Rueda de Prensa

Sr. Piqué.- Buenas tardes. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto que modifica la prueba de acceso a la Universidad, dando mayor peso en la nota definitiva a los criterios de mérito y capacidad en el proceso de selección.

El Ministro de Educación y Cultura, don Mariano Rajoy, que hoy nos acompaña, les informará detalladamente de esta importante modificación, así como de un informe presentado al Consejo sobre el Distrito Universitario Abierto y sobre el Plan de Estabilidad del Profesorado Universitario, y de otro Real Decreto que modifica el régimen de infracciones y sanciones para la represión del dopaje en el deporte. Antes, como siempre, si me lo permiten, y de forma breve, quisiera comentarles otros temas de interés que han sido aprobados en la reunión del día de hoy.

Se ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de modificación del Código Penal en materia de delitos de terrorismo. Éste es un tema que ya tuvimos ocasión de comentar hace unas pocas semanas, en el sentido de que el Consejo aprobó la remisión de la modificación del Código Penal al Consejo General del Poder Judicial; ahora ya se ha aprobado definitivamente para su remisión a las Cortes Generales.

Ya les comenté que esta norma lo que modifica es el artículo 576 del Código Penal, que tipifica el delito de colaboración con banda armada, rebajando el mínimo de las penas previstas de cinco a tres años de prisión --porque estaba recogido de cinco a diez años, y ahora queda de tres a diez años-- y de dieciocho a nueve meses de multa, también en cuanto al período mínimo. Con esta modificación, se adapta el Código Penal a la sentencia del Tribunal Constitucional del 20 de julio del presente año, pronunciada en el recurso de amparo interpuesto por la Mesa Nacional de Herri Batasuna.

Se ha autorizado el contrato de las obras del tramo de la Autovía Cantabria-Meseta, en concreto, entre Torrelavega y Los Corrales de Buelna. Este tramo, que tiene una longitud de 12'5 kilómetros, cuenta con un presupuesto de unos 13.000 millones de pesetas.

Se ha autorizado al Ministerio de Economía y Hacienda a adquirir compromisos de gastos en materia de incentivos regionales para los años 2000 y 2001 por un importe de 40.200 millones de pesetas. Recordarán ustedes que el programa de Incentivos Regionales tiene como objetivo el desarrollo económico regional mediante la concesión de subvenciones que afectan a varios ejercicios, en función de la inversión realizada y de los puestos de trabajo creados.

Se ha aprobado la cuantía de jóvenes a incorporar al Servicio Militar durante el año 2000, que será un total de 102.214: 1.400 para la formación de cuadros de mando y 100.814 para el servicio ordinario. Este contingente supone una disminución, respecto al reemplazo anterior, de 34.755 hombres, como resultado del decrecimiento demográfico y del incremento de las prórrogas por estudios. No se ha fijado el cupo por excedentes de reemplazo, puesto que el número de bajas previsibles se ajustará al número de efectivos reales a las necesidades del planteamiento de la defensa nacional. Forman parte también de este reemplazo, fuera de la cuantía aprobada, un total de 2.445 españoles asignados a la Cruz Roja para prestar un servicio voluntario en esa institución.

Por otra parte, y también en el Ministerio de Defensa, se ha aprobado un Real Decreto que regula el régimen de enajenación de bienes muebles que no son necesarios para las Fuerzas Armadas. Y se ha autorizado la contratación de equipos de radioteléfonos PR4G, que incorporan la tecnología digital, por un importe de 3.000 millones de pesetas, entre los años 1999 y 2001.

El Gobierno también ha recibido diversos informes, entre los que me gustaría destacar un informe, que ya es habitual, por parte del Ministro de Economía y Hacienda y Vicepresidente Segundo del Gobierno, sobre la preparación en relación al denominado "Efecto 2000" en el ámbito del sistema financiero, de los mercados de valores y también en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas.

Quisiera también decir, antes de pasar al capítulo de nombramientos, que el Gobierno se ha congratulado por la aprobación ayer en el Congreso de la Ley de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, que se presentó a iniciativa del Gobierno y que ha contado con la colaboración de los Grupos Parlamentarios. Entendemos que es un paso más hacia la total y deseable igualdad entre el hombre y la mujer.

Pasando al capítulo de nombramientos, se ha nombrado Presidente del Instituto de Crédito Oficial a don José Gasset Loring; Director General de Calidad y Evaluación Ambiental, a don José Tribueros Rodrigo; se promueve al empleo de Teniente General del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra y se le nombra General Jefe de la Región Militar Pirenaica a don Rafael Valenzuela Teresa.

Ya en las actividades del Presidente del Gobierno, antes de cederle la palabra al Ministro de Educación, a última hora de esta misma mañana el Presidente ha viajado a Palma de Mallorca, donde ha recibido al Presidente de la República Argelina Democrática y Popular, Abdelaziz Buteflika, con quien almorzará en Pollença; y, a las cuatro y cuarto de la tarde inaugurará las sesiones del Foro Formentor, que se prolongarán hasta primera hora de la tarde de mañana sábado, día 23, en que regresará a Madrid.

El lunes, a las doce menos cuarto, recibirá, en La Moncloa, al Presidente de Venezuela, señor Hugo Chávez, con quien mantendrá un encuentro de trabajo y una conferencia de prensa conjunta, a las trece horas. A las cuatro de la tarde asistirá, en el Congreso de los Diputados, al Debate sobre la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que proseguirá el día 26. Ese mismo día, el martes, a las cinco de la tarde, recibirá al historiador Raymond Carr, galardonado con el Premio "Príncipe de Asturias" de Ciencias Sociales.

El miércoles, a la una, pronunciará una conferencia en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas. Y el jueves, a las ocho y cuarto de la tarde, recibirá al nuevo Secretario General de la OTAN, Lord Robertson.

El viernes, a la hora habitual, presidirá la reunión del Consejo de Ministros y, a las dos y media, participará en el Foro Europeo de Empresas Latinoamericanas, en la Bolsa de Madrid.

Sr. Rajoy.- Hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, como decía el Portavoz al principio de su intervención, el Real Decreto que regula la prueba de acceso a la Universidad y, además, yo he presentado un informe de un paquete importante de medidas, que podemos llamar universitarias en cuanto que afectan al mundo de la universidad. Y también hemos aprobado, como recordaba el Portavoz al principio de su intervención, un Real Decreto que modifica el actualmente en vigor del año 1996 sobre el dopaje. Voy a intentar resumir, de la manera más clara de que sea capaz, el contenido de estos cuatro asuntos, así como su estado actual de tramitación que, sin duda, también tiene su interés.

En primer lugar, y como he dicho, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio, ha regulado la prueba de acceso a los estudios universitarios, que se realizará por primera vez en el año 2000. Actualmente, la norma en vigor, como las personas que siguen el mundo de la Educación saben, tiene un carácter transitorio, experimental y, por tanto, precisa de una regulación definitiva, y al mismo tiempo de resolver algunos asuntos que están pendientes y modificar también algunos otros criterios. Lo hacemos hoy porque ya se están generalizando en toda España las nuevas enseñanzas de este Bachillerato y, consiguientemente, quienes estudian el Bachillerato LOGSE necesitan de una prueba que esté regulada de una manera definitiva.

