Rueda de Prensa

Sr. Cabanillas.- Muy buenos días. El Consejo ha aprobado hoy un Real Decreto que modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como consecuencia de los diversos cambios legislativos registrados. Las principales novedades son las siguientes: se adapta la deducción por adquisición de vivienda habitual en relación con el tramo estatal autonómico como consecuencia de la cesión de este tributo a las Comunidades Autónomas; se actualiza el salario medio anual, a efectos del límite del rendimiento, sobre el que opera la reducción del 30 por 100 en rendimiento de trabajo irregular; se regula la posibilidad de compensar la deuda tributaria para cónyuges declarantes, para los casados y no separados legalmente, cuando a uno de ellos la autoliquidación le resulte a ingresar y al otro a devolver; se establece en el 35 por 100 la retención a las retribuciones de los miembros de los Consejos de Administración, administradores y demás miembros de órganos representativos de las sociedades; y se clarifica la obligación para las Administraciones Públicas y la Seguridad Social de presentar mensualmente declaración de retenciones cuando sus presupuestos superen los seis millones de euros.

En el área de Fomento, hoy ha sido un día en el que se han aprobado multitud de Acuerdos; en concreto, la licitación de una serie de obras públicas en la red de carreteras por un total que supera los 454 millones de euros, entre los que voy a destacar las siguientes: en primer lugar, las obras del túnel del Puerto de Piqueras, de dos kilómetros y medio de longitud, que supone una inversión de 46 millones de euros y se realizarán siguiendo las últimas normativas de seguridad en los túneles desarrolladas a raíz de los trágicos accidentes del San Gotardo y Montblanc. El túnel conectará las provincias de Soria y La Rioja, salvando el Puerto de Piqueras, de tránsito difícil por su desnivel y habituales malas condiciones climatológicas. La obra contará con sistemas de comunicación, extinción de incendios, señalización, salvamento y otras instalaciones de seguridad, como nichos, apartaderos y refugios.

También se ha aprobado la licitación del penúltimo tramo de la autovía Somport-Sagunto, en las provincias de Teruel y Zaragoza, comprendido entre Calamocha y Romanos, con una longitud de cerca de 28 kilómetros y un presupuesto superior a los 72 millones de euros. La obra comprende la construcción de cuatro viaductos y otras estructuras menores. Con este penúltimo tramo prácticamente podemos asegurar que en el año 2002 estarán ya licitados todos los relativos a la autovía Somport-Sagunto y, desde luego, en las provincias de Teruel y Zaragoza.

Se autoriza también la licitación de las obras del tramo Pesquera-Reinosa, pertenecientes a la Autovía Cantabria-Meseta, con una longitud de ocho kilómetros y medio y un presupuesto de 90 millones de euros. Incluyen la construcción de un túnel en el paraje de Lantueno.

En Economía, el Consejo ha aprobado la concesión de facilidades financieras a Argentina de hasta 100 millones de euros para desarrollar proyectos sociales de Ayuda al Desarrollo y contribuir a la recuperación económica de ese país. La mitad de esta cantidad se aprueba como línea de crédito con cargo al FAD, con diez años de plazo total para amortización, incluyendo cuatro de carencia, a un tipo de interés anual del 4,75 por 100. Los cincuenta millones de euros restantes se pondrán a disposición de la República Argentina mediante un programa de cooperación económica y financiera. Como dije, estas cantidades se destinarán básicamente a proyectos de rápida ejecución, como suministros hospitalarios, medicinas, material educativo o potabilización de aguas.

También en Economía se han aprobado los criterios de reparto de los fondos del Plan Marco de Modernización del Comercio Interior para el año 2002. Este Plan prevé actuaciones para mejorar la competitividad de las Pymes mediante dotaciones de ayudas al sector cofinanciadas con las Administraciones Autonómicas. Recordarán que el 23 de mayo pasado la Conferencia Sectorial del Comercio Interior aprobó los criterios objetivos para la distribución de créditos por un total cercano a los 6.800.000 euros. Los criterios de reparto obedecen a la población de derecho de las Comunidades Autónomas a Censo de 1 de enero del año 2001; número de locales comerciales estimados en el Directorio Central de Empresas del INE; número de parados de más de tres años del sector, según EPA del INE, al tercer trimestre del 2001; y población activa del sector, según EPA del INE al mismo período.

