Comparecencia del ministro del Interior, ministra de Educación, Formación Profesional, Deportes y portavoz del Gobierno, y ministra de Vivienda y Agenda Urbana

La Moncloa

Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. - Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por estar aquí un martes más acompañándonos en esta en esta rueda de prensa. Además, ven ustedes que me acompaña el ministro del Interior y también la ministra de Vivienda y, especialmente, la compañía de la ministra de Vivienda viene también a colación tras el anuncio que ayer trasladó el presidente del Gobierno de esas doce nuevas medidas en materia de vivienda. Evidentemente, para hacer frente a ese grave problema de acceso que tiene la ciudadanía de nuestro país y que busca, y que sobre todo además, con estas medidas y con todo el trabajo que llevamos poniendo ya en marcha a lo largo de esta legislatura y también la pasada, el objetivo de este Gobierno es convertir la vivienda en el quinto pilar del estado del bienestar y, por eso, como les decía, hoy me acompaña la ministra de Vivienda, que además de poderles trasladar en mayor medida lo que ayer anunciaba el Presidente, hoy les dará también a ustedes cuenta del último informe de SEPES, que tiene el objetivo de seguir, como les decía, avanzando en esta dirección. La posición del Gobierno de España en materia de vivienda es clara y, como les decía, queremos convertir el acceso a la vivienda en un derecho, en un verdadero derecho y no en un negocio como algunos pretenden. Y bajo esta premisa les decía que el Gobierno de España lleva trabajando desde el minuto uno, no solamente en palabras, sino lo que es lo importante en los hechos. De hecho, en estos siete años hemos multiplicado por ocho el presupuesto destinado a vivienda. Pero es que vamos a seguir en esa tónica y en esa dinámica. Vamos a seguir trabajando aplicando más recursos, con nuevas medidas y sobre todo con esa acción conjunta que ayer trasladaba al presidente del Gobierno de todos los sectores que operan en este ámbito. En definitiva, vamos a dejarnos la piel para que la vivienda deje de ser un problema para los ciudadanos de este país y se convierta, como les decía, en ese verdadero derecho.

Además, también en el Consejo de Ministros de hoy hemos aprobado la Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad, mejor dicho, el anteproyecto de ley en primera lectura y por ello me acompaña hoy el ministro Marlaska, que les dará cuenta a todos ustedes. Un texto que busca reforzar la protección, especialmente de las redes y los sistemas de información cruciales para el desarrollo de una inmensa mayoría de las actividades sociales y económicas actuales.

Y como saben, también hoy en el Consejo de Ministros hemos aprobado la contestación al requerimiento de incompetencia formulado en este caso por la Comunidad de Madrid en el expediente para declarar lugar de memoria la Real Casa de Correos. Lugar que saben y les recuerdo que albergó en su momento la Dirección General de Seguridad franquista. El Gobierno, por tanto, mantiene el expediente para la declaración del lugar de memoria, porque entendemos que además no hay vulneración ni invasión de competencias autonómicas. De hecho, la propia Ley de Memoria Democrática recoge que es compatible esa figura con el uso institucional y de servicio público que tiene actualmente la Real Casa de Correos. De hecho, la declaración del lugar de memoria, lo que conlleva, entre otras cosas, es sencillamente la colocación de una placa en la fachada para recordar a las personas que allí fueron detenidas y maltratadas en ese lugar durante la dictadura.

Estos son los temas que hemos abordado en el Consejo de Ministros. Si se les parece, en primer lugar, le daré la palabra al ministro Marlaska para que luego posteriormente sea la ministra de Vivienda quien cierre esta rueda de prensa.

Portavoz. - Ministro.

Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. ­- Muchas gracias, ministra portavoz. Buenos días a todas y a todos. En efecto, el Consejo de Ministros, como ha referido la ministra portavoz, ha aprobado en primera vuelta el anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad, que hemos elaborado los Ministerios del Interior, Defensa y Transformación Digital y Función Pública.

Creo que no es necesario abundar en el objetivo de esta norma. El uso de las redes y sistemas de información se ha convertido en crucial para el desarrollo de la inmensa mayoría de nuestras actividades sociales y económicas. Estas redes están sometidas a graves ciberamenazas, nuevos desafíos y riesgos que requieren respuestas adaptadas, coordinadas e innovadoras. Sabemos que la cantidad, la magnitud, la sofisticación, la frecuencia y los efectos de los incidentes de naturaleza cibernética representan una grave amenaza para el funcionamiento de las redes y los sistemas de información. También pueden llegar a perturbar las actividades económicas, mermar la confianza de los usuarios y ocasionar grandes daños a la economía, la sociedad y también, por supuesto, a la seguridad nacional y requieren de un esfuerzo permanente para hacerles frente. La mejora de nuestra preparación en materia de ciberseguridad es hoy más esencial que nunca y ese es el objetivo último del anteproyecto que hemos aprobado en primera vuelta en el día de hoy.

Esta futura Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad supondrá, además, la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico nacional de la Directiva 2022/2555, del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en el conjunto de los países miembros de la Unión Europea. Es la que conocemos como "Directiva SRI 2", que nos exige a todos los Estados miembros dotarnos de las capacidades necesarias en materia de ciberseguridad para reducir las amenazas para los sistemas de redes y de información utilizados por los servicios esenciales en sectores fundamentales para el correcto funcionamiento de la economía y de la sociedad en su conjunto. En cumplimiento de esta directiva europea el anteproyecto que hemos aprobado hoy recoge, en primer lugar, a aquellas entidades públicas o privadas a las que afecta las normas de ciberseguridad implantadas. Serán aquellas entidades que tienen su residencia fiscal en España o que, si la tienen en otro estado de la Unión Europea, ofrecen sus servicios o desarrollan sus actividades en nuestro país. En ambos casos, estas entidades deberán operar en aquellos sectores considerados de alta criticidad para el correcto funcionamiento del país, como son entre otros, y pueden imaginar el de la energía, el transporte, la banca y los mercados financieros, el sector sanitario y las infraestructuras digitales y los servicios relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Otros sectores de menor impacto, pero que también estarán sometidos a la Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad son los servicios postales, la gestión y tratamiento de residuos, la fabricación de alimentos, la investigación científica y la seguridad privada, entre otros. Todas las entidades y operadores pertenecientes a estos sectores vitales deberán realizar una evaluación individualizada de su ciberriesgo, poner en marcha una serie de actuaciones para garantizar y elevar los niveles de ciberseguridad de sus redes y sistemas de información y prevenir los riesgos de cualquier incidente. En todo caso, estas entidades estarán siempre obligadas a notificar a la autoridad de control sin demora los incidentes significativos que se produzcan en su operativa o en la prestación de sus servicios, tanto si son redes y servicios propios como si pertenecen a proveedores externos. También deberán comunicar a los destinatarios de sus servicios, ya sean personas físicas o jurídicas cualquier ciberamenazas significativa que les pueda afectar, así como las medidas o soluciones que puedan aplicar como respuesta.

