Rueda de Prensa

Sr. Rodríguez.- Buenos días. Comparecemos ante ustedes para dar cuenta de los principales acuerdos del Consejo de Ministros celebrado esta mañana.

Lo primero que quiero hacer, en nombre del Gobierno, es enviar la condolencia a los familiares de las policías municipales que fueron asesinadas en Córdoba. Han de saber que compartimos el dolor de toda Córdoba, de toda España, por este asesinato. Han sido, para el Gobierno y para toda España, un ejemplo de servicio; ejemplo que cada día demuestran las Fuerzas de la Seguridad del Estado en España.

Ejemplo de servicio también el de Fernanda Calado Rosales, como saben ustedes, voluntaria española muerta en Chechenia, a la que hoy, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se le ha concedido la Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad.

El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana la Ley del Gobierno, que les presentará el Ministro de las Administraciones Públicas.

El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana distintas medidas económicas y, entre ellas, la venta de la participación estatal en Telefónica. Y el Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía ha presentado dos informes sobre la marcha económica en nuestro país, de los que también recibirán ustedes información en esta rueda de prensa.

Además, ha habido un informe del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales sobre un balance del diálogo social, del que les informará a ustedes seguidamente.

El Gobierno quiere expresar también la satisfacción porque las demandas de España en la Unión Europea están siendo escuchadas. Saben ustedes las conclusiones de la Cumbre de Dublín, el amplio consenso parlamentario que se ha alcanzado esta semana sobre esta Cumbre, y hay que decir que el extraordinario papel que en este asunto está jugando el Presidente del Gobierno español hace que España sea escuchada. El Presidente del Gobierno no está de mero espectador en las Cumbres europeas; es, en estos momentos, uno de los protagonistas que está construyendo la nueva Unión.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la concesión de la Medalla al Mérito en las Bellas Artes al Museo de Burgos, al Ayuntamiento de Albarracín, a la Fundación Amigos del Museo del Prado, a la Fundación Edades del Hombre, a doña Carmen Ortueta de Salas, don Jorge de Barandiarán e Ibáñez de Betolaza, don Álvaro Delgado Ramos, don Luis Rodríguez-Gordillo, don Leandro Navarro Ungría, don Julián Trincado Settier y a los directores de cine, don Fernando Trueba y don José Luis Garci.

Además, el Gobierno ha aprobado hoy la reducción de los aranceles de Notarios y Registradores en la subrogación de créditos hipotecarios. Se reducen en un 50 por 100 las escalas básicas de los aranceles notariales y registrales en las operaciones de subrogación, innovación de prestamos hipotecarios y se acelera su aplicación práctica en determinados extremos arancelarios; en particular, considerándose como una sola operación la subrogación que también conlleve novación de las condiciones del préstamo.

Tienen más información sobre esta noticia en la Referencia del Consejo de Ministros.

El Consejo ha aprobado también un Real Decreto destinado a regular los Centros de Innovación Tecnológica. Esta iniciativa del Gobierno responde al objetivo de desarrollar y fortalecer la capacidad competitiva de la industria española y elevar el nivel tecnológico de las empresas. El Gobierno es consciente de la importancia del carácter aplicado en la investigación y es consciente de la necesidad de transferir tecnología de los centros públicos de investigación y las empresas, y pretende, con esta medida, corregir los desequilibrios y las carencias detectadas en el entorno tecnológico español.

Los objetivos concretos de estos Centros serán los siguientes: desarrollar proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, prestar asistencia y servicios tecnológicos, transferir los resultados de la investigación entre los centros públicos de investigación y las empresas y fomentar la investigación cooperativa entre empresas.

Del éxito de los Centros de Innovación y Tecnología dependerá, en gran medida, que las empresas españolas logren una posición más favorable en los sectores estratégicos de los mercados internacionales.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado distintos créditos FAD. A Marruecos, se le concede una línea de crédito de hasta 6.000 millones de pesetas; a El Salvador, una concesión de un crédito por un importe de 3.500 dólares.

La Ministra de Agricultura ha informado al Consejo de Ministros de una buena noticia en materia de pesca. Se aumentan las cuotas para la pesca en merluza, en rape, en bacalao y en gallo; concretamente, en gallo, la cuota más alta alcanzada desde la adhesión se ha conseguido hoy: se eleva a 8.140 toneladas, que pueden pescar los españoles en las aguas de la Unión.

Además, se ha decidido, a instancias de España, retirar la propuesta de la Comisión para establecer un sistema de gestión para la sardina ibérica; tema que será estudiado el próximo año entre España, Portugal y la Comisión.

Como la rueda de prensa será amplia, me remito a la Referencia del Consejo de Ministros. Si les parece, empezamos, aunque no sea protocolario, por la Ley del Gobierno.

Sr. Rajoy.- Muy buenos días a todos. Voy a intentar presentar, con la brevedad debida, habida cuenta del número importante de acuerdos que se han adoptado, de informes que se han presentado, en el Consejo de Ministros de hoy, con la Ley del Gobierno.

Con la presentación y aprobación por el Consejo de Ministros de este Proyecto de Ley, el Ministerio de Administraciones Públicas culmina, para el presente año 1996, el programa legislativo que había presentado en la primera sesión en la que, como Ministro, tuve ocasión de comparecer en el Congreso de los Diputados.

Ya está en las Cortes Generales, debatiéndose en su fase final, la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, es decir, la LOFAGE; ya está también en la fase final del debate la Ley que regula la Conferencia Sectorial de Asuntos Europeos; en la Ley de Medidas de Acompañamiento, se establece que la edad de jubilación es la de los 65 años, pero se permite, a quien lo estime oportuno y conveniente, seguir trabajando hasta los 70 años y, por último, hoy presentamos la Ley del Gobierno, con lo que se cumple el programa fijado por el Ministerio en el debate primero, al que antes he hecho referencia, y se da cumplida respuesta a cuatro de los temas importantes que se planteaban en el programa electoral del Partido Popular.

En segundo lugar, quiero señalar que ésta es una Ley pendiente desde el año 1978; responde a un mandato constitucional, pero, hasta el presente momento, España no tiene Ley del Gobierno, sino un conjunto de disposiciones, en algún caso, legales y, en otro, reglamentarias, donde se regulan diferentes aspectos relacionados con el Gobierno.

En tercer lugar, tengo que decir que con este Proyecto de Ley el Gobierno apuesta, de una forma clara y contundente --y voy a dar algunos ejemplos--, por democratizar el funcionamiento de las Instituciones, del Gobierno; huye del establecimiento de privilegios y fortalece con claridad la división de poderes. Responde, por tanto, al planteamiento de regeneración democrática que ha hecho el Partido Popular a lo largo de estos últimos años.

Particularmente, quiero señalar tres temas que me parecen de especial significación. El primero, y probablemente el más importante, es que la propia Ley del Gobierno y, luego, el Proyecto de Ley, que se presentará en el mes de enero, de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativo ratifica que todos los actos del Gobierno, además de ser y estar sometidos al control político del Parlamento, son recurribles ante los Tribunales de Justicia. Por tanto, no hay actos del Gobierno que no sean susceptibles por cualquier ciudadano de ser recurridos ante los Tribunales de Justicia.

Éste, sin duda, es un tema muy importante; contribuye claramente al principio de división de poderes; establece dónde están los límites de la acción del Gobierno y, por tanto, significa, en mi opinión, un avance importante respecto a la situación actual.