También se ha aprobado el traspaso de funciones y servicios a la Comunidad de Madrid en materia de Administración de Justicia desde el 1 de julio. El coste efectivo es de 62 millones de euros e incluye 388 puestos de trabajo. Entre las actividades que asume Madrid se incluyen la gestión de los medios materiales para la actuación de los Tribunales, adquisición y gestión de patrimonio mobiliario e inmobiliario y programas de construcción o reparación de edificios judiciales.

Por otra parte, el Consejo ha aprobado un Real Decreto por el que se amplían los medios traspasados a la Comunidad de Madrid para la gestión de la asistencia sanitaria a la Seguridad Social. Supone una cuantía superior a los 1.500 millones de euros y 257 puestos de trabajo.

A su vez, se ha dado el visto bueno al acuerdo que fija los criterios objetivos para la distribución de más de 2.400.000 euros entre las Comunidades Autónomas para la subvención del programa de prevención y promoción de la salud, especialmente referidas a las enfermedades emergentes y reemergentes de especial relevancia. Las subvenciones se destinan a la ejecución del calendario de vacunaciones, adecuación de laboratorios de salud pública a la normativa europea, mejora de la información sobre trastornos nutricionales, lucha contra el tabaquismo y programas contra la tuberculosis.

También se ha aprobado un Acuerdo que fija los criterios de distribución de más de 4.800.000 euros entre las Comunidades Autónomas para la subvención a los programas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre el SIDA.

En materia de extradiciones, el Consejo ha aprobado tres Acuerdos por los que se decide la continuación de los procedimientos de extradición activa de José María Zaldúa Corta, por delitos de asesinato frustrado, utilización ilegítima de vehículo de motor ajeno con intimidación y porte de armas; de Javier Abaunza Martínez, por asociación ilícita, tenencia ilícita de armas y tenencia de explosivos, todo con finalidad terrorista; y de Jesús María Lariz Iriondo, por delito de asesinato frustrado.

En el capítulo de nombramientos, y todos referidos a la Comisión Nacional de la Energía, se ha renovado a Fernando Martí Scharfhausen como Vicepresidente de la misma, y a José Sierra López y María del Carmen Fernández Rozado, como consejeros, siendo nombrado como nuevo consejero Francisco Javier Peón Torre.

En cuanto a condecoraciones, se ha concedido la Gran Cruz de Carlos III a Antonio Martíns Da Cruz, ex embajador de Portugal en España y actual Ministro de Negocios Extranjeros de Portugal; se concede la Gran Cruz de Isabel la Católica al modista Givenchy y a la hispanista Enriqueta Harris, y también se concede el Collar de la Orden de Isabel la Católica a Rudolf Schuster, Presidente de la República Eslovaca, y a Milan Kucan, Presidente de la República de Eslovenia.

Por último, y en lo que se refiere a las actividades del Presidente del 1 al 5 de julio, por la tarde del lunes, día 1, viajará a Estrasburgo donde, a las nueve de la noche, asistirá a una cena ofrecida en su honor por el Grupo del Partido Popular Europeo-Demócratas Europeos, en la que le será entregada la Medalla Schumann.

El martes, día 2, a las diez de la mañana, comparecerá ante el Pleno del Parlamento Europeo para hacer balance del semestre de Presidencia española de la Unión Europea y a su finalización regresará a Madrid.

El jueves, día 4, mantendrá un almuerzo de trabajo con el Presidente electo de Colombia, don Álvaro Uribe, y presidirá la reunión del Consejo de Ministros el viernes 5, como es costumbre, a las nueve y media de la mañana.

P.- Ministro, yo quería preguntarle si entiende el Gobierno que Convergència i Unió, por estas últimas actuaciones que ha tenido, en concreto, no apoyando algunos proyectos o algunos decretos del Gobierno, está siendo desleal con el Gobierno, ya que parece ser que el Partido Popular entiende que esa actitud no es correcta y por eso ha abierto un período de reflexión.

¿Entiende el Gobierno también que, tal y como están las cosas, la gobernabilidad en Cataluña está en riesgo ahora mismo? ¿Creen que hay alguna posibilidad de adelanto electoral en Cataluña?

