Rueda de Prensa

Vicepresidenta.- Buenos días a todos y a todas. Vuelvo a estar con ustedes, esta vez acompañada del Ministro del Interior, para explicarles las principales decisiones tomadas hoy por el Consejo de Ministros. Me referiré a siete asuntos: la regulación del carné de conducir por puntos, que el Ministro luego ampliará; la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial; el Reglamento del régimen sancionador tributario; la creación de la Fundación Pluralismo y Convivencia para el desarrollo de la libertad religiosa; una subvención a la Cruz Roja de 18 millones de euros; un Convenio para el proyecto de la Ciudad Digital de Teruel; y un informe que ha elevado al Consejo el Ministro de Justicia sobre la anulación de procesos judiciales y consejos de guerra abiertos durante el franquismo. Si me permiten, me referiré brevemente a cada una de estas decisiones.

En cuanto a la primera de ellas, como les decía, el Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de regulación de los permisos y licencias de conducción por puntos, que será explicada detenidamente por el Ministro del Interior, pero yo quisiera hacerles una reflexión sobre la importancia de la medida.

No se trata sólo de un compromiso del Gobierno, que estaba contenido en el programa electoral; es también una necesidad social imperiosa. España es uno de los países de Europa con más accidentes de tráfico. La siniestralidad es una de las mayores causas de muerte en nuestro país, especialmente entre los jóvenes. Cada fin de semana decenas de familias quedan rotas por la tragedia de los accidentes. Pues bien, sabemos que podemos evitar una buena parte del problema y, de hecho, el Gobierno se ha marcado como objetivo la reducción del 40 por 100 del número de accidentes en los próximos cinco años.

Una de las medidas, que sabemos además que ha tenido un éxito contrastado para la reducción de accidentes, es el llamado "carné por puntos", que supone un cambio importante en la concepción del derecho a conducir; es un cambio de cultura. Con la licencia por puntos el conductor va a contar con un crédito de confianza de la sociedad para conducir; un crédito de confianza de doce puntos, en concreto, no una concesión ilimitada. El conductor mantendrá su crédito si respeta la norma, pero irá perdiéndolo paulatinamente si la incumple. La sociedad otorga su confianza a quien cumple las normas y retira su confianza a quien va contra ellas.

En resumen, el objetivo del Gobierno con esta propuesta es que en este país haya conductores más conscientes y más responsables, un Estado y una Administración más exigente y una sociedad más segura. El Gobierno cree que el carné por puntos nos va a ayudar a avanzar en esa dirección.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, en segundo lugar, el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No me voy a extender mucho sobre esta cuestión, porque no quisiera repetir lo mismo que les dije el pasado día 24 cuando aprobábamos el Anteproyecto antes de remitirlo a informe del Consejo General del Poder Judicial, pero sí recordaré los principios que siguen siendo, naturalmente, los mismos: atendemos a una petición de la práctica totalidad de los Grupos Parlamentarios que aprobaron una Proposición no de Ley para que la Justicia cuente con más jueces y fiscales, con un Poder Judicial reforzado, con unos Tribunales Superiores de Justicia con más competencias y con más presupuesto para la formación.

Nadie ha puesto en duda ni en cuestión ninguna de las reformas propuestas, tan sólo una de ellas ha generado objeciones y es aquella que tiene que ver con la mayoría necesaria para los nombramientos o designaciones de determinados cargos que provee el Consejo General del Poder Judicial, como son los Presidentes de Sala y Magistrados del Supremo y los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.

Las críticas, que el Gobierno escucha con respeto y con atención, proceden, como ustedes saben, de aquellos que en los últimos tiempos han consolidado su presencia en los órganos de Gobierno de la Justicia, porque tenían afinidad, en general, con la mayoría política del momento. Pues bien, una amplísima mayoría parlamentaria ha solicitado al Gobierno que sean el mérito, fundamentalmente, y la capacidad los criterios de la selección. El Gobierno también cree que debe ser así y por eso considera que es preferible que los candidatos que puedan acceder a estos puestos necesiten una mayoría de tres quintos para ser propuestos. En definitiva, estamos equiparando el nivel de consenso exigido para nombrar a los Magistrados del Tribunal Supremo al mismo nivel de consenso exigido para nombrar, por ejemplo, a los Magistrados del Tribunal Constitucional.

Ustedes, como cualquiera que aplique el sentido común, comprenderán que es mejor un juez nombrado por tres quintos que uno nombrado por menos; que es bueno reforzar el acuerdo para que contemos con los mejores jueces, y que es bueno propiciar el diálogo y el encuentro. Esto es lo que quiere la mayoría y es lo que quiere el Gobierno, a pesar de que haya habido o haya reticencias de algunos sectores.

En tercer lugar, el Gobierno ha aprobado la creación de la Fundación Pluralismo y Convivencia para el desarrollo de la libertad religiosa. Es la Fundación que tratará de mejorar la situación en que se encuentran las confesiones religiosas minoritarias y que al día de hoy es claramente discriminatoria, catorce años después de que el Estado firmara con ellas los acuerdos de cooperación de 1992.

