Conferencia de prensa de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, y de los ministros de Hacienda e Industria después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Muy buenos días a todos.

Voy a dar cuenta, primero, de los nombramientos que han sido acordados en este Consejo de Ministros.

En primer lugar, el Consejo de Ministros ha venido en nombrar fiscal general del Estado a don Eduardo Torres-Dulce. Como bien conocen, obtuvo por unanimidad el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial, que reconoció sus méritos sobrados y alabó su solidez jurídica. También compareció ante el Congreso de los Diputados, donde quiero destacar que fue un nombramiento muy bien recibido por todas las fuerzas políticas que destacaron sus méritos y capacidad, y hoy el Consejo de Ministros, una vez obtenido ese informe del Consejo General del Poder Judicial y producido esa comparecencia, procede en nombrarle fiscal general del Estado.

En segundo lugar, ha sido nombrado director del Instituto Cervantes don Víctor García de la Concha, y director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, don Benigno Pendás García.

En tercer lugar, como venimos detallando a lo largo de las ruedas de prensa que hemos tenido después del Consejo de Ministros, este Gobierno está planteando un conjunto de reformas que tienen como objetivo fundamental crear empleo y recuperar el crecimiento económico, en dos líneas fundamentales: en primer lugar, en una línea de consolidación fiscal, que es imprescindible para volver a construir la senda del crecimiento y para volver a generar empleo, básico, además, para devolver la credibilidad y la confianza en nuestro país; pero también está trabajando en un conjunto de reformas estructurales que tienen por objetivo que, en el marco de ese crecimiento económico y en el marco de esa creación de empleo, puedan modernizarse y mejorarse estructuras que están impidiendo recuperar la confianza o que no dan la suficiente flexibilidad a la hora de conseguir que se produzca esa dinamización.

En este sentido, y en las próximas semanas, ya les adelanto que se presentará en el Consejo de Ministros la reforma del sistema financiero y la reforma del mercado laboral.

En este último punto quiero destacar y poner en valor el acuerdo al que han llegado los agentes sociales esta semana en el denominado "pacto de rentas". Como bien saben, es un acuerdo importante por cuanto por primera vez se liga la renta, se liga el crecimiento salarial, al crecimiento económico y a la competitividad relativa en el seno de la Unión Europea. Hay que agradecer a los agentes sociales este acuerdo; hay, como decía, que ponerlo en valor y, sobre todo, hay que poner de manifiesto que ayuda a estas reformas estructurales a la hora de lograr la creación económica y el objetivo fundamental de creación de empleo, que es el objetivo básico que tiene el Gobierno de la nación, a la vista, especialmente, de los datos que hemos conocido de la última Encuesta de Población Activa.

Sobre la primera de las líneas de actuación, sobre la consolidación fiscal, se han aprobado en este Consejo de Ministros algunas normas importantes.

En primer lugar, se ha aprobado el Anteproyecto de Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; Anteproyecto de Ley que, como saben, viene acordado en sus líneas generales por las Comunidades Autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y por los Entes Locales que se reunieron en la Comisión Nacional de Administración Local.

Hay, por tanto, un consenso territorial que queremos también ampliar a un consenso político. Saben que, de base, hay un acuerdo suscrito con el Partido Socialista en el seno de la reforma constitucional que se aprobó a finales de este verano y vamos a trabajar desde ya, desde esta misma tarde, para consumar ese acuerdo o ese principio de acuerdo que hay con el Partido Socialista e incorporar a otros Grupos Parlamentarios a esta reforma.

Con la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que explicará el ministro de Hacienda, el Gobierno pretende conseguir una consolidación fiscal, una reducción del déficit y la deuda pública, necesaria para coadyuvar al crecimiento económico en dos aspectos clave que quiero destacar especialmente.

En primer lugar, para lograr la recuperación del crédito. Mientras la deuda pública siga creciendo, mientras la deuda pública salga a los mercados, detrae recursos imprescindibles para la financiación y para el crédito de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos, y de las familias. Es decir, ésta es una medida que tiene un efecto inmediato, que tiene un efecto clave, a la hora de volver a recuperar el crédito en nuestro país.

Pero, en segundo lugar, la contención del déficit público y la reducción de la deuda pública son imprescindibles para asegurar el Estado del Bienestar, para satisfacer aquellos servicios públicos esenciales, entre los que quiero destacar: la educación, la sanidad y los servicios sociales. ¿Por qué? Porque el pago de los intereses de la deuda está detrayendo muchos recursos de los Presupuestos Generales del Estado y de los presupuestos de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales que, si no existiera ese volumen tan importante de déficit y de deuda, podrían destinarse a subvencionar, a sufragar, los servicios públicos esenciales en nuestro país.

Estamos hablando, por tanto, de una reforma estructural de primer orden, una reforma estructural que nos convierte en un referente europeo en materia de gobernanza y una reforma en la que España, desde el cambio constitucional de este verano hasta la aprobación de esta Ley, se convierte en pionera. España ha tomado la delantera y está impulsando esta estabilidad presupuestaria en el conjunto de la Unión Europea. Hemos hecho una reforma constitucional y ahora estamos ya en un proceso de desarrollo de la Ley Orgánica a la que obliga la Constitución y, además, en un plazo muy reducido. El presidente del Gobierno asumió el compromiso de presentar esta norma en los tres primeros meses del año 2012 y hoy, en el mes de enero, se aprueba este Anteproyecto de Ley Orgánica que se remite al Consejo de Estado.

Estamos, por tanto, adelantando el calendario de las reformas, porque así lo exigen los datos económicos y los datos de empleo que hemos conocido hoy, aunque todos sospechábamos.

En segundo lugar, el Ministerio de Industria ha presentado al Consejo de Ministros para su aprobación, y ha sido aprobado, un Real Decreto Ley en materia energética, que viene también a coadyuvar a este objetivo de reducción del déficit público y que pasará a exponer el señor ministro.

En la línea del plan de austeridad que hemos impuesto a las propias Administraciones Públicas, en concreto a la Administración General del Estado, que es la Administración que depende del Gobierno, hoy se han aprobado dos Reales Decretos de estructura básica ministerial, que son los del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que establecen un fuerte recorte en el grado de las subdirecciones generales y divisiones. En Hacienda se ha procedido a suprimir catorce subdirecciones generales y, en Educación, trece subdirecciones generales.

Con esto se sigue la senda impuesta por el Gobierno, que se cumplió en los Reales Decretos de estructura aprobados la semana pasada para el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para proceder a redimensionar y a adelgazar la Administración General del Estado.

Por último, les informo de dos acuerdos importantes que se han adoptado en el Consejo de Ministros. Se ha aprobado el acuerdo que fija la cuantía del módulo básico estatal del Plan de Vivienda y Rehabilitación. Como bien saben, el módulo básico estatal es esa cantidad en euros por metro cuadrado que es la referencia para la determinación de los precios máximos de venta, de adjudicación y de renta de las viviendas que forman parte de ese Plan.

Se ha mantenido el módulo en la misma cantidad que en los años 2009, 2010 y 2011: 758 euros por metro cuadrado. En Canarias experimentará un crecimiento del 10 por 100 superior, en atención a las particulares circunstancias de las islas, y se aplicará esta cantidad desde el 1 de enero de 2012. Éste fue un asunto que quedó encima de la mesa en el traspaso de poderes, pero se fija su fecha desde el inicio del año.