En esta coyuntura, me gustaría saber si ha habido, hay, habrá, todas las posibilidades que se le ocurran, alguna entrevista entre el señor Pujol y el señor Aznar.

Sr. Cabanillas.- Empezamos por la última, que ya se está convirtiendo en una pregunta tradicional en esta sala. No hay nada previsto al respecto.

En lo que se refiere a las otras preguntas, yo creo que ustedes conocen bien cuál ha sido nuestra postura desde el principio: garantizar la gobernabilidad de Cataluña. Sigue siendo ésa la postura. En segundo lugar, la actitud que ha seguido, tanto el Gobierno, como el Partido Popular, de hecho, en Cataluña ha sido precisamente la de lealtad y la de buscar siempre los acuerdos, los entendimientos, en todo lo que son los puntos fundamentales que precisamente garantizan esa gobernabilidad. También queremos que siga siendo así.

Es verdad que ha habido una serie de decisiones, posturas o tomas de posición, como lo quiera usted llamar, por parte de Convergència i Unió que son difícilmente comprensibles, y son esas posturas y esas posiciones las que han llevado precisamente a la reflexión a la que hemos hecho referencia desde distintos foros y ámbitos distintas personas; una reflexión en lo que debe ser la actitud del Partido Popular, de lo que debe ser la relación del Gobierno central, pero siempre, como le he dicho al principio, insistiendo en nuestra idea fundamental: que éste es un camino a recorrer juntos, que no ha habido grandes diferencias en los puntos que entendemos que son fundamentales y que, por nuestra parte, en el ánimo está siempre la garantía de la gobernabilidad de Cataluña.

P.- Yo quería preguntarle por las declaraciones de ayer del señor Soria, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y Presidente del Partido Popular de Canarias, en las que reclama al Gobierno la expulsión inmediata de los inmigrantes que están por las calles de la capital de Gran Canaria. El señor Soria fue muy rotundo y muy contundente en la exigencia que hace al Gobierno de expulsión de estos inmigrantes; dijo, en concreto, que la solidaridad de Las Palmas se había terminado y que no acepta ni un inmigrante más. Quería saber si el Gobierno va a considerar esta reclamación; si cree que la expulsión que reclama el señor Soria tiene base en algunos de los acuerdos del Consejo de Sevilla o si el Gobierno se plantea la posibilidad de trasladar a estas personas a otros centros de la Península.

Por otra parte, si me permite, también quería saber la valoración del Gobierno sobre el informe del Defensor del Pueblo en relación con la situación de los inmigrantes en Fuerteventura, que se cree que se podría estar vulnerando la Ley de Extranjería en la aplicación del derecho de asistencia jurídica.

Sr. Cabanillas.- En lo que se refiere a la primera pregunta, no le contesto únicamente en relación con las declaraciones del señor Soria, sino que quiero hacer un llamamiento general a la serenidad y al equilibrio. Yo creo que todos somos conscientes del reto al que nos enfrentamos; somos todos conscientes de la situación en la que se encuentran esas personas, como somos también conscientes de las muchas y variadas medidas que se están tomando ya desde hace tiempo por parte, por un lado, del Gobierno central y también por otros Gobiernos autonómicos. Por lo tanto, en primer lugar, enfoquemos las cosas desde la serenidad y desde el equilibrio.

Usted hace muy correctamente mención al Consejo de Sevilla y a los distintos acuerdos que se han alcanzado allí, que me parecen positivos y que me parecen muy a tener en cuenta. El propio señor Soria resaltó la importancia de esos acuerdos. De hecho, quisiera mencionar dos de las medidas: las ayudas específicas que se acordaron en ese contexto, ayudas económicas para repatriaciones, y, en segundo lugar, el mandato que ha recibido la Comisión Europea en lo que se refiere a convenios de readmisión. Es decir, se está trabajando, es un problema de una complejidad enorme y lo que más necesitamos todos en estos momentos es afrontarlo, insisto, desde la serenidad.

En lo que se refiere a lo que ha ocurrido en Fuerteventura, y en línea con lo que acabo de decirle, yo creo que es muy importante que todos tengamos presente la enorme necesidad de, por un lado, por supuesto, respetar lo que son ámbitos judiciales y sus decisiones, como hacemos siempre; respetar, como es natural, las decisiones que pudiera tomar al respecto el Consejo del Poder Judicial, pero buscando entre todos una colaboración y buscando una coherencia entre la actuación de las distintas instituciones, precisamente por la complejidad que tiene todo el fenómeno de la inmigración y por las distintas situaciones que se generan en él.