Respecto al modelo de gobernanza de este esquema institucional de ciberseguridad, el anteproyecto crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, órgano que se encargará de la dirección, impulso y coordinación de todo este mecanismo y será la autoridad de gestión de las crisis de ciberseguridad que puedan producirse. Además, el anteproyecto confirma tres autoridades de control encargadas de las funciones de supervisión y ejecución del mecanismo de ciberseguridad. Así, el Ministerio del Interior, a través de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad; el Ministerio de Defensa, a través del Centro Criptográfico Nacional del Centro Nacional de Inteligencia, y el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Estos tres órganos de control deberán controlar, valga la reiteración, el cumplimiento de los estándares, guías, especificaciones e instrucciones técnicas de ciberseguridad en los sectores afectados por este anteproyecto. Será asimismo su responsabilidad realizar las comprobaciones, inspecciones, pruebas y revisiones necesarias para comprobar las medidas de seguridad adoptadas por las entidades afectadas. Para terminar, quiero informarles de que también hemos aprobado tramitar este anteproyecto por el procedimiento de urgencia administrativa. Nuestra intención es que pueda ser aprobado de nuevo en segunda vuelta cuanto antes por el Consejo de Ministros ya en esa segunda vuelta y remitirlo a las Cortes Generales para el Necesario y correspondiente debate parlamentario. Para ello, Interior recabará los informes preceptivos de los ministerios proponentes de Defensa, de Transformación Digital y de la Función Pública, también del Ministerio de Hacienda, así como del Departamento de Seguridad Nacional. También queremos conocer el criterio de otros departamentos del Gobierno, así como de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, del Banco de España y de la Agencia Española de Protección de Datos, sin olvidarnos, evidentemente, del preceptivo dictamen del Consejo de Estado. Muchas gracias por la atención.

Portavoz. - Muy bien, pues muchas gracias, ministro y ministra.

Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. - Gracias, ministra portavoz. Buenas tardes a todos ustedes. Encantada de estar de nuevo compartiendo alguna información relevante del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con todos ustedes y con la opinión pública que les leen, los escuchan y los ven. Continuamos esta semana y en el Consejo de Ministros de hoy, con la senda marcada en el día de ayer por el presidente del Gobierno, con importantes anuncios que tienen que ver con las directrices políticas del Ministerio de Vivienda en esa directriz que marcaba el presidente de más vivienda, mejor regulación y más ayudas. Estamos trabajando con absoluta determinación desde el ministerio. Un ministerio que se crea, como ustedes saben, al comienzo de esta legislatura, bajo el paraguas de la Ley de Vivienda y que implica aprovechar todos los recursos de la Administración General del Estado para dar respuesta al acceso a una vivienda digna y asequible en nuestro país para garantizar el mandato constitucional.

En este primer año hemos ido dando pasos que han permitido la concreción de las medidas que ayer les anunciaba el presidente del Gobierno y también de acuerdos importantes que fueron adoptados en la última reunión del Consejo de Ministros a final de año, el día 23 de diciembre, como fue el reglamento de corta duración, a modificación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que permite avanzar en los derechos de superficie y en la construcción del parque de vivienda asequible, el mantenimiento de las bonificaciones en IRPF por rehabilitación que están permitiendo no parar la ola rehabilitadora en nuestro país, así como el acuerdo de adquisición de viviendas y suelos para esa nueva empresa pública de vivienda y suelo.

Esta concreción de medidas que ayer enunciaba el presidente del Gobierno, la adopción de las últimas medidas en el Consejo de Ministros y los trabajos de este primer año del Ministerio de Vivienda, amparados como les decía, por la Ley de Vivienda y también por el primer pronunciamiento del Tribunal Constitucional, implican que podamos decir que estamos abordando la política de vivienda de una manera integral, como no se había producido en democracia en nuestro país. Es decir, que desde el Ministerio de Vivienda y ahora con la nueva empresa pública de Vivienda y Suelo, hacemos un abordaje de la política pública de vivienda desde la disposición y urbanización del suelo hasta la entrega de las llaves y la gestión de esas viviendas para el alquiler asequible. Hasta ahora hemos ido compartiendo esta gestión con otras administraciones públicas, de modo que nosotros, desde el Estado y con absoluta determinación, podemos abordar todo el ciclo desde la puesta a disposición de esas viviendas con el suelo hasta la movilización de las mismas, con una política integral determinada, que quiere contribuir a la que se está desarrollando por parte de otras administraciones públicas porque claramente, si este es el principal problema de los españoles y de las españolas, aquí está la absoluta determinación del Gobierno de España para darles solución. Y en ese sentido hemos contado y ponemos en marcha un nuevo instrumento. Teníamos un germen, SEPES, una empresa con larga historia en gestión pública que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se había iniciado en la senda de políticas de vivienda, concretamente asumiendo responsabilidad en lo que tiene que ver el parque de vivienda asequible. Al comenzar esta legislatura en SEPES contábamos con apenas diez actuaciones, algunas de ellas muy importantes, después me detendré en ellas. Hoy ya, al cerrar el año, es el informe que he presentado al Consejo de Ministros, la acción que hemos llevado a cabo a lo largo de este año 2024 y la previsión del primer semestre. Al cerrar el año 2024 tenemos ya veintinueve actuaciones adscritas fundamentalmente también, ahora me referiré a ello, contando con ese último impulso al final de año en el Consejo de Ministros.

Estas veintinueve actuaciones se concretan en 17.500 viviendas. Como les digo, el cambio es importante de una decena a casi una treintena y con un presupuesto que inicialmente se había previsto de 1.538.000.000 de euros y una inversión que le acompañará exponencialmente superior. Si ven ustedes el marco de todas, en el mapa se ve muy bien todas, todas ellas y después se concentra, y en la siguiente diapositiva pueden ver cómo la hemos ido asumiendo a lo largo de estos últimos años.

¿Qué es lo que cambia fundamentalmente y va a cambiar en este año 2025? Es que se van a incorporar esos 2 millones nuevos de metros cuadrados a los que ayer se refería el presidente del Gobierno, que se suman a los más de 3 millones actuales. Incorporamos todos esos suelos residenciales de titularidad estatal, los ponemos a disposición y también esas viviendas que antes lo eran de la Administración General del Estado en diferentes departamentos y que ahora sirven a la política pública de vivienda del Gobierno de España. De manera que vamos a poder abordar con estos suelos algunas de las bondades de la Ley de Vivienda, como es ese artículo 15 que nos habla del aprovechamiento de los suelos dotacional, que algunos han descubierto este fin de semana, pero que están desde mayo del 2023 que se aprobó la Ley de Vivienda. Y, con ello, conseguimos algo muy importante para nosotros que fue matizado por el Tribunal Constitucional. En ese primer pronunciamiento al que antes me he referido, que es la protección permanente del parque público de vivienda, blindar la vivienda pública en España de por vida. Es decir, que lo que hoy construimos para los españoles de hoy sirva también para los españoles de mañana, y que el esfuerzo sin recedentes que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez en financiación para políticas públicas de vivienda sirva para siempre y no termine privatizando, como ya ocurriera bajo el Gobierno del Partido Popular.

Y si me permiten, y me detengo un momento aquí, porque escucho muchas cosas estos días en torno a la política de vivienda, a algunas cuestiones casi semánticas con mucho valor de fondo y político.

