Rueda de Prensa

Sr. Piqué.- Muy buenas tardes. El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado un Real Decreto por el que se establece la nueva imagen institucional de la Administración General del Estado, que responde a la necesidad de aclarar lo que en algunos momentos es una confusión que crea la dispersión de las imágenes de los distintos organismos de la Administración. Hay diferentes ejemplos al respecto y uno de los ejemplos, precisamente, es el Ministerio de Industria y Energía, si no recuerdo mal.

Para ampliarles información contamos con la presencia del Ministro de Administraciones Públicas, don Ángel Acebes, quien les ampliará la información sobre este Real Decreto, que entendemos que tiene una gran importancia. Antes, como siempre, y si me lo permiten, paso a informarles de otros acuerdos alcanzados en la reunión del día de hoy.

Hoy se ha visto un borrador de lo que se llama popularmente la Ley de Acompañamiento, la Ley de medidas de diferentes carácter que acompaña a la Ley de Presupuestos. Se ha acordado remitir ese borrador al Consejo Económico y Social; tiene que irse completando a lo largo de los próximos días. Saben ustedes que el calendario es que en el último Consejo de Ministros de septiembre se aprueba la Ley de Presupuestos Generales de Estado para poderla remitir a las Cortes antes de que acabe ese mes, como así establece la Constitución, y después, en el Consejo de Ministros inmediatamente posterior, que sería, por consiguiente, el del primer viernes de octubre, se aprobará definitivamente la llamada Ley de Acompañamiento. En cualquier caso, para ir avanzando en los criterios, se ha remitido ya al Consejo Económico y Social; después se irán también aportando las sucesivas adiciones.

Hay que decir que en este año esta Ley va a tener relativamente pocas novedades. Se han producido, desde el punto de vista fiscal, muy pocas novedades, porque ya los cambios básicos se han introducido a lo largo de la Legislatura; pero sí va a incluir --y eso es algo ya conocido, pero que ahora les puedo confirmar-- medidas, que se están acabando de perfilar, para apoyar, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista tributario, la innovación en las empresas, la innovación tecnológica; por lo tanto, va a cambiar, dando un tratamiento más favorable, la tributación de los gastos y las inversiones en I+D y en innovación tecnológica en las empresas.

Ésta es una cuestión extraordinariamente relevante, en la que está de acuerdo la práctica totalidad de las fuerzas políticas. Entendemos que es algo que, además, necesita la economía española. que en el seno de la Unión Económica y Monetaria cada vez va a tener que poner más énfasis en esos aspectos, dado que en otras cuestiones, como el tipo de cambio, la política monetaria o la política presupuestaria, en algunos casos ya no hay ningún margen de maniobra para el Gobierno y en otros, realmente, el margen cada vez es más estrecho.

Tenemos ahí un punto de partida que debemos mejorar y de lo que se trata es de cambiar la orientación de fondo, que cada vez va a poner menos insistencia en la subvención en función de criterios predeterminados por la Administración y cada vez más va a dejar la decisión en materia de innovación a las propias empresas, que deben ser las grandes protagonistas del cambio tecnológico y, en función de eso, otorgarles un tratamiento fiscal favorable.

También la Ley de Acompañamiento va a introducir medidas de apoyo a la internacionalización de la empresa española, que es otra de las grandes transformaciones históricas que nuestras empresas están viviendo en estos últimos años.

Saben ustedes que, tradicionalmente, España ha sido un país receptor de inversión extranjera, con un balance global muy favorable, y con una progresiva apertura, que ha hecho de nuestra economía una de las más abiertas del mundo, pero centrada fundamentalmente en lo comercial y, desde el punto de vista de otras transacciones, desde el punto de vista de las entradas, es decir, recibiendo una gran cantidad de inversión extranjera, siendo un país muy liberal en ese sentido, o recibiendo también una gran cantidad de turistas. Saben que, de nuevo, este año vamos a superar el récord histórico de turistas; se van a recibir en torno a cincuenta y un millones de turistas, que es bastante más que la propia población española. Estamos hablando de casi un turista y medio por habitante y año, que realmente es algo espectacular.

Pero en los últimos años ha habido una transformación de fondo, y es que, sin que haya parado, sino que más bien se ha intensificado, la entrada de capital extranjero en nuestro país, nuestras empresas, por primera vez en su historia, están invirtiendo significativamente en el exterior. Es un proceso de internacionalización que desde el Gobierno español contemplamos como muy positivo y que entendemos que debe ser también apoyado desde el punto de vista de la legislación tributaria.

Todo eso también se está discutiendo con nuestros socios parlamentarios, y esperamos en los próximos días poderles concretar exactamente a qué se refiere este tipo de medidas; pero sí también les puedo anticipar algunas que ya están incluidas en el borrador: por ejemplo, una mejora en el tratamiento de los discapacitados que está prevista en la Ley del IRPF; una mejora en la fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas ligada a la creación de empleo, con una modificación del sistema de módulos; también una mejora desde el punto de vista de la exención de los impuestos que puedan afectar a indemnizaciones que se perciban por parte de las Administraciones Públicas.

Habrán visto ustedes en los últimos días un caso, que ha salido a la palestra en los medios de comunicación, respecto a la exigencia de la correspondiente retención por una indemnización en virtud de la catástrofe de Biescas, del verano del año 1996. Éste es un ejemplo de cuestiones, de problemas, que se solucionan a través de esa medida de la Ley de Acompañamiento.

También hay otras modificaciones impositivas que, como estarán en la Referencia o estarán en el borrador, no las voy a precisar; pero sí insistirles en esa idea: es una Ley de Acompañamiento que va a tomar decisiones muy importantes en el ámbito del apoyo a la innovación y en el ámbito de la internacionalización, y que incluye otras medidas; pero cada vez más, acudiendo a lo que es el espíritu de lo que debe ser la Ley de Acompañamiento, limitadas a lo que, efectivamente, puede tener trascendencia presupuestaria en el corto plazo.

Además de este importante Anteproyecto, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Proyecto de Ley sobre el Régimen Jurídico Básico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos; otro tema de gran actualidad, que interesa enormemente a la opinión pública y que afecta a todos aquellos que son utilizados como animales domésticos de guarda, protección o compañía y que, con independencia de su agresividad, pertenecen a especies que pueden ocasionar muerte o lesiones. Entre ellos se encuentran los perros que, por una tipología de su raza, por su envergadura y características, pueden considerarse peligrosos.

La posesión de estos animales estará sujeta a una licencia otorgada por los Ayuntamientos y al cumplimiento de una serie de requisitos, como son mayoría de edad, carecer de antecedentes penales, un certificado de actitud psicológica y un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. Se prohibe, además, el adiestramiento de animales que tengan como objetivo aumentar su agresividad, para lo que se exigirá a los adiestradores un certificado de capacitación que otorgarán las Administraciones Autonómicas. También se establece un régimen de infracciones administrativas, que se contemplan en la Ley. Son sanciones que harán los Ayuntamientos y que tienen un importe máximo de dos millones y medio de pesetas.

Se ha aprobado, asimismo, un Proyecto de Ley por el que se crea el Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales como consecuencia de las peticiones dirigidas al Ministerio de Sanidad por los Colegios de Cataluña y de Cantabria. Saben que, en estos casos, cuando hay peticiones de dos Colegios, es posible establecer un Consejo General, previo acuerdo con las Juntas de Gobierno de las respectivas organizaciones corporativas.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la carrera militar de S.A.R. el Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón y Grecia. S.A.R. don Felipe tiene en la actualidad los empleos de Capitán del Cuerpo General de las Armas del Ejército de Tierra, Teniente de Navío de la Armada y Capitán del Ejército de Aire. El contenido de la carrera militar es la regulación de sus ascensos a empleos superiores en sus respectivos escalafones. Se faculta, además, al Gobierno para que en cualquier momento pueda acordar el ascenso a uno de los empleos superiores, aunque no sea el inmediato, para dar respuesta a las exigencias que su alta representación pudiere demandar y teniendo presentes las circunstancias que concurren en la persona del Príncipe como heredero de la Corona.

El Consejo ha aprobado un Real Decreto que establece los cuadros de mando de los Ejércitos para el período que va desde este año, 1999, hasta el año 2004. Es un desarrollo de la Ley de Régimen de Personal de las Fuerzas Armadas y un instrumento de planificación a medio y largo plazo de los efectivos de los Ejércitos que, como ustedes saben, van a ser plenamente profesionales en un plazo determinado y que, por lo tanto, van a suponer la supresión definitiva del Servicio Militar obligatorio.

La norma aprobada establece, para los próximos cinco años, el total de Oficiales y Suboficiales que integrarán los cuadros de mando de las Fuerzas Armadas; detalla, asimismo, su distribución por los distintos Cuerpos y Escalas de militares de carrera y especifica la plazas que puedan ser asignadas a los militares de complemento. El número de cuadros actual se reducirá de forma gradual, de 50.000 hasta un máximo de 48.000, en el horizonte del año 2014.

El Consejo ha acordado la presentación de la candidatura de España como sede de la Secretaría de Cooperación Iberoamericana. La creación de la Secretaría fue una iniciativa española que se planteó en la Cumbre Iberoamericana del año 1997; fue aprobada en la Cumbre de Oporto del pasado año y en la próxima Cumbre de La Habana, que saben ustedes que se celebra los primeros días del mes de noviembre, designará el país sede de la citada Secretaría. La propuesta española tiene como objetivo impulsar la institucionalización de las Cumbres Iberoamericanas, constituyendo un órgano permanente que garantice su continuidad, así como el cumplimiento de sus acuerdos; coordine las iniciativas de los Estados miembros y aporte nuevas ideas y proyectos de cara al futuro.

Se ha aprobado el Reglamento que regula y garantiza el derecho de los telespectadores a ser informados con suficiente antelación de la programación que van a emitir los distintos canales de televisión. La Directiva comunitaria sobre Televisión sin Fronteras, que fue incorporada al ordenamiento jurídico español el pasado mes de junio, establece la obligación de que los operadores de televisión hagan pública su programación al menos once días antes de la fecha de emisión, y sólo serán posibles las modificaciones en la programación anunciada que sean consecuencia de sucesos ajenos a la voluntad del operador de televisión y que no hubieran podido ser razonablemente previstas.

El objetivo es que el telespectador pueda programar el horario que va a dedicar al seguimiento de los programas y dotar de un marco jurídico el derecho a la información, recogido, por otra parte, en la Ley de Televisión sin Fronteras. Asimismo, se separa el concepto de autopromoción del concepto de anuncio; se considerarán anuncios los que se refieren únicamente a la programación del operador y, en el caso de que incluyeran otros productos o servicios del operador distintos de sus programas, tendrán la consideración de autopromoción.

También se ha producido una autorización al Instituto para la Reestructuración de la Minería, del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para suscribir un total de cuatro nuevos acuerdos, tres de ellos con la Junta de Castilla y León y el cuarto con la Xunta de Galicia, para la realización de proyectos de carreteras en las comarcas mineras. Los nuevos convenios suponen una inversión de 14.746 millones de pesetas. Quiero recordarles que, hasta la fecha, se han firmado un total de 324 proyectos de infraestructuras, que han supuesto una inversión de 147.000 millones de pesetas en el marco del Plan del Carbón, y eso hace que en sólo año y medio de su vigencia se haya puesto en marcha ya el 90 por 100 de las actuaciones previstas para el cuatrienio que va de 1998 hasta el año 2001.

