Rueda de Prensa

Vicepresidenta.- Buenos días. Quiero, en primer lugar, expresar a la Iglesia Católica y al Estado Vaticano la solidaridad del Gobierno de España en estos momentos críticos para el Santo Padre. Vivimos horas tristes, no sólo para los fieles católicos, sino en general para la comunidad mundial, a la que durante un cuarto de siglo ha dedicado Juan Pablo II todos sus esfuerzos.

En esta situación de extrema gravedad de su estado de salud, el Gobierno español, al igual que todos los ciudadanos españoles, seguimos con la mayor atención la evolución de su enfermedad y compartimos la preocupación y pesar por el Pontífice con millones de hombres y mujeres de todo el mundo.

Antes de darles cuenta de los principales asuntos que se han abordado hoy en el Consejo de Ministros, quiero compartir con ustedes el balance que el Gobierno realiza sobre la reciente visita del Presidente del Gobierno a América Latina. Consideramos muy satisfactorios los resultados de esta cuarta visita del Presidente a Latinoamérica en su primer año de mandato. El viaje ha rendido sus frutos en tres terrenos:

En primer lugar, España ha actuado como factor de entendimiento y conciliación en América Latina. Hemos contribuido a que dos Estados vecinos, como Colombia y Venezuela, superen sus tensiones y trabajen para una mayor seguridad y cooperación en la zona; hemos sido testigos privilegiados de un acercamiento que nos alegra y por el que seguiremos trabajando a fondo con todos nuestros instrumentos y nuestras fuerzas.

En segundo lugar, quiero destacar que el viaje ha tenido importantes beneficios económicos. Se han suscrito importantes acuerdos con Venezuela, se ha firmado una alianza entre las principales petroleras de ambos países; también un ambicioso acuerdo por el que España vendrá a Venezuela equipos para mejorar la seguridad de sus costas, lo que ayudará a que la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo sea más eficaz, como señaló el propio Presidente Uribe. Con respecto a este acuerdo de venta de material quiero destacar que, además, generará trabajo para mil trabajadores españoles en los próximos años en las ramas de astilleros y de construcción aeronáutica.

En tercer lugar, y lo que es más importante, España renueva su compromiso con Latinoamérica como un área fundamental de nuestras relaciones internacionales. América Latina --y lo saben bien ustedes, porque se lo he puesto de manifiesto en diversas ocasiones-- vuelve a ser una prioridad para España, que a su vez es el puente natural de aquel continente con Europa. Por eso seguiremos trabajando por estrechar vínculos que históricamente nos han unido y que, desde luego, no estamos dispuestos a perder.

Entrando ya en los acuerdos que se han adoptado hoy en el Consejo de Ministros, les diré que hoy el Consejo ha visto y debatido sobre la normativa reguladora de la publicidad y comunicación institucional.

Como ustedes saben, el Estado es un importantísimo anunciante; por darles sólo un dato, los Presupuestos Generales del Estado para 2005 recogen una inversión en campañas de publicidad de más de 60 millones de euros. Hay más dinero todavía en publicidad en organismos; pero les diré que estos fondos, que desde luego proceden, por supuesto, de los ingresos que el Estado obtiene de todos los ciudadanos, se destinan generalmente a campañas orientadas a promover principios constitucionales, a informar a los ciudadanos de sus derechos y obligaciones, y a ayudar a los ciudadanos a tomar decisiones informadas en su vida diaria y cotidiana. Pero también es cierto que en ocasiones los ciudadanos han sido testigos, en la mayoría de las veces indefensos, de un uso inadecuado de la publicidad de las Administraciones.

Pues bien, les resumiré lo que el Gobierno a través de esta normativa pretende evitar. Se acabaron las campañas electoralistas y de autobombo; se acabaron las campañas en las que no se sabe cuánto se paga, para qué, a quién y por qué; se acabaron las campañas que sirven para atacar a otras Administraciones y se acabaron las campañas en las que no se aplican criterios de profesionalidad.

