Sr. Zaplana.- Muy buenas tardes. El Consejo de Ministros ha aprobado el establecimiento de las ofertas de empleo para el contingente del año 2004. En concreto, se autorizan 30.978 ofertas de empleo para trabajadores extranjeros, de las que 10.908 corresponderán a empleo de carácter estable y 20.070 de carácter temporal. Para el ejercicio 2004 el contingente se ha incrementado con respecto al año anterior en 6.731 ofertas, de las que 333 son estables y 6.398 temporales. Una de las novedades que se incluyen es que a partir del próximo mes de mayo no se exigirá el visado a los trabajadores de temporada procedentes de los nuevos países de la Unión Europea para períodos no superiores a los 180 días. En el conjunto del contingente del año 2004, por sectores de actividad, la agricultura se sitúa en primer lugar, con más de 18.000 ofertas; seguido de la hostelería, que tendrá más de 3.000 ofertas, y construcción, más de 2.700 ofertas.
El Consejo de Ministros ha aprobado los Reales Decretos que regulan la Prueba General de Bachillerato y el acceso a la Universidad. Según el texto, la Prueba General de Bachillerato, prueba que se realiza en la mayor parte de los países de la Unión Europea, sólo se realizará después de haber aprobado todas las asignaturas del Bachillerato, lo que da derecho a la obtención del título de Bachiller. La calificación final de Bachillerato, con la que los alumnos concurrirán para acceder a la Universidad, estará compuesta en un 60 por 100 por las calificaciones obtenidas en los dos cursos de esta etapa y el 40 por 100 por la nota de la propia Prueba General de Bachillerato.
Aunque que como requisito general para el acceso a la Universidad será suficiente con el título de Bachiller, no obstante las Universidades, si así lo desean, podrán establecer pruebas suplementarias de admisión. El texto que hoy hemos aprobado también especifica que las Universidades públicas no podrán dejar plazas vacantes y que la Prueba General de Bachillerato y el nuevo sistema de acceso a la educación superior comenzarán a aplicarse en el curso 2005-2006.
El Consejo ha aprobado el incremento de retribuciones de la tropa y marinería profesional durante el ejercicio 2004, para lo que se destinan casi 40 millones de euros. Los soldados y marineros con menos de dos años de servicio cobrarán las retribuciones complementarias de carácter general, mientras que se establece una prima para incentivar nuevas incorporaciones de 542 euros por profesional.
Se ha autorizado a la Dirección General de Tráfico la contratación de la campaña de seguridad vial correspondiente al ejercicio 2004. El importe de la misma, cuyo lema será "Únete a nosotros, únete a la vida", asciende a casi catorce millones de euros. El eje central de la campaña tratará de concienciar de que, por mucho que mejoren las infraestructuras y dispositivos de seguridad, el conductor es en última instancia el responsable de sus decisiones. La campaña comenzará la semana anterior a la Semana Santa y durará todo el año, intensificándose en los periodos de mayor concentración de desplazamientos de vehículos.
Se ha aprobado un Real Decreto que regula los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. De esta forma, los consumidores de estas poblaciones podrán adquirir la energía a la misma tarifa que los consumidores peninsulares, bien libremente, a través de los comercializadores, o directamente a precios de referencia con el mercado peninsular.
El Consejo de Ministros ha declarado oficiales las cifras de población de los municipios españoles resultantes de la revisión del Padrón Municipal a 1 de enero del año 2003. De acuerdo con los datos propuestos por la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística, la población española es de 42.717.064 personas.
Se ha aprobado la licitación de las obras del embalse de Mularroya, en la provincia de Zaragoza, con un presupuesto superior a los 165 millones de euros. Esta obra permitirá consolidar los cultivos en unas 20.000 hectáreas de terreno, transformar en regables otras 7.000 y garantizar el abastecimiento en la cuenca del Jalón. Con esta actuación, que está incluida en el Plan Hidrológico Nacional, está ya en marcha más del 52 por 100 de las obras comprometidas en el Pacto del Agua de Aragón.
Por otra parte, se ha autorizado el contrato de las obras correspondientes a la construcción de la depuradora de aguas residuales en San Javier (Murcia) y el importe orientativo de la misma supera los dieciséis millones de euros. Idéntica cantidad supone la suscripción del contrato, autorizado hoy también por el Consejo de Ministros, para la ejecución de una serie de actuaciones de protección del entorno natural en la región de Murcia.
El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Medio Ambiente la suscripción, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de varios Convenios de Colaboración con la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Guadalquivir, los Ayuntamientos de Granada y Rota y las Universidades de Granada y Sevilla, por un importe superior a los 280 millones de euros. Entre las actuaciones más significativas destacan la ampliación de las presas Breña-2 y Arenoso, la regeneración ambiental de diversas zonas fluviales de Granada, el encauzamiento del arroyo Alcántara, en Rota, y diversos estudios sobre el estado ecológico del Guadalquivir.
Se ha aprobado la concesión de nueve Créditos con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo, por un importe total aproximado de 43 millones de euros, a las República de Ecuador, Filipinas, Popular China e Indonesia.