En segundo lugar, se establece también una definición clara de las decisiones que puede adoptar el Gobierno en funciones, que, lógicamente, deben ser actuaciones de mera administración o actuaciones que respondan a necesidades urgentes y muy especiales del momento.

En tercer lugar, pone fin a la polémica habida en su día sobre la consideración o no de los Secretarios de Estado como miembros del Gobierno y sobre la existencia o no de un fuero especial para estos Secretarios de Estado. Pues bien, el Consejo de Ministros, en la línea y en los principios inspiradores de este Proyecto, ha afirmado que los Secretarios de Estado no son miembros del Gobierno y, por tanto, no tienen ningún fuero especial; fuero especial que se reserva exclusivamente para los Ministros, Presidente de las Cortes y del Congreso y de algunos organismos constitucionales, respondiendo a lo que nosotros creemos que es el espíritu constitucional.

Por lo tanto, éstos son, en mi opinión, los temas más importantes; y quisiera resumir algunos otros aspectos, que considero también de interés.

Primero, deliberadamente, la Ley del Gobierno es una ley de mínimos y que regula los aspectos más esenciales del órgano constitucional, es decir, aquellos que vienen determinados por el principio de reserva de ley ordinaria; dejándose los demás aspectos a regulación reglamentaria.

Segundo, se distingue claramente entre el Gobierno como órgano político y la Administración. Lógicamente, el contenido de este Proyecto de Ley es plenamente coherente con la Ley que regula la Administración Pública, que es la LOFAGE, a la que antes he hecho referencia.

En tercer lugar, establece el principio de potenciación del principio de dirección presidencial, que otorga al Presidente del Gobierno la competencia en orden a la determinación de las directrices políticas que seguirá el Gobierno. Creemos que esa potenciación responde al espíritu constitucional y está en la línea de la regulación del resto de los países de la Unión Europea.

En cuarto lugar, se opta por un desarrollo estricto del artículo 98 de la Constitución y, por tanto, sólo son miembros del Gobierno, como ya he dicho antes, Presidente, Vicepresidentes y Ministros, y no lo son los Secretarios de Estado; si bien se contempla la posibilidad de crear Ministros sin cartera que, lógicamente, tendrían los mismos derechos que el resto de los miembros del propio Consejo de Ministros, como su propio nombre indica. En cualquier caso, se potencia el status de los Secretarios de Estado y su ámbito funcional, y se destaca su importancia sobre el resto de órganos de apoyo, en la medida en que desempeñan una misión esencial al frente de diferentes sectores de actividad política y administrativa; es decir, que se convierten, de esta manera, junto a los Ministros, en un importante enlace entre el Gobierno y la Administración; es decir, se resalta su figura, en plena consonancia con la LOFAGE, recientemente aprobada.

En quinto lugar --simplemente señalarlo; está en el Proyecto y en la nota de prensa--, se regulan los requisitos de acceso al cargo, cese, sistemas de suplencia, régimen de compatitibilidades; no tiene mayor problema. Se recoge la referencia expresa a los Gabinetes, como órganos de asesoramiento político y técnico del Presidente, Vicepresidentes y Ministros. Se regula también la delegación de competencias. Una importante regulación del Gobierno en funciones, como he señalado; es decir, el Presidente no podrá proponer al Rey la disolución de las Cámaras, ni plantear cuestión de confianza, ni referéndum consultivo, ni presentar Proyectos de Ley ni el de Presupuestos Generales del Estado.

Se regula también el procedimiento de la iniciativa legislativa. Es importante, para reforzar la acción del Consejo de Ministros, el procedimiento de la iniciativa legislativa porque, mientras antes era posible que desde los Ministerios se remitiesen directamente a los órganos consultivos, por ejemplo, al Consejo de Estado o al Consejo del Poder Judicial, determinados Proyectos de Ley o Anteproyectos sin que pasasen por el Consejo de Ministros, ahora es el Consejo de Ministros el que adopta la decisión de que así se haga; es decir, no se remiten a los órganos consultivos sin que previamente pasen por el Consejo de Ministros.

Se regula también la potestad reclamentaria y, por último, como he señalado al principio de mi intervención, se hace especial hincapié en el control de los actos del Gobierno, todos, por parte de los Tribunales de Justicia; idea ésta que, repito, ratifica el Anteproyecto de Ley, que será Proyecto en el mes de enero, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Vicepresidente.- Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia.

El Consejo de Ministros, desde el punto de vista del área del Ministerio de Economía y Hacienda, ha aprobado el Real Decreto por el cual se desarrollan las normas de la actualización de balances. Ustedes saben que el Gobierno aprobó una medida de actualización de balances en el mes de junio, que tendría efectos en 1997 y que es la que desarrolla este Real Decreto. Este Real Decreto se ajusta a las observaciones derivadas del dictamen del Consejo de Estado, de manera que dicha norma deberá publicarse de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado. Este Real Decreto tiene 26 artículos, una disposición transitoria, 3 disposiciones finales y está dividido en tres Títulos.

Las cuestiones más importantes que afectan a las normas que contiene este Real Decreto son: primero, que la actualización de balances es, como es natural, voluntaria; que podrán acogerse a ella no sólo las sociedades anónimas y las sociedades de todo tipo, sino también los profesionales; ésta es una medida nueva, desde el punto de vista de actualizaciones de balances anteriores; y también que se produce el reconocimiento de la depreciación, como consecuencia del aumento de los precios, desde 1983, fecha de la última actualización de balances que se produjo en España.

También, desde el punto de vista del contenido del Real Decreto, se contiene una discriminación positiva para recoger el efecto de la autofinanciación de las empresas. En ese sentido, las empresas o los profesionales, es decir, los sujetos pasivos que, al menos, financien un 40 por 100 mediante recursos propios, podrán disfrutar plenamente de la actualización.

Creo que, cuando presenté esta medida en el mes de junio, ya les expliqué a ustedes que, desde el punto de vista del Gobierno, no son lo mismo aquellas empresas que han financiado sus activos con recursos propios, es decir, disminuyendo el reparto de beneficios y capitalizando las empresas, que las empresas que las han financiado, o los profesionales que los han financiado, a base de mantener una política de reparto de dividendos y después endeudarse en el mercado. En ese sentido, el Real Decreto reconoce esta situación y discrimina en favor de las empresas con mejor capitalización. Se produce, y el Real Decreto lo recoge, un gravamen único del 3 por 100 sobre el saldo de la cuenta, que recoge el saldo de dichas operaciones.

Por lo tanto, con este Real Decreto, el Gobierno completa parte de las medidas que puso en práctica el pasado mes de junio, con lo que buscamos, primero, que exista una realización de costes reales de producción de las empresas; una determinación más exacta de su beneficio, desde el punto de vista de sus obligaciones con la Hacienda pública; y una potenciación clara de la financiación interna de las empresas y su potencialidad en el acceso a los mercados financieros.

Desde el punto de vista de otras medidas que han sido hoy objeto de debate en el Consejo de Ministros, quisiera decir que el Gobierno ha acordado que se produzca una modificación de la tabla de retenciones del Impuesto de Renta de las Personas Físicas para 1997. En ese sentido, el Gobierno ya modificó, en la Ley de Cesión de Tributos y Medidas Fiscales, la tabla del Impuesto de Renta de las Personas Físicas disminuyendo el número de tramos y simplificándolo, como ustedes conocen.

