Rueda de Prensa

Sr. Cabanillas.- Muy buenos días. El Consejo ha conocido hoy un informe sobre el Anteproyecto de Ley Concursal, uno de los puntos incluidos en el Pacto de Estado de la Justicia y una de las reformas legislativas, como saben ustedes, de mayor trascendencia de esta legislatura. Este Anteproyecto afecta a quiebras y suspensiones de pagos, y supone un importante avance en la modernización y el fortalecimiento de las relaciones mercantiles. Para darnos cuenta del contenido de dicho Anteproyecto de Ley nos acompaña el Ministro de Justicia, don Ángel Acebes.

En otro orden de cosas, el Consejo ha aprobado un Real Decreto que modifica el Reglamento del Impuesto de Sociedades en lo relativo a la aplicación de los regímenes fiscales especiales contenidos en los capítulos VIII y IX del título VIII de la Ley del Impuesto de Sociedades. Las modificaciones se centran en normas de procedimiento, en especial de materia informativa, y en el desarrollo de aspectos formales, por lo que no afectan a los ingresos de la Hacienda pública. En este sentido, en cuanto al régimen especial para las entidades de tenencia de valores extranjeros, se establece un sistema de comunicación previa. Y, en lo que se refiere al régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores, se regula la forma en que debe comunicarse a la Administración tributaria la opción por dicho régimen especial.

En el área de Ciencia y Tecnología, el Consejo ha aprobado un Real Decreto por el que se establece un nuevo procedimiento de concesión de patentes nacionales, que introduce el examen previo de novedad y actividad inventiva en todos los campos de la tecnología. El nuevo sistema es el más avanzado desde el punto de vista jurídico y tecnológico, y ofrece las mayores garantías de validez al informar acerca de la calidad y novedad de la patente obtenida, tras haber superado un riguroso examen de la Oficina Española de Patentes y Marcas. De esta forma, España homologa su modelo de concesión de patentes con el utilizado en el ámbito europeo y mundial, y permitirá que la Oficina Española de Patentes y Marcas, dependiente del Ministerio, pueda ser designada administración internacional de examen por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

También el Consejo ha autorizado al Ministerio de Ciencia y Tecnología a adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros. El objetivo es posibilitar la suscripción de la addenda al Convenio de Colaboración para el desarrollo del programa "Eurofighter", con un coste de 1.250 millones de euros (más de 200.000 millones de pesetas); el Convenio con EADS-Airbus para financiar el "Airbus-A 380", con una inversión de 376 millones de euros (62.500 millones de pesetas); así como la concesión de anticipos reintegrables del programa de fomento de la investigación técnica, que suman 156 millones de euros, unos 26.000 millones de pesetas.

A propuesta del Ministerio de Defensa, el Consejo ha aprobado un acuerdo por el que se autoriza una nueva ampliación temporal de los efectivos españoles destacados en Kosovo hasta el 24 de noviembre de este mismo año, con lo que se alcanzaría un total de ocho meses en la zona de operaciones. Esta prolongación está motivada por la difícil situación, que conocen todos ustedes, en la zona; la necesidad de continuar con el esfuerzo solidario para alcanzar una estabilización en el área y los contactos que la comunidad internacional ha realizado con las partes, auspiciando, en concreto, unas elecciones cuya celebración está prevista para el próximo 17 de noviembre. Esta circunstancia hace necesaria la continuación de la actual presencia española hasta una semana después de la celebración de dichos comicios.

El Consejo también ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre del año 1999. Este importante Convenio tiene como finalidad intensificar la cooperación internacional entre los Estados para prevenir la financiación del terrorismo, así como para reprimirlo mediante el enjuiciamiento y el castigo de sus autores. En él se recogen las obligaciones de los Estados en relación con esos delitos, en los que pueden verse involucradas las jurisdicciones, de hecho, de más de uno de esos Estados.

Entre las medidas previstas se incluyen tanto las dirigidas a la tipificación y adecuada sanción de esos actos delictivos, como para la detección e incautación de los fondos destinados a su financiación. Asimismo, se prevén mecanismos para facilitar la extradición, prestación de asistencia e intercambio de información y medidas de control a través de las propias instituciones financieras.

Se han concedido, a otras tantas personas y a título póstumo, diez nuevas Grandes Cruces de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, entre las que se encuentran las otorgadas a Rafael Martínez Emperador, Magistrado del Tribunal Supremo, asesinado en febrero del año 1997 por ETA en Madrid; Luis Portero García, Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, asesinado en octubre del año 2000 por ETA en Granada, y José Francisco de Querol Lombardero, Magistrado de la Sala V de lo Militar del Tribunal Supremo, asesinado en octubre del año 2000 por ETA en Madrid.

Por último, en lo que se refiere a las actividades del Presidente del Gobierno del 7 al 14 de septiembre, hoy mismo viajará a Italia para participar mañana, sábado, en las sesiones del Foro Ambrosetti, que se desarrolla en la localidad de Cenobbio. El lunes, día 10, a las once de la mañana, presidirá en La Moncloa la I Conferencia de Embajadores españoles en el extranjero. El martes, día 11, iniciará un viaje oficial a Estonia, Lituania y Letonia, que se prolongará hasta el miércoles, día 12, en que regresará a España. El jueves, día 13, a las cinco y media de la tarde, recibirá al ex Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Y el viernes 14, a las nueve y media, presidirá la reunión del Consejo de Ministros.