Por último, les informo de que el Gobierno ha aprobado el acuerdo de apoyo a la candidatura de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Madrid del año 2020, y se han, además, adoptado aquellas garantías que exige el Comité Olímpico Internacional. Con ello, el Gobierno da su apoyo a la candidatura de la capital a estos Juegos y, sobre todo, con ello da impulso a algo que se ha convertido en un elemento básico de la política del Gobierno, que es el apoyo, el impulso, a la marca "España", al apoyo a nuestro país como marca de credibilidad, de confianza y marca de dinamismo. Los Juegos Olímpicos contribuyen a ello y con este acuerdo la candidatura se presenta con el respaldo del Ejecutivo y con la garantía necesaria que exige la presentación de candidaturas, de acuerdo con los manuales del Comité Olímpico Internacional.

Voy a dar la palabra, en primer lugar, al ministro de Industria para que explique el contenido del Real Decreto Ley en materia energética que se ha aprobado en este Consejo de Ministros y que se remitirá inmediatamente a las Cortes Generales.

Sr. Soria.- Paso a darles cuenta del contenido del Real Decreto Ley que, en efecto, en el día de hoy ha sido aprobado bajo la denominación de Suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y de la Supresión de incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía de cogeneración, renovables y en base a recibo.

Hay, en primer lugar, un objetivo inequívoco de todo el Gobierno, que es, como ha dicho la señora Vicepresidenta, disminuir el déficit público y ninguna política del Gobierno es ajena a este objetivo. En tal sentido, la política energética no es una excepción.

España tiene en la actualidad una capacidad potencial de generación eléctrica de 106.295 megavatios. Quiero decir que la demanda punta no sobrepasa, no llega ni siquiera a la mitad de esta capacidad instalada, por cuanto está cifrada en 38.287 megavatios. Por tanto, es evidente que no tenemos un problema, ni de producción, ni de generación, ni de capacidad instalada.

Al propio tiempo, España tiene acumulado un déficit tarifario a final del año 2011 que gira en torno a veinticuatro mil millones de euros. Siendo ello un problema, el más importante es el ritmo de crecimiento de este déficit tarifario a una tasa anual que, a lo largo de los próximos años, si no hacemos nada, estará en el entorno de tres a cuatro mil millones de euros cada año. Por tanto, si no hiciéramos nada, lo que hoy es un problema energético podría convertirse también en un problema financiero.

El Gobierno, por lo tanto, no puede quedar impasible y el Gobierno no va a quedar impasible. Ésa es la razón por la cual se articula este Real Decreto Ley, que quiero decir, en primer lugar, que tiene carácter temporal y tiene carácter temporal mediante el establecimiento de una serie de medidas que vienen a interrumpir la incorporación de nuevas instalaciones que estén primadas para la generación de energía eléctrica a través de cogeneración, de energías renovables, sean eólica, fotovoltaica o termosolar, y también de energías que están basadas en los residuos.

Para que se hagan una idea, las primas para este tipo de energías, incluidas todas ellas en lo que se denomina Régimen Especial; las primas previstas para este año 2012 ascienden a 7.220 millones de euros, de los cuales 71 por 100 estarían destinadas a energías renovables: eólicas, un 27 por 100, y fotovoltaicas y termosolares, un 44 por 100. El resto, hasta el 100 por 100, es decir, aparte de ese 71 por 100, sería un 29 por 100 para las primas destinadas a las fuentes que vienen de la cogeneración y de los residuos, fundamentalmente de la biomasa, biogás y residuos sólidos urbanos.

Quiero resaltar también que en el precio de la electricidad, ese que nos encontramos al final de mes, tiene dos componentes: el coste de la generación propiamente dicho y, luego, otro capítulo que es el que se conoce como los "peajes". Pues bien, dentro del capítulo de los peajes, la mitad, un 50 por 100, viene directamente de lo que suponen las primas y lo que supone la amortización del déficit tarifario que ya se ha acumulado a lo largo de los años. La otra mitad de los peajes, aparte de lo que es el déficit y de lo que son las primas, son el transporte, la distribución y la gestión comercial.

Por todo ello se articula el presente Real Decreto Ley, que quiero decir que es un Real Decreto Ley que tiene como finalidad el que en la actual situación económica y financiera aminore el gasto público, puesto que es una cuestión esencial y obligada. Esta medida obedece a tal exigencia. El déficit tarifario, en los términos en que lo conocemos hoy y su previsible evolución, es una amenaza para el sistema.

Quiero decir también que la decisión que se ha adoptado en el día de hoy mediante este Real Decreto Ley constituye sólo un primer paso, no es una medida aislada; es un primer paso para resolver el problema del déficit de tarifa acumulado pero, al propio tiempo, para frenar el ritmo de crecimiento del mismo. Y no comporta el conjunto de medidas incluidas en el Real Decreto Ley ningún riesgo para la seguridad del suministro. Insisto en el dato que daba con anterioridad: la capacidad instalada es más del doble que la demanda punta que se realiza a lo largo del año.

Y también quiero decir otra cosa muy importante: no constituye, en modo alguno, una apuesta por energías que no sean las renovables. El Gobierno sigue apostando, tiene una apuesta firme, por las energías renovables. Es más, en lo que toca al Ministerio de Industria, cualquier tipo de instalación foltovoltaica, eólica o termosolar, desde luego, no va a tener ningún tipo de impedimento, siempre, lógicamente, que cuente con lo que es la autorización preceptiva de la Comunidad Autónoma; siempre y cuando tenga, lógicamente, la conexión directamente a la red y siempre, lógicamente, que tenga los permisos, autorizaciones y licencias municipales correspondientes.

Por tanto, la apuesta del Gobierno sigue siendo una apuesta por un mix equilibrado y por un mix donde las energías renovables tengan un peso importante.

Quiero decir que actualmente un tercio de la capacidad de generación eléctrica, de esos 106.295 megavatios, vienen precisamente de las energías renovables y también quería decir que, desde el punto de vista de lo que es el cumplimiento de los objetivos que han sido establecidos en el Programa de Implantación de Energías Renovables 2005-2020, ya en 2010 estamos muy por encima de lo que era previsible que tuviésemos en el año 2010 para instalar energías renovables.

En concreto, en lo que toca a energía eólica, en el año 2010 estamos en un 104 por 100 y, por tanto, cuatro puntos porcentuales por encima de lo que era el objetivo del Plan; en lo que se refiere a energía termoeléctrica, en el año 2010 estamos en un 170 por 100 de instalación, o sea, setenta puntos porcentuales por encima del objetivo para el año 2010, y, en lo que toca a la energía fotovoltaica, estamos en un 1.131 por 100 respecto a lo que es el objetivo del año 2010.

Por lo tanto, no tenemos ningún tipo de duda que este tipo de medidas vaya a influir lo más mínimo en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan 2005-2020 de implantación paulatina de energías renovables.

