Sr. Rodríguez.- Buenos días. Comparecemos ante ustedes para dar cuenta de los principales acuerdos del Consejo de Ministros celebrado hoy de dos acuerdos interesantes: uno es la incorporación a nuestro régimen jurídico del cambio de normativa sobre la posibilidad de que los ciudadanos de la Unión Europea sean electos y electores en las elecciones municipales, y el acuerdo del Consejo de Ministros por el cual se autoriza a ENDESA a presentar OPA sobre FECSA y Sevillana, asunto del que les informará el Ministro de Industria, Josep Piqué.
Sobre el acuerdo del Proyecto, que se envía a las Cortes, de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para incorporar la directiva 94/80 de Elecciones Municipales, les comento, como antecedentes, que el Tratado de la Unión Europea introdujo, a través del artículo 8.B 1, en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que "todo ciudadano de la Unión que resida en un Estado miembro del que no sea nacional tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales en el Estado miembro en que resida, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado".
Para que España pudiera ratificar el Tratado de la Unión fue necesario reformar la Constitución en su artículo 13.2, ya que no contemplaba en estos términos el sufragio pasivo de los ciudadanos de la Unión en las elecciones municipales. Esta reforma se realizó el 27 de agosto del año 1992.
El artículo 8.B 1 citado se desarrolló a través de la Directiva 94/80 y viene a contemplar de manera más detallada el sufragio activo y pasivo de los ciudadanos europeos en las elecciones municipales. La incorporación a nuestro ordenamiento exige una Ley Orgánica, cuyo Proyecto se ha enviado hoy a las Cortes.
El Proyecto de Ley de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, que incorpora la Directiva comunitaria, contempla el derecho del sufragio activo y pasivo de los ciudadanos de cualquier Estado miembro de la Unión Europea que residan en España, en los mismos términos, es decir, con los mismos derechos y obligaciones, que los ciudadanos españoles.
La citada Directiva permitía a los Estados miembros una excepción, que era la no incorporación de uno de los artículos, el 5.3, que permitiría el no reconocimiento del sufragio pasivo para el cargo de Alcalde. Esta excepción, que podía haber adoptado España, no se ha aceptado finalmente en la reforma de la Ley. En este punto, se ha seguido el dictamen del Consejo de Estado, de modo y manera que cualquier ciudadano de la Unión Europea en España podrá ser elegido Alcalde.
Antes de que el Ministro les comente el Acuerdo sobre ENDESA, me gustaría hacer referencia a un informe --parte del informe les vamos a entregar en la Referencia del Consejo de Ministros-- sobre márgenes farmacéuticos. El Gobierno ha estado estudiando hoy esta medida, que ha sido anunciada durante la semana.
El Gobierno mantiene la intención de rebajar el 3 por 100 de los medicamentos a los ciudadanos, hecho que entrará en vigor para el año que viene; de modo y manera que los farmacéuticos, las farmacias, pasarán de un beneficio del 29'5 por 100 al 27'9 por 100.
Este margen es el segundo más alto de Europa. Les comento algunos márgenes que hay en otros países para los farmacéuticos: en Alemania, el margen es el 22'7 por 100; en Bélgica, el 26'2; en Finlandia, el 28; en Francia, el 27'7; en Grecia, el 24; en Holanda, el 23'7 por 100... Por ponerles este ejemplo. De modo y manera que sólo Finlandia tendría un 0'1 por 100 más de beneficio que los farmacéuticos españoles.
Les comento la agenda del Presidente del Gobierno, que hoy almuerza con miembros de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. El lunes estará presidiendo la Comisión Permanente del Partido Popular, en la sede del partido; almorzará con los médicos del hospital Ruber que le atendieron el día del atentado; a las cinco recibirá a la Alcaldesa de Valencia y después se entrevistará con el Primer Ministro belga, con quien cenará aquí, en La Moncloa, el lunes. El martes, recibe al Presidente del Comité Económico y Social de la Unión Europea, Carlos Ferrer Salat; a las doce presidirá el acto de entrega de los Premios Nacionales de terminación de estudios universitarios en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas; almorzará el martes, en La Moncloa, con el ex-Presidente del Gobierno Adolfo Suárez; a las cuatro y media estará en el Pleno del Congreso de los Diputados.
El miércoles, a las nueve de la mañana, recibirá al Coordinador General de Izquierda Unida, Julio Anguita; después, a las once, recibirá a representantes del Consejo Regulador Rioja; asistirá después, en la tarde del miércoles, al Congreso de los Diputados. El jueves estará también en el debate de los Presupuestos Generales del Estado; recibirá al Presidente del Banco Europeo de Inversiones y, por la tarde, al Presidente de FIAT. El viernes, después de la reunión del Consejo de Ministros, viajará a Zaragoza, donde estará viernes y sábado, y también en Albarracín; en Zaragoza visitará el Instituto de Estudios Europeos y la Exposición de Goya, entre otras actividades políticas con miembros del Partido Popular y del Partido Aragonés Regionalista.
Sr. Piqué.- Efectivamente, como anticipaba ya el Secretario de Estado para la Comunicación, hoy hemos tenido ocasión en el Consejo de Ministros de, por mi parte, informar y el Consejo debatir los avances producidos en la negociación con el sector eléctrico de los principios básicos que deben regir la reforma de dicho sector y, por lo tanto, la reforma del actual marco retributivo, que es conocido como Marco Legal y Estable.
Es una reforma en profundidad, que está ya muy madura, muy avanzada, y que esperamos poder concretar, a través de la firma de un protocolo, dentro de unas pocas semanas y que tiene novedades importantes en relación al marco que hasta ahora hemos venido manteniendo y que hemos venido viviendo.
En primer lugar, se trata de introducir plena competencia en el ámbito de la generación desde dos puntos de vista: primero, ir introduciendo, ir liberalizando e introducir competencia en las fuentes de energía primaria para generar electricidad, lo que supone liberalizar algunos sectores de esas materias primas energéticas; en segundo lugar, introducir, como digo, competencia en la propia generación, en las centrales que producen electricidad y que van a poder ofrecer la misma a una serie de clientes que, a medida que transcurra un determinado calendario, van a tener capacidad de elegir quien realmente les vende electricidad.
