Comparecencia del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la ministra de Educación, Formación Profesional, Deportes y Portavoz del Gobierno

La Moncloa

Ministra de Educación, Formación Profesional, Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Muy buenos días y muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Como cada martes y sí que me van a permitir que arranque esta rueda de prensa, en primer lugar, felicitando a todos los aragoneses y aragonesas y por supuesto, a todos los ciudadanos, también de Castilla y León, que saben que hoy están celebrando el día de su comunidad. Y por supuesto, también mi felicitación a todos los catalanes. Saben que este día, San Jorge, este día Sant Jordi, coincide con la celebración del Día Internacional del Libro, Así que es un día magnífico para seguir regalando libros, para regalar rosas y, por supuesto, para seguir animando a la ciudadanía a la lectura. Los libros siempre son sitios de cobijo o de refugio y un lugar, desde luego, donde entender y comprender el mundo. Y además, hoy sí que me van a permitir que eche mano de una cita de una paisana de Zaragoza, de Irene Vallejo, que en su manifiesto por la lectura nos recuerda que la salud de las palabras se enraíza en las editoriales, en las librerías, en los círculos de lecturas compartidas, en las bibliotecas y en las escuelas. Es allí donde imaginamos el futuro que nos une. Así que feliz día 23 de abril para todo el mundo y especialmente para el sector del libro. Desde todos los profesionales, lógicamente, desde los escritores a los editores, correctores, traductores, libreros y, cómo no, y por supuesto, también a los lectores. De hecho, precisamente a esta hora el propio presidente del Gobierno, como saben, está participando en la entrega del premio más importante de la literatura en lengua castellana, el Miguel de Cervantes, que como ustedes conocen, este año ha recaído en el escritor leonés Luis Mateo Díez.

Además, España conocen ustedes perfectamente, siempre ha sido, es y quiere seguir siendo un país de creadores y precisamente por eso hoy en el Consejo de Ministros hemos aprobado, hemos acordado una declaración institucional en defensa de la promoción de los derechos de la propiedad intelectual e industrial, con motivo, como les decía, del Día Mundial de la Propiedad Intelectual e Industrial, que se va a celebrar también este próximo viernes. Con esta declaración institucional expresamos la firme determinación del Gobierno en la defensa, en la protección y el fomento de los derechos de propiedad intelectual e industrial para estimular, como les decía, la creatividad artística y literaria y por supuesto, también la investigación y la innovación.

En otro orden de cosas, estas ya vinculadas al ámbito deportivo, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado también un Acuerdo que establece las garantías para que en la ciudad de Bilbao, en el estadio del Athletic Club de Bilbao, se pueda celebrar este año 2024 la final de la Champions League femenino y también en el año 2025 se pueda celebrar la final de la Europa League. Evidentemente, tratándose de dos eventos de alcance internacional, el acuerdo que esta mañana hemos aprobado en el Consejo de Ministros es un acuerdo que establece todas las garantías para poder desarrollar estos eventos, especialmente en las cuestiones de logística y también de seguridad.

Y en otro orden de temas, en el propio Consejo de Ministros de hoy hemos aprobado también la importante distribución de una cantidad económica de 190 millones de euros para todas las comunidades autónomas y, por supuesto, también para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, dentro de lo que se conoce como el Plan Corresponsables. Es un plan que saben que se desarrolla en colaboración con todas las comunidades autónomas y su objetivo es facilitar la conciliación de las familias que tienen hijos e hijas menores de 16 años a su cargo, a través del fomento del empleo, de la calidad, del empleo de calidad y de la puesta en marcha de servicios de cuidados profesionales. Una medida que claramente va incardinada dentro del proyecto de este Gobierno, que es consolidar los derechos y, por supuesto, seguir mejorando la vida de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país.

Y ya también, sin más dilación, le voy a ceder la palabra al Ministro de Presidencia de Justicia y de Relación con las Cortes, a Félix Bolaños, para que les pueda explicar a todos ustedes un asunto de gran sensibilidad y de enorme calado, como es la aprobación del Plan de respuesta y medidas adoptadas a raíz del informe del Defensor del Pueblo sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos. Saben, además, del compromiso del Gobierno por esclarecer estos casos de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica y también por prevenirlos, por dar respuesta y reparación, sobre todo, a tantas víctimas en nuestro país. Un asunto que, además, evidencia la madurez de nuestra democracia. Además, el ministro les informará de la modificación del Real Decreto por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Y sin más asuntos que tratar, le daría la palabra al ministro Bolaños.

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Muchas gracias, ministra portavoz. Buenos días a todos y a todas por asistir a esta sala de prensa. Y efectivamente, como decía la ministra portavoz, les voy a dar cuenta de dos asuntos.

El primero de ellos es el plan para dar respuesta a las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo en el ámbito de la Iglesia Católica de los abusos sexuales cometidos. Quiero decir que ha sido fruto del trabajo de siete ministerios, como podrán ustedes comprobar hay distintas medidas que se adoptarán por parte del Gobierno que tienen que ver con las recomendaciones que ha llevado a cabo el Defensor del Pueblo y que recaen en distintos ámbitos competenciales de diferentes Ministerios.

