Rueda de Prensa

Vicepresidente.- Señoras y señores, muy buenos días. Muchas gracias por su asistencia.

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de hoy el Proyecto de Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, que reforma en diversos aspectos la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. El objetivo de este proyecto es la modernización de los Ayuntamientos, incrementando significativamente sus capacidades de gestión. Lo que pretende esta Ley de Bases es buscar un equilibrio entre el refuerzo de la capacidad ejecutiva y la potenciación de la capacidad de control de los plenos; en definitiva, prestar más y mejores servicios a los ciudadanos. El Ministro de Administraciones Públicas les explicará con más detalle en unos instantes el contenido de este Proyecto de Ley.

Por otra parte, se ha dado luz verde en la reunión del Consejo a la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Firma Electrónica. Con esta Ley el Gobierno quiere promover un uso más generalizado de la firma electrónica como instrumento generador de confianza en las comunicaciones telemáticas, además de servir como dinamizador de la Administración y del propio comercio electrónico. Del mismo modo, se proporcionará una mayor seguridad, tanto a los ciudadanos, como a las empresas, en la tramitación electrónica de sus gestiones.

El Consejo ha autorizado la suscripción de diecinueve Convenios de Colaboración para el desarrollo de doce Planes de Dinamización Turística y siete de Excelencia Turística, cuyo importe total asciende a 14,4 millones de euros. Los primeros van dirigidos a destinos que se encuentran aún en fase de desarrollo turístico y cuyo objetivo es lograr un crecimiento que asegure su sostenibilidad; en cuanto a los Planes de Excelencia, se dirigen a destinos turísticos ya maduros. Los Planes se desarrollarán mediante Convenios de Colaboración entre el Ministerio de Economía y las Comunidades Autónomas de Galicia, que dedicará, entre otros destinos, 1,66 millones de euros a la dinamización turística de la Costa da Morte; Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares, Cantabria, Valencia, Canarias, Asturias, Madrid, Castilla y León, Cataluña y La Rioja.

En otro orden de cosas, se ha dado autorización a la suscripción de un Convenio entre los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte, y de Defensa, para la ejecución de la obra de construcción del edificio que será la nueva sede del Museo del Ejército en el Alcázar de Toledo. Esta autorización lleva implícita la aprobación del gasto, que asciende a 23,7 millones de euros. Ambos Ministerios suscribieron en 1997 un Acuerdo-Marco estableciendo las pautas generales para emprender las actuaciones necesarias para establecer en el Alcázar de Toledo la nueva sede del Museo del Ejército. La actual sede de este Museo, el edificio del Salón de Reinos, formará parte de la ampliación del Museo del Prado.

Se ha autorizado, de igual modo, la firma del Convenio Básico de Cooperación entre el Reino de España y Bosnia-Herzegovina, que tiene por finalidad establecer el marco básico de la cooperación al desarrollo entre ambos países. Con carácter específico, se determina que dicha cooperación incidirá especialmente en las siguientes áreas: salud, educación, ayuda alimentaria, cultura, dotación de infraestructuras, investigación científica y protección del medio ambiente.

El Consejo de Ministros ha aprobado, asimismo, un Real Decreto por el que se regula el sistema de tramitación telemática, que permitirá la creación de sociedades limitadas Nueva Empresa en unos plazos de tiempo muy reducidos. Este Real Decreto incorpora, además, el Documento Único Electrónico que reduce de quince a uno los formularios que deben cumplimentarse y agiliza los trámites administrativos necesarios para la constitución y puesta en marcha de la sociedad. Las personas que usen este procedimiento telemático sólo tendrán, en virtud de esta regulación, que acudir a los puntos de asesoramiento e inicio de tramitación, en los que se les asesorará y donde pondrán iniciar la tramitación administrativa de su iniciativa empresarial. Esta primera visita y una segunda, al notario, serán suficientes para constituir una empresa societaria, con relación a los ocho trámites necesarios para crear otro tipo de sociedad.

Por último, el Consejo ha aprobado los siguientes nombramientos: se designa Embajador de España en el Reino de Nepal, con residencia en Nueva Delhi a don Rafael Conde de Saro; Embajador de España en las Islas Marshall y en los Estados Federales de Micronesia, con residencia en Manila, a don Ignacio Sagaz Temprano; Embajador en Misión Especial a don Miguel Benzo Perea. Se nombra Representante Militar ante el Comité Militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y Representante Militar ante la Unión Europea al General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire don Francisco José García de la Vega; y General Jefe del Mando Aéreo de Canarias, al General de División del Cuerpo General del Ejército del Aire don Ángel Vieira de la Iglesia.

Actividades del Presidente del Gobierno para la semana próxima: el miércoles 11, a las dieciséis horas, asistirá a la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, y el viernes 13, a las nueve treinta, presidirá la reunión del Consejo de Ministros.

Sr. Arenas.- Como les relataba el Vicepresidente, en el Consejo de hoy se ha dado luz verde al Proyecto de Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local en España.

Quiero también trasladarles que la iniciativa del Gobierno en este caso ha venido precedida de un intensísimo diálogo con todas las fuerzas políticas, de un intenso diálogo con todos los Ayuntamientos, con las principales ciudades de España, y que me parece que el texto que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros para su remisión al Congreso de los Diputados puede calificarse como un texto que tiene como respaldo un consenso muy amplio y que yo espero que en el Congreso de los Diputados y en el Senado pueda perfeccionarse el mismo manteniendo sus elementos centrales. Y ya quiero anticiparles que en los próximos días volveremos a dialogar con todos los Grupos Parlamentarios y con los alcaldes de las principales ciudades de España.

El objetivo de este Proyecto de Ley es doble: por un lado, modernizar el conjunto de las Administraciones Locales en España, el conjunto de los Entes Locales en España; y, por otro lado, también acabar con el uniformismo en lo que es la gestión municipal.

Hasta ahora, municipios de 5.000 habitantes venían disfrutando del mismo modelo organizativo, del mismo modelo político, del mismo modelo en términos jurídicos, que ciudades españolas que tienen millones de habitantes. Por lo tanto, se trata de adoptar un conjunto de medidas para la modernización de todas las instituciones locales, pero de forma muy específica de dotar a las grandes ciudades de España también de una serie de instrumentos que les permitan avanzar en la modernización y, sobre todo, en el servicio a los ciudadanos.