En el apartado de condecoraciones se ha concedido la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a Manuel Albiac Tutusaus. Por otra parte, se han concedido veintiuna Medallas al Mérito en las Bellas Artes a otras tantas personas e instituciones, de las que se les facilitará posteriormente la relación.
En cuanto a la agenda de la actividad del Presidente del Gobierno para la próxima semana, el martes, día 23, a las 16 horas, asistirá al Pleno del Congreso de los Diputados, y el viernes, día 26, a las nueve y media, como es habitual, presidirá la reunión del Consejo de Ministros.
P.- Ayer un empresario denunció que pagaba durante años al Presidente del PP de Castellón y Presidente de la Diputación de Castellón a cambio de que mediara en la concesión de contratos de todas las Administraciones, incluida la Central. Yo le quería preguntar, como Portavoz del Gobierno, si el Gobierno tiene previsto abrir algún tipo de investigación, si sabe si a esa empresa se le hicieron concesiones y contratos desde el Estado y si además, como este mismo empresario denunció ayer, le consta que este empresario visitara en algún momento La Moncloa.
Sr. Zaplana.- Lo que le puedo decir es que estoy convencido --ya saben ustedes que conozco al señor Fabra, que es el Presidente de la Diputación en Castellón y Presidente del partido en aquella provincia-- de que no hay nada que no sea honorable en su comportamiento.
Con respecto a la pregunta sobre las relaciones que puede haber tenido esta empresa con la Administración, le puedo decir con toda rotundidad, y en función de la información que nos facilita el propio Ministerio de Agricultura, que los productos fitosanitarios que se han autorizado a esta empresa, de la que era propietario este señor que acaba de formular esas declaraciones o esa denuncia, son exclusivamente los que cumplen las normas exigibles en cuanto a requisitos de documentación e informes previos de las diferentes Administraciones competentes, y no ha recibido en ningún momento de la Administración ningún trato diferenciado respecto al resto de las empresas de ese sector. Eso es lo que le puedo decir.
P.- Se ha conocido hace un par de horas el balance del Euskobarómetro correspondiente a los tres últimos meses y, por él, los ciudadanos confirman el rechazo del uso de la violencia para conseguir objetivos políticos. Por primera vez comparten esta opinión la mayoría de los votantes de Batasuna y se reactiva la adhesión de los vascos a la Constitución española, y, cuando se proponen reformas, lo más que apoyan es que se complete el techo competencial estatutario. Me gustaría que me valorara usted esto y también la elección de Josu Jon Imaz para suceder a Xavier Arzalluz al frente del máximo órgano del PNV, el Euskadi Buru Batzar.
Sr. Zaplana.- Con respecto a la segunda cuestión, el máximo de los respetos a las decisiones internas de las formaciones políticas. No tenemos que hacer nosotros ningún tipo de valoración a ese respecto y, en cualquier caso, será la propia persona que parece ser que va a resultar elegida con el sistema que tiene el PNV establecido para la elección de su Presidente la que tenga que hacer las consideraciones y declaraciones que considere pertinentes.
Sobre la primera cuestión, en los términos en los que usted la ha planteado, felicitarme porque esto sea así. A nosotros nos parece, y desde el Gobierno lo estamos haciendo, que los debates hay que plantearlos con claridad, con toda la serenidad del mundo, pero no por ello no diciendo lo que cada uno piensa. El Gobierno lleva haciendo un ejercicio, nos parece que de responsabilidad, en ese sentido en los últimos tiempos y estamos seguros de que de ese debate claro y sereno, pero también sincero, las consecuencias tienen que ser positivas en el futuro.
P.- Al hilo de la anterior cuestión, me gustaría saber si el hecho de que el Presidente del PNV elegido por las bases no sea el que patrocinara el señor Arzalluz hace que el Gobierno abrigue algún de esperanza respecto a la posible reconducción de la confrontación existente a raíz del Plan Ibarretxe.
En segundo lugar, quería saber, primero, si el Presidente Aznar va a cursar invitación al nuevo Presidente de la Generalidad para ser recibido en La Moncloa, como hizo en mayo-junio con los Presidentes elegidos en aquellas elecciones autonómicas, y saber cómo valora el Gobierno la determinación del señor Maragall de mantener un encuentro con el Lehendakari Ibarretxe en próximas fechas.
Sr. Zaplana.- El Presidente del Gobierno ha hablado con el señor Maragall, como se ha hecho público, para felicitarle. Lo que puede resultar un tanto extraño es que en las prioridades del señor Maragall esté la de entrevistarse con el Lehendakari Ibarretxe como una prioridad manifestada por el propio señor Maragall, y, desde luego, han quedado en volver a hablar el Presidente del Gobierno y el señor Maragall, una vez que esté investido. No creo que haya ningún tipo de problema ni de dificultad, sino todo lo contrario, para que las entrevistas se puedan realizar y se puedan producir.
Pero quiero decirles que enmarquemos esta cuestión en la lógica y en un procedimiento habitual. Saben ustedes que en Madrid ha habido también elecciones hace relativamente poco tiempo. Tampoco la Presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido todavía recibida por el Presidente del Gobierno y estoy seguro de que lo será. Luego, enmarquemos estas cuestiones en la más absoluta normalidad.
