Rueda de Prensa

Sr. Cabanillas.- Muy buenos días a todos. El Consejo de Ministros ha aprobado, para su remisión a las Cortes Generales, el Proyecto de Ley de Formación Profesional y de Cualificaciones. Para darnos cuenta del contenido del mismo nos acompaña la Ministra de Educación, Cultura y Deportes, doña Pilar del Castillo.

Hoy también el Consejo ha aprobado un Acuerdo por el que se autoriza la participación de unidades aéreas de transporte y sus correspondientes apoyos con fines humanitarios, dentro de la operación denominada "Libertad Duradera", y por una cifra máxima de 190 personas, por un período de tres meses, a contar a partir de hoy. Esta operación es una de las acciones que acomete la Comunidad Internacional sobre la base de las distintas Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a través de la coalición contra el terrorismo liderada por los Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre. El Gobierno ha mostrado desde los primeros momentos su total y completo apoyo y colaboración a dichas acciones con actuaciones en los campos político, diplomático, financiero, policial, judicial y militar.

Independientemente de lo que les acabo de decir, también indicarles que hay la probabilidad de que España participe en la Fuerza Multinacional de aseguramiento de la paz que se está proyectando bajo mandato de Naciones Unidas. El Ministro de Defensa solicitaría comparecer la próxima semana, a petición propia, ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados para concretar los compromisos de capacidades militares que se están negociando hoy mismo en Londres por los integrantes de esa fuerza multinacional, llevándose, en su caso, la autorización pertinente al próximo Consejo de Ministros.

A su vez, se ha aprobado en el día de hoy la remisión a las Cortes Generales de un Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario y de un suplemento de crédito para atender el pago de obligaciones con la Organización de Naciones Unidas por operaciones de mantenimiento de la paz. El crédito, que asciende a unos 11.000 millones de pesetas, corresponde a pagos de operaciones de los dos últimos años, entre las que cabría destacar la misión en Kósovo y la misión en Sierra Leona.

En el área de Fomento se ha autorizado el contrato de las obras de plataforma de la Línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga, tramo Cártama-Los Remedios, en la provincia de Málaga. El presupuesto de licitación de este tramo, que tiene una longitud de cinco kilómetros y discurre por el municipio de Cártama, sobrepasa los 4.000 millones de pesetas y el plazo de ejecución es de veinticuatro meses.

También se han autorizado las obras del tramo Burgos-Villatoro, pertenecientes a la variante Norte de Burgos, carretera N-623, de Burgos a Santander, en los términos municipales de Burgos y Quintanilla de Vivar, en la provincia de Burgos. La longitud es de nueve kilómetros; el presupuesto, de 8.000 millones, y el plazo de ejecución, también de veinticuatro meses.

A su vez, y dentro de las competencias de Medio Ambiente, el Consejo ha autorizado inversiones de emergencia en el litoral español por más de 4.000 millones de pesetas para paliar parte de los daños producidos por los últimos temporales. Estas inversiones van destinadas a las Comunidades Autónomas de Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana y a las provincias de Málaga, Coruña y Tenerife.

Asimismo, el Consejo ha autorizado a la Jefatura Central de Tráfico a suscribir convenios de colaboración con las ocho Diputaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la realización y financiación de obras de mejora en la red de carreteras provinciales. El presupuesto total para la mejora de estas redes es de 2.400 millones de pesetas; el Gobierno invertiría 1.200 millones e idéntica cantidad aportarían las distintas Diputaciones Provinciales.

También el Consejo ha autorizado la constitución de siete Fundaciones de Investigación en otros tantos hospitales de la red del Instituto Nacional de la Salud. Se trata de seis centros en la provincia de Madrid, que son, concretamente, Ramón y Cajal, Getafe, La Princesa, La Paz, Clínico de San Carlos y Puerta de Hierro; y uno en Baleares, el denominado Son Dureta.

Como ustedes saben, el objeto de las fundaciones de investigación es gestionar programas y proyectos de investigación clínica y otras actividades conexas con el campo de la biomedicina, para contribuir a la promoción y protección de la salud de la población y al progreso y mejora del Sistema Nacional de Salud. Su objetivo es estimular, promover, facilitar, la investigación científica y la gestión del conocimiento, así como fomentar la formación del personal investigador y definir y recomendar la política de investigación del respectivo centro sanitario.

El Consejo ha aprobado un acuerdo por el que se declara el año 2002 como Año del Turismo Cultural. Se trata del comienzo de la ejecución del Plan para impulsar el turismo cultural e idiomático en España, tomado por acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Culturales para desarrollar el potencial que representa nuestro patrimonio cultural hacia niveles de creciente calidad en la oferta turística.

Varios acuerdos en el área de Trabajo y Asuntos Sociales. En primer lugar, el Consejo ha aprobado un Real Decreto que modifica la normativa reguladora de las pensiones asistenciales por ancianidad de los emigrantes españoles. Se trata de que las medidas para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones no contributivas puedan tenerse en cuenta en la base de cálculo de las pensiones asistenciales.

También se ha aprobado un Real Decreto por el que se traspasa a la Comunidad Autónoma de Cantabria la gestión realizada hasta ahora por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación. Dicho traspaso supone el de 110 puestos de trabajo y diversas cantidades presupuestarias, cuyo total supera los 1.400 millones de pesetas.