Yo estoy convencido de que con esta iniciativa, cuando se ponga en marcha, que, si se cumplen los calendarios de los trámites parlamentarios, podrá estar en vigor antes de finalizar este año, conseguiremos también que los ciudadanos reciban un mejor servicio por parte de los Ayuntamientos, que van a poder disfrutar de una gestión mucho más ágil y de una clara diferenciación que hasta ahora no han tenido. Este Proyecto de Ley configura con toda nitidez a los plenos de las Corporaciones Locales como grandes órganos de control y de fiscalización, recayendo la gestión diaria, como no podía ser menos, en la figura del Alcalde y en las Juntas de Gobierno local.

Quiero también señalar ante ustedes un asunto que, en mi opinión, es muy trascendente y es que este Proyecto de Ley va a significar la posibilidad de una mayor participación de los ciudadanos en los asuntos públicos locales. Planteamos la creación de Consejos Sociales en las ciudades como órganos consultivos, planteamos que la gestión municipal se lleve a cabo de forma necesaria en las grandes ciudades a través de los distritos, planteamos la creación de comisiones de sugerencias y reclamaciones en los Ayuntamientos, y planteamos también, y esto es novedoso, que se puedan desarrollar por parte de los ciudadanos iniciativas locales populares que necesariamente han de debatirse en el conjunto de las Corporaciones a las que se presentan.

Por tanto, yo creo que es un texto que profundiza en la democracia participativa, profundiza en la democracia real y ofrece unas mayores posibilidades a los ciudadanos para participar en los asuntos públicos locales que les son tan cercanos.

Quiero también señalarles que había un asunto que podía tener cierto morbo o cierta preocupación en los ambientes periodísticos y, por supuesto, en los ambientes políticos. ¿Hasta dónde consideramos cuál es el límite que nos separa un gran núcleo de población a los efectos de la aplicación de la Ley?

Quiero señalarles que, desde luego, es intención del Gobierno que en los próximos tiempos lo que hoy son medidas experimentales para las grandes ciudades pudieran trasladarse al conjunto de las Corporaciones Locales; pero, no obstante, teníamos que comenzar rompiendo el uniformismo al que hacía referencia. Hemos aprobado en el día de hoy lo que ha sido el acuerdo básico con el Partido Socialista. Se consideran grandes ciudades aquellas que tienen más de 250.000 habitantes, aquellas que son capitales de provincia y superan la cifra de los 200.000 habitantes y aquellas que puedan ser decididas por las asambleas autonómicas y que sean sedes de instituciones autonómicas. Quiero decirles que esta fórmula ha sido acordada con el Partido Socialista en el debate previo a la Proposición no de Ley que conjuntamente sacamos adelante en el Congreso de los Diputados.

Novedades importantes son que a las Juntas de Gobierno Locales se podrán incorporar personas que no ostenten la condición de concejal, de cargos electos. Esto nos parece muy importante, aunque esa cifra no podrá superar el 50 por 100 del conjunto del Gobierno local que, como saben, además no podrá superar un tercio del total de los concejales electos de las Corporaciones Locales.

Voy terminando, para no alargarme, pero creo que también hay avances significativos en tres materias.

La primera de ellas es la posibilidad de constituir Órganos Colegiados que vengan a resolver reclamaciones en el orden económico-administrativo en sede municipal. Hasta ahora, después del correspondiente recurso ante el Alcalde, ya inmediatamente se trasladaba la discusión al ámbito contencioso-administrativo. Con la creación de estos Órganos en el ámbito municipal se van a poder resolver multitud de conflictos sin acudir a la vía del contencioso-administrativo.

El segundo comentario es referido a la importancia de este Proyecto de Ley en lo que es la reorganización de la actividad económica y presupuestaria de los Ayuntamientos. Con toda nitidez, a partir de la aprobación de este texto tras su discusión parlamentaria, se configura una intervención municipal claramente con funciones de fiscalización y de control del gasto, y nítidamente separada de lo que son las funciones a la hora de presupuestar y a la hora de ejecutar el propio presupuesto, que se van a vincular a órganos dependientes de los Gobiernos locales.

Y el último comentario viene referido a la puerta que abre este Proyecto de Ley en relación con las Policías Locales. Se dice con toda claridad que se pretende potenciar las Policías Locales, de forma específica a las Policías de proximidad, la coordinación con el resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; pero, sobre todo, que las Policías Locales podrán asumir funciones de Policía Judicial, si bien es cierto que esta puerta que se abre en el Proyecto de Ley quedará pendiente del desarrollo legislativo en los ámbitos oportunos, que en este caso son competencia del Ministerio del Interior.

P.- Una pregunta para el Ministro de Administraciones Públicas. No ha hecho mención en su intervención, ni tampoco lo veo en la nota, qué pasa finalmente con la Carta Municipal de Barcelona: si se incluye dentro de la Ley, si hay alguna previsión en la misma Ley de desarrollo o cómo queda el tema.

También, en lo que se refiere a la configuración de la Junta Local, ¿en qué proporción de no cargos electos pueden estar representados en la Comisión de Gobierno?

Sr. Arenas.- La proporción que he tratado de explicar anteriormente es que en las Juntas de Gobierno Local un 50 por 100 de los miembros de la Junta de Gobierno Local podrán ser, como máximo, personas no electas, que no tengan la condición de concejales; un 50 por 100. Luego también he dicho que las Juntas de Gobierno Locales tendrán, como máximo, un tercio de los miembros de la Corporación Municipal. Ésos son los dos topes que se establecen en el Proyecto de Ley.

Con respecto a la cuestión que usted plantea, nosotros la hemos analizado en profundidad, tanto la que se refiere a la Carta de Municipalidad de Barcelona como a la que se refiere a la Ley de Capitalidad de Madrid. La hemos estudiado muy en profundidad, la hemos hablado con los distintos Grupos Parlamentarios, la queremos seguir hablando con la Generalidad y el Ayuntamiento de Barcelona; pero en estos momentos no hemos observado que haya un nivel de consenso en torno a la Carta de Municipalidad y a la Ley de Capitalidad de Madrid suficientemente alto como para introducir estas cuestiones dentro de este Proyecto de Ley.

En consecuencia, le quiero decir, primero, que hay preceptos de este Proyecto de Ley que afectan, por supuesto, a Madrid y a Barcelona como grandes ciudades que son; que probablemente tendrán que llevar a una adaptación de la Carta de Municipalidad de Barcelona de acuerdo con lo que estudie el Parlamento de Cataluña; y que, aparte de eso, vamos a seguir hablando con la Generalidad y con el Ayuntamiento de Barcelona porque nuestra intención es poder sacar adelante una ley específica para la Carta de Municipalidad y para resolver la Capitalidad de Madrid. Teníamos dos posibilidades: optar por introducirlo todo en este Proyecto de Ley o la segunda vía, que es la que hemos decidido y le traslado, que es leyes específicas para Barcelona y para Madrid, una vez que el nivel de acuerdo con las instituciones autonómicas y locales sea suficientemente alto.

