Conferencia de prensa de la Vicepresidenta primera y Portavoz del Gobierno, y del Ministro de Trabajo, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Vicepresidenta.- Buenos días. Esta semana el Consejo de Ministros se ha celebrado hoy, jueves, porque, como saben, el Gobierno, y yo diría que el conjunto de los ciudadanos de la Comunidad Iberoamericana, tenemos una importante cita en Salamanca. La XV Cumbre Iberoamericana será, ya está siendo, un punto de inflexión en la construcción de un espacio común iberoamericano con voz propia en el mundo.

En los últimos meses hemos trabajado intensamente para que la cita en Salamanca sea un impulso al sistema de Cumbres y para que, tras el día 15, podamos decir que juntos hemos avanzado en el ámbito de la cooperación, de la solución de problemas sociales y económicos, de los asuntos relacionados con la inmigración o en materia de proyección internacional de esa realidad que se llama Iberoamérica.

El Gobierno quiere dar un impulso verdadero más allá de las declaraciones grandilocuentes a las Cumbres. Salamanca promete ser ya el primer hito de este impulso. Han confirmado su asistencia todos los líderes latinoamericanos, excepto los que desgraciadamente tienen que atender necesidades apremiantes que se han producido en las últimas horas, como los Presidentes de Guatemala o de El Salvador, el Presidente de Nicaragua y el Presidente de Ecuador. Estarán también presentes el Secretario General de Naciones Unidas, Kofi Annan; el Presidente de la Comisión Europea; el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión y el Presidente del Parlamento Europeo, entre otras autoridades.

La existencia de la Secretaría General Iberoamericana es también la constatación del esfuerzo que encarna a la perfección, por su prestigio y su trayectoria, Enrique Iglesias. Se han incorporado también nuevos elementos que ofrecen dimensiones nuevas a la realidad iberoamericana, como los Foros Cívico y Empresarial que se están celebrando en el contexto de la Cumbre.

Salamanca, en fin, va a dar su nombre y va a fijarlo con letras mayúsculas en la historia futura de la comunidad de los pueblos de Iberoamérica.

Estas horas previas al comienzo de la Cumbre son precisamente unas magníficas horas para anunciar uno de los primeros acuerdos que ha adoptado hoy el Consejo de Ministros, porque con nuestros vínculos internacionales y con Iberoamérica, en particular, está relacionado el Anteproyecto de Ley del Estatuto de los Ciudadanos Españoles en el Mundo, del que les va a informar de forma pormenorizada el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

El millón y medio de españoles residentes en el extranjero son ciudadanos de pleno derecho, ciudadanos con derecho a participar plenamente en la vida política y social de España y ciudadanos con derecho a beneficiarse de los recursos de una patria que en muchos casos se vieron obligados a abandonar. Desgraciadamente, el ejercicio de esos derechos no siempre fue fácil para quienes vivían fuera de nuestras fronteras.

Con el Estatuto de los Españoles en el Exterior damos respuesta a un compromiso electoral que, como saben, el propio Presidente del Gobierno asumió y ha asumido en primera persona. Tanto él como el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministro Caldera, y yo misma hemos tenido, además, la oportunidad de conocer directamente las demandas de los españoles que viven en el extranjero en los viajes que hemos realizado en los últimos meses. Todos ellos merecen un Estatuto que por primera vez les garantiza el ejercicio de los derechos y deberes constitucionales en condiciones de igualdad con los residentes en España. No se entendería este texto que presentamos hoy sin la visión, el apoyo y las aportaciones de nuestras compatriotas y de las numerosas asociaciones que a lo largo de todos estos años, de muchos años, han venido trabajando para acoger a los emigrantes españoles y facilitarles su vida como extranjeros.

El Estatuto, como van a poder ver en unos minutos, incluye novedades muy significativas que permitirán, además de garantizar la máxima transparencia en el sistema de voto de los no residentes, consolidar legalmente lo que hasta ahora se denominaban pensiones asistenciales, así como el derecho a la protección de la salud, especialmente para personas mayores y personas dependientes. Asimismo, se regulan otros derechos para que las condiciones de vida de los españoles que viven fuera sean similares a la de los españoles que viven dentro.

El Ministro Caldera en unos minutos les va a dar todo tipo de información.

El segundo asunto del que quiero darles cuenta, que tiene también una enorme importancia, es la adopción del Plan Nacional de Reformas que ha aprobado hoy el Gobierno y que tenemos el compromiso de enviar a Europa, a Bruselas. Este Plan responde a la llamada Estrategia de Lisboa que, como ustedes saben, se planteó en marzo de 2000 para hacer de la Unión Europea la economía más dinámica y más innovadora en el mundo al terminar la década.

El Consejo Europeo de Primavera de marzo de 2005 acordó que la Comisión Europea elaborara el programa comunitario de Lisboa para impulsar el crecimiento y el empleo en Europa, y que cada Estado miembro presentara un Plan Nacional de Reformas, que son las que hoy hemos aprobado.

Los objetivos específicos de España en el Plan Nacional de Reforma son muy claros: en primer lugar, que nuestro país alcance en 2010 la convergencia total con Europa en términos de renta per cápita y, en segundo lugar, que la tasa de empleo alcance el 66 por 100, lo cual implica ir más allá de la convergencia con Europa. Requiere que la tasa de paro masculino se sitúe significativamente por debajo de la europea y que la tasa de paro femenina se iguale a la europea.