Ustedes saben que el Gobierno quiso compartir estos objetivos con las Comunidades Autónomas y ponerse de acuerdo con ellas sobre lo que consideramos que son las bases de esta norma. Algunas Comunidades Autónomas expresaron sus reticencias y su rechazo en este primer contacto que mantuvimos con ellas. Por ello el Gobierno ha tomado la decisión hoy de aplicarse estas normas a sí mismo; a la Administración Central del Estado y a todos los organismos que de ella dependen se van a aplicar estos principios y objetivos. Ojalá que el resto de las Administraciones sigan el mismo ejemplo.

Les voy a resumir en unos puntos lo que va a constituir el objetivo, el contenido y la finalidad de esta normativa. En primer lugar, esta es una norma, como les decía, para la Administración General del Estado, incluyendo también a los organismos autónomos; por tanto, no afecta ni a Comunidades Autónomas ni a Ayuntamientos, pero sí a todos los organismos autónomos y empresas que dependen de la Administración Central del Estado.

En segundo lugar, regula las actividades de publicidad y también del resto de las herramientas de comunicación institucional.

En tercer lugar, les diré que a través de esta norma se van a prohibir directa y explícitamente las campañas de autoelogio, las que se destinan a denostar o menoscabar la labor de otros poderes públicos en el legítimo desarrollo de sus competencias, y las campañas que confunden símbolos o mensajes de partidos políticos o de agentes sociales.

En cuarto lugar, se incorpora un importante elemento de control; es decir, cualquier ciudadano que se sienta afectado podrá pedir el cese de una campaña, siempre que esa afectación sea una afectación que afecta a sus derechos e intereses legítimos.

Quinto, las reclamaciones respecto de esa petición de cesación de una campaña en la que los ciudadanos puedan verse afectados en sus derechos tendrán una respuesta de tres días como máximo. Decidirá en primera instancia una Comisión Interministerial de Publicidad Institucional y lo que hacemos, a través de este mecanismo, es la introducción de un procedimiento de autocontrol, es decir, es la autotutela de la propia Administración, que hoy se aplica ya en el sector privado y creemos que la Administración Pública debe estar sometida a él aun todavía con mayor motivo.

Para que lo entiendan: un ciudadano se ve afectado por una campaña de publicidad de una empresa privada, afectado en sus derechos fundamentales, por ejemplo, o considera que le produce restricciones, y esa campaña puede ser suspendida en tres días. Hoy, tal y como está la norma, si no la modificásemos, el ciudadano afectado en su derecho puede tardar, porque se tiene que ir a un procedimiento contencioso, bastante tiempo en ver suspendida o cesada esa campaña. De lo que tratamos es de garantizar, por tanto, a través de un procedimiento de autotutela, los derechos del ciudadano.

Las personas con discapacidad, y esto es el sexto punto, tendrán también garantía de acceso a estas campañas.

En séptimo lugar, se hará respetar la pluralidad lingüística de España y, por lo tanto, se va a promover la utilización de las lenguas cooficiales del Estado.

También se va a abordar que es necesario seguir criterios objetivos en la contratación, en el desarrollo y en la evaluación de las campañas; criterios objetivos que son los que establece la propia práctica profesional de la publicidad y de la comunicación.

Y, para finalizar y como instrumento, a su vez, también de control, habrá un plan anual previo y un informe anual posterior, respectivamente, que recogerán las campañas publicitarias de comunicación del Estado previstas y finalmente realizadas. Es decir, todos los ciudadanos van a saber qué campañas ha realizado la Administración, cuál ha sido su presupuesto, cómo se ha llevado a cabo, quién las ha llevado a cabo y cuáles han sido sus objetivos.

La Comisión Interministerial que se creará deberá aprobar precisamente este plan previo de publicidad institucional y remitir a las Cortes el informe posterior. De esta manera, como les decía al principio de mi intervención, incrementamos el control y la transparencia en el uso de los fondos públicos utilizados en la comunicación del Gobierno con los ciudadanos.

