Rueda de Prensa

Vicepresidenta.- Buenos días. Hoy el Consejo de Ministros ha decidido revisar un proyecto que había generado controversia y enfrentamiento entre diversas Comunidades Autónomas. Como ustedes saben, estamos hablando del Plan Hidrológico Nacional.

Aunque la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, me acompaña, tendrá después ocasión de explicarles con más detalle en qué consiste el nuevo proyecto que hoy pone en marcha el Gobierno, permítanme que les haga una reflexión.

El Gobierno es consciente de la necesidad de agua que tienen, fundamentalmente, determinados territorios como Valencia, Murcia o Almería. Nadie duda de que hay que asegurar a los agricultores, a los regantes y, sencillamente, a todas las personas que residen en esos territorios el agua necesaria para llevar adelante sus vidas y sus economías. El compromiso del Gobierno en este sentido es claro: la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería dispondrán del agua que necesitan. El Gobierno va a garantizarlo.

Pero este Gobierno está convencido de que el trasvase, tal y como estaba planteado, no era la mejor solución. Y no somos los únicos que pensamos así. Saben ustedes que, además de Comunidades como Aragón y como Cataluña, numerosos colectivos han mostrado su oposición frontal a este proyecto, desde el punto de vista del mundo de la ecología, el ecologismo, desde la perspectiva científica y también desde la perspectiva económica, porque se han hecho las cuentas y las cuentas del Plan Hidrológico Nacional no salían, o, al menos, no salían para todos igual.

Pero, como les digo, el Gobierno es muy consciente de que Murcia, Valencia, Almería, Alicante y Castellón necesitan agua, y la tendrán. Hoy hemos aprobado un proyecto que el Gobierno considera urgente y prioritario para que tengan agua; un proyecto con más respeto al medio ambiente y al ciclo integral del agua, que va a proporcionarla con más rapidez y que se va a hacer con las cuentas más claras para todos, incluidos los usuarios. Es un proyecto que, en definitiva, aportará más agua, resultará más barato, será más respetuoso con el medio ambiente y, desde luego, en todo caso más integrador.

Como les decía, la Ministra les dará más precisiones sobre todo este importante tema a continuación.

En segundo lugar, quiero darles cuenta de que el Gobierno ha aprobado también un Proyecto de Ley para luchar contra la morosidad. Queremos afianzar esta buena práctica de pagar cuando uno se ha comprometido a pagar. Hoy incorporamos al Derecho español una Directiva europea con ese fin, concretamente en la línea de evitar abusos financieros que afectan, fundamentalmente, a los proveedores de las grandes empresas. Para ello evitaremos que pueda resultar más fácil, o incluso más barato, pagar los intereses de una deuda que pagar cuando es debido pagar.

Con ese fin se establecen en este Proyecto de Ley plazos para empezar a pagar intereses de demora, sube de manera notable el tipo de estos intereses y, además, se aplicarán automáticamente.

En tercer lugar, el Consejo de Ministros ha acordado también, a propuesta del Fiscal General del Estado, los nombramientos de nuevos Fiscales del Tribunal Supremo y Fiscales-Jefes de Tribunales Superiores de Justicia y de Audiencias Provinciales. Les proporcionarán la relación correspondiente, pero quiero destacar el nombramiento de Mariano Fernández Bermejo como Fiscal-Jefe de la Sala de lo Contencioso-Administrativo y de Jesús Bernal, que repite, de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Todos estos nombramientos, que ha efectuado hoy el Consejo de Ministros a propuesta del Fiscal, se basan en los principios de capacidad y mérito. Se trata de magníficos profesionales, con una larga trayectoria en su vida en el ámbito de la Fiscalía, que les hace dignos para el cargo y que cuentan con la confianza del Fiscal General del Estado.

Otra decisión de la que también quiero darles cuenta que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros ha sido la de un anteproyecto que modifica la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita para regular las especialidades de los litigios transfronterizos civiles y mercantiles en el ámbito de la Unión Europea. Hoy, que estamos en Europa y hablando de Europa, es un tema europeo, es el desarrollo de una Directiva. La Ley se extiende también a los litigios relativos a los contratos de trabajo, es decir, no sólo civiles y mercantiles.

Como les decía, con este Anteproyecto no sólo se incorpora a nuestro ordenamiento una Directiva europea, sino que se introducen también algunas modificaciones y mejoras en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita vigente en España. Lo que significa es que los ciudadanos de otros países miembros de la Unión Europea que litiguen en España podrán acogerse a la justicia gratuita y también disfrutarán de ese derecho los nacionales de terceros países no miembros de la Unión, pero que residan legalmente en un país miembro de la Unión. Por citarles un ejemplo, un suizo que resida en Francia y tenga que litigar en España podrá acogerse a los beneficios de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita si va a litigar en España.

Por otra parte, también este anteproyecto amplía algunas de las prestaciones y, por tanto, se incluyen por primera los servicios de interpretación, la traducción gratuita de algunos documentos y los gastos de desplazamiento del litigante. Es una ley que aproxima a los ciudadanos de Europa, que nos une más y que es un ejemplo de cómo los temas de la Unión Europea afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos.

El Consejo ha decidido hoy remitir este Anteproyecto a informe previo del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado, de la Fiscalía General, del Consejo Fiscal y también del Consejo General de la Abogacía y del Consejo General de Procuradores.

Finalmente, quiero darles cuenta de la concesión de la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes a Pepín Bello, una figura muy conocida de todos ustedes, carismática en la vida artística e intelectual española y componente de ese gran grupo de artistas a los que unió en su juventud la Residencia de Estudiantes.

También el Consejo de Ministros ha concedido la nacionalidad española por carta de naturaleza al actor argentino Darío Grandinetti, cuya vinculación con España es sobradamente conocida de todos ustedes. Como saben, ha sido protagonista de diversas películas dirigidas por nuestros directores Pedro Almodóvar y Pedro Olea; las últimas de ellas, "Hable con ella" y "Tiempo de tormenta".

Esto es todo por mi parte. Paso a darle la palabra a la Ministra de Medio Ambiente para que les dé información puntual y detallada sobre ese primer acuerdo que hemos adoptado hoy de dar un nuevo rumbo al tema del agua en nuestro país.