No es lo mismo poner suelo público a disposición que liberalizar suelo público. Poner suelo público a disposición implica más política, más vivienda pública y asequible. Liberalizar suelo es lo que ocurrió en 1998, siendo presidente el señor Aznar y trajo el "boom", la burbuja inmobiliaria, los desahucios y la destrucción del sector de la construcción. Poner suelo a disposición por parte de las administraciones públicas implica esa vivienda pública y asequible y en nuestro caso, la determinación de la protección permanente de ese parque público de vivienda. Blindar ese parque público de vivienda. Liberalizar el suelo no garantiza el acceso a una vivienda digna y asequible. Y no es que se lo diga yo, es que lo hemos visto y lo hemos sufrido en este país no hace tanto tiempo. Poner suelo a disposición y un parque público de vivienda no es intervenir el mercado, es cumplir la Constitución. Les recuerdo que el artículo 47 de la Constitución nos habla del acceso a la vivienda y de la protección del suelo para impedir la especulación. Esto tampoco es literatura, es mandato constitucional y creo que es muy importante que estos conceptos sean manejados con ese rigor por parte de todos, especialmente de quienes tenemos responsabilidades públicas, para que el mensaje que reciba la ciudadanía sea absolutamente claro y no metamos también la demagogia, el bulo y las "fake" en lo que es el principal problema de los españoles.

La disposición del Gobierno de España es clara y absoluta: trabajar con determinación para ampliar cuanto antes el parque público de vivienda que garantice el acceso a una vivienda digna a un precio asequible a todos los españoles. ¿Esto es fácil?, ¿es sencillo? No. Y también así, con esa claridad, hemos de explicarlo a la ciudadanía.

Ahí tienen ustedes en la siguiente presentación, los trabajos que implica desde que una administración, o en su caso, un promotor privado, dispone de un suelo hasta que ese suelo termina unas llaves y termina siendo el hogar de una familia o de cualquier persona que quiera acceder a esa vivienda digna. Ahí ven ustedes los distintos trabajos que implica, desde la urbanización, la disposición del suelo, la disponibilidad de ese suelo hasta su urbanización, pasando por las normas urbanísticas, la redacción de los proyectos y después las obras urbanizadoras, hasta que finalmente redactamos los procesos, los proyectos para su edificación y después las obras de construcción.

Todos esos trámites van a poder ser trabajados, elaborados e iniciados y finalizados por la nueva empresa pública estatal de Vivienda y Suelo. Y para ello son necesarias muchas otras herramientas que también el Gobierno de España ha trabajado para conseguir que todos esos trámites, que todos esos pasos puedan celebrarse, puedan realizarse de manera más rápida para cuanto antes poder estar poniendo esas medidas, esas viviendas en el mercado, mejorando la oferta y, por tanto, conteniendo los precios. Hay una muy importante que tiene que ver con la Ley del Suelo, muy necesaria y con la que este Gobierno ya cumplió. Existía estos días que tanto se habla de la necesidad de un pacto por la vivienda, lo que yo llamé una alianza de país en torno al acceso a la vivienda se puede concretar de manera muy sencilla en algunas de las actuaciones de este Gobierno. A este Gobierno se le pidió celeridad por parte de ayuntamientos, comunidades autónomas y el sector para hacer unas modificaciones necesarias en la vigente Ley del Suelo. Se hicieron los trabajos, se presentó el texto y está a disposición de todos los grupos políticos para poder ser aprobados.

Recientemente, y en aras a la agilidad también, el Gobierno, en el pasado Consejo de Ministros del 23 de diciembre, aprobó una importante modificación que llevaba años trabajándose para la Ley de Contratos del Sector Público, con el objetivo de la promoción de esas viviendas en el parque de alquiler asequible, poder ampliar los años de vigencia de esa protección a los 80 años de esas viviendas, para después la reversión y la recuperación de esos suelos públicos o la simplificación de algunos documentos. Y ayer mismo, el presidente, en aras a la agilización, presentaba un proyecto muy importante que tiene que ver con la promoción de ese PERTE de vivienda que va hacia la innovación de la construcción, hacia su industrialización, que se mide en términos de agilidad y de plazos, pero también de sostenibilidad de esas viviendas.

Ejemplos donde vamos a poder concretar esta política determinada e integral del Gobierno de España en torno a la promoción de vivienda. Un nuevo barrio, que comienza de nuevo, y que forma parte también de esos acuerdos. Porque gracias al acuerdo, a la colaboración y al diálogo con otras administraciones, en este caso con el Ayuntamiento de Madrid, en este año hemos conseguido desbloquear una situación que llevaba demasiado años, décadas sin poder haberse traducido ese compromiso político de querer transformar unos terrenos de Defensa en unos hogares, pues no ha podido hacerse y ahora ya hemos iniciado ese desbloqueo para hacerlo posible en los próximos años. Ahí ven ustedes, en esa presentación que después vamos a compartir en qué momento se sitúa ese nuevo barrio Campamento en esa tramitación se trata de más de 2 millones de metros cuadrados donde va a haber más de 10.700 viviendas 100% asequibles, por tanto, que van a dar respuesta a la demanda de esta ciudad. Ya presentamos la iniciativa urbanística en el mes de julio. La presentamos al Ayuntamiento de Madrid, este la estimó en el mes de septiembre. Estamos pendientes de que culmine esa autorización de la iniciativa urbanística. Públicamente, el alcalde de Madrid se comprometió a hacerlo en seis meses y, por tanto, eso implicaría que en el mes de febrero tuviéramos lista ya la iniciativa urbanística para comenzar con los trabajos de urbanización y, por tanto, poder empezar esas obras. Este es un barrio completo, con criterios de sostenibilidad que lo van a hacer posible y como digo, donde se concreta ese deseo de acuerdo, de consenso para hacer posible el derecho y el acceso a una vivienda digna.

El acuerdo se acompaña de un convenio pendiente de firma, que culminará además también con ventajas muy positivas que dan respuesta a la demanda vecinal de soterramiento de la A-5, que será posible no solo hasta esa primera fase de su planificación, que ya está pendiente del comienzo de las obras, sino que el soterramiento llegará hasta el final del barrio y, por tanto, la A-5 estará soterrada también en la parte nueva del nuevo barrio de Campamento.

Para hacer posible todo esto, hemos tenido que transformar la empresa pública de SEPES, que ya ha hecho un trabajo muy importante. Con los mimbres que tenía, la hemos la hemos fortalecido también en las últimas decisiones del Consejo de Ministros. A final de año va a asumir todo ese patrimonio del Estado, ese suelo, esas nuevas viviendas que antes no les di, las cifras que el Presidente les dio las cifras en metros cuadrados, en más de 3.600 viviendas hemos podido visualizar en un primer momento de todas las administraciones, de todos los departamentos de la Administración General del Estado, al margen de las viviendas que existían en Sareb y que también se van a ir incorporando y que tienen presencia en todas las comunidades autónomas y que representan más de 400. Perdón, 4.000. A ver, que me he perdido. 580 parcelas en todo el territorio. Perdonad con los datos, en todo el territorio nacional. Y ¿qué es lo que queda por hacer en los próximos seis meses, que es también de lo que ha informado al Consejo de Ministros? Pues concluir esa transformación de la entidad pública de Vivienda y Suelo. Vamos a incorporar todo ese patrimonio que hemos identificado del Estado a la nueva, a la nueva empresa. Es lo que se va lo que vamos a hacer en los próximos seis meses. Se va a elaborar el plan estratégico de la misma y vamos a crear un portal de gestión, un portal transparente para la demanda de esas viviendas por parte de la ciudadanía. Ese será el trabajo que vamos a acometer en esos próximos seis meses. Aquí había anotado las 580 parcelas repartidas por toda por toda España en esta última hoja.