Saben ustedes que en marzo de 2022 el Congreso de los Diputados mandató al Defensor del Pueblo para crear una Comisión independiente que elaborara un informe sobre los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica en nuestro país. Esa Comisión independiente empezó su trabajo en julio del año 2022 y emitió su informe definitivamente en octubre del año 2023. Las conclusiones del informe del Defensor del Pueblo fueron contundentes y fueron muy claras después de un trabajo concienzudo y un trabajo de meses muy intenso para llegar a esas conclusiones.

En primer lugar, se estableció por parte del Defensor del Pueblo una elevada incidencia de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia en nuestro país. Según fuentes de información bastante fiables, como fue incluso la elaboración de una encuesta a nivel nacional o los propios testimonios que recabó la Comisión independiente del Defensor del Pueblo o también los casos registrados tanto oficialmente como en algunos archivos de la propia Iglesia, se llegó a la conclusión que la estimación de adultos que podrían haber sufrido abusos sexuales en nuestro país ascendía a 440.000 personas, es decir, un 1,13% de la población adulta en España. En torno a la mitad de esos abusos podrían haber sido cometidos por religiosos de la Iglesia Católica. Por tanto, estamos hablando de cifras muy altas, muy considerables, que nos deben impactar como sociedad democrática, desde luego, como Gobierno lo hacen y, por tanto, queremos dar respuesta a esas recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo para prevenir, para reparar y para tratar de saldar esa deuda que tiene nuestra sociedad y nuestra democracia con las víctimas de estos abusos sexuales.

La Iglesia Católica, con la que estamos en conversaciones, es cierto, que durante décadas no dio una respuesta adecuada a este problema y, de hecho, en la colaboración con el informe del Defensor del Pueblo, la respuesta de las distintas diócesis en nuestro país fue una respuesta muy dispar. Hubo desde una colaboración plena hasta algunas diócesis donde no se colaboró de ninguna manera con el informe del Defensor del Pueblo. Y por eso, hoy queremos llevar a cabo esas recomendaciones que el Defensor del Pueblo nos ha puesto encima de la mesa. Dice el Defensor del Pueblo que es necesario e imprescindible responder como poder público a los abusos sexuales que durante décadas se cometieron en el seno de la Iglesia Católica en nuestro país y, para ello, los poderes públicos tenemos esa obligación de reconocer el daño, de reconocer los abusos, de prevenir que no sucedan en el futuro y de reparar, de poner todos los medios para reparar ese daño que han sufrido las víctimas.

Con ese ánimo presentamos este plan de implementación del informe del Defensor del Pueblo en materia de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, con el ánimo de que nuestra democracia salde una deuda con esas víctimas que durante décadas estuvieron olvidadas por parte de todos y ahora nuestra democracia pretende repararlas y pretende también ponerlas en el centro de la acción política de nuestro Gobierno.

El plan contiene cinco ejes de actuación. Los cinco ejes son: el primero, reconocer y reparar; el segundo, atender a las víctimas; el tercero, prevenir; el cuarto, formar y sensibilizar y el quinto, informar e investigar.

Sobre el primer eje de actuación de este plan, que es el reconocimiento y la reparación. Vamos a dar cumplimiento a la recomendación del Defensor del Pueblo y vamos a organizar un acto público con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica y con sus familiares, que supondrá una reparación simbólica de nuestra democracia a estas personas que han sufrido los abusos. Esa reparación simbólica por sí misma no basta y también tendrá que venir acompañada con una reparación material que sea adecuada y que sea suficiente en términos económicos para las víctimas de los abusos. Con ese fin se adoptarán las medidas legales y administrativas que correspondan para aquellos casos en los que no hayan tenido oportunidad de una reparación en el ámbito judicial, bien por ser casos muy antiguos, bien por estar prescritos o bien porque no existe ninguna prueba. En ese caso, adoptaremos medidas para, por ejemplo, ampliar los plazos de prescripción de la responsabilidad civil hasta los 35 años o evitar que algunos delitos prescriban. Y por último, también vamos a reforzar el sistema de ayudas a las víctimas mediante el desarrollo de la Ley Orgánica de Libertad Sexual para referirnos a esas ayudas económicas que reciben las víctimas de violencias sexuales en nuestro país.

El segundo eje de actuación es la atención integral a las víctimas. Haremos hincapié en la prestación de un trato adecuado óptimo a las víctimas en las oficinas de atención a las víctimas del delito, que el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes tiene habilitadas. Y también generaremos entornos seguros para que en esos procedimientos judiciales en los que las víctimas hayan de declarar que no puedan someterse a una revictimización de su delito. Lo haremos con salas amigables para las declaraciones con lo que se llaman las Cámaras Gesell, para evitar que puedan tener ningún contacto con su abusador, con su agresor en el ámbito del procedimiento judicial. Y en tercer lugar, en la asistencia, vamos a garantizar la asistencia jurídica gratuita a todas las víctimas de abusos sexuales que también quieran acceder a ella.