También se ha aprobado la concesión de una subvención de 2.695 millones de pesetas a Cruz Roja Española con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Cruz Roja Española con esta asignación llevará a cabo programas de teleasistencia domiciliaria y ayuda a domicilios, entre otras.

Los españoles destinaron en sus declaraciones de la Renta, en el apartado "Otros fines de interés social", que corresponde al 0'52 por 100 del IRPF, 14.732 millones de pesetas para la realización de programas sociales. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es el encargado, después, de repartir estos fondos entre las ONGs, entre las Organizaciones No Gubernamentales, y que sirven para financiar un total de 831 programas sociales, entre los que destacan los dirigidos a personas mayores, personas con minusvalías, a la infancia y a la familia.

Se ha aprobado también un importante Real Decreto-ley sobre la Firma Electrónica, que viene a llenar un vacío legal existente en la materia y que dará una mayor seguridad a las comunicaciones, en especial al comercio electrónico a través de ordenador.

El objetivo de esta norma es establecer una regulación clara del uso de la Firma Electrónica, además de recoger un conjunto de datos que permitirán la identificación del usuario y tendrán el mismo valor jurídico que la firma manuscrita, teniendo validez como prueba en juicio. El ciudadano, a través de la Firma Electrónica, podrá realizar transacciones económicas o relacionarse con la Administración y, a través del ordenador, se podrán obtener documentos, como el Documento Nacional de Identidad, el pasaporte, el certificado de nacimiento, el certificado de penales, etcétera.

Los puntos principales del Real Decreto se refieren a su ámbito de aplicación; se regula, asimismo, la definición de Firma Electrónica y Firma Electrónica Avanzada, se establecen los efectos jurídicos de la misma y se crea un registro público de prestadores de servicios de certificación, que estará en el Ministerio de Justicia, y, a partir de ahí, también se establece un régimen de libre competencia en ese terreno.

También se ha acordado atribuir al Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, el llamado GIF, la construcción y administración del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad de Levante, que permitirá acelerar la ejecución de esta importante infraestructura, que saben que conecta Madrid, la Comunidad de Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.

Se ha aprobado, asimismo, un Convenio entre el Estado, la Diputación Foral de Guipúzcoa y la sociedad concesionaria Europistas para la construcción, conservación y explotación de un enlace en Aritzeta, en la autopista A-8 de Bilbao a Behobia.

Se han aprobado distintas obras de emergencia que el Ministerio de Medio Ambiente lleva a cabo en el cauce urbano del Segura, en Murcia; en el río Carrión, en la provincia de Palencia, y en Malagón (Ciudad Real), y se ha autorizado la ejecución de las obras de reparación del tramo del acueducto del Canal de Aragón y Cataluña, en el término municipal de Fraga, en la provincia de Huesca.

En el capítulo de nombramientos, comentarles que se ha nombrado Directora General de Relaciones con las Cortes a doña María Esther García Romero-Nieva, y se ha nombrado Embajador Extraordinario en Misión Especial para el Pacto de Estabilidad en el Sudeste de Europa, a don Fernando Martín-Valenzuela Marzo.

Ya en el capítulo de informes, y con muchísima brevedad, comentarles que la Ministra de Justicia ha presentado un informe sobre la modificación del Código Penal en lo relativo a los delitos de colaboración con banda armada, que es algo que anticipamos ya, si no recuerdo mal, a finales de julio, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que permitió la excarcelación de la anterior Mesa de Herri Batasuna.

Se ha acordado remitir esa modificación al Consejo General del Poder Judicial; por tanto, hay que esperar ahora su informe, pero les anticipo que esa modificación consiste, fundamentalmente, en que la pena que se establecía para los delitos de colaboración con banda armada, que en el actual Código Penal, que es del año 1995, se establece en un período que va de cinco a diez años, se establecerá ahora el período de tres a diez años, incorporando así las recomendaciones del Tribunal Constitucional.

Ha habido también un informe del Ministro de Industria y Energía sobre la evolución de los precios energéticos y sobre medidas de liberalización y reforma estructural en el sector energético. Después del informe del Ministro de Administraciones Públicas, estoy a su disposición para comentar con amplitud, si así lo desean, el contenido de ese informe; que, lógicamente, está de enorme actualidad.

También el Consejo de Ministros ha conocido en detalle el acuerdo que ayer se concretó con las fuerzas sociales, con los sindicatos, y refrendado por las fuerzas políticas que dan apoyo parlamentario al Gobierno, sobre la evolución de las pensiones para el año 2000. Es algo que creo que nos debe de congratular a todos, de lo que todos nos debemos de congratular, haber situado esta importantísima cuestión en donde siempre ha debido de estar, que es en el marco del consenso, en el marco del acuerdo entre las fuerzas sociales y las fuerzas políticas, buscando la estabilidad de las pensiones, la sostenibilidad de las mismas en el futuro, y buscando algo que también es absolutamente esencial preservar y que determinadas decisiones habrían puesto en peligro y habrían puesto en riesgo. Me refiero a la igualdad de las pensiones de todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio español.

También ha habido un informe sobre las consecuencias de la aprobación ayer, por unanimidad, cosa que el Gobierno también celebra, de la Ley de Ayudas a las Víctimas del Terrorismo. Pensamos que éste es un acto de extraordinaria relevancia, de extraordinaria significación, como elemento fundamental para avanzar hacia un proceso de paz y para consolidar una oportunidad, que en estos momentos existe, de conseguir la paz y hacer que lo que hoy es simplemente una expectativa se pueda convertir en una realidad lo antes posible.

Ayer mismo se cumplía un año de la declaración, por parte de la organización terrorista ETA, de tregua indefinida. El Gobierno piensa que un año después de esa declaración, y casi quince meses después de la no existencia de atentados terroristas, hace cada día más difícil que volvamos a una situación de utilización de las armas; pero es cierto también, y somos conscientes, que estamos ante un proceso muy complejo, muy delicado, muy difícil, y que la buena noticia de verdad no es tanto el que podamos decir ya que llevamos un año de tregua, que es cierto, sino que la buena noticia de verdad es la que podamos dar el día en que todos tengamos la convicción de que esa tregua indefinida se ha transformado en una tregua definitiva, y que, por lo tanto, ETA abandona definitivamente las armas.

Eso es lo que ha dado de sí el Consejo de Ministros. Como ven ustedes, ha dado bastante de sí; ha sido muy largo, de ahí también el retraso con el que hemos iniciado esta reunión. Nos queda por delante un curso político muy intenso, de gran actividad política, y hay que decir que ha empezado muy bien, porque, tanto el acuerdo de pensiones y el ejemplo de consenso que se ha dado, como la aprobación de la Ley de Ayuda y de Reparación Moral y Material a las Víctimas del Terrorismo, como las medidas que, a través de la Ley de Presupuestos y de la Ley de Acompañamiento, de alguna forma hemos anticipado, nos parece que van a hacer de estos próximos meses unos meses extraordinariamente productivos.

Antes de cederle la palabra al Ministro de Administraciones Públicas, sí mencionarles muy brevemente, como siempre, las actividades del Presidente del Gobierno para los próximos días, las próximas horas. En estos momentos está ya almorzando con un grupo de atletas españoles, y esta noche viajará a Palma de Mallorca, donde recibirá al Primer Ministro de la República de Polonia, Jerzy Buzek. Ambos dirigentes, acompañados de sus esposas, realizarán una visita privada a la isla, que se prolongará hasta la tarde del domingo, día 19, y que incluirá la asistencia el sábado a un concierto en Palma, con motivo del 150 aniversario de la muerte de Chopin, y una visita a Valldemosa en la mañana del domingo.

El lunes, a las diez y media, recibirá, en Moncloa, al Primer Ministro polaco, con el que celebrará una rueda de prensa al mediodía, y a quien, a las veintiuna horas, ofrecerá una cena oficial.

El miércoles, a las cuatro, asistirá al Congreso de los Diputados a la sesión de control al Gobierno, y el viernes, a la hora habitual, presidirá, también de manera habitual, la reunión del Consejo de Ministros.

Sr. Acebes.- El Real Decreto que les presento en estos momentos se inscribe en ese proyecto del Gobierno, que ya ustedes conocen, porque he tenido la ocasión de comparecer ante ustedes en alguna otra ocasión para irles dando cuenta de algunas otras medidas que ha ido adoptando el Gobierno, de modernización de la Administración pública, en este caso de la Administración General del Estado, y de acercamiento al ciudadano haciendo una Administración más ágil, más sencilla y más fácil a la hora de tener las relaciones entre los ciudadanos y la Administración General del Estado.

Pues bien, hoy el Acuerdo ha consistido en modificar, en cambiar, la imagen institucional de la Administración General del Estado, con el fin de que sea una imagen más representativa, que sea una imagen única y, además, fácilmente identificable por los ciudadanos a la hora de relacionarse con la Administración. Tener una imagen que una y que identifique a la Administración, que tiene su ámbito en todo el territorio de España, creo que era un objetivo indispensable que teníamos que acometer.

Digo que era indispensable porque seguramente, como ustedes conocen, la situación de la que partimos en estos momentos es de que existe una multiplicidad de imágenes de las distintas instituciones, organismos, de la Administración General del Estado, que muchas veces provocan una falta de identificación con la Administración que está prestando ese determinado servicio o a la que hay que exigir una determinada responsabilidad. Digo que en estos momentos esa multiplicidad de imágenes, de símbolos, de siglas y de logotipos, que en muchos de los casos no tienen ningún elemento, aun cuando en muchos casos son muy conocidas, pero no tienen una identificación que conecte a todas ellas y la conecte con la Administración General del Estado, lo cual no es deseable... Provoca, lógicamente, una dispersión en la identificación de la Administración.

Esto tiene todavía una mayor incidencia en España, en una nación como la nuestra, en la que hay distintas Administraciones que desarrollan competencias sobre un mismo territorio: la Administración General del Estado, las Administraciones Autonómicas y las Corporaciones Locales; cada una con sus símbolos identificativos. En una sociedad que cada vez más tiene la tecnología y los sistemas audiovisuales como referencia permanente, lógicamente, que no haya una identificación con la Administración a la que tienes que demandar la prestación de ese servicio o con la que tienes que relacionarte genera complicaciones que no son deseables; pero aún más cuando la Administración General del Estado necesita una imagen que nos represente a todos los españoles y que la identifique sin la dispersión que en estos momentos tenemos.

Conscientes de esa realidad es por lo que presentamos, después de los estudios necesarios, una doble propuesta: por un lado, el Real Decreto que hoy se ha aprobado en Consejo de Ministros sobre la imagen institucional y, a la vez, un manual de identidad corporativa que regule cada una de las imágenes y su utilización, tanto interna como externa.

Los objetivos que hemos pretendido son claros: en primer lugar, como les decía, articular la imagen institucional del Estado, renovando la que existe hasta estos momentos, la diversificada, por decirlo de alguna manera; que tenga una identificación de identidad gráfica y que sea fácilmente identificable.