Otro de los asuntos abordados en el Consejo hoy ha sido el Anteproyecto --ya hoy Proyecto de Ley-- sobre evaluación ambiental de planes y programas de carácter público. Hemos aprobado el Proyecto de Ley para remitirlo a las Cortes, previo informe del Consejo de Estado. La evaluación del impacto ambiental, como ustedes saben, ha venido siendo un instrumento eficaz para fomentar un desarrollo sostenible, pero en ocasiones se ha revelado insuficiente para tratar de evitar, o para evitar, como es su finalidad, o corregir efectos medioambientales negativos en fases posteriores a la toma de decisiones de un proyecto, de un plan o de cualquier Administración que se lleve a cabo.

En consecuencia, era necesario establecer mecanismos que permitan actuar preventivamente de manera estratégica, desde el punto de vista del medio ambiente, para garantizar la sostenibilidad integral de las políticas que se llevan a cabo. Pues bien, la nueva Ley introduce la evaluación ambiental como instrumento de prevención. A partir de ahora, las repercusiones sobre el medio ambiente de cualquier proyecto serán tenidas en cuenta durante la preparación de los planes desde la fase del borrador hasta la versión final; es decir, no va a ser un acto ni puramente de trámite, ni que se realice en un momento con posterioridad al cual se pueden llevar a cabo --y a veces ha ocurrido-- actuaciones que siguen perjudicando el medio ambiente.

Es decir, las consideraciones medioambientales se van a tener en cuenta, no sólo en la ejecución de un proyecto determinado, sino también en la preparación, en la adaptación, de planes y programas que puedan tener repercusión significativa sobre el medio ambiente. Es nuestro futuro.

Por lo tanto, el objetivo de este Proyecto de Ley es mejorar el desarrollo sostenible, aumentar la protección del medio ambiente e integrar de manera eficaz los aspectos medioambientales, como les decía, en la preparación de planes y programas.

Además, la Ley pretende también garantizar la participación ciudadana. Los ciudadanos están claramente concienciados y muy sensibilizados con todas las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente y, por tanto, pretendemos dotar de una mayor transparencia a la planificación de estas cuestiones.

Quiero llamar su atención sobre el sistema de evaluación continua que diseña este Proyecto de Ley y que establece dos conceptos muy innovadores: uno, que es el informe de sostenibilidad ambiental que permite incorporar el componente medioambiental, como les decía, en la fase previa a la elaboración de un proyecto; y la memoria ambiental, que obligará a incorporar el factor o impacto medioambiental, como les decía, en cualquier tipo de plan o actuación.

Se trata, como ven, de un proceso riguroso que, además de reforzar los controles para tratar de evitar daños al medio ambiente; permite también corregirlos y prevenirlos de manera eficaz antes de que los mismos se produzcan.

Quiero también señalarles que en el ámbito de estos temas que hemos abordado hoy en medio ambiente, la Ministra de Medio Ambiente ha presentado un informe al Consejo de Ministros sobre otro tema que tiene también una gran importancia, que es la situación de las playas del litoral español. Desde el inicio de esta legislatura, el Ministerio de Medio Ambiente está llevando a cabo una reordenación de la política de costas para cumplir con mayor eficacia dos objetivos básicos: preservar y restaurar el valor ecológico del litoral español, y potenciar el uso público del dominio marítimo terrestre.

Para ello se han contratado, y en un alto porcentaje se han ejecutado ya, inversiones en costas por un importe cercano a los 120 millones de euros, a los que deben añadirse las actuaciones de limpieza efectuadas en las playas afectadas por la catástrofe del "Prestige", que han supuesto 18 millones de euros más.

Con respecto a este extremo, quiero señalarles que, de forma inmediata, ayer el Ministerio de Medio Ambiente dio instrucciones para intervenir de nuevo en las playas de Galicia, en donde --no sé si tuvieron ocasión de comprobarlo ustedes, porque apareció en algunos medios de comunicación, a raíz de la tormenta que se había producido-- aparecieron de nuevo en las playas capas de chapapote. Hoy están actuando los equipos de Medio Ambiente y esperemos tener abordado y solucionado el tema cuanto antes. En su momento advertimos de que este efecto se podría producir, el llamado "efecto lasaña".