El tercer eje es la prevención de los abusos sexuales en la infancia y en la adolescencia. Para ello vamos a reforzar las labores de supervisión en las inspecciones educativas y modificaremos el Real Decreto de Inspección Educativa en nuestro país para formar y dar mayores competencias a los inspectores educativos en las escuelas de nuestro país. Y también vamos a formar una nueva figura que serán los coordinadores de bienestar y de protección en los centros docentes, de tal manera que impartiremos cursos de formación, que se empezarán a impartir ya en el próximo curso académico en el primer trimestre, para poder formar adecuadamente a las personas que tienen trato habitualmente con menores.

El cuarto eje es la sensibilización y la formación curricular de todos los profesionales, futuros y presentes, que tienen relación con menores. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a docentes, también a psicólogos, a todos los profesionales de la Justicia que puedan tener también algún tipo de relación con menores en esos procedimientos judiciales jueces, magistrados, fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionarios y también, en cualquier caso, con todas las profesiones que tengan contacto con menores en el desarrollo de su oficio.

El quinto eje, que hemos denominado informar e investigar, partirá de un estudio sobre la prevalencia de la violencia hacia la infancia, de tal manera que podamos estudiar cuáles son las causas, dónde se produce con mayor frecuencia y por tanto, nos pueda ayudar para adoptar decisiones y políticas públicas que sean adecuadas a esta cuestión. Y también vamos a mejorar todos los sistemas de obtención de datos para, también, poder adoptar mejores decisiones, más informadas, con información que sea actualizada y que derivará, en este caso, del Registro Central de Información sobre la Infancia y la Adolescencia, del Registro Central de Delincuentes Sexuales, del que ahora les explicaré una reforma que también hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros, y, en general, del Registro de Penados.

A tal efecto, como han podido observar en esta explicación sucinta, el Plan de implementación de las recomendaciones del Defensor del Pueblo lo haremos público próximamente en las próximas horas y con ese plan, que acepta y que también tiene que ver con las competencias de distintos Departamentos Ministeriales, con ese fin, crearemos una comisión de diferentes ministerios para hacer el seguimiento. La vigencia de este plan es hasta el año 2027. Coincidirá su implementación con la Legislatura, de tal manera que desde el año 2024 hasta el 2027 implementaremos las medidas que acabo de explicarles. Nuestro deseo es adoptar estas medidas que afectan a la totalidad, como pueden ustedes comprobar, a la totalidad de las personas que puedan ser víctimas de abusos sexuales. Lo que queremos es prevenirlos, queremos llevar a cabo políticas públicas que pongan en el centro a la víctima, que prevengan la comisión de estos delitos y que, por supuesto, cuando sea el caso, puedan reparar el daño causado y nuestra idea es hacerlo en colaboración de la mano con la Iglesia Católica. Ya hemos iniciado conversaciones, la semana pasada tuve ocasión de reunirme con el presidente, el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal y me gustaría que el Gobierno pudiera trabajar con la Iglesia Católica en la reparación de estos abusos sexuales cometidos en su ámbito. Y ese, desde luego es nuestro objetivo y es nuestro deseo.

En definitiva, con este plan creo que sentamos las bases para cumplir con un deber que tenía nuestra democracia, que es reparar a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica, durante décadas olvidadas, durante décadas orilladas, durante décadas nadie les prestó atención y creo que es hora de que, desde el Gobierno de España, desde los poderes públicos, saltemos esa enorme deuda que teníamos con las víctimas de los abusos sexuales.

En relación con el segundo asunto, que también hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros, tiene que ver con la reforma del Registro Central de Delincuentes Sexuales, que a partir de hoy, con el Real Decreto que hemos aprobado, que se publicará en el BOE también en las próximas horas, se pasa a denominar el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos. Conocen que este registro existe desde el año 2016 y es un registro que garantiza que nadie con antecedentes penales, con delitos de sexuales con menores pueda tener un trabajo relacionado con el trato con menores de edad. Es una base de datos gratuita, pero no pública, a la que podemos acceder todos los ciudadanos para obtener ese certificado de no antecedentes penales para poder trabajar en algún oficio que tenga que ver con menores.

La primera modificación que llevamos a cabo, se la anunciaba hace unos segundos, tiene que ver con la inclusión en ese registro que a partir de hoy también se incluirán los delitos de trata con seres humanos. Es decir, todas las personas condenadas por trata de seres humanos, con independencia de la edad de la víctima, también estarán incorporadas en este registro.

La segunda modificación tiene que ver con la vía para acreditar la carencia de antecedentes penales. Hasta la fecha eran los propios ciudadanos que querían incorporarse a un trabajo los que pedían este certificado al registro, lo obtenían y lo presentaban en su empresa para empezar a trabajar.