Sr. Narbona.- Efectivamente, hoy se ha producido la primera decisión relativa a la necesaria reorientación de la política del agua en nuestro país, reorientación que el Presidente anunció en su discurso de investidura y que es coherente con lo que el Partido Socialista defendió en las Cortes el año 2001, cuando presentó una enmienda de totalidad con texto alternativo a la Ley del Plan Hidrológico Nacional.

Ésta es una primera decisión a la cual seguirán otras, como comentaré; pero me detendré, sobre todo, en la decisión que hoy abordamos.

Decir que esta decisión, como las que tomaremos a continuación, en los próximos meses, tiene que ver básicamente con dos exigencias. En primer lugar, figura la exigencia de cumplir en nuestro país de forma estricta las Directivas europeas que tienen que ver con la política del agua. España es ahora mismo uno de los países que más incumple cualquier Directiva europea en materia ambiental. Incumplimos, por ejemplo, todas las Directivas europeas relativas a la calidad de nuestras aguas y desde el año 2000 existe una Directiva Marco sobre política del agua.

Esta Directiva Marco que nos va a llevar a modificaciones en el ámbito de la racionalidad económica de la obra hidráulica. La política del agua tiene también que desarrollarse de acuerdos con criterios de racionalidad económica y, cuando hablo de racionalidad económica, me estoy refiriendo tanto a la racionalidad del gasto público, es decir, a la eficiencia y eficacia de los Presupuestos Generales del Estado, que deben aplicarse a obras que tengan verdadera justificación; y, por otra parte, a la racionalidad económica en cuanto al propio uso del agua, que también tiene que ser cada vez más eficiente.

En ese sentido, la Directiva europea establece claramente que el agua es un bien público, sometido a control público, y tenemos que fortalecer el control público precisamente para alcanzar esas mayores cotas, tanto de eficiencia en el uso del agua, como de racionalidad en el gasto público. Ello, entre otras cosas, ayudados e impulsados por la exigencia de la Directiva Marco en cuanto a que el año 2010 todos los países de la Unión Europea deberán aplicar un sistema de tarifas de agua que se corresponda con los verdaderos costes de obtención, de tratamiento y de depuración, costes ambientales adicionales del agua.

En esa senda tenemos que trabajar, y empezamos ahora a hacerlo, para que los precios del agua reflejen los verdaderos costes y para que haya también, dentro de los precios, una discriminación de acuerdo con los distintos usos, entendiendo que el agua, cuando se utiliza para determinadas funciones económicas, genera mayor o menor valor añadido y, por tanto, el precio debe también de tener en cuenta esa circunstancia.

Asimismo, la Directiva europea incorpora nuevas exigencias ambientales en la política del agua; por ejemplo, el hecho de que las transferencias entre cuencas tienen que ser la última de las soluciones. La última, no la primera, como estaba contemplado en la Ley del Plan Hidrológico Nacional con el trasvase del Ebro en lo relativo a las cuencas mediterráneas. Esto no significa que jamás se hará ninguna transferencia de agua; se harán si son necesarias, pero previamente se tendrá que optimizar el uso de los recursos hídricos de cada una de las cuencas, garantizando, efectivamente, que esa cuenca ya no puede hacer nada más para suministrar agua que tenga unos destinos conocidos y ciertos de acuerdo con un uso sostenible de la misma.

Asimismo, la Directiva Marco incorpora exigencias muy importantes en cuanto a los caudales de nuestros ríos, algo poco compatible con esa idea, que es un tópico muy generalizado, de que se tira agua al mar cuando los ríos llegan al mar. Las aguas que tienen que ir por nuestros ríos deberán ser aquellas que permitan la vida y las condiciones biológicas exigidas por las normas europeas, tanto en calidad como en condiciones ecológicas, a lo largo de nuestros ríos. Simplemente menciono estas dos cuestiones.

Por lo tanto, una primera razón, una primera orientación, de nuestra política del agua, comenzando por la decisión de hoy, es responder a las condiciones que, como miembros de la Unión Europea, debemos tener en cuenta en aplicación de las Directivas europeas: racionalidad y respeto ambiental.

En cuanto a las características de nuestro país, queremos avanzar en una mayor corresponsabilización de las Comunidades Autónomas con el Gobierno de la nación en cuanto al uso y a la gestión del agua. Eso lo haremos con medidas que están en estos momentos estudiándose: la creación de una Conferencia Sectorial de política del agua y la reforma en profundidad de las Confederaciones Hidrográficas. Éstas son decisiones, evidentemente, posteriores, pero que significarán también un cambio en la política del agua en nuestro país en cuanto a compartir entre el Gobierno central, el Gobierno de la nación, y las Comunidades Autónomas las responsabilidades en materia de agua.

Entro en el Real Decreto-Ley señalando, en primer lugar, las razones de utilizar esta técnica legislativa, el Real Decreto-Ley, para derogar el trasvase del Ebro y para aprobar con carácter urgente un conjunto de actuaciones.

Las razones de la urgencia se derivan del hecho de que no sólo la Ley del Plan Hidrológico hoy día está en vigor en su totalidad y, por lo tanto, incorpora una obra que este Gobierno no va a hacer ahora ni en ningún caso, puesto que ese trasvase lo consideramos absolutamente inviable e injustificado; sino que, además, esa Ley está en estos momentos detrás de la ejecución de obras que fueron contratadas ya por el anterior Gobierno, obras que este Gobierno tiene que paralizar, puesto que no va a hacer esa actuación, no va a hacer el trasvase del Ebro, pero efectivamente para paralizarlas de una manera que no genere ningún perjuicio adicional al erario público hace falta que se derogue la norma que ampara la existencia de esas obras en curso.

Ésa es la razón de que el Gobierno opte por la vía más rápida posible para interrumpir una situación que, por otra parte, genera inseguridad jurídica e inseguridad social. Mantener vivo el trasvase del Ebro sin derogarlo podría entenderse como que, a lo mejor, en algún momento se hace y yo creo que la decisión de este Gobierno es contundente: esa obra no se va a hacer y, por lo tanto, esa obra se deroga con carácter inmediato.

