Rueda de Prensa

Vicepresidenta.- Buenos días. Me acompaña hoy el Ministro de Justicia, que les explicará los contenidos y las novedades más importantes del Proyecto de Ley que modifica el Código Civil en materia de separación y divorcio, que ustedes ya conocen porque aquí se lo anunciamos cuando el Consejo de Ministros lo vio por primera vez, antes de remitirlo a informe de los órganos correspondientes.

El resumen de esta Ley puede hacerse en cinco puntos con cinco ideas principales: primero, el Gobierno quiere una separación y un divorcio sin culpables: como ya dijimos, si nadie pregunta por qué te casas, nadie pregunta por qué te separas; segundo, si nadie pide plazos legales de reflexión o de espera para casarse, nadie tampoco debe poner plazos legales para el divorcio; tercero, si los padres asumen voluntariamente la corresponsabilidad de cuidar a sus hijos, nadie puede forzarles a no asumirla cuando se separan; cuarto, los niños, lo primero; la protección y el interés de los menores es el criterio del Gobierno, es el criterio de la Ley y será el criterio fundamental del juez; quinto, el Gobierno cumple un compromiso asumido con los ciudadanos en su programa electoral y ha escuchado a colectivos y a especialistas en la materia, y gracias a ellos tenemos hoy el que creemos que es el mejor texto posible. Como siempre, de todas formas, el Gobierno tiene la primera palabra; la última la tendrá el Parlamento.

El Ministro de Justicia les detallará en unos minutos el contenido de la Ley propuesta.

Una segunda materia de la que quería hablarles es de la cooperación al desarrollo. El Gobierno ha aprobado hoy la reforma del Consejo de Cooperación y también una decena de préstamos para proyectos específicos.

La reforma del Consejo obedece a dos objetivos muy concretos: más participación y más representatividad. El Consejo de Cooperación al Desarrollo sirve para que las universidades, las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, los empresarios, los expertos y la Administración participen consultivamente en las decisiones del Estado sobre la materia. Con la reforma devolvemos la representatividad a la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo, que podrá ahora elegir democráticamente a sus delegados; además, aumentamos el número de representantes de universidades y de expertos, y acogemos a la economía social, antes excluida; aumentamos también las funciones del Consejo y establecemos una nueva duración del mandato de sus miembros. La nueva estructura de este Consejo responde al compromiso electoral de este Gobierno con la cooperación y con un modelo de cooperación participado.

Además de reformar el Consejo, hemos aprobado un conjunto importante de ayudas al desarrollo. Se trata de diez proyectos. Siete de ellos, que son para la concesión de microcréditos en Bolvia, Perú y Ecuador, proceden del Fondo para la concesión de microcréditos, que prevé repartir en este año más de sesenta millones de euros en proyectos, fundamentalmente, en Latinoamérica, y ahora se conceden proyectos por 29,5 millones de euros. Otros dos proyectos son para la habilitación de energía eléctrica en Senegal y Albania, y uno más para la rehabilitación del sistema de calefacción en Mongolia. En total, son casi 84 millones de euros en créditos y préstamos.

Este Gobierno quiere un mundo más justo y, por tanto, más seguro. Los esfuerzos que hagamos en esa dirección deben de estar respaldados, legitimados, por las organizaciones civiles dedicadas a la cooperación internacional. Ellas son las que están en la primera línea de fuego.

Recordemos que, en definitiva, este Gobierno tiene como objetivo final situarse en unos años en ese objetivo ambicioso, pero realista, de destinar el 0,7 por 100 del PIB nacional a la cooperación con los países que lo necesitan para su desarrollo. Contribuimos así con la participación de la sociedad civil y con el compromiso financiero del Estado a que nuestro mundo sea más justo y más seguro también fuera de nuestras fronteras.

En tercer lugar, el Gobierno ha querido mantener hoy de nuevo su apuesta por el entendimiento entre las Comunidades Autónomas y el Estado y ha retirado varios recursos de inconstitucionalidad contra Navarra relativos a normas para la implantación de la jornada laboral de 35 horas, por un lado, y ayudas extraordinarias a las pensiones de viudedad, por otro. Como muchas otras Comunidades Autónomas, la de Navarra se vio perjudicada en el pasado por una visión excesivamente centralista y uniformadora del Estado. Este Gobierno, al contrario, prefiere realzar y reafirmar la autonomía de las Comunidades Autónomas, aunque protegiendo siempre y por encima de todo la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles, con independencia del lugar en el que vivan.