Sr. Acebes.- Efectivamente, tal y como ha adelantado el Ministro Portavoz, he tenido la ocasión de realizar un informe para presentar el Anteproyecto de Ley Concursal al Consejo de Ministros. Con el acto que hoy hemos celebrado en el Consejo de Ministros y con el acuerdo de remitirle a los órganos que deben emitir preceptivamente informe, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado, a los que a partir de este momento se les dará traslado, se pone en marcha la nueva Ley Concursal.

Ésta es una iniciativa legislativa y política de una enorme importancia y de una gran trascendencia. Supone, desde luego, un nuevo impulso dentro del Pacto de Estado para la reforma de la Justicia. Baste con decirles, para darse cuenta de la importancia, de la trascendencia y de la demanda que durante tantos años ha venido produciéndose desde distintos ámbitos de la necesidad de esta reforma, que todavía para la regulación de las quiebras, de los concursos, es decir, de las empresas en dificultades, --digo "todavía"-- están en vigor algunas normas del Código de Comercio promulgado por Fernando VII en 1829.

Desde 1922 se viene solicitando y demandando la reforma de la Ley Concursal, de la quiebra de las empresas que se encuentran en dificultades. Sólo durante la democracia, desde la transición, ha habido tres intentos: 1978, 1987 y 1994, de llevar adelante esta reforma y esta modificación. Todo ello es para dar idea de la importancia, pero también de la complejidad, que tiene una reforma de estas características y que afecta, lógicamente, de manera muy importante a la sociedad, pero también a la economía de nuestro país.

Se trata de una ley que tiene 231 artículos, 39 disposiciones adicionales y finales, y va acompañada de una Ley Orgánica que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código Penal. La reforma de la Ley Orgánica es para la creación de una de las novedades más importantes de esta Ley, que es la creación de unos nuevos Juzgados de lo Mercantil, hasta ahora inexistentes en España; unos Juzgados únicos y especializados, como a continuación, más adelante, diré.

Sustituye, por tanto, a la vieja regulación de quiebras y suspensiones de pagos y lo hace por un procedimiento único, ágil y transparente.

Los objetivos que pretende esta Ley son la confianza, el mantenimiento de la empresa, el mantenimiento de los puestos de trabajo y unos procedimientos ágiles y que den seguridad, tanto a los acreedores, como a todo el que interviene en las transacciones económicas y mercantiles. Nos encontramos en una sociedad española moderna, que crece, que crea empresas, que crea puestos de trabajo y necesita los instrumentos necesarios que la doten para resolver, cuando haya una dificultad, de los instrumentos, insisto, de agilidad, pero también de seguridad y de confianza necesarios a la altura de ese proceso de modernización, de crecimiento, de creación de empleo, que necesitan nuestras empresas y nuestro tráfico mercantil.

Por tanto, ésos son los objetivos que esta Ley cumple y cumple, además, de manera pormenorizada y rigurosa, como podrá comprobarse a partir del estudio de la misma.

Como decía, se renueva por fin una legislación que data de 1829; una legislación que ha llevado a que, cuando en estos momentos una empresa atraviesa por dificultades, las consecuencias que tenga son, en primer lugar, una legislación dispersa, Juzgados que tienen competencias acerca de esas dificultades distintas, en los que hay, por una parte, los Juzgados de lo Social, los Juzgados de lo Civil, un expediente administrativo.

Esto ha llevado en muchísimos casos, como todos ustedes bien conocen, a que el fin de una empresa que comienza con una dificultad sea el cierre de la misma, la pérdida de puestos de trabajo, unos procedimientos judiciales inacabables, en los que recurso tras recurso no se ve el fin de ese procedimiento, y la liquidación de un patrimonio que, a la vez, no sólo es pérdida de la empresa, pérdida de los puestos de trabajo, imposibilidad de viabilidad de la misma, sino que también en muchísimos casos, como conocen y como han dado cuenta en tantas ocasiones, las expectativas de los acreedores quedan defraudadas porque, a través de un sistema tan confuso de privilegios como el que tiene la legislación actual, lleva a que sean muy pocos los que consigan ver satisfechos sus créditos y la mayoría defraudados en los mismos, lo cual también impide un acuerdo para la viabilidad de la empresa.

Con esta nueva legislación, para cuando una empresa pase por dificultades se instituye, primero, una legislación clara, una legislación única, con un procedimiento también único, a través de un juez de lo Mercantil, porque se crearán esos Juzgados, que absorbe todas las competencias que sobre esa empresa haya, bien sean laborales --que antes estaban en lo Juzgado de lo Social y pasarán a los Juzgados de Mercantil--, bien sean civiles, bien sean ejecuciones de cualquier deuda frente a la Administración o frente a otros. Por tanto, se trata de un juez que conocerá en exclusiva de la quiebra y en el que se acumularán todos los procedimientos que contra esa empresa existan; un juez, además, especializado y unos administradores plurales y también especializados en la materia.

Será un procedimiento ágil, con tiempos cerrados y acotados, y también un procedimiento sencillo, para que la resolución sea lo más rápida posible y orientado siempre a la realización, en primer lugar, de un convenio, es decir, de un acuerdo que satisfaga a los acreedores, pero también en equilibrio con el mantenimiento de la empresa y orientado, por tanto, al mantenimiento de los puestos de trabajo y que sólo subsidiariamente se produzca la liquidación de la misma.