Pero también hay razones de urgencia en aprobar este Real Decreto-Ley precisamente para atender esas demandas, esas necesidades de agua, en las cuencas mediterráneas, desde Cataluña hasta Andalucía, que iban a ser atendidas, de acuerdo con las previsiones del anterior Gobierno, por el trasvase del Ebro.

Reconocemos, como ha señalado la Vicepresidenta en su intervención, la urgencia de atender esas necesidades y por eso queremos aprobar cuanto antes mejor un conjunto de obras --son más de cien actuaciones-- que no sólo generarán más agua en el conjunto de las cuencas de la que preveía el trasvase del Ebro, sino que además incluyen actuaciones para mejorar la calidad del agua, para restaurar las cuencas mediterráneas, para mejorar la gestión del agua en esas cuencas y para prevenir también los fenómenos de inundaciones cada vez más frecuentes por razón del cambio climático.

Por tanto, la inversión que va a llevar a cabo el Gobierno se distribuye, primero, en el paquete de actuaciones que generan más hectómetros cúbicos; pero, segundo, incluso con mayor cuantía para todo el resto de actuaciones: actuaciones de mejora de la calidad, de mejora de la gestión del agua y de restauración ambiental de nuestros ríos.

Eso es en cuanto al objeto de las actuaciones de carácter urgente.

Creemos, efectivamente, que, una vez derogado el trasvase del Ebro, podemos también plantear y aceptar en el trámite parlamentario que esta norma se tramite posteriormente con rango de ley, dando paso, por lo tanto, a la mejora de esas actuaciones que estamos planteando, su mejor definición, incluso a la incorporación en ese trámite legislativo de una manera concreta de las tarifas del agua que hemos avanzado, pero que no están contempladas en el Real Decreto-Ley, precisamente porque en el trámite legislativo podremos afinarlas al máximo.

Nosotros hemos hecho ya un avance de nuestra voluntad, con lo cual hacemos algo que el anterior Gobierno no había hecho a pesar de estar ya las obras iniciadas. Es más, el anterior Gobierno dijo de manera muy nítida que las tarifas del agua del trasvase del Ebro se conocerían cuando se terminara esa obra. Ésa es una de las razones principales de las críticas que ha recibido este travase del Ebro. Poner en marcha una actuación de 4.200 millones de euros de gasto público sin haber previamente analizado la auténtica demanda que tendría esa agua trasvasada, porque mientras que no se conocen las tarifas del agua es imposible saber quiénes iban a demandar el agua y dónde, es una auténtica aberración. No se puede en pleno siglo XXI comprometer 4.200 millones de euros de gasto público sin saber ni quién ni a qué precio se iba a utilizar el agua del trasvase.

Por lo tanto, aceptaremos su discusión y su debate durante los meses siguientes en el Parlamento para que la norma mejore en todo lo que tiene que ver con el futuro, es decir, en cómo vamos a resolver los problemas del agua en las cuencas mediterráneas.

La derogación del trasvase del Ebro tiene el carácter inmediato que tiene este Real Decreto-Ley y, por tanto, sobre ello el Gobierno no va a cambiar de opinión aunque se tramite como Ley este Real Decreto-Ley. Pero este Real Decreto-Ley incorpora actuaciones muy importantes y queremos que no exista ningún problema de actuaciones, que unas se van a acometer durante este mismo año pero otras a lo largo de los próximos años, y que esas actuaciones sean las mejores posibles.

Quiero decir que entre estas actuaciones hay actuaciones propuestas por los regantes, concretamente, de la Comunidad de Valencia, porque en los dos meses escasos que llevamos en el Gobierno se ha procedido a una amplísima tarea de concertación y de diálogo. Ustedes saben que el diálogo es como el amor: no existe si alguien no quiere dialogar. Y eso es lo que nos ha pasado: han dialogado mucho con nosotros aquellos que han querido dialogar y nos han hecho incluso propuestas concretas que están en las obras que acompaña, en las actuaciones previstas con este Real Decreto-Ley.

También hay que señalar que por parte de los Gobiernos, tanto de Andalucía, como de Cataluña, se ha trabajado con el Ministerio de Medio Ambiente, como le habíamos ofrecido hacer a la Generalitat de Valencia y al Gobierno de la Región de Murcia, que en ningún momento han querido colaborar y han tenido prácticamente dos meses para hacerlo.

Esto es por lo que se refiere al contenido global de este Real Decreto-Ley aprobado esta mañana.

Quiero señalarles algunas otras cuestiones, al margen de las preguntas que quieran hacerme. Por una parte, este Real Decreto-Ley significa un ahorro sustancial de gasto público: 400 millones menos que el coste inicial del travase. Incluso en esa diferencia está ya computado el dinero que tendremos que pagar por la indemnización de dos tramos que no van a continuar. Otros dos tramos, aunque fueron presentados como parte del trasvase del Ebro, como en la práctica son mejoras de infraestructuras existentes, y en concreto de las infraestructuras de conducción del post-trasvase Tajo-Segura, esas obras se van a seguir haciendo, pero hay dos tramos aguas más arriba que no se van a hacer. Pues bien, incluyendo el coste de las indemnizaciones, que está estimado en unos nueve millones de euros, el Gobierno ahora está aprobando algo que costará 400 millones menos para atender a más funciones, no sólo a incrementar la disponibilidad de agua, sino a mejorar la gestión y la calidad del agua.

Por otro lado, si esto lo situamos en el conjunto del Plan Hidrológico Nacional, el ahorro en realidad es mayor, porque aquí prácticamente la mitad de las obras que aparecen son obras que estaban incluidas dentro del anexo del Plan Hidrológico Nacional; incluidas, que no iniciadas, ni tan siquiera presupuestadas. Luego, iban a ser obras que en algún momento, si la Ley del Plan Hidrológico Nacional se cumplía en su totalidad, este Gobierno u otros habrían tenido también que sufragar. Si contabilizamos, por lo tanto, no sólo el coste del trasvase y de su alternativa, sino si lo vemos dentro del paquete total del trasvase y del resto de las actuaciones previstas en el Plan Hidrológico Nacional, el ahorro público es de 1.600 millones de euros.