P.- Dos preguntas para el Vicepresidente. Me gustaría que me hiciera una valoración, como Portavoz del Gobierno, sobre el compromiso sobre el futuro de las instituciones europeas adoptada por el Presidium.

En segundo lugar, me gustaría que me explicara cuáles son las razones políticas por las que se rechaza la aprobación del Proyecto de Ley Audiovisual.

Vicepresidente.- En relación con la primera pregunta que me hace, como ustedes saben, ya los trabajos de la Convención Europea para la Constitución de la Unión Europea han entrado en su recta final, pero es evidente que todavía son muchas las cosas que quedan por hacer. En principio, el presidente de la Convención, el señor Giscard, tiene previsto llevar un texto que se debatirá y sobre el que se fijará posición al Consejo Europeo de Salónica, que tendrá lugar los próximos días 20 y 21 de junio; y, después, desde ahí se convocará una Conferencia Intergubernamental para el otoño, para que los representantes de los Gobiernos discutan el proyecto. En principio, la idea es que podría ser en el último Consejo bajo Presidencia italiana, por tanto, a finales del año, cuando se proclame el texto si hay un acuerdo.

En principio, la situación y el planteamiento que nosotros hacemos sobre este asunto es el siguiente: primero, hay tiempo. Hay algunos asuntos en los que ya se ha alcanzado acuerdo. Como usted sabe, hay cuatro partes dentro de esta Constitución, pero quizá la parte más importante y la que haya generado mayor polémica es la referida a la cuestión institucional.

En principio, el señor Giscard ha presentado hoy una fórmula a última hora de la mañana por virtud de la cual el nuevo sistema de votación que él propone entraría en vigor en el año 2009, siempre y cuando lo apoyasen por mayoría cualificada los distintos países. Nosotros estamos negociando esta propuesta del Presidium, creemos que esa propuesta no será la última, creemos que esta última propuesta que ha hecho el señor Giscard es un paso adelante; pero la situación sigue siendo desequilibrada en nuestra opinión y hay tiempo para seguir debatiendo y para llegar a una solución más equilibrada.

En cualquier caso, vuelvo a insistir, hasta la Conferencia Intergubernamental y la posterior aprobación en el último Consejo, hay mucho tiempo para hablar de esto. Ya saben ustedes que nuestra oposición en principio tenía su razón básica en que se trata de un acuerdo que se ha adoptado en Niza, entró en vigor el Acuerdo de Niza en febrero de este año; hay muchos países de la ampliación que ya han celebrado un referéndum sobre la base de lo acordado en su momento en Niza y, por tanto, teniendo en cuenta las enormes dificultades que además se habían producido para llegar a un acuerdo en Niza y las dificultades para modificar ese acuerdo, no parecía muy razonable que el señor Giscard hiciera una propuesta distinta.

Ha ido dando pasos en la buena dirección. De momento, la última propuesta no nos convence todavía y, por tanto, España no ha dado su o.k. en la mañana de hoy; pero estamos dispuestos a hablar e, insisto, todavía queda mucho tiempo y, como saben ustedes, todos los temas europeos, sobre todo los temas tan importantes, y por eso Niza fue tan difícil, como éste que nos está ocupando, requieren su tiempo. Pero, vuelvo a insistir, lógicamente, la posición española es que la posición de España en la nueva arquitectura europea sea lo más parecida posible a la que resultó de Niza, apoyada por todos por unanimidad.

En relación con el segundo asunto, en principio la regulación de todo el tema audiovisual es de una enorme complejidad. Tenga usted en cuenta que en este momento puede estar regulado en un número muy importante de leyes; es decir, afecta a la televisión pública, afecta a su financiación, afecta a la publicidad de la televisión pública, afecta también a cuánto puede tener de publicidad, a cuánto tiene que aportar el Estado. Hay muchos asuntos, sin duda alguna, muy pendientes y que están relacionados, tanto con la televisión, como con la radio privada.

Entonces, hemos decidido, puesto que estamos en la parte final de una legislatura y puesto que esta Ley requiere de un amplísimo debate y sería deseable también el mayor acuerdo posible con la oposición, no presentar el Proyecto de Ley Audiovisual; lo cual no significa que no podamos presentar algunos temas concretos y determinados en algunas enmiendas a Leyes, como ya les he dicho en otra ocasión.

Por tanto, la razón es exclusivamente la que yo acabo de apuntarle; es decir, es un tema de una enorme complejidad como para resolver en cuatro o cinco meses. Tendríamos que ir, en cualquier caso, a uña de caballo, incluso a pedir su tramitación por vía de urgencia, y no parece lo más razonable hacerlo en una ley de estas características.

P.- Al hilo de la última reflexión del Vicepresidente, me gustaría saber del Ministro de Administraciones Públicas si se va a tramitar por la vía de urgencia esta Ley, por el mismo argumento que ha esgrimido el Vicepresidente.

Un par de cuestiones más. ¿Nos podría detallar las modificaciones de la Carta Municipal de Barcelona a las que ha hecho referencia, las que habría que introducir en la Carta de Barcelona para adaptarla al Proyecto de Ley que la semana que viene inicia su curso parlamentario? ¿Cree que aún hay tiempo material para que la Carta Municipal de Barcelona se convierta en Ley en esta legislatura o está descartado?

Y una última cuestión. El programa electoral del PP de Madrid, que es el suyo, mantenía que dentro de esta Ley se instará al Gobierno a incluir las normas que contemplen el régimen especial para Madrid como capital del Estado. Me gustaría saber si va a atender o desoír esta demanda, en tanto que Ministro y Secretario General del PP.

Para el Vicepresidente, dos preguntas. ¿Por qué el Gobierno aparcó durante tres años las obras de modernización de la línea de Chinchilla presupuestadas desde el año 2000, pero no ejecutadas hasta hace unos meses, después del accidente de Tobarra?

En segundo lugar, ¿nos puede realizar una valoración por parte del Gobierno sobre la decisión del Presidente de la Cámara vasca de remitir a la Junta de Portavoces la decisión sobre si cumplir o no cumplir la sentencia del Supremo que ordena la disolución del grupo Socialistas Abertzaleak?