Los ejes del Plan para lograr estos dos objetivos de convergencia y de empleo son siete: estabilidad presupuestaria, es decir, refuerzo de los mecanismos de la estabilidad macroeconómica y presupuestaria; mejores infraestructuras, mejor transporte y mejor uso de todos los instrumentos que tienen que ver con el desarrollo sostenible y el agua --ahí tenemos incluido el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes (PEIT), el Programa de Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua, el Programa AGUA, así como nuestros compromisos derivados de la ratificación del Protocolo de Kioto, es decir, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental--; se establece también el aumento y la mejora del capital humano en todos los ámbitos, fijando también una línea de actuación de dinamización de las Administraciones Públicas; se establece el fomento sustancial de la inversión en Investigación, Desarrollo e innovación, y ahí está nuestro Plan Ingenio 2010; se establecen criterios para el aumento de la competencia y de la competitividad exterior; reformas en el mercado de trabajo y en el diálogo social, y fomento empresarial a través de un plan específico que va a llevar la denominación precisamente Plan de Fomento Empresarial.

Éstas son las siete líneas fundamentales respecto de las cuales se establecen, a su vez, instrumentos y objetivos. Luego habrá sistemas internos de evaluación, con independencia de los sistemas de evaluación que va a establecer la propia Comisión Europea.

España es ya una de las economías más sólidas de Europa y va a ver mejoradas aún más con estos compromisos sus expectativas, si junto con nuestros socios comunitarios logramos que la Unión Europea sea la mayor potencia económica del mundo. Desde luego, sin duda alguna, este Plan ambicioso de reformas va a contribuir y colocarnos en el camino adecuado.

En tercer lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy una serie de medidas para reforzar la protección de la propiedad intelectual e industrial. El fenómeno de la piratería, como ustedes saben, está alcanzando una dimensión preocupante que incide de manera negativa en el desarrollo de la creación artística y de la innovación industrial. Nuestra legislación preveía mecanismos para evitar estos fraudes pero, como hemos ido viendo, no eran suficientes frente a unas prácticas cada vez más frecuentes y, por cierto, más sofisticadas.

Por tanto, para castigar severamente a quien incumple las normas y garantizar la protección de quien sí las cumple, hemos aprobado un Anteproyecto de Ley que amplía y refuerza los instrumentos de la Justicia para perseguir de manera eficaz los delitos contra la propiedad intelectual. Como ustedes saben, hace meses aprobamos un paquete de medidas muy importante para luchar contra la piratería. Éste es el desarrollo de una de esas medidas.

La nueva Ley permitirá que los perjudicados por estas prácticas puedan conocer datos sobre el origen y las redes de distribución de productos pirata, lo que será determinante a la hora de emprender acciones legales contra los infractores. La Justicia tendrá más capacidad para acceder a documentos bancarios, financieros o comerciales de los presuntos infractores, lo que permitirá contar con pruebas concluyentes en caso de procesos judiciales.

También tratará de evitar la piratería la Comisión Intersectorial, cuya creación hemos aprobado hoy, que se centrará en los delitos contra la propiedad intelectual y estará adscrita al Ministerio de Cultura. Otra Comisión similar, también aprobada hoy, estará dedicada a los delitos contra la propiedad industrial, y en este caso dependerá del Ministerio de Industria.

El objetivo fundamental de ambas Comisiones, de estos grupos que hemos puesto en funcionamiento, es involucrar a todas las Administraciones públicas, al sector privado y a los consumidores para que entre todos se analicen, se propongan y se ejecuten medidas para luchar contra este tipo de fraudes. En suma, más protección y garantías para los que crean e investigan, y más control y rigor con los que copian ilegalmente, destruyen y defraudan.

El Gobierno ha aprobado también hoy un conjunto de medidas para la cooperación al desarrollo y la ayuda a zonas o colectivos especialmente desfavorecidos. Al hilo de la situación que estamos atravesando en Ceuta y Melilla, les comentaba la semana pasada que las circunstancias especialmente difíciles que sufre el África Subsahariana están agudizando las dificultades de la población que habita en esta zona. Creemos que, además de reforzar la seguridad en nuestras fronteras y de garantizar la asistencia humanitaria en nuestro territorio, es necesario mirar más allá y actuar en el ámbito de la cooperación internacional. Contribuir a paliar la difícil situación de los pueblos que sufren pobreza extrema es, además de un compromiso de este Gobierno por el que vamos a seguir trabajando, un elemento fundamental para acabar con la entrada irregular de inmigrantes a través de nuestras fronteras del Sur.

En este sentido y para materializar, una vez más, nuestro compromiso, una ayuda que se irá además incrementando en los próximos meses, hoy hemos aprobado la condonación del 100 por 100 de la deuda que la República de Níger tenía contraída con España hasta el año pasado. El importe condonado es de 4,2 millones de euros y se trataba, fundamentalmente, de créditos FAD.

También en materia de ayudas internacionales hemos aprobado una serie de contribuciones voluntarias a varios organismos, fondos y programas dedicados a la defensa y promoción de los derechos humanos, a labores humanitarias, cooperación para el desarrollo y lucha contra el terrorismo internacional. La suma total de las partidas aprobadas hoy es de 18 millones de euros, que serán destinadas a iniciativas de organismos, como la Cruz Roja Internacional, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el Programa mundial de Alimentos de Naciones Unidas, la UNICEF o la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, entre otros.