En definitiva, compartir con ustedes y con y con la ciudadanía que las bases que el cimiento del 5.º pilar del Estado del Bienestar está sólido y que vamos a ver los efectos a lo largo de esta legislatura, que sin duda esto precisa del compromiso y la determinación del Gobierno de España. Sin duda es lo que ayer mostró el presidente del Gobierno: la colaboración leal de todas las administraciones públicas, comunidades autónomas y ayuntamientos, el acompañamiento del sector, para poder construir toda la vivienda necesaria para atender la oferta y, desde luego, la empatía con quienes hoy sufren el problema de acceso a la vivienda en nuestro país, que son miles y miles de españoles y españolas, especialmente los más jóvenes, que ven marcados sus proyectos vitales por este problema. Y después quedo a su disposición cuando finalice la portavoz pues si tienen alguna aclaración o cuestión que quieran que les amplíe.

Portavoz. - Muy bien, pues muchas gracias a ambos ministros y, por favor.

José Miguel Blanco Bermejo (Agencia EFE). - Gracias. Buenas tardes para la ministra de Vivienda. Hay medidas de las anunciadas ayer por el presidente del Gobierno que necesitan el aval del Parlamento. ¿Dan por seguro que van a tener los apoyos necesarios, teniendo en cuenta que hay partidos, entre ellos su propio socio de Gobierno, Sumar, que se han mostrado críticos con alguna de esas medidas como la exención total del IRPF para los propietarios que alquilen viviendas de acuerdo con el índice de precios regulados?, si ¿están abiertos a algún ajuste en aras del consenso? y si ¿prevé alguna ronda con los grupos parlamentarios para intentar lograr ese apoyo?

Y para la portavoz. Después de la citación del fiscal general en el Tribunal Supremo, si ¿el Gobierno se ratifica en todos sus términos en la defensa del fiscal? y en ese caso, si ¿llega a compartir la opinión de la Unión Progresista de Fiscales de que se trata de una caza de brujas? Y si ¿les preocupa el papel que, según el magistrado encargado del caso, otorga a Presidencia del Gobierno en la filtración del correo de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid?, que hoy ha dicho que ve confirmado que hay una operación de Estado contra ella. Gracias.

Portavoz. - Muy bien. Muchas gracias, ministra.

Ministra de Vivienda y Agenda Urbana. - Sí, les decía antes que no oculto la complejidad de la de la materia e incluso que puedan existir diferencias ideológicas, que desde luego tienen que ser también explicadas por los distintos grupos políticos y parlamentarios a la ciudadanía. Fíjese, algunas incluso no termino de comprenderlas. Yo creo que aquí lo que espera de nosotros la ciudadanía es acción y determinación. ¿Sería necesario estos acuerdos en el Parlamento para sacarlas adelante?, sin ninguna duda. Y por eso las vamos a presentar con la confianza de que así sea. Se hablará con los grupos políticos. Primero vamos a concretar exactamente el texto de estas medidas para ser registradas en el Parlamento.

En el Parlamento reside la soberanía del pueblo español. Y el pueblo español hoy tiene un principal problema, que es el acceso a la vivienda y, por tanto, lo que espera la ministra de Vivienda es responsabilidad de todos los grupos políticos para abordar este problema, saliendo del dogmatismo del partidismo e incluso aprendiendo de los errores del pasado. El paquete que ayer presentó el presidente del Gobierno es un paquete de medidas solventes, que muestran además un liderazgo de España también en la resolución de este problema. Que van a ser eficaces no solamente para la construcción de ese parque vivienda asequible que nos permitirá tenerlas en unos años cuando terminemos de construirlas, sino también en estos momentos intervenir, condicionar los precios del mercado desde la acción pública. Y yo estoy encantada de que se abra ese debate en el Parlamento para poder explicar a los españoles la concreción de estas medidas, pero veo difícil oponerse, por ejemplo, como usted decía, por poner algún ejemplo de medidas concretas, oponernos ya con nuestro voto a una de esas medidas tan importantes que ayer enunciaba el presidente del Gobierno. Es decir, que si estamos diciendo que en España hay un problema de precios en el mercado del alquiler y que se necesita movilizar vivienda, y que para hacerlo el presidente del Gobierno ha dicho que está dispuesto a que el 100% de esas rentas de alquiler puedan ser bonificadas para que se baje el precio a los inquilinos, ¿quién dice que no? Creo que este debate es interesante, que la ciudadanía tiene que estar atenta, pero que no tiene que tener ninguna duda. El Gobierno de España, como dijo ayer el presidente del Gobierno, se va a dejar la piel para solucionar este problema y si alguien quiere boicotear, o poner palos en las ruedas, no tendrá que responder ante el Gobierno, tendrá que responder ante la ciudadanía.

Portavoz. - Sobre la cuestión que me trasladaba del fiscal general del Estado. En primer lugar, confianza en la justicia y, sobre todo, confianza y apoyo absoluto al fiscal general del Estado, máxime además cuando hemos conocido un auto donde no hay ninguna prueba concreta que señale al fiscal general. Por eso también entenderán que no compartamos la decisión sobre el fiscal general del Estado y su imputación. Porque fíjese, el origen del delito está donde está y está en la pareja de la señora Ayuso. Que, por cierto, hace casi ya un año que conocimos por parte de su abogado que había cometido dos delitos fiscales por un valor de más de 500.000 € y, a estas alturas, que sepamos, todavía ni ha declarado. Los bulos, las mentiras y las filtraciones están donde están: en el jefe de Gabinete de la señora Ayuso, que no ha dudado ni un minuto en utilizar todos los recursos y todas las amenazas con el objetivo y el objeto de tapar y proteger a la señora Ayuso y a su pareja. La semana pasada el señor Miguel Ángel Rodríguez fue a declarar a sede judicial y allí explicó la cantidad de mentiras que había trasladado, como les decía, con el objetivo de tapar a la señora Ayuso. Y, por cierto, mentiras y bulos que todos ustedes como medios de comunicación ya conocían. Y esa es la realidad y esa es la situación en la que estamos. Por lo tanto, sí, máximo apoyo y máxima confianza en el fiscal general del Estado.

Juan Ruiz Sierra (El Periódico de Catalunya). - Sí. Buenos días. Para la ministra portavoz. Quería preguntarle por la proposición no de ley de Junts para que el presidente del Gobierno se someta a una cuestión de confianza que en principio se decidirá sobre su tramitación este jueves en la Mesa del Congreso. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha advertido de que su partido, si no se admite a trámite, tomará decisiones que no agradarán al Gobierno al día siguiente. Le quería preguntar ¿qué cree el Gobierno que va a pasar el jueves y si cree que la Mesa del Congreso debería admitir a trámite esta proposición no de ley? Y en todo caso, ¿cómo se toman esta advertencia de un aliado parlamentario que es fundamental para esta legislatura? Gracias.

Portavoz. - Bueno, pues como bien, como bien decía, la cuestión de calificar esta proposición le corresponde a la Mesa y por tanto será la mesa quien determine este próximo jueves. Ahora bien, yo aquí sí que me gustaría darles una respuesta desde el punto de vista de las formas, de las formas y del fondo.

De la forma, ustedes saben que la cuestión de confianza es una prerrogativa que le corresponde al presidente del Gobierno y además está perfectamente determinado en la Constitución española, concretamente en el artículo 112. Los grupos parlamentarios tienen otros instrumentos y otras herramientas, pero la cuestión de confianza aparece perfectamente reflejada en la Constitución, como digo, como una prerrogativa del presidente del Gobierno. Y desde el punto de vista, si me permiten, de fondo, a la cuestión de confianza. Yo, la primera pregunta que les trasladaría es ¿por qué?, ¿por qué? Mire, yo lo que les puedo trasladar es que el Gobierno de España cumple con los compromisos que ha establecido con el resto de las fuerzas parlamentarias. Lo que está en nuestra mano, cumplimos con los compromisos. Pero luego es que además hay una cuestión mucho más importante y es que el proyecto que está trasladando y en el que está trabajando el Gobierno de España nos ha permitido que hoy, en 2025, España sea un país récord en empleo y récord en materia económica y en crecimiento económico. A partir de ahí, como les decía, le corresponde en todo caso a la Mesa calificar o no esta proposición y lo verán todos ustedes el jueves.