En ese sentido, parecía adecuado, y así lo ha entendido el Gobierno, que la tabla de retenciones debería también simplificarse, y se va a producir una disminución de tramos, de 27 a 25 y, además, simplificaciones de las circunstancias personales tenidas en cuenta, al igualarse el tipo de retención para los trabajadores con ocho hijos o más, que antes se diferenciaba hasta el de once hijos o más.

Desde el punto de vista de la modificación de la tabla de retenciones, el Gobierno claramente apuesta porque las retenciones reflejen la obligación final tributaria de los contribuyentes y, en ese sentido, se producirá un reconocimiento de los efectos de la inflación en la nueva tabla de retenciones para 1997.

También el Gobierno ha sido informado del debate que se está produciendo, ya en la Comisión de Subsecretarios, con respecto al Estatuto del Contribuyente. Ésta es una norma novedosa en la legislación española, que supone un cambio cualitativo muy importante en las relaciones entre el contribuyente y la Hacienda pública, y en la nueva definición que este Gobierno ha impuesto en la lucha contra el fraude fiscal.

Como he tenido ocasión de informarles en otras ocasiones, el Gobierno entiende que, en la lucha contra el fraude fiscal, claramente una parte sustancial de esa lucha contra el fraude debe ir caracterizada por unas relaciones más equilibradas y más eficientes de la Administración Tributaria con los contribuyentes y que la Administración Tributaria debe llevar a cabo simplificación de trámites, transparencia en los mismos y ayuda al contribuyente para cumplir con sus obligaciones fiscales. Una discriminación que la nueva política de lucha contra el fraude va a ejercer, va a realizar, es aquélla que diferencia entre los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones formales, es decir, presentan declaración, y aquellos que no lo hacen; entendiendo que no puede tenerse la misma consideración en unos casos y en otros.

El Anteproyecto, que se está debatiendo en la Comisión de Subsecretarios, del Estatuto del Contribuyente deberá responder, según el debate hoy del Consejo de Ministros, a cuatro objetivos: el primero, facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales al mínimo coste; el segundo, equilibrar los derechos de los contribuyentes con los de la Administración Tributaria; el tercero, mejorar la seguridad jurídica y, el cuarto, garantizar un trato respetuoso de la Administración Tributaria a todos los contribuyentes.

Las principales novedades, de las que ya ha sido informado el Consejo de Ministros, es que la prescripción se reduce de cinco a cuatro años para los contribuyentes que presentan declaración y, sin embargo, aumenta en un año, es decir, hasta seis años, cuando no se haya presentado declaración o se haya ocultado el ejercicio de actividades empresariales o profesionales.

La Hacienda pública se compromete a publicar textos actualizados de las normas fiscales que hayan variado y se equiparan los intereses que paga la Hacienda pública, cuando se retrasa en devolver las cantidades que debe a los contribuyentes, con los que pagan los contribuyentes.

Se publicarán, de forma periódica, textos con las contestaciones a consultas y resoluciones económico-administrativas. Los contribuyentes podrán cerrar con Hacienda acuerdos previos vinculantes de valoración de bienes y operaciones, con vigencia de tres años. Hacienda devolverá el coste de los avales y de cualquier otra garantía para suspender ejecuciones de deuda tributaria cuando se declare improcedente. El plazo máximo para resolver los procedimientos de gestión será de seis meses y las actuaciones de inspección deberán concluir en un plazo máximo de doce meses.

Los procedimientos económicos-administrativos tendrán una única instancia, si así lo desea el contribuyente. La Administración deberá informar al contribuyente sobre los valores de bienes-inmuebles que vayan a transmitirse. La Hacienda pública hará públicos los criterios que informan cada año el Plan Nacional de Inspección, y el silencio administrativo positivo se aplicará a las relaciones entre el contribuyente y la Hacienda pública.

Los principios generales que inspiran el Estatuto del Contribuyente, según ha decidido el Consejo de Ministros, serán que anualmente se publicará el texto de las normas tributarias que hayan sufrido modificaciones, así como otras muchas características, que iremos conociendo a lo largo de su debate en la Comisión de Subsecretarios y que serán presentadas a ustedes en la aprobación definitiva en el Consejo de Ministros, dentro de muy pocas semanas.

Quisiera informar --ya lo ha hecho el Secretario de Estado para la Comunicación-- que el Gobierno ha aprobado hoy la transferencia de la Dirección General de Patrimonio a la Agencia SEPPA de la totalidad de las acciones que aún tiene la Dirección General de Patrimonio de la Compañía Nacional Telefónica de España, por un montante del 20'9 por 100 de la Compañía, y ha autorizado también a la sociedad a proceder a su enajenación.

Sr. Arenas.- Agradecerles su presencia y comentarles, con algún detalle, el informe que he presentado al Consejo de Ministros sobre el balance del diálogo social.

Empezar diciéndoles que hemos dicho, por activa y por pasiva, que el diálogo social no respondía, en absoluto, a una estrategia o a una táctica del Gobierno, sino que siempre el Presidente ha planteado el diálogo social desde la convicción porque el Gobierno está absolutamente convencido de que el diálogo social y los posibles acuerdos representan siempre tener un valor social, un valor político y también, por supuesto, un valor económico. En muchas cuestiones, la evolución de la Economía, la creación de empleo, dependen de la confianza y, en este sentido, el diálogo social contribuye decisivamente, la posibilidad de acuerdo, a que se genere esa confianza.

Decirles a ustedes también que no interpreten este balance como un cierre del diálogo social, sino todo lo contrario. El Gobierno, también por activa y por pasiva, ha dicho que entiende que el diálogo social debe ser permanente, que comienza con la Legislatura y que termina con la Legislatura. Y decirles también que, en nuestra opinión, con lo que contaré a continuación, se ha creado un clima social positivo, y que ese clima social positivo debería, sobre todo, tener consecuencia en esa asignatura pendiente del diálogo social que queda para 1997, que son los posibles acuerdos entre sindicatos y empresarios, que afectan a la mejora de nuestro mercado de trabajo.

En el mes de mayo, el Presidente del Gobierno recibió a los presidentes de las organizaciones empresariales, a los secretarios generales de los sindicatos y, tras esa visita, se decidió articular el diálogo social en torno a cinco grandes Mesas: la primera se refería a la resolución extrajudicial de conflictos laborales; la segunda se refería a la calidad y a la salud en el trabajo, a la prevención de riesgos laborales; la tercera, a la consolidación de nuestro sistema público de pensiones; la cuarta, a los sistemas de protección social en los ámbitos agrarios y, la quinta, a la Formación Profesional.

A estas alturas, comenzando ese diálogo en el mes de mayo y con la firma que se produjo ayer, 19 de diciembre, se puede decir que las cinco mesas se han cerrado con acuerdo y que, desde luego, podemos certificar que los niveles de acuerdo en torno a las mismas han estado entre el 80 y el 100 por 100.

La mesa de resolución extrajudicial de conflictos laborales se cerró con acuerdo sindicatos-organizaciones empresariales; el acuerdo de pensiones firmado con los sindicatos ha tenido una segunda parte esta semana, aceptando la CEOE y la CEPYME incorporarse al Consejo del INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social) para desarrollar el sistema público de pensiones; los acuerdos de empleo agrario se firmaron con los sindicatos y también con la organización ASAJA, en representación de la CEOE; los acuerdos de formación se han firmado con sindicatos y empresarios y, también en el marco de la prevención de riesgos laborales, se han producido acuerdos con sindicatos y con empresarios.