Lo que sí hay que destacar es que, según sus propias manifestaciones, una de las prioridades del señor Maragall, y cada uno que saque las conclusiones que entienda que son más oportunas al respecto, es entrevistarse con el Lehendakari Ibarretxe.
En cuanto a la otra cuestión, yo ya le he dicho anteriormente a su compañero que sobre esas cuestiones no debemos de opinar. Es un proceso interno que nos merece todos los respetos del mundo y, por tanto, lo que valoraremos en su día, como hemos hecho en otras ocasiones, serán las opiniones y las decisiones que tome como Presidente del PNV en el momento de confirmarse y no, desde luego, la valoración en sí sobre la decisión democrática de los miembros de esa formación política.
P.- Yo quería volver sobre la cuestión de Imaz. Imaz acaba de hacer una rueda de prensa hace un momento y ha dicho que él es partidario del acuerdo entre nacionalistas y no nacionalistas, lo que entra en total contradicción con la posición de su contrincante, el señor Egibar, que es partidario de la unión nacionalista. Creo que hay una primera valoración ya del propio Imaz y del propio Egibar y yo se la quería remitir a usted. ¿No cree que eso es un cambio dentro del Partido Nacionalista Vasco y no cree que la posición del señor Imaz podría favorecer un acercamiento hacia posiciones más constitucionalistas?
En segundo lugar, también quería preguntarle por su propia posición en el tema de la Agencia Tributaria. Estos días se ha recordado en algún medio que usted, en su momento, como Presidente autonómico, defendió también una Agencia Tributaria descentralizada, y parece que sus características son bastantes similares a las del señor Chaves, e incluso el señor Maragall le felicitó a usted por su propuesta. Quería, en este sentido, ver si había algún tipo de rectificación por su parte o de matización respecto a declaraciones que ha hecho.
Sr. Zaplana.- Le contesto a las dos cosas. En primer lugar, la posición que mantiene el Gobierno sobre el Plan Ibarretxe no está motivada por ninguna cuestión, como usted comprenderá, personal, y no hace falta que le reitere cuáles son nuestra posición y los argumentos que la sostienen; siguen siendo los mismos. Todo lo que signifique, y ojalá y se pudiera producir, una rectificación desde el punto de vista de la posición que mantiene el Gobierno nacionalista vasco, lógicamente, sería vista con satisfacción y con agrado. Si se va a producir o no se va a producir, no puedo valorarlo ni tengo la menor idea en estos momentos. Probablemente, las estrategias del Gobierno nacionalista vasco no estén en función de quién presida el PNV o quién deja de presidirlo. No lo sé, pero dicho con todos los respetos y con toda la prudencia en estos momentos.
La posición es sobre una iniciativa y sobre un Plan del que ya, de forma reiterada, hemos manifestado nuestra opinión. Por tanto, nada más que añadir a este tema.
Con respecto a lo que me hace referencia a mí de forma más directa, no tengo nada que rectificar ni variar mi posición, porque mi posición sigue siendo la misma. Por si ustedes me interpelaban sobre esta cuestión, he traído una fotocopia donde hago referencia a esa cuestión que, si usted me lo permite, le voy a citar literalmente.
Cuando hablo en un libro de las distintas posibilidades que pueden existir, efectivamente digo que "caben varias posibilidades, una de ellas es la descentralización completa de la gestión tributaria que llevaría consigo la creación de una Agencia Tributaria en cada Comunidad". En el párrafo siguiente, a una de estas posibilidades que caben, y que enumero varias, digo literalmente: "sin embargo, no es tal la mejor opción si se piensa en el interés de los ciudadanos y en la necesidad de simplificar y normalizar sus relaciones con las Administraciones tributarias. No parece lógico que el ciudadano tenga que ir de una Administración a otra a satisfacer sus distintas obligaciones tributarias ni sería eficiente un sistema integrado por diecisiete Agencias Tributarias distintas y diecisiete Cuerpos de Inspección, aún cuando pudiesen establecerse mecanismos de coordinación entre ellos".
Digo justo lo contrario de lo que se ha dicho que digo, radicalmente lo contrario.
Yo comprendo que algunos quieran diluir, quitarle importancia, quitarle trascendencia, a un documento que han suscrito el PSOE o el PSC. No lo comparto, pero comprendo que ésa sea la intención de algunos. El vino es vino y, por mucho agua que se le eche al vino, seguirá siendo vino. Entonces, algunos están muy empeñados en diluir esta cuestión y en buscar ejemplos con los que parezca que no quiere decir lo que dice, que no va a pasar lo que allí se establece que va a pasar y que, por tanto, no hay porque precipitarse --dicen algunos--, alarmarse o hacer juicios de valor profundos sobre esta cuestión o análisis. Entonces, se buscan todo tipo de excusas, de comparaciones...
Pero yo sigo diciendo que la valoración y la opinión del Gobierno, que formulé el viernes pasado ante ustedes, a preguntas de ustedes, es sobre un documento que está escrito y sobre el que nosotros hicimos unas consideraciones.