El objetivo de todo eso, como es natural, es rebajar los costes energéticos, tanto para nuestras empresas como para los particulares. En esa línea, efectivamente, está la reforma que, por otra parte, va a tener una primera concreción, como ustedes ya saben, porque ha sido reiterado por parte del Gobierno en bastantes ocasiones; va a tener una pequeña concreción en una rebaja en promedio del 3 por 100, en pesetas corrientes, a lo largo de 1997 de los recibos de la luz. Cierto es que eso vamos a procurar que beneficie más al tejido empresarial, a las pequeñas y medianas empresas, pero también que beneficie de una manera significativa a los consumidores finales.
Además de esa introducción de competencia en generación y de esa capacidad de elegir, que va a ser progresivamente creciente en el ámbito de la distribución, supone también una potenciación de las redes de transporte de energía eléctrica, en particular la red de alta tensión, y un esquema tarifario que, en la medida en que persista durante el período de tiempo que se considere oportuno, vaya teniendo cada vez menos componentes externos a los costes específicamente eléctricos y, por lo tanto, no cargue sobre el conjunto de los ciudadanos cosas que tienen poco que ver con el propio proceso de producción, transporte y distribución de energía eléctrica.
Como es natural, en ese marco de liberalización y de introducción de competencia en un sector como el eléctrico, que supone, por lo tanto, una rebaja de los precios finales para los consumidores, hay que añadir otro elemento central de la estrategia del Gobierno en cuanto a la modernización de la empresa pública, y que, en el caso concreto del sector eléctrico, pasa por la decisión de privatización de los intereses públicos en el capital de empresas eléctricas y, en particular, de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA).
Desde este punto de vista, hoy mismo, el Consejo de Administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha tomado la decisión de elegir el asesor que va a llevar a cabo el proceso de privatización de ENDESA de acuerdo con las líneas generales marcadas por la política del Gobierno, y que consisten en privatizar una parte sustancial del capital de ENDESA antes de que culmine el año 1997 y que suponga que el Estado, antes de que termine el año 1997, tenga ya menos del 50 por 100 del capital de esa compañía; y proceder a la privatización total en el horizonte del año 1999.
Como es lógico, éste es un esquema de reforma de enorme ambición, de enorme amplitud, que obliga a una recomposición de las estrategias y de los modos de comportamiento de las empresas eléctricas y, por supuesto, también de ENDESA.
Desde ese punto de vista, es obligatorio que la Empresa Nacional de Electricidad haga todo lo necesario, haga todo lo pertinente, para reforzarse como proyecto empresarial, refuerce aquello en lo que está débil, consolide aquello en lo que está fuerte y, por lo tanto, se adecue también a ese nuevo marco de actuación que viene definido por el Gobierno.
Desde ese punto de vista, está la decisión --que ahora comentaré con más detalle-- de aumentar su presencia en empresas de tanta significación como la Compañía Sevillana de Electricidad o Fuerzas Eléctricas de Cataluña; pero también la decisión de clarificar el mapa eléctrico y, por lo tanto, evitar cruces de participación entre empresas eléctricas que en algún momento pudieran distorsionar la libre competencia.
Sobre esta base, hemos solicitado a ENDESA que ponga a la venta la participación que en estos momentos tiene en Unión Fenosa y que muestre también su disposición a plantearse la conveniencia de disminuir o incluso eliminar su participación en otras empresas, como puedan ser Electra de Viesgo o Saltos de Nansa.
Es, por lo tanto, un proceso de entrada y salida, de recomposición de participaciones accionariales, que lo que busca es que esa gran compañía que hoy es ENDESA, en ese nuevo marco en el que va a tener que vivir, siga siendo una empresa con capacidad para aumentar su valor, para competir internacionalmente, para aumentar la presencia internacional de nuestro país y, en definitiva, que sirva para reforzar el conjunto de nuestro tejido industrial.
Sobre esta base, ustedes saben que la situación de partida que hoy tenemos es ya una situación de una clara participación y de una clara colaboración entre ENDESA, Sevillana y FECSA. ENDESA hoy es ya la propietaria de en torno al 39 por 100 de la Compañía Sevillana --por tanto, es la accionista mayoritaria de largo-- y es propietaria del 49 por 100 de Fuerzas Eléctricas de Cataluña. Eso ha permitido, esa colaboración y esa presencia de ENDESA en las dos compañías, consolidarlas de forma muy clara desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista industrial.
La entrada de ENDESA en FECSA se produce por la vía de la recomposición estructural y financiera que FECSA tiene que hacer después de pasar por una situación que todos ustedes recordarán y que fue una situación muy complicada. Hoy esta situación está superada, y eso permite incrementar esa colaboración para reforzar la presencia y la calidad del servicio y del suministro eléctrico en la zona de Cataluña.
En el caso de la Compañía Sevillana, con presencia en toda Andalucía pero también en buena parte de Extremadura, la presencia de ENDESA en el capital permitió, por una parte, la adquisición de una serie de activos de generación, que sirvió para que la Compañía Sevillana mejorara su situación financiera, la salud de sus estados financieros, y después, a través de la solución que se le dió a los costes asociados a la moratoria nuclear, han permitido que hoy Sevillana de Electricidad sea una compañía ya que tiene una posición y un estado mucho más consolidado y mucho más sólido, mucho más saneado.
Esa colaboración, entre otras cosas, ha tenido también un reflejo favorable para los accionistas, dado que el valor de la acción de la Compañía Sevillana de Electricidad, cuando ENDESA entra en el capital, era de en torno a unas 500 pesetas y hoy, como ustedes saben, se mueve entre las 1.150 y las 1.200 pesetas.
Sobre esta base y como es preceptivo, los Consejos de Administración de ENDESA y de SEPI han tomado la decisión de solicitar del Consejo de Ministros la preceptiva autorización para que ENDESA aumente por encima del 50 por 100 su participación en esas dos sociedades; decisión y acuerdo que hoy ha tomado el Consejo de Ministros bajo la forma siguiente: se trata de formular una Oferta Pública de Adquisición de acciones --lo que se conoce normalmente como OPA-- para llegar hasta un máximo del 75 por 100 del capital social de ambas sociedades.
Los precios establecidos suponen una prima absolutamente normal en ese tipo de operaciones, en torno al 10 por 100, y que, en el caso de la Compañía Sevillana, por lo tanto, significa hacer una oferta de adquisición de cada acción a 1.300 pesetas y, en el caso de Fuerzas Eléctricas de Cataluña, a 1.100 pesetas. Estamos hablando de que el 75 por 100 es un mecanismo de máximos, y lo que se pretende, en cualquier caso, es superar el 51 por 100 en las dos empresas para poder consolidar los balances y profundizar en esa línea de colaboración que estaba apuntando.