Quiero señalar que sobre este asunto ya se pronunció en su día el Senado y remitió un conjunto de recomendaciones al Gobierno; recomendaciones que fueron en su día aprobadas por unanimidad de todos los Grupos. Quiero señalar también que este Real Decreto ha sido sometido a informe del Consejo Escolar del Estado, de la Conferencia Sectorial de Educación, del Consejo de Universidades y ha sido comentado con los representantes de estudiantes, de padres y con las distintas organizaciones sindicales. También, y por último, ha sido sometido al dictamen del Consejo de Estado, que no ha formulado ninguna observación de carácter esencial.

Las principales novedades de este Real Decreto que ha presentado este Gobierno, siguiendo la recomendación del Senado, tienen como objetivo realzar los criterios de mérito y capacidad para acceder a la Universidad. Para establecer el criterio de mérito y valorarlo adecuadamente se otorga más peso específico en la nota al expediente académico del alumno, a los efectos de que el trabajo de muchos años no se juegue de una manera casi total en un solo acto, como puede ser una prueba. Por eso, la nota del expediente tendrá una ponderación del 60 por 100 y la calificación de la prueba tendrá un 40 por 100, frente a la situación anterior, en la que era del 50 por 100 la nota y 50 por 100 también la prueba.

Hay que señalar también que se faculta a la comisión organizadora de las pruebas para informar a la administración educativa sobre las desviaciones significativas que pueda haber entre las notas medias de los expedientes académicos y la de la prueba de la selectividad. Al mismo tiempo, el Real Decreto faculta a las Administraciones educativas para que puedan hacer públicos los resultados de sus actuaciones; es decir, si se observa que hay un centro donde la nota media del Bachillerato es muy alta y, luego, todos esos alumnos de nota media alta al final resulta que tienen una nota muy baja en la selectividad, como he dicho antes, la Comisión Organizadora informará a la administración educativa sobre las desviaciones que sean significativas y las administraciones educativas podrán hacer públicos los resultados de sus actuaciones.

La segunda novedad importante, relacionada, como he dicho antes, con la capacidad de los alumnos, es que se ponderarán más las materias de opción vinculada a la carrera elegida por el alumno. La prueba se estructura en dos partes: una primera, sobre ejercicios de materias comunes del Bachillerato, y una segunda, relacionada con las materias propias de la titulación que el alumno pretenda cursar.

Habrá cinco vías para acceder a la Universidad: la Científico-Tecnológica, la de Salud, la de Humanidades, la de Ciencias Sociales y la de Arte. Pues bien, como he dicho antes, en las materias propias que pretenda cursar el alumno, la ponderación de esas materias será del 80 por 100, frente al 66 por 100 actual, por lo cual yo creo que tiene una lógica que el alumno demuestre mayores conocimientos de aquellas materias relacionadas con la carrera que pretende cursar.

Desde otro punto de vista, para garantizar la fiabilidad de las correcciones se establece un procedimiento de una mayor garantía: el procedimiento de la doble corrección; es decir, en el supuesto de que un alumno reclame frente a la corrección que se ha hecho de su prueba, en lugar de encargarle al mismo corrector la revisión, se encarga a un corrector distinto. Si hubiera una diferencia de tres o más puntos entre las calificaciones, hay una tercera corrección a cargo de un tribunal distinto del primero. Después podrá recurrir, lógicamente, a la comisión organizadora y en plazo al contencioso- administrativo, como ocurría hasta ahora.

Éstas son las novedades más importantes. Hay otras, sobre duración de la prueba, etcétera, que ya recoge una nota de prensa; que tienen importancia, pero menor que las que acabo de señalar.

En segundo lugar, he informado al Consejo de Ministros de que remití al Consejo de Universidades esta misma semana un proyecto de Real Decreto para hacer realidad el derecho de los estudiantes a elegir la Universidad en la que quieren iniciar o continuar sus estudios, con un doble objetivo: favorecer la movilidad de los estudiantes y que éstos puedan acceder a las enseñanzas universitarias por las que sienten vocación.

El Distrito Abierto, que se configurará cuando se apruebe este Real Decreto, va, lógicamente, en la línea de las últimas declaraciones realizadas, tanto en la Sorbona como en Bolonia, por la comunidad educativa europea y, al mismo tiempo, servirá para estimular la competencia entre las Universidades, además de facilitar la movilidad de los estudiantes.

El objetivo básico es que se haga realidad el derecho constitucional a elegir universidad, de tal suerte que los estudiantes podrán solicitar plaza en la universidad de su elección para cursar primeros ciclos de estudios universitarios, con independencia de la universidad en que hayan aprobado la Selectividad, y podrán solicitar cursar el segundo ciclo en una universidad distinta a la que cursaron el primer ciclo. Por tanto, a partir de ahora, el criterio que determina a qué universidad va una persona va a ser el de su elección y no va a primar, como hasta ahora, el criterio geográfico, sino, lisa y llanamente, el expediente académico.

Para favorecer que se pueda ejercer este derecho por parte de las personas se han creado dos nuevos tipos de becas: una de movilidad interautonómica, dotada con 10.000 millones en el Presupuesto de este año, y cuya cuantía oscilará entre 400.000 y 675.000 pesetas anuales; es decir, un estudiante que quiera estudiar en una universidad distinta de la de su Comunidad podrá hacerlo con una beca que tiene un mínimo de 400.000 pesetas y un máximo de 675.000 pesetas anuales. Y, en segundo lugar, hemos creado las llamadas becas "Séneca" que, para que ustedes me entiendan, son las becas "Erasmus", pero dentro de España, y que se aprobarán por el Gobierno el próximo mes de noviembre, una vez que finalicen los trámites habituales en el mundo educativo.

Un universitario español, con arreglo a las becas "Séneca", podrá cursar uno de los últimos cursos de diplomatura o licenciatura en una universidad distinta de la que estudie, y tendrán garantizado el pleno reconocimiento de los estudios realizados a su regreso a la universidad de origen; es decir, una persona que estudie en Santiago de Compostela puede hacer el cuarto curso de su carrera en la Universidad de Barcelona y luego puede volver en el quinto curso a Santiago, y tendrá, lógicamente, plena vigencia la puntuación que haya obtenido en Barcelona. Estas becas serán de 50.000 pesetas mensuales, más 15.000 pesetas por gastos de viaje.

Además, y en tercer lugar, las becas" Erasmus", que son las que permiten esto mismo pero en una universidad europea, es decir, que un estudiante de una universidad de Madrid vaya a estudiar a la de Bolonia un curso y le valga plenamente, incrementan su cuantía en algo más del 200 por 100 respecto a la situación anterior, lo cual creo que permitirá que más estudiantes puedan hacer un curso fuera de la universidad en la que están y en una universidad europea. Este año han 12.476 los estudiantes españoles que han hecho esto; yo espero que el año que viene sean bastantes más.

En tercer lugar, también he presentado al Consejo de Ministros el Programa de Promoción y Estabilidad del Profesorado Universitario, que he remitido al Consejo de Universidades y que espero que se apruebe mediante una enmienda en las Cortes Generales y, por tanto, entre en vigor a partir del 1 de enero del año 2000.

Como ustedes saben, el crecimiento del número de estudiantes, del número de enseñanzas, del número de Universidades y también de los profesores ha conducido a una situación de hecho caracterizada porque hay muchos profesores contratados y en condiciones de precariedad y de falta de horizonte. Éste es un tema que viene de muy lejos, en el cual el Gobierno hace un esfuerzo importante. Tengo que agradecer el apoyo y la iniciativa del Ministerio de Economía y Hacienda, sin los cuales nos hubiera sido muy difícil llevar a buen término este asunto, que pretende permitir la promoción y estabilidad de profesores universitarios.