Sin embargo, no se actualizaba ese certificado, de tal manera que hemos detectado casos de personas que después de trabajar, de estar trabajando con menores, cometían delitos, después de haber aportado este certificado de no antecedentes penales. De manera que modificamos el reglamento en este supuesto y también vamos a permitir que empresas, instituciones, ONG o colegios profesionales, con el consentimiento del trabajador, puedan actualizar y conseguir un certificado de antecedentes penales en tiempo real, de tal manera que tendremos un control efectivo periódico de los antecedentes por delitos sexuales o ahora también vinculados con la trata de seres humanos, para evitar que puedan estar trabajando en contacto con menores personas que estén condenadas por un delito de esta naturaleza. Creo que la carga burocrática también se reduce y sobre todo, se previene, con mucha más eficacia, que haya personas que haya delincuentes sexuales que puedan trabajar en contacto con menores.

La tercera novedad del reglamento del nuevo Real Decreto será que las personas entre 16 y 18 años puedan solicitar directamente su certificado. Hasta la fecha lo tenían que hacer sus padres o sus tutores. Saben ustedes que a partir de 16 años se puede trabajar conforme al Estatuto de los Trabajadores, pero no se es mayor de edad hasta los 18 años. Pues bien, ahora esos menores entre 16 y 18 años que en muchas ocasiones, sobre todo en verano, tienen trabajos que están les hacen estar en contacto con menores, monitores en campamentos de verano, socorristas…este tipo de profesiones, también ahora podrán directamente pedir este certificado al registro después de esta modificación.

La cuarta reforma que hacemos del reglamento es agilizar el régimen de certificación entre diferentes países de la Unión Europea. Cuando la persona que pretende trabajar con menores no es española, proviene de otro país de la Unión Europea se le exigen dos certificados de carencia de antecedentes penales el certificado español y el de su país de origen. En ocasiones, el certificado de su país de origen tardaba semanas, tardaba meses, es decir, tardaba más que la oferta de trabajo e impedía que pudiera hacer, llevar a cabo su labor profesional. Bien, ahora vamos a interconectar el registro de antecedentes penales europeo con el español, de tal manera que, en unidad de acto, se solicita el certificado tanto en España como en el país europeo que corresponda y un trámite que antes podía durar semanas o meses, ahora, en minutos, se obtiene un certificado simultáneo del país de origen y de España de carencia de antecedentes penales. También la agilización, la digitalización hace que podamos conseguir este avance en la solicitud de este certificado.

Y, por último, la última modificación que llevamos a cabo en el Reglamento, es el equiparar el régimen de cancelación de antecedentes penales de cualquier condena fuera de nuestro país, equipararlo al régimen español. Había países que tienen una normativa diferente y que, por tanto, la cancelación de antecedentes penales o se producía con mucha tardanza o no se producía nunca y, por tanto, ahora lo que vamos a hacer es adaptarlo todo al régimen español, también en los plazos para cancelar antecedentes penales. Creo que con esta modificación el avance es evidente y el compromiso que tiene el Gobierno de España para proteger a los menores, para garantizar que haya mayor cota de seguridad, también con nuestros hijos, con nuestras hijas y también en el entorno laboral, creo que se pone de manifiesto con esta reforma. Por supuesto que aumentamos la cooperación con otros países de nuestro entorno, en este caso de la Unión Europea y también hacemos tomamos medidas que simplifican la burocracia al máximo y que trámites que podían prolongarse durante semanas ahora se podrán hacer con un clic en prácticamente minutos. Esta es la reforma que hemos llevado a cabo del Real Decreto. Y hasta aquí, ministra portavoz, los dos asuntos que hoy he tenido el honor de elevar al Consejo de Ministros.

Ministra Portavoz. - Perfecto, Pues muchísimas gracias, ministro. Y, si le parece.

Pregunta (Carlos Elordi Cué, El País). - Sí. Sí, al ministro, sobre el tema de los abusos sexuales, quería más detalles, por favor ¿cómo se va a hacer el tema de las indemnizaciones, cómo va a cobrar la gente, qué tiene que hacer la gente que nos esté viendo y que sean posibles víctimas, dónde tienen que acudir, cuánto dinero se les va a indemnizar y quién va a decidir, porque entiendo si no hay proceso judicial, quién decide si es víctima o no? ¿Cómo se va a sustanciar todo esto? y si la Iglesia va a colaborar de alguna manera en estas indemnizaciones o de alguna manera en el proceso ¿o todo lo asume el Estado? Les quería preguntar también, no sé si el ministro o la portavoz sobre, hoy publicamos una encuesta sobre las elecciones catalanas que da un resultado bastante, bastante complejo de gestionar en Cataluña, pero sobre todo en el Estado, digamos. ¿Temen que con un resultado así, por mucho que para el PSC pudiera ser bueno, aumente la inestabilidad del Gobierno? ¿Temen que después de las catalanas aumente la inestabilidad? Y por último, quería preguntarles también si les preocupa el proceso que se está viviendo en sumar con Izquierda Unida, que esto pueda provocar una cierta inestabilidad en el Gobierno. Gracias.