Por último, hemos aprobado una nueva estructura y funciones del Consejo Asesor para la Promoción del Comercio con África Occidental. Este Consejo está formado por representantes de la Administración General del Estado, del Gobierno de Canarias y del sector exportador, y tiene como objetivo dinamizar y fomentar los intercambios comerciales con los países africanos más cercanos, sobre todo al Archipiélago, como Marruecos. Reformamos, por tanto, hoy el Consejo para adaptar su composición a la nueva realidad autonómica y del sector exportador para agilizar su funcionamiento y permitir la entrada de representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación; es decir, reactivamos una herramienta más para contribuir al desarrollo de la actividad comercial en países de África, con los que es preciso incrementar nuestros lazos económica y de cooperación.

Hemos dicho muchas veces en los últimos días que la inmigración ilegal es un problema complejo que exige soluciones complejas, de orden legal, de orden humanitario y de orden internacional. Hemos ido explicando qué hacía el Gobierno de España en cada una de estas dimensiones y nuestras iniciativas se han ido aplicando y se siguen aplicando con los resultados conocidos. A más largo plazo, sin embargo, sabemos que la mejor solución vendrá de la cooperación internacional que reduzca los desequilibrios internacionales que hoy existen en el mundo.

El Gobierno ha aprobado también la concesión de subvenciones para programas de cooperación y voluntariado social; en concreto, se concede una subvención de 12,5 millones de euros a Cáritas Españolas, que se distribuirá en tres anualidades; también hemos aprobado una subvención para Cruz Roja Española por importe de 19 millones de euros a distribuir en tres años. Estas partidas son con cargo al 0,5 del IRPF y servirán para que desde la sociedad civil se financien proyectos de inclusión social, lucha contra la pobreza o ayuda asistencial, entre otros.

El sexto asunto tratado en el Consejo de Ministros es el que viene siendo últimamente recurrente. Una semana más hemos adoptado un conjunto de actuaciones relacionadas con la sequía, aunque parece que ya empieza a llover, y la gestión del agua. Se va construir una nueva desaladora en la Comunidad Valenciana para garantizar las demandas del agua del área metropolitana de Alicante. El presupuesto para los próximos dos años asciende a 91 millones de euros.

Se han aprobado también obras de acondicionamiento de cauces y márgenes de ríos en Castilla y León, por valor de 7,5 millones de euros; y, en Andalucía, por tres millones de euros. Además, se ha autorizado la firma de diversos convenios entre el Ministerio de Medio Ambiente y varias Universidades para financiar estudios relacionados con la gestión del agua en las cuencas del Júcar y del Segura que, como ustedes saben, son las que están siendo más afectadas por la sequía.

Hemos aprobado también la regulación de subvenciones en las áreas de influencia de los Parques Nacionales. La verdad es que vivir en un Parque Nacional no puede ser un lastre, por eso se prevén ayudas directas por parte de la Administración Central. La norma aprobada hoy es un Real Decreto que dispone que podrán beneficiarse de estas ayudas los Ayuntamientos, las empresas, las instituciones sin ánimo de lucro y los ciudadanos de los municipios ubicados en los Parques. La financiación de las subvenciones corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, que anualmente transferirá las cantidades a las Comunidades Autónomas los fondos correspondientes en función de las necesidades.

El Gobierno ha aprobado también un Real Decreto por el que se crea el Comisionado del Gobierno para la celebración de la XXXII Copa de América, que tiene como misión coordinar los servicios de la Administración General del Estado para el cumplimiento de los compromisos del Gobierno con la organización de la Copa de América, para el seguimiento de las actuaciones de la Administración General y para mantener la interlocución institucional con el Consorcio Valencia 2007. Para ser más eficaces en la inversión y en el éxito de este evento, se ha creado un Comité de Coordinación que facilitará las funciones de difusión, apoyo, coordinación y seguimiento de las distintas Administraciones públicas y para colaborar, evidentemente, con las Instituciones de la Comunidad Valenciana.

Se procede a nombrar como Comisionado que va a estar al frente de esta Institución a Ricard Pérez Casado.

Por último, el Consejo ha aprobado la firma de seis Acuerdos de Colaboración entre el Ministerio de Industria y varias Administraciones públicas u organizaciones, también en una línea que venimos siguiendo últimamente de apoyo a las zonas turísticas. Los convenios se han firmado con Administraciones y organizaciones de Canarias, Cantabria, Galicia y Madrid.

Finalizo y les transmito que el Gobierno, y singularmente el Presidente del Gobierno, ha trasladado su felicitación al escritor británico Harold Pinter, ganador del Premio Nobel de Literatura.

Sr. Caldera.- Como saben ustedes, españoles somos los que vivimos y los que viven fuera de España; en este caso, un millón y medio de españoles y españolas que no se encuentran físicamente entre nosotros, y españoles que hasta ahora no tenían los mismos derechos que los españoles que vivimos aquí. A partir del momento en que el Parlamento apruebe este Estatuto que regula los derechos de los españoles en el exterior, los derechos serán iguales; iguales para todos. Todos tendremos el mismo régimen de derechos y de obligaciones.