¿Qué es lo que vamos a hacer? El Gobierno aportará 21.000 millones a lo largo de los próximos tres ejercicios presupuestarios a las Comunidades Autónomas, a los efectos de que éstas, en contacto con las Universidades, puedan, para resolver la situación de ese profesorado contratado, hacer una promoción, una estabilidad, pero a través de concursos, oposiciones regladas o pruebas de evaluación externa, que aseguren la competencia, la publicidad y el mérito. Es decir, que no se trata de hacer fijo a nadie, sino de sacar unas plazas --perdón por la expresión poco académica de "sacar", aunque creo que es entendible-- para promocionar o estabilizar a esta gente en sus puestos de trabajo.

A cambio, las Universidades tendrán que ajustarse a los criterios de Maastricht. Son las únicas instituciones que no lo hacen en el momento presente. Esto es muy importante y, por tanto, no podrán superar su endeudamiento y tendrán que ir reduciendo paulatinamente su déficit para que en el año 2002 las Universidades españolas, al igual que el resto de las instituciones públicas, decuen sus cuentas y su presupuesto a los criterios de convergencia.

Tengo que decir que éste es un tema, vuelvo a insistir, importante. Llevaba tiempo pendiente. Es la primera vez que la Administración Central, el Gobierno, va a aportar unas cantidades a competencias que son propias de las Comunidades Autónomas. La financiación de las Universidades, como ustedes saben, es competencia de las Comunidades Autónomas. El Ministerio de Educación no tiene presupuesto a estos efectos y por eso ha sido precisa la intervención del Ministerio de Economía y Hacienda, como he dicho, para poder llevar a buen término este Plan, para el cual yo espero la colaboración, no sólo de las universidades y de las organizaciones sindicales, con las que ya hemos mantenido contactos a lo largo de las últimas fechas, sino de todas las fuerzas políticas, porque creo que sería importante que así si hiciese.

Por último, en relación a la modificación del Real Decreto sobre el dopaje, al que me referí al principio, y continuando el anuncio que había hecho el Portavoz, hoy modificamos ese Real Decreto de 1996, a los efectos que voy a señalar, pero sobre una base que quiero afirmar con meridiana claridad, que es que el deporte español es un deporte limpio, en el que se hacen muchos controles. No podemos afirmar que en España haya "doping", como regla general; puede haber algún caso aislado, pero me interesa dejar muy claro lo que acabo de señalar. Pero, aún siendo esto así, que esto es lo importante, debemos hacer un esfuerzo para que la lucha contra el dopaje se lleve a cabo hasta sus últimas consecuencias.

Lo que hemos hecho, en consecuencia, es que la norma, que antes sólo afectaba, además de a deportistas, a directivos, técnicos, jueces y árbitros, se extienda también a los médicos, a los auxiliares y a todas las personas que formen parte del equipo técnico de apoyo a los deportistas. Para todos ellos, la promoción o incitación a la utilización de sustancias o métodos prohibidos y cualquier acción u omisión que pretenda impedir o dificultar la adecuada realización de los procedimientos de represión del dopaje podrá ser sancionada de la siguiente manera: con multa económica de 50.000 pesetas a un millón, con inhabilitación temporal para el desempeño de cargos federativos o privación o suspensión de licencia federativa o habilitación equivalente durante un período de seis meses a cuatro años, y con inhabilitación definitiva para el ejercicio de cargos federativos o privación de licencia federativa o habilitante equivalente en caso de reincidencia.

P.- Mis preguntas son para el Ministro Portavoz. Ahora, que ya tenemos el resultado definitivo de las elecciones catalanas sin baile de escaños, ya por fin, atribuidos, me gustaría saber cuál es la opinión del Gobierno y del panorama que se puede abrir ahora en Cataluña y lo que puede influir en la gobernabilidad del Estado.

Me gustaría saber también qué opina el Gobierno de las insinuaciones, amenazas o llámelas como quiera, del señor Jordi Pujol de que, si no puede formar Gobierno, convocaría elecciones de nuevo.

Y me gustaría que me dijera también si da crédito a lo que está diciendo Esquerra Repúblicana de Catalunya, que aseguran que hay un principio de acuerdo entre el Partido Popular y Convergència i Unió para garantizarle la gobernabilidad, en este caso, a Convergència i Unió, al señor Pujol.

Sr. Piqué.- Yo creo que los resultados de las elecciones en Cataluña, desde el punto de vista del Gobierno --otra cuestión sería una aproximación desde el punto de vista de las diferentes fuerzas políticas o de la fuerza política que da apoyo al Gobierno del Partido Popular--, son unos resultados que, en cualquier caso, permiten asegurar que la gobernabilidad del conjunto de España sigue estando plenamente garantizada --además, eso se ha reiterado estos días y no constituye ninguna novedad-- y, por lo tanto, que se van a aprobar los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000, que son unos presupuestos enormemente importantes para consolidar unos resultados de una política económica, que son francamente buenos, y, por lo tanto, que las elecciones generales se van a celebrar cuando concluya la Legislatura, en los primeros meses del año 2000. Ése es el comentario de orden general creo que más claro.

Es cierto también, y creo que eso también es una evidencia --y ya lo comentó el Presidente del Gobierno con anterioridad a las propias elecciones... En aquel momento se dijo que eso era cierto, fuera cual fuese el resultado--, que En Cataluña se abre un nuevo ciclo político que dependerá de la implementación de las estrategias de cada fuerza política; pero, en cualquier caso, parece también evidente que estamos entrando en una nueva fase.

A partir de ahora, lo que pueda suceder dependerá de los planteamientos que hagan las fuerzas políticas catalanas. Por tanto, desde el punto de vista del Gobierno, no hay nada más que añadir. Las diferentes fuerzas políticas tienen que hacer sus planteamientos y quien presumiblemente va a recibir la responsabilidad de intentar formar Gobierno, que es la fuerza política que tiene mayor representación parlamentaria, en este caso Convergència i Unió, tiene que intentar asegurar, efectivamente, esa mayoría parlamentaria suficiente como para lograr la investidura y después desarrollar un programa de Gobierno.

A partir de ahí, tiene que escoger con quien prefiere establecer esos acuerdos y en qué términos. Lo que puedan decir las diferentes fuerzas políticas no le corresponde al Gobierno comentarlo; eso corresponde a su propia soberanía y poco hay que añadir. Lo que sí me gustaría es hacer un comentario de orden ya más institucional en relación a dos temas: uno, que ha tratado usted, y otro que no me gustaría dejar de lado estos días.

El primero es que, si no recuerdo mal, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista estatutario, una vez se constituya el Parlament, hay diez días para que el candidato haga su discurso de investidura y se haga el debate de investidura. Si no recuerdo mal, en una primera votación, para salir elegido como Presidente hace falta mayoría absoluta, y eso es, por lo tanto, 68 votos. Si eso no es así en la primera votación, es posible una segunda en la que basta con la mayoría relativa.

Si no sale la mayoría relativa, creo que la Ley Electoral habla de que es posible hacer sucesivas aproximaciones, pero no está claro si es con el mismo candidato o con otros. Pero lo que sí es cierto es que, si al cabo de dos meses desde la primera votación --me parece recordar; estoy hablando de memoria-- no hay ninguna mayoría relativa, no es posible escoger un President de la Generalitat, el Parlament queda automáticamente disuelto. Por lo tanto, no es una potestad de ningún candidato el disolver el Parlament; es la Ley quien lo establece y no responde a la voluntad de una persona en concreto. Por lo tanto, desde el punto de vista institucional, me parece que es un comentario relevante.