Pero incluso la previsión de que, si tiene que llegar esta liquidación porque no ha sido posible un convenio para mantener la empresa, se establece que la liquidación de la misma se produzca por unidades productivas que sean susceptibles de mantenerse como unidades empresariales; es decir que, en todo caso, por tanto, se mantenga la unidad productiva y los puestos de trabajo que lleva aparejado lo mismo.

Con todo ello se trata, por tanto, de dar un instrumento de confianza, de seguridad, al tráfico económico, al tráfico mercantil, a los puestos de trabajo, y de que frente al cierre que se produce tantas veces, como estamos comprobando con la legislación actual y las consecuencias que he dicho, que a partir de la aprobación y de la entrada en vigor de esta Ley las consecuencias sean precisamente las contrarias: sean el mantenimiento y la viabilidad de la empresa, el mantenimiento de los puestos de trabajo, la satisfacción por el convenio de los acreedores de sus deudas y la confianza de todo nuestro sistema económico, que es de una enorme importancia.

A partir de este momento, sin duda, queremos que se inicie un debate importante por la trascendencia que tiene esta Ley y procuraremos que sea lo más amplio posible. Se encuadra dentro de los compromisos que el Pacto de Estado por la Justicia recogía, que era la presentación de una Ley Concursal y que, además, recogiese la creación de los Juzgados especiales de lo Mercantil, novedad en nuestro Derecho.

Hoy mismo ya hemos dado traslado de la misma al Partido Socialista, con el que estaba al tanto del desarrollo de esta Ley desde la aprobación del Pacto de Estado, y se dará traslado, insisto, al resto de los Grupos Parlamentarios para que, una vez constituida la comisión de seguimiento, también puedan hacer las aportaciones que sean necesarias y convenientes.

Tengo que decir que esta Ley es de una altísima calidad técnica, de un altísimo rigor, como no podía ser de otra manera para una Ley que aborda unos objetivos tan ambiciosos. Por ello quiero públicamente agradecer a la Comisión de Codificación el trabajo que ha realizado, sin el cual no hubiese sido posible que hoy presentásemos esta Ley que se pone en marcha y que, sin duda, como ha afirmado mucha de la doctrina y de la jurisprudencia, era la Ley más importante o, desde luego, más demandada que faltaba en el ordenamiento jurídico español y que con esta puesta en marcha vamos a darles satisfacción.

P.- Dos preguntas para el Portavoz relativas al asunto Gescartera, del que hoy ha iniciado sus trabajos la Comisión de investigación en el Parlamento. Ayer un diputado del Grupo Popular hizo acusaciones directas a un diputado del Partido Socialista. ¿Qué le parece que se hiciese esa acusación sin dar el nombre? Por otra parte, ¿el Gobierno conoce el nombre de este diputado al que se refería?

Por otra parte, en relación a las acusaciones que se lanzaron también contra el que fue ex portavoz de la Junta de Andalucía, José Nevado, cuya acusación se basaba en pertenecer a una empresa dependiente de Asesores 2000, que a su vez está acusada de ser una empresa que ha blanqueado dinero a través de Gescartera. ¿Qué le parece, en ese sentido, que Asesores 2000, esta empresa acusada, contratase con la Junta de Galicia en los últimos tiempos?

Sr. Cabanillas.- No voy a entrar en comentario alguno sobre las personas a las que usted hace referencia. Creo que aquí hay que distinguir muy claramente lo que es la función del Gobierno de lo que son las actividades y trabajos que han de realizarse en el marco parlamentario, en un contexto; en el marco de la investigación fiscal, en otro contexto; y en el marco de la investigación judicial.

Tan sólo por parte del Gobierno hacerle dos puntualizaciones. Una primera es que, como es natural, estamos especialmente satisfechos por el inicio de los trabajos de la Comisión, porque es algo que no solamente el propio Partido Popular, sino, por supuesto, el Gobierno, estaba más que interesado en ello, y por eso fueron sus proponentes. Por nuestra parte la cooperación será, sin duda, toda aquella y la máxima que nos sea posible, e insisto en los tres órdenes: no solamente a nivel parlamentario, sino a nivel judicial y fiscal.

En un segundo orden de comentarios, sí hacer un llamamiento para que el Partido Socialista reconsidere lo que ha sido la actitud que ha tenido en los últimos tiempos. Pudiera parecer o parece, en muchos casos, que a veces se trata de maniobras dilatorias; otras, que pudieran entenderse como queriendo condicionar lo que es el desarrollo mismo de la Comisión.

Hemos asistido también a descalificaciones de todo tipo, a calificaciones de hechos y personas con anterioridad al inicio mismo de los trabajos de dicha Comisión, con el contrasentido, al mismo tiempo, de reconocer que no se tiene ningún conocimiento de causa o documentación sobre los cuales basar esas descalificaciones. Hemos asistido también a actitudes, incluso impropias de algunos diputados y críticas hacia el propio señor Mardones ayer mismo, que estoy completamente seguro de que no van a obstaculizar para nada la labor que va a realizar al frente de esa Comisión. Se tacha a algunos de querer rememorar acontecimientos históricos, pero al mismo tiempo se califica este caso del mayor escándalo de la democracia. Insisto, no creo que eso sea más que un ejercicio de amnesia política de aquellos que precisamente no han querido nunca comisiones, ni las han creado, ni las están creando.

