciones de trabajo, y vamos a hacer posible que esa flexibilidad pueda llegar a la modificación de las funciones de los empleados dentro de la empresa; se facilita la modificación de jornada, de trabajo, de horario y de salarios con idea de que juntos, trabajadores y empresarios, con esa flexibilidad superen juntos la crisis y no haya más despidos.

Por otra parte, modernizaremos también, como les dije al principio, la negociación colectiva. El despido siempre tiene que ser el último recurso al que tengan que acudir las empresas en crisis. Por una parte, llevaremos parte del acuerdo de los agentes sociales de moderación salarial, flexibilidad y negociación colectiva a la Ley, reconociendo, como ellos ya señalaban en ese acuerdo, la prioridad del convenio de empresa frente al sectorial; facilitaremos la posibilidad de no aplicar el convenio colectivo en circunstancias de crisis, lo que se conoce comúnmente como "descuelgue". Nosotros respetamos los acuerdos que han llevado a cabo los trabajadores, a través de los sindicatos, con los empresarios en el itinerario de descuelgue, que lo pusieron de manifiesto en el pacto de moderación salarial, pero llegamos más allá al buscarles un final al descuelgue para que, realmente, una empresa tenga posibilidad de descolgarse, de no aplicar el convenio en situación de crisis, y no tenga que recurrir al despido de los trabajadores.

Por último, el plazo máximo de vigencia después de la denuncia de un convenio colectivo será también de dos años a partir de ahora.

Más eficacia. Más eficacia en la extinción de la relación laboral por causas empresariales. Queremos con esta reforma clarificar y racionalizar la restricción del contrato por causas empresariales. Objetivamos para ello, de mejor manera, las causas del despido. Esto da, por una parte, certidumbre a los trabajadores, pero también certidumbre a los empresarios. Más seguridad jurídica para todos y menos litigiosidad.

Se elimina, además, la autorización previa, en línea con la práctica de otros países europeos --hoy día sólo estaba vigente en España y en Grecia; por tanto, en eso también somos hoy algo más europeos-- y se regulan las extinciones de contrato de personal no funcionario del sector público, como antes señaló la Vicepresidenta.

La reducción de la dualidad del mercado de trabajo es hacer también la contratación indefinida más atractiva. A partir de esta reforma, el contrato indefinido tendrá una indemnización de 33 días por año trabajado y un máximo de veinticuatro mensualidades; el contrato procedente, como ustedes conocen, será de veinte días y doce mensualidades, y se respetarán, sin duda, los derechos adquiridos de todos los trabajadores.

Más control. Combatir el fraude, la economía sumergida y luchar contra el absentismo laboral. Los recursos son escasos y todo aquel que tenga que percibir una prestación lo tiene que hacer. No vamos a rebajar las prestaciones por desempleo en ningún caso, pero sí vamos a evitar que se produzcan situaciones de fraude en las prestaciones. Para eso vamos a hacer un estricto cumplimiento de la Ley, a través del Ministerio y de la inspección del Ministerio, y también impulsaremos, que hoy también está reconocido en la Ley, que los desempleados que estén cobrando una prestación por desempleo puedan realizar servicios de interés general a la comunidad, con convenios que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social pondrá en marcha con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

En la lucha contra el absentismo vamos a tomar dos medidas fundamentales en esta Ley: desvincular el absentismo individual del trabajador a la media de la plantilla, pues un trabajador debe ser o no absentista en función de su comportamiento, no de la media que hagan los demás; por otra parte, en la lucha contra el absentismo para mejorar su eficacia vamos a contar con las mutuas de colaboración con el sector público. Por tanto, en una próxima Ley de Mutuas, que pondremos en marcha a final del primer trimestre de este año, se recogerán todos los controles de lucha contra el absentismo a través de las mutuas.

Éstas son, señoras y señores, las medidas más importantes que ponemos en marcha para reformar el mercado de trabajo. El objetivo principal de estas reformas es buscar el empleo estable. Piensa en la situación de los ciudadanos que hoy tiene nuestro país; piensa, fundamentalmente, en esos cinco millones de trabajadores que hoy están en el desempleo, y piensa, sobre todo, en los jóvenes, uno de cada dos en nuestro país, que no tienen oportunidades, porque no tienen trabajo.