Por tanto, quiero presentar ante todos ustedes con satisfacción, en nombre del Gobierno de España, este texto que, en mi opinión, salda una deuda histórica de España con todos aquellos que tuvieron que abandonarla y que, sin embargo, nos han ayudado decisivamente a construir la España actual. Por fin, por lo tanto, un Gobierno y un Parlamento, cuando lo apruebe el Parlamento, recogen en una norma con rango de Ley los derechos de los españoles que residen en otros países; garantizan, por tanto, que puedan beneficiarse de los mismos derechos que ahora tenemos quienes vivimos en España, en territorio nacional, e incluso amplían alguno de ellos por las circunstancias especiales que concurren en ese colectivo, en el colectivo de los españoles en el exterior.

Hoy, por tanto, el Gobierno da un paso definitivo para completar la transición. Los derechos que recuperaron los ciudadanos gracias a la democracia no eran plenos para los españoles que viven en el exterior, y por tanto hoy, con este informe y el envío al Parlamento, cuando lo enviemos, de este Estatuto se extienden los derechos que se reconocen a todos los españoles por parte de la Constitución a más de un millón y medio de españoles que viven fuera de nuestras fronteras.

Por primera vez en la historia de nuestro país se garantizará el ejercicio de estos derechos y deberes constitucionales a los españoles residentes en el exterior. Podríamos decir que de este modo se completa el derecho de ciudadanía pleno para los españoles que viven fuera y que, a partir de ahora, estos españoles tendrán exactamente las mismas prerrogativas, los mismos derechos y las mismas obligaciones que aquellos que vivimos en España.

Rápidamente les indicaré las novedades más importantes y más representativas de este texto.

En primer lugar, era necesario porque un millón y medio de españoles viven fuera y muchos de ellos viven en países que han sufrido importantes crisis económicas en los últimos años, mientras en España ha ocurrido lo contrario: España es un país que crece económicamente y que extiende su protección social. España es un país que entre mediados del siglo XIX y hasta el segundo tercio del siglo XX, hasta 1970, fue un país emisor de ciudadanos, un país de emigrantes. A finales de los años 70 los españoles dejan de emigrar y empiezan a retornar españoles emigrantes a España y, por supuesto, a partir de los años 90, como todos sabemos muy bien, España se convierte en un foco de atracción también de ciudadanos inmigrantes extranjeros que vienen a trabajar con nosotros.

Por tanto, al tener un millón y medio de españoles fuera de España necesitaban un tratamiento específico por parte del Estado que les permitiera ejercer sus derechos y sus obligaciones en igualdad de condiciones que el resto de los españoles. Esto nos lleva a construir una política integral de emigración, que no existía. Con este Estatuto habrá una política integral para un millón y medio de españoles que viven fuera de España y que, por tanto, van a tener los mismos derechos y obligaciones que nosotros.

¿Cuáles son los elementos esenciales de este texto? El primero, el derecho a la participación, el derecho al voto. Como ustedes saben, el derecho al sufragio ejercido por los residentes en el exterior comporta una serie de peculiaridades intrínsecas a las circunstancias en que se ejerce. Actualmente se vota por correo. Pues bien, con este Estatuto pretendemos, una vez que lo apliquemos, posibilitar el voto en todos los lugares de manera idéntica a la existente en España. Para ello el artículo cuarto establece un compromiso de la Administración General del Estado para asegurar la actualización del censo electoral y, ante todo --y ésta es la parte importante--, para que se pueda ejercer el derecho al voto en urna allí donde las condiciones lo permitan. Seguramente no será en todos los sitios, pero allá donde las condiciones --la existencia de Consulados, de Embajadas-- lo permitan vamos a favorecer el derecho al voto en urna y no sólo a través del voto por correo. Por tanto, derecho al voto, una mejor participación y unos mejores derechos a participar en los procesos electorales.

En segundo lugar, los derechos sociales y las prestaciones. A partir de este texto los españoles que vivan fuera de España tendrán los mismos derechos que los españoles que vivimos aquí. Por ejemplo, en una situación de necesidad, cuando una persona mayor de 65 años o discapacitada para el trabajo tenga necesidad de una ayuda económica, la va a tener por parte del Gobierno español.

Ahora se conceden pensiones asistenciales y se conceden sólo en base a un Real Decreto y de acuerdo con los recursos presupuestarios. A partir de ahora todas aquellas personas que tengan necesidad acreditada, por insuficiencia de recursos, de percibir estas ayudas, de percibir esta pensión, la tendrán reconocida. No se llamará pensión, porque no lo es técnicamente; se llamará prestación por razones de necesidad. Estas prestaciones se reconocen como derechos vinculados, como no podía ser de otro modo, a la efectiva comprobación de que estas personas se encuentren en situación de necesidad, igual que ocurre en España. En España, cuando una persona, un ciudadano, pide una pensión no contributiva, se le reconoce si está en situación de necesidad. Igual va a ocurrir con los españoles en el exterior con carácter subjetivo y para todos los que tengan esta necesidad.

En cuanto a la protección de la salud, especialmente para personas mayores y para dependientes, vamos a facilitar su cobertura a través de convenios adecuados a la realidad de cada país, con instituciones públicas o privadas, para dar la garantía plena de asistencia sanitaria a todos los españoles.