La Constitución, al mismo tiempo que declara la confesionalidad del Estado en su artículo 16.3, mandata a cooperar con la religión mayoritaria y con las demás confesiones religiosas. Pues bien, la Fundación que hoy hemos aprobado tiene por objeto contribuir a la ejecución de programas de carácter cultural, educativo y de integración social, y será la vía para la dotación económica por parte del Estado a las confesiones con arraigo reconocido en España, es decir, evangélica, israelita e islámica. Se trata, en definitiva, de cooperar con minorías que hoy en España ya no lo son tanto; con toda probabilidad, son más de un millón y medio de ciudadanos y ciudadanas.

El Gobierno ha querido hoy habilitar un instrumento para que estas otras tres confesiones, a través de sus órganos representativos, puedan acceder a la financiación de algunas de sus actividades no relacionadas directamente con el culto. El instrumento, por tanto, es una Fundación pública, que se ha considerado preferible a otros instrumentos o a otras vías como, por ejemplo, una comisión mixta, o una convocatoria pública de ayudas, o un patronato, y hemos creído que era mejor una Fundación porque genera menos burocracia.

Los fondos de la Fundación se destinarán a actividades como la integración cultural de las confesiones; estudio de las religiones; programas de enseñanza del español y demás lenguas oficiales; apoyo a las familias, mujeres y jóvenes; colaboración con las Organizaciones no Gubernamentales vinculadas a estas confesiones y otras similares. Para su constitución y funcionamiento, durante el primer año los Presupuestos Generales del Estado, como ya saben ustedes, prevén una dotación inicial de hasta tres millones de euros.

La libertad religiosa está garantizada en nuestra Constitución y nuestra obligación es facilitar su ejercicio. Queremos extender ese derecho, que ya disfrutan los creyentes católicos, a otras profesiones que profesan otros españoles. Éste es el motivo de la decisión que hoy ha adoptado el Consejo de Ministros.

Un cuarto asunto que hoy se ha tratado en el Consejo ha sido la aprobación del nuevo Reglamento del régimen sancionador tributario. El régimen fue ampliamente reformado, como ustedes saben, en el año 2003 y era necesario llevar a cabo el desarrollo reglamentario mediante la aprobación del Reglamento correspondiente.

Con el Real Decreto hoy aprobado se pone en marcha un nuevo régimen de sanciones que tiene las siguientes características: la separación conceptual entre deuda tributaria y sanción tributaria; la aplicación de los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad, presunción de inocencia, proporcionalidad y no concurrencia e irretroactividad de las sanciones; una nueva tipificación de las infracciones, que van a estar más claras para que los contribuyentes sepan exactamente cuáles son sus límites; y que pasarán a ser leves, graves y muy graves. Sólo si hay ocultación, la infracción será grave; sólo si hay fraude, la infracción será muy grave.

Con ello se pretende incrementar la seguridad jurídica. Se reduce de esta forma el grado de discrecionalidad de los funcionarios en la aplicación de las sanciones y para ello se han revisado en el Reglamento, con arreglo a los criterios establecidos en la Ley, los criterios de sanción.

Finalmente, además de contribuir a la seguridad y a la transparencia, el Reglamento pretende también incentivar la cooperación entre el contribuyente y la Administración. De esta forma se introducen nuevas reducciones de las sanciones cuando haya acuerdo entre la Administración Tributaria y el contribuyente y no se proceda a recurrir.

En quinto lugar, quisiera referirles el acuerdo de concesión de una subvención de casi dieciocho millones de euros a la Cruz Roja Española. Son, en concreto, 17,9 millones de euros con cargo a la asignación tributaria del Impuesto de la Renta. Puesto que se trata de una subvención superior a doce millones de euros, era necesaria la autorización del Consejo de Ministros. Quisiera decirles que con esta subvención la Cruz Roja recibe un 3,7 por 100 más que el año pasado y un 19 por 100 del total de subvenciones concedidas con cargo al IRPF. Algo menos de la mitad de la subvención --7 millones-- se va a destinar a programas para mayores; tres millones tienen como objetivo programas para inmigrantes, solicitantes de asilo o refugiados; y el resto se destina a programas de infancia y familia, jóvenes, personas con discapacidad, enfermos de sida, reclusos, voluntarios, drogodependientes y marginados. Una parte de algo más de 300.000 euros se dirige a programas de protección a la mujer.

En sexto lugar, quisiera hacer mención al Programa de Ciudades Digitales --a me han oído en alguna ocasión hablar en esta mesa de este Programa que estamos ejecutando-- y de su aplicación a la ciudad de Teruel. Como saben, es un Programa del Ministerio de Industria para la implantación y promoción de la Sociedad de la Información, que abarca temas de teleadministración, comercio electrónico, formación a distancia, teletrabajo, telemedicina, etcétera. Es un programa que se presentó en el año 2002 y que tiene --les recuerdo-- una primera fase de implantación de una ciudad digital por cada Comunidad Autónoma y para ello es necesaria la participación del Gobierno, pero también de la Administración Local y Autonómica; de los operadores; de los proveedores de servicios y de contenidos; de las entidades de los servicios públicos; de las entidades financieras y de las empresas e instituciones privadas.