Éste es el objetivo del Gobierno: luchar contra el paro; perseguir, sobre todo, la búsqueda de un empleo estable y, cuanto antes, parar la sangría de destrucción de empleo que hoy vivimos en nuestro país por la crisis.

Son objetivos a corto y a medio plazo, pero que estoy segura de que, sin duda, junto al resto de las reformas económicas, ayudarán a que cuanto antes volvamos al crecimiento económico y a la creación de empleo, que es lo que todos los españoles hoy desean y demandan de este Gobierno.

P.- Para la Vicepresidenta. ¿En el proceso de elaboración de este Real Decreto Ley de la reforma laboral, el Gobierno, de alguna manera, tiene la sensación de que este proceso se salda con vencedores y vencidos dentro del Gabinete?

Para la ministra de Empleo. ¿Puede profundizar un poco en lo que es la definición, la tasación, de las causas que van a definir, a partir de ahora, el despido objetivo?

Vicepresidenta.- El Consejo de Ministros en pleno, la totalidad de miembros de su Gabinete, por lo que trabajamos, con esta y con otras reformas estructurales, es por vencer el desempleo, por vencer la crisis económica y por vencer las difíciles circunstancias en que están viviendo españoles en este país. Aquí trabajamos todos, todo este Gobierno, para que estas reformas estructurales se hagan de una manera ágil, de una manera ordenada y con el necesario rigor que exige el momento en el que vivimos.

Es una reforma generada y creada para vencer al desempleo, para vencer a la crisis y para vencer una situación muy dramática que viven muchos españoles, y en la que trabajamos todos con el máximo rigor y la máxima seriedad, porque es un asunto de la máxima responsabilidad de todos.

Sra. Báñez.- Les leo la definición de cómo queda el despido por causas económicas: "Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos".

P.- Sobre la reforma laboral, Izquierda Unida y sindicatos ya han anunciado, incluso ya antes del anuncio de este Real Decreto Ley, movilizaciones y comentarios en contra. Lo hilo de las palabras del ministro De Guindos para saber si el Gobierno se está preparando para que los sindicatos y otras formaciones políticas pudieran incluso tomar la calle en este sentido.

Luego, ya directamente a la Vicepresidenta, me gustaría preguntarle por el caso del señor Garzón; no por la postura del Gobierno, que entiendo que es la de respeto, como dijo ayer el ministro Gallardón, sino por los ataques que está recibiendo la Justicia por parte de partidos políticos y de otros colectivos. El CGPJ ha tenido que elevar, incluso, una queja pública. A mí me gustaría saber qué opina el Gobierno de todo esto.

Sra. Báñez.- Uno de los principios de este Gobierno ha sido mantener permanentemente abierto el diálogo social. Para nosotros el diálogo social es fundamental en democracia y tiene, además, un importante valor económico. Lo hizo el presidente del Gobierno antes de ser, incluso, investido por las Cortes Generales: una vez se produjeron las elecciones, el presidente Rajoy llamó a los sindicatos y a los empresarios y les pidió que se pusieran de acuerdo en determinadas materias que eran troncales para la futura reforma laboral.

Ellos nos trasladaron, en el tiempo que el Presidente les dio, sus acuerdos y sus desacuerdos. La obligación del Gobierno, evidentemente, es gobernar y completar esas reformas y esas materias en las que no hubo acuerdo por parte de los agentes sociales. Pero les puedo decir que hemos seguido manteniendo contacto permanente con los distintos agentes sociales, con los sindicatos y con los empresarios, y, además, conocen, de conversaciones con el Ministerio, esta reforma laboral. De todas maneras, el lunes les voy a citar en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para llevarles y presentarles en todo su detalle esta reforma laboral.

Para nosotros, para el Gobierno de España y para el presidente Rajoy, hicieron un esfuerzo de responsabilidad el día en el que consiguieron ese acuerdo de moderación salarial, que ha sido muy importante para nuestro país. Esos tres años de moderación salarial sitúan a nuestro país en la senda de la competitividad y, además, avanzaban en líneas muy importantes de flexibilidad y de negociación colectiva, que han sido las bases, la pista, en la que se ha planteado esta reforma laboral.