En tercer lugar, los derechos en materia de empleo. En una época en que en España existen puestos de trabajo pendientes de cobertura --y esto a veces llama la atención, pero es así: en España hay oferta de empleo que no se cubre, en España hay puestos de trabajo para los cuales no hay trabajadores, y por eso hemos tenido que elaborar un catálogo de ocupaciones de difícil cobertura en España que se ofrece al exterior-- resulta un contrasentido que españoles que quieran retornar a España no puedan tener garantizado el derecho a acceder a esos empleos. Por eso vamos a establecer en este texto un procedimiento mediante el cual el Sistema Nacional de Empleo permitirá el acceso a la información necesaria que permita a los españoles que soliciten empleo en el exterior y a los retornados la búsqueda de empleo, facilitar la formación para el empleo, es decir, el acompañamiento para la inserción profesional, y las ayudas para que puedan retornar a España y mejorar sus posibilidades de ocupación.

El cuarto gran capítulo de derechos es el de la Educación y la cultura. Por lo que se refiere al reconocimiento del derecho a la educación y al acceso a la cultura, este Proyecto ofrece a los españoles la posibilidad de tener a su alcance centros, clases o medios de apoyo para la educación en español, para la enseñanza o mantenimiento de las lenguas españolas, así como la convalidación de estudios y titulaciones.

El quinto gran derecho es el del retorno. El Estatuto crea la Oficina Española del Retorno, encargada de proporcionar las mayores facilidades y el máximo apoyo a los ciudadanos que se hayan planteado el retorno o que deseen llevarlo a cabo; todo ello en un apolítica integral que tiene en cuenta las competencias de las Comunidades Autónomas.

Hay otros derechos y materias reguladas, como el derecho a la participación de órganos representativos de la emigración, el derecho de asociación o derechos en materia de Seguridad Social para que los españoles que han cotizado otros sistemas de Seguridad Social cuando vuelvan a España no pierdan esas cotizaciones y puedan consolidarlas con el trabajo que desarrollen en España.

Y, por supuesto, abrimos la vía para los muy importantes servicios de carácter social y de atención a las personas sin autonomía personal o personas dependientes.

Es necesario, por tanto, señalar que, si algunos de los derechos y prestaciones recogidos estaban ya recogidos por otras normas --algunos estaban ya recogidos por otras normas--, su mención al Estatuto les da coherencia, les da un cuerpo legal amplio y fortalece su aplicación. Los convierte en Ley exigible, por lo tanto, en su cumplimiento.

Va acompañado este Proyecto de una memoria económica y este Estatuto se refiere, fundamentalmente, a la acción de tres Ministerios: Asuntos Exteriores, Educación y Cultura, y Trabajo y Asuntos Sociales. La Memoria económica recoge la garantía del gasto para la cobertura de todas las necesidades que hoy se han puesto de manifiesto en relación con los españoles en el exterior que tienen dificultades económicas, que tienen situación de necesidad.

Para que se hagan ustedes una idea, desde que estamos en el Gobierno los presupuestos destinados a ayudar, a proteger, a garantizar, los derechos de los españoles en el exterior han crecido de una forma extraordinariamente significativa. Entre el año 2004 y 2005 crecieron un 29 por 100 y entre el año 2005 y 2006 crecerán un 32 por 100; en total, prácticamente un 60 por 100 en sólo dos años. En el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales pasamos de los 85 millones de euros presupuestados en el año 2004 a los 136 millones de euros presupuestados en el año 2006; es decir, un porcentaje de incremento del 60 por 100. Pocas veces se ve un compromiso tan intenso en tan poco tiempo con unas necesidades sociales como las que tienen los españoles en el exterior.

En resumen, en conclusión, la Constitución Española establece en su artículo 42 el deber del Estado de velar por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientar la política hacia su retorno, y es lo que justamente hace este Estatuto.

Es un Estatuto de ciudadanía plena. Por primera vez en la historia de España nuestros emigrantes dispondrán de una ley que les reconoce los mismos derechos y obligaciones que a los españoles aquí, en España; que podrán votar presencialmente igual que lo hacemos nosotros, cuando las circunstancias lo permitan; que podrán tener ayudas, una especie de pensión, todos los que tengan situación de necesidad; que tendrán cobertura sanitaria; que tendrán garantizados los derechos a la educación y a la cultura en las lenguas propias del Estado español; que tendrán derecho al retorno, a las ayudas para el retorno, manteniendo, por ejemplo, cuando retornen, las ayudas económicas aquellas personas que las hubieran obtenido por situaciones de necesidad y con ayudas específicas, tanto en materia de desempleo, como para la inserción profesional; y que, por tanto, tienen reconocidos, a partir de la aprobación de este texto, los derechos en igualdad de condiciones que el resto de los españoles.

Esto nos permitirá saldar una vieja deuda; recuperar, además, una parte de nuestra memoria histórica; ayudar a quienes marcharon de España, por unas u otras razones, políticas o económicas; favorecer su retorno y su integración social aquí, en España, de nuevo entre nosotros, a aquellos que lo deseen con todas las garantías de sus derechos; y, para quienes continúen viviendo fuera, salud, pensiones, educación, cultura, servicios sociales y atención a los dependientes en similares condiciones que para el resto de los españoles que vivimos en España.

P.- Le quería hacer cuatro preguntas a la Vicepresidenta. Primera, ¿cuáles son las fórmulas que maneja el Gobierno para solucionar el término "nación" en el Estatuto?

En segundo lugar, ¿nos puede aclarar quién dice la verdad: Marruecos, cuando dice que fue la llamada del Rey la que posibilitó la expulsión de 73 emigrantes y no el Acuerdo de 1992, o el Gobierno, cuando dice que las expulsiones fueron posibles gracias a esa reactivación del Acuerdo de 1992?