Jordi Armenteras Amblas (Rac1). - Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Preguntas, que como mínimo la primera va para el ministro Marlaska.

Es sobre el documental que emitió TV3 el pasado domingo sobre la investigación que revela, que destapa, el trabajo de cuatro policías nacionales infiltrados en entidades y asociaciones, sobre todo independentistas, pero también de otro calado. A la luz de las de las revelaciones, ¿mantiene usted que aquí no se ha cometido ningún delito? Y, en todo caso, estos agentes del policía ¿bajo qué ley actúan?

Por cierto, el documental deja una pregunta en el aire, que es si esto es el 2% de los policías que hay que están infiltrados o es el 60%, me atrevo a preguntar ¿con cuántos policías infiltrados está trabajando en este momento la policía en entidades, asociaciones, en grupos de protesta? No sé si querría contestar.

Y otra pregunta también en relación con la información desclasificada por el Consejo de Ministros hace tres semanas, que ayer salió a la luz pública sobre sobre los errores del CNI, sobre el imán de Ripoll, el imán Es Satty. ¿En qué situación queda el servicio de inteligencia español? Y aparte de esto, también una pregunta muy directa, que es que Junts acaba de pedir más información, más documentación, si el Gobierno ¿va a acceder a ello? Gracias.

Ministro del Interior. - Muchas, muchas gracias por las preguntas. En relación a la primera, referir, como lo he dicho en otras ocasiones, que tanto Policía Nacional como Guardia Civil y en el ejercicio de las funciones que tienen de prevención de la comisión de hechos delictivos, así como de respuesta hacia los mismos: artículo 104 de nuestra Constitución. Actúan y actuamos conforme al ordenamiento jurídico, incluido la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 1986 y las leyes específicas de ambos cuerpos policiales. Todo en estricto cumplimiento de la ley y evidentemente, ya cuestiones sobre ella concretas a las que ha hecho referencia. Permítame que, evidentemente, la naturaleza misma del secreto de las mismas y la necesidad de garantizar la seguridad pública, pues evidentemente me lleven a no realizar una contestación en ese sentido.

Respecto a la segunda de las cuestiones formalizadas, este Gobierno, como siempre ha hecho, tiene una un espíritu principal, que es colaborar y cooperar en primer lugar con la administración de justicia en relación a toda la documentación que se solicite y, en ese sentido, la posible desclasificación de la misma, como han podido tener conocimiento en otros procedimientos como el conocido en la causa "Kitchen". En este sentido, la colaboración también con la soberanía popular y con las comisiones de investigación establecidas, en este caso en el Congreso. Y, en relación a los atentados sufridos en Barcelona y Cambrils en agosto de 2017, hemos hecho lo propio con el objetivo y la finalidad también de cooperar con la comisión de investigación creada en sede parlamentaria y lo seguiremos haciendo, evidentemente también respetando necesariamente la seguridad del Estado y desclasificando toda aquella documentación que se entienda razonablemente pertinente y para cumplir con esa doble finalidad de ser transparentes e igualmente de garantizar la seguridad del Estado. Y se ha procedido en ese sentido y se ha desclasificado tanto documentos secretos en el Ministerio de Defensa, del CNI, en relación a los atentados a los que hemos hecho referencia, como también dentro del Ministerio del Interior y aprobó el Gobierno. Se desclasificarán si hay peticiones suplementarias y complementarias, se estudiarán, se evaluarán y el Consejo de Ministros, a proposición de los ministerios concernidos, pues resolverá lo que entienda conveniente. Pero creo que este Gobierno ha hecho desde el principio, realmente han mantenido una postura clara de cooperación y colaboración con el conjunto de administraciones competentes para investigar los hechos. Creo que no, hoy no puedo calificar, pero creo que no hay ninguna referencia que pueda determinar en ninguna crítica al Centro Nacional de Inteligencia como ha hecho referencia, sino todo lo contrario. El Centro Nacional de Inteligencia ha trabajado, trabaja y trabajará simplemente con la mayor dedicación y profesionalidad para garantizar como lo ha hecho, lo hace y lo seguiré haciendo, como las Fuerzas de Seguridad del Estado, la seguridad de todos nosotros. Gracias.

Ana Isabel Martín Almaraz (El Debate). - Gracias. Buenas tardes. Tenía varias preguntas, portavoz. Empiezo por usted, porque nos acaba de decir que el Gobierno mantiene su confianza en el fiscal general del Estado. Quería saber si también lo hará en el caso de que haya una apertura de juicio oral. Y en segundo lugar a este respecto el auto del juez Hurtado sitúa a Presidencia del Gobierno, cuando menos, como colaboradora o partícipe de un delito de revelación de secretos. Entonces, quería saber: usted, como portavoz del Gobierno, ¿qué tiene que decir a esto?

En segundo lugar, a la ministra de Vivienda. No sé si lo ha dicho en algún momento, o yo me lo he perdido, pero me gustaría saber en concreto ¿cuántas viviendas esperan tener puestas más en el mercado al final de la legislatura, darnos algún tipo de número?

Y, por último, a usted, ministro del Interior. Me vuelvo a referir a ese auto del juez Hurtado, porque en él hace una defensa del trabajo de la UCO y quería saber si usted también cree que la UCO trabaja siempre con imparcialidad y objetividad en su proceder, que es lo que dice textualmente el juez Hurtado. Gracias.

Portavoz. - Empiezas tú, ministra.

Ministra de Vivienda y Agenda Urbana. - Vale. Sí, no les di la cifra. Saben que tenemos un compromiso de legislatura. El ejercicio que hemos hecho implica, como les decía, más allá del número, la protección, que creo que es muy importante, que este esfuerzo que vamos a hacer es sin precedentes y que estamos haciendo. No es cuántas vamos a tener, sino cuántas estamos teniendo. Quiero recordarles que solo con el Plan de Recuperación el Gobierno de España ha firmado con comunidades autónomas y ayuntamientos la financiación de más de 20.0000, que eran las comprometidas, más de 20.000 viviendas en alquiler asequible que han de estar listas a mediados del año 2026, que es el compromiso que tenemos con el Plan de Recuperación y Resiliencia con la Comisión Europea.