En este mismo área el Consejo ha autorizado la firma del acuerdo entre España y la República Dominicana relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales, así como su aplicación provisional. Dicho acuerdo tiene por finalidad la creación del marco jurídico bilateral para prevenir las migraciones clandestinas y la explotación laboral de los extranjeros, regulando y ordenando los flujos migratorios con respeto a los derechos humanos y a los instrumentos internacionales firmados por ambos países.

Finalmente, el Consejo ha aprobado un gasto de 660 millones de pesetas con motivo de la celebración en España de la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, convocada por Naciones Unidas y que se celebrará en Madrid del 8 al 12 de abril del año 2002. Los trabajos de la Asamblea permitirán abordar en los países en desarrollo los problemas derivados del envejecimiento y poner en marcha políticas que permitan mejorar la calidad de vida de estos grupos de población.

A su vez, el Consejo ha aprobado un Real Decreto por el que se declaran oficiales las cifras de población de los municipios españoles resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero del año 2001, según las cuales la población española --cuyo desglose por Comunidades Autónomas encontrarán ustedes en la Referencia-- en esa fecha era exactamente de 41.116.842 habitantes.

En relación con las condecoraciones, el Consejo ha aprobado un Real Decreto por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a Rosario Cayetana Fitz James-Stuart y Silva, Duquesa de Alba, en atención a los méritos y circunstancias que concurren en su persona.

Se ha concedido también la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, a título póstumo, a diez personas asesinadas en recientes atentados. Entre ellas figuran el Concejal del Partido Popular en Zumárraga, don Manuel Indiano; el Director Financiero del "Diario Vasco", don Santiago Oleaga, y el General del Ejército, don Justo Oreja.

En materia de extradiciones, se ha acordado continuar o iniciar los respectivos procedimientos de extradición de tres acusados de terrorismo actualmente detenidos en Francia. Se trata de Dolores López Resina, por varios delitos; de Juan María Olano Olano, por delito de integración en ETA; y de Carlos Íñigo Blanco, este último por formar parte integrante de la organización terrorista ETA-KAS-EKIN y, más concretamente, de la estructura conocida como Jarrai, después Haika y después Segi, siendo responsable de esa organización en Navarra. Estos términos que he utilizado son los que establece expresamente, en los fundamentos de hecho, la sentencia que sirve de base para la petición de extradición.

En el capítulo de nombramientos, se designa Embajador de España en Tanzania a don José María Castroviejo y Bolivar, y se nombra Fiscal del Tribunal Militar Central al General Auditor del Cuerpo Jurídico Militar, don Juan Manuel Zapatero Díaz.

En lo que se refiere a las actividades del Presidente del Gobierno, está participando, como ustedes saben, en las reuniones del Consejo Europeo que se desarrollan en el Palacio Real de Laeken, hasta mañana, día 15, en que regresará a Madrid después de celebrar una conferencia de prensa.

El lunes, día 17, a las diez y media de la mañana, presidirá el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular; a las doce, presidirá la presentación del sello conmemorativo de la Presidencia española de la Unión Europea, en el Museo Postal y Telegráfico; y, a las ocho de la tarde, recibirá, en el Palacio de La Moncloa, al Presidente de Kazajstán, Nursultan Nazarbaev.

El martes, día 18, a las cinco y media de la tarde, presidirá la presentación del Plan Global de la Moda, en el Palacio de La Moncloa.

El miércoles, día 19, a las cuatro de la tarde, comparecerá ante el Pleno del Congreso para informar del desarrollo del Consejo Europeo celebrado en Laerken y, posteriormente, participará en la sesión de control al Gobierno, cenando ese mismo día, en el Palacio de La Moncloa, con el Primer Ministro de Portugal, Antonio Guterres.

El jueves, día 20, a las diez, presidirá, junto con el Primer Ministro de Portugal, la Cumbre hispano-portuguesa, que se celebrará en el Palacio de La Moncloa; a la una de ese jueves, día 20 ambos comparecerán en conferencia de prensa conjunta, a la que seguirá un almuerzo.

Y presidirá el viernes 21, a las nueve y media, la reunión del Consejo de Ministros.

Por último, querría hacer una declaración institucional para reiterar el compromiso de España de solidaridad con Argentina. El Gobierno español, ante la evolución de la situación socioeconómica que vive Argentina, país con el que España tiene relaciones de amistad especialmente estrechas, quiere reiterar el permanente compromiso de solidaridad con ese país, plasmado en los últimos meses en apoyos concretos de índole política y financiera. España desea animar a todos los agentes políticos, económicos y sociales a que alcancen los acuerdos indispensables para superar los actuales momentos de tensión y para que se sienten las bases que promuevan la estabilidad política y el crecimiento económico de la nación argentina. España confía plenamente en la capacidad y voluntad del Gobierno y del pueblo argentino para trabajar conjuntamente en esos objetivos que desde España, en todo momento, seguiremos respaldando.

Sra. del Castillo.- Quería presentarles el Proyecto de Ley de Formación Profesional y de las Cualificaciones, que es un Proyecto de Ley que ha sido elaborado conjuntamente por los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y Trabajo y Asuntos Sociales.