Hemos aprovechado para regular también y normalizar todo el material que utiliza la Administración en las relaciones con el administrado; es decir, no sólo la imagen corporativa sino simplificar los modelos, los impresos, las comunicaciones, que existen entre la Administración y los administrados.

A veces, los formatos y los modelos que utilizamos en la Administración para relacionarnos con los ciudadanos son de una enorme complejidad, incluso en cuanto a su amplitud. Hemos pretendido crear unos formatos y unos modelos que sean muy simples, muy sencillos de entender, además unificados, para que la relación entre la Administración y el administrado, en sus formatos incluso, sea muy fácilmente entendible y también que todos aquellos formularios que el administrado tenga que utilizar en sus relaciones con la Administración, también sean fáciles de entender, de rellenar y, por lo tanto, de relacionarse de manera ágil con la Administración.

Otro de los objetivos ha sido incorporar las lenguas cooficiales en todos los documentos de la Administración, de acuerdo con las previsiones que tiene la normativa vigente.

Por último, un ahorro de costes. Lógicamente, al evitar que a partir de ahora ya exista esa dispersión, tanto en la documentación que utilizamos cada día, como en los logotipos que de cara al exterior permanentemente utiliza la Administración, esa unificación va a provocar una sensible reducción en cuanto a los gastos, porque además vamos a incorporar todas las nuevas tecnologías de la comunicación para, de manera progresiva, agilizar su gestión.

Hemos querido que el elemento esencial de la imagen institucional sea el escudo de España como elemento fácilmente identificativo, en el que todos nos podemos sentir representados y, por tanto, conocido, fácil en cuanto a su reproducción e, insisto, con el objetivo que he dicho desde el principio: de una fácil identificación.

Junto con el escudo de España, a partir de este momento tendrá que ponerse en todos los casos el nombre completo del Ministerio o de la Administración de que se trata. Como ustedes han visto en las imágenes anteriores, la utilización de las siglas, desde el famoso MOPU hasta en estos momentos el MAP, hablaba antes del Ministro de Industria del MINER, o el MAPA, como Ministerio de Agricultura; a partir de este momento, de la aprobación de este Real Decreto, eso ya será historia y tendrá siempre que utilizarse, sobre ese fondo amarillo, el escudo de España para, a continuación, la utilización completa del Ministerio del que se trate.

Hemos visto antes muchos de los organismos, de las entidades, de las instituciones, que ya tienen una identificación, como el INEM o cualquiera de los otros organismos que en estos momentos ya son muy reconocidos por los ciudadanos, aún cuando en muchos casos no se estableciese la relación con la Administración de la que dependían. Por lo tanto, se van a poder seguir utilizando, pero no individualmente, sino siempre con la imagen institucional del Ministerio al que pertenecen, y con el escudo y el resto de los elementos que les he dicho a continuación. Se regula, lógicamente, cómo se van a determinar y cómo se colocan cada uno de los organismos, y con las lenguas en cada uno de ellos.

No sólo vamos a regular esta imagen de señalización exterior, sino toda la documentación que produce la Administración General del Estado: cartas, impresos... Toda la documentación en estos momentos ya será normalizada con unos mismos elementos que los identifiquen. Igual va a ocurrir con todos los paneles de identificación y de señalización interior, que en estos momentos son dispersos. No existe ninguna normativa hasta este momento que lo regulase y, a partir de ahora, cada vez que acudan los ciudadanos, ustedes, a un Ministerio, a un Departamento, a una Delegación, siempre van a encontrar una señalización interior que va a tener este mismo modelo, esas mismas prioridades en cuanto a las denominaciones de los distintos organismos y la identificación de dónde deben colocarse.

No sólo lo vamos a ver cuando acudamos a la Administración del Estado, a cualquiera de sus Departamentos, sino también en la señalización exterior. Cuando vayamos por las carreteras o cuando veamos las obras, paseando por las ciudades, que dependan de la Administración General del Estado, en las que, como hemos visto antes, también existía una identificación dispersa y, a diferencia, además, de lo que ocurre con el resto de las Administraciones, a partir de ahora va a ser muy familiar este formato de cartel que vamos a encontrar en todas las obras públicas que dependan de los Presupuestos Generales del Estado o que dependan de la Administración General del Estado.

Este formato, con estos mismos colores y con esas mismas condiciones, será, a partir de ahora, el que todos los ciudadanos nos encontremos para identificar claramente de quien depende la prestación del servicio o la obra que se va a realizar.

Como no podía tampoco faltar, se regulan de manera única las publicaciones de la Administración General del Estado. Son cientos la producción en cuanto a libros, folletos, etcétera, que la Administración General del Estado produce en cada uno de sus Ministerios o en cada uno de sus Departamentos, en los que no existe conexión ni identificación de la Administración de la que se trata. A partir de ahora, también será normalizado y, por tanto, único el formato de publicaciones que la Administración General del Estado tenga.

Finalmente, también en cuanto a las páginas de Internet que la Administración General del Estado tenga y que, como ustedes conocen, son de todos los Departamentos ministeriales; pero tampoco con una imagen única y que permita identificar a quien corresponde hasta este momento.

Todo esto lo haremos y lo pondremos en práctica con la pretensión de que no tenga ningún coste adicional para los Presupuestos del Estado; es decir, lo iremos poniendo, a partir de ahora, de manera paulatina, en función de que se vayan agotando los elementos que hasta este momento existen. Es decir, que, cuando haya que hacer nuevas cartas, cuando tengamos que colocar los nuevos carteles en las obras que haya a partir de este momento, será cuando obligatoriamente tengan que tener estos formatos. Así iremos agotando los que hasta este momento existen para que no tenga un coste importante añadido.

En definitiva, buscamos también eso, un elemento que identifique, un elemento que sea más cercano para los ciudadanos, que permita mejorar y agilizar las relaciones y que identifique a la Administración, que es de todos, que tiene su ámbito en todo el territorio de España, también como elemento de cohesión de todos los ciudadanos y de cohesión territorial.

P.- Yo quería hacer dos preguntas, una para el Ministro de Administraciones Públicas. Ayer el PSOE denunció que los funcionarios en los últimos años han bajado su poder adquisitivo y que también deberían beneficiarse de la política distributiva. Quería saber en qué porcentaje los Presupuestos Generales para el próximo año van a incrementar el sueldo de los funcionarios.

Luego, para el Ministro Portavoz, si ya está cerrada la posibilidad de una entrevista entre el Presidente del Gobierno y el "lehendakari" Juan José Ibarretxe.

Sr. Acebes.- Como conocen, en estos momentos estamos tratando --lo ha dicho el Ministro Portavoz-- los Presupuestos Generales del Estado; por lo tanto, éste es el momento de esa discusión y de tratar este asunto. Además, estamos hablando en estos días precisamente con los sindicatos cuáles van a ser las condiciones retributivas de los funcionarios públicos para el próximo año y que, por lo tanto, figurarán en los Presupuestos Generales del Estado. Cuando hayamos alcanzado ese acuerdo con los sindicatos y ya se haya concluido en los Presupuestos Generales del Estado, inmediatamente se lo comunicaremos. Pero éste es el momento en el que estamos hablándolo con los representantes de los funcionarios.

Sr. Piqué.- Respecto a la otra pregunta, se han puesto en contacto los Gabinetes respectivos. Se está buscando una fecha, que pueda ser hacia finales de este mes o principios del próximo; pero de momento no le puedo concretar exactamente el día todavía.

P.- Quisiera preguntar al señor Piqué, puesto que se ha referido a un informe del Ministerio de Industria sobre los precios de hidrocarburos, si podría comentarnos el contenido del informe; si por qué, de momento, todo ese informe para estudio y no hay ninguna decisión, y para cuándo espera el Gobierno tomar una decisión sobre esta materia, habida cuenta de que las perspectivas de evolución del precio del petróleo sigue siendo al alza.

Sr. Piqué.- Plantea usted un tema --en la propia formulación de su pregunta queda claro-- de enorme complejidad. Estamos ante un "shock" petrolífero que no tiene precedentes inmediatos; que únicamente es comparable en su intensidad con el "shock" que hubo a finales de los años setenta, en el año 1979, a raíz de la revolución en Irán, y que anteriormente tuvo sus inicios en la famosa crisis del petróleo de noviembre del año 1973.

Nunca desde entonces el precio del crudo había evolucionado de una forma tan espectacular, desde menos de diez dólares a finales del año pasado, a prácticamente 23 dólares en apenas siete u ocho meses. Eso, lógicamente, tiene un impacto en una economía como la nuestra, que es una economía muy abierta; tiene impacto en todas las economías desarrolladas, en todas las economías occidentales, y eso está teniendo su reflejo, como es lógico, en la evolución de la inflación en nuestro país y en los países europeos.

Es cierto que ha habido un repunte. En estos momentos la tasa interanual del IPC se sitúa en el 2'4, con un 2'1 acumulado; por lo tanto, alejado de las previsiones iniciales del Gobierno, que eran unas previsiones hechas con el escenario de precios del petróleo que existía a finales del pasado año.

Eso está haciendo que no esté empeorando, sino todo lo contrario, nuestro diferencial de precios con la Unión Europea, que es lo que nos interesa desde el punto de vista de la competitividad. Estamos, en estos momentos, en torno a un punto porcentual; algo mejor, por lo tanto, que hace unos meses, y eso es reflejo de que, con excepción de la evolución de los precios energéticos, que es más o menos similar en todas partes, el resto de precios, lo que llamamos la inflación subyacente, es decir, los componentes no aleatorios o no fluctuantes, no especialmente fluctuantes, no volátiles, del IPC tiene una evolución que en estos momentos es positiva. Está disminuyendo ligeramente, pero disminuyendo, el diferencial de inflación, por ejemplo, en el sector servicios, y está evolucionando bien también el diferencial de inflación, que es muy escaso, en los precios industriales manufacturados.

Quiero decir con todo eso que estamos ante un tema de enorme complejidad, al que nos debemos de acostumbrar. Una economía abierta tiene que recibir este tipo de efectos, que son negativos cuando los precios suben, pero que son también positivos, como lo fueron a lo largo del año pasado, cuando esos precios bajan.

Por otra parte, conviene también recordar el contexto en el que se mueve la política de un país, como el nuestro, que está integrado ya en la Unión Monetaria.

Hay tres maneras convencionales de hacer política inflacionista. Una es la política monetaria, que es la más convencional, pero todo el mundo sabe que en estos momentos eso es algo que corresponde al Banco Central Europeo, que fija su política de acuerdo con la evolución del crecimiento económico en el conjunto de Europa. Desde ese punto de vista, España, que está creciendo muy significativamente por encima del promedio europeo... Este año va a crecer al 3'7 por 100, aproximadamente, cuando el conjunto de Europa no llega al 2 por 100. Eso es muy bueno en términos de convergencia real y en términos de creación de empleo pero, desde el punto de vista de la articulación de la política monetaria, nos añade alguna tensión. Eso es algo perfectamente conocido. Nadie está más interesado que nosotros en que el conjunto de Europa vaya bien, se recuperan las exportaciones y, por lo tanto, hay que asumir este tipo de cuestiones.