Se trata de dos operaciones que tienen un contenido claramente amistoso, dado que se han hecho sobre la base de acuerdos establecidos y firmados entre ENDESA y la Compañía Sevillana de Electricidad, por una parte; ENDESA y Fuerzas Eléctricas de Cataluña, por otra; y ENDESA y el segundo principal accionista de la Compañía Sevillana de Electricidad, que es, como ustedes saben, el Banco Bilbao Vizcaya.
Lo hemos querido hacer en estos términos para ser coherentes con lo que quiere ser permanentemente la política económica y la política industrial y energética del Gobierno. Quiere ser una política decididamente orientada a la modernización de nuestro país, a la liberalización de nuestros mercados, al incremento de la competencia en beneficio de los consumidores, de los usuarios, de los ciudadanos, en definitiva; pero siempre desde la base del diálogo, siempre desde la base de la relación amistosa, de la negociación y de la búsqueda y, en este caso, obtención de acuerdos, como es en este caso.
Este carácter amistoso y estos acuerdos entre compañías nos permiten también asegurar unas cuantas cosas, que creo que son de enorme relevancia política: por una parte, lo que se pretende con esos acuerdos es reforzar el compromiso que esas empresas tienen con las Comunidades en las que están: en el caso de FECSA, con Cataluña; en el caso de la Compañía Sevillana de Electricidad, con Andalucía y con Extremadura.
Desde esta perspectiva, los acuerdos incluyen desde principios de carácter general a cuestiones concretas, tales como reforzar las inversiones en las zonas, reforzar el carácter societario de vinculación a través de los Consejos de Administración y de la celebración de los Consejos de Administración en cada una de esas zonas, y, por supuesto, la posibilidad de dar entrada, cuando ello sea posible y a través de los mecanismos de mercado, como es natural, en el capital de esas empresas a cuantos más intereses vinculados a las respectivas zonas, mejor.
Yo sé que en estos últimos días ha habido una serie de comentarios, que creo que han sido movidos por intereses de carácter particular o, en cualquier caso, elevando el debate político hasta sitios a donde no debe ir. Pero me gustaría hacer algunos comentarios respecto a cuál es la situación actual y la que contemplamos en el futuro.
Pongo por ejemplo el caso de Sevillana de Electricidad. Ustedes saben que los accionistas hoy son: en un 39 por 100, ENDESA; en un 7 por 100, aproximadamente, el BBV; entre un 4 y un 5 por 100, el Banco de Santander; y el capital que está en manos de inversores institucionales extranjeros, en torno al 23 por 100.
Por lo tanto, el problema o la cuestión de la vinculación de la Compañía Sevillana de Electricidad con Andalucía, desde luego, no es defendible desde la perspectiva de los accionistas, sino desde la perspectiva de la política que debe hacer Sevillana en beneficio de Andalucía y en beneficio de Extremadura. Desde esa perspectiva, vamos a reforzar esa posición; vamos a aumentar el grado de compromiso de los Consejos de Administración y de los órganos de dirección con esas Comunidades y, por consiguiente, desde esa perspectiva, no sólo no hay nada que temer sino que creo que todo lo contrario; todo lo contrario. De hecho, una disminución o un debilitamiento de las actuales estructuras accionariales, dada la valoración bursátil de esas empresas, lo que podría suponer en el medio plazo es, precisamente, la pérdida definitiva de la vinculación que hoy existe y, desde luego, la pérdida definitiva de la oportunidad de que esa vinculación aumente, como así es nuestro deseo.
Como es lógico, se ha informado de esta operación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que, como ustedes probablemente ya sabrán, ha procedido a suspender cautelarmente la cotización de esas empresas pero, inmediatamente que se ha tomado el acuerdo en el Consejo de Ministros, así se ha transmitido, de manera formal, a la propia Comisión para que se pueda reanudar la cotización, el mercado se comporte con normalidad, esos valores puedan seguir integrados en la composición del índice del IBEX, que es el índice que marca la evolución del Mercado de Valores, y que, por consiguiente, no altere en absoluto la marcha normal de las compañías.
Ésos son los acuerdos que se han tomado hoy. Y, a partir de ahí, estoy, por supuesto, a su disposición para cualquier pregunta.
P.- Dos cuestiones para el señor Rodríguez. En primer lugar, ¿el Gobierno se ha planteado endurecer, de alguna forma, o tomar alguna medida sobre lo ocurrido ayer con el señor Iturgaiz por parte de Herri Batasuna?
Por otro lado, una vez que ayer se dieron a conocer, por parte de los sindicatos, las movilizaciones, ¿qué es lo que tiene que decir el Gobierno?
Sr. Rodríguez.- Con respecto a las amenazas que ayer ha recibido el Presidente del Partido Popular en el País Vasco, el Fiscal General del Estado ya conoce esas amenazas y estamos a la espera de que cuente a la opinión pública qué actuación hará. En cualquier caso, ayer se han recibido unas amenazas, que nosotros calificamos de graves, a un ciudadano español. Unos señores, que habitualmente apoyan a los asesinos de ETA, le han dicho que le van a machacar. Seguro que hoy millones de españoles de españoles nos llamamos Carlos Iturgaiz. Y no tenemos miedo. Y ésta es la actitud que hemos de tener los demócratas: estar unidos y sin miedo.
Las medidas que se van a tomar, imagino que policialmente, por otra parte, ya estaban tomadas; pero, políticamente, el Partido Popular va a seguir en la calle, y también en la calle del País Vasco. Y estoy seguro de que hoy millones de españoles, independientemente del partido que sean, van a estar hoy en la calle con todo aquél que está contra los terroristas y que está defendiendo que haya paz en nuestro país.
Con respecto a las movilizaciones de los sindicatos, que usted me pregunta, creo que distintos miembros del Gobierno han declarado esta semana --e incluso, personalmente, el viernes pasado tuve la oportunidad de declarar a ustedes-- que entendemos que, cuando se toma una decisión de ese tipo, haya una parte, en este caso de los funcionarios, que quieran llevar su protesta a la calle.
A los ciudadanos españoles se les ha pedido un esfuerzo, a los empleados públicos se les ha pedido el esfuerzo añadido de que su sueldo no se vea ampliado para el año que viene. En cualquier caso, tienen derecho a manifestarse. Lo que sí sería conveniente es que las manifestaciones fueran, como las que han sido estos días, en orden para que su protesta esté clara pero no haya alteraciones. Y, desde luego, así se ha producido esta semana.