El Proyecto de Ley obedece a varias necesidades y tiene diferentes objetivos. En cuanto a las necesidades, en primer lugar, hay que adaptar la Formación Profesional a la rápida evolución de las nuevas profesiones. Las transformaciones del mercado laboral que se han producido requieren que los Gobiernos nacionales e internacionales desarrollen acciones formativas que vayan orientadas a lograr una mejor inserción laboral de las personas.

En segundo lugar, y dentro del marco de las necesidades de esta Ley, hay que citar que la Unión Europea está reclamando acciones formativas que capaciten profesionalmente a las personas. Con el objetivo de planificar estrategias eficaces en la generación de empleo, los países miembros de la Unión Europea, en recientes Cumbre internacionales, han llegado a la conclusión de que se hace necesario diseñar acciones formativas que permitan una constante renovación y adaptación de competencias profesionales.

En tercer lugar, y dentro de las necesidades que justifican esta Ley, hay que subrayar que el sistema de Formación Profesional español no está todavía a la altura de los sistemas europeos más avanzados. Si bien algunos datos muestran una evolución positiva de la Formación Profesional en España, es preciso seguir avanzando para situar estos estudios a la altura de los más avanzados en Europa. No obstante, durante los últimos años se ha incrementado el prestigio de la Formación Profesional en la sociedad. Se ha triplicado, así, la demanda de este tipo de formación; se han incrementado también las cuotas de empleo de las recientes promociones: un 67 por 100 de titulaciones obtiene un empleo nada más terminar los estudios; ha mejorado, además, la oferta formativa y hoy se cuenta con un catálogo de títulos profesionales que alcanza la cifra de 136 y que abarca la casi totalidad de los sectores productivos.

En cuarto lugar, hay que subrayar que en España la Formación Profesional no cuenta todavía con un sistema integrado de las distintas formas en las que se desarrolla la Formación Profesional, sino que se imparte mediante tres vías, que son independientes: la Formación Profesional Inicial, la Formación Profesional Continua y la Formación Profesional Ocupacional. Se hace necesaria, por tanto, una regulación del sistema de correspondencias, convalidaciones y equivalencias entre estos tres subsistemas, incluyendo la experiencia laboral para que las personas puedan ver reconocido su esfuerzo realizado en cualquiera de las tres vías.

En quinto lugar, la evolución de la Formación Profesional en España muestra la necesidad de una normativa con rango de Ley que regule estas enseñanzas. Quiero recordar que en 1996, y fruto del diálogo social con todos los sectores, se llegó a un acuerdo de bases sobre la política de Formación Profesional; en 1997 las Comunidades Autónomas quedaron incorporadas al Consejo General de Formación Profesional; en 1998 el Consejo de Ministros aprobó el II Programa Nacional de Formación Profesional, concebido como un programa de trabajo para cinco años: 1998-2002. La Administración Central, las Administraciones autonómicas y los agentes sociales están de acuerdo en la necesidad de adoptar, con rango formal de Ley, el II Programa Nacional de Formación Profesional, adaptándolo a los contenidos propios de lo que es una Ley.

Si hemos hablado de las necesidades, el primero de los objetivos del Proyecto de Ley es configurar un sistema en el que las acciones formativas se dirijan al mercado laboral. Se trata de articular e integrar eficazmente las ofertas de formación con las necesidades del mercado de trabajo, con el fin de lograr una mayor cualificación de las personas para una mejor inserción laboral.

En segundo lugar, se establecen unos procedimientos que reconozcan y acrediten a las personas la formación que tienen y lo que saben hacer.

En tercer lugar, se busca lograr la correspondencia de las cualificaciones de nuestro país con las del resto de los países de la Unión Europea, con el fin de conseguir la homologación de las titulaciones y, consecuentemente, la movilidad de nuestros trabajadores en la Unión Europea.

En cuarto lugar de los objetivos, se trata de lograr la máxima transparencia e información sobre el mercado laboral, de manera que todos (trabajadores, empresarios, sindicatos y familias) conozcan las posibilidades de empleo, las cualificaciones que se requieren y los centros que ofrecen la formación correspondiente.

Como resultado de todo lo anterior, se conseguirá un mayor ajuste entre la oferta y la demanda de trabajo, de manera que, mediante una observación flexible y continua del sistema productivo, se capacite a las personas para hacer frente a la rápida evolución de las profesiones.

Yo les tengo que decir, por lo demás, que este Proyecto que hoy se presenta ha sido el resultado de un amplio debate, como reconoce el propio Consejo de Estado, que, por unanimidad de todos sus miembros, emitió un dictamen favorable sobre el Proyecto de Ley de Formación Profesional, reconociendo y resaltando la amplísima participación que ha seguido el Anteproyecto de Ley en su tramitación, que reconoce el alto organismo consultivo en su informe. Han sido oídas y escuchadas las Comunidades Autónomas, el Consejo General de la Formación Profesional, el Consejo Escolar del Estado, el Consejo Económico y Social, y otras instituciones relevantes en el ámbito de la Formación Profesional. Por lo que respecto al fondo, dice el Consejo de Estado que el Anteproyecto es una ambiciosa reforma del sistema de Formación Profesional en un afán de acercarla a las líneas de acción que para la creación de empleo recomienda la Unión Europea.