El segundo instrumento convencional para combatir la inflación es la política presupuestaria: hacer una política presupuestaria restrictiva. Y eso es exactamente lo que está haciendo el Gobierno. Ha rebajado su previsión de déficit para este año y la previsión de déficit para el año que viene se va a situar en el 0'7 por 100. Se está haciendo, por lo tanto, un gran esfuerzo desde esa perspectiva. El sector público no sólo no está añadiendo leña al fuego de la inflación, sino que lo que está haciendo es moderar la evolución del conjunto de la demanda para que prosiga, por otra parte, el extraordinario dinamismo de la demanda privada de consumo y de la propia inversión.

Saben ustedes que hay sectores que están teniendo, realmente, una evolución espectacular. El otro día mencionaba en un foro un dato que realmente resulta muy expresivo: en estos momentos se está vendiendo un automóvil de turismo en España todos los días, veinticuatro horas sobre veinticuatro, cada veintiún segundo; un automóvil cada veintiún segundos.

Eso es reflejo de una economía que desde hace tres años está creciendo por encima del 3'5 por 100, que está entrando en el cuarto año creciendo por encima del 3'5 por 100, que desde hace tres años ha creado un empleo cada minuto y que en los últimos meses está creando un empleo cada treinta segundos. Por eso es muy importante ser muy disciplinado en la política presupuestaria, y eso es lo que se está haciendo.

El tercer elemento convencional de lucha contra la inflación es a través de la intervención de los mercados, ya sea liberalizándolos o ya sea interviniendo en aquellos sectores que permiten, por la vía de los precios administrados, una actuación directa.

Le he hecho toda esta larga introducción para situar, de verdad, la complejidad de este tipo de aproximaciones. No estamos ante un problema grave; estamos ante un problema, pero no estamos ante un problema grave. Ojalá todos los problemas que tuviéramos siempre fueran ésos, que son los derivados de crecer muy por encima de nuestros vecinos y de crear mucho más empleo que nuestros vecinos. No quiero con eso minusvalorar la importancia de que la inflación no debe separarse significativamente de la previsión, y eso es lo que de alguna manera está sucediendo. En economías que todavía están indiciadas en algunos ámbitos eso supone después unas repercusiones, también presupuestarias, y, por lo tanto, el Gobierno está analizando qué es lo que se puede hacer en ese ámbito.

No hemos detectado un mal funcionamiento, en términos generales, de nuestros mercados energéticos, ni en la distribución de carburantes, ni en la distribución de gases licuados del petróleo, ni en otros apartados energéticos; pero es cierto que la economía española ha heredado unas estructuras empresariales en esos sectores que en su momento se configuraron como oligopolistas y que, por lo tanto, pueden dar una sensación de que no hay suficiente competencia en el mercado.

El ejemplo más claro es la distribución de carburantes. Se hubiera podido aprovechar en su momento la desmonopolización de Campsa para evitar que hubiera una integración vertical de importadores, refinadores y suministradores de carburantes al por menor. Eso en su momento, a partir del año 1986, no se hizo así y en el año 1996 nos encontramos con un mercado de distribución de carburantes en el que los dos primeros operadores --como son conocidos, nadie va a decir que voy a hacer ahora propaganda comercial, porque no creo que sea el caso--, Repsol y Cepsa, representaban un 71 por 100 de la cuota total de mercado de la distribución de carburantes al por menor, al detalle. En estos momentos eso ha bajado al 66 por 100; quiere decir que cada año esa posición dominante va disminuyendo en virtud de la introducción de competencia y de las medidas, por ejemplo, contenidas en la Ley de Hidrocarburos. Va bajando punto y medio o dos puntos todos los años, y hay que proseguir en ese camino.

En ese contexto, hoy el Consejo de Ministros ha analizado una serie de medidas, en ese sector y en otros, que le puedo anticipar; pero también le tengo que decir que estamos trabajando todos los Ministerios afectados, en particular el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria, también el Ministerio de Fomento por lo que ahora diré, que son medidas que probablemente haya que instrumentar a través de un Decreto-Ley. Eso significa también, como es lógico, tratar estas cuestiones --ya las hemos anticipado-- y seguir discutiéndolas con nuestros habituales socios parlamentarios, y así poder plantear una serie de medidas de carácter estructural lo antes posible. Si puede ser en el próximo Consejo de Ministros, mejor; pero, en cualquier caso, no mucho más allá.

Desde ese punto de vista, le puedo mencionar algunas. Con independencia de cosas que se pueden hacer ya de inmediato y que no requieren tratamiento de Decreto-Ley, por ejemplo, permitir la creación de empresas comercializadoras de gas natural, que es una previsión de la Ley de Hidrocarburos, que no tiene todavía desarrollo reglamentario, pero que lo que persigue es que pueda incrementarse la competencia en el suministro de gas natural.

Con independencia de modificar la fórmula de fijación de precio del gas natural para usos industriales para que también pueda existir ahí una mayor contención de precios, también se ha decidido autorizar a nuevos agentes externos en el mercado español de electricidad. Sabe usted que hay ya cuatro compañías extranjeras que pueden comprar y vender libremente electricidad en España y vender electricidad española a otros países. La decisión que se ha tomado es que se va a autorizar a tres compañías más, a una compañía suiza, a una compañía norteamericana y a una compañía británica, para que --ya son siete-- puedan también incrementar la competencia en ese mercado.

Pero, como es natural, en estos momentos la preocupación de la opinión pública y, por lo tanto, también la del Gobierno está en los mercados de hidrocarburos, los que están directamente afectados por la evolución del precio del crudo. Yo creo que ahí se puede distinguir entre el que tiene más impacto, que es el de las gasolinas y los gasóleos, los carburantes, y después también en los gases licuados del petróleo y, en particular, la popular bombona de butano.

En el caso de las gasolinas se está considerando una posibilidad tributaria, que habrá probablemente que introducir en la Ley de Acompañamiento, que sería no actualizar el impuesto especial de hidrocarburos en ese tema, y eso puede ayudar también a la moderación de los precios, pero lo más importante es profundizar en aquellos aspectos de liberalización que permitan que de verdad haya cada día más una mayor competencia.

La competencia en ese sector, desde el punto de vista jurídico, está plenamente asegurada. No hay ninguna restricción. La legislación ha liberalizado completamente el mercado de gasolinas. A veces, se escucha una opinión en el sentido de "permitan ustedes que se construyan más gasolineras, por ejemplo, en los hipermercados". Y hay que decir con toda claridad que eso ya está. El único límite para instalar una gasolinera en España es el límite que se deriva del cumplimiento, como es natural, de la legislación sobre seguridad y medio ambiente o sobre la legislación urbanística.

En ese contexto, la propia Ley de Hidrocarburos prevé que la Administración central pueda establecer criterios de planificación urbanística de carácter general para propiciar que en todos los Ayuntamientos y en todos los territorios siempre haya reservas de suelo o posibilidades de poder implantar gasolineras. Eso es algo en lo que estamos trabajando; es una de las medidas que hemos estado discutiendo hoy y que busca el propiciar que sigan creándose, sigan construyéndose, nuevas gasolineras en nuestro país.

En estos momentos estamos ya, aproximadamente, en unas 7.000. Eso ha aumentado sustancialmente desde principio de los años 90. España es de los pocos países europeos en los que se siguen construyendo nuevas estaciones de servicio. Eso significa que todavía hay un margen y que de lo que se trata es de facilitar, desde el punto de vista urbanístico, que eso se pueda llevar a cabo. No es competencia de la Administración central, es competencia de los Ayuntamientos; pero lo que estamos analizando son mecanismos que incidan sobre esa competencia municipal para que quien quiera instalar una gasolinera no tenga, desde el punto de vista urbanístico, ninguna restricción y, a partir de ahí, sólo tenga que cumplir las condiciones de seguridad y de medio ambiente que, por otra parte, son evidentes.

Pero, además de eso, yo creo que todos en nuestra vida cotidiana podemos ver que hay cosas que seguramente son perfectibles, desde el punto de vista de introducir una mayor competencia. Me explico. Yo creo que puede ser muy bueno para el consumidor que, cuando entra, por ejemplo, en una autopista de peaje, la empresa concesionaria de esa autopista informe adecuadamente al usuario de esa autopista de los precios que va a encontrar para la gasolina o los gasóleos, para los carburantes, en las diferentes áreas de servicio de esa autopista; que pueda establecer una comparación y pueda tomar, a partir de ahí, sus decisiones y establecer también, en ese contexto, una mayor competencia.

También en muchas ocasiones hemos observado, y eso es algo que viene de años, que en una misma autopista las diferentes áreas de servicio siempre son del mismo operador. Se trata de que en las nuevas autopistas eso no suceda; pero también estamos viendo la posibilidad de que, en las áreas de servicio ya existentes en las autopistas que ya funcionan, eso pueda también ser modificado a través de algún tipo de mecanismo que suponga un intercambio de activos, pero que haga que sean operadores distintos los que actúen en un mismo tramo.

De la misma manera que se pueden agilizar los concursos para que en una misma área de servicio pueda haber más de un operador, que también es algo importante y que, por lo tanto, cuando alguien entra en un área de servicio pueda poder comparar los precios o el servicio que se le ofrece en una misma área a través de diferentes operadores.

Todas éstas son materias de fondo que tenemos que discutir con nuestros aliados parlamentarios; que nos parece que son ideas que pueden ayudar, en el medio plazo, a incrementar la competencia en un sector que en su momento nos encontramos con que tenía un carácter tremendamente oligopolístico, que poco a poco se va corrigiendo, y que tienen que permitir que ese tipo de mercados funcione de manera que no afecte gravemente a nuestro diferencial.

Algo similar estamos planteando en el mercado del butano, de los GLPs, de los gases licuados del petróleo. Saben ustedes que ha habido una subida importante en el mes de agosto, y eso ha abierto una polémica, pero es una polémica que no debe ocultar el hecho de que el butano en España es, en términos relativos, comparado con el europeo, uno de los que tienen los precios más bajos, por no decir el que tiene el precio más bajo.

Eso hace muy difícil una intervención sobre los precios del butano; hace muy difícil también que se introduzca la competencia en ese sector, porque precisamente al ser el precio tan bajo los suministradores de butano alternativo prefieren llevar el butano a otras localizaciones y a otros países; pero sí se pueden hacer cosas, y hoy hemos analizado algunas que le anticipo también.

Por ejemplo, hasta ahora, prácticamente el 100 por 100 del suministro del butano para usos domésticos y comerciales es a través de la bombona tradicional que, como sabe usted, además, se suministra a domicilio. Hace ya un tiempo autorizamos que pudiera haber bombonas alternativas, de material distinto --en este caso, de acero inoxidable--, de menor dimensión y que pudieran comprarse en otras condiciones.

La idea es, respetando siempre la correspondiente seguridad de todos, que las bombonas de butano tradicionales no necesariamente tengan que ser suministradas a domicilio, sino que puedan ser adquiridas directamente al distribuidor; por lo tanto, que puedan ser adquiridas con descuento. Y eso implica también autorizar el transporte de ese tipo de bombonas en los vehículos particulares; eso requiere de una normativa de seguridad, que hay que analizar también con rigor y con seriedad, pero que poco a poco puede permitir una cierta diferenciación de precios, tanto por diferencia de servicio como porque se puede acceder directamente al distribuidor.