P.- Es una pregunta para el Ministro de Industria. Me gustaría saber qué previsiones maneja su Ministerio sobre el futuro de la fábrica de armas de Santa Bárbara en La Coruña; si se va a cerrar o no. Esta semana hubo unas ciertas discrepancias entre las previsiones que manejaba el Presidente de Santa Bárbara y el Presidente de la Agencia Industrial Estatal. También quería saber qué negociaciones está llevando el Ministerio. Tengo entendido que hoy usted se va a reunir con el Conselleiro de Industria de la Xunta. Entonces, me gustaría saber cómo ve usted el futuro de esta fábrica.
Sr. Piqué.- El futuro de la fábrica de La Coruña tiene que inscribirse en el futuro de Santa Bárbara. Este Ministro y los cargos del Ministerio han repetido hasta la saciedad, y hoy lo reitero, que no es posible, no es sostenible, mantener Santa Bárbara en su configuración actual. Y no lo es porque tiene una situación financiera completamente insostenible. Es una situación financiera insostenible desde hace muchos años; lleva muchos años perdiendo del orden de más de 20.000 millones de pesetas. Las previsiones para los próximos años, si eso no se modifica, es seguir perdiendo más de 20.000 millones de pesetas.
Desde el punto de vista de la responsabilidad que nos toca y del respeto que debemos tener por los recursos de los ciudadanos, estamos obligados a plantear lo que hemos planteado; es decir, que hay que reestructurar Santa Bárbara de forma muy profunda, y eso implica cerrar unos cuantos centros.
La perspectiva del Ministerio de Industria hoy es que las tres fábricas que existen en el norte de España deben unificarse en una sola. Y, después de una serie de cálculos de carácter técnico, hemos llegado a la conclusión de que esa unificación debe hacerse en la fábrica de Trubia, en Asturias.
Como es natural, estamos completamente abiertos a todos aquellos mecanismos que sirvan para paliar el impacto de esa decisión empresarial que, por otra parte, nos parece de todo punto indiscutible. Y en ese contexto se enmarca mi próxima conversación, mi inmediata conversación, con el Conselleiro de Industria de la Xunta.
P.- Yo quería formularle una pregunta al Secretario de Estado, al hilo de la primera pregunta que le ha formulado mi compañero. Quería saber qué opinión tiene el Gobierno sobre las declaraciones que ha realizado esta misma mañana el portavoz del PNV, Joseba Egibar, calificando de escandalosa la utilización y manipulación por parte del PP de las amenazas de Iturgaiz y, además, instando a los populares a que planten cara en la calle en lugar de acudir a los medios de comunicación.
Sr. Rodríguez.- Es que es una declaración un poco extraña, porque los afiliados, los simpatizantes, la gente del Partido Popular, en el País Vasco está en la calle. ¿Qué quiere decir con que...? Salvo que quiera decir: "cuando les amenacen, no lo cuenten". Pues lo vamos a contar. Cuando nos amenacen, lo vamos a contar porque no tenemos miedo, porque no estamos dispuestos a que nadie nos calle, porque no tienen derecho a callarnos y porque somos millones los españoles que estamos defendiendo la paz.
Si lo que tenemos enfrente son unos señores que dicen que nos van a machacar y, además, nos tenemos que callar, ¿en qué mundo vivimos? Así que por eso he dicho antes: millones de españoles hoy, independientemente del partido al que pertenezcamos, independientemente de las ideas que tengamos, independientemente de muchas cosas, hoy, seguro, nos llamamos Carlos Iturgaiz.
No puede ser. Una sociedad no puede vivir amedrentada porque unos señores nos dicen que nos van a machacar; no puede ser. Por eso es tan importante la decisión de ayer del Fiscal General del Estado de actuar contra el otro diputado de HB que amenazó a la sociedad española. Esta sociedad tiene mecanismos para defenderse, y son las armas de la Ley.
Desde luego, en la medida en que este Gobierno esté gobernado por el Partido Popular, vamos a utilizar la Ley; quizás sólo la Ley, pero toda la Ley, para que nadie se sienta amenazado en España; ni en el País Vasco ni fuera del País Vasco.
P.- Quería preguntarle al Ministro de Industria sobre el proceso de liberalización eléctrico. ¿Cuánto calcula su Ministerio que puede costar la OPA, más o menos? Por el 20 por 100 de la privatización, que deduzco de sus palabras, de ENDESA, ¿cuánto se podría obtener? Y, con estas dos operaciones, me imagino que se abandona la idea de repartos de capital estratégico o reducción del capital de ENDESA para obtener recursos adicionales.
Respecto a FECSA y Sevillana, ¿usted cree que podrían haber sobrevivido estas dos empresas en un proceso de liberalización de forma independiente? Las ayudas que el Estado va a dar a las eléctricas durante siete años, ¿serán en siete años? Y, más o menos, ¿en cuánto se va a elevar para que puedan afrontar el proceso de liberalización?
Sr. Piqué.- Me tendrá que permitir que no sea extremadamente preciso, por una razón de carácter obvio, y es que estamos en un proceso de negociación todavía y, por lo tanto, lo único que puedo hacer es anticiparle criterios que está manejando el Gobierno en relación a las preguntas que usted me formula.
En relación al coste, es un coste fácilmente calculable porque yo he dado los precios por acción y un tope máximo. En el caso de que se llegue a los dos topes máximos --que, en principio, no tiene por qué ser así--, estaríamos ante un coste máximo del orden de 140.000 millones de pesetas.
Sí que estoy de acuerdo con usted en que ese tipo de mecanismo, que forma parte de una opción estratégica de ENDESA, descarta, en un horizonte previsible, cualquier actuación en base a una reducción del capital de ENDESA.
En cuanto a la capacidad de subsistencia de FECSA y Sevillana en el nuevo marco, yo creo que todas y cada una de las empresas --no sólo las dos que menciona, sino todas ellas-- deben reformular y repensar su propio comportamiento estratégico ante lo que va a ser un cambio sustancial del contexto en el cual se están moviendo. Eso lo deben hacer, en cualquier caso, también Sevillana y FECSA que, como ya he dicho, van a mantener y van a reforzar su personalidad y su carácter autónomo en cuanto a su gestión y a la toma de decisiones estratégicas. Por tanto, en cualquier caso, deben hacer un esfuerzo de reflexión.
Lo que sí yo creo es que, dados los niveles de capitalización bursátil de esas compañías en España y dada la liberalización del mercado de capitales, la mejor manera de consolidar el futuro y su compromiso con España y con las zonas en las que están de esas compañías, la mejor manera de consolidarlo es que tengan una presencia accionarial de una compañía de primera magnitud y con dimensión, como lo es ENDESA. Otra cosa es que, además, se incorporen a ese capital entidades vinculadas al ahorro de Andalucía, al ahorro de Extremadura o al ahorro catalán para que refuercen ese carácter de imbricación con los territorios en los que están implantados.