He de decirles que desde el inicio de esta legislatura se han deslindado cerca de 500 kilómetros de costa. En definitiva, a través del informe de la Ministra tienen unos datos, por si son de su interés, de las inversiones y del trabajo que se está haciendo en todo el litoral. De lo que se trata es de recuperar el litoral español, respetando las características medioambientales y paisajísticas de cada zona y facilitando el uso y disfrute de la costa a todos los ciudadanos, pero controlando también muchas de las actuaciones que en los últimos años, desgraciadamente, se han hecho por no controlar, a lo mejor, actuaciones que han ido más allá de lo razonable en el ámbito urbanístico.

Quiero señalarles también que el Consejo de Ministros ha visto hoy el Proyecto de Ley, para remitirlo ya al Congreso de los Diputados, sobre fondos de pensiones de empleo. Se modificará la normativa actual para adaptarnos a la última Directiva europea en esta materia, que pretende garantizar la seguridad y gestión eficaz de las pensiones de los trabajadores mediante mecanismos de supervisión y gestión transfronterizos de estos fondos de pensión.

La principal novedad es que, en línea con la legislación europea, se permitirá que los fondos de pensiones domiciliados en España admitan planes de pensiones promovidos por empresas situadas en otros Estados miembros de la Unión Europea. Asimismo, va a ser posible que compañías establecidas en nuestro país puedan promover planes de pensiones integrados en fondos de otros Estados de la Unión Europea.

En resumen, como en otros ámbitos, no habrá fronteras para contratar planes de pensiones en nuestros países dentro del territorio de la Unión Europea. Para garantizar el correcto funcionamiento de la gestión transfronteriza, la norma europea a la que nos hemos adaptado prevé mecanismos de colaboración entre las autoridades de los diferentes Estados de la Unión y establece que deben respetarse las normas establecidas en la misma. También les diré que esto, en definitiva, lo que viene es a ampliar las posibilidades de los ciudadanos de invertir en fondos de pensiones. Se amplía la inversión y se amplía el ámbito de cobertura.

Por último, les diré que el Consejo de Ministros ha autorizado hoy la firma de dos convenios del Consejo de Europa en la lucha contra la corrupción en los ámbitos civil y penal. Sorprendentemente, era España el único país perteneciente al denominado Grupo de Estados contra la Corrupción, el llamado GRECO, que se había autoexcluido hasta ahora de esta lucha europea contra la corrupción en todas sus formas.

Pues bien, hoy el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la firma de estos dos Convenios en los que se fijan los principios y las normas comunes --son dos Convenios del Consejo de Europa-- para su aplicación de materia de lucha contra la corrupción activa y pasiva, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal, y que contienen normas que fijan desde indemnizaciones a las que se puede tener acceso o que caben por los daños sufridos, en las que se fija el principio de responsabilidad; a los plazos de prescripción de actuaciones que estén incluidas en el ámbito penal o civil de corrupción; se homologa el concepto de corrupción, se unifica; el ámbito de aplicación territorial; los tipos penales que se incorporan a la legislación nacional; el establecimiento de mecanismos de cooperación internacional, sistema de extradiciones, etc., etc.

Finalmente, les diré que se han producido nombramientos de unos Embajadores, cuyos nombres, si son de su interés, obran en la Referencia.

P.- Respecto a la futura Ley sobre Publicidad Institucional, aquí se han ofrecido unos datos sobre el aumento de la inversión, por decirlo así, en los Presupuestos del Estado de 2004 y 2005, un aumento que se produjo en 2004 y que ha sido menor, pero también se ha producido, este año. Me gustaría saber si con esta Ley el Gobierno se ha fijado el objetivo de parar este crecimiento e, incluso, reducirlo y en qué porcentaje. ¿Tiene algún cálculo, algún objetivo fijado, aunque sea estrictamente estimativo?

En segundo lugar, me gustaría saber qué razones condujeron a la Abogacía General del Estado a renunciar a presentar una impugnación contra la lista del Partido Comunista de las Tierras Vascas y si el Gobierno ha dado o va a dar instrucciones a la Abogacía para que intente algún tipo de procedimiento judicial que ilegalice este candidatura, toda vez que representantes de la misma esta mañana se han ofrecido ante Batasuna y ante Aukera Guztiak a asumir el compromiso de esta última, pese a su ilegalización ayer por parte del Tribunal Constitucional.

