Rueda de Prensa

Vicepresidenta.- Buenos días a todas y a todos.

Como ustedes saben, el principal problema que hoy tenemos en España es el del terrorismo. Así lo perciben los ciudadanos y para la mayoría de ellos es el principal problema que afrontamos en España, y así lo ve también el Gobierno. Es por ello que el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la constitución del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista. Es una estructura que se ha creado, que no supone un nuevo cuerpo de seguridad; es un centro de prevención y evaluación de riesgos, de máxima especialización en materia de terrorismo y, sobre todo, de máxima especialización en sus nuevas formas. No es tampoco un órgano democrático, sino que es un órgano que va a servir para coordinar todos los trabajos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia. Dependerá orgánicamente de la Secretaría de Estado de Seguridad y, funcionalmente, del Mando Unificado.

Yo voy a resumirles cuál es el espíritu del Gobierno en relación con el tema del terrorismo --y quiero aprovechar, una vez más, la ocasión que me brinda el acuerdo que ha adoptado hoy el Consejo de Ministros-- que es unidad política, y el Pacto Antiterrorista fue, es y será su mejor manifestación, y unidad operativa en la prevención y en la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Ahí están los pasos que hemos ido dando, primero, la creación del Mando Único y ahora el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, que son los dos grandes pasos que ha dado este Gobierno y del que les informará con más detalle el Ministro del Interior, que nos acompaña hoy aquí.

Quiero, además, informarles de otros acuerdos que se han adoptado en el Consejo de Ministros de hoy.

Recordarán que hace unas semanas el Consejo de Ministros anunció que el Gobierno frenaría la entrada en vigor de algunos aspectos de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación que habían resultado muy controvertidos. Hoy el Consejo de Ministros cumple con el compromiso y ha aprobado la paralización de esos aspectos controvertidos, que recordarán ustedes que se referían a los itinerarios y al tema de la enseñanza de la Religión, fundamentalmente. El Congreso de los Diputados, como recordarán también, aprobó el día 25 una Proposición no de Ley instando al Gobierno a que abordara la paralización de estos aspectos controvertidos y polémicos, que hoy con este Real Decreto, que se publicará de forma inmediata en el Boletín Oficial del Estado, han quedado parados.

Yo quisiera destacar, primero, que la Ley Orgánica de Calidad de la Educación no se deroga. La LOCE no se paraliza, la LOCE no se suspende, la LOCE sigue en vigor y los educadores, las familias y los niños pueden estar totalmente tranquilos en el próximo curso. Queríamos dar un mensaje de tranquilidad y llevar la estabilidad al sistema educativo. Pero es verdad que los aspectos que suscitaron divisiones y enfrentamiento no entrarán en vigor; ya saben: la separación de los niños, como antes les indicaba, a los 14 años, la Reválida y la Religión como materia evaluable. Respecto de estos aspectos vamos a abrir un debate, vamos a abrir un diálogo y vamos a procurar llegar a un encuentro y a un consenso para dar estabilidad a la reforma educativa.

Además de ello, el Consejo de Ministros ha estudiado hoy el informe de conflictividad territorial que llevó al Consejo, también semanas atrás, el Ministro de Administraciones Públicas. Saben ustedes que este Gobierno quiere incrementar la armonía en las relaciones del Estado con las Comunidades Autónomas. En ese sentido, consideramos que hay recursos planteados por el anterior Gobierno que se presentaron ante decisiones de las Comunidades Autónomas que no tienen la suficiente justificación o, digamos, la relevancia constitucional como para plantearlos ante el Tribunal Constitucional, sino que son temas que se pueden resolver por otras vías.

Algunos de estos recursos, los que hemos visto hoy y que van a ser retirados, los voy a enumerar; son cinco.

El primero de ellos se refiere al que se presentó contra la Carta Municipal de Barcelona. Entendemos que no hay problema en el hecho de que las concesiones y autorizaciones respecto al espacio radioeléctrico se comunicaran al Ayuntamiento. No es un tema de relevancia constitucional y, por tanto, ése un recurso del que se va a desistir.

En segundo lugar está el que se presentó contra el Decreto de Castilla-La Mancha relativo a la televisión local por ondas terrestres. La justificación es que no creemos que en estos momentos tenga mucho sentido mantener este recurso, en la medida en que existe ya un Plan Técnico Nacional que asigna frecuencias.

El tercer recurso que vamos a retirar mediante el desistimiento es el que se presentó contra la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía. Éste, como saben ustedes, fue muy controvertido, pero seguimos pensando y pensamos que no está justificada la intromisión del Gobierno en la Ley andaluza para influir en CajaSur.