Pues bien, hoy el Gobierno ha autorizado la puesta en marcha del proyecto en Teruel. Tiene un presupuesto de 6,2 millones de euros. El Ministerio de Industria aportará la mitad y el Gobierno de Aragón, 2,3 millones; el resto será aportado por el Ayuntamiento y por la Diputación, y el proyecto se extenderá durante cuatro años.

Por último, el Consejo de Ministros ha visto hoy el informe presentado por el Ministro de Justicia sobre las numerosas solicitudes ya recibidas de anulación legislativa y peticiones de nulidad de sentencias dictadas durante la dictadura franquista. Como saben, el pasado 10 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó la constitución de una Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, que tiene como objetivo prioritario proponer las medidas legales o de otro tipo que resulten necesarias para ofrecer el adecuado reconocimiento y satisfacción moral.

No se les oculta que es un tema de una enorme complejidad, y esa complejidad jurídica y la necesidad de conciliar los valores constitucionales en juego, singularmente los principios de justicia y de seguridad jurídica, han llevado al Consejo de Ministros de hoy a encomendar a esa Comisión Interministerial, cuya reunión constitutiva será el próximo lunes 18 de octubre, que establezca como prioritaria en sus trabajos la necesidad de articular una solución a estas demandas que permita dar cumplida satisfacción moral a quienes se vieron sometidos a procesos de enjuiciamiento claramente enfrentados a las mínimas reglas jurídicas que conforman la idea de un juicio justo.

Esta decisión se encuentra en línea con el contenido de la Proposición no de Ley aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado día 28 de septiembre, que instó al Gobierno a iniciar las acciones necesarias que permitan la anulación del consejo de guerra sumarísimo a que fue sometido el Presidente de la Generalitat, Lluis Companys, y a rehabilitar públicamente su honor. Precisamente esta misma tarde, en el Castillo de Montjuïc de Barcelona, se rinde homenaje al presidente Companys en el sexagésimocuarto aniversario de su muerte, acto al que, como ya se ha anunciado, asistiré en representación del Gobierno de España.

Sr. Alonso.- Mi comparecencia tiene por objeto darles cuenta del Anteproyecto de Ley que va a introducir en nuestro sistema el carné por puntos, que creemos que va a ser un buen instrumento para reducir la siniestralidad vial; un problema muy serio en España por las razones que ya antes se destacaban. Las cifras demuestran objetivamente que, en efecto, es un problema serio y que el poder público lo tiene que encarar con toda la determinación.

En el año 2003, señoras y señores, hubo en nuestro país más de 100.000 accidentes, 5.500 muertos en accidentes de tráfico, 20.000 heridos graves y más de 120.000 heridos leves. Evidentemente, esto constituye un drama cotidiano, recurrente, un drama que no podemos tolerar, que se proyecta en la esfera personal y familiar, también en la esfera social, en la esfera económica --porque los accidentes cuestan mucho dinero a todo el mundo-- y también, desde luego, en la esfera o en el ámbito político.

Ciertamente, este año hemos conseguido, en el período enero-septiembre de 2004, reducir el porcentaje de accidentes de una manera importante: hay un 13 por 100 menos de muertos y un 20 por 100 menos de heridos graves respecto al mismo período del año anterior. Pero, como he dicho muchas veces, esto en modo alguno es suficiente. Tenemos que ir, en consecuencia con el objetivo que siempre he proclamado de tolerancia cero, a una reducción más significativa de los accidentes de tráfico y, por lo tanto, dejarnos de cualquier mensaje de euforia o de autocomplacencia ante la mejora de las cifras. Hay que seguir mejorándolas y mucho más en todo lo que sea posible.

Las medidas que está creando el Gobierno ya las saben. Nos preocupan especialmente determinados perfiles de riesgo, como el de los jóvenes conductores; determinadas franjas de conducción horaria, en particular las nocturnas; y determinadas carreteras donde el riesgo aumenta por su bajo nivel de señalización y por otras circunstancias de las vías. Pero, sobre todo, nos preocupa que este drama cotidiano se ha reducido, cada vez con más persistencia, dentro del marco de una política que queremos de Estado, es decir, de consenso, entre todos los grupos políticos y entre todos los actores, todos los agentes, sociales.

Saben que hemos instalado y vamos a seguir instalado hasta 500 radares fijos desde ahora hasta el año 2007, que hemos reforzado las pruebas de alcoholemia, que hemos reforzado los controles de velocidad y que vamos a aumentar en el próximo ejercicio el número de agentes de las Agrupaciones de Tráfico, de los 8.186 actuales a 8.769.