Yo sé que todas las valoraciones e interpretaciones que se hacen sobre esa cuestión no quieren adentrarse en el documento, no quieren entrar en lo que dice el documento. Quieren hablar de estrategias, de posibilidades; pero el documento dice lo que dice y sobre ese documento, que dice que va a pasar lo que va a pasar, según el pacto que han suscrito y que han firmado, es sobre lo que nosotros hemos hecho valoraciones.
No las hemos hecho sobre la condición ideológica del Gobierno pues, como usted comprenderá, hay muchos Gobiernos de izquierdas en Comunidades Autónomas, en municipios. Eso para nada entraña ninguna dificultad ni preocupación por parte del Gobierno, con una lealtad institucional garantizada. Desde luego, no pone en duda la legitimidad que tiene el Parlamento de Cataluña para poder elegir el Gobierno que considere más oportuno; desde luego, no es una cuestión de crítica a una gestión del Gobierno que, efectivamente, como algunos han precisado, ni siquiera ha empezado a funcionar y, por tanto, en su día ya valoraremos y daremos nuestra opinión, si viene el caso, sobre lo que nos puede merecer una actuación ya desde el punto de vista de la responsabilidad del Gobierno.
No es ésa la cuestión. Yo sé que algunos han querido llevarlo a ese debate, pero no es ésa la cuestión que hemos planteado. A nosotros se nos preguntó, y a mí en concreto, sobre el contenido de un documento y sobre ese contenido de ese documento hemos expresado nuestra gran preocupación y yo decía el viernes pasado, incluso, nuestra desolación, en base a que el Partido Socialista Obrero Español daba cobertura a ese documento y lo suscribía el Partido Socialista Obrero Español en Cataluña, el PSC.
Ésa era la cuestión y, entonces, diluyámosla como queramos cada uno. Yo lo respetaré pero, desde luego, seguiremos manifestando nuestra posición, serena, absolutamente serena, y en cualquier foro donde sea necesario. Pero en ningún caso algunos de los juicios y análisis que se han hecho pueden desprenderse de la valoración del Gobierno o de mis propias palabras.
Lo que hemos hecho yo lo mantengo, hasta la última coma, es valorar un documento que se ha suscrito para la conformación de un Gobierno en Cataluña y ese documento dice lo que dice. Lo que hay que preguntarles al señor Zapatero y al Partido Socialista es si están de acuerdo con ese documento, contestación que no han dado. Nos han hablado de estrategia, nos han hablado de posiciones políticas, de filosofía; han hecho hipótesis o han establecido hipótesis sobre cómo pueden evolucionar las circunstancias políticas en Cataluña... Convendría también precisar y preguntarles si es que han hecho ese documento para no cumplirlo, en cuyo caso, desde luego, mejor sería esa solución que no otra.
P.- ¿Qué reflexión le merece al Gobierno el plante de ayer de toda la oposición a la aprobación de la reforma penal? ¿Cree que detrás hay una estrategia electoral?
Sr. Zaplana.- Yo le voy a reconocer por una vez cierta coherencia a la oposición, sin que sirva de precedente. Han querido concluir la legislatura parlamentaria con el elemento más característico que les ha definido en esta legislatura: detrás de Izquierda Unida y detrás de una pancarta. Ayer fue un fiel exponente de esto. Ésa ha sido su característica más definitoria de esta legislatura y han querido concluir con esa coherencia a la que yo hacía referencia: detrás de Izquierda Unida y detrás de una pancarta.
Yo creo que eso pone de manifiesto poco respeto por las Instituciones. En el Parlamento se puede hablar, se puede discutir, y se debe hablar, se debe discutir y se debe votar en libertad lo que cada uno considere que tiene que hacerlo. Se puede --perdóneme por la obviedad-- votar en contra, pero esa posición característica del Partido Socialista en los últimos tiempos no parece muy defendible, por decirlo en los términos más suaves que en este momento se me ocurren. Ahí se estaban debatiendo cuestiones de gran trascendencia y de gran interés, sobradamente debatidas. Por eso no voy a volver a entrar tampoco en esta cuestión.
Puede haber legítimamente todas las posiciones que se quieran, todas pueden ser defendibles en un Parlamento democrático como el nuestro. Ahora, el número permanente, el situarse detrás de la pancarta, el decir "ahora no voto", es una característica que no es nueva. Ya cerraron la anterior legislatura con situaciones atípicas y le recuerdo el resultado que obtuvieron. Ayer, ya les digo, podían haber tenido muchas posibilidades para defender sus posiciones, para votar en el sentido que hubieran creído oportuno; se estaban dilucidando temas como si se permite la impunidad de que se pueda seguir subvencionando a los partidos políticos que forman parte del núcleo terrorista, es decir, a los terroristas; pero prefirieron situarse, una vez más, detrás de Izquierda Unida y detrás de una pancarta.