El cuarto recurso es otro que se presentó contra el acuerdo andaluz sobre el Plan de Ordenación de la Isla de Alborán. En este caso se trataba de un tema de gestión de un espacio natural protegido y no entendemos tampoco la polémica que se ha centrado contra la Junta de Andalucía, cuando un espacio natural protegido como es éste, el de la Isla de Alborán, de pequeñas dimensiones, se pueda gestionar bien desde la propia Junta de Andalucía.

Y, finalmente, el que se presentó contra el Gobierno vasco sobre la supervisión de las elecciones sindicales. Creemos que el Gobierno vasco está dentro de sus competencias cuando reclama esta supervisión.

En definitiva, lo que quería transmitirles, y éste es el mensaje fundamental, es que con estas decisiones el Gobierno quiere continuar este proceso de distensión iniciado entre el Gobierno central y las Administraciones o los Parlamentos autonómicos y las Comunidades Autónomas. Es evidente que las Comunidades Autónomas y el Estado pueden y deben convivir en paz y armonía, cada cual en el ejercicio del legítimo derecho de las competencias que les vienen atribuidas por la Constitución. Éste es un gesto, por tanto, y ésta es una decisión que confirman la voluntad del Gobierno de crear un clima de confianza con las Comunidades Autónomas y de lealtad institucional.

También el Consejo de Ministros ha procedido a unos cuantos nombramientos, aunque vamos ya reduciendo el número de nombramientos que se venían produciendo en Consejos anteriores. Hay algunos que son relevantes. Con independencia de que les facilitaremos la relación, hoy el Consejo ha procedido al nombramientos del Director General de la Cinematografía y Artes Audiovisuales, don Manuel Pérez Estremera; al Director General del Museo del Prado, don Miguel Zugaza, y al Director General del Centro de Estudios Constitucionales, don José Álvarez Junco. Se los señalo como nombramientos relevantes.

Finalmente, el Consejo de Ministros ha recibido el informe del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales referente a algo que él ya anunció en su comparecencia ante el Parlamento, que es la revisión de la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional. El Ministro nos ha informado de las gestiones que ha hecho previas al incremento de la cuantía del Salario Mínimo ya anunciada, su acuerdo con los agentes sociales, con los sindicatos y con la patronal.

Por tanto, el Consejo de Ministros, a raíz de ese informe, ha acordado hoy que se incremente el Salario Mínimo Interprofesional, que va a quedar fijado en 490,8 euros. Con esta subida, que supone un incremento del 6,6 por 100 sobre el Salario Mínimo anterior, se recupera la pérdida del poder adquisitivo. De esta medida, como ya anunció el Ministro, se van a beneficiar alrededor de 600.000 personas, cifra en la que se incluyen los trabajadores que perciben el Salario Mínimo Interprofesional y los preceptores de prestaciones del sistema de protección por desempleo.

Insisto, con este incremento, que entrará en vigor el 1 de julio, supone un 6,6 por 100 y se recupera por una sola vez la pérdida del poder adquisitivo sufrida por el Salario Mínimo Interprofesional como consecuencia de la desviación que hubo en el período 1996-2004 entre el IPC real y el IPC previsto, factor este último que ha sido utilizado para determinar el aumento.

No obstante, hoy hemos adoptado en el Consejo el acuerdo en los términos que les he dicho. Esto se va a llevar a un Real Decreto-Ley, porque además hay que modificar algunas normas, aquellas que se refieren a prestaciones que quedan vinculadas por el Salario Mínimo, como es la del desempleo, y las que no van a quedar vinculadas, que son el resto del conjunto de prestaciones públicas. Requiere el análisis y modificación de otras normas legales y, por lo tanto, estamos estudiando la elaboración de un Real Decreto-Ley, que se traerá al Consejo de Ministros en el plazo de quince días, que recogerá ya normativamente este incremento que hoy les anuncio y que entrará en vigor el próximo 1 de julio.

Sr. Alonso.- Como ha dicho la Vicepresidenta y como ha enfatizado muchas veces nuestro Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, efectivamente el terrorismo es seguramente la prioridad política máxima de este Gobierno, porque somos conscientes de que, como no podía ser de otro modo, es la prioridad política de todo el país.

Nosotros, cuando llegamos al Gobierno, y en particular los que llegamos al Ministerio del Interior, mi equipo y yo, lo primero que hicimos, como podrán comprender, fue pedir informes y opiniones a los profesionales de la Policía y de la Guardia Civil sobre cómo se podía mejorar la lucha contra el terrorismo, sobre todo la lucha contra el terrorismo internacional, o el terrorismo de base islámica o de Al-Qaeda, como quieran llamarle. A partir de las opiniones y de los informes que nos elaboran los profesionales, el Comité Ejecutivo para el Mando Unificado, estructura que se crea, y que ustedes conocen, en el Ministerio del Interior para el análisis de estas cosas, decide crear, entre otras cosas, el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista.