En relación al valor de la privatización de ENDESA, tenemos un punto de referencia que es claro, que es la capitalización bursátil que en estos momentos tiene la compañía que, como usted sabe, se acerca a los dos billones de pesetas; por lo tanto, un 20 por 100, si hago bien la multiplicación, son 400.000 millones.
P.- Yo quería preguntar también al Ministro de Industria. Ha dicho antes que recomendaría a ENDESA la venta de su participación en Unión Fenosa. ¿Hay ya comprador para Unión Fenosa y, en caso de haberlo, la oferta en cuánto se establece para la compra de este paquete de acciones?
Sr. Piqué.- Efectivamente, lo que hay es un planteamiento de carácter general, por parte del Gobierno, de evitar la toma de participaciones cruzadas entre empresas que no tengan una vinculación accionarial. Eso significa que nos parece que ese proceso de aumento de colaboración entre ENDESA, Sevillana y FECSA debe ir asociado a que otra de las grandes compañías del sector, que es Unión Fenosa, no tenga ninguna participación directa de ENDESA o de cualquier otra empresa, como pudiera ser Iberdrola, etcétera.
Ése es un principio general, y lo único que hemos transmitido a ENDESA es que lo tome en consideración; pero no hemos tomado ninguna decisión, ni ENDESA, que es a quien le corresponde, en definitiva, tomarla, ha tomado ninguna decisión respecto al planteamiento concreto de venta, que lo decidirá de acuerdo con sus intereses, como es su obligación.
P.- Son varias preguntas para el Secretario de Estado. Quisiera pedirle que nos informe del encuentro que ayer celebraron el jefe de la oposición y el Presidente del Gobierno. Y, si han tratado otros asuntos, ¿qué asuntos han tratado, además del de la OTAN o el de Maastricht?
Quisiera saber si el Gobierno tiene ya una propuesta para la tramitación del planteamiento de la reforma del status español en la OTAN dentro del Parlamento. Ya sé que no está cerrado, porque el Presidente tiene que hablar con más portavoces; pero supongo que el Gobierno tiene ya un diseño de cómo va a ser ese procedimiento parlamentario. Y, en cualquier caso, si es un debate, si hay posibilidades de enmienda en un debate previo en comisión, antes del Pleno.
En último lugar, quisiera saber si el encuentro del Presidente del Gobierno con el ex-Presidente señor Suárez se enmarca o es recibido en Moncloa en su condición de asesor de Telefónica o como ex-Presidente del Gobierno. Y si también quiere el señor Aznar hablar con él de la OTAN o de otras cuestiones de asunto nacional.
Sr. Rodríguez.- Me pone cada día más difíciles las preguntas.
La información que tengo del encuentro de ayer del Presidente del Gobierno con el Secretario General del Partido Socialista es que fue un encuentro cordial. Saben ustedes que duró algo más de dos horas. La conversación principal fue acerca de la Alianza Atlántica y de la incorporación de España a la estructura militar.
En principio, está previsto que sea a mediados de noviembre --no le puedo dar fecha exacta, pero sí a mediados de noviembre-- cuando el Gobierno envíe la comunicación al Congreso de los Diputados para que se produzca el debate en el Congreso sobre la incorporación de España. Desconozco en estos momentos, porque no está acordado todavía, cuál va a ser el trámite parlamentario. Queda aún, como sabe usted --no se lo oculto a usted--, la conversación con otras fuerzas políticas.
Sí le puedo decir sobre la incorporación de España a la estructura militar de la Alianza Atlántica que todo está por buen camino; que hay un consenso básico de todas las fuerzas políticas parlamentarias; salvo Izquierda Unida, las fuerzas políticas más grandes. Por tanto, será a mediados de noviembre cuando el Gobierno tiene previsto enviar esa comunicación. Enviar esa comunicación, quizás antes; que se produzca ese debate en el Congreso, a mediados de noviembre. Quizás, por tanto, la comunicación salga antes del Gobierno.
No le puedo comentar más asuntos de la entrevista de ayer con el señor González. Sí han hablado de la situación política en general; sí han hablado de Maastricht, como usted ha comentado, y no tengo más información que le pueda revelar.
Con respecto a en calidad de qué recibe al ex-Presidente del Gobierno Suárez, en realidad, en cualquier caso, de ex-Presidente de Gobierno, y seguro que hablarán también de Telefónica como de otros asuntos, porque en un almuerzo sabe usted que se habla de muchas cosas. Pero sí le digo, por si acaso coge la frase: no le recibe en calidad de asesor de ninguna empresa pública; no le recibe en calidad de esto.
P.- Tenía un par de preguntas para el Secretario de Estado. En primer lugar, esta semana, el "lehendakari" Ardanza ha denunciado que el Estado pierde legitimidad en Euskadi, el señor Arzallus ha emplazado al Gobierno a negociar la libertad de Ortega Lara y el señor Egibar ha hecho las manifestaciones antes citadas por un compañero. Quería saber si el Gobierno aprecia alguna radicalización en las expresiones o en las declaraciones públicas de los dirigentes del PNV y si cree que ello puede poner en peligro su relación con el Partido Nacionalista Vasco, en vísperas del debate presupuestario.
En segundo lugar, ayer, el Parlament de Catalunya aprobó una resolución por la cual emplaza al Gobierno central a reconocer la unidad del catalán que se habla en tres Comunidades Autónomas: Cataluña, Valencia y las Islas Baleares. Quería saber si el Gobierno está en disposición de hacer una declaración de estas características.
Sr. Rodríguez.- A la segunda pregunta, no está el Gobierno en disposición de hacer ninguna declaración sobre esa materia. Esperemos a que llegue esta resolución al Gobierno y, por lo tanto, oficialmente puede pronunciarme. En estos momentos, no me pronuncio.
Con respecto a las declaraciones del "lehendakari", bien saben ustedes que, yo, personalmente, dije ayer que no entraré en polémica con estas declaraciones. Sí les puedo decir que las negociaciones con el Gobierno Vasco y con el PNV en materia de concierto económico van mejor de lo que puede parecer por las declaraciones que se están haciendo desde el PNV. Esa noticia sí les puedo dar o esa información sí les puedo...