P.- Yo voy a pedirle también una reflexión, pero sobre otro hecho que también ocurrió esta semana. Se han despedido dos políticos que llevan muchos años de trayectoria, el señor Pujol, aplaudido por todo el arco parlamentario catalán, y el Presidente del Gobierno el miércoles pasado, con mucho aplauso del Grupo Popular y con bastante bronca de la oposición. Me gustaría saber si el Gobierno tiene alguna reflexión al respecto, si cree que no se preparó bien esta escenificación final, si la oposición se pasó. ¿Qué tiene que decir al respecto?
Luego, sobre la famosa frase del Rey al Presidente del Parlamento catalán de "hablando se entiende la gente", dicha diez días después de su aplaudido discurso del Día de la Constitución, en el que habló también de que la Constitución no es de nadie, nadie se la puede apropiar, ¿el Gobierno tiene alguna reflexión sobre esto?
Sr. Zaplana.- Lo que le tengo que decir es que el Presidente del Gobierno no se ha despedido; se despedirá. Ha anunciado que se va a despedir, pero no se ha despedido. El Presidente del Gobierno tiene una importantísima responsabilidad hasta que haya un nuevo Gobierno y, por tanto, la va a ejercer, no les quepa la más mínima duda, hasta el último momento, como la va a ejercer el Gobierno.
Es presumible que el Presidente del Gobierno compareciera el otro día en una sesión de control por última vez en el Parlamento, eso es verdad, y la verdad es que la oposición dio, una vez más, muestras de su gran generosidad; pero poco más. No quiero hacer ni ir más lejos en mis valoraciones.
Desde luego, no nos cabe la más mínima duda, pero no es momento en esta rueda de prensa y en esta comparecencia para hacerlo, de que la gestión del Presidente del Gobierno será una de las gestiones, sin duda alguna, más valorada por el conjunto de los ciudadanos españoles. Sobre todo, según vayamos teniendo más perspectiva y más distancia, porque es lógico que los debates en algunos momentos sean acalorados, le puedo asegurar que será difícil encontrar una gestión tan exitosa como la que ha acompañado al Gobierno, con todas las cuestiones que ustedes quieran plantear, en el conjunto de los últimos ocho años.
Sobre la posición del Partido Socialista, yo la enmarco en la misma contestación que le daba a su compañera anteriormente. Están en eso, en el lío permanente, ellos sabrán por qué y dónde piensan encontrar la rentabilidad a esa actuación.
Con respecto a lo que se ha publicado sobre las manifestaciones que el Rey realizó al Presidente del Parlamento catalán, yo quisiera volver a decir lo que les decía el viernes pasado, creo recordar. Lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que, desde luego, S.M. el Rey y todos los miembros de la Familia Real están haciendo en estos días es defender la Constitución y lo está haciendo el conjunto de la sociedad española: defender la Constitución Española como marco de convivencia que nos ha permitido a los españoles progresar en paz y en libertad por un período largo en nuestra historia, ya veinticinco años, y, desde luego, de los más largos que podemos recordar desde el punto de vista de ese crecimiento en paz, en libertad y en prosperidad.
Yo le voy a contestar con una frase que le escuché el otro día a Miguel Roca y, desde luego, coincido plenamente con ella. Dijo: "tenemos la sensación, a veces, de que es que a los españoles o a algunos españoles les cuesta vivir en situaciones de comodidad, porque lo que establece la Constitución Española es una situación de comodidad". Hemos destacado reiteradamente que, gracias al marco de convivencia que establece la Constitución, cabe todo el mundo, caben todas las ideas, todo el mundo se puede sentir representado. No solamente ha dado respuesta a la gran aspiración del pueblo español de recuperar la democracia y sus libertades públicas, sino que además la Constitución soluciona y establece criterios inteligentes para solucionar otra de las dificultades que singularmente nos han acompañado: la distribución territorial, la descentralización administrativa en nuestro país y la respuesta que algunas nacionalidades y autonomías españolas históricamente han venido reclamando desde el punto de vista del ejercicio competencial del autogobierno.
Eso hoy es una realidad, afortunadamente. Somos el país más descentralizado de Europa, se ha dado respuesta y se ha cumplido el desarrollo de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, y, cuando todo ese sueño que nos acompañaba en la transición política en los años 1975, 1976, 1977, 1978 y 1979, hasta que se aprobaron y se votaron por primera vez, y se constituyeron los primeros Parlamentos Autonómicos, lo que parecía un sueño eso hoy se ha conseguido. Pero es que, además, se ha conseguido desde el punto de vista de las transferencias de competencias a las Comunidades Autónomas muy especialmente en estas dos últimas legislaturas.
En estas dos últimas legislaturas se ha hecho un esfuerzo extraordinario por el desarrollo de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, hasta estar prácticamente culminado el desarrollo de los Estatutos de Autonomía en España. Hay un marco que permite compatibilizar la unidad de España con el desarrollo de los autogobiernos, que es lo que defiende precisamente la Constitución: una España unitaria y no uniforme.
Eso, que es el gran logro que ha conseguido la sociedad española, el gran mérito del conjunto de la sociedad española, ahora unilateralmente a algunos se le ocurre ponerlo en peligro. Desde mi punto de vista y desde el punto de vista del Gobierno, no tiene ningún sentido y lo decimos con toda serenidad, con toda prudencia, pero también con toda contundencia. Es un gran error.