Dentro de esta batería de respuestas del poder público al drama de accidentes de tráfico y de sus secuelas, el instrumento normativo por excelencia va a ser el llamado carné por puntos. La idea general --la ha expresado antes la Vicepresidenta-- es cambiar de algún modo la cultura o la mentalidad de los conductores. El permiso de conducir no puede ser un derecho adquirido, que se saca una vez y se tiene para toda la vida, con las vicisitudes que sean. El punto de vista correcto es que el permiso de conducir es un crédito que la sociedad da al conductor y un crédito que el conductor dilapida si no ajusta su conducción a las exigencias legales y reglamentarias, si no respeta las normas que prohiben conducir con alcohol en el organismos o con drogas, si no respeta los límites de velocidad... si no respeta, en general, las normas de la circulación.

Por lo tanto, ésta es una apelación, fundamentalmente, a la autorresponsabilidad de los conductores; no sólo a la acción represiva, que también, del poder público, sino también a la autorresponsabilidad del conductor, que ha dado como fórmula muy buenos resultados en países que ya conocen este sistema, como Francia y Alemania.

Quiero decirles que el carné por puntos, que les describiré ahora en sus líneas fundamentales, va a seguir siendo compatible con el actual cuadro de sanciones circulatorias; es decir, el conductor que comete una infracción va a ser multado o va a ver su carné de conducir suspendido por el tiempo que sea y, además, según el catálogo que viene en el anexo de la Ley, al que luego también me referiré, va a perder la puntuación que le corresponda de acuerdo con la infracción cometida.

La voluntad política, por lo tanto, es clara. En consonancia y junto al resto de las baterías puestas en marcha por el Gobierno, la ley del carné por puntos va, estamos seguros, a reducir en un modo importante, en cuanto esté en pleno funcionamiento, la siniestralidad vial y, por lo tanto, ese drama cotidiano, familiar, personal, social, político y económico.

Para hacerlo lo que modificamos es la llamada Ley de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial, que es una ley de 1990, que es la que regula básicamente los aspectos de la circulación a nivel legal. Esta Ley va a ser reformada de la siguiente manera:

En primer lugar, los conductores van a recibir un crédito inicial de doce puntos. Ésa va a ser la regla general; con dos únicas excepciones: los conductores noveles, es decir, aquellos que tienen un carné de conducir de menos de tres años, van a recibir un crédito de ocho puntos, y también van a recibir ocho puntos los conductores que han perdido anteriormente el carné y que lo han vuelto a recuperar, siguiendo el sistema que luego les indicaré. Naturalmente, esos ocho puntos pasan a ser doce si en tres años los titulares de un carné con ocho puntos no cometen ninguna infracción relativa a la seguridad vial.

En segundo lugar, el esquema o el sistema de pérdida de puntos es sencillo. Los puntos se pierden por la comisión, por parte del conductor, de infracciones graves o muy graves relacionadas con la seguridad vial. Es importante retener este concepto. La Ley tiene un anexo donde se describen hasta 46 supuestos de infracciones con su correspondiente pérdida de puntuación. La pérdida de puntuación puede ser de dos puntos, de tres, de cuatro o de seis.

Naturalmente, hemos hecho énfasis en las conductas más graves, más seriamente atentatorias contra la seguridad del tráfico vial y que provocan más tragedias, que provocan más accidentes, más muertos y más heridos. Así, por ejemplo, van a ser castigadas como infracciones más graves, y por lo tanto sancionadas con la pérdida de seis puntos, la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes; la conducción temeraria o en sentido contrario al marcado por la vía circulatoria, o la conducción donde se extralimita de un modo severo la velocidad permitida. Luego, si quieren, a sus preguntas les pondré algunos ejemplos prácticos.

Una vez perdidos los puntos, la recuperación se produce siguiendo el siguiente esquema de comportamiento por parte del poder público: en primer lugar, si la pérdida es parcial, es decir, si el conductor no pierde todos los puntos que se le han dado como crédito social inicial sino sólo parte de ellos, esa pérdida parcial se puede recuperar de dos maneras: o haciendo un curso de sensibilización de quince horas, lo que podrán hacer hasta recuperar cuatro puntos cada dos años los conductores, digamos, normales y los conductores profesionales podrán recuperar siguiendo esta técnica haciendo el curso anualmente; o, en segundo lugar, se podrá recuperar también parcialmente la puntuación si pasa un período de tiempo de tres años desde la última infracción sin que el conductor que ha perdido los puntos sea sancionado de nuevo en ese período de tres años por una infracción, insisto, grave o muy grave relacionada con la seguridad vial.

Cuando la pérdida de puntos es total, el carné de conducir, que se va a perder automáticamente, y así se va a registrar --cuando la pérdida de puntos sea total, el carné de conducir se pierde--, el conductor sólo podrá recuperarlo con tres requisitos: en primer lugar, un requisito de tiempo, es decir, va a tener que esperar a que transcurran seis meses mínimo y, si es reincidente, va a tener que esperar doce meses; en segundo lugar, la realización de cursos de sensibilización de treinta horas y, en tercer lugar, un nuevo examen o prueba para obtener el permiso de conducir.