Las medidas que va a encarar el Gobierno, como expuse en mi comparecencia parlamentaria de la última semana en el Congreso de los Diputados, son medidas de naturaleza legal y medidas de naturaleza operativa; las primeras, naturalmente tienen sentido en la medida que acompañen y vigoricen las segundas. Las operativas hacen referencia a una cosa muy importante, que quiero dejar clara: nosotros, desde el punto de vista de la operatividad de la Policía y de la Guardia Civil, vamos a mantener la actual estructura de respuesta al terrorismo existente y vamos a reforzarla.

Es decir, las unidades centrales y periféricas de información, tanto interior como exterior, es decir, lucha contra el terrorismo nacional o internacional, no sólo las vamos a mantener, sino que las vamos a potenciar en el futuro a lo largo de la Legislatura; pero, además, queremos mejorar la lucha contra el terrorismo desde el punto de vista cualitativo con la creación del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista.

¿Qué va a ser el Centro? El Centro va a ser una estructura, una unidad policial de carácter profesional; es decir, no se trata de un organismo o de una estructura de naturaleza política. Tanto en su composición --va a estar compuesta por profesionales de la Policía y de la Guardia Civil en las condiciones que les diré, y del Centro Nacional de Inteligencia--, como en sus competencias objetivas y funcionales, va a ser un órgano, una estructura, de naturaleza profesional.

En segundo lugar, va a ser una estructura de naturaleza permanente; es decir, no va a ser, como ocurría hasta ahora a diferentes instancias, una reunión periódica, en general poco, más o menos estable de mandos o de elementos o efectivos de la Policía y de la Guardia Civil, sino que va a tener carácter permanente y, por lo tanto, sede propia.

En tercer lugar, no va a tener carácter operativo; es decir, no va a constituir en ningún caso una especie de tercer cuerpo policial distinto de la Policía y de la Guardia Civil, bajo ningún concepto. Se trata precisamente de crear una estructura complementaria y auxiliar para la Policía y para la Guardia Civil y, por lo tanto, para todo el sistema policial de respuesta al terrorismo, sobre todo al terrorismo de base internacional, o de Al-Qaeda, o de base islámica.

En cuarto lugar, el objetivo que pretendemos, como se pueden imaginar a tenor de lo que he dicho, es lograr una mayor y mejor coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Nacional. Todos los profesionales consultados nos han dicho que es posible que la coordinación mejore objetivamente, y en eso nos vamos a aplicar con la creación del Centro Nacional del que les estoy hablando.

Por lo tanto, queremos dar el primer paso a favor de una cultura de la coordinación entre las fuerzas policiales que mejore objetivamente la lucha contra el terrorismo.

Las funciones del Centro van a ser --por resumírselas-- funciones de recabar información, no sólo de la Policía y de la Guardia Civil, es decir, de los servicios de información de la Policía y de la Guardia Civil, sino también de bases de datos internacionales, de servicios internacionales y de todo tipo de información que pueda disponer. En segundo lugar, va a tratar esa información evaluándola, analizándola y, por lo tanto, haciendo una evaluación de los riesgos para finalmente, y esto es lo importante, hacer un planteamiento que permita prevenir la actividad terrorista en la medida de lo humanamente posible y, por lo tanto, que permita recomendar a la Policía y a la Guardia Civil determinadas actuaciones ya de tipo operativo porque, como les digo, la operatividad sigue estando en manos de la Policía y de la Guardia Civil, no de este Centro, que es un centro de análisis y evaluación del riesgo.

¿La participación del Centro Nacional de Inteligencia? Quiero dejar claro que el Centro Nacional de Inteligencia va a tener una participación clara, porque estamos extremadamente interesados en que en la lucha contra el terrorismo se incorporen todos los servicios de información y todos los servicios de inteligencia del Estado; pero dejando muy claro que el Centro Nacional de Inteligencia tiene una adscripción orgánica al Ministerio de Defensa que por supuesto vamos a respetar --el Centro Nacional de Inteligencia está en el Ministerio de Defensa-- y va a ser el Ministerio de Defensa, el Ministro o el Director del Centro Nacional de Inteligencia, quien adscriba funcionalmente los elementos o efectivos al Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista.

El personal que va a tener el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista va a estar compuesto de 36 personas, va a ser una estructura delgada, como verán, de 36 elementos: 18 de la Policía y 18 de la Guardia Civil efectivos, profesionales, personas provenientes de ambos Cuerpos. Va a constar de seis funcionarios civiles, que se añaden a estos 36; de cinco traductores y de dos ordenanzas. Por lo tanto, va a ser una estructura delgada

Queremos tener una unidad manejable, con la que podamos empezar a caminar en la inteligencia y en la información en la lucha contra el terrorismo, y, por lo tanto, creemos que va a ser una cosa razonable, que se va a poder desarrollar en el futuro en una institución o en un organismo razonable, que se va a poder ir desarrollando en el futuro en la medida en que las necesidades de información y de operación del país lo precisen.