Después hay otro comentario, ya que, afortunadamente, esperemos que se restablezca el sentido común, y es que durante unos cuantos días hemos visto con preocupación como se cuestionaban las reglas del juego. Yo creo que eso es malo y creo que es bueno que, a partir de ahí, todos hagamos una reflexión y que les demos la importancia que deben tener en democracia las formas y las reglas del juego. Las formas son parte sustancial del sistema democrático, y cuestionarlas puede llegar a resultar muy peligroso.

P.- Al Portavoz me gustaría preguntarle también, siguiendo en estos temas, qué margen cree usted que hay para relecturas del Estatut en esta próxima legislatura --o diría en las próximas, teniendo en cuenta que las generales también están a la vuelta de la esquina-- que den más poder político a Cataluña y para llevar a cabo el pacto fiscal que propone Convergència, en términos de propuesta preelectoral pero ahora ya como próximo programa de gobierno.

También me gustaría preguntarle cómo cree usted que puede inclinarse la balanza del lado de la colaboración con el Partido Popular, cuando en la legislatura pasada ha habido dificultades de entendimiento en materia lingüística, en materia de pensiones, en cuanto a las selecciones deportivas, por ejemplo, muchas cuestiones que en su momento Convergència consideró fundamentales.

Por último, ya que el otro día en la sesión de control no acabó de quedar claro, sobre el tema de Radiotelevisión Española y la posibilidad de un cambio en el sistema de elección ¿cuál sería el punto de vista del Gobierno y si estaría dispuesto a la propuesta de elección parlamentaria?

Sr. Piqué.- En relación a la primera pregunta, lo que le puede comentar es cuál es la posición del Gobierno, y la posición del Gobierno es muy clara en cuanto a que no caben relecturas de la Constitución ni reformas del Estatuto. Entendemos que el actual marco constitucional y estatutario está demostrando una gran virtualidad, está posibilitando que Cataluña disfrute del nivel de autogobierno más alto que haya tenido en toda su historia contemporánea; que, por otra parte, es un nivel de autogobierno que no tiene parangón en ningún otro lugar del mundo desarrollado, desde el punto de vista de autogobierno de una región o de una Comunidad Autónoma dentro de un Estado, y que, por otra parte, está dando muy buenos resultados; satisfactoriamente, además, para la inmensa mayoría de los ciudadanos catalanes, como así lo reflejan normalmente las encuestas.

Por consiguiente, ahí la posición del Gobierno es muy clara, muy firme y muy terminante y, por otra parte, en absoluta novedosa. Lleva diciendo eso desde el primer día.

Otra cuestión es lo que se pueda referir a la financiación de las Comunidades Autónomas y, en concreto, a la financiación de la Generalitat. Cada cinco años hay que revisar el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y, por consiguiente, es absolutamente legítimo el intentar perfeccionar y el intentar mejorar el sistema de financiación. El Gobierno ya ha mostrado su disposición a hacerlo; el Ministro de Administraciones Públicas así lo manifestó hace ya un tiempo. Hay propuestas de diferente índole, quizá una de las más conocidas corresponde a un Presidente de una Comunidad Autónoma gobernada por el Partido Popular.

Sobre esta base es evidente que habrá que debatirlo y discutirlo. Otra cuestión es que esa revisión de la financiación se intente plantear en términos de un pacto fiscal bilateral y específico para Cataluña o en términos de algo que se acerque a lo que sería el Concierto Económico. Eso el Gobierno también lo ha manifestado en muchísimas ocasiones: eso no es posible; no hay margen jurídico, ni político, ni económico, para un planteamiento de estas características.

Por tanto, una cosa es discutir la financiación y procurar perfeccionarla, y la otra es entrar en algún tipo de planteamiento que implica, en la práctica, una relectura de la Constitución o la propia relectura del Estatuto de Autonomía.

Eso yo creo que es una buena manera de aproximarme a la segunda parte de su pregunta, respecto a cómo se podría establecer una eventual colaboración entre Convergència i Unió y el Partido Popular, habida cuenta de las discrepancias existentes y que son suficientemente conocidas. El planteamiento, que es un planteamiento del Partido Popular de Cataluña pero que, desde luego, el Gobierno comparte y apoya, es que el Partido Popular, como partido que gobierna España y como partido con vocación de gobierno, nunca va a propiciar gratuitamente situaciones de ingobernabilidad y de inestabilidad, ni en Cataluña ni en cualquier otro sitio; pero siempre que, efectivamente, no se propicien actitudes aventureras o extremas que pudieran poner en cuestión lo que es el marco de convivencia que en estos momentos tienen los catalanes y que está dando grandes resultados.

Sobre esta base es evidente que cualquier cosa se puede hablar, pero que nadie crea que, desde la responsabilidad que el Partido Popular tiene de no propiciar situaciones de ingobernabilidad, ya tiene su apoyo garantizado. Esto no es así. Hay que hacer las cosas bien, hay que plantearlas con sentido común, con sensatez, con responsabilidad y, si eso es así, desde la otra parte se responderá también con responsabilidad. Pero eso es algo que, efectivamente, tienen que ir discutiendo las fuerzas políticas en Cataluña a partir de este marco general que, insisto, el Gobierno simplemente comparte.

En relación a Radiotelevisión Española y al debate del otro día en la sesión de control del Congreso de los Diputados, yo creo que ahí hay dos comentarios a hacer: uno, que este tipo de planteamientos hay que hacerlos donde corresponde, y en el Parlamento llevamos más de tres años con una subcomisión parlamentaria que ha tenido muchísimas comparecencias, muchísima documentación y muchísimos debates para discutir el modelo de Radiotelevisión Española, tanto desde el punto de vista del modelo de la organización como desde el punto de vista de la financiación.

Esta subcomisión está prácticamente ultimando unas conclusiones, entre las cuales se recoge la necesidad de modificar el Estatuto de Radiotelevisión Española y, por lo tanto, trata de la figura del Director General, trata la figura del Consejo de Administración, trata de diferentes aspectos estatutarios. Ahí es donde hay que plantear las cosas.

A lo largo de estos tres años el Partido Socialista apenas ha hecho ninguna propuesta relevante al respecto, y ahora, que estamos a punto de llegar a conclusiones, el Partido Socialista dice que abandona la subcomisión, o no quiere hacer propuestas, o tiene miedo a las conclusiones, o, en realidad, está en otra estrategia, que ahora comentaré. Porque también es verdad que otro sitio en el que se podría llegar a plantear una discusión sobre el papel y las características de la figura del Director General es el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. De nuevo, el Partido Socialista ha abandonado el Consejo de Administración de Radiotelevisión Española.

Yo llevo dos o tres semanas pidiendo, en nombre del Gobierno, que el Partido Socialista reconsidere este tipo de actuaciones, porque en las instituciones hay que estar, y hay que utilizarlas con lealtad y respetarlas. Yo creo que estamos en otra órbita. Creo que, claramente, de la actitud del Partido Socialista; del señor Almunia, el otro día; de muchísimos senadores en la sesión de control del Senado ese mismo día, por la mañana, creo que hay una clara voluntad, por parte del Partido Socialista, de desligitimar a Radiotelevisión Española y, si se me apura, de intimidar a sus profesionales.