El paso que da el Gobierno en lo que está planteando es un paso mucho más allá y que interesa a la ciudadanía. Y es que ese esfuerzo mío millonario le acabo de decir, Solo 25.000 viviendas implican un esfuerzo inversor por parte del Estado, que es mucho más la inversión que lo que se proyecta desde las administraciones públicas de 1.000.000.000 de euros. Es que ese esfuerzo mil millonario que está haciendo el Gobierno de España, y que han de hacer comunidades autónomas, ayuntamientos y acompañados del sector privado, no puede ser privatizado a los 15 años, sino que ese patrimonio, esa infraestructura que estamos construyendo, que es un nuevo parque público de vivienda, debe ser permanente. Esto es lo que decía la Ley de Vivienda y matiza el Tribunal Constitucional diciendo que, efectivamente, la catalogación o la calificación de las viviendas en su urbanismo corresponde a las comunidades autónomas. Algunas de ellas ya tienen definida esa protección permanente y otras, les diré, cuando el presidente del Gobierno planteó esta cuestión en la Conferencia de Presidentes, asumieron esa protección porque creo que en los tiempos que corren no cabe volver a los tiempos de la liberalización y del año 1998. Por eso me llama la atención que el líder de la oposición confunda hoy protección con propiedad. El Gobierno de España no tiene nada que decir en torno al derecho a la propiedad en nuestro país, que también es un derecho constitucional. Ahora bien, el cambio es si hacemos este esfuerzo inversor que se traduce en miles de viviendas públicas para construir ese parque que necesitamos de al menos el 9%, que es nuestro compromiso, el avanzar y estandarizar a España en un parque público de vivienda como otros países de nuestro entorno. Si ese esfuerzo que íbamos a hacer mañana no habrá servido de nada. Y el Gobierno tiene la determinación de todo lo que promovamos tenga esa protección permanente. Y como digo, esta fue una de las cuestiones que el presidente del Gobierno planteó en la Conferencia de Presidentes y que no tuvo el rechazo de ninguno de los presidentes del Partido Popular. Por eso, me ha sorprendido esta mañana, el señor, Feijóo cuando al hablar de protección se refería a la propiedad, que no es lo mismo. En esa diferenciación de conceptos a los que antes me refería: que se puede ser propietario de una vivienda de protección oficial hoy y que esa vivienda lo siga siendo de protección oficial para siempre y que tú no vayas a especular con ella mañana ni lo vaya a hacer la administración que la gestiona, como ya ocurriera en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid no hace tantos años.

Por tanto, se mantienen nuestros compromisos en la promoción de vivienda y nuestro compromiso es mucho más fuerte porque ahora nos comprometemos, como consecuencia de esa disposición del mandato del Tribunal Constitucional, que ya estaba mandatado en la Ley de Vivienda, a que todo lo que invierta el Gobierno de España y todas las viviendas que promueva o financie el Gobierno de España sobre suelos públicos del Gobierno de España, lo serán de protección pública para siempre. Muchas gracias.

Portavoz. - Ministro. Gracias, ministra.

Ministro del Interior. - Gracias por la pregunta. Por supuesto que respaldo cada uno de los informes de la UCO y del resto de unidades de Guardia Civil y de Policía Nacional. En este sentido, también bien saben que los informes, vamos a concretarlo, de la UCO, son distintamente o de forma diferente interpretados por determinadas instituciones y determinados colectivos. Pero también me llama la atención que en casos muy significativos y que ustedes conocen, informes de la propia UCO diciendo que no hay la comisión de ningún delito, que no hay ningún indicio, pues parece ser que no han sido suficientes para la autoridad judicial.

Portavoz. - Me preguntaba sobre futuribles. Yo, sobre futuribles, ya me perdonará que sea prudente. Lo que sí que le puedo garantizar es que este Gobierno siempre va a apoyar a quien persigue el delito y no a quien lo comete. Por lo tanto, sí. Vaya por delante de nuevo la confianza y el apoyo absoluto del Gobierno al fiscal general del Estado.

Y sobre la cuestión, la otra cuestión que usted me preguntaba, sí, de Presidencia, pues miré también me va a permitir que no opine o no valore elucubraciones, porque son elucubraciones, no hay ninguna base documental. Y fíjese, estamos en un Estado de derecho y las afirmaciones se tienen que sustentar en indicios. Y aquí es que no los hay. Por tanto, me permitirá, como le digo, que no valore elucubraciones.

Carlos Elordi Cue (El País). - Sí, ministra, yo quería insistir sobre los objetivos de toda la legislatura, porque una de las críticas que más les hacen es que ustedes llevan siete años en el Gobierno y la gente quiere números, evidentemente. Y porque cuando, cuando todo lo que anunció el presidente del Gobierno ayer, para entendernos, ¿cuándo va a tener un efecto real sobre los ciudadanos? Porque tampoco queda tanta legislatura. Y de ¿qué números podemos estar hablando?

Y luego, con el tema de la permanencia de la vivienda pública. Usted ha hablado, por ejemplo, de la Operación Campamento, que es muy relevante. La Operación Campamento, solo el 7%, según los cálculos…bueno, hay discusión, sé que hay discusión, pero algunos dicen que solo el 7%...En cualquier caso, la mayoría de los pisos que se van a construir de protección oficial en Campamento se van a vender a los 15 años. Eso es lo que está previsto ahora mismo en el plan. Dígame usted cómo van, por ejemplo, cómo funciona lo que están haciendo, para entendernos. Yo…me lo discuté usted abiertamente, pero digo, cómo, para entendernos, ¿qué va a pasar en la Operación Campamento con esto que ustedes están diciendo ahora?, ¿los pisos se van a poder vender a los 15 años, no se van a poder vender?, ¿qué efecto práctico va a tener en una cosa tan grande como la Operación Campamento lo que ustedes están haciendo ahora? Y, efectivamente, si hay comunidades que no quieren hacerlo, Feijóo hoy ha dicho que no le parece lo de la permanente. Si hay comunidades del PP que no quieren hacerlo permanente, ¿qué va a pasar?, ¿se va a seguir vendiendo la vivienda protegida a los 15 años o no?

Hoy hemos escuchado a la señora Ayuso hablar directamente de un "Watergate". Estamos escuchando palabras muy duras. Se habla de autocracia no solo por esto del fiscal general, sino por la propuesta que ustedes que el Grupo Socialista planteó el viernes sobre el tema de las acusaciones populares. Que, por cierto, si el señor Marlaska, como juez, nos da una opinión sobre el hecho de que sea retroactiva, que es una cosa que está generando mucha discusión jurídica. Todas estas palabras gruesas que se están escuchando: autocracia, "Watergate" … ¿El Gobierno tiene la visión contraria?, ¿Tiene la visión de que es el Supremo el que se está excediendo o qué defensa hace sobre esto?.

Y al ministro, ya que hablaba de ciberseguridad, sobre el tema de redes sociales. Están pasando muchas cosas en todo el mundo con el argumento de seguridad. Estados Unidos está a punto de cerrar TikTok, la justicia de Estados Unidos. En Brasil hay una investigación sobre qué va a hacer Meta de retirar los controles. España, ¿en qué está en todo esto? la Unión Europea, ¿en qué está? Porque varios países del mundo que están haciendo cosas muy serias sobre esta cuestión.

Portavoz. - Muchas gracias, ministra.

Ministra de Vivienda y Agenda Urbana.- Carlos, centraría la respuesta en dos cuestiones. Explico Campamento, para que puedan ver también la diferencia de modelos. Intento traducir, el urbanismo a veces es complejo. Y ¿qué ha hecho el Gobierno en estos en estos siete años y cuándo se ven los frutos?, que forma parte también de esa complejidad, porque si no se atiende a todas las causas que nos traen hasta este problema, pues es de difícil comprensión. Por ejemplo, se da la circunstancia que la generación de nuevos hogares en España se ha incrementado de manera muy notable a partir del año 2020, concretamente el año 2021, 2022 y 2023. Fueron años de alto crecimiento en creación de hogares en España, Secundados esa creación de hogares atraídos por la buena marcha de nuestra economía. Parece que esa tendencia, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, se va a mantener en el futuro. Era una situación que no sucedía antes y que afecta de manera muy importante a la vivienda, porque lo que tenemos en este momento es un claro desequilibrio entre la oferta de vivienda y la demanda de vivienda. Y de ahí los desajustes y por tanto, el esfuerzo que hemos de hacer las administraciones públicas y que está haciendo el Gobierno de España para incrementar la oferta de vivienda.