Yo les tengo que decir que el trabajo que hemos desarrollado ambos Ministerios, realmente, ha podido cuajar en un Proyecto de Ley que consideramos que va a tener una gran transcendencia para el futuro desarrollo de nuestra Formación Profesional. Al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte le ha correspondido durante este proceso la presidencia del Consejo General de la Formación Profesional el año pasado y en este año 2001; el año siguiente le corresponderá al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Estamos ante un Proyecto que viene a afrontar uno de los retos importantes que teníamos en materia educativa, y no solamente en materia educativa, en este caso, sino también en materia laboral.

P.- Para la Ministra Pilar del Castillo, dos cuestiones. La primera es si está prevista una dotación presupuestaria para sacar adelante este Proyecto de Ley que hoy ha presentado.

La otra está relacionada con la LOU. El Senado, se supone, no sabemos hasta ahora si han votado definitivamente ya, y aprobado la Ley, que pasará ahora al Congreso para definitivamente ser aprobada. Esta semana que entra hay también convocadas movilizaciones por parte de estudiantes. ¿Cómo se afrontan la aprobación en el Senado y las movilizaciones previstas?

Sra. del Castillo.- Por lo que se refiere a la primera de sus preguntas, la dotación presupuestaria, las previsiones de gasto para el desarrollo de estas nuevas líneas de acción, de acuerdo con este Proyecto de Ley en el momento en que se convierta en Ley, se reflejan en los programas operativos del actual Marco Comunitario de Apoyo para la Administración General del Estado a efectos de la Formación Profesional y para el período 2000-2006. Para este período hay un presupuesto en Formación Profesional Inicial de 39.154,410 millones de pesetas y, para la Formación Ocupacional y Continua, un total de, aproximadamente, 144.000 millones de pesetas. El volumen total para el período 2000-2006 es de 183.693, 270 millones de pesetas.

El Proyecto de Ley no contiene acciones que supongan la necesidad de financiación adicional, ya que dichas acciones no presentan costes añadidos a los ya establecidos. En lo que se refiere, por ejemplo, a la puesta en marcha de los centros de referencia de los que habla la Ley, como se hará mediante convenio con las Comunidades Autónomas, cuando se produjeran esos convenios, eso tendría el coste que resulte de esos acuerdos. Pero no hay ninguna acción que requiera un coste añadido a este programa de acción presupuestaria sobre la Formación Profesional de más de 183.000 millones de pesetas para el período 2000-2006.

Por lo que se refiere a la Ley de Ordenación Universitaria, en este momento yo no sé si en el Senado ha terminado la votación o no la ha terminado. Se supone que el Senado votará mayoritariamente que sí y, en cualquier caso, la semana que viene se producirá la votación final en el Congreso.

Hay convocadas, en efecto, algunas manifestaciones y yo lo único que puedo decir es lo que he venido diciendo con anterioridad: ésta es una ley que tiene como objetivo impulsar la calidad de nuestro sistema universitario, que para ello desarrolla un conjunto de medidas en distintos ámbitos y que, desde luego, nada tiene que ver con la posibilidad de que se suban las tasas, se bajen las becas, se privatice la Universidad o se reduzca la participación de los estudiantes. Es una ley para impulsar la calidad de nuestro sistema universitario.

P.- Al Ministro Portavoz quería preguntarle si en las últimas horas sabe si ha habido algún tipo de contacto entre el Partido Socialista y el Gobierno de cara al viaje del señor Zapatero el lunes a Marruecos, para que conozca el Gobierno la agenda definitiva del viaje, ya que parece que ha habido un cambio de fechas. En concreto, también saber si, por parte del Embajador de España en Marruecos, va a haber algún tipo de apoyo, de ayuda; si va a estar presente de alguna forma en el viaje, etcétera.

Sr. Cabanillas.- Usted conoce lo que ha sido nuestra posición al respecto, que la resumiría en varios puntos. En primer lugar, el Gobierno no tiene nada en contra de cualquier viaje que pueda realizar el jefe del primer partido de la oposición. Sí hemos puesto el énfasis o nos hemos mostrado, por un lado, contrarios y, por otro, sorprendidos sobre el cuándo y el cómo. Está claro que pensamos que no es el mejor momento para la realización de ese viaje y está claro también que pensamos que debería haber sido anunciado al Gobierno con antelación, precisamente por el buen fin del mismo y por la preparación que requiere un viaje de esas características.

Por último, la pregunta se mantiene, que es el por qué en el cambio de opinión. Puesto que las circunstancias que justificaron en su momento su aplazamiento por parte del señor Zapatero fueron específicamente y expresamente, como él mismo indicó, la retirada del Embajador marroquí, y esas circunstancias siguen estando presentes en estos momentos y siguen siendo una realidad importante y preocupante en las relaciones bilaterales entre los dos países, reitero nuestra pregunta: el por qué.

En cualquier caso, como es natural, sepa usted, como no podía ser de otra forma, que todos los servicios diplomáticos españoles están a disposición y colaborarán con el señor Zapatero en aquello que así él estime necesario.