Que algunos han defendido siempre un régimen distinto y un marco distinto ya lo sabemos. Lo han defendido en la transición política, posteriormente a la transición política, lo han defendido en sus programas electorales, en las convocatorias electorales... Lo han defendido siempre. Yo creo que ahí no reside el principal problema; el principal problema reside en que un partido nacional suscribe esas posiciones en una Comunidad Autónoma y, además, esos acuerdos los hace extensibles y obligados al resto del conjunto de España. Eso es lo que hemos discutido el otro día, lo que hemos debatido y sobre lo que nos hemos pronunciado el otro día.
Vuelvo a insistir en estos criterios y en estas valoraciones de algunos: "no se preocupen, porque no va a pasar lo que dicen que va a pasar". Lo que está escrito no va a pasar, pues... Si no va a pasar, ¿por qué lo han escrito? Si no va a pasar, ¿por qué lo han firmado? Ojalá y no pase. Yo tengo aquí documentos que establecen compromisos que, leídos con serenidad y desde luego con desapasionamiento, nos llevan a pensar que es que hay un proceso de liquidación de la Administración central, de las competencias del Gobierno. Es decir, ¿es necesario el Parlamento español o no es necesario? Ésa es una pregunta que un dirigente de un partido nacional, el señor Zapatero en este caso, tiene que contestar. ¿Tienen que residir competencias básicas que les otorga la Constitución en el Parlamento nacional, en las Cortes Generales, o no? Por no entrar ya en los detalles de los que hablamos el otro día.
No se trata, vuelvo a insistir, y perdonen mi insistencia, en la molestia de un Gobierno de izquierdas. Eso es inconsistente absolutamente, del todo, y es incoherente con la posición que ha mantenido el Gobierno, como es también o está fuera de lugar decir: "es que no se le ha dado un plazo al Gobierno para poder juzgarlo". Pero si nadie ha juzgado al Gobierno, ni nadie ha tenido la pretensión de juzgar al Gobierno; nos hemos pronunciado sobre la existencia de un documento que, entre otras cosas, hace perder el sentido que tiene reconocido en la Constitución el Parlamento español, con la lectura serena y, ahora eso sí, rigurosa de ese documento, y ya hemos señalado algunas cuestiones.
¿Tiene el Tribunal Supremo que existir y tener jurisdicción en toda España, o no? Es una pregunta a la que no he oído que nadie nos conteste todavía al margen de decir: "no se preocupen y no se asusten ustedes"; pero nadie nos ha dicho, concretamente el Partido Socialista del señor Zapatero, si está de acuerdo con eso o no. Ya les he dicho yo lo que pienso sobre esta cuestión, pero ¿deben de existir diecisiete Agencias Tributarias o no? Y le he contestado sobre lo que se ha escrito de mi el otro día a su compañero anteriormente. ¿Puede una Comunidad Autónoma convocar un referéndum o una consulta popular con carácter general, aunque ésta sea ilegal, sí o no?
Ya sabemos que Esquerra Republicana de Cataluña defiende algunas cuestiones como las que yo acabo de expresar y otras. Ésa no es la cuestión que puede preocupar o que puede preocupar en exceso; el problema es que ese documento, que contiene muchas más cuestiones, aquí lo defiende el Partido Socialista.
El documento dice que son las Comunidades Autónomas las únicas responsables de las competencias autonómicas y estatales. ¿Cuál es el papel que se reserva a la Administración del Estado en el territorio nacional, en las Comunidades Autónomas? Después establece, en cuanto también a entender las competencias autonómicas de forma muy sui géneris, que tienen que anteponer el autogobierno a las normas del Estado, incluso procesos de revisión y de control. Habla literalmente de toda la legislación que se pueda producir en el Parlamento español y que afecte a las Comunidades Autónomas, leyes orgánicas y demás, que, en cuanto afectaran a Comunidades Autónomas, no podrían aprobarse. Literalmente, ¡eh!, dice, para que no se puedan malinterpretar mis palabras: "el Pacto pretende hacer uso de la iniciativa legislativa del Parlament ante las Cortes para reformar las leyes cuando puedan limitar las potencialidades del autogobierno, revisando --dice literalmente-- las Leyes Orgánicas, la legislación básica y otras normas estatales que desbordan el establecimiento de principios o reglas fundamentales en materias de competencia autonómica".
Nadie quiere ver esta cuestión, ni siquiera valorarla.
Habla, sobre las elecciones en Cataluña, de que el pacto persigue elaborar el Proyecto de Ley sobre elecciones al Parlamento de Cataluña y más adelante dice que se constituirá la Junta Electoral de Cataluña, que tendrá las competencias --cito literalmente-- que la LOREG atribuye a la Junta Electoral Central en cuanto a las elecciones al Parlamento de Cataluña. ¿Qué quieren? ¿Un régimen electoral distinto para Cataluña al del resto de España?