Por lo que se refiere a las tarifas del agua, es un abanico que parte de 0,12 euros por metro cúbico para los usos agrícolas de menor rentabilidad dentro de las cuencas, hasta un máximo de 1,30 euros por metro cúbico para usos en instalaciones de carácter turístico, como pueden ser apartamentos turísticos, urbanizaciones de segunda residencia o también campos de golf. Éste es el abanico que ya hemos enseñado, que puede ser mejorado; pero ésta es la base sobre la que queremos actuar: una discriminación de las tarifas favoreciendo, evidentemente, a aquellos usuarios agricultores que generan con el uso del agua un menor valor añadido en su actividad.

Tienen ustedes también información muy detallada de lo que implica para cada una de las cuencas esta actuación sustitutoria del trasvase. Podrán ver ustedes que, aunque el Gobierno anterior cifraba en 1.050 hectómetros cúbicos las posibilidades de trasvasar agua, este Gobierno estima que sólo hubiera sido posible trasvasar en torno a 620 hectómetros cúbicos por fallos evidentes en el diseño del trasvase del Ebro; fallos como, por ejemplo, que todavía hoy nadie sabe cuál iba a ser el caudal trasvasable.

Con un caudal ecológico medianamente razonable de 135 metros cúbicos por segundo en la desembocadura del Ebro, eso ya comportaría una reducción sustancial de la cifra inicialmente planteada por el Gobierno. Pero es que, además, el anterior Gobierno no había contemplado suficientes infraestructuras de almacenamiento de agua ni en la cuenca cedente ni en las cuencas receptoras. Hubieran hecho falta, al menos, cuatro veces más capacidades de almacenamiento en las cuencas receptoras para que, efectivamente, se pudieran aprovechar los 1.050 hectómetros cúbicos.

Todo eso lleva, como digo, a unas cantidades sustancialmente inferiores, que son las que ustedes podrán comparar cuenca a cuenca; pero también lleva aparejado que el coste real por metro cúbico trasvasado no hubiera sido, en absoluto, el que anunciaba el anterior Gobierno, que se situaba en un coste medio de 0,39 euros por metro cúbico, mientras que una estimación más realista lo eleva a 0,9 euros por metro cúbico.

Simplemente para terminar, tienen ustedes la información de cuáles serán los costes comparativos de los hectómetros cúbicos adicionales que planteamos y que procederán de la reutilización de aguas residuales depuradas, de la modernización de infraestructuras y de regadíos, y también de la desalación. El conjunto de esas actuaciones tiene un coste medio, incluyendo todos los costes, de 0,41 euros por metro cúbico, frente a 0,9 euros por metro cúbico del agua a trasvasar de acuerdo con el proyecto que hoy derogamos. Por tanto, es una diferencia sustancial que, a nuestro juicio, completa el esfuerzo de identificar mejores alternativas desde el punto de vista social y ambiental, pero también económico.

Como hay, seguro, dudas sobre la desalación, hemos incorporado también algunos elementos que contradicen la campaña difamatoria de la desalación que se ha producido en las últimas semanas, que sinceramente llama la atención que sea promovida por quienes hace muy poco, con gran propaganda asociada, presentaban las únicas desaladoras, concretamente en el caso de Almería o de Alicante, que el anterior Gobierno había inaugurado.

P.- Para la Ministra de Medio Ambiente. Me gustaría saber si va a pedir a la Unión Europea los fondos que el anterior Gobierno solicitó para el trasvase y que ahora se destinen a estas actuaciones, y cuánto podrían suponer.

No sé si nos puede aclarar un poco la cantidad de los 1.600 millones de ahorro, cómo está repartida y cómo se los ahorra.

Sra. Narbona.- Por supuesto, ya hemos transmitido a los Comisarios europeos, concretamente a la Comisaria de Medio Ambiente y también al Comisario responsable de fondos europeos, nuestra intención de comenzar a partir de este momento a solicitar fondos europeos, Fondos de Cohesión y FEDER, para las actuaciones que hemos diseñado. Eso se irá haciendo de forma gradual, porque las actuaciones tienen que tener la maduración concreta que permita obtener ayudas de la Unión Europea y ya este mismo año podremos presentar varias. En conjunto, todo este paquete va a ser conocido inmediatamente, en la medida en que ya lo ha aprobado el Consejo de Ministros, por parte de los servicios de la Unión Europea, con quienes hemos venido trabajando en estrecha colaboración desde hace dos meses.

Como ustedes saben, eran 1.200 millones de euros los fondos previstos para el trasvase del Ebro y esa cantidad es la que vamos a intentar conseguir con la suma de todas nuestras actuaciones.

Como saben también, cuando culminó la anterior legislatura lo único que sabíamos por parte de las instituciones europeas eran sus informes desfavorables por parte de varias Direcciones Generales; informes desfavorables que hacen hincapié, de manera muy próxima, a las observaciones que yo ya he hecho sobre la inviabilidad económica y financiera y sobre las repercusiones ambientales no resueltas del anterior trasvase.

Por lo tanto, esperamos poder conseguir todos esos fondos. No vamos a decir lo que decía el Gobierno anterior, "los tenemos asegurados", porque hay que ser respetuoso con las instituciones europeas que analizarán cada una de estas obras. Nosotros esperamos que sean aceptadas porque responden a una filosofía diferente, a una política del agua coherente con la que pretende la Unión Europea, y así lo hemos explicado ya y en su momento, hace ya casi dos meses, la Comisaria de Medio Ambiente tuvo ocasión de felicitarnos por este cambio radical de enfoque de la política del agua.

En segundo lugar, sobre esos 1.600 millones de euros de ahorro simplemente explico por qué se ahorran. El trasvase del Ebro formaba parte del Plan Hidrológico Nacional conjuntamente con todas las actuaciones que están en el Anexo II. En la medida en que sustituimos la actuación del trasvase en parte por actuaciones que estaban previstas, hay que descontar de la suma total que correspondía al trasvase, más el Anexo de Inversiones, el hecho de haber eliminado el trasvase y haberlo sustituido por actuaciones que estaban contempladas.

Por tanto, ahí es donde se produce un ahorro, que es verdad que es un ahorro en estos momentos virtual, en el sentido de que a futuro, en los próximos años, el Gobierno no tendrá que asumir los costes de la suma del trasvase y del conjunto de actuaciones. El ahorro más inmediato es de 400 millones de euros, que es la diferencia entre seguir ejecutando el trasvase del Ebro y acometer estas actuaciones.