Ese cambio de actitud no es sólo para las palabras, sino también para los hechos; hechos que podrían muy bien trasladarse a mantener aquellos principios que hacen a nivel nacional en el ámbito, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En definitiva, y perdone que me haya extendido en la contestación, sólo pedirle desde aquí al Partido Socialista que no ahorre esfuerzos en su intento de ponerse a la altura ética y política del Partido Popular, porque es el nivel obligado en democracia.

P.- Al Ministro de Justicia me gustaría plantearle una cuestión que dejamos aparcada antes de las vacaciones. El jueves próximo se celebra la Apertura del Año Judicial sin que todavía se haya alcanzado un acuerdo entre los partidos políticos para llevar a cabo la renovación de las vacantes institucionales. Aunque la renovación como tal no es factible por un problema de plazos, porque tendrían que ser escuchados los candidatos en el Congreso, me gustaría saber si el Ministro ve factible que haya al menos un acuerdo político antes de esa fecha para no deslucir, si cabe, aún más el acto en sí.

Al Ministro Portavoz, algunas preguntas. En primer lugar, saber si el Gobierno aprecia una verdadera, sincera, voluntad por parte de las autoridades de Marruecos de cooperar más activamente en la lucha contra las mafias del narcotráfico y de la inmigración, tras las declaraciones de esta semana del Rey Mohamed VI y la suspensión de la visita del Secretario de Estado de Exteriores a Madrid, que estaba prevista para hoy.

También, una pregunta un poco más detallada a raíz del tema de Gescartera. Saber si el Gobierno mantiene la doctrina sobre las responsabilidades políticas que acuñó hace un año, aproximadamente, al hilo del "caso Aycart", cuando el Ministro de Trabajo presentó la dimisión por haber nombrado a un colaborador que incurrió en prácticas corruptas, y si considera que esta doctrina podría ser aplicable para quien nombró en su día al Secretario de Estado de Hacienda, dimitido por su implicación en el "caso Gescartera".

Por último, una pregunta de ámbito local. Como usted bien sabe, el Estado aporta 10.000 millones de pesetas a un proyecto, Forum 2004, que está en una grave crisis e, incluso, ha sido cuestionado por un organismo internacional. Me gustaría saber cómo ve el Gobierno la dimisión de su director y si cree que sería necesario abordar algún tipo de reformas en este proyecto.

Sr. Acebes.- Me consta la voluntad de los Grupos Parlamentarios, y fundamentalmente del Socialista y del Popular, de llegar y de alcanzar un acuerdo cuanto antes en esta materia. Ha habido algunos contactos y lo único que puedo decirle en este momento es que yo espero y deseo que cuanto antes se alcance un acuerdo.

Sr. Cabanillas.- En su referencia a Marruecos, si hay algo que este Gobierno tiene absolutamente claro, y es su voluntad y su voluntad inequívoca, además, es el de evitar a toda costa lo que puedan ser polémicas estériles. Por dos razones: en primer lugar, por la propia importancia del tema a tratar, la inmigración y la situación que se produce; y, en segundo lugar, como es natural, y sin ánimo de establecer una jerarquía entre las dos cuestiones, por el carácter privilegiado de las relaciones con Marruecos, que son unas relaciones que no solamente son de interés prioritario para España, sino que se prueba con hechos de todo tipo, con todos aquellos hechos que describen nuestra relación económica, nuestra relación financiera, nuestra relación cultural, con ese país.

En segundo lugar, estamos tratando, en el problema que usted se refiere, de un problema que es compartido; de un problema que sólo llama a algo fundamental, que es ponerse de acuerdo. Puesto que existe y lo es para las dos partes, hay que ponerse de acuerdo en aquellas medidas que hagan más sencilla la solución o la readecuación del mismo.

Desde ese punto de vista, que nadie entienda que España no quiere el mayor grado de cooperación posible, sencillamente, porque se equivocaría. Ésa es la voluntad de este Gobierno; voluntad que, además, en esa cooperación tiene que solidificarse sobre la evidencia y el reconocimiento de la misma.

Evidentemente, a nadie se le oculta el origen de esas pateras. Sabemos muy bien que existen una serie de actuaciones en las playas de Marruecos y allí hay que actuar. Que por parte marroquí se entienda que también, evidentemente, existe algún tipo de actuación a realizar en territorio español, primero, siempre se ha entendido así y, segundo, en la medida en que tengan algún tipo de información que compartir con nosotros, cuanto antes nos la proporcionen, mejor, precisamente para tomar actuaciones en ese sentido.

No hay nada fuera de ese marco que le acabo de exponer: reconocimiento de un problema, un problema que no debe derivar en debates estériles, un problema común, un problema que requiere de cooperación y que requiere de cooperación reconociendo y entendiendo los hechos, que ésos son incuestionables.

En lo que se refiere a la suspensión de la visita, no tengo ningún motivo, ni el Gobierno lo tiene tampoco, por supuesto, para entender que no ha sido por aquello por lo que ha sido anunciada: por motivos de salud. Esperemos que cuanto antes, evidentemente, se produzca el encuentro que estaba previsto.