Finalmente, quiero decir que este Real Decreto Ley cumple también, por todo lo dicho, con los compromisos que tenemos contraídos con la Unión Europea. No se ponen en peligro, en modo alguno, tales compromisos, ya que disponemos, tal y como les he relatado, de un amplio margen de maniobra para poder, temporalmente, insisto, parar la incorporación de estas preasignaciones sin prejuicio, lógicamente, de la libertad que tiene cualquier ciudadano o cualquier empresa para seguir instalando instalaciones fotovoltaicas, termosolares y eólicas; eso sí, de momento, sin estar primadas con los Presupuestos Generales del Estado.

Última cuestión, no afecta, en modo alguno, este Real Decreto Ley a ningún derecho adquirido, ya no sólo por parte de quienes tengan plantas en funcionamiento de energías renovables, si no tampoco de aquellas empresas que hayan obtenido una preasignación, sin perjuicio de que hayan o no hayan iniciado ya el funcionamiento de la planta. Por tanto, quiero decir que no es ninguna norma que incorpore ningún tipo de retroactividad; sólo estamos planteándolo desde ahora hasta el futuro.

Sr. Montoro.- Vamos a presentarles el Anteproyecto de Ley relativo a la estabilidad presupuestaria, a la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas, que, como ha dicho ya la Vicepresidenta, pero sólo voy a reiterarlo, estamos ante una de las grandes reformas estructurales que necesita nuestro país, la que concierne al sector público, a las Administraciones Públicas. De esta reforma se derivarán también amplias reformas en la oferta de los servicios públicos y estamos, a través de esta Ley, reforzando la arquitectura institucional de España y mostrando que en España hay unas relaciones claras, una transparencia entre Administraciones y hay unos controles también establecidos entre Administraciones, como resultado de la evolución de nuestro Estado de las Autonomías.

Quería insistirles también en la idea de que estamos ante la reforma que facilita la financiación de la economía de nuestro país para volver cuanto antes al crecimiento y a la creación de empleo, y asegura los servicios públicos básicos de los españoles. Ése es el doble motivo, además de reforzar, de reafirmar, nuestros compromisos con la Unión Europea y de recuperar una imagen de solidez ante los inversores mundiales.

Voy a detallarles el contenido utilizando un "Power Point" para que podamos seguir mejor los grandes conceptos de esta Ley y también algunas de las referencias que mayor interés periodístico han despertado durante estos últimos días, puesto que ya hemos tenido ocasión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y esta misma semana en la Comisión Nacional de Administración Local, tras las reuniones de ambas instituciones, de ir avanzando y de ir introduciéndonos en los contenidos de este Anteproyecto de Ley.

Los objetivos de la Ley son claramente garantizar la sostenibilidad presupuestario de todas las Administraciones públicas. Es decir, no es sólo el déficit público; estamos hablando del equilibrio presupuestario a medio y largo plazo, de fortalecer la confianza en la estabilidad de la economía española y de reforzar los compromisos de España con la Unión Europea, entendiendo que éstas son condiciones, premisas, para volver al crecimiento creador de empleo cuanto antes y superar la crisis económica de nuestro país.

Los planteamientos generales de la Ley son que estamos ante un texto único, que abarca a todas las Administraciones públicas, lo que no impide, en modo alguno que las Comunidades Autónomas desarrollen su propia Ley de Estabilidad en el ámbito autonómico. Estamos ante el compromiso derivado de la reforma del artículo 135 de la Constitución, que es lo que nos llevaba a ello --por tanto, estamos cumpliendo ese compromiso-- e incorporamos todas las exigencias derivadas de la normativa europea, permitiendo una adaptación continua y reformista.

A medida que avancemos en la gobernanza económica europea, a medida que avancemos en el nuevo Tratado europeo; en definitiva, a medida que avancemos en los compromisos, trasladaremos a nuestra legislación automáticamente el resultado de esos compromisos. Es decir, todo este Anteproyecto de Ley está totalmente inspirado, de manera que trasladamos la gobernanza europea con un cuidado extremo en no interferir en la autonomía, en la capacidad de autogobierno, de las Comunidades Autónomas ni de las Corporaciones Locales. Estamos en Europa, trasladamos normativa europea, en toda su más amplia concepción, y respetamos al máximo el Estado de las Autonomías de España, algo que es absolutamente fundamental y que es consustancial a nuestro planteamiento político.

Los principios generales que contempla la regulación actual son: estabilidad, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos, a los que se añaden la sostenibilidad financiera, a la que le vamos a dar importancia --estamos hablando del medio e, incluso- del largo plazo--; la responsabilidad y la lealtad institucional, de la que queremos hacer una autentica bandera en la relación entre Administraciones públicas en nuestro país. De esta forma, la sostenibilidad presupuestaria, como he insistido desde el comienzo, se configura como el principio rector de la actuación de las Administraciones públicas españolas.

Los principales aspectos son que se introduce la deuda pública como criterio de sostenibilidad presupuestaria, la deuda pública por debajo del 60 por 100 del Producto Interior Bruto, la gran referencia de Maastricht, de la Unión Europea; todas las Administraciones públicas deberán presentar equilibrio o superávit, computado en términos SEC, y ninguna podrá incurrir en déficit estructural. En caso de reformas estructurales, con efectos presupuestarios a largo plazo, se podrá alcanzar un déficit estructural del 0,4 por 100 del Producto Interior Bruto y trasladamos las excepciones que ya contempla nuestra Constitución en términos de que se podrá presentar déficit estructural en situaciones excepcionales: catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria.

Para la fijación de los objetivos de estabilidad y deuda pública se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Unión Europea y todas las Administraciones públicas deberán aprobar un techo de gasto con el objetivo de estabilidad y regla de gasto. Esto es una novedad porque el techo de gasto, que ya estaba funcionando para la Administración Central del Estado, se extiende a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales, a lo que llamamos grandes ciudades, a partir de veinte mil habitantes.

Otra norma es que el gasto de las Administraciones públicas no podrá aumentar por encima de la tasa de crecimiento del PIB, de acuerdo con la normativa europea. Ésta es una norma de austeridad: siempre habrá que programar gasto por debajo del PIB. Y la prioridad, que también ya está en nuestra Constitución, de pagar primero los intereses de la deuda para dar seguridad máxima a los inversores internacionales.

El incumplimiento de los objetivos exigirá la presentación de un plan económico financiero a un año; en caso del incumplimiento de ese plan, aprobación automática de una no disponibilidad de crédito que garantice el cumplimiento del objetivo establecido. El déficit por circunstancias excepcionales requerirá un plan de reequilibrio para hacer frente a las consecuencias derivadas de estas situaciones.

Lo que hace la Ley es reforzar los mecanismos preventivos y correctivos. El cumplimiento de los objetivos se tendrá en cuenta para autorizar emisión de deuda, conceder subvenciones y suscribir convenios con cualquiera de esas Administraciones. Y lo que hacemos, como explicaba desde el comienzo, es, que en materia de correctivos trasladamos a la legislación española los correctivos previstos hoy, aprobados ya en términos de normas de la Unión Europea:

- En primer lugar, las sanciones de la Unión Europea, caso de que las hubiere, serán asumidas por la Administración responsable.