Creo que hay que hacer de nuevo un llamamiento a la responsabilidad, porque es faltar al respeto de la dignidad profesional de las personas que trabajan y tienen responsabilidades en Radiotelevisión Española expresarse en los términos en los que estos últimos días el Partido Socialista se está expresando. Pero es que, además, probablemente, sea faltar al respeto al conjunto de los ciudadanos españoles, porque los Telediarios y los informativos de Radiotelevisión Española siguen teniendo unos niveles de audiencia, no sólo muy altos, sino en estos momentos crecientes; el grado de satisfacción y de confianza que los ciudadanos manifiestan hacia esos informativos es muy alto y, por lo tanto, entrar en ese proceso de desligitimación, curiosamente, y pocos meses antes de unas elecciones, me parece un ejercicio de irresponsabilidad.

Es que, además --y con esto acabo, y perdóneme que la respuesta sea tan larga--, para poder hacer planteamientos de este tipo hay que partir de una mínima credibilidad, y, desde luego, el Partido Socialista no la tiene, y el señor Almunia menos que nadie porque, en el momento en que el señor Almunia dé instrucciones, por ejemplo, al Presidente de la Comunidad Autónoma andaluza, un miembro del Partido Socialista, el señor Chaves, para que aplique ese sistema en Canal Sur y, por lo tanto, se vea que sus intenciones van en serio y que no son una mera apelación a la galería, nos lo podremos empezar a creer.

Yo le recuerdo una anécdota que, cuando escuchaba el otro día al señor Almunia, me vino a la cabeza. Durante la legislatura andaluza anterior, con los votos, entonces, del Partido Popular y de Izquierda Unida, se aprobó una ley en el Parlamento andaluz por la cual al Director General de Canal Sur lo nombraba el Parlamento; eso ya era casi al final de la Legislatura. Cuando vienen las elecciones andaluzas y el Partido Socialista, junto con el Partido Andalucista, configura una mayoría en el Parlamento andaluz, la primera medida que toma el señor Chaves es derogar esa ley y reservarse el derecho a nombrar él, el Gobierno andaluz, directamente al Director General de Canal Sur.

Yo creo que tantas incoherencias son difícilmente entendibles, por no hablar de que, después de trece años de Gobierno, y el señor Almunia bastantes años como Ministro... El otro día recordaba, además, que, mientras él era Ministro de Trabajo, había un Director General, el señor Calviño, era un hombre muy relevante, un hombre que se daba a conocer, que, entre otras cosas, se hizo famoso por decir públicamente que, mientras él fuera Director General de Radiotelevisión Española, haría todo lo posible para que la oposición no gobernara nunca. Y el señor Almunia era Ministro; después ha sido Ministro más tiempo; después ha sido portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Socialista; lleva tres años y medio en la oposición. Qué curioso que, a tres meses vista o a cinco meses vista de las elecciones generales, salgan ahora con una propuesta de estas características.

Mientras no descalifique actitudes anteriores, mientras los portavoces en temas de Radiotelevisión Española sean los mismos que tenían la responsabilidad de Radiotelevisión Española durante los Gobiernos socialistas, todo esto es muy difícil que nos lo tomemos en serio; muy difícil. Cuando veamos hechos de verdad, que vayan en la buena dirección; hagan planteamientos serios donde hay que hacerlos, que es en la subcomisión parlamentaria que analiza estas cosas o en el propio Consejo de Administración; cuando allí donde pueden aplicar ese modelo lo apliquen, veremos a ver. En cualquier caso, nosotros no nos vamos a dejar impresionar por algo que creemos que tiene muy poca entidad.

En estos momentos, Radiotelevisión Española, que está en un proceso muy importante de saneamiento de sus cuentas y que está mejorando enormemente su gestión, insisto en que tiene un grado de credibilidad en sus informativos que hace que no aceptemos el planteamiento que se está haciendo desde el Partido Socialista. Yo creo que no es comparable el nivel de manipulación, y hay muchísimos ejemplos, que existía en épocas anteriores con la objetividad que en estos momentos tienen los informativos de Radiotelevisión Española. El día que, cuando marque un gol --ya no puede ser Butragueño, Ministro--, que diría yo, Rivaldo, por ejemplo, y salga debajo la gaviota del Partido Popular y la expresión "Vote al Partido Popular", el día que se llegue a extremo, podríamos aceptar este tipo de planteamientos. Por hoy no le damos ninguna seriedad.

P.- Vamos a saltar de Cataluña al País Vasco. Le quería preguntar al Ministro Portavoz. El Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna iban a hacer público --creo que igual en este momento ya la han hecho pública-- una declaración sobre el Estatuto. Dicen que hay una quiebra, por parte de los sucesivos Gobiernos centrales, del Estatuto de Autonomía y propugnan, al final de esta declaración, que se decida la voluntad del pueblo vasco. En este sentido, yo le quería pedir una opinión sobre esta valoración, precisamente cuando se cumple el XX aniversario del Estatuto de Autonomía.

También quería pedirle una valoración de otra declaración que ha hecho hoy --me parece un matiz importante-- el señor Eguibar, portavoz del Partido Nacionalista Vasco, que ha dicho que el Estatuto de Autonomía no fue una negociación en términos iguales, paritaria, sino que fue una negociación impuesta por el Gobierno central de entonces. Quería pedirle en este sentido también una valoración.

Por último, hablando del proceso de paz, ustedes han dicho reiteradamente que los contactos han sido suspendidos, que no hay ninguna novedad; pero hay mucha rumorología en torno a que las cosas van mal. En este sentido, sí le quería pedir alguna opinión, porque en los entornos de HB se está diciendo que las cosas van mal. Quería pedirle una opinión sobre el proceso.

Sr. Piqué.- No he podido analizar esa declaración, pero sí conozco las líneas generales, que, además, usted ha expresado, y también he podido ver un teletipo con las declaraciones del señor Eguibar y resultan bastante asombrosas. Las dos cosas bastante asombrosas, porque yo creo que el Estatuto de Autonomía de Guernica ha tenido un gran éxito y es un instrumento eficacísimo para la prosperidad y el bienestar del País Vasco y de los ciudadanos vascos.

Antes hablábamos del nivel de autogobierno de Cataluña. Creo que todavía es menos discutible que no hay parangón en todo el mundo respecto al nivel de autogobierno que tiene el País Vasco gracias al Estatuto de Guernica, incluido algo tan esencial, y que en otras ocasiones hemos comentado en otro contexto, como el Concierto Económico, que constituye una columna vertebral del Estatuto y que es acorde también con lo que preceptúa la Constitución en cuanto a los derechos históricos del País Vasco.

A mí me parece recordar que, después de una actitud por parte del Partido Nacionalista Vasco en la discusión de la Constitución y en el referéndum de la Constitución, que efectivamente fue una actitud de abstención --no de voto en contra, de abstención--, se entró en la negociación del Estatuto de Guernica y, con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco --en aquel momento no existía Eusko Alkartasuna, entre otras cosas, porque el actual Presidente de Eusko Alkartasuna fue el primer "lehendakari" del primer Gobierno estatutario--, el Partido Nacionalista Vasco pidió el voto a favor, y lo pidió, además, con entusiasmo. Y desde entonces, sin interrupción, el Partido Nacionalista Vasco ha estado en el Gobierno y ha presidido el Gobierno vasco en los últimos veinte años.