Me habla usted de responsabilidades políticas. Creo que con insistencia han oído de este Gobierno un mensaje muy claro, muy terminante y muy transparente hacia la población española. Si hay algo que queremos es que se depuren todas las responsabilidades penales en el ámbito jurisdiccional, todas las responsabilidades políticas en el ámbito, evidentemente, político y todas aquellas, por ejemplo lo que puedan ser las responsabilidades tributarias, en el ámbito fiscal. No hay ningún impedimento, de la misma forma que también lo único que subrayamos es que, cuando hablamos de responsabilidades políticas, no son sólo las que pudiera en su caso determinarse de responsables de la Administración; las responsabilidades políticas trascienden a eso y afectan, evidentemente, a todo el ámbito político.

Por lo tanto, hay una investigación en curso, hay las iniciativas judiciales en curso y hay las iniciativas fiscales en curso. Esperemos el resultado de las mismas y el Gobierno, evidentemente, asumirá las consecuencias de todas ellas, de la misma forma que entendemos que aquellos que también tengan responsabilidades harán exactamente lo mismo.

Por último, en lo que se refiere a la dimisión a la que usted hace referencia, permítame que no haga comentario alguno; pero, como es lógico y por razón de la persona a la que usted hacía referencia, estamos seguros de que se tomarán las decisiones y los pasos para el buen fin de ese proyecto.

P.- Para el Ministro Portavoz. Sobre lo ocurrido ayer en el hemiciclo del Congreso con la aprobación de la creación de la Comisión, ¿qué opinión le merece la respuesta del portavoz del Grupo socialista hoy, por la mañana, en el sentido de que no participarán en los trabajos de la Comisión mientras el portavoz del Grupo Popular no rectifique o presente pruebas sobre lo que mencionó ayer en relación a personas del Partido Socialista?

Para el Ministro de Justicia tenía dos preguntas; una, si nos podría aclarar un poco más los instrumentos con los que esta Ley Concursal va a conseguir estos objetivos que ha mencionado y si me podría ampliar la información o, si no, después, por qué no se pudo hacer esta Ley o similares en 1978, 1987 y 1994, que son tres intentos.

Finalmente, si tiene algún comentario que hacer sobre la valoración de algunos fiscales progresistas, en el sentido de que la solvencia del Pacto de la Justicia podía sufrir una crisis por la decisión del Fiscal General sobre el fiscal Vargas.

Sr. Acebes.- Respecto a cuáles son los instrumentos, he tratado de resumirlos de la forma más esquemática y simplificada posible. Esencialmente, se trata de un juez único de lo Mercantil, especializado; ese juez conoce de todos los casos y asuntos que haya contra o en reclamación a la empresa que se encuentra en dificultades o que se encuentra en el proceso de concurso; el órgano de administración es un órgano plural y también especializado; existe un procedimiento también único, simple, con plazos reducidos, que lleva a una de dos salidas: o liquidación de la empresa o un convenio.

La Ley va orientada a primar que el fin sea el convenio y sólo subsidiariamente la liquidación. Hay un procedimiento especial, aún más abreviado, para las pequeñas y medianas empresas que atraviesen estas dificultades y va orientada esencialmente, como decía, al mantenimiento de la unidad productiva de la empresa y de los puestos de trabajo.

En cuanto a lo segundo, esto se ha resuelto en el ámbito fiscal y, además, en el ámbito de sus competencias y de su autonomía; por tanto, el Ministerio de Justicia no tiene nada que decir.

Sr. Cabanillas.- En lo que se refiere a su pregunta sobre las declaraciones del señor Caldera, según mis últimas informaciones, de hecho, la Comisión se ha constituido y se ha constituido con la participación del Partido Socialista. Por lo tanto, el señor Caldera, evidentemente, ha sido desautorizado en sus manifestaciones por su propio partido y decirle que no me extraña.

Las actitudes de abandono, como mínimo, demuestran una cierta ligereza política o una falta de madurez política. Otra cosa es lo que ya le apuntaba en mi respuesta anterior. Evidentemente, no quiero pensar que se trate de maniobras dilatorias; tampoco quiero pensar que de alguna manera se quiera condicionar el desarrollo, y el desarrollo rápido, de los trabajos de la propia Comisión de Investigación. Ya sabe usted cuál es la actitud del Gobierno: cuanto antes, cuanto más y cuanto mejor se investigue, yo creo que es en beneficio de todos. Espero que por parte del Partido Socialista se comulgue con esa posición, aunque no parezca que esté siendo así por el momento.

P.- Al Ministro Portavoz. Ya que se ha permitido dar algunos consejos al PSOE para que se ponga a la altura ética y política del Partido Popular, ¿sería capaz de hacer alguna recomendación al Partido Popular para que permita que el PSOE pueda participar en los trabajos, no en la constitución, que sí va a ir, sino en los trabajos, que es lo que ha anunciado hoy el Partido Socialista?

Por otro lado, después de la polémica de este verano sobre qué partido de los dos grandes nacionales, el PP y el PSOE, garantiza la cohesión nacional, ¿qué opinión le merecen las declaraciones del señor Maragall, que dice que el nacionalismo conservador del PP fomenta la desconfianza entre los pueblos de España y el nacionalismo de CiU ayuda a ese proyecto nacionalista español?