¿Qué hemos hecho a lo largo de la pasada legislatura y desde que llevamos en el Gobierno? Pues desde primeras decisiones que adoptó el Gobierno de Pedro Sánchez en su primer año en solitario y después en el Gobierno de coalición, por ejemplo, dar estabilidad a los inquilinos que antes tenían contratos de tres años, los contratos de alquiler y ahora son de cinco. O hemos conseguido pasar de unos raquíticos 475 millones de euros de presupuesto en políticas de vivienda a los más de 3.500.000.000 de euros del Ministerio de Vivienda. Hemos multiplicado por ocho, y más que vendrán, las políticas de vivienda desde el punto de vista presupuestario. Hemos inyectado más de 20.000 millones de euros a políticas de vivienda en los últimos años como consecuencia de los fondos de recuperación. Hemos rehabilitado y construido ya con esos, en estos últimos seis años, más de 254.000 viviendas, incorporando nueva construcción y rehabilitación de vivienda. El índice de rehabilitación de vivienda, que en nuestro país estaba paralizado, se ha multiplicado por 50. Los visados, se ha incrementado la construcción de vivienda en el último, en los últimos años. En el último año, el crecimiento del empleo en la construcción, que es muy importante, porque las casas muchos que la vayamos a industrializar y las viviendas, por mucho que vayamos a innovar, definitivamente requieren también de trabajadores y trabajadoras y un sector fuerte que se está fortaleciendo también a lo largo de estos años de legislatura como consecuencia del apoyo de nuestras políticas. Y así podría seguir.

Las medidas que ayer anunció el presidente, ¿cuándo van a ver la luz? Pues algunas de ellas de manera inmediata, como las que tienen que ver con la transferencia de viviendas y suelo. La nueva empresa pública, que se concretó en el acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de diciembre. Se están haciendo los trabajos técnicos por parte de la empresa. Algunas adscripciones son inmediatas para la empresa pública y otras requieren de un tránsito y una pasarela administrativa y legal, que es en la que estamos. 2 millones de metros nuevos adicionales que de manera inmediata van a formar parte de esta empresa pública del suelo y que ahora vamos a ir priorizando en su puesta en marcha. El PERTE, también de manera inmediata vamos a trabajar con el sector. Veníamos haciendo. El Ministerio de Vivienda forma parte del Cluster de la Industrialización de la Construcción en España y a raíz de ahí hemos lanzado esta idea del nuevo PERTE de la innovación y la modernización del sector de la construcción, que ayer anunciaba el presidente del Gobierno. Medidas que tienen que ver con las trabas para evitar o poner coto a los pisos turísticos en beneficio de la ciudadanía y para que estos se conviertan en hogares, pues ya lo hemos iniciado. Aquí hay una nueva medida que tiene que ver con la fiscalidad, pero este Gobierno y esta ministra, en este último año, ha aprobado un reglamento que desarrolla el reglamento europeo y que va en esa dirección.

Y también hemos aprobado en las Cortes Generales una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, que fortalece y que empodera a los vecinos a la hora de decidir si quieren o no pisos turísticos en sus comunidades de vecinos. Bueno, pues unas tienen una más larga trayectoria, otras menos, pero todas ellas se van a desarrollar en los próximos meses, a lo largo de este año y van a dar sus resultados en la política de vivienda.

Respecto a una concreta que me decía usted: Campamento. En Campamento, el planeamiento de la Comunidad Autónoma. Por tanto, lo que está en vigor en la normativa autonómica, prevé que e el 60% de las viviendas son viviendas protegidas, lo que conocemos como VPO. Y el 40% eran suelos libres, es decir, se podría construir en ellos viviendas que no fueran protegidas. ¿Cuál es el cambio de paradigma?, ¿qué es lo que ha cambiado y cómo se entiende esa política integral de vivienda, la que antes me estaba refiriendo?, ¿qué hubiera sucedido con otras administraciones o antes de haber tomado estas decisiones? Primero, podría haberse producido que directamente hubiéramos urbanizado solo el suelo, es decir, hubiéramos puesto las tuberías, las instalaciones eléctricas, si lo hubiéramos entregado a otras administraciones públicas. Y como usted dice, aquí hay una administración autonómica que decide que aquí la protección solo está en 15 años. Haber construido ahí con los impuestos de todos nosotros miles de viviendas que a los 15 años hubieran servido para enriquecerse a los que las compraron o incrementar su patrimonio, mientras que a la cola habría nuevos jóvenes madrileños buscando una vivienda.

¿Con el 40% del suelo restante? Esa administración u otra podría haberlo vendido. Se podría incluso entender desde el punto de vista de una empresa pública que también tiene que cuadrar sus cuentas y con eso, por ejemplo, ver acometido las obras de urbanización. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora en el nuevo barrio de Campamento? La urbanización que lidera el Ministerio de Vivienda se va a promover con la empresa pública de vivienda. El 60% de las viviendas protegidas de Operación Campamento las promueve el Ministerio de Vivienda. Y como el suelo es nuestro, y de ahí la importancia de la disposición del suelo y no la liberalización. Como el suelo es nuestro, nosotros decidimos que esas viviendas van a tener una carga, como puedan tener otra carga de perdurabilidad de su protección. ¿Quiere eso decir, para que se entere Feijóo, que el propietario de una vivienda de VPO en el nuevo barrio de Campamento va a dejar de ser propietario si es en propiedad? No, quiere decir que si ese propietario, gracias al esfuerzo de todos nosotros, tuvo el derecho de acceder a una vivienda a un precio y con unas condiciones de vivienda protegida, si mañana le va mejor la vida y puede acceder a una vivienda del mercado libre o necesita cambiar de lugar de residencia, ¿va a poder vender su vivienda? Sí, pero con las condiciones de una vivienda protegida y a personas que, como él, necesitaban de esa protección de lo público. Este es el cambio de paradigma en relación a la vivienda protegida.

¿Y la vivienda en alquiler asequible o la vivienda 100% asequible? Porque esa es otra decisión que nosotros hemos tomado, que tomamos como promotores. Imagínense ustedes un promotor que tiene un suelo suyo privado, puede tomar la decisión de hacer viviendas de lujo, o de hacer viviendas asequibles. Nosotros, como somos los dueños de ese suelo y somos sus promotores y somos una administración pública con un compromiso público, decidimos que en esos terrenos, el 40% que podrían promoverse viviendas de lujo, nosotros decimos no. Esos terrenos tienen que cumplir con una función pública y velar por la función social de la vivienda y por eso en esos terrenos solo promoveremos, desde la Empresa Pública Estatal de Vivienda y Suelo del Gobierno de España, solo promoveremos viviendas que estén en precios asequibles, especialmente para el parque de vivienda en alquiler asequible. Esta es la diferencia. He tratado de ser pedagógica. No sé si ustedes me han comprendido, pero por supuesto que las administraciones públicas tenemos herramientas y yo lo que hago un llamamiento es a que en estos momentos todas las administraciones públicas tenemos que velar: ¿por disponer de suelo? Sí. ¿Por liberalizar suelo? No. ¿Por movilizar para que existan más viviendas en alquiler a precios asequibles? Sí. Y, por tanto, ayudando a quienes tienen esa vivienda, los propietarios, a que las puedan poner a un precio más barato para que se beneficie quien la necesita, los jóvenes que necesitan viviendas en alquiler asequible a unos precios razonables para no tener una sobrecarga en sus cuentas. Este es un poco el modelo que, como ustedes comprenderán, necesita de tiempo en cuanto a los plazos de construcción, que podrían verse agilizados de manera muy notable y estamos yendo en la dirección de agilización administrativa e incluso mucho más allá si aquellos que dicen que se precisa la agilidad administrativa votasen y apoyasen la Ley del Suelo que el Gobierno tiene registrada en el Congreso de los Diputados.