P.- Yo quería dirigirme a la Vicepresidenta para preguntarle sobre el nombramiento del Fiscal Bermejo y algunos acontecimientos que están sucediendo en la esfera judicial. El señor Astarloa, portavoz de Justicia del PP, decía el otro día que se está volviendo a tiempos de división y discordia, y decía que ese nombramiento era emblemático en ese sentido, porque se producía contra el parecer del Consejo Fiscal. Ha habido otras cuestiones del Consejo General esta semana. La pregunta sería, pues, si este nombramiento puede agudizar la polémica y si, por contra, ve usted ahí una ofensiva de la derecha judicial en este inicio de legislatura.

En segundo término, hubo una reunión de coordinación el pasado lunes entre varios Ministros y también representantes del Gobierno de la Generalitat y del Partido Socialista de Cataluña. Quería preguntarle por la valoración, las conclusiones; si hubo alguna articulación de calendario, si al Gobierno le encaja en sus planes legislativos que la reforma del Estatuto se plantee en el 2005 y si, entre tanto, puede haber delegación de competencias por la conocida vía del artículo 150.2.

Vicepresidenta.- En cuanto al tema del nombramiento de don Mariano Fernández Bermejo, ya lo he dicho al inicio de mi intervención cuando les he anunciado los nombramientos que ha efectuado el Consejo de Ministros a propuesta del Fiscal, don Mariano Fernández Bermejo, como todo el resto de Fiscales que ha propuesto el Fiscal General del Estado y que ha nombrado hoy el Consejo de Ministros, son personas con una trayectoria profesional impecable, acreditada vida de trabajo y de servicio y, por tanto, creemos que reúne todas las características como para ocupar ese puesto.

Yo no voy a entrar desde esta mesa en polémicas con el Partido Popular. Saben que no es ésta mi función y, por tanto, no tengo nada más que decir. Avalar que es una decisión absolutamente correcta y lo que sí que le puedo decir, por darle información, es que don Mariano Fernández Bermejo ha obtenido algunos apoyos en el Consejo Fiscal. Ya hay precedentes conocidos de nombramientos de Fiscales por anteriores Gobiernos que tuvieron ceros apoyos en el Consejo Fiscal y seguramente no tengo que recordar ni siquiera nombres, porque son de sobra conocidos por usted.

Por lo tanto, yo eso quiero ponerlo de manifiesto para que tampoco se especule con determinadas cosas que son muy serias y, sobre todo, con determinadas personas.

En cuanto al tema del Consejo del Poder Judicial, sí decir que el Gobierno agradece el esfuerzo que está haciendo el Consejo General del Poder Judicial para combinar, digamos, el rigor con la celeridad que supone emitir un informe respecto a una ley compleja, de la que ha sido solicitado informe por urgencia por este Gobierno, porque creemos que es un proyecto de ley que debe aprobarse cuanto antes, porque tenemos un problema social muy grave en relación con la violencia sobre las mujeres.

Quiero también aprovechar la ocasión para agradecer a todos los órganos consultivos a los que se les ha solicitado informe, porque todos ellos están haciendo un esfuerzo enorme. El Consejo Económico y Social, como ustedes saben, ya ha emitido el informe y, además, por cierto, a juicio del Gobierno, de forma muy satisfactoria, porque ha sido muy, muy mayoritario: creo que han sido cuarenta y tantos votos a favor y sólo alguno en contra. Por tanto, en ese sentido estamos satisfechos, porque eso viene a poner de manifiesto que hay un sentir social mayoritario de que desde los poderes públicos hay que adoptar una decisión o hay que adoptar medidas para tratar de combatir esta lacra social, que es la violencia contra las mujeres.

Por tanto, yo quería solamente agradecer al Consejo el esfuerzo que está haciendo para emitir el informe dentro del plazo de los quince días de la urgencia que ha otorgado el Gobierno.

En cuanto al segundo tema que usted me planteaba, el tema de las reuniones que ha habido con representantes del Partido Socialista, del Partido Socialista de Cataluña y del Gobierno, son reuniones que hay que inscribir dentro del marco de las relaciones normales que se están manteniendo en todas las Comunidades Autónomas, en este caso, para abordar muchos de los temas que queremos plantear en esta legislatura, que se van a hacer a través del diálogo y el consenso.

No significa nada más que eso. Es una reunión como muchas otras más reuniones, como las que ha habido y como las que probablemente y seguramente habrá. Se inscribe en el marco de reuniones normales y no tengo nada que adelantar respecto de que se haya adoptado acuerdo alguno. Se está hablando de ese tema, como de tantos temas que en estos momentos tenemos pendientes con las diferentes Comunidades Autónomas, porque saben que esta va a ser la legislatura del diálogo, está siendo ya la legislatura del diálogo y del acuerdo, y espero del entendimiento, con las Comunidades Autónomas respecto de muchos temas, entre ellos, el calendario de elaboración de los Estatutos, temas pendientes que hay de peticiones y temas de recursos que hay que ver también que están ante Tribunal Constitucional. Por tanto, repito, lo inscribo en el diálogo institucional normal, que se ha normalizado por fin.

P.- Para la Ministra de Medio Ambiente. En el Senado ayer tanto Valencia como Murcia han dicho que van a recurrir. Cada vez dicen una cosa, pero al Tribunal Constitucional lo han citado en alguna ocasión. Me gustaría saber su opinión y qué futuro le ve a ese recurso si se plantea.

Después ayer Camps en el Senado le dijo que una asociación había presentado una solicitud de concesión de 1.050 hectómetros cúbicos para una sociedad que se encargaría por sus propios medios, no se sabe muy bien cómo, de realizar el trasvase. No sé si usted, como Ministra de Medio Ambiente, piensa que este proyecto tiene algún futuro, o les va a dar algún tipo de permiso, o si piensa que es un brindis al sol. Incluso habló de la posibilidad de ofrecer gratis el agua a los agricultores.