P.- Yo le quería preguntar a la Ministra Pilar del Castillo qué actuaciones concretas se plantean desde el Gobierno para hacer frente a la convocatoria masiva de plazas docentes.

Sra. del Castillo.- Lo primero que a mí me gustaría decir es que, evidentemente, una convocatoria tan masiva de plazas docentes tiene unos efectos negativos sobre los intereses generales de la Universidad, en primer lugar, porque, al ser tan masiva y celebrarse, por tanto, dado que han sido convocadas ahora, bajo el sistema actual, el sistema de cinco miembros, dos de ellos nombrados por el propio Departamento; siendo éste un sistema en el que todos coinciden que ha producido efectos endogámicos y que en muchas ocasiones no han sido el mérito y la capacidad la referencia fundamental para la selección; tiene, en primer lugar, un efecto negativo sobre la calidad de la Universidad, que es uno de los objetivos de la Ley y, por tanto, contrario a los intereses generales de la Universidad. Pero, en segundo lugar, tiene también un efecto negativo que es de suma importancia, y es el que incide en los jóvenes investigadores, en nuestros becarios, que se están formando ahora mismo en España o fuera de España, en los jóvenes profesores ayudantes, que están iniciando sus tesis doctorales y que van a tener una serie de dificultades en cuanto a las posibilidades de desarrollo de su futura carrera profesional.

Fíjese usted en que solamente el Ministerio de Educación, en programas especiales de formación, de movilidad, etcétera, está invirtiendo 10.000 millones al año. Por tanto, hay un esfuerzo público en la formación de estos jóvenes, un esfuerzo que hacen las propias familias, un esfuerzo personal que hacen estos jóvenes también, y que hace la sociedad en su conjunto, porque en muchos casos hay financiación de instituciones privadas. De manera que éstas son las dos consecuencias negativas.

El Ministerio no puede hacer nada en relación a la convocatoria de las plazas, porque la convocatoria de las plazas es una competencia que tienen las Universidades en virtud de su autonomía. El Ministerio está estudiando las posibilidades que hay para que estas oposiciones se desarrollen con las máximas garantías de los principios de igualdad de oportunidades, de mérito y de capacidad. Estamos estudiando esas posibilidades. El día que tengamos una solución lo podremos plantear.

En cualquier caso, yo sigo apelando a la responsabilidad de los responsables institucionales en las Universidades; no sólo de los Rectores, sino de todos los responsables institucionales de diversos ámbitos en la Universidad, para que se reemplantee, para que haya una reconsideración de los nocivos efectos que este sistema tiene sobre los intereses generales de la Universidad, porque, en realidad, esto supone, en buena medida, una suerte de privatización de la Universidad, porque es privatizar la Universidad para intereses particulares dentro de la Universidad. Por tanto, no responde a intereses generales de la Universidad.

P.- Al Ministro Portavoz quisiera dirigirle varias preguntas. A propósito de los comentarios que ha hecho antes sobre el viaje del jefe de la oposición a Marruecos, quisiera saber si el Gobierno tiene en estos momentos algún "input", alguna idea, de que pueda haber alguna variación en la situación de retirada del Embajador marroquí en España; si tienen ustedes alguna información, alguna sospecha, algún dato.

En segundo lugar, quisiera, si es posible, saber si hoy en el Consejo de Ministros se han comentado las conversaciones de los Ministros Rajoy y Acebes con el Fiscal General americano; si puede haber alguna variación en el escenario, en principio, de no petición de extradiciones; cómo ve el Gobierno esta iniciativa a nivel europeo de declarar incompatibles los sistemas judicial americano y español, y si eso puede afectar la estrecha cooperación antiterrorista de la que los dos países, digamos, de algún modo alardean.

En tercer lugar, a riesgo de repetirnos, si, a raíz de algunas declaraciones o comentarios que ha hecho el Presidente del Gobierno esta semana en Bélgica, si algo se mueve, si el Gobierno está tomando alguna iniciativa o estudiando para proceder a una posible ilegalización de Batasuna.

Sr. Cabanillas.- En primer lugar, en lo que se refiere al retorno del Embajador marroquí, usted me pregunta si ha habido o hemos tenido algún indicio sobre un cambio de postura por parte de Marruecos. No, no la hemos tenido y reiteramos lo que es nuestra postura desde el primer momento: creemos que es fundamental su retorno cuanto antes, y cuanto antes, mejor, precisamente porque, si hay que llegar a la solución de aquello que, aunque objetivamente no haya podido ser justificado, inevitablemente caracteriza en estos momentos la relación entre los dos países, qué mejor que solucionarlo a través del diálogo y qué mejor diálogo que el que se establece a través de los cauces diplomáticos normales.

Por lo tanto, insistir, una vez más, desde aquí, si hiciera falta, en que el Gobierno está deseoso de la vuelta del Embajador marroquí, de que pudieran tener lugar las reuniones técnicas que de hecho estaban previstas para todo lo que es este mes de diciembre y también para el pronto encuentro de lo que se denomina la Reunión de Alto Nivel, que en un principio estaba prevista para finales del mes de diciembre, que se pospuso unas fechas a petición de Marruecos; pero que, en cualquier caso, debe servir, ya digo, para poner sobre la mesa y discutir sobre la mesa todo aquello que incumbe y que interesa a los dos países.