Estos acuerdos han tenido ya consecuencias normativas, de tal suerte que, respondiendo a los mismos, se ha constituido la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo; se ha aprobado, por el Consejo de Ministros, un Proyecto de Ley sobre consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social; se ha remitido ya al Consejo de Ministros el proyecto de reglamento de servicios de prevención de riesgos laborales, y también, como consecuencia de estos acuerdos, se ha aprobado por el Consejo el Proyecto de Ley que amplía a las Comunidades Autónomas el Consejo General de la Formación Profesional.

Nos quedan cuestiones muy importantes para el próximo año, que el Gobierno sigue queriendo y prestará todos sus esfuerzos para que se constituya en el año para el empleo, en el año por el empleo. Queremos continuar el diálogo social en el desarrollo, en el legislativo y también reglamentario, de todo lo que significa la Ley de Pensiones. Queremos, en 1997, articular el diálogo en torno al futuro de los servicios públicos de empleo en España y, a través del Consejo General del Instituto Nacional de Empleo, a cuyos efectos se ha constituido un grupo de trabajo.

Pero, sobre todo, como les decía en este rápido balance, creemos que el clima social positivo que se ha creado, gracias a la acción del Gobierno, de sindicatos y empresarios, contribuya a ese posible acuerdo en el mercado de trabajo. Me parece que en la sociedad española hay unanimidad a la hora de considerar que tenemos que facilitar contrataciones; hay unanimidad a la hora de considerar que tenemos que mejorar el mercado de trabajo; hay gran preocupación, como no podía ser menos, por los trabajadores, pero esa preocupación se hace extensiva, muy especialmente, a los desempleados y a los jóvenes. Y me parece que los propios agentes sociales tienen una obligación y una respuesta positiva que dar en los próximos tiempos a la sociedad, que está demandando ese acuerdo para mejorar nuestro mercado de trabajo.

Sr. Rodríguez.- Si les parece, les comento las tres cosas que tengo en la agenda del Presidente. Hoy, dentro de media hora, almorzará con representantes del mundo del cine y del teatro. El lunes, 23, a las doce y media, inaugurará el tramo del distribuidor Norte, con el que se cierra la Autopista M-40 en Madrid; a las nueve y media de la noche, ofrecerá una cena a los miembros del Gobierno con motivo de las Navidades. Y el viernes, a las nueve y media, presidirá el Consejo de Ministros, que se desarrollará en el Pleno del Congreso porque se aprueba, en principio, la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Como es difícil ir materia por materia, yo creo que indiscriminadamente...

P.- Quería hacerle dos preguntas al Ministro de Economía y una al de Trabajo.

Al señor Rato, nos gustaría que nos comentase características de la privatización de Telefónica: cuánto se piensa obtener, si se va a vender en el mercado mayorista-minorista, nacional o internacional; y si, a partir de esta privatización, Telefónica ya es una empresa absolutamente privada o si el Gobierno se reserva la posibilidad de intervenir en determinados casos, como le garantiza la Ley de Privatizaciones del anterior Gobierno. Y la segunda pregunta: ¿hasta qué punto el Gobierno conocía las negociaciones sobre la OPA de Endesa sobre Fecsa y Sevillana y hasta qué punto el Gobierno estaba obligado a informar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores a los requerimientos de la misma; si hay obligación o no?

Al Ministro de Trabajo no le voy a preguntar cuándo se va a aprobar la reforma del mercado de trabajo, sino, simplemente, si, en el caso de no llegarse a un acuerdo, el Gobierno descarta radicalmente que se pueda alcanzar un acuerdo de forma bilateral, como se alcanzó con las pensiones, o esa posibilidad está absolutamente descartada.

Vicepresidente.- Sobre la primera cuestión, he informado del acuerdo al Consejo de Ministros y, en cuanto a los detalles del proceso que vaya a llevarse a cabo en cuanto a la venta de las acciones de Telefónica, hemos de informar primero a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de todos los detalles y, por tanto, no haremos pública ninguna otra cuestión hasta que esta información no se haya producido. Supongo que se producirá en las próximas horas y, a partir de ahí, daremos información puntual de toda esta cuestión.

En segundo lugar, como ustedes saben, es voluntad del Gobierno, en función de la Ley de Privatizaciones, aplicar el criterio y el concepto de "acción dorada" a la Compañía Telefónica de España, de manera que los intereses estratégicos que se desprenden de un monopolio de tantos años en el sector de las telecomunicaciones, estos intereses estratégicos puedan ser salvaguardados y, al mismo tiempo, se combinen con lo que supone este gran paso en la liberalización de la economía española.

Yo creo que la mayor parte de los ciudadanos somos conscientes de hasta qué punto ha sido beneficiosa, no sólo para el consumidor sino para la actividad económica, la liberalización de la telefonía sin hilos, y que un instrumento de trabajo, como son los teléfonos móviles, que hasta hace pocos años era poco menos que un instrumento de una minoría privilegiada, en este momento se ha convertido en un instrumento de consumo; en un instrumento de consumo cuyos precios se disminuyen constantemente, como consecuencia de la competencia.

El Gobierno, como ustedes saben, ha aprobado, hace muy pocas semanas, un ambicioso proyecto de liberalización del mercado de las telecomunicaciones en España, con la aparición de un segundo operador dentro de pocos meses, incluso de pocas semanas, en el caso de Retevisión, y, con la total liberalización del mercado de las telecomunicaciones en España, a finales de 1998. Esto, por lo tanto, es una clara apuesta por la que la liberalización de mercados es una de las bases de la prosperidad de la economía española y, sin duda, del empleo en un sector tan dinámico como las telecomunicaciones.

Es en este contexto en el que el Gobierno lleva a cabo la decisión de que el Estado no va a tener una participación accionarial en ninguno de los operadores privados que van a competir en el mercado de la telefonía. Y esa decisión es una decisión absolutamente lógica, que se desprende de la concepción que tiene el Gobierno de que la libre competencia debe inspirar la actuación y el funcionamiento de los mercados.

No estamos a favor de los monopolios públicos, pero mucho menos de la existencia de ningún tipo de monopolio privado. Y, en ese sentido, tanto la política del Gobierno, en este ámbito como en otros, se dirige a la mayor liberalización posible de los mercados, en beneficio de los ciudadanos, en beneficio de los consumidores y en beneficio del empleo.

Es en ese contexto en el que el Gobierno se plantea la venta de la participación del Estado en Telefónica. Y, al mismo tiempo, reconociendo que la Compañía Telefónica Nacional de España, a lo largo de muchos años, como consecuencia de su situación de monopolio, ha adquirido una situación que puede considerarse estratégica, y que lo será todavía durante mucho tiempo, independientemente del grado de competencia que va a haber en el mercado español, es por eso por lo que el Gobierno contempla la aprobación, a través de lo que le permite la Ley de Privatizaciones, de una acción dorada, que le garantice al Gobierno el control sobre algunas actuaciones estratégicas de la propia Compañía Telefónica y también el control para evitar que la Compañía Telefónica, ya privada, pueda ser objeto de OPAs hostiles en el futuro, que pudieran desvirtuar su carácter eminentemente español, y que viene garantizado también por lo que va a ser un importante aumento de la participación del capitalismo popular en esta operación.

No quiero avanzar más detalles porque, como les he dicho, creo que debe ser la Comisión Nacional del Mercado de Valores la que conozca los detalles en concreto.