Nosotros, desde el Gobierno, seguimos apelando a esta responsabilidad de los agentes sociales. Estamos viviendo un momento de crisis económica importante y esta reforma laboral contribuirá, sin duda, a frenar la sangría de desempleo en el corto plazo pero, sobre todo, a que se cree empleo estable cuanto antes en este país.

Vicepresidenta.- En relación con su pregunta sobre los ataques al Tribunal Supremo, como bien me señalaba en su pregunta, este Gobierno respeta cualquier decisión judicial. La comparta o no la comparta, le guste o no le guste, le favorezca más o le favorezca menos, o no le favorezca de ninguna de las maneras, el Gobierno respeta todas las decisiones judiciales de todos los órganos judiciales y pedimos al conjunto de los responsables políticos que tengan ese mismo respeto. ¿Por qué? Porque España es un país democrático; porque hemos trabajado mucho para que lo sea y porque dentro de ese país democrático, de ese Estado democrático, España es un Estado de Derecho en el que hay una separación de poderes: Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial.

El Poder Judicial es la garantía de la igualdad de los derechos de todos los españoles y de la protección de sus derechos. Y nuestras instituciones democráticas, y los Tribunales son una de ellas, merecen el respeto de todos, porque respetar a los Tribunales de Justicia es respetar a la democracia que nos hemos dado entre todos, por lo que yo llamaría a la reflexión y a la responsabilidad, porque la fortaleza de nuestra democracia también depende de que todos sepan respetar a sus instituciones, y la Justicia es una de ellas. Es un poder independiente y deberían, especialmente quienes tienen responsabilidades políticas, salvaguardar esa independencia.

P.- Dos preguntas para la Ministra y una para la Vicepresidenta. En la oposición, cuando se hizo la otra reforma, ustedes insistieron muchísimo en que abaratar el despido no era la solución para crear empleo; se lo hemos escuchado a todos ustedes. En esta reforma hay un abaratamiento del despido en algunas cuestiones. ¿Qué les ha hecho cambiar de opinión? ¿Por qué creen ahora que eso sí puede servir para crear empleo?

Usted dice que este año no se va a crear empleo; lo dijo el presidente Rajoy el otro día. ¿Cuándo vamos a poder pensar en que se puede crear empleo y, por tanto, cuándo va a empezar a funcionar esta reforma? Si ustedes creen que esta reforma sirve para crear empleo, ¿cuándo podremos valorarlo?

Y a la Vicepresidenta. Como Vicepresidenta y responsable de la coordinación del Gobierno, ¿hasta qué punto le preocupa la cierta imagen de descoordinación del Gobierno, con voces discordantes, que se está dando en las últimas semanas?

Sra Báñez.- Empiezo por la última que me ha hecho. Esta reforma laboral pertenece a una agenda reformista que ha puesto en marcha el Gobierno para volver a la senda del crecimiento económico y, por tanto, a la creación de empleo. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Por tanto, tenemos que poner en marcha todo el paquete de reformas para que España recupere cuanto antes el crecimiento económico y, con él, el empleo.

Segundo, ésta es la reforma para el empleo estable, para la estabilidad en el empleo, y lo que hemos hecho es clarificar, respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, lo que va a ser el empleo en el futuro. Por tanto, el contrato indefinido, a partir de la fecha de la entrada en vigor de la reforma, será a 33 días por año trabajado durante veinticuatro meses y se respetarán los derechos adquiridos con anterioridad por los trabajadores.

Vicepresidenta.- Me preguntaba sobre la coordinación del Gobierno. El Gobierno habla con sus decisiones y el Consejo de Ministros con los acuerdos que adopta.