Hemos aprobado también un desistimiento de un recurso de inconstitucionalidad, que estaba también planteado ante el Tribunal Constitucional, interpuesto en su día en el año 2003 contra la disposición adicional quinta de la Ley de 21 de diciembre del 2002 del Parlamento de Andalucía relacionado con el régimen jurídico de las cajas de ahorro fundadas por la Iglesia Católica. El Gobierno entiende que dichas instituciones financieras deben seguir el régimen general de cajas de ahorro, sin que estén justificadas debidamente las especialidades que fueron introducidas a través de la Ley de Acompañamiento de 2002. Por esa razón ha acordado desistir del recurso de inconstitucionalidad presentado en su día, de la misma forma que desistimos de otro similar también presentado sobre la misma materia.

Quisiera también, en cuarto lugar, citarles un acuerdo adoptado hoy por el Consejo de Ministros, muy importante en el momento actual, que afecta directamente al sector naval, como saben, sometido estos días a una elevada tensión. Ojalá que esta decisión de hoy contribuya también a incrementar la confianza de los trabajadores en los planes del Gobierno. El Acuerdo del que les hablo es el compromiso de un gasto adicional de más de 600 millones de euros para la compensación de intereses de préstamos y para primas a la construcción naval de astilleros públicos y privados. Los compromisos son para los próximos quince años.

Además, hemos aprobado hoy la construcción de doce lanchas de desembarco por importe de 33,2 millones de euros para los próximos cinco años. El contrato beneficia a la actividad militar de los astilleros públicos que, como saben, se ven afectados en menor medida que los de la actividad civil por el plan de SEPI; pero creemos, en cualquier caso, que es una muy buena noticia que la actividad naval española, tan castigada por la competencia asiática, obtenga pedidos y contratos que mantengan el sector vivo y sano.

Además de esta inversión, hay otros dos proyectos más de modernización de la Armada que beneficiarán también a IZAR: un buque de aprovisionamiento, ya anunciado, que se terminará en Puerto Real, y la modernización del grupo de proyección de la Armada; en conjunto, una inversión de 500 millones de euros.

Tanto las inversiones militares como las ayudas al sector civil quieren poner de manifiesto el trabajo que el Gobierno viene realizando, como no podía ser de otra manera, para consolidar, sanear y ayudar a este sector. Eso sí, no sin respetar las normas que ponen límites a la ayuda estatal; es decir, respetando ahora la normativa europea, no como se hizo en el pasado.

Por último, se han aprobado cinco convenios de ayuda a las comarcas mineras que permitirán el desarrollo de los proyectos de infraestructuras diversos en Cataluña, en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Son 14,4 millones de euros que aportará el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón del Ministerio de Industria.

Finalmente, el Gobierno ha acordado solicitar del Senado la declaración de urgencia del Proyecto de Ley Orgánica de Modificación del Consejo de Estado que, como ustedes saben, se aprobó ayer en el Congreso. Existe un acuerdo unánime de todos los Grupos en cuanto a este tema, puesto que, como saben, sobre el mismo se ha alcanzado un muy importante grado de consenso.

Ya para acabar, hemos procedido a diversos nombramientos, de los que les pasaremos el listado. En el Ministerio de Asuntos Exteriores, varios Embajadores y varias peticiones de placet; se ha procedido también a nombrar dos vocales consultivos de la Agencia de Protección de Datos, en representación del Congreso y del Senado, y a un Consejero no nato del Banco de España, don Jesús Leguina.

Con esto, les dejo con el Ministro de Justicia para que les dé información de las cuestiones relativas al Proyecto de Ley que vamos a remitir al Congreso en relación con el tema del divorcio.

Sr. López Aguilar.- Como ha adelantado la Vicepresidenta, hoy el Gobierno ha dado un impulso decisivo al cumplimiento de un importante compromiso electoral de programa del propio Gobierno, y consiguientemente, de investidura del Presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y un compromiso incardinado, sobre todo, en las prioridades del Ministerio de Justicia: extender derechos de ciudadanía y facilitar el modo en que los ciudadanos pueden realizar y garantizar esos derechos en condiciones de libertad e igualdad, en modo que la realización de esos derechos no tenga a los poderes públicos enfrente ni en contra, sino a favor.

Hay un derecho de la ciudadanía a contraer matrimonio y la Constitución remite la regulación de ese derecho a la Ley, al mismo tiempo que la regulación de las condiciones de separación y de disolución de ese matrimonio. Queremos acentuar la libertad y la igualdad con que ese derecho lo puede ejercer la ciudadanía en nuestro ordenamiento jurídico. Por ello estamos procediendo a modificar una Ley que va a cumplir un cuarto de siglo y que ha quedado claramente desfasada con respecto de las necesidades y de los problemas que actualmente plantea la regulación de la convivencia familiar y también de la libertad a la hora de disolver el matrimonio.

Por tanto, es una ley modernizadora, es una ley que extiende y profundiza la libertad y la igualdad con que los derechos se ejercen, y es una ley que agiliza el modo en que esos derechos pueden ser satisfechos en nuestro sistema de justicia. Desde luego, lo hace eliminando impedimentos para el mejor ejercicio de esos derechos ante la Justicia.