El coste va a ser un coste bajo para las magnitudes de gasto del Ministerio y, por lo tanto, creo que es algo que va a poder asumir sin ningún problema el presupuesto que le corresponde al Ministerio del Interior.

En definitiva, lo que les quería transmitir es que creemos, estamos convencidos de que el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista creemos va a mejor sustancialmente la coordinación entre la Policía y la Guardia Civil, con la ayuda del Centro Nacional de Inteligencia, en la lucha contra el terrorismo, tanto interno como internacional. Ése es el principal problema político de este país y de otros países, y creemos que, mejorando estas estructuras de coordinación, vamos a ayudar sustancialmente a mejorar la respuesta que el Estado de Derecho democrático y la sociedad democrática tienen que dar a este grave problema.

P.- Dos preguntas para la Vicepresidenta. Por una parte, ¿cómo se ha sentido esta mañana al presidir por primera vez un Consejo de Ministros una mujer?

En segundo lugar, quería preguntarle también por las contradicciones que ha podido haber en los últimos días entre miembros del Gobierno y también entre dirigentes del Partido Socialista sobre temas como la vivienda, sobre si se va a dedicar o no suelo de Defensa; las desgravaciones fiscales en viviendas de alquiler; las cifras que se han manejado sobre creación de viviendas nuevas... Y luego otros temas, como el Pacto de Estabilidad o la apertura de festivos.

Vicepresidenta.- En cuanto a lo primero, que es lo más fácil, le diré que ser la primera mujer en la historia de España que preside un Consejo de Ministros no le oculto que me ha producido una gran satisfacción desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional, y, sobre todo, fundamentalmente, desde el punto de vista del avance en la lucha por la igualdad, del avance en que las mujeres vayamos adquiriendo mayores cuotas de participación en los órganos de representación y en la política.

Por lo tanto, yo creo que lo más importante de todo es que cada vez que una mujer da un paso todas las mujeres avanzamos. Creo que con esto le expreso cuál ha sido mi sentimiento.

En cuanto al segundo tema que usted me plantea, me ha planteado muchas cosas; me ha planteado vivienda, suelo, desgravaciones fiscales, horarios comerciales... Son muchas preguntas.

En cuanto al tema de vivienda, lo que está haciendo este Gobierno en estos momentos es que, partiendo de un compromiso electoral nuestro de que la vivienda necesita un sistema fiscal más justo y más progresivo, se están estudiando diversas medidas, diversas posibilidades, y eso, lo que se está estudiando, se decidirá en su momento en un Consejo de Ministros. Lo único que ha hecho la Ministra es ir anunciando las líneas por las que, tanto el Ministerio de la Vivienda, como el Ministerio de Economía y Hacienda, están trabajando.

Pero sí quiero dejar algo claro por si pudiera haber inducido a alguna confusión. El nuevo régimen fiscal que en su caso se pueda aprobar por el Consejo de Ministros nunca tendría carácter retroactivo. Quiero dejar rotundamente claro que todo aquel que tenga deducciones fiscales por compra de vivienda seguirá teniéndolas hasta que acabe de pagarla. Es decir, finalmente, tras estos estudios, que los estamos haciendo porque creemos que hay que introducir muchas medidas para que el acceso a la vivienda sea más fácil de lo que lo es hoy, el nuevo régimen fiscal, si es que se aprueba y cuando se apruebe, se aplicará a quienes compren su vivienda a partir de la entrada en vigor, no a los que la tuvieron con anterioridad.

En el tema del suelo este Gobierno, como en todo, va a cumplir su programa electoral y, desde luego, el suelo público va a ser destinado a usos públicos; entre ellos, a construir vivienda, porque así lo dijimos. Eso no obsta, en ningún caso, a que quien sea el titular del suelo público pueda recibir una compensación o la compensación que se pueda fijar y que le corresponda. Pero yo creo que el objetivo fundamental --y ésa es una decisión clarísima del Gobierno-- es que no se especule con el suelo.

En cuanto al número de viviendas, el Gobierno va a cumplir con lo prometido y lo prometido es que 180.000 familias tengan resuelto su problema de acceso a vivienda, bien por la vía de nueva vivienda, bien por la vía de vivienda de alquiler. Vamos a cumplir ese compromiso de 180.000 familias más, de 180.000 viviendas disponibles, a disposición de las familias españolas. Se está estudiando también. Como les he dicho en muchas ocasiones, las decisiones del Gobierno se adoptan en el Consejo de Ministros, pero eso no significa que previamente no haya debates. Es verdad que hay debate, y no es malo tampoco que a veces haya un debate público; pero las decisiones que hasta ahora ha adoptado este Consejo de Ministros han sido todo decisiones solidarias, decisiones del conjunto, como no podía ser de otra manera, del Consejo de Ministros, debatidas, acordadas y en cumplimiento de nuestros compromisos con los ciudadanos.