Con respecto a las declaraciones que citaba antes, ¡hombre!, no es que vayan a romper el diálogo ni la relación con el Partido Nacionalista Vasco; incomodan, sí le digo. Estas últimas declaraciones sí incomodan porque ya no estamos hablando de política, ya no es una visión política de cómo es la economía o cómo tiene que llegarse a Maastricht; estamos hablando de otra cosa y, bueno, esto sí que incomoda.
Pero repito lo que les he dicho estos días: la política parlamentaria y la política de acuerdos consiste en que no siempre se está de acuerdo al 100 por 100 y hay que saber seguir dialogando para superar los obstáculos que hay por el camino.
P.- Yo quería preguntarle al señor Piqué una pregunta un poco sobre la filosofía de su política. Usted ha anunciado privatizaciones, y la primera medida que toma, de hecho, el Consejo de Ministros sobre las empresas públicas es la compra de dos empresas, que por algunos sectores ha sido interpretada como una nacionalización.
También quería preguntarle por el Presidente de ENDESA. ¿Podría sustituirle, con estos cambios que ha habido, una personalidad del ámbito catalán?
Y también quería preguntarle cuál es el límite que se ha fijado el Ministerio en las subvenciones que podrá dar a las empresas eléctricas para ayudarles a superar el proceso de liberalización.
Sr. Piqué.- Yo creo que, respecto a lo primero, he intentado ya enmarcar las decisiones que hoy ha tomado el Consejo de Ministros en un proceso de privatización, de la presencia pública del Estado en las empresas eléctricas, y sólo en ese contexto tiene sentido; y sólo tiene sentido, además, en el contexto de la liberalización del mercado. Ésas son dos cosas que se plantean, por primera vez, con esta claridad y esta rotundidad, y ésos son los frontispicios a los cuales nos tenemos que referir.
Como consecuencia, precisamente, de esas dos medidas es obligatorio que cada una de las empresas, no sólo las de propiedad públicas sino todas, repiensen, reflexionen, sobre la estrategia que deben desarrollar para, en ese nuevo marco, ser competitivas, ser viables, tener capacidad para estar presentes internacionalmente. Y hemos de situar la decisión de hoy en este contexto. Por lo tanto, no sólo no hay un cambio de filosofía, sino que la filosofía cada día que pasa se refuerza más.
Me gustaría recordar que sí hemos tomado ya decisiones en cuanto a la puesta en marcha de los procedimientos de privatización; pero aprovecho para hacer una pequeña reflexión al respecto. Precisamente porque queremos hacerlos de forma distinta a como se han venido haciendo hasta ahora, porque quiero recordar que el proceso de privatización ha sido intensísimo en los últimos años con Gobiernos socialistas; como, precisamente, lo queremos hacer de forma distinta, y eso quiere decir explicando claramente a los ciudadanos cuáles son nuestros objetivos, y asegurar un procedimiento absolutamente transparente, que ofrezca todas las garantías para que esos procesos sean comprendidos por la opinión pública y valorados como positivos desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, ese procedimiento tiene sus pasos y exige su tiempo.
Pero no hay retrasos, en absoluto; lo que hay es voluntad de ser garantistas, voluntad de ser transparentes, voluntad de seguir un procedimiento que nos hemos autoimpuesto, pero que tiene ese objetivo de hacer las cosas de forma clara, de forma entendible y sin subterfugios o de forma más o menos vergonzante.
En relación al segundo tema, no tengo ningún comentario que hacer; no hay ninguna decisión, ni en un sentido ni en otro, en relación a un posible cambio en la Presidencia de ENDESA.
¿Y la tercera pregunta era, por favor?
P.- El límite marcado por el Ministerio a las subvenciones para las empresas.
Sr. Piqué.- ¡Ah!, sí. Pues, tiene un límite muy claro: no va a haber subvenciones.
P.- O a las ayudas...
Sr. Piqué.- El procedimiento de liberalización lo que pretende es, lógicamente, que actúen los mecanismos de oferta y demanda de energía eléctrica para que los precios bajen; pero todos sabemos que las compañías eléctricas han hecho un conjunto de inversiones en los últimos años, de acuerdo y en coherencia con un marco que queremos modificar. Por lo tanto, creo que es de absoluta lógica y es obligación del Gobierno considerar cómo contemplamos esas inversiones, que podían tener sentido en un marco y que, probablemente, en un nuevo marco ya no lo tendrán.
Por lo tanto, las ayudas no van a ser directas en forma de subvenciones, sino a través de introducción de primas o de sobrecostes, en función de cada concepto, sobre lo que vamos a llamar el "coste marginal de la energía", para configurar lo que vamos a llamar también "valor integrado" de la misma, que va a incluir ese tipo de consideraciones que, en cualquier caso, van a ser temporales y, en cualquier caso, van a ser decrecientes en el tiempo.
P.- Yo quería hacer un par de preguntas al Secretario de Estado. Quería saber si el Gobierno está decidido o contempla favorablemente la posibilidad de permitir que tres jueces del Tribunal Supremo tengan acceso a los "papeles del CESID" para que tengan más datos a la hora de emitir su sentencia; si consideran, además, que es necesario que el Tribunal Supremo tenga acceso a los papeles para pronunciarse y, en ese caso, por qué tres jueces y no todo el Supremo, porque se supone que esos tres jueces informarían después al resto del Tribunal y le darían todo tipo de detalles, ¿no?
También querría saber si el Gobierno ha previsto algún tipo de protección especial para el señor Iturgaiz, para defenderle de posibles ataques, después de que ha sido objeto de serias amenazas por parte de Herri Batasuna.
Sr. Rodríguez.- La protección de Carlos Iturgaiz antes de estas últimas amenazas era suficiente. En estos momentos no le puedo decir si el Gobierno Vasco ha ordenado a la "Ertzaintza" más protección; no se lo puedo comunicar. Pero, en fin, en principio... Ya sabe usted que los terroristas, con protección o sin protección, actúan ahí donde menos lo esperas, ¿no? Por eso no hay que tentar a la suerte.
No se puede olvidar que ETA sigue existiendo; no se pueden hacer declaraciones como si ETA ya no existiera. ETA sigue teniendo capacidad de matar, y nadie sabe nunca cuando actúa. ETA sigue existiendo; tiene un español torturado cada minuto. El hecho de que no haya atentados en los últimos meses no significa que ETA se haya disuelto. ETA sigue actuando; está actuando en el secuestro y, como todos los terroristas, puede actuar en cualquier momento.