Son cosas sobre las que estamos trabajando a fondo. El debate del Consejo de Ministros, como es natural --éste es un tema muy importante--, ha sido largo; esperamos concretarlas a lo largo de la próxima semana y poder hacer ya un planteamiento concreto, a través de un Decreto-Ley o a través de normas administrativas, en los próximos días; si puede ser, en el próximo Consejo de Ministros.

P.- Tenía una pregunta para el Ministro de Administraciones Públicas y varias para el Portavoz.

Para el Ministro de Administraciones Públicas. Usted se ha extendido sobre los problemas, a veces, de percepción de la imagen corporativa de la Administración por la dispersión de símbolos; entonces, de algún modo, ha subrayado especialmente importante en un país donde hay multiplicidad de Administraciones. Usted, como Ministro, ¿sería partidario, de algún modo, de unificar también la imagen corporativa de otras Administraciones que no sean la general del Estado; la autonómica, la municipal, etcétera? ¿O, de algún modo, de unificarlas como tales, como tipos de Administración, o en sus relaciones con la Administración del Estado?

Al señor Piqué quería preguntarle si en todo esto que nos ha contado de los hidrocarburos y de las medidas que se están estudiando, en preparación, hay una coincidencia total, o por lo menos razonable, entre los Ministerios de Industria y de Economía en estos momentos.

También quisiera que nos hiciera una valoración del reciente acuerdo sobre las pensiones en clave más bien política. Quisiera saber si el Gobierno considera que tiene un acuerdo con los sindicatos, o que es un acuerdo del Gobierno y de sus socios con los sindicatos; quisiera saber si el Gobierno considera, digamos, que ha adelantado al PSOE por la izquierda en esta cuestión, y qué margen de maniobra le quiere dar ahora al primer partido de la oposición ante eso.

También quisiera que nos valorara este primer año de tregua de ETA, y si ahora, que se ha aprobado por un admirable consenso la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, podemos esperar otro movimiento por el otro lado, comparable, digamos, al que se pidió después del acercamiento de los 105 presos de ETA.

Sr. Acebes.- Con toda brevedad, no, yo no creo que deba de existir una imagen única para las distintas Administraciones porque, lógicamente, uno de los objetivos de la identificación es, precisamente, poder establecer con qué Administración te presta los servicios o tienes que mantener una determinada relación. Eso necesita que cada una esté perfectamente identificada, sea la Administración del Estado, sean la Autonómica o sean las Corporaciones Locales. Lo bueno es que cada una de ellas tenga una imagen con la que el ciudadano fácilmente la identifique y sepa con quién tiene que establecer esa relación.

Sr. Piqué.- Respecto a las otras cuestiones, yo creo que de mi exposición si alguna cosa se ponía de relieve es que estamos ante un tema muy complejo y que no se puede improvisar, no se puede afrontar con superficialidad y desde la improvisación. Eso exige el máximo de opiniones posibles y el máximo de aportaciones posibles. Cualquier planteamiento reformista, cualquier planteamiento de reforma, requiere, por supuesto, rigor; pero también una cierta imaginación y una cierta audacia. A partir de ahí, lo que hace falta es que todos aportemos todo aquello que se nos ocurra, y después ya se revisa.

Lo que sí le puedo decir es que el Gobierno tiene absoluta unidad de acción y absoluta unidad de criterio. Lo que estamos buscando es que la economía española sea cada día más moderna, que los mercados españoles sean cada día más competitivos, que nuestras empresas sean cada día más competitivas y que, por lo tanto, nuestra integración económica y monetaria esté siempre en las mejores condiciones. En ese espíritu trabajamos.

He visto en algún momento alguna especulación sobre eventuales contradicciones entre posiciones ministeriales. Yo creo que hay que distinguir perfectamente entre lo que es un debate normal antes de aprobar una medida de lo que puedan ser discrepancias que, desde luego, le puedo asegurar que no sólo no existen, sino que lo que hay es una total identificación de objetivos y de criterios.

En cuanto a una valoración política al tema de las pensiones, yo creo que se ha hecho ya, pero probablemente no está de más repetirla. En los últimos meses se podía haber abierto --y, afortunadamente, ahora pensamos que este peligro se ha conjurado ya-- una dinámica en el tema de las pensiones que hubiera llevado a la aceptación de la existencia de pensiones distintas en los distintos territorios de nuestro país y que hubiera llevado a un planteamiento en el que el debate de las pensiones se hiciera siempre de nuevo en clave electoral o en clave partidista, buscando votos, y no en clave de la sostenibilidad del sistema.

Esa peligrosa dinámica se inicia con decisiones que toman Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Socialista, en concreto, la Junta de Andalucía, y hay que decir que después también tiene un añadido en determinadas decisiones que toma el Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

El Gobierno siempre ha dado su opinión clara al respeto. Entiende que debe preservarse siempre la igualdad de prestaciones del sistema de pensiones en todo el territorio; que no cabe establecer una distinción entre pensiones contributivas y no contributivas; que el argumento de que eso se hace con recursos propios es un argumento extremadamente peligroso, porque es perfectamente aplicable también a las pensiones contributivas.

Eso lleva, al final, a una concepción de las pensiones, no como un derecho, no como algo asociado a la justicia y, por lo tanto, algo a lo que tienen derecho nuestras personas mayores, sino como algo que responde a un carácter asistencial --casi diría en términos de caridad-- y que está en función de las decisiones políticas que tome cada Gobierno de turno, ya sea el Gobierno de la nación, ya sean los Gobiernos de las Comunidades Autónomas o, por qué no, las Diputaciones Provinciales o los Ayuntamientos, como hemos visto en algún momento que empezaba a suceder.

Eso es lo que el Gobierno ha procurado reconducir, y creo que se ha conseguido. De eso nos congratulamos. En estos momentos hay un gran acuerdo con los sindicatos y con las fuerzas sociales en general, en el sentido de que todo lo que se haga se haga de forma que no cuestione la sostenibilidad del sistema, que asegure la igualdad y que no cambie nunca la naturaleza del sistema, que es una naturaleza basada en la justicia y no en la caridad; un planteamiento basado en el derecho y no en la asistencia.

Esto yo creo que es algo que los sindicatos han visto con toda claridad. Hay que agradecer, además, el sentido de la responsabilidad que han mostrado y que contrasta con planteamientos de partidos que convencionalmente se llaman de izquierda o de progreso. Sabe usted que en estas últimas semanas también ha habido un debate sobre este término, respecto dónde está situado el progreso.

Dicho en términos coloquiales, yo cada día estoy más convencido de que el progreso no está allí donde están los autodenominados "progres"; el progreso está en aquellas políticas que crean empleo, que aumentan la garantía de futuro del sistema de pensiones, que garantizan el mantenimiento del derecho a la Educación y del derecho a la Sanidad, de todas las cosas que precisamente en estos momentos se están consiguiendo en España. Entrar en una dinámica distinta siempre nos ha parecido un disparate. Cada uno con su responsabilidad.

En cualquier caso, la valoración que hacemos, desde el punto de vista político, es que, afortunadamente, se ha reconducido la situación, se ha reconducido en términos muy correctos. Los pensionistas tienen razones para estar tranquilos, porque sus pensiones, no las de mañana, sino las de los próximos años, están perfectamente aseguradas. Se han podido mejorar, porque se han saneado las cuentas, las pensiones más bajas, y se ha hecho con consenso y, por lo tanto, sin ningún ánimo de utilizar esta cuestión de nuevo, como se hacía en el pasado de manera muy poco adecuada, como elemento de batalla electoral.

Por tanto, no tenemos ninguna conciencia de haber pasado al PSOE por la izquierda. En todo caso, creo que hace mucho tiempo que hemos pasado al PSOE por el progreso real del país.

Lo mismo debo decir en cuanto a la valoración del primer año de tregua de ETA. La hemos hecho ya, pero yo creo que es evidente que debemos de hacer una valoración positiva. No podemos hacer otra cosa que celebrar que llevemos casi quince meses sin muertos, que llevemos ya un año ya de tregua indefinida. Somos conscientes de que cada día que pasa es un día que va en favor de la paz; que hay una oportunidad de paz; que el Gobierno ha dicho que está dispuesto a aprovecharla y transformar esa oportunidad de paz en una realidad de paz.

Somos también conscientes de que es un proceso muy complejo y de que, al final, lo que nos interesa de verdad es que esa tregua indefinida se transforme en una tregua definitiva y ETA abandone, por lo tanto, definitivamente las armas, y que eso además vaya asociado a la plena normalización política en el País Vasco, entendida no como la imposición de determinadas tesis políticas, como a veces parece que algunos entienden, sino entendida como la aceptación por parte de todos de las reglas del juego democrático, de los marcos de convivencia que tenemos y, por lo tanto, del rechazo rotundo a cualquier manifestación de violencia.

En este contexto, lo que ha aprobado el Congreso de los Diputados de forma unánime esta semana me parece que es un granito. España debía a las víctimas del terrorismo esa reparación, esa expresión de solidaridad, esa reparación moral, esa reparación material, y además es muy bueno y es muy positivo que eso se haya hecho con el acuerdo de todos y también con extraordinaria rapidez.

A partir de ahí, eso hay que situarlo en ese contexto y hay que separarlo de lo que son las iniciativas que el Gobierno ha ido tomando para consolidar el proceso de paz o para avanzar hacia un proceso de paz. Primero fue la propia respuesta del Gobierno a la tregua de ETA. ETA no emplaza al Gobierno cuando declara la tregua; se dirige al mundo nacionalista vasco y, a pesar de eso, el Gobierno responde de forma inmediata diciendo "estamos dispuestos a aprovechar esta oportunidad para conseguir la paz" y ha ido marcando el terreno en el sentido de que eso no puede tener precio ninguno o contrapartida política ninguna. Eso yo creo que en estos momentos los ciudadanos españoles y los ciudadanos vascos saben que ha sido así, y afortunadamente ha sido así.

En su momento también se decide autorizar públicamente que existan contactos con ETA. Ha habido contactos con la dirección de ETA, ha habido contactos con la dirección de Herri Batasuna. Cuando esos contactos se han suspendido, en cuanto a su continuidad, se ha expresado con toda transparencia a la sociedad española. Y ha habido también medidas de política penitenciaria que lo que buscan es reforzar esa demostración de voluntad de paz que tiene el Gobierno.

Ahora lo que hace falta es que los que tenemos enfrente, que los que siempre han utilizado la violencia, las pistolas, también demuestren que su voluntad de paz también es auténtica y que no están sólo en un proceso estrictamente político.

P.- Me gustaría insistir en las dos grandes cuestiones de la pregunta anterior. En materia de pensiones querría preguntarle al Portavoz si no tiene la sensación de, como se ha producido este proceso hasta la decisión, que el Gobierno ha podido dar la imagen de ir un poco arrastras hasta el acuerdo. Es decir, si el acuerdo al que finalmente se ha llegado es el punto al que el Gobierno quería llegar o el punto hasta el que se ha visto un poco arrastrado por la presión social, por la presión conjunta de sindicatos, de partidos, de sus aliados, de la oposición, etcétera.