Que ahora el propio Partido Nacionalista Vasco entre en una especie de proceso de puesta en cuestión o de deslegitimación de aquello que ellos mismos negociaron, aprobaron y apoyaron, y que después han utilizado democráticamente a través del Gobierno vasco, me parece, como mínimo, sorprendente; que lo hagan a estas alturas en el escenario que todos conocemos y que lo hagan precisamente después de la firma del Pacto de Lizarra confirma, una vez más, que, lamentablemente, el Partido Nacionalista Vasco, y en este caso también Eusko Alkartasuna, están abandonando el planteamiento que supone respetar las reglas del juego y no desbordar la legalidad y, por lo tanto, respetar y aceptar, con todas sus consecuencias, la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y están entrando en una deriva de desbordamiento de la legalidad que, desde el punto de vista del Gobierno, sin ninguna duda, constituye un profundo error.

Hacer planteamientos como los del señor Eguibar, en el sentido de que tiene que haber una correspondencia, una relación de igualdad, entre el pueblo español y el pueblo vasco, como si el pueblo vasco no formara parte del pueblo español, es algo que va, no sólo en contra del sentido común, sino que va en contra de la propia Constitución. La Constitución está para respetarla, incluso si se quisiera reformar; pero está para respetarla, y no para cuestionarla con este tipo de argumentaciones, que sitúan al Partido Nacionalista Vasco fuera del consenso que ha permitido los marcos de convivencia que han tenido gran éxito en el conjunto de España y, desde luego, en el País Vasco.

Nosotros lamentamos este tipo de pronunciamientos y lo que desearíamos es que se recuperara ese consenso en torno a las normas de convivencia básicas, a las reglas del juego, y no se siguiera en una deriva rupturista, no se siguiera a la estela de los planteamientos que están haciendo las fuerzas políticas que apoyan el mundo de la violencia, que siguen justificando la conculcación diaria de derechos elementales de los ciudadanos y que hacen planteamientos tales como defender la abstención en unas elecciones generales.

Es cierto que, en este caso, es ponerse la venda antes de la herida y, antes que tener que volver a constatar el fracaso en las urnas, el fracaso, de acuerdo con la voluntad popular, de sus propuestas, como ha sucedido ya con elecciones anteriores, intentar apuntarse el fenómeno de la abstención.

Por tanto, desde el Gobierno no le damos mayor importancia a ese fenómeno que eso; pero no dejan de preocupar esas crecientes coincidencias, en cuanto al análisis de la situación política, entre las fuerzas que han apoyado la violencia, y que siguen apoyándola --que, en cualquier caso, apoyarían si retornara; no creo que haya muchas dudas al respecto: apoyarían si retornara la violencia--, y lo que hasta ahora han sido los partidos nacionalistas democráticos vascos.

En cuanto a la marcha del proceso de paz, yo tengo que insistirle: no hay ninguna novedad. En estos últimos días yo he visto muchísimas especulaciones; las hemos desmentido, porque no tienen ninguna base. Siempre hemos dicho que, mientras ETA no tome su gran decisión, que sería convertir la tregua indefinida en una tregua definitiva, el riesgo de que la tregua se rompa es inherente a la propia naturaleza de la tregua y que, en la medida en que, desde el punto de vista político, los planteamientos que se han defendido desde la propia ETA y desde el Pacto de Lizarra van fracasando, ese riesgo existe. Lo sabemos todos, y hemos estado dispuestos a asumirlo con total coherencia y con total firmeza, como no puede ser de otra forma. Lo contrario sería entrar en un esquema de suicidio del propio sistema democrático. Por lo tanto, ahí no va a haber ninguna modificación.

El Gobierno ha mostrado su predisposición, en reiteradas ocasiones también, para volver a mantener contactos con ETA para intentar avanzar hacia el proceso de paz. Hoy yo la puedo volver a reiterar; pero no hay nada que nos permita pensar que la situación es distinta hoy de la que existía hace quince días.

P.- Ya que hemos entrado en el tema del País Vasco, querría trazar un paralelismo con el otro asunto que hemos tocado, que son las elecciones catalanas. Me gustaría saber si, después de que el señor Pujol anunciara su predilección por pactar con Esquerra Republicana, y usted dijera ayer que eso no es compatible con un pacto con el PP, el Gobierno vería asumible el mantener una alianza estable con el señor Pujol aquí, mientras él pacta en Barcelona con una fuerza que no acata el marco constitucional y aboga por reformarlo --a eso me refería con el paralelismo con el País Vasco-- y si alberga el temor de que un Gobierno monocolor en Cataluña, en la Generalitat, de alguna forma acentúe su espíritu reivindicativo y también el de CiU en futuras negociaciones.

En torno a la propuesta del nombramiento del Director de Televisión Española, me ha quedado muy claro qué opina sobre su proponente, pero no me ha quedado tan claro qué opina sobre la propuesta. Me gustaría saber qué ventajas y desventajas ve el Gobierno al hecho, en el futuro, de poder renunciar a ese nombramiento y que quede en manos del Parlamento por consenso.

Por último, me gustaría saber, habida cuenta del precedente que hubo la semana pasada, qué requisitos ha pedido el Ejecutivo al nuevo Presidente del ICO. Y si en el futuro, para futuros nombramientos de altos cargos, se va a revisar un poco sus expedientes para que no presenten ninguna mácula.

Sr. Piqué.- Con mucha brevedad, porque es un tema, respecto al primero, del posible paralelismo, que también hemos tenido ocasión de comentarlo en varias circunstancias aquí. Hay que separar lo que es la gobernabilidad de España de lo que son planteamientos políticos en Comunidades Autónomas concretas. Siempre hemos dicho que, desde el punto de vista de propiciar apoyos para la gobernabilidad de España, el Gobierno nunca iba a ser el primero que cerrara la puerta. Por lo tanto, se han mantenido y se mantienen abiertos canales de diálogo parlamentario en el Parlamento de España con el Partido Nacionalista Vasco, y eso hay que procurar, y de hecho lo estamos procurando hacer, y de hecho hasta el momento es así, hacerlo compatible con lo que es una radical discrepancia respecto a lo que debe ser la dinámica política en el País Vasco.

Ésa es una situación muy concreta y, por lo tanto, hay muchas diferencias. Salvadas todas las distancias, yo creo que es perfectamente posible que pueda haber un apoyo parlamentario en el Parlamento español para que haya un Gobierno estable y que esa fuerza política que presta su apoyo parlamentario a un Gobierno español en el Parlamento español tenga sus propias alianzas en su propio territorio.

Eso es perfectamente, en principio, compatible. Otra cosa es que eso llevara a hacer planteamientos políticos en el Parlamento español inasumibles, desde el punto de vista de la gobernabilidad de España. Eso sería ahora anticipar un escenario que en estos momentos creo que no tiene ningún sentido hacerlo. Ya se irá viendo. Que el Gobierno sea monocolor, o sea de coalición, o sea un Gobierno monocolor pero con apoyos parlamentarios externos, eso ya se irá viendo con la dinámica política de las fuerzas políticas catalanas. Si eso redunda o no en una mayor o menor radicalización, ya se verá. Yo no quisiera anticipar ahora escenarios en ese terreno.

En cuanto a la propuesta de Radiotelevisión, el Gobierno desde el primer día se ha mostrado abierto a reformar Radiotelevisión Española y a cambiar el modelo. Así lo expresaba en su programa electoral, así lo expresó en el propio discurso de investidura el Presidente del Gobierno y así está recogido en muchas de las propuestas que el propio Grupo Popular ha hecho en el ámbito de la Subcomisión del Estatuto de Radiotelevisión Española y que, efectivamente, lo que buscan es, si se quiere, una objetivación en el nombramiento del Director General; incluso se habla de una figura distinta, como pueda ser la del Presidente del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, y que tenga asegurada su continuidad.