Tercera pregunta: ¿puede aclararnos la denuncia que han hecho ACNUR y el Consejo General de la Abogacía sobre irregularidades en la expulsión de, al menos, seis de los 73 emigrantes?

Por último, ¿Fidel Castro acude o no a la Cumbre en Salamanca?

Vicepresidenta.- Voy a empezar por el final, si le parece, porque es lo más cortito. Como he señalado al principio de mi intervención, pues he estado hablando de la importancia de la Cumbre de Salamanca, en principio están confirmados hasta el momento todos los Jefes de Estado. Excepto los que le he mencionado, que por razones de tener que estar en estos momentos abordando situaciones internas de sus países, derivadas en un caso de una crisis política y en el resto de fenómenos naturales que les han producido una enorme tragedia, no pueden venir, el resto en principio está confirmado; pero habrá que esperar, como siempre también, hasta el último momento. Por lo tanto, no le puedo dar ninguna información más que ésta, que en principio están todos confirmados, excepto los que he dicho.

En cuanto a la denuncia que se ha hecho, es una denuncia que se está investigando; es decir, si hay una denuncia presentada, la denuncia se está investigando. Me parece absolutamente muy positivo que el Consejo General de la Abogacía colabore, coopere y se preocupe, como no podía ser de otra manera, por la defensa de los derechos humanos de los inmigrantes y de las condiciones en que las devoluciones, en su caso, que se ponen en marcha se realizan. Yo creo que ése es el funcionamiento correcto del Estado de Derecho y, desde luego, nadie se puede alegrar más que yo de que estos mecanismos funcionen. Están en marcha, darán sus resultados y los analizaremos. Por lo tanto, ahí no tengo nada que añadir. Las denuncias están en marcha y ya veremos el resultado de las mismas.

Quién dice o quién no dice la verdad. Dice todo el mundo la verdad. Aquí nadie miente. Ni desde luego el Gobierno de España miente, ni ha mentido nunca, ni el Gobierno de Marruecos.

Yo creo que lo he dicho bien claro desde el primer momento: ha habido una situación extraordinaria y unas circunstancias extraordinarias. Con arreglo a la normativa hoy vigente, que entre otra es el Convenio de 1992, se pueden producir devoluciones de carácter extraordinario o actuaciones de carácter extraordinario acordadas por los dos Gobiernos, o actuaciones singulares. De acuerdo con las conversaciones que tuvimos con el Gobierno de Marruecos, se decidieron dos cosas: una, una devolución de carácter extraordinario, que afectaba a 74 inmigrantes, precisamente derivada del carácter extraordinario de la situación y, a partir de ahí, la reactivación --ése fue el acuerdo-- del Convenio de 1992 en lo que se refería ya a devoluciones singularizadas. Eso es lo que acordamos con el Gobierno de Marruecos, eso es lo que hemos dicho y eso es lo que hemos hecho.

En cuanto a la intervención de las Casas Reales, como ustedes saben, la relación entre la Casa Real de Marruecos y la Casa Real de España es muy buena, es muy fluida y es muy frecuente. Por lo tanto, es habitual que los Reyes de Marruecos y de España hablen de este tema y de cualquier otros temas, a veces, están en la vida política de los dos países. La decisión de poner en marcha los instrumentos relativos a las decisiones políticas se ha adoptado por los dos Gobiernos. Desde luego, por supuesto, el mejor embajador que tiene este país es el Rey de España. Ya lo saben ustedes.

¿Fórmulas? Claro que el Presidente maneja distintas fórmulas, porque existen distintas fórmulas, para conciliar el sentimiento identitario de Cataluña con el artículo 2 de la Constitución, que habla de la indivisible unidad de la nación española. Si existen distintas posibilidades y hay voluntad de acuerdo, lo lógico es que alcancemos un acuerdo y ese acuerdo será, tengan la absoluta seguridad, respetuoso con el artículo 2 de la Constitución. Pero yo les pido tranquilidad y les pido, una vez más, respeto por el procedimiento, por el tiempo y por los escenarios en donde se tiene que producir el debate, porque eso es lo que conforma las reglas del juego. Cada cosa, por lo tanto, en el tiempo que marcan las leyes.

P.- No le sorprenderá que insista un poco más en esta cuestión, porque hoy la Vicepresidenta primera del Congreso y Secretaria Ejecutiva del PSOE, la señorita Carmen Chacón, ha manifestado que las fórmulas que baraja el Gobierno son denominar a Cataluña "comunidad nacional", "realidad nacional", "entidad nacional" o por el estilo. Me gustaría saber si, como Portavoz del Gobierno, puede confirmar que éstas son, al menos, algunas de las fórmulas que se barajan.

En segundo lugar, me gustaría que hiciera un análisis sobre los pitidos y abucheos con que fueron recibidos ayer el Presidente y el Gobierno en el desfile militar del día de la Fiesta Nacional. Me gustaría saber si considera que son hechos aislados o considera que, junto a las encuestas, podrían ser un síntoma de un cierto desgaste político por parte del Gobierno a raíz del debate precisamente del Estatuto de Cataluña.

Vicepresidenta.- Es que están ustedes permanentemente queriendo adelantar acontecimientos, viven en el futuro. Yo creo que, de verdad, vuelvo a repetir, hay diversas fórmulas y el Presidente las tiene; pero, de verdad, seamos respetuosos. Ya dijo el propio Presidente del Gobierno que quería respetar el procedimiento. Nuestro objetivo, evidentemente, es llegar a un acuerdo con los grupos políticos que han aprobado el Estatut. Ellos tienen que ser los primeros, por respeto institucional, que conozcan las fórmulas por parte directa del Gobierno.