- En segundo, en caso de incumplimiento de un plan económico financiero, se constituirá un depósito retribuido del 0,2 por 100 de su PIB nominal. A los seis meses ese depósito podrá convertirse en multa si persiste el incumplimiento y, a los nueve meses, se enviará a las delegaciones, en este caso del Gobierno de España, obviamente, o del Ministerio competente --actualmente es Hacienda y Administraciones Públicas--, a la Administración incumplidora para valorar la situación económica-presupuestaria.

El refuerzo del principio de transparencia exige que haya una equivalencia de información en los Presupuestos y en la traslación de esos Presupuestos a la Contabilidad Nacional. Antes de su aprobación, todas las Administraciones informarán de sus líneas fundamentales de sus presupuestos. Él también es una novedad que se deriva del reglamento aprobado ya en la Unión Europea. No es que tengan que enviar sus presupuestos; no se ha aprobado eso en la Unión Europea; sí se ha aprobado que tengan que enviar para conocimiento las grandes líneas sobre las que se están presentando los presupuestos, en caso de que los presupuestos no se hubieran presentado. Si ya están presentados, obviamente, el conocimiento no tiene ningún sentido; no hay ningún carácter previo.

En lo que se refiere a mecanismos adicionales de liquidez, ya son muy conocidos y esto ya hemos tenido ocasión de explicar. El sentido de los mismos será evitar que en España, en el Estado de las Autonomías, se pudiera producir la quiebra de ninguna de las grandes Administraciones y, en definitiva, la disposición del Estado para hacerlo.

En cuanto al período transitorio, que sí tiene mucha importancia, no hay que confundir lo que son los objetivos que marca la Ley con lo que será el trayecto hasta que la Ley sea posible, sea alcanzable, a partir de la situación actual, que es de déficit público y de deuda pública, como es también muy conocido. Hay un periodo transitorio hasta 2020 para cumplir los límites de la deuda pública. Ésta es la norma que se establece, que también es una novedad: la deuda pública se reducirá siempre que la economía nacional crezca, que tenga una tasa de crecimiento positiva. Y, cuando la economía nacional, con una tasa de crecimiento que alcance el 2 por 100 o --y digo "o" porque puede ser antes del 2 por 100-- se genere empleo, entonces la obligación que nace de la Ley es reducir dos puntos el peso de la deuda sobre el Producto Interior Bruto.

El déficit estructural del conjunto de las Administraciones Públicas se deberá reducir un 0,8 por 100 del PIB nacional en promedio anual; o sea, también hay un calendario. Y en 2012 el Congreso de los Diputados valorará cómo estamos; y en 2015 y 2018 se revisarán la senda de déficit y de deuda, que éste fue el compromiso político, al que se refería la Vicepresidenta, de establecer unos calendarios intermedios que hicimos con el Partido Socialista, con el Grupo Socialista, y que también incorporaríamos en términos de hecho.

Vicepresidenta.- Antes de dar el turno de preguntas, permítanme que señale una cuestión. El Gobierno quiere rendir un sincero homenaje a los tres policías nacionales que han desaparecido esta noche en acto de servicio, así como nuestro más sentido pésame a la familia de uno de ellos, de Javier López López, que ha sido rescatado sin vida.

Quiero, además, trasladar la solidaridad del Gobierno a sus familias, pero también a toda la familia de la Policía Nacional, y reconocer la labor que realizan y las tristes circunstancias que, en cumplimiento de su deber y haciendo su trabajo, han desaparecido esta madrugada. Quiero señalarles que, desde luego, el Gobierno no va a escatimar esfuerzos en esas labores de salvamento y de recate.

El presidente del Gobierno fue informado de madrugada del trágico suceso. Se desplazaron inmediatamente a la zona, a primera hora, tanto el secretario de Estado de Seguridad, como el director de la Policía Nacional, y en este momento están yendo para allá la ministra de Fomento y el ministro del Interior.

Desde luego, por lo que afecta a nuestra Administración, a la Administración del Estado, no se van a escatimar medios para el rescate, esperemos que con vida, de los desaparecidos y queremos, desde aquí, reconocer la labor que llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en accidentes de esta naturaleza y que, por desgracia, se cobran vidas, como ha ocurrido esta madrugada.

El ministro de Industria tiene un viaje y tiene que salir inmediatamente. Si hay alguna pregunta sobre este asunto, le vamos a dar una cierta prioridad.

P.- Dos preguntas muy cortas. Me gustaría preguntarle para cuánto tiempo se va a recortar a las primas. ¿Qué ahorro supone? ¿Qué otras medidas tienen para reducir los veinticuatro mil millones de déficit? ¿Bruselas podría llegar a considerar a estos veinticuatro mil millones como déficit de Estado, porque ha dicho usted en varias entrevistas que esto puede ser un problema para España en el futuro?

Sr. Soria.- En cuanto al tiempo, no hay una predefinición de ese tiempo. Es una medida temporal que está enmarcada dentro de lo que es la necesidad de contribuir desde todos los ámbitos a la reducción del déficit público y, por tanto, a no utilizar fondos públicos.

En segundo lugar, respecto a si estos veinticuatro mil millones de euros tiene previsto el Gobierno atribuirlos en exclusiva a déficit público, le digo que no. No. Estamos hablando, estamos en conversaciones, porque ésta es una cuantía que ni se puede repercutir en su totalidad a los consumidores, tampoco a la Administración del Estado y tampoco a las empresas eléctricas, y la solución tendrá que venir de un consenso y de un acuerdo en el que estamos trabajando.

Desde el punto de vista del ahorro, esto es difícil saberlo, porque lo que se hace es poner un límite a la posibilidad de que haya nuevas preasignaciones y las nuevas preasignaciones dependen de las peticiones de inscripción en el registro de preasignación. Por tanto, sí le puedo decir que, por ejemplo, ahora mismo hay solicitados, aproximadamente, unos 500 megavatios que no tienen todavía resolución de preasignación, que a partir del día de hoy tampoco la van a tener y, por tanto, solamente respecto a esos 500 megavatios podría suponer, en un año como 2012, un ahorro de, aproximadamente, unos 160 millones de euros.

P.- En primer lugar, a la luz de los datos de la desviación del déficit y las cifras de paro, ¿el Gobierno se arrepiente de haber calificado el traspaso de poderes como modélico y ejemplar, a la luz de todas las informaciones que han surgido cuando hicieron esas valoraciones?

Por otra parte, en otro orden de cosas, le quería pedir una valoración sobre la implicación del Gobierno vasco y el Partido Socialista en esa autodenominada verificación de los también autodenominados verificadores de ese presunto conflicto que algunos dicen que existe en España entre ETA, el Estado, etcétera.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de sus preguntas en relación con el traspaso de poderes, le voy a decir una frase muy clara: el traspaso fue cordial pero, a la vista de los datos, fue incompleto; cordial, pero no completo.

Indudablemente, faltó mucha información y faltó la información del déficit público. Nosotros ya durante el traspaso advertimos de que esa información no estaba completa y se la trasladamos al Gobierno, así como otras muchas informaciones que constaban en los informes que el Partido Popular entonces, porque no habíamos todavía constituido Gobierno, había requerido y no fueron documentadas.

El clima en el que se desarrolló, y así lo destacamos, fue correcto y yo misma destaqué que por nuestra parte había sido muy exhaustiva la petición de informes. Ya la valoración de la remisión le corresponde hacerla a quien no la efectuó, que es el anterior Gobierno socialista y, por tanto, a los miembros de ese partido.