Sr. Arenas.- Con respecto a la primera cuestión que me plantea, lo que ha explicado el Vicepresidente sobre la Ley Audiovisual y lo que yo voy a explicar es absolutamente coherente, y la coherencia viene porque usted conoce que llevamos trabajando con el resto de los Grupos Parlamentarios cuatro o cinco meses para alcanzar un consenso. La Ley de Modernización del Gobierno Local va ya con el aval de un consenso. Hemos pedido, por supuesto, la tramitación por vía de urgencia, pero porque contamos ya con un consenso muy amplio.

Hay una Proposición no de Ley aprobada en el Congreso de los Diputados, que usted conoce, avalada por el Partido Socialista, por el Partido Popular, con el aval de Coalición Canaria, del Grupo Nacionalista Vasco y con aspectos parciales favorablemente valorados por parte de Convergència y por parte de Izquierda Unida. Luego, es perfectamente posible que saquemos adelante esta Ley porque hay un consenso previo extraordinariamente importante que permite que la podamos abordar en este plazo de tiempo.

En segundo lugar, las adaptaciones que haya que hacer de la Carta de Municipalidad vienen planteadas exclusivamente por las novedades que establece el propio texto legal en el día de hoy para los grandes núcleos de población. De todo lo que sean novedades tendrá que discutirse cómo se adaptan a la Carta de Municipalidad de Barcelona.

En tercer lugar, que estemos en condiciones de pactar un Proyecto de Ley referido a Madrid y a Barcelona en esta legislatura yo creo que sí. Yo creo que sí que estamos en condiciones de pactarlo. Cosa distinta es que estemos en condiciones de tramitarlo, pero a mí tampoco me importa. A mí tampoco me importaría nada porque un consenso conseguido antes de acabar esta legislatura tiene plena validez para la siguiente. El hecho de que haya elecciones en el mes de marzo, si conseguimos un consenso en los próximos meses, no anula la virtualidad de ese consenso, que lo será antes de marzo y después de marzo.

Por tanto, mi intención es que pudiéramos tener consensuadas ambas Leyes antes de finalizar esta legislatura, aunque soy consciente de que es muy difícil que entren en vigor antes de que finalice esta legislatura.

Sobre la referencia que ha hecho usted, efectivamente, a mi programa está bastante superada por un compromiso superior. En Madrid, en el Estatuto de Autonomía, existe la previsión de desarrollar una Ley de Capitalidad en el ámbito del Estado; por tanto, esa Ley de Capitalidad es la que tenemos que plantear de cara al futuro y no hay ninguna posición del programa electoral de Madrid que entre en contradicción con la posición del programa nacional, que hablaba de una gran ley para las ciudades importantes y también del compromiso con Madrid y con Barcelona.

Vicepresidente.- En relación con las dos preguntas, sobre la primera tengo que decir que el tramo en el que se produjo el accidente fue renovado íntegramente en el año 1998. Este tramo cuenta, a raíz de estos trabajos de renovación de la vía con traviesas monobloc de hormigón y carril de 60 kilos, tipo 200. No creo que haga falta que le dé todas las especificaciones técnicas.

Pero quiero decir que el Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Ferrocarriles, desarrolló estos trabajos de renovación de vía en este tramo que se incluye en la línea Chinchilla-Navajuelos y esta obra se desarrolló en el marco de la renovación completa de vía y adaptación para velocidades máximas de 200 kilómetros por hora en el tramo Albacete-Villar de Chinchilla, en donde se ejecutó una inversión global de sesenta millones de euros. En Chinchilla estos trabajos se realizaron, tanto en la línea que parte desde esta estación hacia La Encina, y que luego comunica con Valencia y Alicante, como en la que parte hacia Navajuelos, y que luego continúa a Murcia.

Puedo darle los datos de todas las inversiones que se han realizado desde el año 1996: inversiones directas, nueve millones largos de euros; inversiones de seguridad en circulación, un millón de euros, por lo que el total fue de diez millones de euros.

Por tanto, ese tramo fue renovado, insisto, íntegramente en el año 1998. Creo que es un dato importante que todos deben conocer.

Sistema distinto es el caso de los sistemas CTCs en la línea. En noviembre del año 2000 se realizó la convocatoria de concurso para la redacción del proyecto. En marzo del año 2001, después del estudio de oferta, se adjudica el proyecto a la empresa INECO y posteriormente se desarrolla. El Boletín Oficial del Estado de 29 de febrero del año 2003 publicó el anuncio de licitación de las obras de instalaciones de seguridad previstas en el Metrotrén de Murcia y estas obras incluyen, entre otras, la instalación del sistema de control de tráfico centralizado, que son los CTCs. Este presupuesto asciende a treinta millones de euros y el plazo de ejecución es de dieciocho meses desde su adjudicación. El 1 de abril de este año 2003, el BOE publicó el anuncio del concurso convocado por Renfe para la realización de obras del nuevo sistema de gestión de circulación ferroviaria, enclavamientos y bloqueos en la línea que conecta Chinchilla con Cartagena, y el 12 de mayo de este año Renfe adjudicó a la empresa Dimetronic, por un importe de 29 millones de euros, las obras de instalación del control del tráfico centralizado, enclavamientos y bloqueos de la línea Chinchilla-Cartagena.

Por tanto, la renovación del tramo en que se produjo el accidente se produjo íntegramente en el año 1998 y la situación para el establecimiento del sistema CTC ha sido adjudicada a una empresa en mayo del año 2003.

A partir de ahí, el Gobierno quiere insistir en que es bastante poco justo el hacer por parte de algunos el mayor esfuerzo de que se es capaz para convertir algo que, según todos los indicios, es un fallo humano en una nueva responsabilidad del Gobierno. En este sentido, las declaraciones que esta mañana ha realizado el más importante dirigente del Partido Socialista son una muestra más de cómo algunos quieren aprovechar acontecimientos ciertamente desgraciados y lamentables para cargar una vez más las culpas al Gobierno.

No me parece en este sentido una actitud ética por parte de quien lo hace y, en este sentido, también me ha parecido mucho más razonables, equilibradas, sensatas y ajustadas a la verdad lo que han sido las declaraciones del Presidente de Castilla-La Mancha. Yo creo que éste es un dato muy importante, es un dato muy relevante, de cómo algunos pretenden argumentar para llegar a asumir responsabilidades de Gobierno; pero creo que esos atajos conducen a muy pocas cosas en esta vida y, desde luego, no conducen en absoluto a fortalecer un cierto modelo de moral pública que todos debíamos mantener en nuestras comparecencias públicas.