Sr. Cabanillas.- No sé a qué trabajos se refería. Si no hay nada que aconsejar, sencillamente, porque es precisamente a iniciativa del Partido Popular que se están poniendo las bases y todos los esfuerzos para que esos trabajos tengan el mejor y el más rápido fin. Por lo tanto, igual que desde la humildad he trasladado esos consejos al Partido Socialista, también desde la misma humildad no me encuentro ahora en la posición de poder añadir algo más en lo que ya ha sido una actitud propia del Partido Popular.

En segundo lugar, se refiere usted al debate de este verano y a esas declaraciones del señor Maragall de hoy. Si hay algo claro que ha surgido, que ha quedado patente después de ese debate, es algo que ya veníamos indicando desde hace mucho tiempo, que es la idea de un proyecto único. A veces, el hecho de no tener un proyecto, evidentemente, hace muy fácil la crítica de aquél que sí lo tiene para cubrir su propia ineficacia o su propia falta de ideas.

Nosotros sólo constatamos que sabemos qué España queremos para el futuro; pero, contra lo que ellos plantean, no es la España del Partido Popular, es la España a la que servimos, es la España de los españoles.

Me gustaría poder llegar algún día a identificar, y cuanto antes, mejor, que había una idea de conjunto en alguno de los partidos, y en particular en uno, y que quizás han sido expresión de su carácter difuso precisamente las sucesivas declaraciones del señor Maragall. No quiero recordar aquí las ideas sobre "federalismo asimétrico" que ha expuesto en repetidas ocasiones.

Yo sólo sé que tenemos que partir de ese Estado de las Autonomías, que ha sido un éxito, para construir una mejor España y que cualquier debate disgregador, que sí es generado por declaraciones de ese tipo, por bastante burdos intentos de enfrentar a unos con otros, es precisamente aquel que no contribuye para nada al futuro que creo que persiguen todos los españoles.

Nosotros estamos muy tranquilos, muy ilusionados, por un proyecto; otros todavía tienen que construirlo.

P.- Dos preguntas dirigidas al Ministro Portavoz. En primer lugar, si el Gobierno, a la luz del deterioro generalizado en la economía mundial y de algunos indicadores en la economía española, piensa modificar el cuadro macroeconómico para este año y el que viene.

En segundo lugar, si en los Presupuestos del próximo año se cumplirá o se reflejará el objetivo de superávit, o se va a sacrificar en aras de la inversión pública.

Sr. Cabanillas.- Si usted me pregunta si ha habido algún cambio en la posición del Gobierno desde antes del verano, por ejemplo, a ahora mismo, sencillamente decirle que no. Por lo tanto, no hay esa variación de las previsiones que teníamos.

Otra cosa es que es evidente que hay que constatar lo que es un proceso importante de desaceleración internacional que está teniendo impactos de distinto orden. Evidentemente, uno de ellos, por ejemplo, es el impacto que está teniendo también en las Bolsas de los distintos países. Pero también insistimos en que el caso español, aún teniendo un reflejo de lo que está siendo ese proceso en la comunidad internacional, sencillamente está teniendo un menor impacto que en otros países, equivalentes, podríamos decirlo así, del área industrializada.

Eso tiene su razón de ser en unas políticas que son las que hemos puesto en marcha y que usted conoce bien: políticas de crecimiento, de liberalización, de empleo; políticas, en definitiva, también ligadas a un nuevo marco presupuestario centrado en la idea de estabilidad y que, insisto, son las que nos hacen estar ahora mejor pertrechados para lo que es indudable, que es un período complejo de la economía internacional. Y precisamente, puesto que estamos pertrechados, creo que es la razón fundamental por la que todavía podemos estar seguros de que los objetivos que nos hemos marcado pueden cumplirse.

P.- En relación con lo ocurrido ayer en el Congreso, la creación de la Comisión de Gescartera, tenía una pregunta para el Ministro Portavoz respecto a la elección de don Luis Mardones. Se ha hecho alguna interpretación en algún medio en el sentido de que Coalición Canaria se ha visto forzada a aceptar la Presidencia de la Comisión. De hecho, el señor Mardones expresó personalmente su no voluntad de aceptarla. Yo quería que me explicara un poco cómo había sido el proceso negociador.

También, recordando que hay un pacto, el único pacto escrito que ustedes tienen firmado con algún Grupo Parlamentario es precisamente con Coalición Canaria. ¿Se da esta razón como el motivo para que haya tenido que aceptar Coalición Canaria la Presidencia?

Y recordar que el próximo martes está prevista una reunión de la mesa del pacto Coalición Canaria-Partido Popular. Me gustaría saber si va a estar presente algún miembro del Gobierno en esta reunión, tal como Coalición Canaria ha reclamado.

Luego tenía también una pregunta más específica para el Ministro de Justicia. Me gustaría saber si el Gobierno ha estudiado o piensa estudiar en un futuro el indulto al ex senador Dimas Martín, del Partido Independiente de Lanzarote.

Sr. Acebes.- Ya sabe que sobre los indultos que cada viernes van a Consejo de Ministros no nos pronunciamos nunca con antelación. Estudiaremos todos aquellos que cumplan la tramitación legal. Si la pregunta es si se estudia, tiene que haber primero una solicitud, que no sé siquiera si existe en este caso; tiene una tramitación, es decir, tiene que ir al tribunal sentenciador y al fiscal que intervino también en el procedimiento, y sólo después es cuando llega el Ministerio de Justicia con todos esos informes preceptivos y el Departamento eleva propuesta al Consejo de Ministros. Por tanto, tiene que haber toda esa tramitación para que haya un pronunciamiento en un sentido o en otro. Pero no conozco el caso por el que me pregunta.