En lo que se refiere a si el Consejo de Ministros ha tratado o ha comentado en algún momento la visita del señor Ashcroft ayer a Madrid, no ha habido ninguna referencia por parte de ninguno de los Ministros a dicha visita.

Y, en lo que se refiere a la postura de España en lo relativo a extradiciones y en relación con la Unión Europea, nuevamente reiterar lo ya dicho: España, en primer lugar, es respetuosa con su propio ordenamiento jurídico: en España no hay pena de muerte, en España no hay tribunales militares. A partir de ahí, ya en la visita del Presidente del Gobierno a los Estados Unidos se dejó eso muy claro; pero, insisto, por parte norteamericana ya estaba claro. De hecho, como saben ustedes, no se ha solicitado ninguna extradición y se ha reiterado el respeto por las normas españolas.

Se sabe que existe un convenio bilateral, además, entre los dos países que permite unos cauces siempre bajo los supuestos que acabo de numerar; es decir, no cabe la extradición para delitos con referencia a los cuales se pudiera aplicar la pena de muerte a la persona en cuestión. Y eso se pone en relación también con la Unión Europea. No sólo es la postura ya manifestada por el Parlamento Europeo, sino la postura española en la medida en que, al estar cambiando todo el sistema de extradición en la Unión Europea entre los miembros de la Unión Europea, será absolutamente necesario que, cuando se llegue a ese punto común definitivo, se replanteen entonces también las relaciones con los países más allá de las fronteras de la propia Unión, en particular con los Estados Unidos.

El Gobierno de España desea que lo uno ocurra cuanto antes y entablar también esas conversaciones, ya sea en el ámbito bilateral o multilateral, con los Estados Unidos también cuanto antes.

Y no hay ninguna novedad con respecto a su reiterada pregunta sobre ilegalizaciones. Yo creo que ya conocen bien nuestra postura.

P.- Dos preguntas para el Ministro Portavoz. En primer lugar, quería saber si el Gobierno considera ajustada a derecho la fórmula utilizada por el Presidente del Parlamento vasco para que el Gobierno de Vitoria saque adelante sus presupuestos. ¿Se plantea la adopción de algún tipo de medida para garantizar la constitución legal de los presupuestos vascos?

En segundo lugar, ¿el Gobierno mantiene su tesis o su convicción respecto a la estabilidad del modelo autonómico después de las polémicas suscitadas por la imposición del traspaso sanitario y por la negativa del Gobierno a dejar tener representación en Bruselas a las autonomías?

Sr. Cabanillas.- En primer lugar, en lo que se refiere a la iniciativa del señor Atutxa, no hay ningún comentario a realizar por parte del Gobierno; pero a usted no se le oculta lo que ha sido la reacción tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Me remito, por tanto, a dicha reacción.

En lo que se refiere a la estabilidad del Estado autonómico a la que usted hace referencia, si hubo una prueba de esa estabilidad fue precisamente el acuerdo unánime al que se llegó por todos en el Consejo de Política Fiscal el 27 de julio. Ésa es la mejor prueba de estabilidad: que todas las Comunidades Autónomas estuvieron de acuerdo en un sistema de financiación autonómica; que, por otro lado, no solamente es un éxito, sino que es absolutamente necesario y que tiene unas características de futuro tan buenas para las distintas Comunidades Autónomas que parece mentira que pueda ser puesto en cuestión en algún momento.

Se habla a veces de involución autonómica. Insisto en lo mismo que le he dicho al referirme a la estabilidad: qué raro suena o qué absurdo es hablar de involución o de inestabilidad cuando todo parte de un acuerdo unánime. Todas las medidas e iniciativas que se han tomado por parte del Gobierno a partir de ese momento son sobre el presupuesto del espíritu y de la letra de esos acuerdos del 27 de julio. Por lo tanto, no es al Gobierno a quien cabe imputar ni el incumplimiento de los acuerdos, ni la puesta en peligro del sistema.

En conclusión, por tanto, reiterar desde aquí lo que es nuestra posición porque ese acuerdo de financiación es extremamente positivo para todas las partes.

Incluso usted me habla de la cuestión que se ha suscitado en distintos órdenes y en distintos contextos sobre la representación de las Comunidades Autónomas en la Unión Europea. Si usted hace referencia a las reuniones que ha habido, allí se plantea la representación en los Consejos de Ministros de la Unión Europea. Usted sabe perfectamente que eso no es posible. No es ni constitucionalmente posible, ni tendría ningún beneficio práctico.

A eso es a lo que se opone el Gobierno español precisamente por las consecuencias que traería, primero, la ilegalidad, con lo cual debería ser innecesario entrar en otro análisis; pero también, como es natural, por su propia ineficacia, máxime, que tampoco se cita muy a menudo, cuando se olvida la multitud de comités en los que sí están representadas en el contexto de la Comisión Europea las Comunidades Autónomas, que son más de 55, y que por parte de este Gobierno siempre existió una voluntad de análisis del buen funcionamiento de esos comités, de un lado, y, luego, en el contexto interno español, también el análisis y la mejora, si fuera necesario, de ese proceso de formación o de inclusión de la postura de las distintas Comunidades Autónomas en lo que es la postura del Estado español.