En cuanto a los cursos de sensibilización, sí quiero decirles una cosa muy clara: se van a regular por una Orden Ministerial --estamos trabajando ya en ello, como estamos trabajando en el resto de los aspectos que suponen el desarrollo reglamentario, burocrático e informático de la Ley--, que voy a dictar yo mismo, y serán cursos que en ningún caso van a constituir un trámite; es decir, van a ser cursos serios.

El conductor que quiera recuperar el carné va a tener que hacer frente a cursos que realmente acrediten que se ha reeducado, que ha acomodado su sensibilidad personal a la exigida por la norma jurídica y, por lo tanto, por la sociedad. No va a haber, por lo tanto, ni la más mínima posibilidad de fraude y, desde luego, el coste de los cursos de sensibilización va a correr a cargo del infractor.

Estamos trabajando, como les digo, en el desarrollo burocrático e informático y en el desarrollo del Registro de Conductores, que anotará las pérdidas de puntos, así como en otras materias de las que paso a darles cuenta, porque el esquema básico, a salvo de lo que me pregunten, del nuevo carné de conducir por puntos es el que les acabo de describir.

Las otras materias son las siguientes: la Ley se reforma también para recoger en la propia Ley, pues hasta ahora estaba recogida con carácter reglamentario, es decir, con una norma de nivel inferior --ahora la hemos elevado a rango normativo y está en la propia Ley--, la obligación de que los menores de tres años situados en los asientos traseros utilicen un sistema de retención homologado, con el objetivo de sancionar, si los responsables de la conducción incumplen esta obligación con relación a los menores, como infracción grave ese incumplimiento; en segundo lugar, actualizamos también con esta reforma el cuadro de infracciones y sanciones, con el objetivo básico de determinar la pérdida de puntos en el carné que cada una va a conllevar --está en el anexo del que les hablaba antes--; en tercer lugar, vamos a establecer precisiones adicionales en materia de procedimiento sancionador, como la determinación de los criterios para graduar las sanciones o clarificar las personas responsables de las acciones, lo cual saben que a menudo para los agentes del poder pública y de la Guardia Civil es un problema serio.

Por último, en cuanto a una cuestión no estrictamente relacionada con el carné por puntos, pero importante, se va a establecer que en los casos de abono voluntario del importe de la multa cuando se notifique la denuncia esto va a implicar la conformidad con los hechos, la renuncia a formular alegaciones y la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa.

Finalmente, sí quiero indicarles que la puesta en marcha de la Ley no requiere mayores recursos humanos para su aplicación, pero sí va a requerir una inversión que hemos previsto en la dotación presupuestaria del Departamento de Interior, en concreto, en la relativa al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, de 1.600.000 euros, fundamentalmente para el desarrollo del material informático y de comunicación que vamos a necesitar para poner en marcha de un modo efectivo esta Ley.

P.- Mis preguntas son para la Vicepresidenta. Me gustaría saber qué opina el Gobierno de las explicaciones que ha dado el Embajador americano de por qué no acudió al desfile del pasado día 12.

También le quería preguntar por la reunión que han tenido esta mañana el Ministro de Defensa y el Embajador americano en la que se abordó la posibilidad de trabajar conjuntamente bajo la cobertura de la Resolución de Naciones Unidas 1.546 para Iraq. Me gustaría saber qué significa esto y si puede significar que España aporte tropas para, por ejemplo, garantizar las elecciones, como hizo en Afganistán.

Luego, una cuestión relacionada con Cuba. ¿No temen que la distensión que se está produciendo con Cuba Fidel Castro la interprete como un apoyo a su dictadura?

Vicepresidenta.- En cuanto al primer tema, sobre las declaraciones hechas por el Embajador de Estados Unidos, me voy a remitir a lo que ha dicho el Presidente del Gobierno. Como usted sabe, esta mañana el Presidente del Gobierno ha hecho declaraciones en relación con este tema y poco más puedo yo añadir. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho.

En cualquier caso, más allá de las declaraciones y de los gestos de los últimos días, poner de manifiesto que España y Estados Unidos compartimos algo más que intereses y nos une el pasado y, sobre todo, nos une el futuro, y que ambos somos firmes defensores de los valores de la democracia y de la libertad. Tengo poco más que añadir.

En cuanto al segundo tema que me ha comentado, efectivamente sí se ha producido la reunión a la que usted ha hecho referencia. Se han abordado temas, pero no se ha llegado a profundizar tanto en los temas y, desde luego, no se le puede dar a la conversación el significado que usted pretendía atribuirle, hoy por hoy.

Finalmente, en el tema de Cuba, también me voy a remitir a las declaraciones del Presidente del Gobierno, que también. Esta mañana, como ustedes bien saben, ha hecho declaraciones en el ámbito de política internacional. Una vez más, reiterar que nuestro objetivo fundamental es la defensa de los derechos humanos, que nuestra posición con respecto del régimen de Cuba y nuestra relación con los disidentes es muy clara, ha sido muy clara a lo largo de estos años y lo sigue siendo ahora, y lo único que hemos puesto de manifiesto es la conveniencia de trabajar, como ya se está haciendo, en el ámbito de la Unión Europea para tratar de modificar una política que hasta ahora se ha demostrado bastante ineficaz. No hay ninguna novedad sobre este tema.