Llevamos, como decía al inicio de mi intervención, cincuenta días de Gobierno y en cincuenta días este Gobierno ha aprobado importantes reformas en el ámbito, primero, de la austeridad: un Acuerdo de no disponibilidad de 8.900 millones para atajar el desfase presupuestario que se ha encontrado; en segundo lugar, ha llevado a Consejo de Estado el Anteproyecto de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en desarrollo de la reforma constitucional que llevamos a cabo el pasado mes de agosto, un elemento muy importante que nos coloca a la cabeza de la Unión Europea a la hora de abordar cuestiones tan importantes como el Pacto Fiscal y la necesaria responsabilidad de todos.

En el ámbito de la austeridad se han aprobado importantes reformas desde la estructuración del Consejo de Ministros mismo para lograr redimensionar el sector público estatal. Hoy incluimos una nueva de ellas, en relación a la situación de las empresas públicas y los sueldos e indemnizaciones que tendrían que pagarse al personal directivo contratado.

En segundo lugar, este Gobierno, en estas siete semanas de vida, ha aprobado una reforma de verdad del sistema financiero; una reforma que tiene por objetivo el saneamiento del sector y la necesidad de su reestructuración para lograr fortaleza y solvencia para las propias entidades y para el Estado en su conjunto.

Y se ha atajado, de una vez por todas, un asunto que preocupaba a la opinión pública y que era necesario solucionar, por cuanto las empresas con ayudas públicas tienen que tener la necesaria responsabilidad a la hora de fijación de sus sueldos y de sus salarios.

Hoy traemos, en esos cincuentas días, la tercera de las grandes reformas estructurales, que es una reforma laboral, como habrán visto, extensa, completa, profunda y destinada a crear empleo.

Esto es, desde un punto de vista absolutamente objetivo, el volumen de trabajo que ha desarrollado este Gobierno en estos cincuenta días y creo que lo que dice más o pone mejor en evidencia su labor.

P.- Vicepresidenta, tenía dos o tres preguntas; una sobre la reforma laboral. En primer lugar, quería plantearle si el Gobierno, aunque sea un Real Decreto Ley, como han decidido aprobar la reforma, se plantea aceptar en el Parlamento tramitarlo como Proyecto de Ley, en el caso de que así lo soliciten los Grupos Parlamentarios.

Quería también preguntarle sobre la reunión de la semana que viene entre el señor Rajoy y el señor Rubalcaba. Nos ha dicho un poco los temas que van a tratar, pero más en profundidad quería saber cuál es el objetivo real o, por lo menos, la intención con la que el Gobierno afronta esa primera reunión con el líder de la oposición, y si a eso van a seguir más reuniones con los líderes de otros partidos políticos.

En tercer lugar, si me permite, quería preguntarle por la polémica que se ha montado desde Francia con nuestros deportistas. Quería saber si usted, que dirige o está al frente de los servicios de la Abogacía General del Estado, se plantea poner los Servicios Jurídicos del Estado a disposición de nuestros deportistas para que emprendan algún tipo de demanda, como han dicho que están dispuestos a hacer, o si considera que se tienen que defender ellos solos a nivel judicial.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de las preguntas, este Real Decreto Ley se tramitará como Proyecto de Ley, porque este Gobierno tiene intención de estudiar las aportaciones y las enmiendas que puedan presentar los distintos Grupos Parlamentarios, analizarlas muy bien y, desde luego, admitir aquellas que consideremos que pueden enriquecer el texto. Queremos que sea una reforma laboral que suscite el mayor consenso posible y que se nutra con las aportaciones de todos, porque, sin duda, serán garantías de que esta reforma laboral logre, con otras reformas estructurales, lo que todos buscamos, que es salir de la crisis y crear empleo.

Me preguntaba por la reunión de la semana que entra entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Es una reunión con una agenda importante y una agenda completa. En primer lugar, se analizarán el conjunto de las reformas estructurales que está presentando el Gobierno y hay una de ellas en que es importante esa reunión por cuanto está en marcha la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y nosotros entendemos que sería buena que esa reforma culminara el acuerdo que se llevó a cabo con el Partido Socialista, entonces partido del Gobierno, en la reforma constitucional del mes de agosto.

Éste será uno de los puntos más importantes que se abordará también en el conjunto de esa puesta en común de visiones respecto de la política europea que en estas semanas, además, está viviendo acontecimientos importantes, acontecimientos que pueden influir en el futuro de la Unión misma y de todos los Estados.