Podría seguir. Yo creo que ustedes han leído el documento, confío en que se lo hayan leído y que, lógicamente, las valoraciones que se realizan sean sobre el contenido del documento. Desde luego, cada uno tiene su responsabilidad y el Gobierno no va abdicar de la suya.
P.- Quisiera saber si la reflexión que ha hecho sobre la Ley Electoral catalana sirve también para el proyecto del Gobierno madrileño de aprobar una Ley Electoral en Madrid.
Sr. Zaplana.- Ignoro yo la iniciativa. En estos momentos desconozco esa cuestión.
P.- Después de la reflexión que ha hecho y, aunque es evidente que no se ha puesto en marcha nada aún en Cataluña, quería saber si el Presidente del Gobierno ha dado ya instrucciones al Ministerio de Administraciones Públicas o al Ministerio que competa para ir estudiando posibles recursos a las cosas que es están planteando en el documento.
Sr. Zaplana.- El Gobierno hizo una valoración a instancias de ustedes, y a través mío, el pasado viernes de la opinión que nos merece un documento y en esos términos está establecido el debate; no sobre la actuación del Gobierno, que no se ha producido, ni sobre las decisiones que en el futuro pueda tomar. Lo que les digo es: ese documento dice que van a pasar unas cosas en esta legislatura y sobre esas afirmaciones que dice el documento se pronuncia el Gobierno y me pronuncio yo como Portavoz del Gobierno. Me parece que lo normal, lo habitual, en democracia es que sobre un documento de esa importancia y de esas características se pueda generar un debate y se pueda dar la opinión, y lo más normal y habitual en un sistema democrático es que también el Portavoz del Gobierno la pueda dar.
Vuelvo al ejemplo que le decía antes a un compañero suyo. Se podrá tener todo el interés que se quiera en diluir esa cuestión, en no darla importancia, en restársela. Yo le decía que aquí cada uno tiene su responsabilidad y el Gobierno, desde luego, tiene que cumplir con la suya. Algunos nos dicen: "es que lo que dicen que va a pasar no va a pasar". Bien. Y nosotros lo que decimos es que hay un documento firmado y suscrito, que es la base para la conformación de un Gobierno en Cataluña que obtenga el apoyo de la mayoría de la Cámara. A partir de ahí, seguiremos debatiendo y haciendo valoraciones.
Pero nuestra opinión y mi opinión es sobre ese documento, insisto, y no modifico hasta ahora, porque no hay ningún motivo para ello desde mi punto de vista, un ápice las afirmaciones que he venido realizando estos días y que tienen todas una coherencia de que son exactamente las mismas. De forma más ágiles o menos ágiles en su expresión, siempre son las mismas y creo que ya están reiteradas.
P.- En relación con el Plan Hidrológico Nacional, me gustaría conocer la opinión del Gobierno si existe preocupación sobre la invitación casi insistente de la Comisión Europea para conocer el por qué del rechazo del nuevo Gobierno catalán al Plan Hidrológico Nacional, así como la invitación que ha habido del Gobierno catalán al aragonés para coordinar un poco la oposición a este Plan.
Ahora que es momento de reuniones entre Comunidades Autónomas, tanto las del PP como las del PSOE, ¿está dentro de los planes del Gobierno aceptar la propuesta de Chaves que pedía que se reuniesen todas las Comunidades Autónomas para fijar una postura común?
Sr. Zaplana.- Yo no sé si tengo toda la información, creo que sí; pero de todo lo que conozco con respecto al Plan Hidrológico Nacional las decisiones que en los últimos tiempos se han podido tomar en Bruselas son tremendamente positivas, todas. Hace un par de semanas conocíamos que Bruselas, entre comillas, la Comisión autorizaba la financiación de una parte del Plan Hidrológico Nacional que es el trasvase Júcar-Vinalopó, que era el primer proyecto que se había presentado en Bruselas. Después de tantos debates se autorizaba la financiación. Y he leído y he tenido conocimiento esta semana de la opinión de los dos Comisarios más directamente afectados también valorando positivamente la financiación al conjunto del Plan Hidrológico Nacional con fondos europeos. Ésa ha sido la noticia de esta semana y eso yo creo que es lo relevante.
Que Maragall haya reiterado lo que viene diciendo hace tres meses desde la campaña electoral podrá ser noticia, pero no deja de ser una opinión personal, de forma reiteradamente manifestada y que creo que no afecta para nada al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que el Parlamento español ha aprobado una ley, que es el Plan Hidrológico Nacional, que ha presentado algunas de sus fases de desarrollo a la Comisión y que, según se van presentando, se va autorizando la financiación.
Ya les hemos dicho muchas veces que el Plan, a pesar de las dificultades que algunos quieren plantear, que han planteado y que seguirán planteando, va a salir adelante. ¿Que nos hubiera gustado? ¿No tener tantas trabas, tantas dificultades, tantos problemas? Sin duda alguna, hubiera sido todo mucho más fácil. Ya sabemos que no ha sido así y sabemos que no va a ser así. Pero, al final, sabemos que el Plan Hidrológico Nacional se hará y se hará con financiación europea. Ustedes son testigos de que cada vez que la Comisión ha tenido que tomar una decisión concreta la ha tomado favorable hasta ahora, y eso es lo relevante. Las declaraciones del señor Maragall se producirán con cierta frecuencia, me imagino; pero a mí me parece que eso, por muy respetables que sean, no es lo relevante en esta cuestión.