P.- Dos preguntas para la Vicepresidenta. Por un lado, le voy a pedir una mayor concreción, en la medida de lo posible, sobre las fórmulas que ha planteado el Ministro de Justicia en su informe para la revisión y eventual anulación de los consejos de guerra dictados en el franquismo, y concretamente el de Lluis Companys, y saber qué plazos se va a dar a la Comisión Interministerial para que adopte o plantee una propuesta concreta al Gobierno.

En segundo lugar, como el Gobierno el pasado viernes presentó el cambio de formato del desfile del Día de la Hispanidad como un intento de convertir esa jornada en un día de concordia y de reconciliación, habida cuenta de la polémica suscitada por la presencia de un veterano de la División Azul, me gustaría saber si el Gobierno cree haber cumplido ese objetivo y si se plantea algún tipo de modificación del escenario o del guión, como ha propuesto el señor Maragall.

Vicepresidenta.- En cuanto al primer tema que me plantea, es difícil que le descienda a hacer concreciones que son de tipo técnico-jurídico muy complicadas. El Ministro de Justicia ha hecho un informe amplio, poniendo de manifiesto todos los problemas que hay desde la perspectiva de lo que es el combinar o armonizar la cosa juzgada, qué significa de una sentencia el hecho juzgado, la cosa juzgada, en relación con los principios de seguridad jurídica.

Es evidente que hay dificultades para proceder de forma automática a atender esas peticiones, pero eso no significa que no haya vías. Precisamente eso es lo que pone de manifiesto el informe que ha elevado el Ministro de Justicia al Consejo. No le puedo concretar ahora más. Lo que se ha hecho precisamente, dadas esas dificultades, es no adoptar hoy ningún tipo de acuerdo, que requiere un estudio jurídico complejo y completo de acuerdo con los valores constitucionales, donde se combinen los dos principios de seguridad y justicia a los que he hecho referencia.

Por lo tanto, se ha encargado a la Comisión Interministerial que priorice dentro de sus trabajos, dentro de los objetivos que tiene esa Comisión, que son varios, la elaboración del Proyecto de Ley. No se ha fijado un plazo, porque es evidente que ese plazo se extenderá todo lo que sea necesario para buscar la solución adecuada; pero será un plazo espero que razonable, que exija la complejidad técnica que tiene en sí mismo el asunto. Pero sí ha marcado la prioridad a la hora de abordar los mandatos que tiene encomendados esa Comisión Interministerial.

En cuanto al segundo tema que usted plantea, yo creo que lo más importante de la conmemoración de la Fiesta Nacional del pasado día 12 de octubre fue la introducción de elementos que hasta ahora eran nuevos, como es el de tratar de hacer una fiesta para todos y de todos, en la que tiene especial relevancia por la participación, por ejemplo, que hasta ahora no se había producido, de todos los representantes de la soberanía nacional: diputados y diputadas, senadores y senadoras; la participación de las víctimas del terrorismo, que desfilaron, y el homenaje que se hizo, con motivo del 60 aniversario, con el desfile de republicanos que quedaban de la División Leclerc. Yo creo que ésos son los hechos más importantes en un espíritu de concordia.

Hoy no se está planteando, después de eso, nada más. Es evidente que hay hechos que producen polémica, que respetamos.

P.- Quería preguntarle a la Vicepresidenta por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial; si el Gobierno se ha planteado ese posible conflicto constitucional que planteó el miércoles la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial. En el caso de que finalmente se plantee ese conflicto, ¿cuál va a ser la respuesta del Gobierno?

Y al Ministro del Interior quería preguntarle por el informe de Europol, que se ha conocido ahora en la Comisión de Investigación del 11-M, que daba credibilidad a las amenazas de Al-Qaeda sobre un atentado en España. ¿Cree que ese informe contenía elementos suficientes para que el anterior Gobierno hubiese actuado de otra manera o hubiese tomado medidas que no tomó?

Vicepresidenta.- En cuanto al primer tema que usted me plantea sobre el presunto conflicto constitucional anunciado por la mayoría conservadora de la que ha hablado --no sé si lo han anunciado formalmente, pero sí se ha hablado de la posibilidad de entablar un conflicto constitucional en relación con la iniciativa legislativa que hoy aprueba el Gobierno--, francamente a mí me deja perpleja, si quiere que le diga la verdad, y ciertamente sorprendida.

Yo respeto absolutamente todas las posiciones y, cómo no, respeto la posición de un órgano constitucional como puede ser el Consejo General del Poder Judicial; la posición de la mayoría, que no es la posición de todo el Consejo. El Gobierno está actuando en el ejercicio de sus competencias legislativas, atribuidas constitucionalmente. Esta modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial no supone el cambio de ninguna regla de actuación, ni siquiera de las reglas mínimas del juego, ni de lo que es composición del Consejo, ni de lo que son requisitos de los nombramientos. No, solamente está introduciendo un elemento de equiparación en la regla del quórum para los nombramientos. Creo que eso no debería ser motivo ni siquiera de confrontación.