Con respecto a la obligación de cumplir requerimientos, el Gobierno no ha sido requerido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con respecto a la OPA de Endesa con Sevillana y, por lo tanto, el Gobierno no tiene que cumplir ningún requerimiento. Yo no voy a hacer ninguna manifestación sobre esta cuestión, primero, porque creo que hay que dejar que los sujetos afectados, en este caso, la Compañía Endesa y algunas personas físicas, presenten sus alegaciones; segundo, porque nosotros no hemos instruido el procedimiento, sino que lo ha hecho la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, en tercer lugar, porque, al final, será el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Hacienda, el que tenga que aceptar o no la recomendación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con respecto a esta cuestión.

Por lo tanto, me parece que la prudencia aconseja que el Gobierno, en un asunto que, primero, no es su responsabilidad directa y, segundo, al final va a tener que tomar una decisión sobre las recomendaciones que le haga la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no debemos pronunciarnos ni sobre el fondo ni sobre la forma de la cuestión. Aunque vuelvo a insistirle en que el Gobierno no ha sido requerido, en ningún momento, a suministrar ninguna información a la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre ninguna cuestión; ni sobre ésta ni sobre ninguna otra.

Sr. Arenas.- En primer lugar, agradecerle que no me pregunte por el plazo y decirle, además, que me parece muy razonable que no me lo pregunte, y así ganamos tiempo todos; por aquello del plazo razonable y de que no se eternice el diálogo.

En segundo lugar, a mí me parece que el Gobierno está contribuyendo de forma decisiva a que el diálogo entre sindicatos y empresarios esté rodeado

de serenidad y rodeado también de sosiego. Y el Gobierno lo está haciendo porque, cuando hablamos de mercado de trabajo, hay que ser ambiciosos y, para ser ambiciosos en el mercado de trabajo, hay que buscar el mejor escenario, y no tenemos ninguna duda de que el mejor escenario, el que produce auténtica confianza en la sociedad, son una serie de propuestas que pudiera hacer el Gobierno, que pudieran discutir las fuerzas parlamentarias, sobre el acuerdo previo de sindicatos y empresarios. Ésa es nuestra opinión, es el mejor escenario, el que da más confianza a la sociedad y, como estamos mirando el mercado de trabajo con mucha ambición, porque creemos que es clave en 1997, vamos a intentar contribuir a que ese diálogo prospere.

Yo le quiero decir que no somos pesimistas con respecto a ese diálogo y que también creemos que ambas partes tienen voluntad de acuerdo, y lo creemos, sobre todo, porque la precariedad, preocupando a los sindicatos, también preocupa extraordinariamente a los empresarios.

Así que quiero decirle que, en el caso en que no fructificara ese acuerdo --que iba en su pregunta--, yo en este momento no estoy en situación de descartar nada, sino en la situación positiva de buscar lo mejor. ¿Lo mejor? Acuerdo previo de sindicatos y empresarios. Y, si no se produjera ese acuerdo, desde luego, el Gobierno plantearía su posición e intentaría también el acuerdo con empresarios y con sindicatos.

P.- Dos preguntas al Secretario de Estado. En primer lugar, si el Gobierno sabe exactamente desde dónde se han filtrado los papeles del CESID y, en cualquier caso, qué medidas espera tomar el Ejecutivo. Y, por otra parte, quisiera saber si desde el Gobierno nos pueden informar si el Vicepresidente Primero del Gobierno va a comparecer ante la Comisión de la Mujer en el Congreso y también, en cualquier caso, cual es la opinión --si me permite la expresión-- del escándalo que se produjo en el Congreso.

Sr. Rodríguez.- Discúlpeme que le matice la palabra "escándalo".

Con respecto a la primera pregunta, todo parece indicar que el documento ha salido una vez que ha entrado en el Ministerio de Defensa. No puedo darle una confirmación oficial, porque no la tengo oficialmente desde el Ministerio, pero todo parece indicar que ha sido así. Ahora bien, sí quiero decirles, por si a alguno le cabe duda, que es bastante difícil que el Ministro en persona, o cualquier colaborador del Ministro, filtre ningún papel.

La opinión de la filtración, ¿de ésta o de otras? Porque se lo pregunta un Secretario de Estado para la Comunicación que en estos siete meses ha visto que hay documentos que se filtran, y que además comprende que la filtración es una de las maneras de vivir del periodismo. Por tanto, esto es lo que hay; no hay más valoración que la normalidad de las cosas.

Con respecto a la segunda pregunta, desconozco en estos momentos cual es la decisión de la Mesa del Congreso en este punto. Sí quiero decirle lo siguiente: el Gobierno del Partido Popular es el que más mujeres tiene en toda la historia de la democracia española, de los Gobiernos españoles; es el que mayor número de mujeres tiene en los altos cargos de la Administración central; el Partido Popular es el partido que más Alcaldesas tiene, que más cargos públicos tiene de todos los partidos y, por tanto, si hay algún modo de batallar por la igualdad de la mujer y del hombre hay que hacerlo con hechos, no sólo con algunos discursos.

Con respecto al debate que mantienen en este punto algunas diputadas, no me duele ninguna prenda al decir que yo no estoy aquí para herir a nadie personalmente. Yo comparezco ante ustedes para darles cuenta de los acuerdos del Consejo de Ministros y para hacer las declaraciones más o menos institucionales que hay cada viernes. Y no es mi misión herir personalmente a nadie; sí que es mi misión, quizás, entrar en algunos debates políticos.

Valga para ahora y para siempre: si en lo personal hiero a alguien, acepte mis disculpas; pero no es intención de este Secretario de Estado herir a nadie en lo personal. Por lo demás, me parece que estamos ante un debate de escasa trascendencia, pero está; está ahora mismo en la opinión pública.

P.- Al Ministro de Trabajo. ¿Qué tiene que decir a las críticas que ya ha lanzado el sindicato vasco ELA contra el mantenimiento de la caja única en la Formación Profesional Continua?

Sr. Arenas.- Tengo que decirle al sindicato ELA, primero, que recibo sus opiniones con mucho respeto; que he tenido, en el último trimestre, una reunión larga con ese sindicato; que voy a recibirles en la primera quincena de enero para seguir hablando, y tengo que decirle que, desde luego, es voluntad del Gobierno abrir un amplísimo debate sobre la Formación Continua en lo que significa el contexto del Consejo General de la Formación Profesional.

Decirle al sindicato ELA que, por primera vez, se van a incorporar las Comunidades Autónomas al Consejo General de la Formación Profesional; que el II Plan Nacional de Formación Profesional se va a elaborar dentro de ese Consejo y, desde luego, decirle al sindicato ELA que este Gobierno ha sido extraordinariamente sensible a lo que ha significado la financiación del FORCEM vasco para 1996, y que eso debe reconocerlo, y no tengo duda que lo hará el sindicato ELA.

Decirle también que, en el Acuerdo de Formación Continua, hay grandes innovaciones: como la innovación de plantear un sistema nacional de cualificaciones a nivel europeo; como la innovación de integrar las tres formaciones (la Formación Reglada, la Formación Continua, la Formación Ocupacional); como el hecho de que la administración de los fondos de la Formación Continua pase al Estado, concretamente, al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y al propio Instituto Nacional de Empleo; y que, también por primera vez en un acuerdo de Formación Continua, se habla de la descentralización y de la territorialización.

Me parece que ésos son ingredientes positivos y que, en cualquier caso, ELA-STV puede, a través del Consejo de Formación Profesional y puede también a través de las propias Comunidades Autónomas, plantear su posición. Pero creo que el acuerdo de ayer es un acuerdo francamente bueno, un acuerdo ambicioso y un acuerdo que combina la necesaria unidad de la Formación Continua en torno a la cotización con la descentralización.