Vicepresidenta.- En cuanto al primer tema que me plantea, efectivamente, uno de los objetivos del Gobierno es, en cualquier caso, austeridad. Sabe que es uno de nuestros principios y de nuestros criterios, y así va a constar de forma expresa en la norma que vamos a promover y cuyos criterios hoy se han aprobado. Uno; dos, la mayor rentabilización de los recursos públicos con respecto a la finalidad que se pretende, que es informar a los ciudadanos, no hacer otras cosas.

Lo que no le puedo decir ahora es en qué cuantía se puede reducir ese presupuesto que está hoy en los Presupuestos Generales del Estado. Eso lo tenemos que evaluar a la vista de los resultados de la aplicación de los criterios de los que estamos hablando, porque razonable es reducir y regirse por el principio de austeridad, y razonable es que los ciudadanos tengan una buena información. La publicidad institucional tiene el objetivo de informar, no de utilizar esa información en beneficio de algo distinto de lo que sean el interés público y los intereses de los ciudadanos. En la medida en que eso es así, es razonable que se pueda probablemente reducir y tener una reducción de los gastos.

Pero no es tanto ése el objetivo, que también, como el objetivo de la adecuación o buena utilización de los recursos públicos. Es decir, para lo que no se va a utilizar el dinero público es, como les decía, ni para el autobombo ni para poner de manifiesto cuáles son los logros, sino para, en todo caso, dar información útil a los ciudadanos.

En cuanto al tema de la candidatura del Partido Comunista de las Tierras Vascas, les diré, como les dije desde el primer día, que el Gobierno dio instrucciones, como no podía ser de otra manera, al Servicio Jurídico del Estado para que se utilizaran todos los instrumentos que un Estado de Derecho tiene a fin de evitar el fraude de Ley, uno; hacer que la Ley de Partidos Políticos se cumpliese, y eso es lo que ha hecho el Servicio Jurídico del Estado y eso es lo que ha hecho también la Fiscalía General del Estado como órgano que tiene encargada la vigilancia constitucional de la legalidad.

En cumplimiento de esa misión, se analizaron las candidaturas que presentaban elementos que pudieran determinar alguna sospecha en virtud de la cual se pudiera producir lo que le he dicho. Como consecuencia de la misma, de las investigaciones realizadas y del trabajo realizado, se presentaron recursos respecto de algunas candidaturas de los que ya saben ustedes el resultado.

En cuanto a esta candidatura, el análisis realizado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía y Guardia Civil, el Servicio Jurídico del Estado, que desde el primer día también analizó esta candidatura, y la Fiscalía del Estado no encontraron elementos determinantes para sostener la impugnación de la candidatura. Eso es lo que ha ocurrido. Es decir, se ha hecho lo que había que hacer y se llegó a la conclusión a la que se llegó y se actuó en coherencia con esa conclusión.

Si existiera algún elemento sobrevenido que, a juicio del Servicio Jurídico el Estado y de la Fiscalía, pudiera determinar que, en base al mismo, se pudiera sostener cuestión distinta de la que hasta ahora se ha sostenido, se actuaría en consecuencia.

P.- (Inaudible)

Vicepresidenta.- Usted puede comprender que la Vicepresidenta Primera del Gobierno no es la Policía ni la Guardia Civil, hasta ahora. Por tanto, ésa es una función que, ya le he dicho, les incumbe. Lo que tenemos es el dato desde el primer día hasta anoche, hasta que venció el plazo de presentación de las candidaturas, de que de la investigación, repito, realizada desde el primer día por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Servicio Jurídico del Estado y Fiscalía General del Estado, se concluyó que no había elementos para proceder a la impugnación. Se concluyó eso tras el estudio detenido, analizado, de la investigación pertinente. Eso es lo que sabemos y tenemos garantías de eso, porque el Gobierno ha tenido información sobre esas actuaciones.

Si aparece alguna cuestión sobrevenida que pueda haber aparecido, se valorará y, en función de esa valoración, se actuará en Derecho. Pero eso hay que hacerlo, como se ha hecho hasta ahora, con rigor, con seriedad y no emitiendo ni juicios precipitados ni juicios que no corresponde emitir única y exclusivamente desde la política, sino que aquí estamos hablando ya de actuaciones que han de ajustarse al principio de legalidad y que, por tanto, tienen que ser valoradas por los órganos correspondientes.