P.- Sólo un matiz a una cosa que ha dicho usted antes. Con motivo de la probable entrevista entre Ibarretxe y Maragall, creo que ha dicho algo así como que cada uno saque las consecuencias que quiera. Mi pregunta seria qué consecuencias tenemos que sacar. O sea, ¿qué precisiones quiere usted hacer con esto de las consecuencias?
Sr. Zaplana.- Cada uno las que quiera. Yo solamente les hago una valoración. Al señor Carod-Rovira yo lo vi en televisión la noche electoral, la noche del domingo de las elecciones en Cataluña, y dijo más o menos --de forma literal, como comprenderán, no me alcanza la memoria a poderlo citar exactamente--, de forma muy aproximada seguro: "he recibido muchas felicitaciones, pero hay una que quiero destacar de la que me alegro especialmente", y citó la del Lehendakari. En la sede de Esquerra Republicana su primera valoración, su primera intervención pública, fue ésa. Ahora, cuando ya se ha conformado el Gobierno tripartito, que creo que tomará posesión mañana, el señor Maragall en sus prioridades establece una visita al Lehendakari vasco, al señor Ibarretxe.
Aquellos que dicen que a lo que pone el documento no hay que darle demasiada importancia o trascendencia son los que más debían de meditar sobre estos gestos y estas decisiones del señor Maragall. La posición del Gobierno es más conocida; podrá ser acertada o equivocada pero, desde luego, es coherente. La coherencia no se nos puede negar. Se nos podrán negar otras cuestiones, pero no la coherencia. Estamos convencidos de que ésa es nuestra responsabilidad y tenemos que cumplir con ella. Y hay otros que nos dicen: "no se preocupen; lo del papel ya se irá modulando y moderando en el futuro". Pero las prioridades también las vamos conociendo.
Yo creo que con esta reflexión y, si me lo permite, pregunta o invitación al análisis le contesto perfectamente. Ésas son las prioridades que algunos quieren establecer. El señor Maragall no se ha ido a ver al Presidente de su partido, el señor Chaves, a Andalucía y a interesarse por la situación que puede vivir en estos momentos una parte tan importante de España como es el territorio andaluz, como es Andalucía; no se ha ido a ver a Rodríguez Ibarra; no se ha ido a ver al señor Bono; no se ha ido a ver a sus vecinos, a la Comunidad Valenciana o a Aragón; se ha ido a ver al señor Ibarretxe.
P.- Quería saber la opinión del Gobierno sobre las consideraciones que hizo el Presidente de la Xunta esta semana apelando a un artículo de la Constitución, el 155, y después al Ejército como garante de la unidad en España, siempre en referencia al tripartito en Cataluña.
Sr. Zaplana.- Yo no creo que fuera en referencia al tripartito, y yo estaba presente en ese acto. En referencia al debate global que nos acompaña en estos momentos puede ser, pero no en referencia a nada en concreto. Pero tenga usted en cuenta que el Presidente de la Xunta, además, fue ponente constitucional, el Presidente de la Xunta fue uno de los ponentes a los que el otro día se premiaba y se reconocía; por tanto, era una intervención que yo creo que tenía mucho más que ver con el sentido de la Constitución y con otros análisis que con los debates políticos que nos pueden acompañar en estos momentos.
P.- Todas las noticias que llegan de la Comisión Europea de los debates técnicos que ha habido son muy confusas y, entonces, las valoraciones de una parte y otra son diferentes. Si es tan positiva la valoración que hace el Gobierno de las noticias que llegan, ¿cómo es que no se ha pedido financiación del Plan todavía?
Sr. Zaplana.- Los proyectos se presentan y, cuando se presentan, se pide financiación. Yo lo que le quiero decir a usted una cosa: desde luego, ya se han encargado algunos de que haya confusión durante muchísimo tiempo y nos acompaña; si se va a hacer el Plan, si no se va a hacer el Plan, si va a ser rechazado... Confusión, no. Ya ha habido manifestaciones y presencias en Bruselas, y ha habido de todo.
Yo lo que le digo es que esta misma semana han comparecido para hablar de esta cuestión, entre otras, dos Comisarios, los más importantes desde el punto de vista de su financiación y de su viabilidad medioambiental, y las manifestaciones de estos Comisarios no han podido ser más positivas para la ejecución del Plan Hidrológico Nacional y para la financiación del mismo con Fondos Europeos. Después eso lo puede usted completar con todas las noticias que nos llegan del debate político, de informes que pueden existir en la Administración europea, de reuniones que se pueden celebrar en el futuro... Lo que yo le digo es que cada vez que se presenta un proyecto y se pide financiación, hasta ahora, se concede y que la opinión de los Comisarios el otro día era muy favorable a la ejecución y a la financiación del Plan.
Muchísimas gracias.