En relación con la segunda pregunta, la valoración de lo que ha hecho la Cámara vasca y en concreto el Presidente, decidiendo que fuera la Junta de Portavoces la que se posicionara sobre si había o no que cumplir una Resolución del Tribunal Supremo, yo tengo que decir lo siguiente: las resoluciones judiciales están para cumplirse y las resoluciones judiciales las tienen que cumplir todos. El Parlamento vasco, el Parlamento nacional y cualquiera de los Parlamentos que hay en España están sometidos a la Ley y al Derecho, como no podía ser de otra manera. Sería una cosa dramática que estuvieran sometidos a las resoluciones de los Tribunales cuarenta millones de españoles y que el único que no estuviera sometido a las resoluciones de los Tribunales fuera el Parlamento vasco o el señor Atutxa. Por tanto, lo que tiene que hacer el Parlamente vasco es cumplir la resolución del Tribunal Supremo.

Aquí estamos ante una continuación de lo que hemos visto a lo largo de los últimos días. En los últimos días el Parlamente vasco ha hecho lo posible, lo imposible, lo legal y lo ilegal para defender la existencia del Grupo Batasuna, contraviniendo así una resolución del Tribunal Supremo; pero lo que es ya más dramático es que encima somete a la aprobación del propio grupo de Batasuna, que está en la Junta de Portavoces, si hay que cumplir o no la resolución del Tribunal Supremo, que dice que el grupo de Batasuna tiene que ser disuelto.

Yo creo que el Parlamento vasco y el señor Atutxa se situarán fuera de la Ley si en el plazo que les ha dado el Tribunal Supremo, que es de cinco días, no cumplen esa Resolución. Todo lo demás está muy bien, todo lo demás son artilugios y argucias estrictamente políticas; pero lo que cabe exigirle a un representante de los ciudadanos como a cualquiera, insisto, de los cuarenta millones de ciudadanos españoles, es que cumpla la Ley.

Esto es especialmente significativo si tenemos en cuenta que en el día de ayer Batasuna fue incluida en la lista europea de organizaciones terroristas, lo cual, entre otras cosas, es demostrativo de la confianza en el sistema democrático español y en el Estado de Derecho, la que teníamos todos y la que tienen también los quince países de la Unión Europea, cuando recordemos que se hizo por parte del PNV, de EA y de Izquierda Unida el máximo esfuerzo de que fueron capaces para deslegitimar las decisiones adoptadas, tanto por el Parlamento Nacional, como por parte de los tribunales de justicia. Yo creo que con esa decisión quedan en evidencia, una vez más, ante el conjunto de los países de la Unión Europea.

P.- Dos cuestiones al Vicepresidente. En primer lugar, esta semana se ha reunido el Gabinete de Crisis para abordar la participación española en Iraq. Quería saber si hay alguna decisión ya sobre si van a ir los 1.500 efectivos, a dónde van a ir y si van a estar bajo mandato de Polonia.

Después también quería preguntarle qué opinión le merecen las consideraciones del Presidente del Parlament hechas ayer en las que hizo algunas observaciones sobre las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Vicepresidente.- En relación con la primera pregunta, efectivamente, según recogieron algunos medios de comunicación, se reunió el Gabinete de Crisis para tratar del tema de Iraq. Usted me hace una pregunta sobre un asunto concreto y determinado, que es si, en virtud de la habilitación que tiene el Ministerio de Defensa concedida por un Consejo de Ministros, por virtud de la cual puede mandar hasta un total de 1.500 efectivos a Iraq, se ha tomado la decisión. Hasta el momento presente no se ha tomado la decisión, hasta el momento presente tampoco hay ninguna decisión adoptada sobre en qué lugar estarían las tropas españolas en el supuesto de que al final fueran a Iraq y, por tanto, lo que se ha dicho sobre si estamos o no bajo mando polaco, o sobre si estamos o no en una determinada zona del territorio, no es algo que esté decidido.

Sin embargo, sí quiero decir que es algo que es posible que se decida en próximas fechas y que el Gobierno manifiesta, como ya lo hizo en su día, su firme voluntad de apoyar con toda la intensidad de que seamos capaces todo el proceso de reconstrucción en Iraq, tanto mediante el envío de asesores para algunos temas --algunas personas ya están trabajando allí, como el diplomático Benzo, dentro de unos días lo hará el General Feliú y ya hay algunos expertos en algunas otras áreas, como vivienda, que se trasladarán próximamente--, como también estamos dispuestos a colaborar, porque así nos lo han demandado nuestros aliados, en la garantía de la seguridad, que sin duda alguna es uno de los temas más importantes que en este momento tiene planteados Iraq.

Pero, repito, no está tomada la decisión formalmente; no está, por tanto, decidido en qué lugar exacto se incorporarán las tropas españolas, ni cual será el contingente que vaya allí, ni de qué cuerpo, ni el asunto de Polonia por el que usted se interesaba; pero, también vuelvo a insistirle, yo supongo que en próximos días se va a resolver.

La segunda pregunta hace referencia a unas declaraciones del señor Rigol, Presidente del Parlamento. Sobre ese asunto sólo puedo decirle que el señor Rigol es una persona equilibrada, que ha actuado con equilibrio habitualmente en el ejercicio de sus funciones políticas y que, evidentemente, esto es un fallo que no tengo la menor duda de que lo rectificará, si no lo ha hecho ya. Yo, desde luego, aunque si le hubiera pasado a alguna persona del partido en el que yo milito no sé como hubieran actuado los demás, no soy partidario de que se empañe una trayectoria política por un error que cualquier puede cometer y que, en cualquier caso, insisto, creo que está rectificado.

P.- Para el Ministro de Administraciones Públicas. Quería saber en qué medida el Proyecto de Ley que se ha aprobado sustituye, aparca o complementa el proyecto original que partió del Ministerio, al menos el que se presentó en el Senado, en relación con las áreas de influencia urbana o áreas metropolitanas.

Por otra parte, ¿qué predisposición tiene a incluir a los Cabildos en esta Ley o que se apliquen estas medidas en los Cabildos insulares que, como sabe, gestionan muchas de estas competencias y digamos que abarcan una gran población también?

Sr. Arenas.- Inicialmente tenemos todavía un diálogo parlamentario en el Congreso y en el Senado. Por parte de algunas fuerzas políticas se nos ha pedido que hubiera alguna especificación referida a los Cabildos y tendremos tiempo de analizarlo en el Congreso y en el Senado; pero en el texto que se aprueba hoy no hay referencias a los Cabildos, porque estrictamente se trata de ciudades.