El Gobierno, en el asunto de la verificación, tiene una cosa muy clara: para nosotros el objetivo final es que ETA deje las armas, es que ETA se disuelva como organización terrorista y que ETA desaparezca del panorama para siempre. Entretanto, lo único que nos importa es la actividad que llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ésa es la labor clave para nosotros: la verificación que día a día, con su trabajo, vienen haciendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de detener terroristas e impedir que sigan en sus actividades terroristas y criminales. Eso es lo único que le importa al Gobierno y en lo único en lo que está el Gobierno.

P.- Yo quería preguntarle al ministro. Esta medida, realmente, lo que va a permitir es que no se genere más déficit tarifario, pero no aborda el problema de los veinticuatro mil millones que ya están generados, ni recorta esos veinticuatro mil, ni se da una solución a los siete mil millones de euros que se generan al año de nuevo déficit de tarifa. Yo quería saber si se está planteando el Gobierno imponer una tasa a la nuclear y a la hidroeléctrica, que parece que es una de las opciones que podría abrir y si se está planteando también la reforma del "pool", que es también una de las opciones que parece que se han abierto.

Luego, ¿se ha estudiado una posible quita con las eléctricas del déficit de tarifa y un calendario? ¿Cuándo se prevé que este problema pueda tener unos visos de solución?

Sr. Soria.- Respecto a si ésta es la solución definitiva en cuanto al ritmo de acumulación anual de déficit, tengo que decir que no. Esto es una medida y es una medida que forma parte de un paquete más amplio, en el que ya estamos trabajando en el Departamento junto con las empresas del sector. Tampoco es una medida que vaya a atacar a lo que ya está acumulado; eso tendrá que ser también, como antes le decía, fruto de un acuerdo y dentro de ese acuerdo, lógicamente, estamos pensando en muchas medidas. Desde luego, no tenemos planteado, de momento, ninguna tasa, lo cual no quiere decir que a futuro pueda descartarse. En estos momentos, desde luego, no lo tenemos planteado.

Lo mismo tengo que decir respecto al "pool". El "pool" es un sistema que viene funcionando desde hace ya algunos años. Hay aspectos que nosotros consideramos que son mejorables pero, desde luego, no tenemos ahora mismo todavía una solución definitiva.

Y también tengo que decirle que no tenemos planteado, al menos en este momento, ningún tipo de quita en relación a esa deuda.

P.- Quisiera que me hiciera una valoración de los datos del paro conocidos esta mañana. Eso, en primer lugar.

También en relación con el tema del paro, me gustaría saber a qué puede ser debido que el Gobierno anticipó una cifra que, aún siendo la conocida esta mañana abrumadora y elevadísima, dista mucho de la cifra que se ha hecho pública. Entonces, me gustaría saber a qué se debe la anticipación de ese dato que luego no se ha correspondido con la realidad.

Respecto al tema de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, quisiera que me explicase la secuencia --a lo mejor ya la ha explicado-- de sanciones que puedan tener las Administraciones públicas. Usted aseguró la posibilidad de una intervención a una Comunidad cuando llegue a una situación límite y tenga dificultades de pago. ¿Esta intervención guarda relación con la visita que una delegación de Hacienda tiene que hacer a una Comunidad en el momento en que, de forma reiterada, ya por tercera vez, sobrepase el déficit? ¿Es lo mismo? Quisiera que me explicase esa matización.

Vicepresidenta.- Sobre su pregunta en relación con los datos de la Encuesta de Población Activa, indudablemente, es un dato negativo y es un dato que lleva al Gobierno a trabajar con mayor intensidad. Es un dato que el Gobierno se temía, porque las encuestas europeas ya estaban marcando esa tendencia, y el conocimiento de este dato y de algún otro a lo que ha llevado al Gobierno de la nación es a acelerar el ritmo de las reformas.

Hoy hemos presentado la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera, e inmediatamente después plantearemos la reforma del sistema financiero y la reforma laboral, a la que ayudará también este acuerdo de rentas al que yo he hecho referencias al inicio de mi intervención.

Sr. Montoro.- En relación con "la visita", la visita no es amable, para entendernos; la visita es una forma --ya la hemos llamado antes-- de intervención. No tiene nada que ver con la suspensión de competencias autonómicas que prevé nuestra Constitución. Ésta es una nueva norma y es en paralelo a lo que se hace en la Unión Europea. Es lo mismo que se hace con los países intervenidos que se les visita cuando va la llamada "troika" y la visita consiste en poner los deberes, en trabajar en paralelo y, en definitiva, en hacer los ajustes correspondientes.

P.- Preguntaba por la diferencia entre el dato del paro y, digamos, los datos que había anticipado el Gobierno. ¿A qué es debida esa diferencia solamente?

Sr. Montoro.- Es que no hubo intención de anticipar la EPA. Yo respeto a todo el mundo, pero lo dije a la salida de la comparecencia. Quien haya interpretado que estoy adelantando un dato, es imposible que lo adelantara porque lo desconozco. Lo que no desconozco son los datos que va publicando --lo ha dicho la Vicepresidenta-de Eurostat y esos datos de Eurostat, que se hacen en parte con las EPAs mensuales, están advirtiendo que España está cerrando en esos niveles, que es lo que yo estaba ayer haciendo: un balance.

Pero, insisto, respeto todo. Cuando estoy diciendo que no anticipo, es que es imposible que anticipe algo que desconozco. Está claro y agradezco la pregunta para aclararlo; pero es que, insisto, cuando estaba saliendo de la mesa lo aclaré delante de todas las cámaras y todas las grabaciones.

P.- Yo quería saber cuándo cree, si se debe hacer, por las instituciones europeas una revisión de los objetivos de déficit, a la vista de la dificultad evidente de cumplir el 4,4 por 100, para evitar precisamente la visita de la "troika" algún día. ¿Se debe de hacer, tal vez, en la próxima Cumbre de Bruselas?

Y de la Vicepresidenta, si me lo permite, querría saber si, al final, va a pronunciar usted el famoso pregón de la Semana Santa de Valladolid, a la vista de las reticencias que parece, o presuntamente, habrían surgido por parte del obispo.

Vicepresidenta.- Le contesto, en seguida, rápidamente a la segunda: ya lo estoy preparando, ya lo estoy redactando.

Sr. Montoro.- Lo que estamos presentando hoy y hemos aprobado en el Consejo de Ministros es una reforma estructural y esa reforma estructural es para que España vuelva cuanto antes al crecimiento económico y creador de empleo. Lo que estamos aprobando hoy es el compromiso de estabilidad presupuestaria y es el compromiso pionero, como lo ha llamado la Vicepresidenta. Somos el único país miembro del euro que tiene una ley de esta naturaleza, así plasmada; que tiene una reforma de la Constitución, que hicimos ya en el verano pasado.

Y ahora, una ley. Por tanto, ésa es la manera de superar esta crisis, que es sobre todo de paro, y volver al crecimiento económico y a la financiación que necesita nuestra economía. No únicamente con esta reforma, pero sí esta reforma es el primer compromiso del Gobierno y, después, como ella también ha anunciado, en las siguientes semanas se irán concretando las siguientes reformas, que son compromisos del Gobierno, en definitiva, para mostrar que España tiene un gran potencial de crecer y de crear empleo.