En segundo lugar, encima de la mesa está una agenda muy cargada de renovación de órganos constitucionales: el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y también el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. Nosotros queremos encontrar un acuerdo, un acuerdo ágil, con el principal partido de la oposición, sin perjuicio de hablar con otros Grupos Parlamentarios, para que puedan renovarse estos órganos, estas instituciones, a fin de que cuanto antes puedan recuperar la normalidad de su funcionamiento, con la integridad de sus miembros trabajando. Vamos a buscar un acuerdo para ello.

Buscamos el máximo entendimiento con el principal partido de la oposición para abordar estas reformas y para abordar algo que nos compete a todos, que es volver a prestigiar nuestras instituciones y acometer las renovaciones, pero también las reformas que sean necesarias para volver a ponerlas a punto.

Me preguntaba usted sobre el asunto o la polémica desde Francia. Yo quiero dejar algunas cosas bien sentadas. Primera, quiero decirle que de mí no dependen los servicios de la Abogacía General del Estado, que dependen del Ministerio de Justicia, aunque los integre por la base, pero la jerarquía no me corresponde. Formo parte de la base de la Abogacía General del Estado, pero no soy quien dirige los Servicios Jurídicos del Estado.

Ya en el fondo del asunto, que es serio y que es importante, yo, en primer lugar, quiero dejar claro que España es un país que cumple con la normativa antidopaje y que, además, si analizan ustedes la media de condenas por este tipo de conductas, estamos muy, muy, por debajo de esa media; que hay otros países que la superan con creces. Sin embargo, en España se cumple la Ley y en España, además, es intención del ministro de Educación, Cultura y Deporte, como lo ha puesto de manifiesto, reforzar esa Ley en la medida de lo posible.

En segundo lugar, desde el Gobierno, desde luego, vamos a defender la autenticidad de los logros de nuestros deportistas, porque es gente que se lo gana a pulso. Muchos de ellos son un ejemplo de superación y, además, de defensa de su país por donde van. Ayudan a hacer eso que se llama "marca España" y todos nos sentimos muy orgullosos de ello.

Desde luego, lo que no entendemos y lo que no compartimos es que determinados medios de comunicación del país vecino hayan hecho el ataque que han hecho. Nos hemos puesto en contacto con las autoridades francesas, que me consta que tampoco ven con buenos ojos que se produzcan este tipo de debates, porque a todos los países nos interesa un deporte fuerte, un deporte con valores fuertes, con valores serios, y un deporte auténtico, y ésa ha sido una puesta en común que hemos hecho con las autoridades francesas.

Por nuestra parte, ayudaremos a esos deportistas en la medida en que nos lo pidan y en que nuestras leyes nos lo permitan. Por poner un ejemplo, el presidente del Gobierno se reunirá esta misma semana con los ganadores de la Copa Davis. Es decir, el Gobierno apoyará y defenderá el deporte en su conjunto y la labor de esos deportistas que están haciendo país y que están, además, poniendo a España en los lugares donde queremos volver a estar en todos los ámbitos. Estamos en los del deporte y ahora se trata de trabajar, con reformas de éste y de otro tipo, para que en todos esos ámbitos estemos en los sitios donde nos colocan estos deportistas, auténticos, que tenemos en nuestro país.

P.- Vicepresidenta, le quería preguntar a usted, al margen del llamamiento al respeto a las decisiones judiciales, si le preocupan la deriva y el tono que han tomado esas declaraciones; si al Gobierno le parece que se ha subido un escalón y si, incluso, han instado a la Fiscalía a que mire algunas declaraciones, dado que algunos dirigentes políticos, por ejemplo Gaspar Llamazares, han indicado que ni acatan ni respetan un fallo, y que dice que los siete magistrados del Supremo defienden a los corruptos. Quiero preguntarle si puede especificar un poco cómo ve el Gobierno esta deriva ante un fallo judicial.