Con respecto a las áreas metropolitanas, no podemos dejar de olvidar las competencias de las Comunidades Autónomas en lo que hace referencia a las áreas metropolitanas y, en consecuencia, no son abordadas en el Proyecto de Ley. Lo que sí hay es algunas disposiciones que se refieren al papel de las Diputaciones provinciales como impulsoras de los desarrollos de las provincias, de los planes estratégicos de las provincias, y también al impulso de las mancomunidades, que entendemos que son elementos fundamentales para el desarrollo de muchos servicios municipales con mayor calidad para los ciudadanos. Pero le insisto en que en el tema metropolitano no hay ninguna invasión por parte de la Ley, porque somos estrictamente respetuosos con las competencias de las Comunidades Autónomas.

P.- Un par de preguntas, la primera relacionada con el accidente del avión en el que fallecieron 62 militares españoles. El director adjunto de la Aviación Civil de Ucrania, que además forma parte también de la comisión de investigación que se ha constituido en Turquía, ha confirmado a la Cadena SER, algo que también recoge por otra parte la página web de esa institución, que el ación Yakolev 42 de UNAIR no tenía autorización para llegar a Kabul, por lo que habría incurrido, según este alto funcionario de Ucrania, en una infracción grave. ¿Cómo se entienden entonces las afirmaciones del Ministro de Defensa, Federico Trillo, el otro día en el Congreso de que todo estaba en regla en torno a ese avión?

La otra pregunta es: ¿considera el Gobierno que fue relevante para apoyar el ataque a Iraq el que hubiese en Iraq armas de destrucción masiva?

Vicepresidente.- En relación con el primer asunto, evidentemente me remito a las declaraciones que ha hecho el Ministro de Defensa español, que además las ha hecho en sede parlamentaria y que entiendo que las ha hecho con el suficiente conocimiento de causa. Eso lo digo, lógicamente, desde el máximo respeto al director adjunto de Aviación Civil de Ucrania y, por tanto, no tengo otra cosa que hacer que remitirme a las declaraciones del señor Ministro de Defensa.

En relación con el segundo asunto, sí quisiera extenderme más en mi respuesta sobre las armas de destrucción masiva. Yo creo que los programas de armas de destrucción masiva en Iraq no son, como ahora parecen sostener algunos, una invención de unos cuantos, sino una preocupación compartida por el conjunto de la Comunidad Internacional. Piense usted que desde el año 1991 son muchas las Resoluciones del Consejo de Seguridad sobre este asunto, particularmente, y quizá la más conocida y de la que hemos hablado en numerosas ocasiones, la 1.441, aprobada en el año 2002 por unanimidad en el Consejo de Seguridad.

Ese día todos los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas --no estaba España entonces en el Consejo, como es sabido-- por unanimidad dijeron lo siguiente: "reconociendo la amenaza que el incumplimiento por Iraq de las Resoluciones del Consejo y la proliferación de armas de destrucción masiva y misiles de gran alcance plantean para la paz y la seguridad internacional...". Es decir, los quince países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas afirmaron que Iraq poseía armas de destrucción masiva. Eso lo ha dicho la ONU en numerosas ocasiones a lo largo de estos años.

En segundo lugar, hay un dato que es objetivo, y por tanto difícilmente discutible, que es que Sadam Hussein las usó. Por tanto, si las usó, parece bastante razonable que las tuviera, porque es difícil usar armas de destrucción masiva si uno no las tiene. Creo que no hay que argumentar en exceso en relación con este asunto. Las utilizó contra los iraníes e, incluso, contra sus propios connacionales kurdos y chiítas. Llegó a matar a más de 40.000 kurdos, como es sabido.

Hay un dato muy importante, que es que Sadam Hussein estuvo durante la década de los 90 negando que dispusiera de armas de destrucción masiva y, sin embargo, sus dos yernos, que eran los jefes de los programas para la creación de armas de destrucción masiva, cuando abandonaron Iraq huyendo de Sadam Hussein, convocaron a los medios de comunicación --creo recordar que fue en Jordania-- y afirmaron la existencia de armas de destrucción masiva y su responsabilidad en la creación de las mismas. Usted sabe cual fue luego la suerte que corrieron estas personas, una vez que fueron perdonados por el señor Sadam Hussein.

Quisiera darle otro argumento. Si no hubiera tenido armas de destrucción masiva, no se explica la dilatada preocupación de la Comunidad Internacional, ni el obstruccionismo que Sadam practicó con la USCOM, a la cual no dio ninguna respuesta, y luego lo mismo con la UNMOVIC, que no pudo entrar en Iraq hasta el año 2002 gracias a la presión de la Comunidad Internacional.

A mayor abundamiento, el señor Blix repitió desde diciembre del año 2002 a marzo del año 2003 sus quejas sobre la falta de cooperación masiva del régimen iraquí para facilitar información sobre las armas o sobre los lugares de destrucción. Incluso el señor Blix presentó un informe, con fecha 6 de marzo, que contiene 173 páginas, bajo el título: "Cuestiones de desarme sin resolver. Los programas de armas prohibidas en Iraq".

Otro argumento que creo que también puede ser interesante a estos efectos es que las divergencias que ha habido en la Comunidad Internacional con ocasión de la intervención en Iraq no fueron por la tenencia o no por parte de Sadam Hussein de armas de destrucción masiva, que todos coincidían en que las tenía, sino en cómo obligar a Sadam Hussein a desarmarse, lo cual, por otra parte, parece bastante lógico porque desde el año 1991 toda la Comunidad Internacional le exigía al señor Sadam Hussein que se desarmase.

Encontrar esas armas de destrucción masiva no es fácil. El régimen de Sadam Hussein las pudo esconder e, incluso, las pudo destruir; pero lo que es evidente es que jamás dio una sola explicación de qué había hecho con esas armas de destrucción masiva que evidentemente tenía, porque con ellas mató a 40.000 turcos.

Quisiera recordar también que la última Resolución del Consejo de Naciones Unidas, aprobada con la abstención o la no presencia de Siria exclusivamente, que luego, en cualquier caso, manifestó también que estaba de acuerdo con ella, reafirma que Iraq debe cumplir las obligaciones de desarme que le incumben, alienta al Reino Unido y a los Estados Unidos a que mantengan informado al Consejo de sus actividades al respecto y destaca la intención del Consejo de volver a examinar los mandatos establecidos de la Comisión de Naciones Unidas de Vigilancia, de Verificación e Inspección y del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Esto es lo que ocurre de verdad con las armas de destrucción masiva. A partir de ahí, creo que la Comunidad Internacional ha hecho un gran esfuerzo para construir de cara al futuro y creo que es muy importante, en ese sentido, esta última Resolución 1.483 aprobada por unanimidad, que reconoce y les impone obligaciones a Estados Unidos, al Reino Unido y a los demás países que ahí participen.