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. - Muy bien, pues muchas gracias por su pregunta. Hoy aprobamos el plan de implementación. Es un plan que con mucho detalle, lo van a poder comprobar cuando se haga público, con mucho detalle se establecen cuáles son las medidas que desde el Poder Ejecutivo vamos a aprobar y lo hacemos en un periodo de tiempo que transcurrirá desde hoy, desde el año 2024 hasta el 2027. Es decir, muchas de las preguntas que usted plantea en este momento lo que hacemos es establecer cuáles son los principios y los parámetros que se llevarán a cabo, pero no, no entramos en el detalle porque habrá que aprobar medidas que serán legales, que serán administrativas para dar respuesta a algunas de las preguntas que usted me hace. Sí le digo que tenemos que dar respuesta a casos que no han tenido reparación judicial cuando ha habido una sentencia judicial y por tanto ha habido una responsabilidad civil, eso está resuelto judicialmente, ya no hay más que podamos hacer. Sin embargo, es cierto que estamos hablando de abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia Católica, que se han producido hace décadas, donde hay unas dificultades probatorias, incluso de prescripción del delito que son obvias y es ahí donde debemos ahora establecer las medidas que correspondan para reparar adecuadamente a las víctimas.

Le digo que ya hemos iniciado conversaciones con la Iglesia Católica para que puedan reparar adecuadamente a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el ámbito de la propia Iglesia. La Iglesia ha reconocido la existencia de estos abusos y, de hecho, me consta que también están trabajando en cómo reparar de manera integral a las víctimas de los abusos sexuales que ellos conocen que se han producido. Creo que nadie entendería que la Iglesia española no actuara como han actuado otros países de nuestro entorno, países europeos como Irlanda, como Francia, como Bélgica, como otros países de fuera de la Unión, como Estados Unidos. Y, por tanto, creo que esas reparaciones se producirán en ese marco y con esos objetivos. El Defensor del Pueblo establecía que el órgano que ha de decidir cuáles son las compensaciones ha de ser un órgano independiente de la Iglesia católica, como parece lógico, tiene que haber un procedimiento reglado para acceder, para solicitar y para acceder a esas indemnizaciones y la reparación ha de ser adecuada. Y ahí, ya le digo, se adoptarán las medidas que correspondan por parte del Gobierno, pero lo importante es que ya hemos iniciado esas conversaciones con la Iglesia Católica para que puedan reparar adecuadamente a las víctimas de los abusos sexuales, cuál es el daño que han sufrido durante décadas en España.

Ministra Portavoz.- Sobre las dos cuestiones que nos trasladaba, empiezo por la última, si me permite. Entenderá que en esta mesa, difícilmente, por no decirle, nos resulta imposible, hablar o hacer ningún tipo de reflexión o planteamiento sobre las decisiones que adoptan distintos partidos políticos. No, no me parece oportuno y procedente, como le digo, hacerlo desde la mesa del Consejo de Ministros y sobre la encuesta que efectivamente hoy se ha se ha dado a conocer, tampoco, tampoco creo que sea oportuno que podamos hacer un análisis de esta encuesta, pero creo que sí que hay una realidad que deviene de los últimos resultados electorales, en este caso en Cataluña. Unos resultados electorales ya conocidos y reales de los últimos procesos electorales que claramente indican que una importante mayoría de catalanes y catalanas quieren y apuestan por esa Cataluña que avanza y, sobre todo, por esa Cataluña que dé respuesta a los principales intereses que hay ahora mismo tiene los catalanes en materia de educación, en materia de vivienda y sobre todo con esa esperanza de abrir una nueva etapa también para su territorio.

Pregunta (Fernando Garea Baragaño, El Español). - Sí, buenos días. Al ministro Bolaños, en sus distintas condiciones, le quería hacer varias preguntas. Uno precisar, precisar más el tema de las indemnizaciones, digo, si he entendido bien, lo que se habla con la Iglesia es que la Iglesia a los que ellos considere víctimas de este tipo de situaciones de abuso sexual les indemnice. Y yo pregunto, puesto que hay una responsabilidad reconocida y de la que usted ha hablado de la Iglesia Católica en esos casos, ¿no sería más lógico que el Estado negociara con la Iglesia que fuera la Iglesia quien aportara esos fondos totales para esa subvención o ayudas o indemnizaciones para las víctimas y no fuera el Estado quien asumiera la responsabilidad de la Iglesia? No sé si me he explicado.

Lo segundo, como responsable de los de las relaciones con las Cortes y los pactos en el Congreso, hace una semana la ministra portavoz creo que dijo que Bildu, sus declaraciones no eran compatibles con la democracia, yo le quería preguntar, una vez pasadas las elecciones vascas, si hay normalidad en las relaciones y en los pactos con Bildu y lo seguirá habiendo.

La tercera que le quería preguntar, hoy hemos conocido que el presidente del Consejo General del Poder Judicial ha remitido al Congreso y el Senado su propuesta de reforma de funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial y le quería preguntar su opinión y si hay posibilidad de que se acepte esta propuesta. Y la última, ya con permiso y con perdón, ¿este año va a asistir también a los actos del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid? Gracias.