Ministro del Interior. - Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos por las preguntas. En relación a la primera de ellas, referir que toda la propuesta de reforma en relación a la acción popular reconocida en el artículo 125 de la Constitución y que nadie discute, evidentemente, de la importancia de la acción popular en un Estado de derecho y también para garantizar evidentemente este último. Pero todos somos conscientes de que la acción popular y en los últimos años ha sido utilizada de una forma absolutamente espuria, de una forma torticera en distintas ocasiones por distintas organizaciones que podemos centrarlas en muchas ocasiones, y creo que esto es un dato objetivo en la extrema derecha, con el fin de instrumentalizar la acción de la justicia, que eso es lo que se trata de evitar, de judicializar la política o incluso de politizar la justicia, haciendo un flaco favor a lo que es la realización de un principio tan importante como es el de justicia.

Por eso creo que muchos operadores jurídicos son conscientes y además están por la labor de hacer una reformulación seria de lo que debe ser la acción popular y con la garantía también de que hay mucha parte del sector del sector civil, del tercer sector que realiza una labor fundamental dentro de sus ámbitos de interés para esa realización de la justicia.

Respecto a la cuestión del efecto o el posible efecto retroactivo de la misma, indicar que esas acciones populares no son las únicas que ejercitan o pueden estar ejercitando la acción en un procedimiento penal que esté vigente, sino que está también la acusación pública, el Ministerio Fiscal, o puede haber acusaciones particulares, es decir, perjudicados, que podrían y seguirían estar habilitados para la continuación de esos procedimientos. Y creo que no se puede poner en duda la actuación de la acusación pública del Ministerio Fiscal durante todos estos años. Porque si bien es cierto, como también y seré el primero que diga que la acción popular ha sido en distintas ocasiones un elemento clave para la lucha contra la corrupción y otra criminalidad organizada, no es menos cierto que en esos procedimientos que todos podéis tener en la memoria, la Fiscalía ejercitó la acusación. Y tenemos ahí a la Fiscalía Anticorrupción con un trabajo importante y relevante en todos esos procedimientos. Quiero decir, que no pongamos en tela de juicio una labor tan esencial y principal de nuestra acusación pública. Por eso quiero decir que tranquilidad y que dejemos que en el trámite parlamentario se discutan todas las opciones, se realice un debate reflexivo y podamos llegar a la conclusión más correcta para todos en un Estado de derecho. Porque a todos nos preocupa la realización de, vuelvo a decir, la justicia, la imparcialidad de la misma y que nadie la instrumentalice en una forma indebida.

Portavoz. - Y continuando un poco lo que decía el ministro, además lo conocéis muy bien. Efectivamente, estamos frente a una proposición de ley que está ahora mismo en debate en el Congreso de los Diputados y, por tanto, ahora se abre también un debate con las con las fuerzas parlamentarias y el propio ministro, además, por su propia experiencia y conocimiento jurídico, apelaba claramente al artículo, al artículo 125 de la Constitución, que traslada esa posibilidad, lógicamente, a las Cortes Generales de determinar los límites de la acusación popular. Pero fíjense, estamos también frente a una figura que es extraordinaria en el ámbito europeo. De hecho, es una figura que solamente la recogemos dos países, que es España y Andorra. Solamente existe en España y en Andorra y, como bien trasladaba también el ministro Marlaska, tanto el propio Tribunal Supremo, como el propio Tribunal Constitucional van, como decía él, en esta dirección. E incluso el propio Consejo General del Poder Judicial acaba de aprobar por unanimidad el anteproyecto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y en esta propia ley saben ustedes que se reconoce el hecho de que se excluyan a los partidos políticos de la acusación popular.

Pero fíjense, como estos días hemos escuchado a distintos dirigentes del Partido Popular hablar de una manera tan peyorativa, tan negativa, sobre esta cuestión, creo que también es importante echar mano de la hemeroteca. Porque fíjense, escuchábamos ayer al señor, al señor Feijóo, creo que comparar con la época de Franco, la propuesta de esta proposición de ley, y os voy a leer entrecomillados que me parecen muy importantes, de una etapa que era una etapa democrática, como en el año 2017, por parte de dirigentes del Partido Popular.

Por ejemplo, en el 2017, frase, abro comillas: "la acusación popular está intentando hacer política a costa de la justicia española. Se pretenden, a través de las acusaciones particulares ganar en los tribunales lo que les niegan los ciudadanos en las urnas" Pablo Casado, 2017.

"La perversa y espuria utilización de la figura penal de la acusación popular con fines y criterios exclusivamente políticos para difamar, desprestigiar y triturar el honor de las personas" Rafael Hernando, 2017.

"Tenemos la sensación de que hay barra libre en el ejercicio de la acusación particular y eso también hay que limitarlo" Martínez Maíllo, Partido Popular, en 2017.

O, "creo que la experiencia ha demostrado que el uso de la acción popular ha generado abusos" Rafael Catalá, ministro de Justicia, 2018.

Y, por último, también me parece importante, el expresidente, el entonces presidente Lesmes, del Consejo General del Poder Judicial, en 2016, decía: "mientras cualquiera pueda ejercer la acción popular hay que establecer mecanismos de defensa contra ese abuso y las demandas infundadas".

Por eso lo que les decía, es una proposición que está en el Congreso abierta a debate.

Y sobre la cuestión que me planteaba, Carlos, sobre Ayuso. Fíjese, lo primero que le diría es que yo creo que, de verdad, menos política hiperventilada y más explicaciones. Lo digo porque desde aquella vez, que va a pasar ya un año que la señora Ayuso, en una declaración pública, nos vino a explicar a los españoles que quien debía dinero era Hacienda a su pareja. Pues fíjese, anda que no ha llovido. Ha llovido tanto que hemos podido comprobar cómo aquí hay una persona que ha cometido dos delitos a la Hacienda y que todavía, ni siquiera, ha declarado. De hecho, acabamos de conocer también la información de que la Fiscalía ha solicitado a la jueza que llamen a declarar a esta persona antes de que finalice el plazo del periodo de instrucción. Y ustedes, como profesionales del periodismo, han conocido y han visto dónde reside el bulo y las filtraciones absolutamente interesadas por parte del señor Miguel Ángel Rodríguez. Que, como le decía anteriormente, no ha dudado ni un segundo en poner a disposición todos los recursos de la comunidad autónoma para proteger a la señora Ayuso y a su pareja.

A partir de ahí, yo le decía anteriormente, me preguntaba sobre el Supremo: toda la confianza en la justicia. Ahora bien, cuando nosotros conocemos un auto donde no hay ninguna prueba clara que señale al fiscal y donde desde luego conocemos, y ustedes como profesionales y como periodistas, saben perfectamente aquí quien hubo quien reveló información que es el señor Miguel Ángel Rodríguez, entenderán que no compartimos la decisión.

Muy bien, pues muchísimas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)