A partir de ahí, sería deseable, una vez más, como en el caso al que antes he hecho referencia, del accidente de ferrocarril que el Partido Socialista Obrero Español explicara si está de acuerdo con esta última Resolución 1.483, si está de acuerdo con lo que decía y dijo durante tanto tiempo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, si quiere apostar por el futuro o se seguirá haciendo, aún a costa de hacer el ridículo y aún a costa de no acreditar el mínimo patriotismo en nada, todo el esfuerzo del que es capaz para seguir intentando lesionar al Gobierno, aunque ya toda la Comunidad Internacional esté diciendo lo contrario de lo que dice el Partido Socialista.

P.- Yo tengo una pregunta para el Ministro Rajoy: Un periódico publica hoy que el Gobierno está estudiando nombrar al señor Fernández de Mesa futuro Director General de la Guardia Civil. Quisiera preguntar qué de cierto hay en esta información.

Y otra pregunta al Ministro Arenas. El señor Javier Rojo ha acusado al PP de violar el Pacto Antiterrorista después de lo sucedido en el funeral del pasado sábado por las víctimas en el atentado en Navarra.

Vicepresidente.- En relación con el primer asunto, no hay ninguna noticia que yo conozca en ese sentido. No tengo ningún dato y el Director General de la Guardia Civil sigue siendo Director General de la Guardia Civil y todos esperamos que lo siga siendo hasta el final de su mandato. Es más, ayer mismo estuve con el propio Delegado del Gobierno en Galicia y no me dijo ni una sola palabra sobre este asunto que, efectivamente, he visto publicado hoy en un medio de comunicación. Por tanto, yo se lo puedo desmentir en este momento.

Sr. Arenas.- Lo que puedo decirle es que el Gobierno ha cumplido de la A a la Z con el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, y que ha cumplido escrupulosamente con la letra de ese Pacto y con el espíritu de ese Pacto. A partir de ahí, quien incumple el Pacto será aquel que esté dispuesto a dialogar, a alcanzar acuerdos, con aquellos que han roto con la Constitución, con aquellos que defienden la independencia, que tienen planes secesionistas y planes soberanistas.

Yo creo que el señor Rojo y el señor Rodríguez Zapatero me entienden muy bien, y yo espero que esa carta, que yo creo que además tiene unos contenidos francamente zafios, que no sea la búsqueda de una excusa para permitir que en Álava gobierne el Plan Ibarretxe y aquellos que tienen planteamientos independentistas.

Espero equivocarme pero, sinceramente, me ha sonado a excusa, a buscar argumentos, para algo que yo espero que no se haga en el futuro, porque me parece que aquellas formaciones que en el País Vasco defendemos la Constitución y el Estatuto debemos apoyarnos con toda nitidez, como hemos comprometido, además, ante los electores. Ése ha sido un compromiso ante los electores antes del 25 de mayo y espero que la actitud de algunos, ya por actividad o por pasividad, no permita que en Álava, en la que hay una mayoría de ciudadanos que comparten el Estatuto y la Constitución, se vean gobernados por un partido que está rotundamente en contra de la Constitución y el Estatuto.

P.- Al Vicepresidente Primero. En el caso de que hoy a la tarde la Junta de Portavoces del Parlamento vasco votase en contra de la propuesta de Atutxa, ¿qué actitud adoptaría el Gobierno? Si se incumpliera en definitiva la resolución del Supremo, ¿qué margen de actuación tendría este Gobierno, aunque sea una resolución judicial naturalmente la que competa?

En segundo lugar, al Ministro de Administraciones Públicas le quería hacer un par de preguntas precisas sobre esta cuestión de la carta. En su declaración anterior ha aludido a que incumplir el Pacto sería alcanzar acuerdos con quienes están por el soberanismo, y tal. ¿Se refiere concretamente a Izquierda Unida acaso, a las conversaciones entreel PSOE e Izquierda Unida en la España, en general? Primera cuestión.

Segunda cuestión, ha dicho que teme que ésta sea una excusa para el tema de Álava, una coartada del PSOE para no votar; pero mi pregunta sería si la responsabilidad no es la misma del PP y del PSOE a la hora de votar, teniendo en cuenta que, si el PP votase al PSOE, tampoco habría un gobierno nacionalista.

Vicepresidente.- En relación con el primer asunto, como usted sabe, la ejecución de las resoluciones judiciales le corresponde a los propios Tribunales de Justicia. Ahora bien, si quiere que le dé mi opinión personal, yo creo que aquí estaríamos, como mínimo, ante un claro delito de desobediencia ante una resolución judicial. A partir de ahí, lógicamente, no me corresponde a mí decir lo que procede hacer. Lo normal en estos casos supongo que será dar cuenta al Ministerio Fiscal si se produce una situación como ésta, que yo espero que no tenga lugar.

En cualquier caso, sí es bueno señalar que el señor Atutxa tiene una enorme responsabilidad. Es decir, al señor Atutxa se le da una orden, no a la Junta de Portavoces. Esto es una maniobra más. Se le dice: "usted tiene que cumplir las resoluciones del Tribunal Supremo y, además, se le da un plazo perentorio de cinco días". Realmente, éste es un acontecimiento y es una actuación tremenda, porque esto puede acabar generando un conflicto institucional de gravísimas proporciones, que nunca se ha producido en todos los años que llevamos desde 1977 o desde 1978, fecha de la aprobación de la Constitución.

Por tanto, el señor Atutxa no puede ampararse en lo que diga una Junta de Portavoces que no tiene ninguna capacidad para decidir si acepta o no una resolución del Tribunal Supremo. No es de recibo, esto no pasa en ningún país civilizado. No se someten a votación las sentencias de los tribunales de justicia, eso no es la democracia. La democracia es que el Parlamento legisla, el Gobierno lleva a término la labor ejecutiva y el juez es el que dice si las actuaciones se adecuan o no a la Ley.

Por tanto, repito, estamos ante un caso de enorme gravedad y yo espero que el Partido Nacionalista Vasco actúe en consecuencia con lo que debe ser un partido democrático en un país europeo democrático y civilizado.