Otra cuestión es si la solución está en que se elija por el Parlamento o no, porque es evidente que el Parlamento configura también unas mayorías parlamentarias. Si se establece el nombramiento desde una mayoría parlamentaria, no creo que la situación, en términos reales, sea muy distinta a que si el nombramiento lo efectúa el Gobierno. Habría que buscar un sistema, en todo caso, de mayorías cualificadas, porque no creo que se pretenda que al Director General de Radiotelevisión Española lo nombre la oposición. Tendríamos que ir viendo, pero eso hay que plantearlo en el terreno de las propuestas concretas y serias, que es lo que se ha hecho, y lo han hecho los Grupos Parlamentarios, y no el Gobierno, que está a resultas de las conclusiones de la subcomisión.

Otra cuestión es que, a las alturas de legislatura que estamos, lo sensato, lo razonable y lo lógico es que esas conclusiones se recojan en los respectivos programas electorales de las fuerzas políticas que las compartan y el partido que gane las próximas elecciones, efectivamente, lo aplique.

En cuanto a lo otro, no es que haya requisitos o no requisitos. En el caso del nombramiento del anterior Presidente del ICO se dio a conocer una circunstancia con posterioridad a dicho nombramiento, que hizo que esa persona considerara que, para poder trabajar en la defensa de su honorabilidad personal, prefería dimitir. Se le aceptó la dimisión y ahora se ha nombrado a un nuevo Presidente que, por su curriculum y por su experiencia --es una persona de propio Instituto de Crédito Oficial y que tiene, además, otras experiencias profesionales muy relevantes--, considera el Gobierno que puede ser la persona más idónea. Pero no hay ningún tratamiento específico ni nada que nos invite a pensar que debamos cambiar el sistema de nombramiento de los altos cargos.

P.- Quería preguntarle en relación al hecho de que el Gobierno ha recurrido ante el Tribunal de Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la decisión de la Comisión Europea de tratar el asunto de los CTCs españoles como ayudas públicas encubiertas. En su momento, cuando tomó esa decisión, o así lo consideró la Comisión Europea, usted mismo consideró que era un mero trámite en todo lo que era el expediente o el procedimiento que estaba llevando a cabo la Comisión Europea. ¿Cómo es posible que un mero trámite le haya llevado al Gobierno a decidir una medida tan importante, como es recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea?

Luego, por otra parte, también preguntar por qué razón no se ha hecho público esta decisión, que se tomó, al parecer, el pasado 29 de septiembre. Un hecho también que es relevante y de interés público.

Sr. Piqué.- La importancia de una cosa no viene dada por la importancia que le quiera dar un determinado medio de comunicación. Eso no tiene más importancia que hacer un planteamiento jurídico. Si cada vez que un ministerio o un organismo público presenta un recurso ante un tribunal se le concediera --qué se yo, pongo por caso; no me malinterprete-- media página de la primera página de un periódico, fíjese usted lo que sucedería.

El recurso es un recurso que, efectivamente, lo que pretende es defender una posición de principio, que ha mantenido el Gobierno español y que es perfectamente compatible con las negociaciones que se están llevando a cabo sobre este tema. Tal y como se están desarrollando, mi impresión es que van a acabar positivamente y no hay que darle mayor relevancia.

P.- Quisiera dirigir, de entrada, una pregunta a los dos Ministros. Me gustaría que me valoraran los dos, como miembros del Gobierno, el resultado de las elecciones catalanas desde el punto de vista de las perspectivas del Gobierno del PP. Quiero decir si de algún modo consideran que el aumento del voto socialista en Cataluña indica... ¿Qué conclusiones sacan de la percepción de la gestión del Gobierno del PP y qué expectativas abre eso de cara a las elecciones generales?

Concretamente al señor Piqué, quisiera formularle una segunda pregunta. Ayer el Presidente del PP de Cataluña, el señor Alberto Fernández Díaz, pidió públicamente al señor Pujol que no le puentee, que no le hiciera el puente ni le hiciera trampas, hablando, digamos, directamente con José María Aznar. Teniendo en cuenta que las relaciones políticas entre PP y CiU, de algún modo, parece que ahora mismo rebasan claramente el ámbito estrictamente catalán, quisiera preguntarle a usted, como Portavoz del Gobierno, qué es lo que significa: si en lo sucesivo, para que el señor Pujol hable con el señor Aznar, habrá que contar con el consentimiento del señor Fernández Díaz; si no habrá ningún contacto hasta que el señor Pujol y el señor Fernández Díaz hayan acabado de hablar... Si nos podría aclarar este punto.

Sr. Piqué.- Yo creo que es un profundo error considerar a las elecciones catalanas como una especie de primarias de lo que pueda ser después el comportamiento electoral a nivel de toda España. Estas elecciones, además, han tenido una serie de especificidades que hemos tenido muchas ocasiones de comentar: desde el hecho de que llevamos diecinueve años de un mismo Gobierno; el hecho de que se haya producido una fuerte bipolarización por las personalidades de las dos fuerzas políticas más votadas, yo creo que sacar conclusiones en términos de lo que después pueda ser el comportamiento del electorado en las elecciones generales, insisto, es un error y quien saque conclusiones a partir de esos resultados en ese terreno creo, sinceramente, que se equivoca y que planteará mal su propia estrategia de cara a las generales.

En cuanto a lo segundo, me parece algo muy legítimo y muy lógico. La política catalana la tienen que tratar las fuerzas políticas catalanes, y eso significa que todo lo que suponga apoyar la gobernabilidad o propiciarla en Cataluña, o todo lo que signifique ver las condiciones que pudieran posibilitar una investidura, o lo que se pudiera desarrollar más adelante en Cataluña, corresponde estrictamente a las fuerzas políticas catalanas y, en particular, a sus máximos responsables. Por lo tanto, todo lo que haya que hablar de política catalana entre Convergència i Unió y el Partido Popular tiene que ser algo a hablar entre los responsables máximos de Convergència i Unió y los responsables máximos del Partido Popular en Cataluña.

Eso, como es natural, va a ir en paralelo con el contacto político permanente que existe entre el Partido Popular y Convergència i Unió para la gobernabilidad del conjunto de España. Y eso tiene, como es natural y lógico, otros interlocutores, como así ha venido sucediendo hasta ahora. Pero yo creo que son perfectamente separables un proceso y otro.

P.- Me gustaría saber si el Ministerio de Industria y Energía ha elaborado recientemente un informe sobre la situación de la distribución y precios de los carburantes en España. Si se ha visto en el Consejo de Ministros y cuáles son sus conclusiones.

Sr. Piqué.- El Ministerio de Industria y Energía elabora informes sobre la evolución de los precios de los carburantes todos los meses y los hace públicos a través de una rueda de prensa, a la que le invito, naturalmente. Normalmente, sobre todo cuando hay algo, digamos, especialmente interesante o relevante para comentar, yo suelo también hacer ese informe ante la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Pero no son temas que se traten en el Consejo de Ministros.

P.- Ministro, yo quería saber la opinión del Gobierno sobre esa ralentización en la ponencia sobre la Ley de Extranjería, que ayer denunciaron tanto Izquierda Unida como los socios del Gobierno, como Convergència, que ha enviado una carta al Presidente del Congreso, porque parece ser que no quedan fechas ya para poder aprobar esta normativa en lo que queda de legislatura. Quería saber cuál es la opinión del Gobierno y si hay voluntad del Gobierno de impulsar la aprobación de esta ley.