Sra. Narbona.- Ayer hubo una sesión muy interesante en el Senado, que duró hasta una hora bastante tardía, donde pudimos escuchar a todas las Comunidades Autónomas y a todos los grupos políticos. Quiero decirles que fue la demostración palpable de que lo que dice el Partido Popular respecto al alto grado de consenso del trasvase del Ebro no existe ya en absoluto. Existió un amplio acuerdo, efectivamente, un acuerdo parlamentario y un acuerdo territorial bastante amplio, aunque dejase fuera precisamente los territorios de la Cuenca del Ebro, en particular a Aragón y a Cataluña; pero es que ayer lo que pudimos ver era como otros partidos políticos denunciaban en el Senado el engaño que el Gobierno anterior había ejercido sobre ellos para conseguir su voto favorable en su momento. Lo dijeron clarísimo Convergència i Unió y el PNV. Dijeron que habían apoyado el trasvase del Ebro y la Ley del Plan Hidrológico Nacional porque se les habían prometido cosas por parte del Gobierno que después no se habían llevado a cabo.

Todos saben que, concretamente en relación con el Consorcio del Delta del Ebro, el Gobierno anterior mutiló su contenido y se enfrentó claramente a la Generalitat para poder hacer las cosas sin tener que compartir decisiones con nadie. Pero es que también ayer dos Comunidades Autónomas socialistas que en su día votaron en el Consejo Nacional del Agua a favor de la Ley del Plan Hidrológico Nacional explicaron por qué han cambiado de opinión y también manifestaron que habían sido engañadas, porque las obras que se prometieron a esos territorios para que tuvieran el voto favorable de sus representantes políticos simplemente no se han hecho en tres años.

Por tanto, el Senado fue, yo creo, una ocasión magnifica, y ahí están las actas, para que se vea como se ha desecho ese gran consenso del cual todavía hoy, de forma sorprendente, pretende presumir el Partido Popular.

Por lo que se refiere a las intenciones de acudir al Tribunal Constitucional, están en su legítimo derecho. Nuestra opinión es que hemos hecho bien las cosas, nuestros servicios jurídicos avalan que hay razones para la urgencia de este Real Decreto-Ley y, por tanto, hay que dejar hablar a los cauces del Estado de Derecho. Todo el mundo puede presentar, si lo estima oportuno, ante el Tribunal Constitucional lo que crea conveniente. No vamos a ser nosotros los que digamos ahora que recurrir ante el Tribunal Constitucional es un acto propio de antipatriotas desleales que, si recuerdan, se dijo concretamente cuando Aragón presentó un recurso contra la Ley del Plan Hidrológico Nacional. Creo que hay que ahorrar ese tipo de descalificaciones a los que son cauces para nuestra convivencia pacífica.

Por lo que se refiere a esa sociedad que anuncian el señor Camps y el señor Valcárcel y sobre la que, al parecer, todavía no lo he visto, remitían una carta al Ministerio para pedir la concesión de 1.050 hectómetros cúbicos del Ebro, evidentemente, si esa carta llega, la respuesta es "no, no", porque no vamos a dar la concesión de 1.050 hectómetros cúbicos del trasvase del Ebro.

Por tanto, creo que es un gesto más cara a la galería para demostrar que son capaces de hacer solos las cosas. Lamentablemente, no tienen la competencia para el agua; lamentablemente para ellos; afortunadamente, en este caso, para el río Ebro. Pero es que, además, lo que hizo ayer el Presidente Camps de anunciar que estaban dispuestos a ofrecer el agua gratis, eso sí me parece que es pura demagogia.

Como les he explicado, este país ya no puede ser un país donde el agua se ofrezca gratis a nadie. Se puede ofrecer a un precio más bajo, y lo haremos, porque entendemos que habrá circunstancias que obliguen a tarifas más bajas; pero hablar de agua gratis es una extraordinaria demagogia. A los usuarios del agua, a los agricultores, el anterior Gobierno les había ocultado el coste real del agua y no había establecido ninguna tarifa. ¿Por qué no dijeron antes lo del agua gratis? ¿Por qué no lo dijeron nunca? Y ahora no se va a hacer el trasvase del Ebro.

Por lo tanto, que no usen instrumentos demagógicos, porque sólo sirven para manipular más a la opinión pública.

P.- El señor Rajoy ha dicho esta mañana, en relación con la autoría de los atentados del 11-M, que sigue sin descartar, a día de hoy, que ETA estuviera relacionada con la autoría de estos atentados y, además, afirma en su calidad de ex Ministro del Interior que no puede descartar que hubiera conexión de ETA con ese atentado. Yo quería saber qué opinión le merece.

Vicepresidenta.- No voy a entrar a hacer ninguna valoración desde esta mesa, como ustedes saben, sobre las valoraciones que hace cualquier persona política y menos el líder de la oposición.

Sobre los trágicos atentados del 11-M, solamente diré que hay en estos momentos una investigación que se sigue en un Juzgado y hay una comisión de investigación en el Parlamento. Ésos serán el lugar donde habrá que dilucidar o debatir, tanto las cuestiones de tipo de responsabilidad penal, como las otras que están planteadas en el Parlamento. Por lo tanto, no voy a hacer ningún comentario.

P.- Ministra, ¿está usted en condiciones de anunciar en qué momento los usuarios de la Comunidad Valenciana o de Murcia podrán recibir los primeros metros cúbicos de las medidas alternativas que han aprobado hoy?

Sra. Narbona.- Previsiblemente, durante la mitad del año 2005, puesto que vamos a acometer de inmediato aquellas actuaciones que pueden dar con más rapidez agua en esos territorios. Se tratará, concretamente, de ampliaciones de plantas existentes, porque precisamente son el tipo de actuación que nos permite aumentar de forma más rápida el agua. Todas las demás actuaciones van a ir en paralelo, pero puedo en estos momentos establecer esa previsión durante la primera mitad del año que viene en cuanto a ampliar la oferta de agua en esas Comunidades.

P.- Para la Vicepresidenta. Yo quería que me explicara los objetivos del viaje que el próximo lunes va a efectuar el Presidente a Roma a visitar al Papa y si me podría concretar la delegación que va a acompañar al Presidente, los Ministros que le van a acompañar en este viaje.

Luego una cuestión que es desconocimiento personal. Por los últimos intentos del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española de reprobar a Caffarell, yo me pregunto por qué no ha sido renovado todavía el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española y cuál es el trámite para renovarlo.