Nuevamente, si a nivel europeo estamos buscando una política común, si estamos tomando una serie de medidas específicas para hacer frente a estas cuestiones, si buscamos la armonización de las legislaciones, es muy importante también que haya una coordinación a nivel de todas las instituciones del Estado, porque eso es lo que nos traerá los resultados que todos deseamos.

P.- Ha destacado usted que la posición del Partido Popular y del Gobierno hacia Convergència i Unió y el Gobierno de la Generalitat ha sido de lealtad. Me gustaría insistir en saber si, a la recíproca, también considera que ha sido leal la postura de Convergència i Unió y de la Generalitat.

También ha indicado que en los temas fundamentales no ha habido grandes desacuerdos entre el PP y Convergència. Me gustaría saber si la iniciativa planteada ayer en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, por Convergència para que actos como los de Montejurra o los de Vitoria den lugar a indemnizaciones, que es lo mismo que se rechazó en el Pleno el martes, lo considera el Gobierno una forma de intentar solucionar los problemas existentes.

Por último, hoy se ha publicado la Ley de Partidos, entra mañana en vigor. ¿Cómo aborda el Gobierno la aplicación de esta Ley a partir de mañana?

Sr. Cabanillas.- Yo puedo hablar por lo que es la postura de este Gobierno y puedo, si quiere usted, describir lo que ante todos y públicamente ha planteado el Partido Popular como postura propia. Es la de la coherencia, es la de la lealtad y es la de la gobernabilidad. Cuando ése es el planteamiento, se espera una reciprocidad. Como le he dicho al principio, son difícilmente comprensibles algunas de las decisiones que se han tomado últimamente en el contexto de Convergència i Unió. Y sí matizaría algo que he dicho al principio: algunas de ellas en temas que sí consideramos absolutamente trascendentales. Eso es precisamente lo que no puede caer en saco roto, eso es precisamente lo que nos lleva a la reflexión y eso es precisamente lo que implica que tengamos que analizar las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos.

Pero, insisto, si la trayectoria había sido la de acuerdo en lo fundamental, ésa es la voluntad que nosotros seguimos manteniendo. Pero, efectivamente, tiene usted razón, no lo ha habido en algunos temas que, por lo menos, nosotros sí los consideramos así y por eso estamos reanalizando la situación.

Sobre su segunda pregunta, con respecto a la Ley de Partidos, ¿qué valoración puedo hacer sino que es un momento trascendental para todos nosotros, para nuestro país? Es profundamente positiva, positiva por lo que busca, que es sencillamente dar a quien debe tomar la decisión, que son los jueces, los instrumentos necesarios para luchar contra la lacra que estamos viviendo. Son curiosas, a veces, algunas críticas que se plantean a esta Ley, en el sentido de que era mejor no hacer nada porque así se garantizaría o se abriría la posibilidad de algún otro tipo de solución. El no hacer nada ha sido precisamente la constante de muchos y durante demasiado tiempo.

Por lo tanto, claro que es positiva, claro que es legítima. ¡Cómo no va a ser legítima, no ya una Ley aprobada, sino una Ley que tiene el respaldo del 95 por 100 de los españoles! Es un dato que tenemos que tener siempre muy presente en nuestra memoria, es una reacción de todos o una solución de todos para nuestro problema más grave.

Una Ley que además no criminaliza ideas sino, curiosamente --y digo curiosamente porque a veces se utiliza el argumento en contra--, lo que precisamente busca es defender o actuar contra las agresiones al pluralismo político. Es precisamente el pluralismo político, como estamos viendo estos días en sucesos como los ocurridos en Lasarte o en Andoain, el que está en peligro y está claro quiénes son los que lo están poniendo en peligro.

Por lo tanto, un instrumento más que necesario, un instrumento querido por todos y un instrumento que, sencillamente, será aplicado por los jueces en función de los supuestos específicos contemplados en la misma Ley y en función, como es natural, del procedimiento también previsto en la misma.

P.- Algunas aclaraciones sobre el tema de las relaciones con CiU. ¿De sus palabras podemos deducir que, digamos, la crisis ahora mismo está cerrada o está en fase de reconducción?