Por tanto, yo les voy a pedir, una vez más, que no nos adelantemos a los acontecimientos, que vivamos en el presente, aunque es un presente que trabaja para un futuro; pero, repito, siendo respetuosos con los ámbitos de decisión, con los tiempos y con los procedimientos. Yo creo que el Presidente ya ha adelantado que hay varias fórmulas y que esas fórmulas serán respetuosas.

En cuanto al segundo tema que usted me ha planteado, la verdad es que en el desfile que tuvo lugar ayer había miles de ciudadanos y yo, que estuve allí, puedo decirles que hubo una minoría pequeña, concentrada en un lugar determinado, que protestó. Está en su derecho y nuestra primera obligación, desde luego, es respetar ese derecho y yo creo que, además, hay que contextualizarlo todo y a cada cosa darle la importancia que tiene, porque la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país quiere tolerancia y no intolerancia; quiere sosiego y no crispación, y quiere diálogo y no imposición. Eso lo acabamos de ver en todas las encuestas de opinión. Eso es lo que quieren todos los ciudadanos.

Pero, por supuesto, el Gobierno escucha, como no podía ser de otra manera, respeta y toma buena nota de las quejas.

P.- Abundando también en una de las preguntas, hoy Rajoy estaba en Ceuta y allí ha dicho que era grotesco y lamentable que nos hayamos enterado de la llamada de los Reyes a través de Marruecos. Quería saber qué opinión le merece.

Vicepresidenta.- Ya sabe usted que yo no comento las declaraciones de los líderes políticos y de éstas qué quiere que le diga. Nada nuevo que usted no sepa.

P.- Para la Vicepresidenta. El viernes pasado comentó que igual en próximos días tenía algún tipo de contacto con Rajoy y con el PP para hablar del tema de la reforma del Estatuto. Le quería preguntar si ha habido algún tipo de contacto y, en segundo lugar, a la vista de lo que ha pasado estos días y las reacciones del PP, qué expectativas tienen con relación a este partido de cara al proceso de reforma del Estatuto de Cataluña a su paso por las Cortes.

Vicepresidenta.- Sí, he hablado con el señor Rajoy. Aunque el motivo de mi conversación con él respondía más a temas educativos, hablamos, al hilo de esa conversación, de la reforma del Estatut. Yo le trasmití al señor Rajoy lo mismo que he dicho públicamente y lo que le dije es que, en opinión del Gobierno, el Partido Popular tiene ante sí dos opciones: una, sumarse a la mayoría de los ciudadanos, que lo que quiere es debatir y llegar a un acuerdo para mejorar el Estatut de Cataluña, o bien seguir donde están, quedándose solos, con un mayor aislamiento, rechazando el debate y el acuerdo y confrontando y dividiendo.

Ésas son las dos opciones. Francamente, yo no sé por cual de las dos va a optar, pero lo que es evidente es que hasta ahora lo que parece es que han optado por la segunda. Al Gobierno lo que le gustaría es que hubiese diálogo y el acuerdo. Las puertas del Gobierno van a estar siempre abiertas al diálogo y al acuerdo.

Me gustaría que entre todos serenásemos el debate porque, como ya les he dicho en varias ocasiones y lo ha expresado también el Presidente del Gobierno, queremos acordar un texto con los partidos proponentes de la reforma y, sinceramente, nos gustaría que se sumase el Partido Popular. Es verdad que los dirigentes del Partido Popular están más por dividir, hoy por hoy; pero hay que tratar siempre de intentar que el que está en el monte baje de donde se ha instalado.

P.- Insistiendo en el tema de la "nación" sólo quería saber si ve compatible esta palabra con el artículo 2 de la Constitución. Solamente esta observación.

Vicepresidenta.- No voy más de lo que les he dicho, pero no tengo ningún inconveniente en volvérselo a repetir. Vamos a establecer una fórmula que haga compatible el criterio expresado por el Parlamento de Cataluña de que los catalanes se sienten como tales una nación con el artículo 2 de la Constitución. Y no hay una fórmula, hay varias. Lo que tenemos que adoptar y buscar entre todos es la que más haga compatibles y conciliables estas dos cuestiones: ese sentimiento que queremos respetar con el artículo 2 de la Constitución, que dice lo que ya todos sabemos.

P.- Quería insistir sobre dos temas a la Vicepresidenta. Uno, quería saber si la intervención del Rey en el tema de Ceuta y Melilla se produjo a instancias del Presidente del Gobierno o en qué circunstancias se produjo.

En segundo lugar, siguiendo con su explicación, ¿en qué momento el Presidente del Gobierno va a hacer pública su posición sobre el Estatut y el término "nación"? ¿Él va a negociar directamente y personalmente con los Grupos Parlamentarios o si piensa después del debate de totalidad..? ¿Nos puede precisar un poco más? Puesto que nos ha dicho que respeta el procedimiento, ¿cuál es el procedimiento que el Presidente del Gobierno prevé?