Sr. Cabanillas.- Como comprenderá, la respuesta a su pregunta sobre el proceso de negociación tiene que dirigírsela a los propios Grupos Parlamentarios, no al Gobierno.

En segundo lugar, yo no tengo que descubrirle, y menos a usted, quién es el señor Mardones. Es un político de una larga tradición y trabajo en el marco parlamentario y que ha sido elegido, evidentemente, por sus cualificaciones personales y que yo creo que es una designación claramente positiva. ¿Que haya sido un parlamentario de Coalición Canaria? Evidentemente, no sé por qué habría que haber descartado esa posibilidad, ni entiendo... Es más, me han parecido lamentables algunas de las críticas, y la forma en las que se han vertido, sobre el señor Mardones y sobre la propia Coalición Canaria en el día de ayer.

Por lo tanto, yo creo que todos debemos concentrarnos en facilitar y no obstaculizar la labor del señor Mardones y agradecer a Coalición Canaria precisamente su disponibilidad para presidir esa Comisión.

P.- Había una pregunta más sobre la reunión de la Mesa del Pacto.

Sr. Cabanillas.- Lo ignoro. No le puedo ayudar; no tengo ninguna información al respecto.

P.- Al Ministro Portavoz. Esta mañana el Ministro de Asuntos Exteriores israelí en el Foro Ambrosetti ha hecho unas declaraciones bastante llamativas, que yo quería que usted me comentara como Portavoz del Gobierno. Ha justificado la posición de su Gobierno en contra de la presencia de observadores internacionales en el país comparando con la situación española y con el hecho de que España se negara a admitir observadores extranjeros en el territorio vasco. Yo quería saber cuál es su opinión sobre esas declaraciones, si le disgustan al Gobierno español o, simplemente, no las contempla.

En segundo lugar, abundando en el tema de Marruecos, me gustaría saber si el Gobierno español hoy, exactamente hoy, ha tomado alguna iniciativa, a lo mejor, para interesarse por la salud de este Secretario de Estado o, a lo mejor, a un nivel más alto para acelerar los trabajos de limar asperezas y procurar que la diplomacia vuelva a llevar su curso.

También quería saber qué opinión le merece el hecho de que en el país marroquí se haya prohibido la circulación del periódico "El Mundo", donde el Ministro Piqué exactamente había declarado la convivencia entre las mafias y la policía marroquí.

Del Ministro de Justicia quería saber si las dificultades que están viviendo en este momento PP y PSOE para la iniciación de los trabajos sobre Gescartera han podido influir o si ha notado si en esos contactos, que ya ha dicho que se han realizado entre partidos, han podido influir en la atmósfera de los trabajos que tiene que llevar a cabo para la renovación de los cargos institucionales.

Sr. Acebes.- Lo que he dicho es que me consta que hay voluntad de llegar y de alcanzar un acuerdo cuanto antes, supongo que con el objetivo estrictamente limitado al contenido de lo que nos ocupa, que es la renovación de las instituciones sin ninguna influencia ajena a eso. Dentro de lo que sé y me consta, hay la firme voluntad de llegar a un acuerdo cuanto antes.

Sr. Cabanillas.- En lo que se refiere a sus tres preguntas, desconozco la existencia de esa prohibición o como le quiera usted llamar, con respecto a ese diario. Por lo tanto, no comentaré al respecto.

En lo que se refiere a los contactos, efectivamente, esta mañana sí se han establecido contactos sencillamente para establecer y para fijar una nueva fecha para el encuentro que estaba previsto en el día de hoy.

Con respecto a los comentarios del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí, únicamente yo creo que hay que decir aquí que la política y lo que fue la actuación del Gobierno español en un momento dado es clara. Sobre lo que son los comentarios de política interna israelí, comprenderá usted que no vamos a hacer ninguno. Sencillamente, no voy a entrar en lo que puedan ser decisiones de política exterior israelí, evidentemente, y, en lo que se refiere al caso español, hace ya tiempo que se produjeron esas actuaciones y creo que no tiene ningún sentido en estos momentos establecer por nuestra parte ningún tipo de comparación.

P.- Para el Ministro de Justicia. Dentro de la prudencia y la cautela que siempre caracteriza al Gobierno en estas cuestiones, como en algún momento habrá que retomar las conversaciones para la renovación de las vacantes institucionales, me gustaría una valoración de si el preacuerdo, digamos, que se había alcanzado antes del verano y que finalmente no fructificó, desde el PP o desde el Gobierno se cree que ese preacuerdo es mejorable. Si se ha reflexionado sobre él, si se está dispuesto a modificar alguno de sus puntos o, al contrario, si se cree que ésa es la mejor opción posible.

Para el Ministro Portavoz. Se ha mencionado varias veces, tanto desde el partido como desde el Gobierno, la denuncia de que el PSOE utiliza o puede utilizar maniobras dilatorias de los trabajos de la Comisión de Investigación de Gescartera. Quisiera saber, teniendo en cuenta eso, si desde el PP o desde el Gobierno se considera posible o plausible que hayan acabado los trabajos de la Comisión antes del 25, 26 y 27 de enero, que es cuando está previsto celebrar el Congreso del Partido Popular.