Por ello, la Ley procede a eliminar, para empezar, causas que en la actual legislación es preciso alegar para poder solicitar de la Justicia la disolución de un matrimonio; se eliminan causas y, consiguientemente, se eliminan culpables. No hará falta invocar causas --lo ha dicho la Vicepresidenta--: si la Justicia no examina las causas para el matrimonio, no examina de amor a las personas que se quieren casar, no debe examinar de desamor a las personas que quieren disolver el matrimonio. Al eliminar las causas, se elimina también el requisito legal de exigencia de culpables, de buscar culpables en la disolución del matrimonio.

Se eliminan también plazos, que actualmente están contemplados en la legislación de manera impeditiva, en modo que se obstaculiza la disolución del matrimonio. Se elimina igualmente todo un conjunto de circunstancias que dificultan la invocación como una manifestación de libertad personal ante la Justicia de la voluntad de disolver el matrimonio, pero se acentúan las garantías: se acentúan las garantías de la parte que pueda resultar perjudicada en la disolución del matrimonio y, desde luego, se acentúan las garantías a la hora de determinar judicialmente cuáles son las consecuencias de la disolución del régimen económico matrimonial y también, por supuesto, de la guarda y custodia de los hijos habidos en el matrimonio.

Toda la orientación de esta parte de la Ley, del Proyecto de Ley que se impulsa para su tramitación en el Parlamento, es la de la protección de los derechos de los menores. Está toda ordenada a la mejor protección y garantía de los derechos de los menores.

El Consejo de Ministros ya deliberó sobre esta iniciativa que se corresponde con un importante compromiso de nuestro programa de Gobierno. Nos dimos un tiempo para abrir un cauce de participación ciudadana, para escuchar a instituciones, recibir informes y dictámenes, y tener interlocución y diálogo intenso con muy buena parte de la iniciativa social que se ocupa de los problemas del derecho de familia. Hemos escuchado mucho, conversado mucho y recibidos muchos informes. Y, como consecuencia de este período de consulta, que ha sido fecundo, se han introducido modificaciones y se ha perfeccionado también técnicamente la iniciativa en su primera redacción.

Permanecemos comprometidos con el interés general, intentando, por tanto, que no sea solamente una ley de agilización procesal sino, sobre todo, una ley comprometida con valores. Y, desde luego, el primero, la mejor protección de los menores en el matrimonio.

En el artículo 81 --lo he dicho ya-- procedemos a eliminar las causas que ahora es preciso invocar para solicitar de la autoridad judicial la separación o el divorcio, en modo que se está facilitando el divorcio por mutuo acuerdo y, desde luego, sin necesidad de invocar culpabilidades. Del mismo modo, se eliminan los plazos que actualmente es preciso cumplir para poder acudir al procedimiento judicial y, desde luego, se elimina la duplicidad de procedimientos, que es una novedad enormemente importante de la Ley.

Se elimina la actual doble configuración de la disolución definitiva de un matrimonio, en modo en que hay una primera fase de separación judicialmente decretada y una segunda de divorcio, cada una de las cuales debe además venir cumpliendo plazos temporales establecidos en la Ley. Se puede acceder directamente al divorcio, basta con invocar la voluntad de disolver el matrimonio de acuerdo con las condiciones establecidas en la Ley a partir del plazo de tres meses de celebración del matrimonio, plazo que no será necesario cumplimentar cuando se pongan de manifiesto en la demanda de separación o divorcio indicios claros de que existe un riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos que convivan por ambos.

Es, por tanto, una cláusula de garantía plenamente congruente con nuestro compromiso en todos los frentes contra la violencia de género; de protección, por supuesto, de las mujeres frente a la violencia que las atenaza; congruente con la iniciativa, que está ya en avanzada fase de tramitación parlamentaria, de la Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la violencia de género y que, por tanto, puede excepcionar la cautela del plazo de tres meses a partir de la celebración del matrimonio para poder acudir a la demanda de disolución del matrimonio.

Se establece, igualmente, un régimen muy garantista en lo relativo, tanto a la disolución del régimen económico matrimonial para proteger a la parte más débil, como en lo relativo, sobre todo, como no podía ser de otro modo, a la guarda y custodia de los hijos habidos en el matrimonio. La orientación es el respeto a una sociedad de hombres y mujeres iguales, que es la sociedad a la que debe de apuntar un Gobierno que se precie y que, por tanto, quiere apostar también por la corresponsabilización en la guarda y custodia de los hijos habidos en el matrimonio pero orientada, desde luego, a la garantía de los derechos y de los intereses del menor, de modo que la regulación judicial queda establecida para salvaguardar en todo caso y primar en todo caso los derechos y los intereses del menor. La custodia compartida, por tanto, será accesible judicialmente cuando haya mutuo acuerdo y ambas partes lo ofrezcan al juez en una propuesta de convenio regulador en la disolución del matrimonio.