P.- ¿Se deben replantear los objetivos de déficit?

Sr. Montoro.- Yo creo que más claros y más contundentes que en una ley que, como ven, prohíbe el déficit, entonces eso es lo que estamos aportando a la estabilidad del euro desde nuestra propia disciplina como país.

P.- Me gustaría saber, sobre la Ley de Estabilidad, cuando dicen, dentro de los correctivos, que "las sanciones de la Unión Europea tendrán que ser asumidas por la Administración responsable", poniendo un ejemplo actual, si fuéramos sancionados por la Unión Europea, ¿cada Comunidad Autónoma debería pagar la sanción que impusiera Europa por el déficit en que se ha desviado?

Ha dicho también usted que las líneas generales de la Ley están apoyadas por las Comunidades Autónomas en el Consejo de Política Fiscal. Me gustaría saber si conocían estos correctivos --que me parece que es como los ha llamado usted-- y están de acuerdo con ellos, incluido el de la delegación que visita a las Comunidades Autónomas.

A la Vicepresidenta. También con esta Ley, dice que esta misma tarde empezará a intentar tener un consenso político, aparte del territorial, me gustaría saber si es que van a empezar ya esta misma tarde las reuniones y con qué partidos.

Sr. Montoro.- En lo que se refiere a la traslación de sanciones, esta Ley se hace para que España no tenga sanciones. Vaya por delante y vaya explícito. Pero hay que hacer el supuesto de que ocurra así y entonces la intención de este Proyecto de Ley es, efectivamente, que el responsable se haga cargo y, en definitiva, también con las consecuencias políticas que ello tiene, no ya económicas.

En relación con el otro asunto que planteaba, todo el procedimiento de correctivos es el que viene de la Unión Europea y eso es lo que hemos estado abordando en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, hemos estado abordando en el seno de la Comisión Nacional de Administración Local y es lo que todos conocen. Pero quiero decirles que se trata de aceptarlo con la naturalidad propia de un sistema donde ya estamos integrados, que es el de la Unión Europea.

El responsable ante Europa y ante Bruselas, para entendernos --como se llama, así más vulgarmente, más normalmente: Bruselas--, es el Estado español, que es el que tiene que tener, por tanto, también los mecanismos y los procedimientos, para asumir esa responsabilidad, y trasladar esa responsabilidad a los estamentos de la Administración española donde se produzca el problema.

Vicepresidenta.- Sobre la segunda de sus preguntas, tanto al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas como a mí misma, en la comparecencia que tuvimos en esta semana en el Congreso los Grupos nos pidieron que cuanto antes hiciéramos remisión del texto. Nuestro compromiso fue que lo remitiríamos inmediatamente y al mismo tiempo en que se remitiera al Consejo de Estado. Con lo que esta tarde, a través de Relaciones con las Cortes, se hará llegar a los portavoces de todos los Grupos Parlamentarios el texto de la reforma, a fin de que la puedan ir analizando de cara a que las próximas semanas y, de forma paralela a la que el Consejo de Estado elabora su informe, podamos ir negociando y podamos ir abordando aspectos como los que usted señalaba o cualquier otro punto que tengan por conveniente.

P.- Con respecto al anuncio del Gobierno de que las Comunidades tienen que tener déficit cero, y me refiero en concreto a una Comunidad, a la de Andalucía, ayer el Gobierno andaluz contradijo al propio Presidente hablando de un déficit de en torno al 3 por 100. A mí me gustaría saber si el Gobierno central ha elevado algún tipo de queja o se ha puesto en contacto con la Junta de Andalucía, y en concreto al ministro Montoro, que estuvo en contacto con las Comunidades, si ha habido algún tipo de comunicación.

En otro orden de cosas, el ministro de Asuntos Exteriores ha enviado una carta al Reino Unido para plantearle el asunto de Gibraltar. Me gustaría saber cuáles van a ser los pasos que va a llevar el Gobierno en esta materia. Hemos conocido que, previsiblemente, el propio presidente Rajoy podría reunirse con David Cameron en Bruselas. No sé si este tema podría llegar a estar encima de la mesa, si lo podría estar o no. En cualquier caso, ¿cuáles son los pasos del Gobierno?

Sr. Montoro.- En la próxima semana, como es público, tendré un encuentro con la consejera de Hacienda de la Comunidad Autónoma y con el consejero de Economía de Andalucía; los dos, de Andalucía. A ese respecto, intercambiaremos dónde estamos. El encuentro ya estaba programado desde hace días y es a solicitud de la Consejera. Me llamó y, por supuesto, atendí esa llamada y la solicitud de tener ese encuentro.

Dicho esto, la valoración que merece la situación que se ha producido, con un presidente autonómico haciendo un anuncio en el Parlamento, que es corregido al día siguiente, es de poco seria; sencillamente, es poco serio por un miembro de su Gobierno. Por tanto, quien está perjudicando esa imagen de Andalucía es quien está corrigiendo dentro del propio Gobierno y en una declaración en su Parlamento autonómico en términos cuantitativos.

La cifra, como también advirtió la Consejera, nos la tendrá que enviar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y tendremos que hacer la valoración. Nos la tendrán que enviar en las próximas semanas y, a partir de ella, tendremos que conocer cuál es el estado de la región, de la Comunidad Autónoma, en términos cuantitativos. Pero es poco serio producir ese tipo de polémicas en unas circunstancias como las que estamos atravesando.

Vicepresidenta.- La semana pasada en esta misma mesa trasladé la preocupación que tenía el Gobierno por el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la vista de las informaciones que habían aparecido, y, lógicamente, con este desencuentro entre el presidente de la Junta de Andalucía y la consejera del ramo se pone de manifiesto que había motivos de preocupación.

Si el presidente de la Junta de Andalucía, en sede parlamentaria, declara una cifra de déficit del 1,4 por 100 e inmediatamente es corregido por su Consejera en una cifra que la duplica, como decía el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, hay motivos para estar preocupados y, sobre todo, lo que queremos reclamar es una mayor seriedad en el tratamiento de estos asuntos, porque eso sí es lo que genera alarma y preocupación en Andalucía.

Sobre la carta que se ha remitido por parte del ministro de Asuntos Exteriores, ahí pone de manifiesto la preocupación de España por el desarrollo del contencioso de Gibraltar. Ya hemos señalado nuestra posición respecto al Foro Tripartito y, en todo caso, nuestra preocupación por los habitantes de la verja de uno y otro lado, con lo que cualquier asunto que tenga relación a las condiciones de vida de uno u otro elemento tendrá que hacerse siempre con el acuerdo de las distintas corporaciones y entidades locales allí afectadas.

Se ha remitido esa carta, esperaremos la oportuna respuesta por parte de las autoridades británicas; pero, desde luego, el Ministerio de Asuntos Exteriores, en nombre del Gobierno, ha dejado bien claro al Gobierno británico cuál es nuestra posición en este punto y cómo consideramos que debe ser la participación y quién debe de participar en las conversaciones que puedan tenerse en un asunto como el de Gibraltar, y especialmente nuestra opinión respecto a esos foros tripartitos que, por nosotros, no tienen lugar. Cuando se hable de las condiciones de vida de la zona, se tiene que hacer de las condiciones de la vida de los habitantes de ambos lados de la verja, también de los del Campo de Gibraltar.