Me ha hablado usted también del tema de los horarios comerciales. ¿Qué pasa con el tema de los horarios comerciales? En el tema de los horarios comerciales ahora mismo hay una normativa que no se está cumpliendo, de entrada. Como ustedes saben, es competencia del Estado fijar un mínimo y, por tanto, hay que fijar un mínimo a partir del cual las Comunidades Autónomas pueden tener capacidad para autorregularse. En estos momentos ese mínimo está en doce horas, pero es progresivo y en 2005 se acaba.

¿Qué estamos diciendo? Que en el programa electoral se ha hablado de un mínimo de ocho festivos, pero es un tema que se está negociando, y ésa es la base. Se está negociando ahora con las Comunidades Autónomas sobre los criterios de aunar los intereses de todos los que están implicados en el sector: Comunidades Autónomas, grandes superficies, consumidores, pequeños comerciantes, y sobre la base de que tenemos también en este país una composición sociológica diferente en las Comunidades Autónomas. Por tanto, yo creo que ése es un tema que el Gobierno tiene que tener en cuenta y, de común acuerdo, este Gobierno fijará ese mínimo una vez lo haya hablado con todos los sectores a los que le he hecho mención.

Éstos son los temas que están ahí. No creo que haya contradicción de ningún tipo; lo que hay es temas que se están estudiando, que se están debatiendo y que en su momento vendrán a decisión del Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros los debatirá teniendo en cuenta todos los factores que inciden en temas que son complejos y que, además, queremos hacerlos con nuestro estilo: con el debate, con el diálogo, con la negociación y teniendo en cuenta a todos los sectores implicados.

P.- Yo tenía dos preguntas, una para la Vicepresidenta y otra para el Ministro del Interior.

Voy a empezar por la Vicepresidenta y tiene que ver con la Ley de Educación, con la paralización de ese Real Decreto. Yo sé que usted ha dejado claro ahora, al principio, que todos los padres pueden estar tranquilos; pero hay Comunidades Autónomas, entre ellas las de Madrid, concretamente, en la que la Presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho recientemente --tengo entendido-- que no piensa aplicar ese Real Decreto. Yo pregunto: para que esas familias se queden tranquilas, también en esta Comunidad de Madrid y otras gobernadas por el Partido Popular, ¿tiene algún mecanismo legal esa Comunidad Autónomas o esas Comunidades Autónomas para no cumplir el Real Decreto aprobado por el Gobierno de paralización del calendario de la Ley de Calidad?

Para el Ministro del Interior. Ya ha explicado usted que la estructura del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, ¿pero va a tener su sede dentro del Ministerio del Interior o va a tener una sede aparte, como tiene, por ejemplo, el CNI aparte del Ministerio de Defensa?

Vicepresidenta.- En cuanto a la pregunta que me ha planteado, el principio de legalidad rige para todo el mundo: Comunidades Autónomas, Estado, ciudadanos... Todo el mundo tiene que cumplir la Ley.

Lo que ha hecho el Gobierno es elaborar un Real Decreto con un calendario nuevo, de acuerdo con una Ley aprobada por el Gobierno del Partido Popular. Estamos cumpliendo la propia Ley que elaboró el Gobierno del Partido Popular que, como ustedes recuerdan, en su disposición adicional otorgaba competencia el Gobierno para fijar el calendario escolar. Este Gobierno, en cumplimiento de esa competencia que le otorga la Ley, ha fijado un nuevo calendario escolar. Por lo tanto, eso lo tiene que cumplir todo el mundo. Quien no lo cumpla se tendrá que atener a las consecuencias de lo que es el incumplimiento de la Ley y este Real Decreto forma parte de la legalidad y, por tanto, tiene que cumplirse, y no existe ningún mecanismo para que la Comunidad Autónoma de Madrid ni ninguna otra Comunidad Autónoma pueda incumplir lo que la Ley dice.

Sr. Alonso.- Ya les dije que el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista tiene una naturaleza permanente; no es algo ocasional o una reunión más o menos periódica de profesionales de la Policía y de la Guardia Civil, sino que va a tener carácter permanente y va a estar dentro de la estructura interior. Por lo tanto, va a tener sede propia y dependencias que van a pertenecer al Ministerio del Interior.

P.- A la Vicepresidenta le quería preguntar su opinión sobre el aluvión de críticas que ha habido estos días sobre la propuesta de que los fiscales se encarguen de la instrucción de sumarios, incluida la crítica del actual Fiscal General del Estado.