Sr. Arenas.- Con respecto a las dos cuestiones que plantea, sobre la primera de ellas es evidente, palmario, que el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo señala de forma expresa y rotunda que cualquier diálogo con formaciones nacionalistas tiene que situarse en el marco de la Constitución y el Estatuto, y nunca los nacionalistas han estado, desgraciadamente, más alejados de la Constitución y el Estatuto que en este momento; el conjunto del nacionalismo en el País Vasco y en Navarra, donde, por cierto, hemos tenido también en ocasiones que oír disquisiciones realmente interesantes, también sorprendentes, en las que se nos pretendía llevar a la conclusión de que el nacionalismo en Navarra del mismo partido era distinto al nacionalismo en el País Vasco.

En segundo lugar, el señor Rojo al Gobierno no tiene que darle ninguna lección sobre el cumplimiento del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, y yo le recomiendo, con toda humildad, que, si tiene afán pedagógico, que lo haga con el señor Elorza o con el señor Maragall que nunca se han expresado rotundamente a favor de ese Pacto; si quiere hacer pedagogía.

Finalmente, le quiero decir que nosotros estamos muy orgullosos de nuestra coherencia. Nosotros hemos defendido que, si en el País Vasco había que hacer un esfuerzo de presentación de candidaturas conjuntas por parte de los que defendemos la Constitución, era muy positivo ese esfuerzo; se nos dijo que no. Luego hemos defendido un pacto global de los que defendemos la Constitución en el País Vasco; se nos ha dicho que no. Luego hemos defendido un diálogo global en el País Vasco de los que defendemos la Constitución; se nos ha dicho que no. Y, finalmente, cuando se nos ha dicho a todo que no, hemos dicho: vamos a votar siempre a la candidatura que haya tenido más respaldo de aquellas formaciones que defienden la Constitución.

Ésa es nuestra posición nítida y clara y, desde luego, lo que está muy claro es que en Álava se ha apostado mayoritariamente por la Constitución y, dentro de esa apuesta, se ha apostado mayoritariamente por una formación política que todo el mundo sabe cuál es.

A partir de ahí, que el Partido Socialista asuma sus responsabilidades de presente y de futuro, por una vez que sean; pero tendrán que asumirlas.

P.- Para el Vicepresidente Primero. Me gustaría saber si el Gobierno tiene ya fecha del Debate del Estado de la Nación, o está barajando alguna fecha. ¿Lo va a consultar con el principal partido de la oposición o con los grupos parlamentarios antes de proponerla?

Luego, en el tema de la disolución del Grupo Parlamentario mi pregunta es una reflexión sobre si el Gobierno es consciente o tiene la sensación de que el PNV, o el Gobierno vasco, o el Parlamento vasco, o el señor Atutxa, están tensando la cuerda en un tema que podría calificarse de menor en este caso, que es un cumplimiento de una sentencia que afecta no digamos a temas tan importantes como puedan ser un plan soberanista, para ver cuál es el grado de tensión que está dispuesto a soportar el Gobierno.

En este caso, ¿el Gobierno tiene ya planificado cuál va a ser el escenario, es decir, si está dispuesto a que se cumpla o a que se ejecute esa sentencia como se ejecutaría con un particular, es decir, si tiene que ir la Guardia Civil a por el Presidente del Parlamento vasco, o antes de eso va a entablar alguna vía de diálogo?

Vicepresidente.- En relación con el primer asunto, no hay adoptada ninguna decisión hasta el presente momento. Procuraremos hacerlo con la mayor celeridad posible y, si fuera posible, también a satisfacción de todos. Por tanto, no hay ninguna posición del Gobierno en relación con este tema.

En segundo lugar, le recuerdo lo que le he respondido antes a su compañero sobre que la ejecución de las resoluciones de los tribunales de justicia es competencia de los propios Tribunales y nosotros haremos, como es natural, lo que nos ordenen los tribunales de justicia a la hora de que se cumpla su resolución.

Yo creo que todo lo que ha ocurrido responde a lo que ha sido la estrategia del Partido Nacionalista Vasco y de Eusko Alkartasuna, apoyados por Izquierda Unida, a lo largo de estos últimos años. Todo empezó con el famoso Pacto de Estella, el pacto que hicieron con la organización terrorista ETA y, a partir de ahí, el Estatuto de Autonomía del País Vasco, que era el marco que entre todos habíamos fijado y que tenía que regir la convivencia para el futuro, ya no valía.

A partir de ahí, se opusieron a todos los planteamientos que se hicieron para ser más eficaces en la lucha contra ETA y contra su entorno; pueden hacerlo, es una decisión política; a partir de ahí, aprobaron el plan soberanista que supone, sin duda, una tremenda división dentro de la sociedad vasca y que yo vuelvo a insistir en es que un plan que debieran retirarlo y convertirlo en lo que es la prioridad del País Vasco, la auténtica prioridad, que es la lucha contra ETA, y lo que se produce aquí es un tema de una enorme gravedad, porque es algo así como que un Parlamento democrático se niegue a cumplir las resoluciones del Tribunal Supremo.

El Parlamento vasco está sometido a la Ley y al Estado de Derecho, como todos, y sería tremendo que el Parlamento vasco fuera la única institución dentro de la Unión Europea que pudiera hacer lo que estimara oportuno y conveniente ante unas resoluciones de los Tribunales.

Efectivamente, es un paso más en la dirección de la provocación que en los últimos tiempos han planteado EA y PNV, como lo es la circunstancia que se ha producido en el día de hoy, que es la de negarse a pagar y a cumplir, por tanto, el acuerdo habido en materia de Concierto. Ahora el Partido Nacionalista Vasco ha decidido que hoy compensa determinadas cantidades del INSALUD y que, por tanto, se niega a pagar lo que tiene que pagar al Estado en concepto de Cupo y que había sido acordado, por cierto no sin dificultades, entre las dos partes.

Por tanto, es evidente que, a partir de ahora, uno tiene la sensación de que seguiremos viendo muchos acontecimientos de este tipo. Ahora bien, también tengo que decir que en éste, que sin duda alguna es uno de los temas más importantes que tiene planteados la sociedad española, la posición del Gobierno va a ser inequívoca. El Gobierno va a estar en defensa de la Constitución, en la defensa del Estatuto y velará, porque es su obligación, por el cumplimiento de la Ley.

Dijimos en su día que nosotros íbamos a hacer contra el terrorismo todo, sin más límite que la Ley, el ordenamiento jurídico y los principios democráticos, y es exactamente lo que estamos haciendo, aunque el Partido Nacionalista Vasco haga, sin duda, los mayores esfuerzos para interrumpir lo que es la actuación del Gobierno, apoyado por la mayoría de los grupos, en contra del entorno de Batasuna, incluso aunque Batasuna haya sido declarada una organización terrorista por la Unión Europea.

Muchas gracias.