P.- Mi pregunta puede contestarla cualquiera de los dos. No quiero una fecha concreta, pero sí algún mensaje a esos millones de ciudadanos que están engrosando esa terrible cifra del paro hoy. ¿De alguna manera se les puede enviar un mensaje de cuándo se va a empezar a revertir, por lo menos, esta tendencia al crecimiento del desempleo? ¿Un mensaje, de alguna manera, de esperanza para todos estos millones de ciudadanos?

Vicepresidenta.- A todos esos millones de ciudadanos que esperan un empleo yo quiero trasladarles, en nombre del Gobierno de la nación, que la presentación de las necesarias reformas estructurales que reviertan esa situación ha sido acelerada por el Gobierno.

En el mes que lleva de vida este Gobierno ya ha presentado la primera de las reformas estructurales, que es clave para la generación de empleo, que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Inmediatamente después este Gobierno va a presentar la reforma del sistema financiero, que es muy importante para Pymes y autónomos, que generan el 90 por 100 del empleo de este país, porque volver a que fluya el crédito es esencial para el mantenimiento de esa pequeña y mediana empresa, que da empleo, como digo, a la inmensa mayoría de los trabajadores. Y, en segundo lugar, la reforma laboral, que busque mecanismos de flexibilidad que permitan que se mantenga el empleo en las empresas y que no se recurra a la situación extrema, que es la del despido.

Conocer la cifra que hemos conocido de la Encuesta de Población Activa de hoy, y que veníamos previendo como consecuencia de las distintas estadísticas europeas, ha llevado al Gobierno, como digo, a inmediatamente acelerar estas reformas. El Ministerio de Trabajo está ya ultimando esa reforma laboral y en ella, vuelvo a reiterar, tiene una importancia especial el acuerdo de rentas al que han llegado los agentes sociales, porque es una medida que va a servir para dinamizar el crecimiento económico e, indudablemente, unido a ello, el crecimiento del empleo.

Y ahora se trata, inmediatamente, de seguir haciendo todas las reformas estructurales que necesita nuestro país, algunas de las cuales son de índole económico, como hemos visto con la reforma energética de hoy, y otras de índole institucional, como se ha presentado estos días en la Cámara.

P.- Para el ministro de Hacienda tenía una pregunta. En relación con la visita de los técnicos de Hacienda a las Comunidades, ha dicho que no va a ser amable, que consistirá en poner los deberes. Mi pregunta es si desde el Ministerio de Hacienda se podrá imponer a las Comunidades Autónomas recortes de partidas concretas o ajustes fiscales, o cualquier otro tipo de…, digamos, un plan de saneamiento específico para cada una de ellas.

Sr. Montoro.- Así es. Efectivamente, éste es todo el ánimo, el espíritu de la Ley y, en definitiva, el contenido de las actuaciones. Es eso exactamente. La palabra "imposición" es exagerada, porque al final estamos en lo mismo; pero es devolver la estabilidad a una Comunidad Autónoma o a una Corporación Local. Realmente, el mecanismo sería perfectamente aplicable.

Pero quiere decir que, en definitiva, estamos hablando de una situación extrema, como ha ocurrido en el seno de la zona euro. Son situaciones extremas que requieren también políticas extremas, como es, en definitiva, el que se haga una labor conjunta por parte de la Administración afectada, sea una Comunidad Autónoma o una Corporación Local, y la Administración del Gobierno de España. Pero es que con los términos ya no sabes… Por eso decía antes una visita, una visita amable o una intervención. Es el sacar esto adelante, porque es que, si no, nos estaríamos realmente perjudicando todos. Y no hay que verlo en sentido agresivo. Esto es llevar adelante elementos que nos convienen a todos en términos de estabilidad.

Vicepresidenta.- Por poner un ejemplo de medidas, no se podrá autorizar operaciones de crédito o no se darán los mecanismos de financiación previstos en la Ley en tanto en cuanto no se ejecuten aquellas propuestas de ajuste que se hayan planteado desde el Gobierno de la nación. Es decir, en términos no agresivos se solicitará información, se les hará propuestas que tienen que cumplir y, entretanto, esas operaciones de crédito no serán autorizadas y los mecanismos de financiación adicionales quedarán supeditados al cumplimiento de las mismas.

P.- Varias cuestiones para la Vicepresidenta. Deduzco de una respuesta que ha hecho antes sobre ETA que, cuando esta tarde el lehendakari Patxi López le pida al presidente del Gobierno acercamiento de presos al País Vasco y excarcelación de presos sin delitos de sangre, la respuesta va a ser "no". Corríjame si me equivoco.

En segundo lugar, sobre la propuesta que ha hecho de reforma del Poder Judicial el Gobierno esta semana en sede parlamentaria, me gustaría saber si la elección por parte de los jueces y magistrados va a ser por vía de las asociaciones, es decir, los candidatos que propongan las asociaciones, o mediante referéndum de todos los jueces y magistrados; de toda la planta judicial, digámoslo así.

En tercer lugar, ayer se conoció la declaración que ha hecho el ex director de Trabajo de la Junta de Andalucía ante la Guardia Civil, implicando a José Antonio Viera, que es alto cargo del PSOE. Mi pregunta es si cree que el presidente Griñán debería depurar las responsabilidades políticas antes de las elecciones del 25 de marzo.

Vicepresidenta.- Sobre la primera de las preguntas dice usted bien. El presidente del Gobierno le trasladará al lehendakari Patxi López lo mismo que le ha trasladado a los ciudadanos en este país: que el Estado de Derecho sigue vigente y que todas las leyes, incluida la legislación penitenciaria, deben aplicarse en este supuesto. Aquí no va a haber ningún tipo de excepciones.

Sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno ha cumplido lo que el Partido Popular llevaba en su programa, que es que los doce representantes por parte de los jueces y fiscales sean elegidos por y entre los jueces y fiscales. Ahora, y en plena coordinación y en pleno diálogo con los colectivos de jueces y magistrados, se fijará una fórmula abierta que permita la mejor y la mayor participación de todos los jueces y magistrados a la hora de elegir a sus representantes en el seno del Consejo General del Poder Judicial.

Sobre la última de sus preguntas, en la primera de mis intervenciones señalé que en esta mesa el Gobierno no iba a hacer valoraciones de los procedimientos judiciales. Para nosotros lo importante es que cualquier tipo de responsabilidad en el ámbito penal sea depurada y, desde luego, caiga todo el peso de la Ley respecto a quien ha podido cometer conductas de esta naturaleza. Le corresponde al presidente Griñan, en su doble condición, tomar la decisión que considere al respecto y a la vista de la gravedad de los delitos, y, desde luego, él tendrá que dar cuenta, no este Gobierno, de, si no lo hace, cuáles son los motivos que le llevan a esa situación.

P.- Vicepresidenta, yo querría una aclaración con respecto al tema de Gibraltar. ¿El Gobierno descarta dialogar con Gibraltar sobre asuntos locales, que afectan a las poblaciones a ambos lados de la verja, mientras que Londres no acceda a hablar de la soberanía? Lo pregunto porque Londres ya ha dicho que no va a hablar de soberanía, porque Gibraltar no quiere.