Vicepresidenta.- Comparto su preocupación y yo a lo que llamaría a esos líderes políticos, que, además, integran otro poder del Estado, que es el Poder Legislativo, a que tengan presente que todas las resoluciones judiciales merecen su respeto y su acatamiento si son parte. El señor por el que me pregunta no tiene porque acatar la sentencia porque no es parte de ella, salvo que se sienta parte; pero, desde luego, la tiene que respetar, como todos los españoles estamos llamados a respetar las resoluciones de los Tribunales, pero especialmente los poderes públicos, y, en ese caso, el Poder Legislativo.

Yo llamaría, de verdad, a la reflexión. Cuando se cuestionan las instituciones democráticas del Estado, se cuestiona la democracia misma y se la cuestiona dentro y fuera de nuestras fronteras. Yo hago un llamamiento muy serio a la responsabilidad. España es un país democrático y que merece ser considerado como una democracia, porque lo es entre todos los Estados de la Unión Europea y en todo el ámbito internacional. Y me preocupa, y mucho, esa imagen que está tratando de trasladar de España que no es España.

En España tenemos unas instituciones democráticas que nos las hemos dado entre todos, que están en nuestra Constitución, que protegen los derechos de los españoles y que garantizan la igualdad ante la Ley. Unas sentencias pueden gustar más o pueden gustar menos, pero todas deben ser respetadas por todos y acatadas por las partes, por lo que yo, desde luego, creo que la primera responsabilidad es una responsabilidad política, porque la misma Constitución que permite a esos responsables políticos ejercer sus tareas políticas es la que atribuye al Tribunal Supremo, en su artículo 123, el Poder Judicial en su supremo vértice.

Entonces, si la democracia la entendemos para ejercer nuestras responsabilidades políticas, también la tenemos que entender para defender al resto de las instituciones del Estado. Y, desde luego, a la Fiscalía le corresponde, y no recibe instrucciones de este Gobierno, analizar, en este o en otros casos, las conductas de todos; pero, desde luego, el Gobierno --y eso se ha acabado-- no da instrucciones a la Fiscalía sobre cómo proceder.

P.- En primer lugar, señora Báñez, me gustaría saber, concretamente, qué motivos cree que tiene hoy un empresario para hacer más contratos indefinidos que ayer, al margen del contrato indefinido para jóvenes que ha descrito.

Para la Vicepresidenta. ¿Cree que esta reforma va a ser bien acogida en el seno de la Unión Europea, en las instituciones, ya que hemos visto a algún ministro dando cuenta a algún líder europeo previamente de esta reforma?

Sra. Báñez.- Hoy, un empresario que contrata a un trabajador tiene, primero, más seguridad jurídica y, segundo, tiene mecanismos, como este nuevo contrato, si es un empresario de menos de cincuenta trabajadores, bastante más potente, porque es un contrato suficientemente incentivado, para que, en medio de esta crisis, se puedan atrever a contratar los empresarios.

Vicepresidenta.- En el ámbito de la Unión Europea, lo que está trasladando el Gobierno es el conjunto de las reformas estructurales que estamos poniendo en marcha para cumplir los distintos objetivos que tiene en la mano. Nosotros somos un país que merece confianza y este Gobierno, desde luego, en lo que va a trabajar es para que el resto del mundo vuelva a tener confianza en un país que lo merece, porque los españoles lo merecen.

La principal preocupación que tienen muchos Estados de la Unión Europea es el elevado índice de desempleo que existe en nuestro país y, de hecho, en el último Consejo Europeo, como bien conoce, se establecieron y se señalaron medidas necesarias para atajar esta situación de desempleo.

Nosotros, desde luego, trasladaremos en ese ámbito las principales novedades de esta reforma que, como digo, es completa; es una reforma equilibrada y es una reforma que va a suponer, como ya hemos dicho tanto la Ministra como yo, un antes y un después en la legislación laboral, en un objetivo, que es un objetivo conjunto también de la Unión Europea, pero que a nosotros nos compete más, porque tenemos un problema mayor, que es la creación de empleo y es la creación de puestos de trabajo.