Sr. Piqué.- Yo he visto también este tipo de informaciones, y lo que le tengo que decir es que, desde el punto de vista del Gobierno, estamos enormemente interesados en que esta ley se apruebe en esta legislatura, y animamos a los Grupos Parlamentarios, a todos, a que, efectivamente, eso pueda ser posible.

P.- Ministro, el Consejo ha fijado, digamos, las plantillas del Servicio Militar, y las cifras reales dependen todavía un poco del planeamiento de la Defensa. Me gustaría saber si ese proceso abierto, que todavía queda por fijar, podría desembocar ese planeamiento en un adelanto del final del Servicio Militar.

Me gustaría hacerle una segunda pregunta. Ayer, en la presentación de su libro autobiográfico, el coronel Juan Alberto Perote dijo que él se enteró de que ETA iba a declarar una tregua dos meses antes de que esa tregua se declarase, insinuando que el Gobierno también tenía esta información. Me gustaría saber con qué antelación se enteró el Gobierno, si es que no se enteró por la prensa. Sé que es una pregunta muy indiscreta. Y si en la actualidad ETA está infiltrada y a qué niveles.

Sr. Piqué.- Respecto a lo primero, el Gobierno ha hecho un planteamiento de profesionalización de las Fuerzas Armadas, que es conocido y que tiene que conjugar dos principios. El primero es la voluntad de que esa profesionalización se haga lo antes posible y, por lo tanto, el calendario es un calendario de máximos, pero en estos momentos tiene, insisto, que hacerse compatible con otro principio, y es que durante el período transitorio, en el que se van incrementando el número de efectivos profesionales y al mismo tiempo se van disminuyendo las levas de proscripción, las levas obligatorias, en ningún momento se ven afectados los intereses de la defensa nacional.

Eso es lo que pretenden esas cifras que, efectivamente, les hemos presentado hoy. No son unas cifras en el sentido de que van a ser exactamente así, sino que, en función de las circunstancias, se pueden modificar con el objetivo, si se puede, de que la profesionalización de las Fuerzas Armadas se anticipe; aunque sea sólo unos meses, que se anticipe a la fecha incialmente prevista. Pero en estos momentos no le puedo concretar más ni le puedo anticipar que esa anticipación eventual se vaya a producir. De momento, habrá que ir viendo cómo se desarrollan las cosas.

Respecto a lo segundo, yo lo que le tengo que decir es que el Gobierno tiene constancia de que ETA declara una tregua cuando ETA, efectivamente, lo da a conocer. Otra cosa es que pudiera haber suposiciones, o pudiera haber informaciones, o pudiera haber especulaciones; pero el conocimiento oficial de la tregua es cuando ETA, efectivamente, de manera oficial, lo plantea. De la misma manera que ahora también hay especulaciones en el sentido contrario, y creo que nosotros no debemos alimentarlas. Si en algún momento ETA rompe la tregua, lo dirá y en ese momento es cuando, efectivamente, habrá constancia de esto, con independencia de que el señor Perote puede decir lo que quiera. La libertad de expresión está garantizada en nuestro país. Puede decir lo que quiera.

Respecto a la otra pregunta, como comprenderá, no procede responder.

P.- ¿Mantiene el Gobierno que en los últimos días no ha recibido ninguna información, por vía indirecta, en la que se le advierte sobre el malestar extremo que existe en el seno de la organización terrorista en relación a la marcha de la tregua?

Sr. Piqué.- Sí, sí. El Gobierno mantiene que no ha recibido ninguna noticia respecto a una posible ruptura de la tregua. Yo le que le puedo decir es que el sentido común me lleva a pensar que a ETA no le debe estar gustando cómo van las cosas desde el punto de vista político; pero eso me lo dice mi sentido común, y nada más.

P.- Insisto en la pregunta que le ha hecho mi compañero, al respecto de las ayudas a las eléctricas. Nada más precisarle o decirle si no piensa que puede ser un problema en este momento entrar en dos vías: una de negociación y otra yendo al Tribunal de Justicia, cuando usted mismo ha dicho recientemente que la negociación estaba perfectamente abierta. Si esto no va a ser contraproducente.

Sr. Piqué.- No, porque yo creo que todas las partes entienden que determinadas cuestiones de principio puedan ser resueltas desde el punto de vista jurídico, y eso es compatible con una negociación que, insisto, va bien.

Hoy he leido una cosa curiosa de un preclaro personaje del Partido Socialista, que decía: "el Gobierno presenta un recurso porque no se fía de la capacidad de negociación del Ministerio de Industria"; lo personalizaba más. No deja de ser curioso... Es que el que presenta el recurso es el mismo que está negociando; o sea, dicho de otra manera, ese señor estaba diciendo que, como yo no me fio de mí mismo, por eso presento un recurso. No deja de ser peculiar.

P.- Yo quería hacerle dos preguntas al señor Rajoy. Primera, ¿qué le parece la objeción que hacen los rectores de que el 60/40 por 100 es una amenaza al rendimiento de los alumnos en la Universidad y que puede generar fracaso universitario?

La siguiente es si el haber hecho que la doble corrección sea por petición expresa es una concesión a los rectores.

Sr. Rajoy.- 60-40, más que una amenaza, lo que me parece es un estímulo porque, al ponderar más la nota del Bachillerato, lógicamente la gente se esforzará más. Por tanto, me parece que no es una amenaza sino un estímulo.

En cuanto a la segunda pregunta, si me parece o no una concesión, no es una concesión; es simplemente que, como resultado del proceso de reflexión que nosotros hemos puesto en marcha, esa idea, que concretamente la ha planteado el Consejo de Universidades, nos ha parecido buena.

Piense usted una cosa, porque, al final, las cosas suceden como suceden. El Gobierno tiene una iniciativa y esa iniciativa, como usted sabe, hay que someterla a la opinión y al criterio de sindicatos de estudiantes, que son cuatro; sindicatos de no estudiantes, que son seis o siete; Conferencia Sectorial de Educación, Consejo Escolar del Estado, Consejo de Universidades, Consejo de Estado y asociaciones de padres. Entonces, oimos a todos, como es natural; pero, al final, alguien tiene que tomar una decisión que, como es perfectamente entendible y lógico, y no podría ser de otra forma, es el Gobierno.

Yo no interpreto ninguna de las decisiones que adopto en clave de si le pueden gustar a uno más o menos, o si le he concedido algo a unos o a otros. A mí el planteamiento de la doble corrección, al final, me pareció bien, porque que se corrijan decenas de miles de exámenes y haya que hacer otra corrección de decenas de miles de exámenes porque sí, creo que, al final, el que dijo eso tenía razón, así como en el otro tema creo que no tenía razón.

Pero no se trata de hacer tanto un juego de compensaciones como de oir a toda la comunidad educativa y, al final, poder formar mejor criterio, que es lo que se pretende.

Ahora, las unanimidades son imposibles; es decir, hay muchos sectores del Consejo Escolar del Estado que están a favor del 60-40, otros plantearon otras cosas. Pero las unanimidades en un asunto de estas características no es posible conseguirlas y, al final, el Gobierno toma la decisión, la que cree que es mejor. Naturalmente, el Gobierno, como todo el mundo, se puede equivocar.

Sobre los distintos temas que hay aquí hay opiniones distintas y, en algunas ocasiones, incluso contrapuestas de todos los que opinan. Yo creo que, al final, hemos hecho una cosa que a nosotros nos parece la mejor; pero será, lógicamente, la opinión pública la que tenga que juzgar.