Vicepresidenta.- En el caso de que se hable de condiciones de los habitantes de uno y otro lado de la verja, lo normal es que participen quienes tienen interés en esas conversaciones, es decir, los habitantes de uno y otro lado de la verja, cosa que no estaba produciéndose en ese diálogo tripartito. Si estamos hablando de condiciones de vida local, tendrán que estar, digamos, implicados en esas conversaciones los representantes de ambos lados y no sólo de una de las partes.

Y respecto a otro tipo de conversaciones, la posición del Gobierno es la que siempre se ha venido manteniendo por parte de la formación política que sustenta al Gobierno y es que no caben en ese tema negociaciones de carácter tripartito, que se habla de Estado a Estado.

P.- Vicepresidenta, yo quería volver al tema del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, que usted trató en su comparecencia en la Comisión Constitucional, y saber si hay un plazo concreto. Quizás lo del Consejo no urge, pero el Tribunal Constitucional sabemos cómo está, como ha dicho su Presidente, reclamando renovación con más o menos urgencia.

Quería preguntarle también si las negociaciones, eventualmente, con el primer partido de la oposición están un poco a la espera de cuál sea el liderazgo que surja de su congreso o si alguna de las reformas no precisan su concurso y, por tanto, eso daría igual.

En cuanto al nombramiento hoy del señor Torres-Dulce como Fiscal General, él, en su reciente también comparecencia parlamentaria, dijo que habría una mayor visibilidad de la autonomía del Ministerio Fiscal. Quería preguntarle si el Gobierno tiene algún proyecto para aumentarla en ese sentido y para aumentar la de la Fiscalía Anticorrupción, cuyas actividades muchas veces son polémicas.

Al señor Montoro, no le voy a preguntar si usted se hará acompañar por fiscales cuando haya una visita a alguna Comunidad Autónoma, pero como sí anunció nuevos tipos penales o corrección de los existentes respecto del despilfarro, quería preguntarle si hay proyectos de su Departamento o si los elaborará Justicia, o cómo se hará un poco la puesta en escena.

Sr. Montoro.- En una entrevista radiofónica yo me referí a que el Gobierno estaba preparando una ley; una ley, por cierto, comprometida en nuestro programa electoral y comprometida en nuestras iniciativas parlamentarias cuando éramos oposición. La vicepresidenta y yo, como saben, hemos compartido años de trabajo en otras tareas y años también de reformas constitucionales importantes.

Me refería a que el Gobierno está trabajando en una Ley de Transparencia, donde se precisarían otro tipo de responsabilidades. Éste no es el objeto de esta Ley, como advertíamos, de modo alguno. En ese terreno la equiparación única es establecer las responsabilidades que tiene un administrador en el área privada, en el sector privado, en términos también de lo que son las cuentas y, en definitiva, la transparencia de esas cuentas.

El término "despilfarro" que ha utilizado con toda intención… Por eso decía que no es muy técnico eso. Entonces, usted comprenderá que eso no puede ser sujeto, en términos estrictos, de lo que va a ser ni la presente ni una futura legislación a ese respecto.

Vicepresidenta.- Sobre el conjunto de las preguntas que me planteaba en el ámbito de la Justicia, en primer lugar, lo más urgente y lo más inmediato es renovar el Tribunal Constitucional. Nuestra voluntad y nuestra intención es renovarlo cuanto antes. Ya nos hemos puesto en contacto con el principal grupo de la oposición para que, en cuanto estén en condiciones de reanudar esas conversaciones, poder llevar a cabo la renovación de una manera inmediata; en todo caso, durante este período de sesiones. A buen entendedor, pocas palabras.

En segundo lugar, plantearemos un conjunto de medidas de carácter normativo, que, como bien decía usted, pueden aprobarse… Son objeto de una Ley Orgánica y, por tanto, puede aprobarse por menos Grupos, aunque la voluntad de este Gobierno es hablar y tratar de construir un diálogo y un acuerdo con el resto de las fuerzas políticas, algunas de las cuales han mostrado ya directamente su voluntad de apoyar reformas de esta naturaleza. ¿En qué sentido? En el ámbito del Tribunal Constitucional hay un conjunto de reformas que afectan a su funcionamiento, que afectan a la Ley Orgánica y que hay una voluntad por parte de muchos Grupos de trasladarle al conjunto de la ciudadanía que son necesarias para un mejor funcionamiento del conjunto de las instituciones. Estoy hablando del recurso previo de inconstitucionalidad sobre los Estatutos de Autonomía o la necesidad de abordar una nueva regulación del recurso de amparo, que evita que se convierta en una instancia jurisdiccional más y que dé al Tribunal la suficiente agilidad para poder resolver lo que es su función clave: recursos y cuestiones de inconstitucionalidad con un carácter amplio, con un carácter inmediato.

También se planteó, y yo planteé en mi comparecencia, la voluntad del Gobierno de hablar con los grupos políticos para trabajar en algo que demanda el conjunto de la ciudadanía y que nosotros llevamos en nuestro programa electoral, que es buscar otras fórmulas de nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional que alejaran esos nombramientos, y, por tanto, esa composición en su conjunto, de las concretas mayorías parlamentarias. Tenemos que ver hasta dónde se puede llegar en este acuerdo, qué cosas se pueden mejorar en el ámbito de la Ley Orgánica o si es posible construir un consenso más amplio, que nos permitiera una reforma en el ámbito constitucional. En este último punto, indudablemente, es necesario las mayorías que la Constitución prevé; pero nosotros queremos hablar con la oposición sobre estas medidas.

En el ámbito del Consejo General del Poder Judicial, es ésta una reforma que llevaba el Partido Popular, el grupo político, por tanto, que sustenta al Gobierno, en su programa y hemos damos muestras, el Gobierno, de que cumplimos los compromisos que trasladamos a los ciudadanos. Se trata de un instrumento necesario, de una reforma necesaria, para despolitizar la Justicia.

En este sentido, yo quiero trasladar que entre un sistema en el que los representantes de jueces y magistrados los nombran diputados y senadores, y un sistema en que los jueces y magistrados los eligen y los designan los jueces y magistrados, este último punto nos parece mucho más coherente con el espíritu de la Constitución, que es que ese Consejo General del Poder Judicial sea un instrumento de política precisamente judicial y no de otro tipo de políticas.

Sobre el nombramiento del señor Torres-Dulce, indudablemente, él ha avanzado alguno de los puntos en que cree que hay que trabajar en una mayor autonomía del Ministerio Fiscal, como puede ser la autonomía en el ámbito presupuestario. Desde luego, el Gobierno va a trabajar para que este fiscal general del Estado tenga, en el ámbito de su Estatuto Orgánico y en el ámbito de la carrera fiscal, la mayor profesionalidad y neutralidad posible, y haremos cuantos cambios sean oportunos para que así sea, dentro del marco que establece la Constitución de jerarquía y de dependencia que viene constitucionalmente previsto. Pero aún en ese marco creemos, vista la experiencia, que es posible trabajar en una mayor independencia de la Fiscalía, en general, y de la Fiscalía Anticorrupción, en particular.

Muchísimas gracias.