Y al Ministro del Interior yo quería preguntarle, como responsable de la lucha antiterrorista, si cree conveniente que se desclasifiquen documentos secretos sobre el 11-M o está de acuerdo con el Ministro de Defensa que, al parecer, ha dicho que no sería conveniente.

Vicepresidenta.- En cuanto al tema que usted me plantea, es un tema muy antiguo, como yo creo que usted mismo sabe. Desde hace más de veinticinco años jueces, fiscales, abogados, profesores universitarios, todos los usuarios de la Justicia, venimos debatiendo sobre la reforma del proceso penal. Lo único en lo que todos los sectores yo creo que coinciden, y ahí hay una unanimidad, un diagnóstico común, es en la necesidad de abordar una reforma del proceso penal de manera integral; es decir, es necesaria una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que actualice a la actual Ley, que es del siglo XIX y que, desde luego, no admite ya más parches ni más reformas parciales. Esto, como punto de partida, creo que es unánime y es un diagnóstico de una polémica que viene de muy antiguo.

¿Cuál es el objetivo del Gobierno? Nuestro objetivo en este ámbito, como lo viene siendo desde que se aprobó la Constitución, es garantizar a las personas sometidas a proceso penal la celebración de un juicio justo, con un proceso ágil, que además dé la debida protección y atención a las víctimas. Éste es nuestro objetivo y, además, es un objetivo que es un punto fundamental, que forma parte del eje fundamental de la profundización del principio acusatorio que se recogió en su día y se debatió en su día en el Parlamento en la Ley del Jurado, y que además se estableció con mayor contundencia en la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que ya atribuye una participación muy importante o un protagonismo muy importante de impulso en la investigación y en la instrucción al Ministerio Fiscal.

Incluso creo recordar que, no sé si en la Ley del Menor o en la Ley del Jurado, en alguna de ellas, se establecía que ese modelo de atribuir al fiscal una mayor participación en la investigación y en la instrucción se iría extendiendo al resto de los procedimientos. Creo recordar que fue la Ley del Jurado.

Éste es el propósito anunciado por el Ministro de Justicia en su comparecencia ante el Parlamento y ése es el compromiso del Gobierno. A partir de ahí se ha abierto un debate y nos parece muy bien. Este Gobierno y sus miembros estamos de acuerdo en que haya debates sociales para que los ciudadanos conozcan las dimensiones de los temas que queremos abordar. ¿Lo haremos? El debate ya está abierto, está servido. Tenemos toda la Legislatura para abordar este tema y para consensuar el mejor modelo procesal penal, el que garantice lo que les he dicho, también en la fase de investigación.

Ustedes saben que hay investigaciones que duran años y años, y los ciudadanos no lo entienden. Esto es un tema que tenemos que debatir. Desde luego, no va a ser el Gobierno quien dificulte el debate, pero sí quien proponga el modelo para el debate, tal y como ya ha anunciado el Ministro de Justicia y como contenía nuestro programa electoral.

También dicha reforma, la reforma del proceso penal para que haya un juicio justo, que es de lo que habla la Constitución, tiene que ir acompañada y va a ir acompañada de otro compromiso que hemos anunciado, que es la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal, de forma que quede plenamente garantizado que nadie, absolutamente nadie, pueda hacer utilización partidaria o partidista de la acción penal, como desgraciadamente hemos visto que se ha hecho en los últimos años. Tal y como así ha sido, así vamos a actuar.

Lo dije en mi primera comparecencia en el Parlamento y lo repito aquí: este Gobierno va a dar autonomía en el ejercicio de la acción penal al Ministerio Fiscal, va a reforzar el principio de legalidad y va a establecer mecanismos para que el fiscal no intervenga, se abstenga de intervenir, en todos aquellos asuntos en donde puedan aparecer implicados miembros del Gobierno, es decir, de quien lo nombró, para tratar de garantizar plenamente su autonomía. Habrá esos mecanismos y esos mecanismos los habrá sea cual sea el modelo de proceso penal que finalmente el Parlamento decida aprobar, porque en un tema de esta naturaleza, como en tantos otros, el Gobierno tiene la primera palabra, pero la última la va a tener el Parlamento.

Sr. Alonso.- Me convocaba para que le responda una pregunta sobre la desclasificación de documentos del CNI, que es una competencia del Gobierno, no de un Ministro u otro. Precisamente la Portavoz del Gobierno es mi compañera, Teresa Fernández de la Vega, así que si quiere decir algo...