Como comprenderá, es la obligación del Gobierno ser el que representa esos intereses globales, que son mucho más fáciles de representar por el Gobierno que, individualmente, por una u otra de las Comunidades Autónomas.

Por tanto, yo creo que es un debate políticamente cargado y que, para empezar, no es bueno ni produce beneficio alguno para aquellos que, aparentemente, parecen estar interesados en él, que son ciertas Comunidades Autónomas.

P.- Para la Ministra de Educación. No parece que la Ley de Formación Profesional vaya a tener la misma contestación social que la LOU; pero quería saber si no teme dificultades de aplicación práctica de esta Ley en sus actuales términos, dada las críticas que han venido haciendo durante todo o buena parte del proceso, bastantes de las Comunidades Autónomas en parecidos términos a los de la LOU, de invasión o de abuso competencial por parte del Gobierno central y también de cargar el coste de las principales reformas de la Formación Profesional sobre las arcas autonómicas.

Sra. del Castillo.- En relación a lo primero, yo tengo que decir que una mayoría de las Comunidades Autónomas ha apoyado la Ley. Además, queda todo el trámite parlamentario y, por tanto, ahí se puede llegar a acuerdos más amplios ya dentro del seno del Parlamento. Además, los agentes sociales, los sindicatos y las organizaciones empresariales han participado explícitamente en el desarrollo de la Ley a través del Consejo General de Formación Profesional, donde ha habido un largo proceso de trabajo con todos estos sectores. De manera que es un Proyecto de Ley que cuenta con muchos apoyos; que no cuente con algunos apoyos... Ojalá se incorporen en el trámite parlamentario; pero, desde luego, es un Proyecto de Ley que cuenta con muchos apoyos.

En segundo lugar, yo he hecho referencia a las cuantías. Estamos hablando de más de 184.000 millones de pesetas; en el caso de la Formación Inicial, de más de 39.000 millones de pesetas. Por supuesto, el desarrollo, en lo que se refiere al sistema educativo de la Formación Profesional, es una actividad transferida como materia educativa a las Comunidades Autónomas y las Comunidades Autónomas reciben unos presupuestos para el desarrollo de sus competencias en materia de Educación que son extraordinariamente importantes.

De esta Ley no se derivan acciones que redunden en gastos nuevos, de tal manera que no hay una incorporación en ese sentido de gastos adicionales derivados de esta Ley.

P.- Le quería preguntar al Ministro Portavoz si no cree que puede ser inconstitucional la enmienda presentada por el PP en el Senado, que el Gobierno apoya, y que el lunes se vota, por la que las Comunidades Autónomas tienen que aceptar obligatoriamente los traspasos de la Sanidad el 1 de enero, so pena de quedarse fuera del modelo de financiación autonómica. Toda la oposición dice que esto contradice y vulnera los acuerdos de julio. La pregunta sería si es constitucional o no.

Una segunda cuestión. Volviendo al tema de la participación europea, teniendo en cuenta que hay modelos, como por ejemplo el alemán, donde sí hay fórmulas de participación autonómica en Europa, que ayer rechazó definitivamente el Gobierno, ¿no cree que, en este sentido, se le puede dar la razón a la oposición cuando habla de parálisis autonómica, cuando hay otros países donde síi se aceptan fórmulas de este tipo, siempre, naturalmente, que el Estado no ceda su representación, como es el caso de Alemania?

Sr. Cabanillas.- No me corresponde ni a mí ni al Gobierno determinar la constitucionalidad o no de algo. Evidentemente, si se promueve a través de manifestaciones públicas por nuestra parte o por parte de un partido político en concreto, es en el sobreentendido de que no lo es. Desde luego, yo no creo que la capacidad legislativa del Senado y las enmiendas derivadas de alguno de los Grupos Parlamentarios puedan considerarse a priori como inconstitucionales.

En segundo lugar, hablaba usted de vulnerar los acuerdos. Si hay algo, insisto, que caracterizó los acuerdos adoptados en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera fue precisamente la unanimidad. Y ya le he dicho que, tanto en lo que se refiere al principio de un sistema común de todos y que afecta a todos los recursos, como en lo que se refiere a la integración de la Sanidad, estaba en el espíritu de esos acuerdos, como así se ha manifestado en múltiples ocasiones.

Recuerde usted cómo, cuándo y en relación con qué surge el grupo de trabajo en materia de hidrocarburos, por ejemplo. La oposición es muy libre de establecer, de decir o de posicionarse en estos momentos como quiera; pero sí es cierto que, si alguien incumple esos acuerdos de julio, es precisamente, en este caso, el primer partido de la oposición.

Usted me habla de parálisis autonómica. Le insisto en las dos grandes materias que se estaban discutiendo: por un lado, estaba la posible ampliación del número de los Comités de la Comisión Europea en los que participan las Comunidades Autónomas y, por otro, estaba el estudio de las posibilidades reales de participación de las Comunidades en los Consejos de Ministros.