En el caso de que no sea así y que una de las dos partes solicite la guarda y custodia compartida, el juez podrá resolver garantizando siempre los derechos y los intereses del menor a través de una importante serie de consideraciones que quedan establecidas en la Ley: en primer lugar, informe favorable del Ministerio Fiscal; en segundo lugar, que se haya oído a los hijos habidos en el matrimonio siempre cuando fueran mayores de 12 años y, desde luego, en todo caso, cuando, a juicio del juez, tengan suficiente juicio; que se haya valorado la relación que los cónyuges, los padres, han mantenido y mantienen entre sí, procurando nunca separar a los hermanos, por lo tanto, en la garantía de la no separación de los hermanos, para todo lo cual el juez podrá recabar el dictamen de un facultativo relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y el régimen de custodia a determinar judicialmente y, en todo caso, prohibiendo el establecimiento de esta decisión judicial en el caso de que haya indicios razonables de cualesquiera naturalezas: de que hay violencia intrafamiliar, de que hay violencia en el seno de la pareja. Puede haber indicios de que existe, por tanto, una situación de violencia en el seno de la pareja que pueda perjudicar los derechos o los intereses del menor.

Se establece igualmente una regulación detallada y garantista de la protección de la parte que pueda resultar perjudicada por la disolución del matrimonio. Y, por tanto, reconociendo la desigualdad real que a menudo se establece en la distribución de la carga y de las oportunidades en el seno de la relación familiar y de la relación de pareja, se regula el derecho a la pensión compensatoria, estableciendo tres modalidades en detalle, tanto la pensión durante un determinado tiempo, como pensión indefinida, como de prestación única, es decir, un tanto que se liquide en una única cantidad, en atención a toda una serie de circunstancias que quedan también reguladas y establecidas en detalle en el artículo 97 de la nueva redacción que se propone para esta decisión judicial en el Código Civil, que atiende sobre todo a todo el conjunto de circunstancias que pueden permitir establecer con claridad si hay una parte perjudicada en la disolución de matrimonio y qué tipo de protección conviene garantizar a ese efecto.

Finalmente, se establece que la nueva regulación será aplicable a la disolución de todos aquellos matrimonios que estén incursos en separación o en demanda de disolución y divorcio en el momento de entrar en vigor de la Ley, dándose un cauce o un plazo de alegaciones de cinco días a todas aquellas partes que quieran aplicar la nueva regulación con respecto de la causa que ya esté iniciada, con respecto de la demanda de separación o divorcio que ya se encuentre en tramitación y que, por tanto, quiera superar las dificultades, los impedimentos y los obstáculos que actualmente obran en la Ley vigente y esta Ley modernizadora, extensiva de derechos, facilitadora de derechos, que intenta reconocer en términos de mejor libertad e igualdad el modo en que los derechos son invocados y ejercidos por la ciudadanía, y, sobre todo, garantizando la parte más débil y a los menores habidos en el matrimonio.

Vicepresidenta.- Antes de darles la palabra, me van a disculpar. Antes olvidé reseñarles un Acuerdo que también hemos adoptado hoy, que es iniciar los trámites para la puesta en marcha del Fondo Español del Carbono en colaboración con el Banco Mundial, que servirá para financiar inversiones en países en desarrollo que permitan reducir emisiones de gases de "efecto invernadero". Es un fondo que estará abierto a la iniciativa privada y, desde luego, constituye uno de los instrumentos más importantes para el cumplimiento del Protocolo de Kioto. Como verán ustedes, en más de un Consejo de Ministros venimos adoptando decisiones precisamente para el desarrollo del Protocolo de Kioto, que creemos de gran trascendencia.

P.- Tengo dos preguntas para la Vicepresidenta, la verdad es que a cual más exótica. La primera es si el Gobierno ha ejercido algún tipo de presión diplomática o política sobre terceros países para abortar, como ha sucedido esta madrugada, el reconocimiento internacional de la Federación Catalana de Patinaje. En todo caso, ¿cómo valora la propuesta del señor Carod-Rovira, aliado del Gobierno, de que Cataluña boicotee la candidatura olímpica 2012 en función de estas supuestas presiones?

En segundo lugar, quería saber si el Ejecutivo ve con buenos ojos que sea un programa generalmente catalogado como "telebasura", en este caso "Gran Hermano", el primero que en horario de máxima audiencia promocione el "sí" a la Constitución Europea en vistas al referéndum del próximo febrero.

Vicepresidenta.- Vamos por parte ante el exotismo, como usted dice.