P.- Tres preguntas al Ministro de Economía. Una tiene que ver con la medida sobre hipotecas; quisiera una aclaración. No sé desde cuándo entrará en vigor esta rebaja de los aranceles, sobre todo después de que se ha dado pie a cierto escepticismo, después de que el propio Ministro anunciara el acuerdo y no se hubiera trasladado en la práctica esta rebaja. Una aclaración: cuando habla de que la tabla de retenciones va a incluir el efecto de la inflación, ¿quiere decir que se va a deflactar en un 2'6 --entiendo, ¿no?-- para el año que viene? Una aclaración sobre esto.

Luego, no sé si el Consejo de Ministros ha tomado alguna decisión sobre la venta de TISA, de las participaciones de Telefónica Internacional, a Telefónica.

Vicepresidente.- Sobre la primera cuestión, creo que no hay ninguna confusión. El Gobierno anunció que había propiciado un acuerdo con la Asociación Española de Banca Privada y con la Confederación Española de Cajas de Ahorros respecto a las comisiones en la renovación o el cambio de hipotecas; acuerdo que es voluntario y que está siendo aplicado, según nuestra información, por las entidades financieras; acuerdo por el cual yo reconocí entonces y vuelvo a reconocer ahora el esfuerzo que ha hecho el sector financiero español, tanto de Bancos como de Cajas de Ahorros, por trasladar, de la manera más confortable y más barata, al usuario de las hipotecas las evoluciones de las reducciones de tipos de interés. Ése es un acuerdo que me parece que ustedes son conscientes que se hizo público en una reunión, en el Ministerio de Economía en la Castellana, a finales de octubre, si no me equivoco.

La segunda cuestión es que ese acuerdo estaba complementado o estaba coordinado con un segundo acuerdo que el Gobierno establecía con los notarios y con los registradores, respecto a la reducción de los aranceles al 50 por 100; acuerdo que tenía que dar paso a un Decreto del Gobierno y Decreto que ha sido aprobado hoy por el Consejo de Ministros.

Por lo tanto, en mes y medio se ha producido la concreción de ambos acuerdos. En ese sentido, me parece que es no sólo no confuso, sino absolutamente meridianamente claro que se ha producido en mes y medio lo que el Gobierno anunció que iba a ser y es que los usuarios españoles de

hipotecas van a tener la posibilidad de cambiar sus hipotecas en el mismo Banco o a otro Banco, en la misma Caja de Ahorros o a otra Caja de Ahorros, a la mitad de coste por parte de los aranceles de notarios y registradores y con comisiones mucho más reducidas por parte de las entidades financieras.

En ese sentido, me parece que estamos asistiendo a un proceso en el que el ciudadano medio, el ciudadano de a pie, se va a beneficiar, con coste reducido, de las evoluciones de los tipos de interés en sus hipotecas. Y estoy seguro de que, en cuanto al escepticismo que usted menciona, los ciudadanos son conscientes de las cosas que les benefician, por lo menos con tanta intensidad como de las cosas que les perjudican. Y los ciudadanos son conscientes que esto les beneficia; no sólo son conscientes sino que lo practican en sus relaciones con sus entidades financieras, y, además, tienen delante de sí un horizonte para practicarlo, a lo largo de las próximas semanas, meses y años, en su propio beneficio.

Segundo, me ha preguntado usted sobre la deflactación. Yo creo que, en este momento, tenemos que empezar a pensar que no se trata ya de producir, simplemente, el reflejo de la inflación en las normas tributarias. Estamos caminando hacia horizontes de mayor estabilidad y, por lo tanto, de menos inflación.

De lo que se trata, con la medida que el Gobierno ha encargado al Ministerio de Economía y Hacienda que desarrolle, es de que la tabla de retenciones acerque la realidad de las retenciones a la obligación tributaria final del contribuyente. Y esto pretendemos realizarlo no sólo en el caso de las tarifas del IRPF, sino en el caso de otras retenciones. Pero es indudable que las tarifas del IRPF que afectan a la nóminas son, en este momento, nuestra primera preocupación, y tenemos el interés, por un lado, de simplificar la tabla de retenciones, acercarla a la nueva tarifa del Impuesto de Renta de las Personas Físicas que ha sido aprobada por el Senado ayer, después de su debate en el Senado y en el Congreso en la Ley de Cesión de Tributos, que forma parte del paquete legislativo de modificación del sistema de financiación autonómica, y, al mismo tiempo, pretendemos que ese acercamiento de las retenciones a la realidad tributaria de cada contribuyente suponga lo que debe ser una relación más equilibrada entre el contribuyente y la Administración Tributaria.

En ese conjunto de simplificación de la tarifa del Impuesto sobre la Renta y, por lo tanto, también de la tabla de retenciones, se produce el reflejo de la inflación en esa tabla de retenciones; que, indudablemente, la inflación prevista para 1996, como ustedes saben por el cuadro macroeconómico que el Gobierno envió al Congreso y que forma parte del debate presupuestario, es el 2'6.

Pero sí quisiera destacar que no es ésta una medida exclusivamente dirigida a reflejar el efecto de los precios, que cada vez es menor, sino que es una medida dirigida a modificar la tabla de retenciones para adecuarla a una nueva tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que busca la simplificación de los tramos, por un lado, y, al mismo tiempo, también acercar en el tiempo, cada vez más, el hecho de la retención con el hecho de la obligación tributaria. Y pretendemos continuar haciendo lo mismo con otras retenciones en el futuro.

En cuanto a la venta de la participación del Estado, del 23 por 100 que tiene el Estado en la Compañía Telefónica Internacional, ésa no es una decisión que se haya tomado hoy. Informé el otro día, tuve la ocasión en el Congreso de informar, a una pregunta de la oposición sobre esta cuestión. El Gobierno, indudablemente, cree que la venta de su participación en la Compañía Telefónica produce una conclusión positiva en que el Gobierno también va a vender su participación en la Compañía Telefónica Internacional; pero no entra dentro del acuerdo del Consejo de Ministros de hoy y será objeto de estudio por SEPPA y por la Dirección General del Patrimonio durante los últimos días, y se producirá una resolución sobre el procedimiento de venta del 23 por 100 de participación que tiene el Estado en Telefónica Internacional. Pero no es ése el acuerdo que hoy se ha tomado en el Consejo de Ministros.

Por tanto, ésa es, probablemente, una decisión que se va a tomar, y que tiene sentido, si el Estado abandona el 21 por 100 práctico que tiene en la Compañía Telefónica Nacional de España, que el Estado también abandone su participación en Telefónica Internacional; pero no se hace en el mismo procedimiento y, probablemente, se tomará la decisión en las próximas semanas, como tuve ocasión de informar al Parlamento el pasado miércoles. En cualquier caso, se hará con total transparencia y en un procedimiento en el que se obtenga la mayor rentabilidad de recursos para el Tesoro Público.

P.- Una aclaración. El acercamiento al pago final del IRPF ¿quiere decir que podía haber una deflactación mayor del 2'6, que lo contemplan ustedes?

Por otra parte, quería preguntarle si tienen algún cálculo hecho sobre cuáles pueden ser los ingresos por el 3 por 100 de actualización de balances y la caída de recaudación por las mayores amortizaciones que se producirán tras la actualización de balances.