También me gustaría saber, si es posible desde el Gobierno, alguna información sobre un eventual plan de acción conjunta de los Cuerpos de Seguridad estatales y autonómicos contra la "kale borroka". Esto se lo planteó el Presidente Aznar al Lehendakari Ibarretxe y parece ser que también surgió en la última reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista. Quisiera saber si un plan de acción conjunta de esas características requeriría la presencia de Cuerpos de Seguridad del Estado, aparte de la Ertzaintza, en el País Vasco.

También quisiera, si es posible, toda la información posible o toda la ampliación sobre la modificación del Impuesto de Sociedades.

Sr. Acebes.- Como usted bien conoce, ése es un acuerdo que está residenciado en sede parlamentaria, tal y como establece la Constitución. Tiene que ser ahí donde se produzca la elección y, por tanto, el acuerdo. Pero de lo que estoy absolutamente seguro, y desde luego lo que deseo, es de que el que se alcance esté presidido por el interés general y el interés de la Justicia.

Sólo una reflexión en cuanto a la elección de los jueces que luego van a ser vocales del Poder Judicial. Se produjo un sistema nuevo, acordado después de tantas discrepancias, como ustedes conocen, de elección de estos vocales; un sistema de elección que funcionó, que funcionó bien y que además, como digo, por prácticamente todos los participantes en el mismo ha sido valorado muy positivamente ese sistema de elección. Por tanto, ése es el que condiciona la elección que ahora van a hacer los Grupos Parlamentarios.

Es verdad que la Constitución lo que establece ahora es que debe de ser en sede parlamentaria donde se elijan entre abogados y juristas de reconocido prestigio. Eso lo establece la Constitución y tienen que ser, por tanto, los Grupos Parlamentarios los que lo decidan. Pero, en cuanto a los jueces, sólo puede ser entre los límites que ha establecido ya el sistema de elección que se puso en marcha y que funcionó.

Sr. Cabanillas.- Insisto, por parte del Gobierno sencillamente ya hace tiempo que está en marcha todo tipo de actividades para esclarecer los distintos aspectos o derivaciones de este caso. Usted conoce perfectamente que hay investigaciones en marcha de la Agencia Tributaria, en los Ministerios, entre otros, de Hacienda, Administraciones Públicas, Interior. Por lo tanto, nosotros sabemos lo que debemos hacer.

En segundo lugar, sí es verdad que da la impresión de que existe una tendencia a retardar todo aquello que, desde luego, nosotros no tenemos ningún problema en acelerar. Por nosotros, cuanto antes y cubriendo todos los extremos se termine esta investigación, mejor, y contribuiremos desde el aspecto documental, desde las personas --se han incrementado recientemente los peritos aportados por el Ministerio de Hacienda en ese sentido--, insisto, al buen y pronto fin y resolución de este caso en todas sus derivaciones.

Por lo tanto, cuando usted me pregunta: ¿por qué? Obviamente, pregúntele al Partido Socialista por qué.

En segundo lugar, si creemos que se terminará antes. Somos nosotros los que hemos, por un lado, favorecido y ha sido el Partido Popular el que ha planteado que fuera una investigación de dos y no de tres meses. Por lo tanto, evidentemente, si se cumplieran los plazos en ese sentido, se terminaría antes de la celebración de ese congreso. Fuera de eso, no encuentro qué otra relación puede usted establecer al respecto.

Por último, efectivamente, en la reunión del Presidente del Gobierno con el Lehendakari estaba esa propuesta, propuesta que después se reiteró en la reunión que tuvo el Vicepresidente y Ministro del Interior con el Consejero de Interior, y que ha estado en la base de otras reuniones que han sido, no sólo entre representantes de las autoridades vascas y del Gobierno de España, sino también, como usted bien sabe, con representantes y autoridades de Cataluña. Por lo tanto, la acción conjunta se está favoreciendo. Cualquier mejora o fórmula para profundizar en esa línea, evidentemente, nosotros somos los primeros proponentes, por creemos en ella; si no, como comprenderá usted, el Presidente no lo hubiera planteado así al Lehendakari.

En lo que se refiere a la información que usted solicita, a la salida no se preocupe que se la proporcionaremos.

P.- Una pregunta más. ¿Le consta al Gobierno que algún organismo de la Administración tenga datos que señalen a personas del PSOE como relacionadas con Gescartera como inversores o dentro de la trama?

Sr. Cabanillas.- Insisto, los tres procedimientos en curso son los que hay que seguir: hay que seguir el procedimiento judicial y dejar trabajar a los Tribunales; hay que respetar en todos los sentidos la Comisión de Investigación parlamentaria, y en lo que sí es un ámbito específico de la Administración, que es fundamentalmente el área fiscal, usted ha visto que en las últimas horas precisamente se ha dado traslado de las primeras conclusiones sobre una serie de cuentas y personas desde la Agencia Tributaria hasta los Tribunales. Por lo tanto, yo creo que ésos son los cauces y los momentos en los que deben hacerse públicas las informaciones.

No creo que sea el Gobierno, y desde luego desde esta tribuna, quien deba hacer ningún comentario al respecto.

Muchísimas gracias.