En cuanto a lo primero, desde luego, el Gobierno no ha presionado a nadie. Este Gobierno no utiliza la presión como instrumento de nada. Por lo tanto, no ha habido ningún tipo de presión; lo que ha habido es un acuerdo de la Federación Internacional de Patinaje. Ustedes ya conocen cuál es la posición del Gobierno. Ésta es una decisión adoptada entre federaciones que, como ustedes saben, son entidades privadas. En todo caso, el Gobierno, como no podía ser de otra manera, respeta esta decisión y, por lo tanto, no tengo nada más que decir sobre este tema.

En cuanto al segundo tema que usted me planteaba, yo estoy absolutamente segura de que los catalanes apoyarán a Madrid en 2012, como lo hicieron los madrileños y el conjunto de los españoles a Barcelona en 1992.

Sobre la tercera, que un programa de televisión, cualquier programa de televisión, se dedique a explicar la Constitución Europea me parece muy bien.

P.- Quería preguntar a la Vicepresidenta, como responsable de las relaciones con las Cortes, si nos podía hacer una valoración de lo qué ocurrió ayer en el Congreso en la votación; si cree que falló, de alguna forma, la coordinación entre el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista; desde su punto de vista, ¿cuál es la vía y si es posible volverlo a someter a votación la semana que viene?

Y ya abusando, quería preguntarle también, con independencia de las explicaciones que dé el Ministro de Asuntos Exteriores en el Congreso la próxima semana, si el Gobierno respalda las acusaciones del señor Moratinos contra el señor Aznar.

Vicepresidenta.- En cuanto a lo primero, quiero señalar que el Gobierno lamenta que se haya producido la situación que ayer se produjo, sólo imputable a un error que debemos y queremos reconocer ante los ciudadanos, y porque además no tenemos inconveniente alguno en ofrecerles nuestras disculpas.

El Gobierno, por su parte, desea que el Proyecto de Ley que ayer se debatió se apruebe cuanto antes, porque creemos que se trata de una reforma importante y urgente que, como pudo verse en el debate ante el Pleno ayer, apoya la mayoría, es decir, todos los grupos políticos, todas las fuerzas parlamentarias, excepto el Partido Popular, y que tiene por objeto mejorar los sistemas de nombramiento de los altos cargos que componen la Magistratura.

A partir de ahí, los mecanismos concretos para decidir la aprobación del Proyecto de Ley los debe decidir el Parlamento. Por tanto, el Gobierno en estos momentos no tiene nada que decir. Hay una iniciativa presentada ayer por los Grupos, pero es decisión del Parlamento.

En cuanto al segundo tema que usted me plantea, he de decirles que el Ministro de Asuntos Exteriores está desarrollando una labor excelente, reorientando la política exterior hacia las referencias que quiere, no sólo el Gobierno, sino la mayoría de los ciudadanos españoles, estrechando relaciones con Europa, con el mundo árabe y con Iberoamérica, y manteniendo unas buenas relaciones con Estados Unidos. Es decir, está llevando a cabo una política exterior, que, repito, respalda la mayoría de los ciudadanos, a favor de la paz y del respeto a la legalidad internacional, también del multilateralismo.

En esta labor de actuación y ejecución de la política del Gobierno, el Ministro Moratinos está desarrollando, a juicio del Gobierno, una tarea excelente.

Respecto al tema concreto al que usted se refería, el Ministro ha hecho lo que hacen los demócratas: pedir de manera inmediata su comparecencia ante el Parlamento, ante el Congreso, para dar todo tipo de explicaciones. Yo creo que, por lo demás, las amenazas deberían desaparecer y lo que haya que discutir se debe discutir en la sede parlamentaria, con respeto a las posiciones que cada uno mantiene.

P.- Le quería preguntar a la Vicepresidenta. Los servicios jurídicos de la Cámara han dicho, hablando del mecanismo, que al Pleno no puede ir el Proyecto porque requiere la unanimidad de todos los Grupos. Quería pedirle en este sentido un pronunciamiento sobre esta cuestión.

En segundo lugar, ha dicho que hubo un error ayer en la votación. Le quería preguntar si ese error tiene una causa, si ha sido mera negligencia o ha sido descoordinación.

Vicepresidenta.- En cuanto al tema que usted me plantea, me hace una consulta jurídica y yo no voy a responder desde aquí a lo que es una consulta jurídica. Permítame que así sea. Ya le he dicho en mi primera intervención que, en cuanto a la forma en la que haya de resolverse el procedimiento, es un tema que ha de resolverlo el Parlamento y ha de resolverlo la Mesa.

Todos podemos tener una posición jurídica y evidentemente, yo la tengo, y el Gobierno la tiene; pero vamos a respetar cuál es la decisión del Parlamento y en su momento, a la vista de la decisión que se adopte, en todo caso, será cuando emitamos un juicio. En este momento es un poco precipitado, porque desconozco que el Parlamento haya tomado todavía en la Mesa ninguna decisión.