Vicepresidenta.- En cuanto al viaje del Presidente del Gobierno, es un viaje internacional, institucional; una visita como tantas otras que se han hecho a otros países. Es al Estado del Vaticano y el Jefe del Estado del Vaticano es Su Santidad el Papa. Es un viaje que se inscribe dentro del ámbito de la política internacional como cuantos otros viajes está haciendo, como usted sabe, el Presidente del Gobierno con una apretada agenda internacional. En estos momentos no le puedo concretar. Creo que va a ir el Presidente del Gobierno acompañado por asesores. No tengo constancia de que vaya a acompañarle ningún Ministro. Eso es todo lo que le puedo decir.

En cuanto al segundo tema que usted me plantea, efectivamente, porque sabe que la renovación del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española es una renovación que se hace en el ámbito del Parlamento, quiero que sepa que el Grupo Parlamentario Socialista ya se ha dirigido al Grupo Popular para iniciar la renovación del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. Desde luego, no es normal, y ya se lo digo desde aquí, que, habiendo una nueva mayoría en el Parlamento, la representación del Consejo de Administración siga representando a la mayoría anterior a la actual.

P.- A la Ministra de Medio Ambiente yo quería preguntarle si no se esperan o no se temen, no sé cómo calificarlo, manifestaciones como las que ha habido esta mañana mismo en Murcia a lo largo de las Comunidades que se consideran agraviadas por este Real Decreto-Ley, y si no tienen ustedes la sensación de que está calando de alguna forma que el Gobierno socialista no quiere agua para todos.

Sra. Narbona.- El Gobierno socialista no sólo quiere agua, sino que están aquí las cantidades que van a tener cada una de esas Comunidades Autónomas: la Comunidad Valenciana, 400 hectómetros cúbicos; la Comunidad de Murcia, 204. Esto, si lo comparamos con las cantidades que efectivamente hubieran podido llegar del trasvase, significan más agua y en menos tiempo.

Por lo pronto, que quede claro que, como hemos afirmado tanto la Vicepresidenta como yo, queremos agua para esas Comunidades Autónomas y la queremos en mejores condiciones de coste económico de las actuaciones, de rapidez y de calidad, y en el contexto de un cambio profundo de la política del agua en nuestro país que nos permita, entre otras cosas, controlar mucho mejor cómo se usa el agua en todas partes, no solamente en las cuencas mediterráneas.

Por supuesto, las manifestaciones son el ejercicio de la libertad de expresión de los ciudadanos. Nosotros no vamos a criminalizar tampoco el que los ciudadanos pidan el trasvase del Ebro, porque creen que si no es con el trasvase del Ebro no van a tener agua. Evidentemente, si eso es lo que se ha conseguido trasladar, el trasvase o nada, habrá manifestaciones y las aceptaremos como algo normal. Podemos no estar de acuerdo, evidentemente, con el contenido de esa protesta, pero la respetamos.

Lo único que sí creo que es importante señalar es que no se debe confundir la libertad de expresión, en ningún caso, con el uso de la fuerza. Lo digo porque esta mañana en la Confederación Hidrográfica del Segura se ha hecho uso de la fuerza por parte de los manifestantes y esto creo que, en ningún caso, en un país democrático y en un país donde el Gobierno ampara la libertad de expresión se debe de producir.

Vicepresidenta.- En cualquier caso, también después de lo que ha dicho la Ministra yo quiero mandar un mensaje en positivo en el sentido de decir que este Gobierno va a garantizar el agua, y lo va a hacer de una forma seria y rigurosa, más barata. Que tengan los ciudadanos la tranquilidad. Es verdad y vamos a intentar convencer a todos aquellos a los que en estos momentos, probablemente, no hemos sido capaces de llegar. Este Gobierno va a hacer un esfuerzo por convencer, porque les garantizamos que va a haber agua y en mejores condiciones.

P.- A la Ministra de Medio Ambiente. Usted ha reconocido que el Gobierno no descarta en el futuro el hacer trasvases. ¿No piensa que esta afirmación puede hacer más difícil en las Comunidades como Murcia y la Comunidad Valenciana el que no se entienda esta decisión de derogar por urgencia el trasvase y, a lo mejor, el no haber habido una posibilidad de solventar lo que el nuevo Gobierno considera como deficiencias del trasvase?

Sra. Narbona.- Quiero repetir lo que he dicho antes. Vamos a hacer actuaciones, algunas de ellas que estaban previstas, y vamos a mejorar la capacidad de gestionar y de controlar el uso del agua. En la oferta que hemos hecho nos damos un plazo de tiempo de un año para analizar los primeros resultados y para evaluar si fuera necesario algo más. Evidentemente, no se trata de descartar de una manera fundamentalista las transferencias de aguas; pero sí de situarlas donde deben de situarse: no al principio de la toma de decisiones sino, en su caso, al final del proceso de decisiones. Nunca de entrada porque, entre otras cosas, un trasvase es una obra de extraordinaria rigidez. Una vez que está puesto el tubo, aunque no haga falta tanta agua como a lo mejor se planteaba, ese tubo está ahí y significa posibles daños irreversibles, y un gasto enorme.

Por lo tanto, nada de hablar ahora de trasvase. El trasvase no es sustituido sólo por un conjunto de obras, sino por otra política del agua, acorde, además, con los criterios de la Unión Europea también en esa materia.

P.- Para la Vicepresidenta. Usted ayer, en el Senado, habló de una "Hoja de ruta" para la reforma de la Constitución. Quería saber si podía detallar un poco más o podría dar alguna previsión del Gobierno de cuando quiere que empiece el diálogo entre las fuerzas políticas. También quería saber si no llegar a un acuerdo antes del final de la legislatura el Gobierno lo consideraría un fracaso o qué calificativo le daría.

Por otro lado, antes del verano estaba previsto que el Presidente se entreviste con todos los Presidentes autonómicos en Moncloa. Quería saber si ya hay fecha para la entrevista con el Lehendakari o si hay alguna novedad al respecto.