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. - Muy bien, pues muchas gracias por su batería de preguntas en mis diferentes condiciones. Respecto a la aprobación del plan de implementación del informe del Defensor del Pueblo, le insisto, creo que el órgano que ha de decidir esas compensaciones ha de ser un órgano independiente en línea con lo que establece el Defensor del Pueblo y desde el Gobierno hemos iniciado esas conversaciones con la Iglesia Católica para que la Iglesia católica sufrague el coste de las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia. A partir de ahí vamos a dialogar, nos gustaría trabajar conjuntamente con la Iglesia Católica, sabemos que es un asunto en el que están trabajando para una reparación integral de las víctimas y creo que lo primero que tenemos que hacer es hablar con ellos y a partir de ahí adoptar las medidas que consideremos que, desde luego, la voluntad del Gobierno es hacerlo en un trabajo conjunto con la Iglesia Católica.

La segunda pregunta que me hace sobre las relaciones con los grupos parlamentarios, pues mire, el Congreso de los Diputados, que es conocido por todos ustedes y que representa fielmente a España, eso es el Congreso de los Diputados, todos los diputados que hayan sido votados por ciudadanos españoles y por tanto están allí representando la soberanía popular. Lo que hacemos desde el Gobierno, desde relaciones con las Cortes, es dialogar con todos los grupos parlamentarios para intentar buscar mayorías alternativas y buscar mayorías que consoliden la acción del Gobierno y que aprueben las medidas que desde el Gobierno vamos adoptando. Creo que la eficacia y el éxito que hemos tenido en los últimos años está fuera de toda duda, porque somos capaces de hablar con todos y únicamente no hablamos con quien se niega a hablar con nosotros, como es la ultraderecha. Pero nosotros nos sentamos con las fuerzas políticas para intentar llegar a acuerdos en beneficio de la ciudadanía, porque esa es la clave. Las medidas que adoptamos, las leyes, todas las iniciativas legislativas que llevamos a cabo, lo hacemos intentando mejorar la vida de la ciudadanía y en beneficio de la ciudadanía llegamos a acuerdos con diferentes grupos parlamentarios para llevar a cabo esta acción política.

Me hacía una tercera pregunta sobre el Consejo General del Poder Judicial. Hoy el presidente del Consejo General del Poder Judicial me ha remitido una propuesta que ha hecho para intentar de alguna manera poner su granito de arena para intentar renovar el Consejo General del Poder Judicial. Les tengo que confesar que me lo ha enviado esta mañana. He tenido el Consejo de Ministros y ahora estoy aquí. El documento tiene 17 folios y no me lo he leído todavía, pero lo voy a leer con mucho interés y desde luego que agradezco al señor Guilarte, en primer lugar, su compromiso por la renovación del Consejo, por recuperar la normalidad del órgano de gobierno de los jueces y en segundo lugar, que haya que haya hecho una aportación positiva al debate de cómo podemos mejorar el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. Pero creo que lo fundamental es el clamor que existe en el sector de la justicia en este país, que es un clamor nacional e internacional para que se renueve el Consejo. Es un clamor nacional en el sector de Justicia, porque la asociación de sensibilidad conservadora, la asociación de sensibilidad progresista, el propio presidente del Consejo en el Poder Judicial, la carrera judicial casi en su totalidad, están pidiendo al Partido Popular que se renueve el Consejo. Pero también hay un clamor internacional, porque ahora también lo dice la Comisión Europea, que ya conocía cuál era la realidad y ahora, de primerísima mano, sabe cuál es el problema y la descomposición que está sufriendo el Consejo General del Poder Judicial en este momento. Por eso, en este momento el dilema que tiene el Partido Popular es si decide que quiere la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, por tanto, que está con la Constitución o si está por la descomposición total del Consejo General del Poder Judicial. Ese es el dilema que en este momento tiene el Partido Popular.

Y bueno, me hacía una pregunta sobre el 2 de mayo de la semana que viene. Pues mire, ese día tengo en Sevilla un congreso para perseguir la delincuencia. No tengo mucho más que añadir.

Pregunta (Raúl Piña Gómez, El Mundo). Muchas gracias. Al ministro, dice que quiere colaborar, quiere hacer este plan, Implementar este plan en colaboración con la Iglesia, pero si la Iglesia no colabora ¿de dónde va a salir el dinero para indemnizar a las víctimas? ¿Cómo va a hacer el gobierno para indemnizar a las víctimas? sobre todo ahora que los presupuestos están prorrogados, ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿Qué partidas se va a destinar? ¿Cómo se va a hacer? ¿Y la Comisión Europea? Usted hablaba de acuerdos y de la Comisión Europea ha dado un mes para renovar el Consejo General del Poder Judicial, es este mes de abril, no hay fecha que sepamos todavía para una reunión entre las tres partes. Quería saber si efectivamente hay fecha, si tienen pensado reunirse y qué va a hacer el Gobierno si termina el mes de abril y no hay una renovación del Consejo General del Poder Judicial, ¿qué medidas o que acción va a tomar el Gobierno? Gracias.

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. - Gracias por su pregunta.