En cuanto al tema del proceso de paz me gustaría saber si hay alguna nueva perspectiva de un segundo encuentro con la dirección etarra, si a eso responde un poco la secuencia de decisiones y declaraciones de los últimos días, incluyendo las últimas del Ministro del Interior, y si también a esos efectos la entrevista con el "lehendakari" puede presentar alguna ayuda, digamos, adicional, y si hubiera podido llegar el momento también de extender el diálogo a Euskal Herritarrok.

Y me gustaría preguntarle también una cosa al Ministro de Administraciones Públicas que tiene que ver con la geometría política y con las elecciones en Cataluña. Quería saber si, a su juicio, está en juego, entre otras cosas, en este proceso electoral, el modelo de relaciones de Cataluña y de su Gobierno con la Administración Central y, digamos más, en general con España, en el sentido de que se enfrentan dos modelos: uno conocido, el nacionalista, y otro que predica como solución esa fórmula que se ha llamado de federalismo asimétrico; de ahí lo de la geometría. Me gustaría saber qué entiende el Gobierno por esa expresión y qué cree que se pudiera derivar de una victoria socialista en Cataluña en ese sentido.

Sr. Acebes.- Por lo que usted ha dicho, le falta un modelo que es el que con toda firmeza defienden y van a defender, desde luego, el Gobierno y el partido que le respalda, que es el modelo establecido en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía.

Quien propone modificar ese modelo y, por tanto, el marco de relaciones es, en este caso, el Partido Socialista y su candidato que, además, ha hecho un llamamiento a que le siga el partido en cambiar el modelo establecido en la Constitución, el modelo que se ha denominado de Estado de las Autonomías, y, por tanto, tendrá que explicar hacia donde se quiere ir y qué significa eso del federalismo asimétrico. A él le corresponderá decirlo.

Nosotros lo que podemos es reafirmar, como hemos hecho, que el modelo que durante estos ya más de veinte años diseñó nuestra Constitución y desarrollaron los Estatutos ha sido un buen modelo; que el balance es muy positivo; que no sólo ha establecido un modelo de organización territorial, como usted decía, sino que ha establecido un modelo de convivencia y un marco que ha permitido el progreso; que creemos en su validez y en su vigencia para el futuro, para establecer las relaciones entre las distintas Administraciones, pero también entre los ciudadanos; que ha dado respuesta, como en ninguna otra época de nuestra historia, a las demandas que tenían cada uno de los territorios; que ha reconocido la pluralidad y las relaciones dentro de esa riqueza que ha permitido no sólo defenderlas, sino también potenciarlas pero, insisto, en un marco de convivencia.

Nosotros creemos que en este momento establecer o propugnar cambiar el modelo de organización territorial del que en estos momentos tiene establecida la Constitución para ir a otro que no se sabe cuál es o, por lo menos, hasta este momento no se ha explicado, es una aventura enormemente arriesgada y que no tiene ninguna justificación.

Precisamente cuando se ha conseguido un modelo como, insisto, en ninguna otra etapa de nuestra historia estable, positivo, propugnar sólo porque sí cambiar ese modelo hacia no se sabe qué y, desde luego, desde un punto de vista arriesgado, no tiene ninguna explicación desde nuestro punto de vista.

Sr. Piqué.- Volviendo al tema de las pensiones y cuál ha sido la actitud del Gobierno, el Gobierno en el planteamiento de Presupuestos Generales del Estado, en el que lleva trabajando ya desde hace unos meses, habida cuenta de la evolución positiva de las cuentas de la Seguridad Social venía contemplando algunas posibilidades, y ayer mismo los sindicatos confirmaban que se llevaban ya unas cuantas semanas hablando de estas cuestiones.

En ningún momento el Gobierno se ha sentido no sólo arrastrado, entre comillas, si se quiere, sino que el Gobierno ha incidido activamente en la búsqueda de un consenso, en el marco del Pacto de Toledo, de acuerdo con las fuerzas sociales y de acuerdo con el máximo de fuerzas políticas posibles, para que se pudieran tomar medidas como las que se están tomando ahora.

Lo que sí ha tenido que hacer el Gobierno es un esfuerzo para evitar las consecuencias nefastas que hubiera tenido si hubieran cuajado y se hubieran generalizado las iniciativas bilaterales que han ido tomando determinados gobiernos de Comunidades Autónomas. Afortunadamente, esto, como he dicho antes, se ha reconducido y yo creo que ahora lo que debemos hacer es no volver sobre ese debate.

Las pensiones están aseguradas, las pensiones se van a mejorar y, en todo caso, lo que hay que hacer es seguir explicando a la sociedad española que no se puede jugar con estas cosas, que no se puede volver al pasado, que ahora las cosas están bien, pero que, si se toman medidas como las se que hubieran podido tomar en su momento o se tomaron en el pasado, podríamos volver a correr el riesgo de volver a situar a la Seguridad Social en quiebra.

Por tanto, el Gobierno está extremadamente satisfecho de cómo ha evolucionado esta cuestión. Va a seguir explicándola a la sociedad española, pero no en términos de debate electoral, sino en términos de evitar cualquier otra nueva tentación de poner en peligro un sistema que nos ha costado mucho consolidar.

En relación al otro tema, el Gobierno ha demostrado ya su clara predisposición y su clara disponibilidad a proseguir los contactos con ETA. Eso se ha dicho pública y notoriamente, y lo ha expresado el propio Presidente del Gobierno en esta misma mesa hace justamente una semana. Por lo tanto, quien tiene que tomar una decisión es quien ha recibido el emplazamiento. El Gobierno está absolutamente dispuesto y no hay nada más que decir.

Eso hay que separarlo completamente de la normal relación institucional que debe haber entre el Gobierno de España y el Gobierno vasco y, por lo tanto, separarlo completamente del contenido y la virtualidad de la entrevista entre el "lehendakari" y el propio Presidente del Gobierno. Y, desde luego, tampoco tiene nada que ver con establecer un diálogo con Euskal Herritarrok. Ha habido ya un encuentro con Euskal Herritarrok; hay ya una previsión de un segundo encuentro, incluso con un orden del día acordado. Lo suspendió Euskal Herritarrok, pero con un argumento que, desde nuestro punto de vista, es totalmente discutible.

Ya lo hemos dicho muchas veces: si Euskal Herritarrok quiere ser tratado como un partido normal con el cual el Gobierno y las fuerzas políticas dialogan normalmente, lo primero que tiene que hacer es convertirse en un partido normal. Hoy por hoy todavía no lo es y, además, da la impresión de que cada día lo es menos.

P.- Me gustaría saber cómo están las relaciones diplomáticas con Chile tras los últimos acontecimientos y si cree que hay peligro de ruptura de relaciones con el país sudamericano. En segundo lugar, a ver si podía ahondar en la nueva configuración del delito de colaboración con banda armada, porque parece que se abarata la pena.

Sr. Piqué.- La posición del Gobierno de España es perfectamente conocida y ha sido exactamente la misma desde que empezaron a surgir los problemas hace ahora aproximadamente un año, a raíz de la detención del General Pinochet. Es una postura de respeto escrupuloso al funcionamiento de la Justicia y, por lo tanto, parte de las exigencias que se derivan del Estado de Derecho, de la libre actuación y de la independencia del Poder Judicial, y del máximo respeto a las decisiones que puedan tomar Gobiernos amigos.

Sobre esta base ha expresado siempre, y sigue expresando, su solidaridad total, su apoyo y su amistad al pueblo chileno y a la democracia chilena, y ha intentado transmitir esa solidaridad, ese apoyo y esa amistad permanentemente.

Nosotros estamos convencidos de que Chile, como Estado de Derecho, va a entender y entiende esta posición. Seguiremos, en cualquier caso, reiterándola. Estamos seguros de que en ningún momento se va a hacer nada que ponga en cuestión ese Estado de Derecho, por ejemplo, a través de actitudes discriminatorias, y también estamos convencidos de que cualquier movimiento que pueda romper ese sentimiento de amistad entre los dos pueblod va en una dirección completamente errónea. Nosotros esperamos realmente que en ningún momento se llegue a plantar nada que pueda ser irreversible, y desde esa actitud positiva y constructiva vamos a seguir afrontando esta cuestión.

En cuanto a lo segundo, no es un problema de voluntad del Gobierno. En su momento ya se dijo que el Gobierno --y eso era algo plenamente compartido por prácticamente todos los analistas--, a la vista de la sentencia del Tribunal Constitucional, tenía que adaptar el Código Penal a lo que el propio Tribunal Constitucional entiende que no se adaptaba a la Constitución, en cuanto a una cierta desproporción o a la ambigüedad de relación entre la gravedad de la pena y la eventual gravedad del delito.

Por lo tanto, no es que se abarate. Se sigue manteniendo una pena máxima de diez años. Lo que sucede es que se abre la posibilidad de que en algunos casos, en lugar de que la pena mínima sea de cinco, sea de tres; pero eso es perfectamente acorde con lo que establecía la propia sentencia.

P.- Yo sigo con el tema de Chile. Quería saber cómo evalúa la última decisión del Gobierno chileno de llamar a consultas a su Embajador, como medida de protesta por la respuesta al arbitraje. ¿Qué piensa hacer el Gobierno español para arreglar la grave crisis bilateral que se ha abierto con Chile? Como segunda pregunta, también el Gobierno Frei, como medida de represalia, estudia la posibilidad de revisar el Tratado de Protección de Inversiones con España. ¿Qué piensa hacer el Gobierno español frente a esta amenaza y cómo va a proteger sus intereses económicos en Chile?

Sr. Piqué.- Que un Gobierno llame a consultas a un Embajador forma parte de la tradición diplomática normal y, por lo tanto, no hay nada más que añadir. Lo que sí le digo es que, desde el punto de vista del Gobierno de España, y se lo voy a decir con toda la solemnidad, no existe una crisis bilateral.

España no tienen ningún contencioso con Chile. España tiene un profundo sentimiento de amistad y de solidaridad con Chile, y procura demostrarlo todos los días. Si la percepción desde el Gobierno de Chile pudiera ser distinta, en cualquier caso no corresponde al Gobierno de España calificarla. Como estoy seguro también de que es muy difícil de entender que en un Estado de Derecho se puedan establecer tratos discriminatorios en función de la nacionalidad de unas determinadas inversiones. Yo estoy seguro de que eso no va a ser así, porque eso sería romper unas reglas del juego que en el Derecho Internacional son muy explícitas.

Yo espero que en esta cuestión, que es compleja y es difícil, y no lo vamos a negar, y que tiene una seriedad que tampoco conviene minusvalorar, al final, las cosas evolucionen desde el sentido común, desde la sensatez, desde la normalidad que debe presidir la relación entre dos países que tienen sentimientos mutuos muy profundos.