Vicepresidenta.- En cuanto a la intervención del Rey, como he dicho, las relaciones entre las Casas Reales son relaciones entre las Casas Reales, que, como ustedes saben y como yo creo que es público y notorio, son relaciones frecuentes, fluidas y que se producen con bastante normalidad. Las conversaciones que haya podido haber no se han producido a instancias del Presidente del Gobierno. Aquí lo que hay es un trabajo de dos Gobiernos que han estado trabajando conjuntamente en abordar un problema que nos afecta a los dos países y que, incluso, nos afecta más allá de lo que son las responsabilidades de los propios dos países. Y hemos ido adoptando decisiones sobre ese tema.

Por lo tanto, no hay otra cosa que ésa. Ya lo he explicado bien y creo que todos los ciudadanos pueden entender claramente lo que es un tipo de relación y lo que son las relaciones entre los Gobiernos, que son las relaciones entre dos Gobiernos democráticos que trabajan y que cooperan. No hay más. Son los Gobiernos los que están cooperando.

La posición del Presidente del Gobierno creo que ya se ha expresado y yo creo que está muy claro que ya el Presidente del Gobierno ha dicho en varias ocasiones --no en una, sino en varias-- que va a modificarse el Estatuto en varios temas; pero en concreto en lo que se refiere al artículo 1, que afecta al artículo 2 de la Constitución, sobre el tema "nación". Ya lo ha dicho y ha dicho que su posición es buscar el punto que haga compatible ese sentimiento expresado por Cataluña y que se concreta en la expresión del término "nación", de que se constituye como una nación, con el sentimiento del resto de España, que considera, además, lo que dice la Constitución, que nación sólo hay una, que es la española; es decir, la compatibilidad del texto constitucional del artículo 2 con lo que ha expresado el Parlamento de Cataluña.

Para eso hay fórmulas, muchas fórmulas, varias, variadas fórmulas, en las que se está trabajando y en las que se llegará o se tratará de acordar con los Grupos Parlamentarios del Parlamento de Cataluña, que son los que han aprobado ese texto. Con ellos vamos a intentar llegar a un acuerdo y queremos que a ese acuerdo se sume todo el mundo.

¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento ustedes lo saben: hay un debate de totalidad que se va a producir el día 2; a continuación, hay un procedimiento que se abrirá que es de enmiendas: acuerdos, enmiendas y pactos. Ése va a ser el procedimiento, ésos son los tiempos y ésos serán el lugar y el momento en donde se fijen las posiciones. Mientras tanto, lo que estamos haciendo es tratar de trabajar todos para buscar que esa fórmula sea la mejor posible para que haya, como siempre ha querido el Gobierno, el mejor Estatuto posible.

P.- Yo quería hablar del otro Estatuto, el que han presentado hoy. Quería saber si, una vez superado el trámite parlamentario en el Congreso, el Gobierno prevé o piensa proponer algún tipo de modificación o revisión de la Ley de Régimen Electoral para permitir precisamente ese voto en urna de los emigrantes españoles, porque ahora la Ley no lo contempla, o si no es necesaria esa revisión o esa introducción en la Ley para ejercitar ese derecho.

También quería preguntar cuando prevé el Gobierno que este Estatuto llegue al Congreso, si puede ser antes de que finalice el año y si hay fecha para la puesta en marcha de la Oficina Española del Retorno.

Además, si en ese trámite parlamentario se espera una mayoría o un consenso amplio que incluya al Partido Popular.

Sr. Caldera.- Sin duda, este Estatuto tendrá luego que ser desarrollado en sus mandatos por otros textos normativos. Efectivamente, en materia de voto lo que dice el artículo 4.5 del Anteproyecto es que "para facilitar el ejercicio del voto de los españoles residentes en el exterior se promoverán las medidas legales --por tanto, tienen que ser legales-- tendentes a homogeneizar los procedimientos electorales de los electores residentes ausentes y se habilitarán los medios materiales y técnicos precisos que posibiliten la votación en urna en aquellas elecciones y demarcaciones consulares donde sea posible". Por tanto, tendrá que haber reformas legales, claro. Una vez aprobado este texto tendrán que producirse esas reformas.

¿Cuándo estará en el Congreso? Por nuestra parte, lo más rápidamente posible. Ahora tiene que ir a informe, al menos, del Consejo Económico y Social; pero creo sinceramente que antes de que acabe el año podría estar en disposición de ser enviado como Proyecto de Ley. Por tanto, no debe ser excesivo el tiempo hasta que lo enviemos.

Por otra parte, me gustaría recordar que ha sido informado este texto prácticamente por unanimidad por el Consejo General de la Emigración, es decir, que tiene ese aval. Ahora queda el Consejo Económico y Social como mínimo y seguramente el Consejo de Estado; pero, una vez que se rindan esos informes, irá al Parlamento.

Sobre la Oficina de Retorno desde luego mi intención es ponerla en marcha, porque estará en el ámbito competencial del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de forma inmediata a la aprobación de este texto.

Y, por supuesto, el texto nace con vocación de consenso, claro que sí. El texto quiere el máximo consenso. No concibo que pueda haber grupos políticos que se queden al margen del mismo siempre que tengan una leal cooperación. Si hay buena fe, sin duda habrá máximo consenso y espero de parte del principal partido de la oposición, del Partido Popular, esa disposición. Nosotros, desde luego, estamos abiertos al consenso y nos gustaría que este texto fuera una especie de norma constituyente para los españoles en el exterior que gozara del apoyo total de las Cámaras. Ojalá sea así.

Vicepresidenta.- Muchas gracias.