Vista la legislación laboral en el ámbito de la Unión Europea, que es muy diferente y muy dispersa, en esta reforma se sigue la línea de algunas legislaciones laborales en distintos ámbitos, que viene --ha señalado algún ejemplo la Ministra-- a situarnos en el marco de cómo se está funcionando en el ámbito de la Unión Europea; pero, sobre todo, lo que la Unión Europea está valorando es que aquí hay un Gobierno con capacidad para hacer reformas, al que los ciudadanos le han dado su confianza para hacerlas, que las está llevando a cabo y que las estamos llevando a cabo con rigor y con seriedad, en un tiempo, además, que pone de manifiesto la agilidad a la hora de tomar medidas ante una situación tan grave como la que vivimos en nuestro país, donde hay 5.200.000 parados, y eso preocupa, y mucho, a los Estados de nuestro entorno.

P.- Yo tenía una pequeña duda, que no he entendido bien. Las veinticuatro mensualidades como límite máximo de indemnización, ¿se van a aplicar ya para todos los contratos, incluso los de 45 días previos a la reforma? Es decir, ¿el límite máximo va a ser de veinticuatro mensualidades?

Sra. Báñez.- No. La persona que tenga su derecho reconocido y sus derechos consolidados tendrán 45 días a 42 mensualidades. Es de ahora en adelante.

P.- Vicepresidenta, yo quería volver a la reunión del miércoles entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Me gustaría saber si nos podría concretar si hay algún margen para la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ya que, como el Presidente dijo el miércoles, dialogarían por si hay algún punto de fricción que se pudiera cambiar. ¿Ese tema va a estar sobre la mesa y tienen ustedes algún margen para cambiarlo para obtener el apoyo del Partido Socialista?

Vicepresidenta.- Me preguntaba usted si tenemos algún margen. Nos movemos en el ámbito de las decisiones y los acuerdos de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque, en el ámbito de la reforma constitucional que pactamos en el mes de agosto, se estableció en la Constitución misma que los límites de déficit serían los que marcara una ley orgánica de acuerdo con la normativa comunitaria.

El terreno en el que se está trabajando en el ámbito del Pacto Fiscal establece que esa limitación de déficit será, en el medio plazo, en el 0 por 100. Es decir, nosotros estamos constreñidos por propio imperativo constitucional a respetar esos límites de déficit y de endeudamiento que vienen marcados por la normativa comunitaria, y en ese marco es donde nos movemos y nos tenemos que mover en la negociación y en la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.

Es más, cuando se discutió en su día, y estuvimos de acuerdo en que no se incluyeran porcentajes en la Constitución misma, se hizo por un criterio de flexibilidad, que defendió incluso el líder de la oposición, entendiéndose que, como la Unión Europea era quien nos podía en cada ámbito, de acuerdo con nuestros compromisos, fijar unos niveles de déficit y unos niveles de endeudamiento, habría que estarse, en todo caso, a los acuerdos y a las obligaciones que se marquen en el seno de la Unión Europea. Ése es nuestro marco de entendimiento: lo que marca la Unión Europea como límites para el déficit que tienen que respetarse, en todo caso, por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.

Como digo, precisamente no se incluyeron en la Constitución porcentajes para poder aplicar inmediatamente y trasponer a nuestra legislación los que fijara la Unión Europea. Entendemos que el desarrollo legislativo y los acuerdos posteriores tienen, en todo caso, que respetar ese ámbito, como no puede ser de otra manera.

P.- La pregunta es para la ministra de Trabajo. Sobre las causas de despido objetivo por motivo de la crisis, ha hablado usted de pérdidas, caídas de ventas o previsión de caída de ingresos. Quisiera saber si ahí estarán tasados con un porcentaje estos motivos y, además, si va a haber algún tipo de control judicial para controlar este tipo de despidos.

Sra. Báñez.- Lo que dice exactamente el texto es: "se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas --este texto estaba ya en la Ley-- o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución persistente es cuando se produce durante tres trimestres consecutivos".

Y, por supuesto, tiene control judicial, sin duda.

P.- Me gustaría preguntarle a la ministra de Trabajo si no cree que con este abaratamiento real, directo o indirecto, del despido y en plena recesión no vamos a favorecer la destrucción de empleo, sobre todo durante este año 2012, en el que está prevista caída de la actividad económica.