P.- Siguiendo con Chile, la principal queja del Gobierno chileno es que se sienten engañados por el Gobierno español con respecto al tema del arbitraje. El Canciller Valdés ha sido muy duro, ha calificado la respuesta al Gobierno español de "patética" y ha dicho que se les dio falsas esperanzas a las autoridades chilenas de que el arbitraje iba a ir adelante; incluso que ustedes habrían enviado a empresarios. Se menciona al señor Martín Villa como el enviado especial dándole a conocer la posibilidad de llevar este tema al Consejo de Estado. Quiero saber si se le ofreció algo al Gobierno de Chile y si son verdad estos contactos de los empresarios españoles con las autoridades chilenas en el tema Pinochet.

Sr. Piqué.- El Gobierno español siempre ha mostrado su total predisposición a escuchar al Gobierno chileno, a valorar sus planteamientos y a ver si es posible, dentro del respeto al Estado de Derecho, a las leyes y a la independencia del Poder Judicial, encontrar una solución satisfactoria. Y esa disposición el Gobierno español la sigue teniendo.

Es cierto que, en un momento determinado en un contencioso jurídico, puede existir la posibilidad de un arbitraje, pero tiene que ser algo que en la legislación española derive de una decisión, no del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo, y eso significa que eso requiere del consenso de las fuerzas políticas. Eso es exactamente, ante el planteamiento de esta cuestión, lo que participó el Gobierno español al Gobierno chileno. Después, como se ha visto, ese consenso entre las fuerzas políticas españolas respecto a esta cuestión no existe; pero seguimos estando completamente abiertos a seguir hablando con el Gobierno de Chile, si conviene, todos los días.

Interpretar que el cumplimiento de la propia legislación no es un comportamiento correcto o es un comportamiento criticable entra dentro del campo de las valoraciones; pero, desde luego, es una valoración que, en cualquier caso, el Gobierno español no comparte.

Y respecto a que determinados empresarios españoles puedan haber tenido algún tipo de intervención, la presencia de inversores españoles en Chile es una presencia amplia. Hay grandes empresarios españoles que tienen, a través de sus empresas, intereses en Chile y que tienen un contacto directo con el propio Gobierno chileno, y que, en algún caso, pueden haber también participado de estas posibilidades de arreglo.

Pero no hay que darle más trascendencia. Seguiremos trabajando para que esta crisis, que, insisto, no es bilateral, sino que se está planteando en términos unilaterales, no vaya a más.

P.- Para el Ministro Portavoz. ¿Nos puede confirmar si al Fiscal General del Estado se le va a subir el sueldo de once a veinte millones de pesetas? Querría saber si esa subida sería en este caso discrecional, es decir, a voluntad del Gobierno o de obligado cumplimiento por Ley para equiparar así su salario con el del Presidente del Tribunal Supremo. Y, en caso de que usted me diga que sí a esto último que le planteo, me gustaría saber si es obligatorio esa subida salarial, por qué no se produjo, no se aplicó hace un año, y quién se olvido de aplicar ese aumento, y, si en ese caso, va entonces a tener que cobrar atrasos el señor Fiscal General del Estado.

Sr. Piqué.- No sé si va a tener que cobrar atrasos el señor Fiscal General del Estado o los Fiscales Generales del Estado que existen desde el año 1981, porque es un olvido que viene desde el año 1981, así que fíjese si hace años que este tema está candente.

Lo que hay es el recordatorio de que hay que aplicar una ley que tiene muchísimos años de vigencia, que es del año 1981 insisto; que durante muchísimos años nadie tuvo ningún interés en aplicar y que dice exactamente que la retribución del Fiscal General del Estado y del Presidente del Tribunal Supremo tiene que ser la misma.

Ese recordatorio, que además nos parece muy bien, ha sido un recordatorio hecho por todos los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, a través de una carta que se dirige a la señora Ministra de Justicia; por lo tanto, no es una decisión de la Ministra, sino que es una petición a la Ministra de Justicia que está firmada por todos los Fiscales de Sala. Les puedo repetir los nombres, son los señores Aparicio Calvo-Rubio, Jiménez Villarejo, Hernández Guijarro, Martínez Zato, Aranda Calleja, Abad Fernández, Martín-Casallo López, Gómez Guillamón, Luzón Cuesta, Iscar Sánchez, Torres-Dulce Lifante, Fungairiño Bringas y Ortíz Úrculo. Por lo tanto, parece que hay una clara unanimidad y que es un tema que realmente debería haber estado resuelto mucho antes y, en cualquier caso, desde el año 1981.

P.- Respecto de las medidas contra la inflación, me gustaría saber su opinión si no sería más eficaz una rebaja inmediata de los impuestos que gravan el consumo de gasolinas y de butano; si al respecto existen divergencias con el Vicepresidente económico, Rodrigo Rato, y si esto explicaría que en este Consejo de Ministros no se haya tomado ninguna decisión al respecto.

Sr. Piqué.- No, no, antes ya lo he dicho. Con independencia de que en cualquier discusión sobre los impuestos siempre tiene razón el Ministro de Economía y Hacienda, sea cual fuere, que eso siempre es así en cualquier Gobierno y en cualquier momento del orden temporal, ahora, hablando más en serio, no es que haya divergencias, sino que estamos tratando temas que requieren de un análisis de fondo.

Es cierto que siempre que se producen subidas en determinados mercados hay un debate sobre los impuestos indirectos. En estos momentos, por ejemplo, el Gobierno francés, el Gobierno socialista, ha presentado un proyecto de Presupuestos para el año 2000 que incluye una rebaja de los impuestos indirectos y, en concreto, una modificación del Impuesto sobre el Valor Añadido para algunos productos y para algunos sectores. Por lo tanto, es un debate internacional que también nos afecta a nosotros.

En el caso de las gasolinas y de los gasóleos, el peso más importante es, aparte del IVA, los impuestos especiales, que hacen que en España entre el 70 y el 75 por 100 del precio final de la gasolina y del gasóleo sea atribuible a los impuestos; pero eso en Europa, en el conjunto de la Unión Europea, es más y se suele mover en torno al 80 por 100 y eso hace que suceda algo que cualquier persona que viaja por Europa puede comprobar, y es que la gasolina en España, a pesar de haber subido mucho en estas últimas semanas, sigue siendo una de las gasolinas más baratas de Europa, debido precisamente a que, como no hay diferencias fundamentales en el precio del producto sin impuestos, las diferencias fundamentales vienen de la carga impositiva.

Eso hace que eso requiera una reflexión y, probablemente, también una decisión, que en algunos casos se ha tomado y que ahora ya he dicho que se estaba valorando, en cuanto a actualizar o no, en función de la evolución del IPC, el propio impuesto especial de hidrocarburos.

Otra cuestión es el debate que se pudiera abrir, en su caso, respecto a qué tipo de IVA debe ser el aplicable a un producto como el butano. Mucha gente puede opinar que, siendo un producto de primera necesidad, que es utilizado, aproximadamente, por trece millones de hogares españoles, lo normal es que el tipo del IVA del butano pudiera ser no el normal, sino el reducido.

Eso tiene unas consecuencias sobre la recaudación. Las medidas de modificación tributaria hay que tomarlas, no en función de cuestiones de corto plazo, sino en función de la estructura de precios que se quiere para el futuro. Es un tema que se puede tomar en consideración; pero hoy el Consejo de Ministros se ha centrado en las medidas de reforma estructural y no en lo que pudieran ser reformas específicas de precios muy concretos de algún producto muy concreto, como pudiera ser el butano.

P.- Solamente una aclaración. Cuando usted ha dicho el 0'7 por 100 de déficit, ¿estaba refiriéndose al conjunto de las Administraciones Públicas o solamente al Estado?

Sr. Piqué.- A la Administración Central.

P.- Entonces, para el conjunto de las Administraciones Públicas lo situaremos en torno al 0'9 por 100, ¿no?, imagino.

Sr. Piqué.- Sí, porque habrá un ligero superávit de Seguridad Social, que puede ser el 0'5 por 100, y el déficit de las Administraciones Territoriales puede estar en torno al 0'2 por 100. Sí, efectivamente. Le estoy hablando de memoria, pero creo que sí.

P.- Quería preguntarle si en estas medidas antiinflacionistas se contempla también a las eléctricas que, al parecer, estaban cobrando tarifas excesivas.

Sr. Piqué.- Ésa es una cuestión que conviene aclarar, porque he visto esta interpretación en algunos medios de comunicación. El sistema eléctrico tiene un sistema de ofertas, es decir, las ofertas en cuanto a la generación ya son plenamente competitivas; lo que sucede es que después ese mercado fija los precios para los clientes cualificados, es decir, los que pueden elegir libremente suministrador, pero para muchos otros clientes durante un período transitorio todavía se fijan tarifas por parte de la Administración.

Para ese mercado de ofertas la Administración, en su momento, en la propia Ley del Sector Eléctrico, fija un "precio sombra", que es el que permite calcular si la evolución del mercado genera o no derecho a percibir costes de transición a la competencia. Ese "precio sombra" se fijó en seis pesetas, y hasta ahora, en el año y medio largo de vigencia de la Ley Eléctrica, los precios que se han fijado en ese mercado de oferta, incluido el factor de potencia, han estado ligeramente por debajo de las seis pesetas. Eso quiere decir que el sector eléctrico percibe una compensación vía CTCs; pero la propia evolución del mercado está haciendo que esos ingresos sean inferiores a los que inicialmente estaban previstos.

¿Qué está sucediendo ahora, y es el origen de la noticia? Que es un año de sequía y, por lo tanto, la producción hidroeléctrica, que es más barata que el promedio, ha sido inferior. Se está utilizando mucho más carbón, mucho más fueloleo, que además ha incrementado mucho sus precios, y eso hace que el precio que se fija en el mercado de oferta sea superior al "precio sombra"; pero eso tiene un efecto inmediato y es que se reducen los derechos a percibir costes de transición a la competencia por parte de las compañías eléctricas. Por lo tanto, en ningún caso eso va en favor de una mejora de los ingresos de las compañías eléctricas, sino que se compensa después vía tarifa.

Eso es lo que ha sucedido. Yo creo que no hay que darle mayor trascendencia, con independencia de que quisiera recordar que en las medidas que se tomaron el pasado mes de abril una de ellas fue aumentar extraordinariamente el grado de apertura del mercado, y para el 30 de junio del próximo año, prácticamente el 54 por 100, si no recuerdo mal, de toda la demanda de energía eléctrica estaría ya plenamente liberalizada, y eso significa que hay unas 66.000 empresas que podrán acceder libremente a comprar electricidad a quien consideren por conveniente.

P.- ¿El borrador de la Ley de Acompañamiento incluye una congelación de las tarifas del IRPF y de las retenciones?

Sr. Piqué.- No, no me consta.

P.- Mañana se celebra la Asamblea de Municipios Vascos. Se presenta como una nueva institución y los nacionalistas radicales han dicho claramente que es una institución alternativa a la autonomía. Yo quería que, dentro de este balance del año de tregua, incluyera también esta cuestión e hiciera una valoración desde la perspectiva del Gobierno de este desafío clarísimo al Gobierno y a la Constitución.

Sr. Piqué.- Yo creo que a estas alturas es una evidencia que la declaración de tregua de ETA va asociada a una dinámica política que tiene su manifestación más clara en la firma del Pacto de Estella y, a partir de ahí, la puesta en marcha de intentos de desbordar la legalidad a través de institucionalizar organismos que no están contemplados ni en nuestra Constitución ni en el Estatuto de Autonomía.