Vicepresidente.- Primero, sobre la primera pregunta, es indudable que la simplificación de la tarifa de la renta va acompañada de una simplificación de la tabla de retenciones y, en este momento, el Gobierno ha modificado la tabla de retenciones, que recoge los efectos que pueda tener la subida de precios en 1997. No vamos a hacer ninguna reducción mayor.

En segundo lugar, con respecto a los efectos que pueda tener sobre la recaudación, a partir del ejercicio de 1998, las amortizaciones, tendríamos que trabajar sobre las hipótesis de cuántos de esos beneficios fiscales que obtienen las empresas producen una mayor reinversión y, como consecuencia de esa mayor reinversión, una mayor actividad económica que produce una mayor recaudación. Ése es un debate realmente sugestivo, pero que hay que hacer con un número considerable de hipótesis y que, si nos fijamos en la experiencia previa, la última actualización de balances del año 1983 no produjo ninguna caída en la recaudación del Impuesto sobre Sociedades, sino al contrario: el Impuesto de Sociedades continuó creciendo.

Eso respondería a que la hipótesis, en mi opinión bastante racional, de que las empresas que obtienen mayor capitalización dediquen esa capitalización a reinversiones y mejoras de capacidad en el futuro, es la hipótesis que realmente responde a la realidad, si vemos la evolución del Impuesto de Sociedades después de la última actualización.

En ese sentido, el Gobierno, para evitar lo que podría ser una pérdida de recaudación en el ejercicio de 1997, lo que ha planteado, como ustedes saben, es un gravamen del 3 por 100 que garantiza que no sólo esta medida es no sólo neutral en 1997, sino que va a ser una medida que va a tener efectos positivos sobre la recaudación de 1997.

A partir de futuros ejercicios, depende de la hipótesis en la que usted se mueva, en cuanto a cual sea la decisión de los sujetos pasivos a que apliquen la mejora de su financiación interna. Y vuelvo a decirle que esas hipótesis, como es natural, como todas las hipótesis, son libres; lo que la experiencia nos demuestra es que la mayor parte de los sujetos pasivos beneficiados por una actualización suelen utilizar esa mejora de su capitalización interna en aumentar la reinversión y, por lo tanto, la Hacienda pública recoge eso a través de múltiples impuestos y, desde luego, del Impuesto de Sociedades.

P.- (Inaudible)

Vicepresidente.- Depende de cuanta gente actualice. No le puedo decir en este momento cuál es... De lo que no cabe duda es de que, cuanta más gente actualice, tendremos un ingreso de ese 3 por 100 en 1997, y me parece que, a partir del año 1998, los efectos dinamizadores de esta medida serán más que suficientes para compensar a la Hacienda pública.

P.- También al señor Ministro de Economía. Una pregunta muy concreta: ¿durante cuánto tiempo se puede mantener como Presidente de una gran empresa pública, que cotice en varios mercados internacionales de los más importantes, en el cargo, teniendo en cuenta que tiene pendiente un expediente por infracción muy grave? ¿Esto no puede ir en contra de los intereses de la compañía pública?

Vicepresidente.- Yo vuelvo a reiterarles, primero, que el Gobierno no se va a pronunciar sobre una cuestión que va a ser objeto de debate dentro de la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el sentido de que la empresa y también las personas afectadas presentarán sus alegaciones; por tanto, nosotros no vamos a introducirnos en ese debate, porque no es un debate político, sino en esa actuación, porque nos parecería que podríamos perjudicar los intereses generales y los intereses particulares.

En segundo lugar, no cabe duda que, como ustedes saben también, cual sea la decisión final de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, después del procedimiento que ha abierto, esa decisión final tendrá que ser ratificada por el Ministerio de Economía y Hacienda; por tanto, me parece que no debo de ser yo, en ningún caso, el que haga ningún pronunciamiento sobre este tema.

Y, en cuanto a la gestión de ENDESA, yo le quiero decir que ayer ha subido la cotización. Por tanto, yo creo que el proyecto de ENDESA es un proyecto muy sólido y es un proyecto que ha sido gerenciado de manera muy eficiente, que lo está siendo --vamos, no lo ha sido; lo está siendo--, y, desde luego, los mercados, sin que con esto yo quiera quitarle importancia a algo que indudablemente la tiene. También creo que la solidez del proyecto ENDESA y la solvencia profesional de sus responsables es internacionalmente conocida. Independientemente de que, como es natural, la Comisión Nacional del Mercado de Valores es una institución independiente, es un regulador independiente, y debe actuar en defensa del conjunto de la sociedad y también de la transparencia del mercado de capitales, y el Gobierno respalda, en general, esa actuación.

Pero no me voy a pronunciar sobre cuestiones concretas en este procedimiento, primero, porque creo que las partes afectadas tienen derecho a hacer sus pronunciamientos con total libertad y, segundo, porque, vuelvo a insistir, al final, el Ministerio de Economía y Hacienda tendrá que ratificar la decisión que tome la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, por lo tanto, no voy a hacer ningún pronunciamiento, ni hoy ni a lo largo de todo el procedimiento.

Sr. Rodríguez.- En este examen al Ministro falta una pregunta sobre el modelo "econométrico", por ejemplo.

P.- Al Ministro Rajoy, le quería pedir que nos aclarara que modificaciones ha introducido en el Proyecto de Ley que salió de su Ministerio, y también si se ha reforzado, de alguna forma, sea en la exposición de motivos o en el articulado, el control o la subordinación de los actos del Gobierno al control jurisdiccional.

Al Secretario de Estado le quería pedir algunas aclaraciones en relación con los "papeles del CESID". En primer lugar, saber si el asunto se ha tratado en el Consejo de Ministros; si el Ministro de Defensa, en este ámbito o en conversación con el Presidente, ha ofrecido garantías de que no fue él ni los colaboradores quienes filtraron los famosos documentos. Saber cómo es posible que unos documentos, que, en principio, están sometidos al secreto sumarial, pueden estar en manos de funcionarios que no pertenezcan al equipo...

Sr. Rodríguez.- Creíamos que eran dos preguntas; pero venga...

P.- Son aclaraciones, no preguntas.

¿Cómo es posible que documentos que estén sometidos al secreto de sumario estén en manos de funcionarios que no pertenezcan al equipo de confianza del Ministro?

Por último, habida cuenta de que la filtración de documentos secretos sumariales es delito, saber si va a haber alguna investigación interna en el Ministerio o si se considera que el tema no tiene suficiente trascendencia.

Sr. Rodríguez.- La primera, no. La segunda, no. La tercera, no llegó el auto por procedimiento secreto. Y la última: sí, se está mirando a ver quién ha podido filtrar el documento.

Sr. Rajoy.- En relación con el control jurisdiccional de los actos del Gobierno, no ha habido ninguna modificación porque, precisamente, el Ministerio planteó en su Proyecto un control absoluto jurisdiccional de los actos del Gobierno; por lo tanto, no ha habido ninguna modificación. Y ese control, además, se ratifica en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En cuanto a modificaciones en el Proyecto, si tuviera que responderle, la verdad es que tendría que decirle que ninguna, porque no hay ninguna importante. Es decir, los temas básicos, a los que yo antes he hecho referencia, que eran los que podrían ser más objeto de debate, son el control jurisdiccional de los actos, el control político, el Gobierno en funciones o la consideración o no de los Secretarios de Estado como miembros del Gobierno. Por tanto, modificaciones importantes yo tendría que decir que no hay prácticamente ninguna.