Por lo tanto, no quiero opinar respecto de que ha habido un error. Pues sí, ha sido un error, ya lo he reconocido y los errores se producen. No ha sido un error, evidentemente, voluntario; pero el error se ha producido y ya le he dicho que presentábamos y ofrecíamos nuestras disculpas, como debe hacerse cuando uno no hace las cosas bien, a los ciudadanos.

Repito, lo más importante de todo, a mi juicio, ahora, dicho esto, para el Gobierno es que se encuentren los cauces, que yo creo que los hay, para que la Ley se apruebe cuanto antes, porque la voluntad mayoritaria de los grupos políticos es estar a favor de que esa Ley se apruebe cuanto antes. Lamentablemente, las cosas no han salido bien pero, cuando uno se equivoca, lo que tiene que hacer es, primero, reconocer el error, reconocer la equivocación y tratar de solucionar el problema. Y eso es lo que estamos tratando de hacer desde el Gobierno.

P.- Quería hacerle una pregunta a la Vicepresidenta. Cuando ha respondido a la cuestión del Ministro de Asuntos Exteriores, en un momento dado ha dicho que las amenazas deberían desaparecer. Supongo que ésta era una alusión que hacía al anuncio que hizo ayer el Partido Popular de romper toda colaboración y todo diálogo político con el Gobierno. Quería preguntarle sobre este tema, que profundizara un poco más, y también qué temas o qué cuestiones se pueden ver afectadas por esta ausencia de diálogo político.

Vicepresidenta.- Sinceramente, ya sabe que desde aquí no me gusta polemizar con los grupos políticos y menos con el principal grupo de la oposición. Creo que ésta no es la labor de mi función como Portavoz.

Porque es un requerimiento al Gobierno, algo sí voy a decir, sin de verdad querer entrar en polémicas. Por eso les he explicado cuál es la posición en lo que el Gobierno opina respecto a la posición del Ministro de Asuntos Exteriores, que es muy clara y que creemos que las cosas hay que solucionarlas cada una en donde corresponde: lo que corresponde al Parlamento, en el Palamento; y lo que está fuera del Parlamento, fuera del Parlamento.

Le diré: yo creo que hay una sobreactuación. A mi juicio, no me parece, desde el punto de vista de las formas democráticas, ni razonable ni responsable; pero ésa es una cuestión que incumbe al Partido Popular. En el ejercicio de su autonomía política, deciden, toman decisiones y tienen que responder de esas decisiones, en todo caso, a los ciudadanos; que sean los ciudadanos quienes las valore, no el Gobierno. Lo que hacemos es un ejercicio de responsabilidad diciendo que para hablar de determinadas cuestiones se habla en el Parlamento, como ha pedido el Ministro Moratinos. Lo demás no me parece razonable. No voy a entrar en mayores polémicas, sino que creo que cada grupo político tenemos que situarnos ante nuestra propia responsabilidad.

P.- Sobre la segunda parte de la pregunta, los temas que pueden verse afectados...

Vicepresidenta.- Le estoy diciendo que no quiero entrar a polemizar, porque voy a empezar a decir cosas con las que vamos a hacer un análisis de la actuación del principal partido de la oposición que creo que no es mi función en estos momentos. Hablar de eso me llevaría a hablar de actuaciones del Grupo Popular y yo creo que no es ésta mi función como Portavoz en estos momentos, sino simplemente colocar las cosas en el lugar que me parece que deben estar y llevar los debates al lugar donde yo creo que se deben producir.

P.- Yo voy a profundizar un pelín en este tema y le voy a preguntar: ¿usted cree que el Partido Popular puede dejar de apoyar el "sí" a la Constitución Europea? ¿En qué medida podría eso afectar a la aprobación en un referéndum de la Constitución?

Si me permite una segunda pregunta respecto al hockey, creo que ha sido el "Conseller en Cap" quien ha dicho que en España la política y el deporte van juntos, que es un problema de la transición. ¿El Gobierno cree que realmente es un problema de la transición que el deporte y la política vayan juntos en España?

Vicepresidenta.- En cuanto al primer tema que me plantea, yo no creo que no haya nadie sensato en el mundo que deje de votar o de apoyar algo en lo que cree, y yo creo que el Partido Popular cree en la Constitución Europea. Es decir, la Constitución Europea no es un tema del Partido Socialista; es un tema de España, de los españoles y de Europa. Por lo tanto, se me escapa pensar que se pudiera dejar, por una razón de esta naturaleza, de apoyar a la Constitución Europea. Voy a gastar una broma: para que se fastidie mi capitán, no me como el rancho. Es verdad. Esto no va en contra nada más que de España, en su caso, y de Europa. Por lo tanto, no se me pasa ni por la cabeza que eso pueda ocurrir.