Respecto a la primera de ellas, creo que ya ha respondido a los dos compañeros que han que han hecho preguntas anteriormente. Nosotros ya hemos iniciado conversaciones para que la Iglesia Católica sufrague y asuma el coste de la reparación económica que ha de llevar a cabo con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Y esa conversación y ese diálogo ha de continuar y creo que es imprescindible que la Iglesia asuma su responsabilidad. Y, además, no se entendería que no fuera así porque en todos los países de nuestro entorno ha sucedido, en nuestro entorno europeo y de las democracias occidentales. Y, por tanto, yo confío absolutamente en que la Iglesia Católica, pues asumirá la responsabilidad y asumirá el coste de reparar adecuadamente a las víctimas de los abusos sexuales cometidos en su seno.

Sobre la Comisión Europea y los plazos que ha venido dando a las partes, es cierto, y conviene recordarlo, por eso en estas ruedas de prensa, pues también es interesante hacer un poquito de historia, no estar en el día, cuando hablo un poquito de historia me refiero a hace dos meses, porque parece que la actualidad se lo lleva todo por delante. En el mes de diciembre el presidente del Gobierno se reunió con el líder de la oposición y a petición del líder de la oposición, se decidió negociar la renovación del Consejo con la mediación de la Comisión Europea y del comisario Reynders, que es el comisario de Justicia. Nosotros aceptamos negociar la renovación del Consejo, el Partido Socialista aceptó renovar, negociar la renovación del Consejo en Bruselas, en la Comisión Europea, en la ciudad que había decidido y que había propuesto el Partido Popular. Y lo decidimos porque para nosotros el problema que se está generando, tanto reputacional como de funcionamiento ordinario del servicio público de Justicia, el problema que se está generando por el bloqueo es un problema gravísimo y, por tanto, admitimos el dónde, el con quién y cuándo negociábamos, lo que propuso el Partido Popular. La Comisión Europea aceptó esa negociación y nos dio un plazo de dos meses que vencieron a finales de marzo. En ese plazo de dos meses había, incluso, alguna reunión que estaba prevista y que propuso el comisario de Justicia y esa reunión no se produjo y no se produjo no por voluntad ni de la Comisión Europea ni del Partido Socialista. Lo cierto es que no se produjo esa reunión y por tanto, no se llegó a un acuerdo en marzo. Ese plazo de dos meses también se aceptó por las partes, por el Partido Socialista y por el Partido Popular. En ese momento hubo una prórroga del plazo para que el comisario Reynders pudiera intentar lograr un acuerdo durante su mandato y tampoco ha sido posible, pese a los intentos del comisario Reynders y del Partido Socialista. Bien, pues creo que la Comisión Europea, que ya conocía cuál es la situación y quién es el responsable del bloqueo del Consejo General Poder Judicial, ahora no tiene ni la más mínima duda y la Comisión Europea también participa del clamor para que se renueve de manera urgente la Comisión, el Consejo General del Poder Judicial y así lo ha dicho, no solo verbalmente, sino por escrito en el en el último informe del Estado de Derecho. Y, por tanto, ese clamor en el sector de la Justicia, de la carrera judicial española por la renovación, unido a esa petición expresa directa preocupada de la Comisión Europea de que se renueve el Consejo es a lo que tiene que dar respuesta el Partido Popular. Por eso les decía que en esta materia de la renovación del Consejo el Partido Popular tiene que decidir si está con la Constitución o está por la descomposición. Es la decisión que ha adoptar el Partido Popular y yo confío en ese acuerdo, es imprescindible, es necesario, es bueno para nuestro país y bueno, desde luego para la Justicia y no quisiera en este momento hablar de posibles planes B Para el caso de que el Partido Popular no cumpla la Constitución y no renueve el Consejo General del Poder Judicial.

Pregunta (Guillermo Lerma Ruf, SER). Sí. Gracias. Al ministro Bolaños, sobre el plan de víctimas hablaba usted de los plazos de prescripción de la responsabilidad civil, ha hablado de prorrogar o ampliar los plazos. Si no recuerdo mal, el presidente del Gobierno se comprometió a eliminar los plazos de la prescripción civil en los casos de abusos a menores. Usted está hablando de ampliarlo, saber exactamente en qué, en qué queda esta cuestión. Y luego al ministro o a la portavoz, hoy hemos conocido la fuga de un líder de una mafia europea que había sido detenido aquí en España y que por una descoordinación judicial se ha fugado, está en busca y captura. Saber si el Gobierno le costaba esta situación, si creen que ha habido algún tipo de error en esta materia y si los Países Bajos, que habían emitido una orden de extradición, se han puesto en contacto para pedir algún tipo de explicación al Gobierno de España. Gracias.

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.- Muy bien. Muchas gracias, ministra portavoz. Pues mire, sobre la primera pregunta, piense que las medidas que estamos adoptando en el plan que hoy anunciamos en el Plan y que se van a ir aprobando durante los próximos tres años, son de afectación general, es decir, no solo afectan a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. Por eso, la ampliación de la responsabilidad civil se llevará hasta los 35 años, pero las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia Católica en las décadas anteriores en nuestro país estarán protegidas por ese procedimiento que vamos a establecer, que esperemos que sea con acuerdo con la Iglesia Católica, para que puedan ser reparadas de manera adecuada en el ámbito económico, es decir, ninguna víctima de un abuso sexual quedará fuera de una reparación y de una indemnización que sea adecuada. Y la modificación que se hará, que tendrá efectos generales, que será la ampliación de la responsabilidad civil a los 35 años, al igual que algunos delitos se van a considerar imprescriptibles y, por tanto, se podrán perseguir en todo momento.