P.- A mí me gustaría que el Vicepresidente económico me refrescara la memoria respecto a las privatizaciones que se van a producir; es decir, los ingresos por privatizaciones, ¿en qué van a quedar este año? Visto que, a lo que parece y por el calendario, no va a ingresar el dinero de TISA y a la diferencia que habrá entre la estimación de privatizaciones o de ingresos por privatizaciones que se iban a hacer este año y los que se van a hacer finalmente.

Luego, me parece que, incluso antes de la aplicación de la Ley, un Subsecretario no es Gobierno, entendido como tal, y me refiero al Subsecretario de Industria y en el tema de lanzamiento de las OPAS. Subsecretario no es Gobierno, evidentemente. En su respuesta a que nadie del Gobierno ha sido requerido para informar sobre las OPAs, ¿puedo entender que un Subsecretario no es Gobierno?

Vicepresidente.- No, no puede usted entender eso, en ningún caso; no estaba pensando en estar testificando con abogado y, por lo tanto, he hecho una referencia política. Me refiero al Gobierno en el sentido amplio, más allá de la Ley del Gobierno que hemos aprobado hoy.

Quiero decir que el Gobierno, la Administración, no ha sido requerida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en ningún momento sobre esta cuestión. La Comisión Nacional del Mercado de Valores se entiende con las empresas que cotizan en Bolsa, no con nosotros, independientemente de que seamos los representantes de los accionistas, que en este caso es el Estado. Por lo tanto...

P.- Le preguntaba por la matización.

Vicepresidente.- Yo le pediría que no me pidiera usted matizaciones sobre esta cuestión, porque he dicho que no voy a entrar en ella durante todo el procedimiento, y no lo voy a hacer. Además, las razones las he explicado; son obvias, en mi caso. Y yo creo que son obvias en el caso de todo el Gobierno pero, en cualquier caso, en el mío son obvias y, por lo tanto, yo le... Vamos, no le rogaría que no me hiciera la pregunta; pero sí le rogaría que me aceptara que le contestara siempre lo mismo.

En cuanto a las privatizaciones en 1996, que entiendo que ésa es la pregunta que usted hace, efectivamente, la previsión del Gobierno anterior en la Ley de Presupuestos, si yo no me equivoco, eran 600.000 millones de pesetas. Seguramente, no se va a cumplir esa cifra, ni mucho menos; se están produciendo algunas menores, las que ya se conocen que se realizaron, por cierto, durante una campaña electoral. Seguramente, no sé si la nueva Ley del Gobierno permitiría a un Gobierno tomar esa decisión en una campaña electoral, que me parece realmente sorprendente. Y, seguramente, para el debate de la transparencia, el proceso privatizador es un hito de los que figurará en los libros, no a pie de página, sino en capítulo: privatizar cuando las Cortes están cerradas.

Pero, en cualquier caso, ésas son las dos más importantes que se han producido. Sabe usted que se están estudiando algunas que se refieren a la participación del Estado en ENAGAS, pero tienen algunas dificultades como consecuencia de la privatización anterior --que ahora no me voy a detener en ellas; les rogaría que no entráramos en ellas, porque el detalle lo conoce mejor el Ministro de Industria-- y algunas que ha planteado el Ministro de Industria. Pero, en cualquier caso, no se van a acercar, ni muchísimo menos, a esas previsiones que estaban, de manera orientativa, en la prórroga de Presupuestos de 1996.

P.- Yo le quería preguntar al señor Rato. Hoy ha finalizado el debate parlamentario en el Senado y surgió ayer una polémica bastante grande, y la conclusión parece ser que se ha incrementado, al menos en 2.500 millones, el déficit público a través de unas enmiendas que llegaron al Senado por un texto adicional. Me gustaría que pudiera confirmar esto.

Vicepresidente.- ¿Qué quiere usted decir con "un texto adicional"?

P.- El propio portavoz popular ha reconocido que las enmiendas aprobadas en el Congreso fueron por un texto adicional, no en el mismo dictamen del Presupuesto.

Vicepresidente.- Irían en la Ley de Acompañamiento. En cualquier caso, ayer se produjo en el Senado un hecho, del cual yo he sido informado, y es que el Grupo Socialista argumentó que los estados financieros no cuadraban. El Grupo Popular, ante una argumentación de ese calibre y para no dar ninguna impresión de que nuestra mayoría absoluta en el Senado imponía una votación sobre unos estados financieros que no cuadraban, decidió retrasar la votación veinticuatro horas; en lo que a mí me parece un gesto extremadamente generoso, especialmente porque, claro, los textos en los estados financieros sí cuadraban. Por lo tanto, el Grupo Socialista en el Senado ayer introdujo un debate falso sobre un conjunto de debates falsos, que ha venido planteando el Grupo Socialista en el Congreso y en el Senado sobre la Ley de Presupuestos, sin ninguna alternativa y tratando de producir debates, en algunos casos irrelevantes y en otros casos falsos, y con una supuesta alternativa que, si en algún momento hubiéramos aceptado, se hubiera disparado el déficit en varias decenas de miles de millones.

En cuanto al aumento de déficit público de 2.500 millones de pesetas, el aumento de gasto público --no será un aumento de déficit, será un aumento de gasto público-- con respecto a 1997, si eso se desprende de la aprobación de las enmiendas, indudablemente me parece que es una cantidad extraordinariamente moderada, si la compara usted con cualquier otra tramitación anterior, y que también viene a responder a algunas afirmaciones hechas por la oposición con respecto a que se habían producido aumentos de gasto de 70.000 millones de pesetas en estos Presupuestos.

Al parecer, ese aumento de gasto no se encuentra por ningún sitio, como es natural. Y, en ese sentido, vuelvo a destacar que lo importante de esta Ley de Presupuestos ha sido su debate riguroso; que, incluso en peticiones absolutamente desproporcionadas y falsas de la oposición, el Grupo Parlamentario del Senado ha concedido un plazo para corroborar, una vez más, que los estados financieros cuadraban.

P.- Quería hacer una pregunta que indistintamente pueden responder el Vicepresidente económico o el Ministro de Administraciones Públicas. Yo quisiera saber si el Gobierno considera compatible el desarrollo de la Disposición Transitoria 5ª del Estatuto de Autonomía de Galicia, que hace referencia a una nivelación de servicios, con el artículo 15 de la LOFCA. Y si tiene el Gobierno una estimación del coste que podían tener las reclamaciones que hace la Xunta de Galicia.

Sr. Rajoy.- Normalmente, el coste de las reclamaciones lo suele fijar el reclamante porque, claro, si al final las reclamaciones y el coste de las mismas las tiene que fijar el reclamado, ya se puede figurar usted que es exactamente lo que fijaría.

En cuanto a la compatibilidad entre el 15 por 100 de la LOFCA y la Disposición Transitoria 5ª del Estatuto, también depende de quién interprete la compatibilidad; para unos es compatible, para otros es incompatible y para nosotros creo que se puede aunar ambas posiciones, que suele ser normalmente la postura más inteligente.

P.- Hoy, los Tribunales han dado un paso más en el "asunto Filesa". Hay 28 implicados, y quisiera conocer --aunque es previsible la respuesta-- la opinión del Ejecutivo, del Gobierno, al respecto de la decisión de los Tribunales de implicar a 28 y, entre ellos, a Guillermo Galeote en el "asunto Filesa".

Vicepresidente.- Yo contesto. No hacemos pronunciamientos políticos sobre decisiones de los Tribunales.

Sr. Rodríguez.- Espero verles por aquí el viernes que viene; si no, entenderé que les ha tocado la Lotería.

Feliz Navidad.