Usted ha dicho que no está previsto de ninguna manera que se vean ahora mismo el Presidente Aznar y el Presidente Pujol. ¿No es necesario que se vean para remontar esto?

Respecto a la Ley de Partidos, quisiera saber si el Gobierno considera que ahora ya se dan las condiciones para instar la ilegalización de Batasuna; si sí o si no. O si hay que esperar algo más en concreto.

Quisiera saber también si, en el marco de las conclusiones del Consejo Europeo de Sevilla, se va a abordar a corto o medio plazo alguna reforma de la Ley de Extranjería española.

Y quisiera saber qué opina usted sobre las encuestas para elegir candidatos electorales; si le parecen más o menos útiles.

Sr. Cabanillas.- Insisto, no está prevista una reunión entre el Presidente Aznar y el Presidente de la Generalitat. No quiero calificarla de ninguna forma, ni la previsión de la misma ni la no previsión de la misma; sencillamente, no está prevista.

Las relaciones en estos momentos pasan por lo que yo consideraría motivo de seria reflexión, precisamente por todo lo que ha ocurrido y todo aquello a lo que ya he hecho referencia. Pero me importa más en estos momentos expresar la voluntad que tenemos al respecto.

En segundo lugar, me pregunta usted si se cumplen o no las condiciones para la ilegalización de Batasuna. Insisto una vez más, no es una cuestión de fijar una fecha, sino de que se cumplan los supuestos de la Ley, la reiteración de conductas prevista en la misma y los procedimientos a seguir establecidos en ella. Por lo tanto, sí me importa volver a subrayar esa idea equívoca que se plantea en algunos contextos sobre si tal o cual día, o en tal o cual momento.

En Sevilla, hablando de inmigración, ¿qué ha ocurrido? Pues aquel país que tiene, probablemente, la legislación más progresista de Europa lleva desde Tampere y pasando por Laeken proponiendo un marco global, un marco común, de todos. Ese país es España y eso es lo que se ha conseguido sencillamente en Sevilla: ese plan común con los elementos y las directrices que usted ya conoce: la lucha contra la inmigración ilegal, la lucha contra otras prácticas deleznables, como son la trata de seres humanos, la búsqueda de una gestión común y de elemento de gestión común de las fronteras y la busqueda, en general, como es natural, de un plan común de inmigración y asilo.

Es decir, nosotros, que tenemos una ley, que tenemos una experiencia, que hemos sido los líderes a la hora de proponer todo ello, creo que hemos conseguido, evidentemente con el respaldo de las otras naciones, que desde Europa se plantee el problema con una sola voz y con una comunidad de intereses; una sola voz de cara a países terceros y una comunidad de intereses o de principios que es lo que hará que esas legislaciones se armonicen en su momento. Armonización, insisto, que vendrá dada por el cumplimiento de lo establecido en Sevilla, y vuelvo también a usar el símil del tiempo: no es que tengamos que trasladar aquí si va a ser la semana que viene o la siguiente, sino que son los principios y son las líneas que se marcan a nivel europeo las que determinarán la necesidad de una mejora de una ley, que ha sido yo creo que bastante positiva para la regularización de la inmigración en España.

En lo que se refiere a las encuestas, no tengo ningún problema en ir al núcleo de lo que creo que usted pregunta. Sencillamente, y en lo que se refiere al Gobierno, el Gobierno no tiene ningún comentario que hacer a lo que ha sido la polémica surgida estos días. Tan sólo, quizás, reiterar algo que me parece bastante obvio y bastante importante: los candidatos los decide el Comité Electoral Nacional del Partido Popular.

P.- Al parecer, los líderes de los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, se han dirigido por carta al Presidente del Gobierno. Quisiera saber, aunque el señor Aznar está de viaje, si hay alguna respuesta que hacer hoy por su parte y si en esta respuesta, si la hubiera, cabría la posibilidad de algún tipo de encuentro o de diálogo entre el Presidente del Gobierno y los líderes de los sindicatos.

A propósito de las encuestas, se me acaba de ocurrir, según le oía a usted, hacerle una pregunta, yo no sé si es un poco personal: ¿a usted le consta que han preguntado por usted en alguna encuesta del PP?