Cuando algo es anticonstitucional, ahí sí, puesto que la relación exterior es prerrogativa del Gobierno; cuando además choca con todo lo que es la normativa europea al respecto y, en el caso que nos ocupa, es, como estoy expresando, política de Gobierno creer que no tiene ningún sentido, incluso desde un punto de vista de ineficacia, que se produjera tal participación de las Comunidades Autónomas en el Consejo de Ministros, me parece exagerado, desproporcionado y muy injusto hablar de parálisis autonómica. Si algo ha caracterizado al Gobierno central en distintas materias, ha sido precisamente la defensa de los intereses de las Comunidades Autónomas.

Por último, y nuevamente, aquello que haya que mejorar de orden interno o a través de Comités en el contexto de la Unión Europea para que los intereses y las posturas individuales o de grupo de las Comunidades Autónomas lleguen y conformen mejor la toma de decisiones, no tenemos el más mínimo problema. En relación con ello, ni siquiera en esta cuestión de la participación de las Comunidades Autónomas creo que nadie pueda arrogarse la posibilidad de decir que es una postura común de todas ellas sino, más bien, todo lo contrario. Yo creo que no puede usted decir que todas ellas respaldan la participación de las mismas en los Consejos de Ministros, porque no es verdad.

P.- Una cuestión sobre la respuesta que ha dado a mi compañero sobre el tema de Marruecos. ¿Se puede entender que el Gobierno daría la bienvenida a la vuelta del Embajador, si volviese, justo después de la visita de Zapatero, aunque él se pudiese arrogar el éxito de esta gestión?

Sr. Cabanillas.- Le daría la bienvenida esta tarde. Si lo que queremos es que el Embajador vuelva y hemos reiterado, una y otra vez, nuestra voluntad de diálogo y de análisis de todas las cuestiones que tenemos encima de la mesa. Si es que no depende de una u otra cuestión. Sencillamente, es desde hace tiempo, y sigue siendo --y a día de hoy, si pudiera ser posible, ojalá volviera--, que vuelva el Embajador para retomar ese diálogo.

P.- Una pregunta para el Ministro Portavoz. Yo quería saber qué opinión le merecen al Gobierno las declaraciones que ha hecho el Presidente del PNV, Xavier Arzalluz, a un periódico vasco confirmando que ha pedido ayuda a Bill Clinton para que le ayude a solucionar el problema que hay en el País Vasco.

Sr. Cabanillas.- Mi primera reacción sería decirle que, para solucionar lo que nos enfrentamos en el País Vasco, antes de pedir ayuda fuera, podía poner algo de su parte.

P.- Me gustaría un comentario del Gobierno al argumento que está utilizando el PNV en las últimas días respecto a que PP y PSOE están haciendo aquello de lo que se acusaba al PNV, es decir, de utilizar indirectamente los votos de HB.

Sr. Cabanillas.- Si a lo que se refiere es a la iniciativa a la que hicimos referencia al principio de esta rueda de prensa, realmente es una manera de plantear las votaciones que no tenía lugar desde hace quince años, si no me equivoco, o quizás más tiempo.

Dar la vuelta al argumento e intentar ligarlo con posicionamientos comunes o conjuntos con Batasuna me parece, sencillamente, que no refleja la realidad. Por lo tanto, no quiero extenderme más en ello.

Insisto, no quiero o no quiere el Gobierno en estos momentos involucrarse expresamente en esta cuestión; pero me parecería que lo mínimo que se puede tener como reacción por parte del Parlamento vasco, en este caso por parte del señor Atutxa, es ser sensible a la postura manifestada por los partidos que representan prácticamente la mitad de la Cámara.

P.- Volviendo a la Ley de FP, a la Ministra le quería hacer cuatro preguntas muy concretas. La primera es si se mantiene en el texto la creación de una red nacional de Centros de Referencia; la segunda es quién finalmente va a elegir a los directores de los Centros Integrados; la tercera es quién va a realizar el catálogo de cualificaciones profesionales y si van a participar en su elaboración las Comunidades Autónomas; y la cuarta es si, tras el informe del Consejo de Estado, se ha introducido algún cambio relevante en el texto.

Sra. del Castillo.- En cuanto a si se mantiene la red de Centros de Referencia, se mantiene la red de Centros de Referencia, ya lo he dicho antes. La red de Centros de Referencia se hará sobre la base de convenios que se firmen con las Comunidades Autónomas y antes, cuando hubo una pregunta de financiación, he hecho referencia a que la financiación de esos Centros de Referencia dependerá de los convenios que se establezca con las Comunidades Autónomas.

En cuanto a lo que se refiere a los Centros Integrados, que son aquellos centros que van a poder impartir, no sólo la Formación Profesional Reglada, es decir, la que se hace por la vía de la Administración educativa, sino también la Continua y la Ocupacional, el director va a ser nombrado por la Administración central, oída la comunidad educativa del centro, evidentemente.

En lo que se refiere al catálogo de las cualificaciones, cuando se desarrolle el Real Decreto correspondiente se procurará la colaboración de las Comunidades Autónomas; pero está todavía por desarrollar.

Por último, si ha habido algún cambio relevante. No, no ha habido ningún cambio relevante puesto que el informe, como ya he dicho, del Consejo de Estado prácticamente en todos sus extremos, en cuanto al fondo y también a la forma, era muy positivo. Ha habido algunas cuestiones de matiz, pero no ha habido ningún cambio relevante.

Sr. Cabanillas.- Muchísimas gracias.