Vicepresidenta.- Es un tema que yo ya lo he dicho en otras ocasiones, pero no tengo ningún inconveniente en repetirlo. Nuestra posición con respecto a eso tiene que ver con los trabajos que se empezaron a abordar en el ámbito de la Comisión de Investigación, que está ya acordada en el Parlamento, y es de favorecer, facilitar, transparencia, información, apoyo a las víctimas y prevención, y atenderemos las peticiones que nos vengan del Parlamento estudiándolas caso por caso. Si hay alguna petición, en su momento el Consejo de Ministros la valorará, la estudiará y, sobre todo en el caso de la desclasificación, con el límite que impone la seguridad. Ése será nuestro límite.

Por tanto, creo que ésa es la posición general del Gobierno, porque no estamos hablando de desclasificar sin más; es decir, cuando las cosas se clasifican es porque hay motivos de seguridad. Entonces, habrá que analizar en cada caso si los motivos de seguridad persisten o no persisten; si persisten, no se podrá hacer y, si no persisten, se podrá hacer. Pero en cada caso concreto el Gobierno analizará detalladamente las peticiones que le vengan del Parlamento.

P.- Una pregunta para la Vicepresidenta. Quería saber si el Gobierno tiene intención de reformar el sistema de negociación colectiva, tal y como ha asegurado el Ministro de Economía, Pedro Solbes, en una entrevista al "Financial Times".

Vicepresidenta.- El Ministro de Economía ha rectificado rotundamente esas declaraciones que han aparecido hoy y, por tanto, no tengo nada más que decir.

P.- Dos preguntas para la Vicepresidenta. Ayer los obispos criticaron muy duramente la reforma anunciada de la Ley de Reproducción Asistida, así como también la del aborto. Quería saber la valoración que hace el Gobierno cuando desde la Conferencia Episcopal se acusó al Gobierno de socavar el Estado de Derecho con reformas de este tipo.

En relación con el tema educativo, hoy usted ha presentado aquí la aprobación ya del Real Decreto de la LOCE, pero esta mañana hemos conocido las declaraciones de la Viceconsejera de la Comunidad de Madrid en materia educativa, en las que ella defiende el derecho de los estudiantes a la ignorancia y también dice cosas como que los chavales árabes que cruzan el Estrecho, los marroquíes, que no vienen a estudiar sino a trabajar, y que lo que ella tiene que hacer es facilitarles un puesto de trabajo y no estudios. Quería saber qué opinión le merecen.

Vicepresidenta.- En cuanto a la primera pregunta que usted me planteaba, que tiene que ver con el tema de la Iglesia, yo quiero dejar claras algunas cosas. El Estado español es aconfesional y tiene unas normas y valores morales que están contenidos en la Constitución. La Iglesia tiene las suyas, desde luego absolutamente respetables, pero nadie puede intentar imponer sus normas al conjunto de la ciudadanía. Las únicas normas de obligado cumplimiento, tanto para el Gobierno como para el conjunto de los ciudadanos, son las derivadas de la Constitución. Absoluto respeto a todo el mundo, pero las normas de convivencia son las de la Constitución.

Además, las relaciones entre las Instituciones y el Gobierno, y la Iglesia en este caso, lo son y deben serlo, y éste es nuestro criterio, deben discurrir por el cauce del diálogo, por el cauce del acuerdo, por el cauce del debate e incluso por el cauce, si es necesario, del desacuerdo. Desde luego, no me parece lo más razonable que transcurran por otros cauces, como el de las movilizaciones; pero, en fin... Yo creo que aquí tenemos que sentar reglas generales claras.

En cuanto al segundo tema que usted me planteaba, yo ya he dicho en muchas ocasiones, y lo voy a repetir aquí una vez más, que desde esta mesa no voy a entrar a hacer comentarios ni calificativos, ni descalificativos, de otras personas, de otros grupos políticos; por tanto, no voy a entrar en valorar las declaraciones que usted me dice de la Viceconsejera. Sí quiero decir solamente, al margen de eso, que la información, la educación y el conocimiento son el instrumento fundamental de la igualdad y de la libertad.

P.- Para el Ministro del Interior. Quería preguntarle si el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista se puede entender como un centro de coordinación de los servicios de información, tanto de Policía como de Guardia Civil.

Por otra parte, ¿quién va a ser el Presidente? ¿Ya se conoce? ¿Y cómo se va a articular eso de recomendar pero no ser operativo?

Por otra parte, quería preguntarle a la Vicepresidenta. Se ha dicho en varias ocasiones que la subida del Salario Mínimo Interprofesional no se va a vincular a otras prestaciones sociales. Me gustaría saber la razón.

En relación a lo que ha llamado el freno de la aplicación de la LOCE o del calendario de la LOCE, me gustaría saber su opinión sobre los criterios de algunos juristas que consideran que se ha violado el principio de jerarquía normativa.

Presidenta.- En cuanto al tema que usted me planteaba, es verdad que el Salario Mínimo Interprofesional estaba ligado o ha tenido siempre repercusión en normas de contenido socio-laboral, como es el caso del desempleo, y en otras normas no laborales, que son otra serie de prestaciones.