Lo que sí que le puedo garantizar es lo que ha hecho el Gobierno, lo que ha hecho y lo que siempre hará, que es hacer que la Ley se cumpla.

P.- Quisiera saber si el Gobierno ha valorado la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la candidatura de Aukera Guztiak.

En segundo lugar, quería pedirle una puntualización sobre el asunto del Partido Comunista de los Pueblos Vascos. ¿Tiene información el Gobierno de la Asesoría Jurídica del Estado de que es posible todavía proceder a la impugnación si aparecieran esos datos sobrevenidos que usted mencionaba hace un momento? ¿Es posible o ya los plazos de la Ley Electoral no lo permiten?

Vicepresidenta.- En cuanto al primer tema, el Gobierno no ha hecho una valoración formal, digamos, de la sentencia del Tribunal Constitucional. Nos parece que el Tribunal Constitucional ha dado respuesta a la petición efectuada por el Servicio Jurídico del Estado y, por tanto, desde esa perspectiva le puedo decir que el fallo del Tribunal Constitucional ha venido a dar la razón al Servicio Jurídico del Estado. En ese sentido, estamos de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional, por supuesto.

En cuanto al segundo tema que me plantea, existe la posibilidad, desde el punto de vista jurídico, de plantear un incidente de ejecución de sentencia, que está previsto en la Ley de Enjuiciamiento. Ése es el instrumento procesal. Es decir, instrumento procesal hay, pero el tema es otro. El tema es si se considera que hay elementos para poner en marcha el mecanismo y eso lo tienen que decidir, como le decía antes, valorando si hay elementos sobrevenidos que se consideren suficientes como para desencadenar el incidente de ejecución que podría llevar a una actuación por parte del Tribunal Supremo.

P.- Quería preguntarle primero sobre el informe del Proyecto de Ley. En primer lugar, quería saber si la decisión sobre si la publicidad institucional es correcta o no será de la propia Administración que pone esa publicidad, digamos, o de un organismo independiente.

En segundo lugar, si, dado que el Gobierno incluye también en la Ley, como veo, la comunicación del Gobierno y la exigencia de transparencia, quería saber si eso va a ser una simple declaración o si va a ser una medida coercitiva, por ejemplo, para altos cargos que oculten datos o que comuniquen determinadas informaciones a determinados medios de comunicación. Quería saber cómo se va a articular eso y, entre tanto, hasta que esté en vigor la Ley, cómo va a actuar el Gobierno.

En tercer lugar, respecto a esto del Partido Comunista de las Tierras Vascas, quería saber si el hecho de que hoy mismo AG, la candidatura anulada por el propio Tribunal Constitucional, haya pedido el voto para esta candidatura es motivo suficiente para que el Gobierno dé instrucciones para que se actúe o no.

Vicepresidenta.- En cuanto al tema que usted me plantea inicialmente, ¡hombre!, hay que establecer el principio de presunción de actuación con arreglo a la legalidad de las Administraciones Públicas, no el principio de la sospecha. El principio de la sospecha no funciona, no debe funcionar respecto de nadie, tampoco respecto de las Administraciones Públicas. Por lo tanto, si hay una Ley que dice lo que es la publicidad institucional, se supone que todas las Administraciones Públicas, que con arreglo a la Constitución tienen que actuar con arreglo al principio de legalidad, van a cumplir la Ley; y, si no la cumplen, están los mecanismos que el Estado de Derecho ya establece.

Por lo tanto, sí que es la Administración la que se va a ajustar ella misma a lo que diga la Ley y no va a poner en marcha campañas contrarias a la Ley, porque estaría incurriendo en una ilegalidad. Y se presupone que la Administración actúa en ilegalidad y que, cuando actúa, lo que hay son mecanismos, evidentemente, de control de legalidad, que son los Tribunales Contencioso-Administrativos. Si se incurre ya en un delito, como usted me habla de funcionarios que oculten datos o que hagan actuaciones que, desde luego, se situarían en el ámbito de lo delictivo o del incumplimiento de sus funciones, evidentemente se desencadenarían los mecanismos legales que están previstos ya hoy en las leyes.