Respeto la posición, pero creo que es un tema... Se me escapa la radicalidad de la reacción frente a una propuesta tan absolutamente moderada como la que ha efectuado o está llevando a cabo el Gobierno, dando cumplimiento, además, a un mandato parlamentario. Por tanto, poco más puedo decir de eso. Cada uno es muy libre de hacer las apreciaciones que considere oportunas. Evidentemente, el Gobierno discrepa de esas apreciaciones y creemos que, desde luego, no tiene ni objeto ni contenido inicialmente ese posible conflicto del que se está hablando. Repito, es un tema moderadísimo y lo que me sorprende es la radicalidad de la propuesta.

Sr. Alonso.- Si el informe al que usted se refiere es el mismo al que yo me refiero, es un informe clasificado, reservado y que el propio Gobierno decidió en su día que fuera exhibido en sede parlamentaria con ese carácter reservado; por lo tanto, sólo exhibido, no entregado a los parlamentarios, si es el mismo del que estamos hablando.

Por mi parte, sólo puedo hacer una cosa, como usted comprenderá, que es respetar, como miembro del Gobierno, ese principio de reserva, como respeto la tarea de la Comisión parlamentaria de Investigación del 11-M, que es una Comisión --lo he dicho muchas veces-- legítima, en cuanto ahí están representados los ciudadanos a través de los diputados que están comisionados en ese órgano, y que todos deseamos que sea útil, es decir, que haga las recomendaciones de mejora de la actividad antiterrorista del Estado en el modo que tenga por conveniente. Nada más al respecto.

P.- Quería preguntarle al Ministro del Interior, a propósito de las informaciones que han aparecido sobre el "impuesto revolucionario" de ETA a conocidos restauradores del País Vasco, si en las investigaciones que han seguido a la detención de la cúpula etarra, en el sur de Francia exactamente, en cuanto a la etarra "Anboto" se detectó el ordenador sobre la contabilidad de ETA y si tienen información sobre el dictado de "impuesto revolucionario" de ETA a ciudadanos españoles.

En relación con la reforma del carné de conducir, yo quería preguntarle lo siguiente: ¿qué pasa con los conductores extranjeros, que son muchos, dado que España es un país turístico, que tienen otro carné de conducir en territorio español? En segundo lugar, quería decirle si no está previsto para los conductores buenos, que cumplen ese contrato con la sociedad, mejorarles también los puntos. No sólo van a ser castigos, señor Ministro. Por último, ¿no se han planteado también que las empresas que fabrican los automóviles limiten también la velocidad?

Sr. Alonso.- En estos momentos se siguen registrando por la Policía francesa, bajo la dependencia de la juez Le Vert, que es la encargada del caso, todos los llamados "zulos" que se han encontrado en la conocida operación de hace un par de fines de semana. Por el momento, no tenemos ninguna información oficial al respecto y cuando la tengamos, y en la medida en lo que lo permita, algo que saben que para mí es sagrado, el secreto de las actuaciones sumariales, les será a ustedes oportunamente comunicada en cualquiera de sus extremos.

En cuanto a la pregunta de los extranjeros, los extranjeros están sujetos al mismo sistema de sanciones por infracciones a las que están sujetas los españoles cuando conducen en territorio nacional; a lo que no están sujetos es al mismo sistema de obtención del permiso de conducir. Por lo tanto, a los extranjeros les serían aplicables las sanciones económicas, básicamente, y las retiradas obligadas por la propia naturaleza de la infracción que cometan; no el sistema de puntos, que es un sistema que está determinado por el poder público y por la vigencia del principio del orden público en el territorio nacional.

Sí quiero decirle que la Unión Europea está caminando, en el espacio del Consejo de Ministros de Justicia y de asuntos de Interior, también a una unificación en materia de obtención, pérdida y recuperación de permisos de conducir a nivel europeo. Pero ése es un camino que, evidentemente, todavía tenemos que andar en Europa, como tenemos que andar otros muchos.

Le enfatizo de todas maneras que el sistema español ya conoce precedentes, que son, desde el punto de vista lógico, muy parecidos, en Alemania, en Italia o en Francia, por ejemplo, y que, por lo tanto, son sistemas cuya posibilidad de homologación o de unificación en el futuro es no muy difícil de conseguir.

El conductor bueno mantiene su crédito social, que es lo que recibe por presunción. Mantiene su crédito social, que yo creo que ya es bastante. Se trata de conseguir cada día más una mayor cantidad de buenos conductores.

En cuanto a las limitaciones de velocidad, lo hemos dicho muchas veces: las limitaciones de velocidad que hay en las carreteras españolas son, más o menos, las que hay en todo el entorno geográfico y político en el que nos movemos; más o menos. En unos países puede haber una limitación a 130, mientras que en España es a 120, etc., etc.; pero más o menos son las mismas limitaciones. Lo que queremos es que los conductores ajusten su comportamiento circulatorio a esas limitaciones. Con eso sería suficiente para reducir de un modo extremo la siniestralidad vial. Por exceso de velocidad se producen más del 34 ó 35 por 100 de los accidentes que registramos en nuestro país y las consecuencias se las puede usted imaginar.