En la negociación y el debate que ha habido del Gobierno con los agentes sociales lo que se trata es de, como ocurre en muchos otros países también, desvincular progresivamente el Salario Mínimo Interprofesional, no de las normas socio-laborales, que es todo lo que se refiere al desempleo, que en este caso va a seguir ligado a ello, pero sí desvincularlo de normas no socio-laborales que lo utilizan como referencia y para las cuales se establecerá un nuevo indicador público de rentas.

Ése es esencialmente el contenido pero, de todas formas, todo esto, que es precisamente ahora lo que se está estudiando y que llevaremos al Real Decreto-Ley que vendrá aquí en el plazo de quince días, porque es un poquito más complicado; hoy lo hemos debatido y lo que les he anunciado es el contenido del informe dentro del cual ha quedado acordado el incremento y ahora se está estudiando la modificación de las normas que esta decisión va a llevar consigo.

En cuanto a la segunda pregunta que me hacía de que algún jurista ha hecho alguna manifestación sobre que el Real Decreto que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros va en contra del principio de jerarquía normativa, francamente no he leído esas opiniones. Puede haberlas, porque en Derecho ya sabe usted que las cosas son muy opinables; pero le diré una cosa, hay una jerarquía, que es la Ley, que está por encima de todo, y que la Ley tiene una disposición adicional que otorga --lo he dicho antes y lo repito-- competencia al Gobierno para fijar el calendario escolar. Y el Gobierno lo que ha hecho es hacer, y eso se fijará mediante decreto, un Real Decreto con una tramitación determinada, que es lo que ha hecho este Gobierno, exactamente eso: fijar por Real Decreto lo mismo que el anterior Gobierno fijó por Real Decreto, cumpliendo lo que dice la Ley.

No veo yo ahí, con todos los respetos a los magníficos juristas, ninguna ruptura del principio de jerarquía normativa.

Sr. Alonso.- Como les decía en mi exposición, el Centro Nacional de Coordinación --subrayo "coordinación"-- Antiterrorista no tiene facultades operativas; por lo tanto, la secuencia de su actuación, por describirlo otra vez, es la de recabar información, analizarla, realizar las planificaciones que sean oportunas y que nacen de esa evaluación, de ese análisis de la información que se recibe, y recomendar. Puesto que no tiene capacidad operativa, sólo puede hacer recomendaciones operativas a nivel estratégico o a nivel táctico; pero sólo recomendaciones operativas porque insisto que en ningún caso va a tener --no es un tercer cuerpo-- funciones operativas directas.

La jefatura la van a ostentar alternativamente un miembro de la Policía Nacional y uno de la Guardia Civil. Seguramente la secuencia temporal, que todavía no hemos fijado, porque estaremos también a las peticiones en este sentido de los profesionales, será de dos años: dos años un miembro del Cuerpo Nacional de Policía y dos años un miembro de la Guardia Civil.

Finalmente, quería decirles de nuevo que con este Centro queremos empezar a caminar en algo que nos parece esencial para la seguridad del Estado y para la lucha contra el terrorismo, que es tener una estructura de coordinación al máximo nivel, muy profesional, que podamos irla haciendo crecer en el futuro, si es necesario, como medio para luchar contra el principal problema político de este país y de otros países.

Insisto en que con esta estructura que creamos hoy va a mejorar la lucha contra el terrorismo y creo que de eso debemos felicitarnos todos, no sólo el Gobierno, sino el resto de las fuerzas políticas democráticas y creo que, en general, todo el país.

P.- Quería saber si el Gobierno es partidario de no hacer una comisión de investigación sobre el tema del Yak 42, el accidente de los militares, como quiere el Ministro de Defensa, o prefiere esperar a ver el resultado de cotejar el ADN.

Vicepresidenta.- Como ya les he dicho en alguna ocasión, el Gobierno no entra en las decisiones del Parlamento. La constitución de comisiones de investigación es facultad soberana de los Grupos Parlamentarios y del Parlamento y, por tanto, el Gobierno no tiene nada que opinar sobre ese tema.

Nuestro compromiso sí es, evidentemente, en relación con el tema del trágico accidente del Yakolev, hacer lo que venimos haciendo: transparencia; información; sobre todo y por encima de todo apoyo a los familiares de las víctimas; solidaridad; favorecer lo que necesiten para reconducir una situación que ha sido gravemente trágica, y, desde luego, tratar de evitar que estas cosas puedan volver a ocurrir. Ése es nuestro compromiso, ése es nuestro compromiso con las familias, que es lo primero de todo, y nuestro compromiso con el conjunto de los ciudadanos de máxima transparencia y máxima información.

Muchas gracias.