Sobre las medidas de flexibilidad interna, los agentes sociales llegaron a un pacto en el que, al final, se determinaba que tendrían que tomarse siempre con acuerdo entre ellos. Me gustaría saber si, cuando usted dice "ir más allá", ¿qué supone cuándo no haya acuerdo entre ellos?

Por último, me gustaría preguntarle cómo y cuándo ha informado a los agentes sociales. Si les ha convocado para el lunes, ¿ya va a estar publicado el Real Decreto Ley el lunes?

Sra. Báñez.- Empiezo por el final. He hablado con ellos durante toda esta semana, hemos quedado ya en vernos el lunes y estará publicado el Real Decreto Ley antes del lunes; pero tenemos toda la tramitación parlamentaria para si se puede mejorar el texto que hoy presenta el Gobierno.

En segundo lugar, en cuanto a la flexibilidad de la que usted me habla, los agentes sociales llegaron a un acuerdo de flexibilidad en ese acuerdo de moderación salarial para casos en que hubiese acuerdo para la flexibilidad y para el descuelgue. Lo que hemos hecho nosotros es también recoger el otro acuerdo al que ellos llegaron con una semana de anticipación, que es la solución extrajudicial de conflictos.

Es decir, en el caso en que no haya acuerdo entre los agentes sociales, entre los empresarios y los trabajadores, la empresa iría a una solución extrajudicial de conflictos, que, además, en el caso de que se sometan voluntariamente a un arbitraje obligatorio, irán al arbitraje. En el caso de que todo ese itinerario resulte sin final, porque no se han sometido al arbitraje obligatorio las partes en el convenio colectivo, lo que el Gobierno plantea en esta reforma es que el empresario acuda a la Comisión Nacional de Convenios Colectivos de carácter nacional, o bien al órgano similar tripartito autonómico, para los convenios de carácter autonómico. Ese órgano está formado por las tres partes otra vez: empresarios, trabajadores y la Administración. Entre los tres nombrarán a un árbitro y ese árbitro finalmente decidirá, con lo cual tenemos un final al descuelgue en el caso de que no haya acuerdo entre las partes; pero es un final negociado y con todo el procedimiento que ellos previamente han acordado en los acuerdos interconfederales.

Sobre la otra pregunta que me hacía, desde el Gobierno pensamos que lo que de verdad va a ayudar a que no se despida en este país es la flexibilidad interna en la empresa. Los mecanismos de rigidez que hoy tiene nuestro mercado de trabajo hacen que todo el ajuste se haga vía despidos. Sin embargo, la apuesta por la flexibilidad y la modernización de la negociación colectiva va a hacer que se frene la sangría de desempleo que hoy hay en este país, de destrucción de empleo, y, probablemente, ganemos en eso que haya menos paro en nuestro país en el corto plazo y se sienten las bases de un empleo más estable en cuanto se recupere la economía.

P.- Vicepresidenta, dos preguntas. Con el señor Garzón la Fiscalía estuvo respaldando en todo este proceso al señor Garzón cuando ordenó la grabación de las conversaciones entre los presos y sus letrados. El Tribunal Supremo ha definido estas prácticas como totalitarias y me gustaría saber en qué lugar queda la Fiscalía en este caso.

Por otro lado, le quería preguntar por el ministro de Defensa, el señor Morenés, que ha reconocido que ha facilitado datos erróneos sobre sus relaciones con empresas armamentísticas. Ustedes se definen como el Gobierno de la verdad y me gustaría saber cómo se compagina esto y si cree que es causa de dimisión.

Vicepresidenta.- El ministro de Defensa ha sido él mismo el que ha trasladado su situación y ha sido el propio titular del Departamento el que lo ha puesto en evidencia.

Sobre el primero de los asuntos, como ya he señalado, el Gobierno respeta escrupulosamente las decisiones judiciales; las respeta, no las comenta, porque no es su tarea comentar las resoluciones judiciales. Su tarea es respetarlas y, cuando es parte, acatarlas. Y yo, desde luego, no voy a comentar una resolución judicial.

Muchísimas gracias.