En cuanto a la velocidad, sí quería decir una cosa, por si no había quedado antes clara. El cuadro de pérdida de puntos por exceso de velocidad depende del exceso de velocidad que haya cometido el conductor. Por ejemplo, en una vía circulatoria donde hay una limitación de 100 kilómetros por hora un conductor que conduzca a 121 kilómetros por hora perderá dos puntos y uno que conduzca --no les hago toda la secuencia--, en el caso extremo, a más de 150 kilómetros perderá seis puntos. En una vía urbana, con una limitación de 50, por ejemplo, el conductor que conduzca a más de 81 o más kilómetros por hora perderá seis puntos; el que conduzca a 71 perderá dos puntos. Es decir, el cuadro de pérdida de puntos por exceso de velocidad es un cuadro, lógicamente, proporcional al exceso de velocidad y, por lo tanto, al factor de riesgo en que consiste la infracción.

P.- Para el Ministro Alonso. Quería preguntarle respecto a los cursos de los que ha hablado, tanto a los de treinta horas, como a los de quince, si ya se sabe dónde se van a realizar; si se van a realizar en las autoescuelas o si se pueden realizar en hospitales, con la visita a personas que hayan podido sufrir un accidente de tráfico para concienciar.

La segunda cuestión es cuántos puntos podrá perder de golpe un conductor; es decir, un conductor que es pillado con la tasa de alcohol, con la conducción temeraria, por ejemplo, y con velocidad extralimitada, ¿puede perder los doce de golpe o habrá un tope máximo?

Por otra parte, una tercera cosa respecto al alcohol me imagino que también será una cuestión de graduación, al igual que la velocidad; no solamente si sobrepasa el 0,25 ya va a tener una pérdida de seis puntos, por ejemplo.

Sr. Alonso.- Le daré las respuestas precisas, porque en el tema del alcohol ahora le hago un apreciación.

Lo primero que necesitamos para introducir el carné por puntos es el marco normativo, la Ley, y luego esta Ley tendrá que ser desarrollada, como le decía, en el aspecto burocrático (cursos, informática, registro de conductores para anotar las sanciones y la pérdida de puntos, etc., etc.); pero, lógicamente, nosotros ya estamos trabajando en el desarrollo de todo ese sistema. En particular, los cursos de sensibilización los están trabajando catedráticos y especialistas en materia de seguridad vial.

Los centros que puedan impartir estos cursos están por decidir; pero, en todo caso, lo que yo quería hoy dejar aquí muy claro es que van a ser centros que ofrezcan todas las garantías contra el fraude y todas las garantías contra el mero trámite. Van a ser, en cualquier caso, centros serios. Se regularán, como le digo, una vez que nos entreguen los especialistas sus trabajos, por una Orden Ministerial.

En cuanto a si pueden ser acumulativos, sí, evidentemente. Es decir, si un conductor comete cuatro infracciones que llevan aparejadas pérdida de puntos, se suman las cuatro infracciones, lógicamente.

P.- O sea, que de una tacada se puede perder el carnet.

Sr. Alonso.- Podría ocurrir. Si se pierden doce puntos en una tacada, se pierde el carné de conducir en una tacada; que, por cierto, es una expresión muy descriptiva de lo que puede ocurrir.

En cuanto al alcohol, también se regula proporcionalmente, porque tiene usted razón: no es lo mismo conducir con un nivel que con otro. Como sabe, el alcohol se mide por miligramos por cada litro de aire expirado. Si el conductor registra más de 0,75 miligramos de alcohol por cada litro de aire expirado y si es profesional de la conducción, más de 0,30 miligramos, pierden los seis puntos; de 0,25, que es el límite permitido, hasta 0,75, en el caso de conductores normales, y de 0,15 a 0,30 en el caso de conductores profesionales, pierden cuatro puntos. Se gradúa dependiendo de la gravedad. En el segundo de los casos que le he expuesto es grave; en el otro, evidentemente, es muy grave.

P.- A la Vicepresidenta Primera le quería pedir alguna precisión sobre la Fundación Convivencia y Pluralismo. Quería saber cuál es la forma y el nivel de participación del Estado y de las tres religiones que ha citado en esa Fundación, y si contempla el Gobierno la posibilidad de que esta Fundación se financie a través de la declaración voluntaria del IRPF, como ocurre ahora con la Iglesia Católica.

Vicepresidenta.- La participación ahora no la recuerdo. Me parece que una parte se la queda el Estado y luego el resto estaba repartido entre las tres confesiones que tienen el arraigo reconocido que les he mencionado. Pero los porcentajes se los precisaré luego con exactitud.

En cuanto al tema segundo al que usted se ha referido, no está previsto.

Muchas gracias.