Sr. Cabanillas.- ¿Y a usted le consta? A mí, no.

Vuelvo a la primera pregunta. Sí hacer un pequeño comentario y un llamamiento al sentido común a los señores Fidalgo y Méndez. No es posible que se hable de que el Presidente esté despreciando una carta cuando, sencillamente, no ha tenido ni siquiera la oportunidad de leerla todavía. Por lo tanto, vamos a ver si todos tenemos un poco más de tranquilidad y de serenidad en el planteamiento de las cosas.

El Presidente ya contestó ayer a su pregunta. Evidentemente, cuando conozca la carta, cuando llegue y la analice, tendrá una postura al respecto; pero, como es natural, no antes.

P.- Yo quería volver a la Ley de Partidos. Ustedes dicen que hay que esperar a que se produzca un supuesto en el que incurra Batasuna o el grupo que sea. Ayer el señor Zapatero hablaba, y no sólo el señor Zapatero sino desde el PSOE, que ellos esperan el máximo consenso posible a la hora de instar la ilegalización, como mínimo la que se ha conseguido para votar la Ley. Nosotros vamos más lejos, vamos a suponer que se produce el supuesto; entonces, ¿en qué foro se va a producir: dentro del Acuerdo por las Libertades? Parece que el Gobierno está como dispuesto a tirarse a la piscina, en el sentido de que parece que está la Ley, vamos adelante, vamos a por vosotros. ¿En qué foro se tendría que producir? ¿Van a ser cincuenta diputados del PP? ¿Se van a reunir? Los periodistas nos tratamos de poner en...

Sr. Cabanillas.- De adelantar los acontecimientos...

P.- Claro, es nuestro papel. ¿Cómo se va a articular, cómo se va a instar, esa ilegalización? Efectivamente, habrá que esperar a que haya un hecho que entre en los supuestos, que se puede producir en este mes de julio, o en el mes de agosto, o cuando sea. Pero ¿cómo se va a instar? ¿Se va a reunir el señor Zapatero con el señor Aznar? ¿En qué foro se va a producir esa decisión que tiene tan tomada el Gobierno de ilegalizar Batasuna?

Sr. Cabanillas.- Aunque le parezca una perogrullada, en el que se produzca, por una sencilla razón: nosotros no decimos nada o no nos tiramos a la piscina en un sentido u otro, ni tampoco tiene, en sentido estricto, nada que decir el señor Zapatero. Unos y otros los que tenemos que hacer es cumplir la Ley, y ahí está la Ley. La Ley establece unos supuestos, supuestos que se tienen que cumplir, supuestos que habrá que analizar y supuestos que generarán una actitud o una iniciativa por parte de aquellos que están legitimados para ello. Pero no podemos estar ahora especulando sobre hipótesis antes de que se produzcan en sí mismos los hechos que generan o que determinan la aplicación de la normativa. Dejémoslo sencillamente ahí.

Por eso me importa mucho subrayar que estamos hablando de una ley, de una ley que ha entrado en vigor; no de algo cuya aplicación se negocia o que hay que reunirse para establecer cuál sea o deje de ser el procedimiento. Los hay legitimados para iniciarlo sobre la base de unos supuestos y así ocurrirá.

P.- Señor Ministro, quería saber una valoración del Gobierno de la decisión judicial francesa de extraditar al señor Olano a España.

También quería saber cómo valora el Gobierno español las primeras actuaciones del Gobierno francés en estas primeras semanas con la nueva constitución del Gobierno galo.

Sr. Cabanillas.- Sería una osadía por mi parte hacer valoraciones del Gobierno francés, no ya en el contexto que nos ocupa, que es sencillamente que desde hace poco tiempo que se encuentra ejerciendo sus funciones; pero sí me gustaría subrayar que el espíritu y el grado de colaboración y de cooperación en todos aquellos temas que han estado sobre la mesa en sus relaciones con España siguen manteniéndose exactamente igual. En particular, como es natural, me gustaría también resaltar, si cabe, la lucha antiterrorista.

En segundo lugar, sabe que no valoramos lo que son decisiones judiciales; pero tampoco creo que tenga que echar la imaginación a volar para saber cuál es nuestra reacción ante la extradición del señor Olano. Si la pedimos, obviamente, creo que ya está clara cuál es nuestra posición al respecto.

Muchas gracias.