¿Qué es lo que pretende el Gobierno con esta Ley? Evidentemente, que haya más transparencia. Es decir, ahora es imposible, por no decir muy difícil, y ustedes lo saben, saber no sólo el montante de las campañas, desde el punto de vista económico, que se han invertido, sino cómo se han invertido, a quién se han adjudicado, qué criterios se han utilizado, qué soportes se han tenido en cuenta y si en la adjudicación ha habido o no ha habido o se ha tenido en cuenta o no el plan de medios. Todo eso no se tiene hoy en cuenta, todo eso hoy es imposible saberlo por mucho que pueda haber declaraciones genéricas de principios de mantener la objetividad y la neutralidad o adaptación teórica a la Ley de Contratos del Estado.

Hoy lo que hacemos es una legislación específica para que todo eso no ocurra y para que haya auténtica transparencia. No se me ocurre que pueda haber actuaciones de nadie que oculte datos, entre otras cosas, cuando la propia norma va a establecer la obligación de publicitar todos esos datos y cuando, además, con todos esos datos, primero, va a haber un plan previo público y luego va a haber un plan previo posterior remitido al Parlamento e, incluso, a los sectores sociales que trabajan en este tema, para tratar de evitar todo tipo de oscurantismo.

En cuanto al segundo tema que me planteaba, le vuelvo a repetir lo mismo que he dicho antes. Es verdad que parece que esta mañana, mientras yo estaba en el Consejo de Ministros, ha habido declaraciones. Yo creo que ni soy yo ni es el momento de hacer a su vez una valoración, que sería una valoración jurídico-política en estos momentos, para saber si lo que se ha dicho constituye elemento o no constituye elemento suficiente. El Servicio Jurídico del Estado y la Fiscalía lo estudiarán. Es a quien corresponde estudiarlo.

P.- Señora Vicepresidenta, a propósito de este proyecto de regulación de publicidad institucional, quería conocer si el Gobierno está decidido a aplicar este mismo procedimiento en las Comunidades y Alcaldías donde gobierna el Partido Socialista.

En segundo lugar, a la hora de aplicar la contratación de las campañas, ¿se va a hacer, como ha citado usted, por criterios tradicionalmente profesionales o, incluso en este caso, se va a tener en cuenta, cosa que no tienen en cuenta hoy día los proyectos puramente comerciales, el pluralismo y la presencia de soportes minoritarios en la sociedad española?

Vicepresidenta.- En cuanto al primer tema, le diré que lo que puede hacer el Gobierno es cumplir el ámbito al que la norma se dirige. Es decir, estamos hablando del Gobierno; pues el Gobierno de España lo que dirige es la Administración pública central y todos sus organismos. Desde esa perspectiva, que es el ámbito objetivo de la norma, el Gobierno va a hacer cumplir esa norma.

Esperemos que el Partido Socialista, que no es el Gobierno, en el ámbito donde gobierna adopte normas de tipo similar, porque eso forma parte de nuestra ideología. Pero, en lo que es el Gobierno, el Gobierno hace cumplir las leyes en el ámbito de sus competencias. Lo que yo he dicho es que en los lugares donde gobierne el Partido Socialista o gobierne cualquier otro partido, me gustaría, nos gustaría, que esta norma fuese una norma, en la medida en que introduce transparencia, mayor control, etcétera, pudiera ser indicativa de actuaciones similares en otras Administraciones Públicas.

En cuanto a los criterios, evidentemente, el Gobierno tiene que tener en cuenta los criterios profesionales; criterios profesionales que, a veces, no se tienen en cuenta ni siquiera en las sociedades mercantiles, y usted lo sabe; eso para empezar. Es uno de los primeros elementos que hay que tener en cuenta y, por supuesto, hay que atender también, dentro de la profesionalidad y lo que es la rentabilidad de los medios públicos, a la pluralidad, porque eso siempre el Gobierno nunca lo puede olvidar.

Muchísimas gracias.