Vicepresidenta.- Me pide usted que vaya más allá de lo que fui ayer en el Parlamento. Pues no, no puedo ir más allá. Yo creo que ayer establecimos y anuncié, además en el lugar donde debía ser, en el Senado, esa "Hoja de ruta". En eso es lo que ahora estamos trabajando. La "Hoja de ruta" no se la voy a repetir aquí a usted, porque ya la conoce; pero es un calendario de trabajo que nos lleva ya por lo menos casi hasta un año, de aquí a un año, de cosas que hay que hacer.

Mientras tanto, el diálogo está ya abierto. El diálogo se tiene que producir, lo iremos canalizando en función de cada uno de los momentos de esa propia "Hoja de ruta" a la que yo me referí ayer. Desde luego, lo que no voy es a hacer una calificación de lo que usted dice que va a ser un fracaso y yo ya le digo a usted que va a ser un éxito, porque ésa es la expresión de nuestra voluntad y el trabajo que tenemos por delante.

Estoy segura de que al final de esta legislatura --por lo menos, en eso estamos trabajando-- llegaremos a un acuerdo con todas las fuerzas políticas para abordar ese gran reto que nos hemos marcado de modificar concreta y limitadamente la Constitución, y atender a las peticiones que formulen las Comunidades Autónomas de reforma de sus Estatutos, de forma que tengamos una mayor estabilidad territorial y demos satisfacción a las demandas que plantean todas las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, no voy a hacer ahora...

En cuanto a la otra cuestión que me planteaba, sabe que nuestro compromiso es que sea antes de finales del verano; pero estamos con una agenda muy complicada del Presidente. Por tanto, ya les anunciaremos cuando esté. No hay ningún problema, es un problema de agenda pura y simplemente.

P.- Para la Ministra de Medio Ambiente. Quería saber si me podía precisar si en el Real Decreto-Ley de derogación se incluye también la derogación del aprovechamiento para Barcelona del mini-trasvase de Tarragona, tal y como se acordó con la Generalitat de Catalunya. En caso de que no se incluya, ¿cuál es el motivo?

Sra. Narbona.- Con la Generalitat de Catalunya llegamos al acuerdo de retirar la solicitud presentada ante Bruselas para obtener fondos europeos y, efectivamente, hemos procedido ya a comunicar que no queremos los fondos europeos que estaban previstos para ese mini-trasvase. Ciertamente, no está, en absoluto, en las obras que hemos concertado, todas ellas, con la Generalitat de Catalunya. Si no está aquí introducido, es, exclusivamente, porque éste es un Real Decreto-Ley para derogar sólo y en exclusiva una obra que está en marcha. Por tanto, la naturaleza de la derogación está justificada porque no solamente es algo previsto o previsible, como podría ser la otra actuación a la que hace referencia, sino una actuación que se estaba ya desarrollando con coste económico para el Gobierno.

Por tanto, evidentemente, no hay ningún problema en que, si en el trámite parlamentario la Generalitat de Catalunya prefiere, incluso, que eso aparezca, que aparezca; pero yo, de entrada, no lo considero necesario, porque ya hemos dado una señal, creo que más que contundente, respecto a la nula voluntad de hacer esa obra al retirar los fondos que estaba previsto obtener de las instituciones europeas.

P.- Para la Vicepresidenta del Gobierno. Antes ha agradecido la celeridad con la que el Consejo y otras instituciones habían hecho el informe sobre la Ley, pero antes de eso el Consejo General, o por lo menos una mayoría del mismo, hizo críticas a la forma de actuar del Gobierno. ¿Qué valoración tiene?

En segundo lugar, quería preguntarle qué información tiene de la visita de la delegación norteamericana para estudiar el futuro de las bases de Rota y Morón dentro del redespliegue de las tropas norteamericanas en Europa.

Vicepresidenta.- En cuanto a lo primero, ya se lo he dicho. Yo no voy a polemizar con el Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que nuestra obligación es atender a las peticiones en ese informe que finalmente se va a emitir dentro del plazo previsto por el Gobierno. Quien tiene la competencia constitucional para calificar la urgencia de un proyecto es el Gobierno y, por tanto, en la medida en que hemos ejercido nuestras competencias, no tengo nada más que decir.

Hemos pedido un esfuerzo a todos los órganos para hacer esos informes con urgencia y yo agradezco el esfuerzo de todos los órganos. Al Consejo Económico y Social, se lo decía, también le hemos dado el mismo tiempo y el informe del Consejo Económico y Social ya está emitido; el informe del Consejo Escolar va a estar el lunes y, finalmente, el Consejo General del Poder Judicial va a emitir el informe dentro del plazo solicitado de la urgencia de los quince días. Por lo tanto, a eso me atengo.

Agradezco el esfuerzo y, desde luego, el Gobierno estudiará con todo interés las observaciones que nos vengan de todos ellos; también del Consejo Fiscal, informe que, por cierto, también va a estar emitido el lunes. Es decir, todo el mundo ha tenido que hacer aquí un esfuerzo, todo el mundo, todos los órganos, y todos lo han hecho sin emitir declaración alguna.

Sobre Rota y Morón o tenemos conocimiento de que haya ninguna petición, porque sí que he visto una información en algún sitio sobre si había alguna petición de Estados Unidos sobre la ampliación. Las noticias que tenemos es que eso está funcionando con arreglo a los acuerdos que hay suscritos con Estados Unidos, con normalidad, y no tenemos constancia de ninguna petición extraordinaria.

P.- Es una pregunta para la Vicepresidenta. Me gustaría saber si el Gobierno va a poner algún pero a la posibilidad de que algunos de los documentos secretos que se van a ver en el Comisión del 11-M se analice en una comisión distinta de la Comisión de Secretos Oficiales.

Vicepresidenta.- Primero, tendremos que ver qué peticiones hay de documentos. Ya le he dicho que la posición del Gobierno en cuanto a la Comisión de Investigación del 11 M es --lo voy a reiterar-- de absoluta transparencia, apoyo a las víctimas y máxima colaboración. La petición de documentos habrá que verla, habrá que analizarla, y no puedo hacer una declaración genérica, porque no sé ni de qué documentos se trata, ni de qué documentos se va a tratar, ni qué documentos se van a pedir, y ya sabe que nuestra posición es la máxima colaboración respetando siempre, en lo que se refiere a documentos que puedan estar clasificados o son secretos, los límites de la garantía de la seguridad.

Muchas gracias.