Me preguntaba por un caso que hemos conocido esta mañana y que, efectivamente, pues le digo que es una noticia preocupante y así la valoramos. Como ministro de Justicia no puedo entrar a valorar ninguna resolución judicial, pero sí confío en que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pongan a disposición judicial a esta persona cuanto antes, a disposición de los jueces y magistrados de este país, que de hecho ya han dictado una orden de búsqueda y de detención.

Pregunta (Antonio Luis Ruiz Valdivia, InfoLibre). Buenas tardes. Al Ministro de Justicia le quería preguntar sobre este plan y en concreto sobre las conversaciones que haya mantenido con la Conferencia Episcopal. ¿Qué ánimo le han trasladado en esas conversaciones? ¿Qué le han dicho? Si quieren colaborar, ¿cómo, cómo se han transcurrido? Y también le quería preguntar a la ministra portavoz por las acusaciones que hizo ayer directamente Esquerra Republicana en la Comisión de Investigación contra el señor Illa, en plena campaña, que dijo que si a uno le engañaban tres veces es que había tomate. ¿Qué le parece que diga eso un socio del Gobierno? Gracias.

Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.- Muy bien. Pues gracias por su pregunta. La semana pasada, el jueves, tuve una reunión con el presidente de la Conferencia Episcopal, el nuevo presidente, monseñor Argüello, y también con el secretario general, el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal. Ya les conocía de la etapa anterior, puesto que en mi Ministerio recaen las relaciones con las distintas confesiones religiosas desde el año 21. Me parece que, que la Iglesia Católica tiene voluntad de colaborar, es mi impresión, así me lo trasladaron. De hecho, me consta que están trabajando también en cómo proceder a la reparación integral de las víctimas de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia y también me lo me lo explicaron de esa manera. Por eso, antes de que el Gobierno adopte cualquier tipo de medida, creo que es imprescindible sentarnos con los responsables, que en este caso es la Iglesia Católica y trabajar conjuntamente porque no tendría sentido adoptar medidas cuando el propio afectado está con la voluntad de sufragar y de reparar adecuadamente a las víctimas. Por tanto, esa es su voluntad o, al menos, esa es mi impresión que tienen. No obstante, las conversaciones se iniciaron el jueves pasado. Ayer adelanté el borrador del plan al presidente de la Conferencia Episcopal ayer por la tarde, hoy le enviaré formalmente ya el plan que se ha aprobado y creo que nuestra voluntad es una voluntad sincera de colaborar y estoy convencido que la Iglesia Católica lo que querrá será también, pues, saldar esa deuda que los poderes públicos estamos saldando desde hoy con la aprobación de este plan en un día, creo que importante para nuestra democracia, siempre intentando salvaguardar los derechos y proteger a las víctimas que durante décadas estuvieron escondidas y que durante décadas estuvieron totalmente olvidadas y por eso yo creo que es un día importante para la democracia, pero también tiene que ser un día de reparación para la Iglesia Católica, que también ellos sean conscientes de lo que sucedió en España, lamentablemente durante décadas y por tanto, que tengan la voluntad de repararlo. Desde luego, esa voluntad me trasladaron, me consta que algún trabajo están llevando a cabo en esa línea y ahora se trata de coordinar los esfuerzos que se están haciendo y, por supuesto, con el Gobierno de España siempre garantizará que las víctimas puedan tener una reparación adecuada.

Ministra Portavoz.- Sobre la segunda cuestión que me planteaba, me alegra además que me haga esta pregunta porque creo que nos permite hacer una reflexión muy clara del sentido de para qué estas comisiones de investigación.

Ayer, la primera reflexión les diría a las comisiones de investigación no solamente las ven y participan los diputados y los senadores, es que también las ven los ciudadanos de este país. Y creo que ayer, claramente, los ciudadanos que pudieron seguir la comparecencia del señor Illa reforzaron la buena opinión que tienen sobre el mismo por el ejercicio de solvencia y de transparencia que realizó el señor Illa contando y explicando cómo fue su gestión al frente del Ministerio de Sanidad en los peores momentos que ha vivido nuestro país durante la pandemia sanitaria del COVID 19. Un ejercicio, como digo, que es el que se vive y el que se ve en esa comisión de investigación del Congreso de los Diputados, que lo que busca, que lo que traslada es dar respuesta en un ejercicio de transparencia frente a esa comisión de investigación fake del Senado que claramente lo único que busca es seguir generando ruido y embarrar. Ayer se vieron claramente esas diferencias.

Muy bien, pues muchísimas gracias y lo dicho, feliz día del libro para todos ustedes.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)