En segundo lugar, sobre el tema que me planteaba ya le he dicho lo que opinaba. No voy a entrar a hacer valoraciones de si uno opina que la política y el deporte están unidos o están desunidos y si vienen juntos desde la transición. He dicho cuál es la posición del Gobierno en relación a la decisión adoptada por la Federación en orden al tema del patinaje.

P.- Señora Vicepresidenta, perdone que insista por el tema del señor Moratinos, pero ¿no le parece a usted también una sobreactuación la que hizo el señor Moratinos en un programa de televisión, que tampoco era el Parlamento, quizás, el lugar idóneo para haberla hecho, y si eso no cree usted que está en el origen de la respuesta política luego del Partido Popular?

También quería preguntarle si tiene alguna noticia o puede darnos alguna información concreta sobre el resultado del viaje de S.M. el Rey a Estados Unidos y las conversaciones con el Presidente George Bush.

Al Ministro de Justicia me gustaría preguntarle en cuantos días, con la nueva Ley, se puede conseguir un divorcio.

Vicepresidenta.- En cuanto a lo primero, le diré que, respecto de la pregunta que usted me hace, la contestará el Ministro en el Parlamento, si me lo permite. No quiero opinar sobre eso. Él dará en sede parlamentaria las explicaciones de lo que dijo y de por qué lo dijo.

En cuanto al viaje de SS.MM. los Reyes a Estados Unidos, creemos que ha sido un viaje importante. La información que tiene el Gobierno es que la reunión entre el Presidente Bush y SS.MM. los Reyes fue muy positiva y se desarrolló en un ambiente de absoluta cordialidad. Por tanto, ha de inscribirse en el ámbito de las relaciones normales entre dos países aliados y amigos, en donde el Jefe del Estado es invitado a una comida cuyos resultados son positivos, y, por tanto, hay que inscribirlo en ese espíritu de normalidad.

Sr. López Aguilar.- En cuanto a la pregunta sobre el plazo en el que podrán producirse divorcios, la respuesta es que la Ley no es procesal. La Ley no tiene como objeto modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil sino, sobre todo, facilitar el modo en que los ciudadanos pueden acudir al Juez a plantear una demanda de divorcio.

Para empezar, si el divorcio de mutuo acuerdo y hay un convenio regulador en cuanto a los efectos económicos o quizá en su caso con respecto a la custodia de los hijos habidos, lo que hará falta será la validación por sentencia judicial, siempre y cuando el planteamiento del Convenio que planteen las partes no sea contrario a derecho. Por tanto, dependerá de cómo funcionen los Tribunales de Justicia en el ámbito civil, y existen todo tipo de situaciones en los distintos órganos judiciales en lo civil, que la sentencia venga antes o después; pero la respuesta está en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Lo que sí le puedo decir es que el objeto de la Ley es ahorrar costes y, consiguientemente, también sufrimientos; costes procesales, costes económicos y costes humanos, facilitando el ejercicio del derecho ante la Justicia. Además, está en el plan del Gobierno impulsar la agilidad de la Justicia y el juicio rápido civil. Tuvo lugar el pasado 23 de noviembre una Conferencia Sectorial de colaboración del Gobierno con todas las Comunidades Autónomas para asegurar la implantación de los juicios rápidos civiles que podrán agilizar enormemente la respuesta civil de la disolución del matrimonio y algunos otros asuntos como desahucios o deuda de pequeña cantidad.

Por tanto, será posible que en pocas semanas, de acuerdo con lo que den de sí los distintos órganos de la justicia civil, los distintos Juzgados de Familia o especializados, el que se pueda dar una respuesta efectiva y, por tanto, se pueda producir la disolución de un matrimonio en pocas semanas en la implantación de los juicios rápidos civiles.

P.- A la Vicepresidenta Primera. Volviendo al tema de la selección catalana de patinaje, el Gobierno ha expresado respeto por la decisión que se ha adoptado esta mañana en Fresno. El Presidente del Gobierno fue muy claro cuando dijo, además creo que en sede parlamentaria, que nunca se vería un encuentro entre una eventual selección española y una selección catalana de hockey. Teniendo en cuenta lo que se ha decidido hoy, ustedes expresan respeto y yo pregunto si respetarían también una decisión contraria.

En segundo lugar, quisiera preguntar ya en un plano más político, si el Gobierno comprende la decepción que esta decisión ha causado en muchos sectores de Cataluña y si tiene un mensaje para estos sectores.