Sobre la información que publica hoy su periódico a propósito de los "papeles del CESID" y el Supremo, yo no puedo entrar en las especulaciones en las que, quizás, periodísticamente se pueda entrar. El Gobierno va a esperar a que el Supremo dicte una sentencia sobre esta materia y, una vez que el Supremo dicte, el Gobierno estudiará cuál es la acción a tomar.
P.- Una pregunta para el señor Ministro de Industria. Era incidiendo sobre Santa Bárbara, sobre la factoría de La Coruña. Me gustaría saber si podría ser algo más preciso sobre el futuro: si supone el cierre a cal y canto de la factoría o si supone mantener algún tipo de actividad, de acuerdo con algún plan de la Xunta de Galicia. Tengo entendido, en este sentido, que el Conselleiro de Industria le entregará un plan alternativo. Y yo no sé si supone el mantenimiento de alguna actividad todavía de producción armamentista, en combinación con una diversificación de la actividad.
Sr. Piqué.- Como es natural, le podría responder a esa pregunta después de escuchar al Conselleiro de Industria de la Xunta, ¿no?
En principio, reiterar la posición del Gobierno y la posición del Gobierno es: o reestructuramos Santa Bárbara con mucha profundidad o/u oficializaremos una situación que, desde el punto de vista financiero, está clara. Por lo tanto, llegaremos a una situación de carácter concursal para Santa Bárbara.
Si puede haber algún tipo de alternativa, basada en la recolocación o en el mantenimiento de algún tipo de actividad, estamos, por supuesto, abiertos a cualquier planteamiento. Pero no nos va a separar ese planteamiento de lo que es el objetivo básico de la política del Gobierno en relación a esa empresa.
P.- Quería preguntar al Secretario de Estado. ¿Cómo valora el Gobierno la citación, por parte del juez Garzón, del actual Director del CESID como imputado? Y si cree el Ejecutivo que el General Valenzuela actuó correctamente no dando al juez la identidad de los cinco agentes del CESID.
Sr. Rodríguez.- ¿Valenzuela, o se refiere a Calderón? ¿Se refiere al Director?
P.- Era Calderón, Calderón.
Sr. Rodríguez.- El Director General del CESID está a disposición del juez. No hay valoración política; está a disposición del juez. Saben ustedes que la citación llegó ayer, por la tarde, al CESID y que ayer estaba el Director del CESID en Noruega; por tanto, por eso no ha acudido hoy al Juzgado. Pero a disposición del juez.
P.- Para el Secretario de Estado. Quería saber qué tipo de acciones va a emprender el Gobierno con aquellos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas que han decidido no congelar el sueldo de los funcionarios.
Sr. Rodríguez.- Pues actuará conforme a la legalidad. Hay sentencias del Tribunal Constitucional según las cuales el aumento de sueldo de los empleados públicos, en este caso la congelación, la decide el Gobierno central; y las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos están obligadas y obligados a cumplir lo que decrete el Gobierno central. A partir de ahí, quien no sepa estas generales de la Ley, desgraciadamente, tendrá que cambiar la decisión.
P.- Mi pregunta es al señor Ministro. Señor Ministro, usted ha dicho que había pactado ya con el BBV..., o que había, más o menos, acuerdo con el BBV. Queríamos saber si a ese acuerdo, más o menos, también ha dado el visto bueno el Santander, y si se han pronunciado estos dos Bancos sobre si van a ir o no a la OPA.
También, como sabe, el Presidente de la Comisión Eléctrica en más de una ocasión se ha pronunciado en contra de que ENDESA aumente su participación en estas dos compañías eléctricas e, incluso, en Unión Fenosa. Quería saber también su opinión al respecto.
Y, como ha dicho, más o menos, dejaba patente el hecho de que ENDESA desinvierta en Viesgo. ¿Cabría la posibilidad, nuevamente, de que se crease o se formase una tercera pata en torno a Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Viesgo?
Y una última pregunta. Me gustaría saber si esta situación de ENDESA, que le va a obligar a invertir en la OPA 140.000 millones de pesetas, ¿le va a suponer también que tenga que hacer un giro en su política de inversiones, o incluso a obligarle a desinvertir en algunos negocios?
Sr. Piqué.- Respecto a lo primero, yo tengo que ser muy rotundo: ni el Ministerio ni el Gobierno han negociado nada con ninguna entidad financiera que sea accionista de ninguna empresa. Lo que sí he dicho, y me gustaría que quedara bien preciso para que no haya confusiones, es que, en el marco de buen clima de entendimiento que existe entre los dos principales actuales accionistas de Sevillana de Electricidad, se ha producido un acuerdo en el sentido de que ese segundo accionista contempla, con el carácter amistoso que realmente tiene, la Oferta Pública de Adquisición de acciones que va a hacer ENDESA sobre Sevillana.
No me consta que haya habido contactos en el mismo sentido con el Banco Santander, pero pueden haberse producido también. Sólo tengo conocimiento en el caso del Banco Bilbao Vizcaya.
En relación al tema del posible futuro de Electra de Viesgo o de la propia Unión Fenosa, yo creo que el futuro de Electra de Viesgo lo tendrá que decidir su actual propietario, que es ENDESA. Lo he mencionado sólo como posibilidad, para ir clarificando el mapa eléctrico, y que, probablemente, el Gobierno contemplaría con simpatía; pero no es una decisión que en estos momentos encima de la mesa y, por lo tanto, no creo que merezca ahora mayor comentario.
En relación a la posición, me preguntaba usted, de la Comisión Eléctrica, ¿no? Ésta es una operación que supone un incremento, simplemente un incremento, de participación de una compañía eléctrica en otras compañías eléctricas que están en lo que llamamos el "sistema integrado". Y es criterio de todos los actores en presencia que ese tipo de operación no requiere de ningún informe, ni preceptivo ni vinculante, por parte de la Comisión Eléctrica. Por supuesto, todo el mundo puede tener sus opiniones personales al respecto y tiene toda la libertad de expresión para manifestarlas; pero, en este caso concreto, entendemos que no tiene procedencia jurídica.
Finalmente, ENDESA es una compañía que tiene una capacidad de generar "cash flow" altísima, como ustedes saben, y eso ha permitido que desarrolle una política de diversificación de inversiones muy importante. La operación que hoy se plantea, y que ha aprobado el Consejo de Ministros, encaja perfectamente con la capacidad financiera de ENDESA y, por lo tanto, no va a exigir ninguna desinversión.