Afortunadamente, esa dinámica ha fracasado y ha fracasado, fundamentalmente, por la voluntad de los propios vascos que han demostrado, a través de las convocatorias electorales y de la expresión democrática de sus deseos, que están por la pluralidad de la sociedad vasca, que están por el marco de convivencia del que se dispone y que están en contra de cualquier intento de desbordamiento de legalidad, de cualquier intento de romper con las reglas del juego, de cualquier intento de imponer el proyecto de una parte de la sociedad sobre el conjunto de la misma.

Desde esa perspectiva vemos la convocatoria de la Asamblea. Entendemos que no refleja la voluntad del pueblo vasco; refleja, en todo caso, la voluntad de una parte, más o menos significativa, pero no del pueblo vasco, y cualquier intento de buscar una representatividad que vaya más allá de la estricta está condenada al fracaso. Con independencia de que, insisto, se trata de un intento de institucionalización que no tiene cabida en nuestro ordenamiento, desde el punto de vista de su representatividad democrática.

Yo creo que la valoración, por lo tanto, desde un punto de vista global es muy clara. Llevamos un año sin muertos y eso siempre es algo extraordinariamente positivo; pero creo que también debemos de congratularnos de que ese año sin violencia terrorista, porque hay que recordar que durante bastante tiempo ha habido y puede haber de nuevo violencia de otras características, como, por ejemplo, la violencia callejera, que siempre hemos condenado y que hay que seguir condenando con toda rotundidad... En cualquier caso, es un proceso que no ha comportado la cesión de precio alguno que vaya más allá de lo que se deriva de la voluntad democrática de todos los ciudadanos.

Ésa es la valoración que hace el Gobierno y va a seguir contemplando fenómenos como la Asamblea de electos del País Vasco de la misma manera que le he comentado.

P.- Este miércoles está anunciada una reunión entre el Ministro Matutes y el Canciller chileno Juan Gabriel Valdés. Para esa reunión ¿el Gobierno de Aznar le ha dado alguna instrucción al Ministro Matutes de cómo tiene que ser la relación para salir de esta crisis? Me gustaría saber si este tema del problema de las relaciones con Chile fue tratado o no en el Consejo de Ministros.

Sr. Piqué.- Le contesto a lo segundo muy rápidamente: no, no ha sido tratado.

En cuanto a si ha habido instrucciones al Ministro de Asuntos Exteriores, no hace falta. El Ministro de Asuntos Exteriores es Ministro, es el Ministro de Asuntos Exteriores, y tiene absolutamente clara su estrategia. Es quien la dirige. Sus conversaciones con el actual Canciller chileno o con el anterior yo diría que eran muy constantes, muy regulares, y van a seguir, y esperamos que sigan siendo, así como corresponde a la relación que tienen que tener dos Cancilleres que mantienen una relación, en lo personal, desde hace tiempo y que tiene que seguir siendo lo más amistosa posible.

Por tanto, no hay ningún planteamiento concreto. Se trata de volver a escuchar, de volver a explicar cuál es la posición del Gobierno español que, por otra parte, no puede ser otra, que es la posición de respeto a la Ley y al Estado de Derecho y, simultáneamente, de voluntad de analizar cualquier planteamiento que pudiera permitir una solución lo más amistosa posible a este conflicto. Pero cada uno desde sus límites y, desde luego, como he reiterado, desde el máximo respeto a los intereses del pueblo y del Gobierno de Chile.

P.- Ministro, me gustaría que me hiciera una valoración política de las declaraciones del Canciller Valdés donde textualmente dice que "le parece realmente patética la carta del Canciller Matutes al Canciller Valdés". Y, especialmente, me gustaría que usted me hiciera una valoración política de la mala imagen que el Gobierno chileno está creando en la sociedad chilena del Gobierno español, donde yo le tengo que decir abiertamente que hoy por hoy la imagen del Gobierno español en Chile es mucho más que negativa cara a la opinión pública. Me gustaría su valoración política.

Sr. Piqué.- Yo lamento que esa imagen pueda estar evolucionando negativamente. Yo lo que sí le puedo decir es que la posición del Gobierno español es la que le estoy expresando ahora en mi calidad de Portavoz del Gobierno español, y creo que --además, algunos de ustedes han tenido la ocasión de comprobarlo-- siempre ha sido la misma y siempre nos hemos expresado en los mismos términos.

Otra cosa es que después esa posición se pueda manipular, se pueda tergiversar o se puedan introducir intoxicaciones. Yo espero que nadie con sentido de la responsabilidad contribuya a eso y, sobre todo, desde un determinado nivel de responsabilidad. Por lo tanto, no vamos a hacer ninguna valoración de las opiniones que ha expresado el Canciller Valdés en esta circunstancia.

P.- Ministro, usted ha afirmado que el Gobierno ha sobresapasado en progresismo al PSOE y ha limitado su información, tengo la impresión, a temas de realizaciones económicas. Yo quisiera que me valorara si considera progresista la actitud mantenida por la Fiscalía, por ejemplo, en el "caso Pinochet" o si considera progresista la abstención del partido que sustenta el Gobierno al abtenerse en la moción de condena al golpe franquista.

Sr. Piqué.- No quisiera que nos perdiéramos ahora en un debate semántico respecto a quien es más progresista o no. Lo que sí intentaba transmitir es que lo que nos interesa, no es tanto aparecer como más o menos progresistas, sino que lo que nos interesa es ser más o menos agentes de progreso. Nuestra opinión es que este Gobierno ha propiciado el progreso de nuestro país de una manera mucho más intensa y de una manera mucho más eficaz que Gobiernos anteriores, y de ahí la insistencia en esa palabra, pero que no es la del progresismo, sino la de la búsqueda del progreso y el progreso real que, al final, pasa por el empleo, pasa por el bienestar, pasa por la redistribución de riqueza, pasa por asegurar las pensiones y por todas estas cosas que hemos ido comentando.

Eso, que es evidente desde el punto de vista económico, creo que también lo es desde el punto de vista político, porque ya hemos expresado nuestro respeto a las responsabilidades de cada cual. La Fiscalía española ha mostrado su opinión respecto al "caso Pinochet" ahora y es exactamente la misma que la Fiscalía como institución, con personas distintas, expresó hace cuatro años cuando apareció un caso muy similar. O sea, la doctrina jurídica de la Fiscalia permanece constante a lo largo del tiempo con independencia de quien esté gobernando en España, y hay también opiniones muy significadas de significados militantes del Partido Socialista que también creo que nadie puede utilizar como para negar patentes de progresismo al partido político al que pertenecen. En todo caso, el debate tiene que situarse en otros términos y creo, por lo tanto, que éste es un debate estéril.

Y lo mismo respecto a la segunda cuestión. Puede haber gente interesada, a lo mejor porque no hay otros argumentos, en resucitar el fantasma de la guerra civil, en volver a la dinámica de las dos Españas, en entrar en una dinámica, por el Legislativo, de análisis de la realidad histórica que podía tener sus derivaciones y, de la misma manera que se hace una calificación histórica de la guerra civil, alguien podría hacer una calificación histórica, por qué no, de la sublevación del año 1934 o una valoración histórica de la colaboración de los sindicatos con la dictadura de Primo de Rivera.

Podríamos divertirnos todos muchísimo; pero ahí yo creo que hay un valor de progreso en la sociedad española que, desde luego, el Gobierno va a intentar preservar y es el que se deriva de lo que permitió el éxito de nuestra transición democrática, que fue que los ciudadanos mirábamos hacia el futuro y no removíamos los conflictos y las confrontaciones que dieron lugar a la guerra civil y a una larguísima dictadura.

Yo creo que eso fue muy positivo, eso fue muy importante, y es muy positivo y muy importante que lo preservemos. Y ni el Gobierno, ni el Partido Popular, en ningún momento van a entrar en el juego de resucitar esos argumentos que ya hace veinticinco años, entre todos, decidimos que no tenían ningún sentido.

Si hay gente que puede considerar que eso pueda tener un rédito electoral a corto plazo, allá él con su responsabilidad. El Gobierno va a seguir mirando al futuro, va a seguir preocupándose por el futuro de los ciudadanos, y por sus preocupaciones y sus necesidades, y considera que no tiene ninguna significación real que ahora volvamos a debatir cosas que hace muchísimo tiempo que, afortunadamente, la sociedad española ha superado.

P.- Ministro, nos ha ofrecido la cifra de déficit público para el conjunto de las Administraciones Públicas. Supongo que ya han calculado, por lo tanto, el crecimiento del Producto Interior Bruto para el año que viene, la cifra revisada. También me gustaría saber si tienen la nueva cifra de inflación y cómo queda el tema de la compensación por vivienda en el IRPF, en la Ley de Acompañamiento.

Sr. Piqué.- Esta segunda pregunta que me hace ya es muy técnica; lo que sí sé es que la contempla, pero no me haga decir exactamente cómo. Se puede ver, en todo caso, en la Referencia o le puedo pasar la información.

El cuadro macroeconómico para el próximo año no está todavía ultimado. Sabe que se presenta con el Proyecto de Presupuestos; por lo tanto, lo único que le puedo anticipar ahora son aproximaciones. El Gobierno cree que el crecimiento del próximo año puede ser incluso ligeramente superior al que se va a producir en este año, 1999, y, por lo tanto, puede ser un crecimiento que se sitúe en el entorno entre el 3'7/3'8 por 100. Ésa es una magnífica noticia, porque significaría que ya es el cuarto año consecutivo en el que la economía española crece por encima del 3'5 por 100, que, dicho de otra manera, en el año 2000 la sociedad española, en su conjunto, va a ser, en términos reales, por lo menos, un 15 por 100 más rica de lo que era en el año 1996. Yo creo que eso es algo que nos debe congratular.

Ése es, en principio, el entorno de la previsión; pero no se lo puedo concretar porque hay que precisar, exactamente, el cuadro macroeconómico y, de la misma manera, por lo tanto, le puedo decir lo mismo para la inflación: si, como parece, no se va a reproducir el "shock" petrolífero de estos meses y los precios, a partir de ahí, se mantienen estables en el nivel actual, lo razonable es que la inflación del próximo año se sitúe en un entorno que es el que el Banco Central Europeo considera razonable, que es el entorno del 2 por 100, dos décimas arriba, dos décimas abajo. Y es, previsiblemente, por donde se va a orientar esa cifra.

P.- Quisiera que me hiciera una valoración sobre unas declaraciones efectuadas por el que fuera Director de la Oficina Presupuestaria esta mañana, José Barea, que ha dicho, en contra del acuerdo alcanzado ayer, que, si se aplica el acuerdo alcanzado ayer, esta subida de pensiones, en cuestión de cinco años el sistema podría quebrar.

Sr. Piqué.- Desconozco estas declaraciones del profesor Barea, a quien yo tengo un gran respeto intelectual y no tengo ninguna duda en su rigor. Lo que puede suceder es que el señor Barea, a lo mejor, tiene todavía en la cabeza las cifras de cuando entró aquí, y en esos momentos, probablemente, como la Seguridad Social estaba prácticamente quebrada, ahora sigue pensando que la situación no ha cambiado.

Muchas gracias.