Vicepresidenta.- La posición del Gobierno sobre este tema ya la conocen ustedes y usted misma la acaba de expresar. En todo caso, vuelvo a repetir lo que he dicho antes: es una decisión de las federaciones y el Gobierno la ha respetado. Lo que no es razonable es que me pregunte usted a mí ahora si hubiera o hubiese... Es que no ha habido o hubiese; lo que ha habido es lo que ha habido y, por tanto, sobre eso no tengo nada nuevo que añadir. Ahí está la decisión y la posición del Gobierno ya se conoce. Comprendo que es una decisión que no a todo el mundo gusta, no a todo el mundo da satisfacción, pero es la que se ha producido.

P.- A la Vicepresidenta me gustaría preguntarle si el Gobierno considera que la creación de dos franjas de superprotección en el horario infantil solucionaría el problema de la "telebasura" en este horario y si cree que es posible ese acuerdo con los sectores implicados.

Al Ministro de Justicia me gustaría preguntarle si, dado que el Senado ha introducido el fondo de garantía de impago de alimentos en la Ley de Violencia de Género y el Ministro de Trabajo ya se ha manifestado contrario a que ese fondo esté en esa Ley, el Gobierno sería partidario de introducirlo en la tramitación parlamentaria de la reforma del divorcio.

Vicepresidenta.- En cuanto al tema que me plantea, como usted bien sabe, hubo un acuerdo del Gobierno con las televisiones para establecer una especie de código, una corregulación entre televisiones y Gobierno dirigida fundamentalmente a precisar y proteger los tramos de horarios que afectan fundamentalmente a los menores. En eso se está trabajando, están trabajando yo creo que bien y espero que se pueda llegar a un acuerdo, que por lo menos va a tener dos aspectos: uno es determinación, digamos, de los límites para que los contenidos que, en su caso, decidan las televisiones respeten esa protección de los niños, de la infancia; y el establecimiento de un comité, a su vez, de seguimiento y de control del acuerdo al que se llegue.

Yo sé que están trabajando, que están trabajando bien y espero que pronto podamos tener un acuerdo que, además, como decíamos desde el primer momento, será mucho más eficaz porque es un acuerdo adoptado por todos en el ámbito de la auto o coautorregulación.

Sr. López Aguilar.- En relación con el asunto que plantea la segunda parte de su pregunta, déjeme decirle que el Gobierno tiene un compromiso muy firme de protección de todas las situaciones de necesidad y dependencia, y, consiguientemente, de extensión de derechos sociales y también de mecanismos de protección frente a situaciones de necesidad y de dependencia.

Hay un compromiso en la agenda del Gobierno, porque hay un compromiso en el programa electoral del Partido Socialista, de asegurar a aquellas personas que queden en situación de necesidad como consecuencia del impago de alimentos decretados judicialmente. Y hay efectivamente iniciativas ya en curso de tramitación en el Parlamento que ponen el acento sobre este asunto que tiene toda la disposición favorable del Gobierno a ser atendido en el curso de la Legislatura; pero hay que saber donde, porque no es lo mismo hablar de violencia de género que hablar de impagos de alimentos, y no es lo mismo hablar de separación y divorcio que hablar de mecanismos de aseguración ante aquellas personas que queden claramente en una situación de necesidad o de falta de recursos como consecuencia del impago de alimentos.

Por tanto, déjeme adelantarle la disposición del Gobierno a trabajar una solución para asegurar a aquellas personas que tengan falta de recursos o situaciones de necesidad o dependencia como consecuencia del impago de alimentos que hayan sido establecidos en una sentencia judicial. Estamos trabajando en ello; pero es razonable saber que la regulación de esta cuestión, que es delicada y que requiere un trabajo conjunto de varios Ministerios y además, por supuesto, del de Economía y Hacienda, además de las Comunidades Autónomas, debe acometerse como un problema específico y no vinculado ni a la violencia de género ni a la disolución o al divorcio.

P.- A la Vicepresidenta. Yo quería preguntar si de la información que les ha llegado de la reunión de los Reyes con Bush viene incluido algún reproche; es decir, si hay algún reproche por parte de la Casa Blanca que el Rey pueda haber hecho llegar al Presidente del Gobierno.

Otra cuestión. Usted se remite a la comparecencia del señor Moratinos el próximo miércoles. Quería saber si el Gobierno considera que el Ministro debe ratificar sus consideraciones o si debe buscar o debe plantear una actitud diferente, digamos, en aras del consenso.

Vicepresidenta.- La información que tenemos, en cuanto a la primera pregunta, de la reunión que hubo entre el Presidente Bush y SS. MM. los Reyes, le vuelvo a repetir, es una información que nos transmite la mayor cordialidad y, desde luego, ningún tipo de manifestación que pueda entenderse, ni como reproche, ni como críticas, sino de gran respeto.

En cuanto al segundo tema que me planteaba, repito, vamos a esperar al miércoles en que vaya el Ministro al Parlamento, de verdad. La posición del Ministro en el Parlamento será la posición del Gobierno.

Muchas gracias.