P.- Para el señor Piqué. En primer lugar, antes de venir para acá, yo he echado números y el coste de las OPAs no me sale 140.000 millones; me sale en torno a los 190.000 millones. Incluso, he hablado con algún analista y esta cifra también me la ha confirmado. Entonces, a lo mejor me he equivocado yo, pero me parece una cifra, quizás, un poco pequeña; eso en principio.
Luego, también ha anunciado usted que ya se había nombrado al asesor de la privatización de ENDESA. Quería saber que nos dijera qué entidades se van a encargar de la privatización.
Y una última pregunta sería si es cierto que el acuerdo entre ENDESA y Sevillana contempla la cesión a Cajas de Ahorros andaluzas y extremeñas de en torno a un 10 ó un 15 por 100 del capital de Sevillana.
Sr. Piqué.- Respecto a lo primero, yo creo que hay una confusión entre si llegamos al 75 o es una OPA sobre el 100 por 100; y estoy hablando siempre de hasta un máximo del 75 por 100 del capital en las dos. ¿De las dos compañías, tanto en FECSA como en Sevillana? Creo que no, ¿eh? Pero, vamos, es un problema mío ahora de error de suma.
Respecto al asesor, hoy se ha decidido poner en marcha en proceso de selección del asesor, para que en el segundo semestre se haga la privatización. Ésa es una decisión que probablemente nos lleve unas dos o tres semanas el nombre en concreto y, por lo tanto, no se lo puedo decir.
En cuanto al tercer comentario, éste es un tema que, efectivamente, se recoge en el acuerdo que existe entre las dos compañías, en el sentido de que ambas partes consideran oportuno y conveniente que, una vez finalizado el proceso de adquisición de acciones, sea posible dar entrada a entidades financieras que tengan una vinculación directa con su territorio y, por lo tanto, a las Cajas de Ahorros andaluzas o extremeñas. Pero estamos hablando, efectivamente, de esa posibilidad, pero no de una decisión, sino de tener una posición abierta respecto a esa eventualidad.
P.- ¿Y el resultado en FECSA sería también...?
Sr. Piqué.- Y en FECSA sería exactamente lo mismo.
Ha habido un informe por parte del Ministro de Industria al Consejo de Ministros relativo a la evolución del precio de los carburantes, y yo pensaba que alguien me preguntaría sobre el tema. Pero, como nadie me ha preguntado, si me permiten, yo les cuento algunas de las reflexiones que tengo al respecto.
Sr. Rodríguez.- Yo le pregunto, Ministro. ¿Cómo está la cosa de...?
Sr. Piqué.- Perdonen mi atrevimiento, que es casi osado, ¿no? Pero es que creo que es un tema importante y que está en la opinión pública, y creo que puede ser oportuno que clarifiquemos algunos conceptos, ¿no?
Es verdad que en las últimas semanas ha habido un crecimiento muy importante de los precios de los gasóleos y es verdad también que los precios máximos autorizados, por parte del Ministerio de Industria, para las gasolinas han subido también de forma importante. ¿Cuál es la causa de esas subidas? Del conjunto de los carburantes, la causa está muy clara: desde el mes de junio hasta hoy, el precio del crudo, tanto expresado en dólares como en pesetas, ha subido cerca del 50 por 100; entre el 48 y el 49 por 100. Además, en el caso de los gasóleos, se ha producido un fenómeno adicional, y es que hay nuevos requerimientos de carácter medioambiental, que han hecho que la cotización internacional del precio del gasóleo haya subido en torno al 60 por 100.
Eso es lo que explica el crecimiento de los precios y no, en absoluto, lo que se ha dado en llamar la liberalización del mercado de los gasóleos. La pretendida liberalización del mercado de los gasóleos consistió, en su momento, en eliminar el sistema de precios máximos. Pero el sistema de precios máximos no es un precio que se establezca arbitrariamente, sino que es el reflejo del promedio de los precios que se están practicando en Europa y, por lo tanto, tiene como objetivo que nuestros precios no crezcan más que los europeos. Si siguiéramos utilizando el sistema de precios máximos en los gasóleos, hoy el precio máximo del gasóleo estaría en 100 pesetas, y los precios que se están practicando en el mercado son, en las estaciones de servicio, hasta el día de ayer, de 97 pesetas y, cuando se trata de ventas a granel, de 90 pesetas.
Digo todo esto porque se está produciendo una confusión, que creo que no es buena porque no responde a la verdad y puede también llegar a confundir al ciudadano. No se trata de un movimiento especulativo, sino de una reacción normal de los mercados, no sólo del español sino de todos los mercados internacionales, a una situación de materias primas y a una situación de oferta.
Por lo tanto, que nadie pretenda que reimplantando el sistema de precios máximos se va a conseguir moderar una evolución que responde a criterios internacionales y que, por lo tanto, tiene que adaptar nuestros precios a los precios internacionales, y que nadie pretenda que los problemas derivados de un funcionamiento de un mercado liberalizado a nivel internacional signifiquen que se tengan que hacer subvenciones o aportaciones a sectores concretos, que, probablemente, deban hacer un esfuerzo de reestructuración muchísimo más importante.
En este sistema de precios máximos, me gustaría añadir sólo una cosa, y es en el caso de las gasolinas. Uno, bueno, ya se ha acostumbrado a leer: "el Ministerio de Industria sube el precio de la gasolina hasta su máximo histórico". Yo tengo que decir que el Ministerio de Industria no sube la gasolina; lo que hace es aplicar una fórmula, que no la aplica de forma arbitraria, sino que responde a planteamientos estrictamente técnicos y recogidos, que, en función de los precios internacionales, aplica un tope. Pero todos ustedes saben que en estos momentos se puede encontrar gasolina muchísimo más barata que ese tope máximo.
Por lo tanto, ni el Ministerio de Industria sube; lo que sube la gasolina son los mercados. Y, desde luego, en estos momentos, como existe suficiente competencia, las gasolinas están practicando precios por debajo de ese precio máximo.
P.- ¿Puede poner en peligro el objetivo de inflación esta subida inesperada de los precios?
Sr. Piqué.- Evidentemente, si siguen subiendo las materias primas, la previsión de inflación puede tener dificultades. Pero me gustaría decir otra cosa, y es que eso sube para todo el mundo y, por lo tanto, pone en peligro, no los objetivos de inflación del Gobierno español, sino los objetivos de inflación de todos los Gobiernos. Lo relevante no es tanto la cifra absoluta sino los diferenciales de inflación y, por lo tanto, desde el punto de vista de los diferenciales, yo creo que no hay tampoco mayor motivo de inquietud.
Gracias.
Sr. Rodríguez.- Muy amables. Gracias.