La Moncloa
Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.- Bien, muy buenas tardes. Bienvenidos, un martes más, a todos ustedes, muchísimas gracias por su asistencia. Y me van a permitir que arranque esta rueda de prensa, les voy a pedir que me permitan, trasladarles un asunto que no se ha abordado específicamente en el Consejo de Ministros, pero ustedes lo conocen perfectamente. Saben que hoy el presidente del Gobierno va de viaje, emprende un viaje, a Davos para participar en este importante foro internacional, donde saben ustedes se dan cita importantes líderes, numerosos líderes, tanto políticos como del mundo empresarial. Es evidente que esta cita está lógicamente condicionada y marcada por el conflicto, por la guerra en Ucrania y también por el conflicto en Oriente Medio y donde especialmente los asuntos derivados de la tecnología y por supuesto, la inteligencia artificial van a ser debate central en este en este foro.
El presidente del Gobierno, además, va a tener una intensísima agenda en estos días con los principales directivos de empresas principales tecnológicas como Cisco, Intel, Fujitsu, Google y con personalidades como Bill Gates, donde el presidente del Gobierno va a tener la oportunidad de resaltar los buenos datos de la economía de España, de la economía española, y sobre todo todos los cambios, las transformaciones y las reformas que hemos emprendido tanto en materia de transformación ecológica como digital durante todo este tiempo.
Y a continuación, si les parece, voy a relatarles, como no puede ser de otra manera, los principales asuntos que hoy hemos abordado en el Consejo de Ministros.
El principal tema que hoy hemos podido trasladar en este Consejo de Ministros, lo conocen ustedes porque ya habló sobre el mismo el presidente del Gobierno, es poner sobre la mesa un asunto de máxima preocupación para la sociedad de nuestro país, especialmente para las familias, que nos apela directamente a todos, a todas aquellas padres, madres en general, a todas las familias de nuestro país, como es el acceso de los menores de edad al porno. Simplemente les quiero trasladar datos muy preocupantes. La mitad de los jóvenes españoles entre 12 y 15 años han consumido, al menos en alguna ocasión, pornografía y el 25% de ellos, además, reconocen haberlo hecho antes de los 12 años. Siete de cada diez adolescentes entre 13 y 17 años consumen pornografía de forma regular y un 30% de los jóvenes afirma que la pornografía es su única fuente de información afectivo sexual.
Entenderán todos ustedes que estos datos y que esta realidad del consumo de pornografía a edades tan tempranas tienen evidentes y lógicas consecuencias e impactos negativos en nuestros menores, desde una distorsión en la percepción de la sexualidad, problemas emocionales, problemas psicológicos, desarrollo de comportamientos inadecuados, normalización de la violencia contra las mujeres y también la existencia de un grave riesgo de adicción a la pornografía.
Por tanto, ante estos hechos y ante esta realidad, desde luego, no podemos ni como sociedad ni mucho menos como Gobierno, permanecer impasibles ante esta situación que, como digo, nos preocupa tanto a la sociedad española.
Por eso, desde este día de hoy damos queremos dar respuesta a este problema social y el propio ministro de Presidencia y de Justicia esta mañana nos presentaba un informe que recoge un diagnóstico de la situación con cifras como las que les acabo de trasladar, con la normativa que ya existe tanto en el ámbito nacional, europeo como internacional, y las iniciativas de las que estamos ya trabajando desde el Gobierno de España, desde los distintos departamentos implicados en esta materia.
En este sentido, quiero destacar el proyecto piloto que se está desarrollando desde la Agencia Española de Protección de Datos, con un sistema de verificación de la edad, que además ha sido ya probado con los principales navegadores y cuyo objetivo principal es proteger a los menores del acceso al contenido para adultos. Es una iniciativa también que es pionera en Europa y que desde luego prevemos que se pueda poner en marcha antes del verano de 2024.
Creo que este proyecto piloto que es tan importante, merece, si me permiten un ejemplo que voy a intentar trasladarles a ustedes y me voy a poner, si me permiten, como ejemplo. Soy una persona adulta. En este caso, además madre de un menor. Tengo un teléfono móvil. Si en algún momento yo quisiera acceder con mi teléfono móvil a algún contenido de alguna página para adultos, el teléfono móvil con esta aplicación que desarrolla la Agencia de Protección de Datos me reconocería y por tanto tendría la posibilidad de navegar en las distintas páginas. Sin embargo, si ese teléfono móvil lo hiciera de él uso mi hijo menor de edad con diez años, la aplicación le reconocería y le imposibilitaría que accediese a estas páginas de contenidos para adultos.
Además de esta aplicación, como digo, que es una aplicación pionera, estamos trabajando en un plan integral que tiene que finalizar o que tiene que verse abocado a esa aprobación de una ley integral para la protección de menores en Internet. Como digo, es una estrategia multidisciplinar que recoge muchos ámbitos desde el ámbito educativo, la igualdad, la digitalización y la puesta en marcha, también, por supuesto, de este sistema de verificación que les acabo de trasladar.
A estas medidas, lógicamente, se irán uniendo otras que iremos desarrollando y, por supuesto, les daremos a conocer, pero en definitiva, de lo que estamos hablando y trasladando es dar respuesta, dar solución a un problema social que atañe directamente a muchísimas familias de este país y a muchos a muchísimos menores. Y por eso es tan importante que no solo este Gobierno, sino todas las administraciones, los distintos partidos políticos, las asociaciones especializadas, expertos, plataformas digitales, ayuden y colaboren también y trabajen en esta solución. Porque en definitiva, de lo que estamos hablando es de un acuerdo intergeneracional de país que dé respuesta a una de las principales preocupaciones que tiene hoy nuestra sociedad.
Además de esta cuestión vital y fundamental, hoy en el Consejo de Ministros hemos aprobado también una ley muy importante como es la Ley de Enseñanzas Artísticas. Les quiero explicar a ustedes que esta ley ya llevaba un periodo de debate en el Congreso de los Diputados, pero evidentemente después de la convocatoria electoral tuvo que volver, hemos tenido que volver otra vez a traerla al Consejo de Ministros para su aprobación, pero he de explicarles cuatro detalles que me parecen muy importantes de esta ley.
La primera es que recoge un importantísimo consenso, también en este caso de las diferentes fuerzas políticas y por supuesto y especialmente de los primeros interesados de que se apruebe esta ley, porque estamos hablando de 140 000 estudiantes en enseñanzas artísticas y también de más de 14 000 docentes que llevan esperando hace muchos años que haya una normativa básica sobre enseñanzas artísticas. Desde el año 1990, desde que se aprobó la conocida de la Ley LOGSE, no existía una normativa básica para esta enseñanza, para esta educación como es las enseñanzas artísticas.
Los primeros beneficiarios, se lo decía, los estudiantes, fundamentalmente porque un estudiante que hoy esté cursando, imagínense ustedes un grado superior, por ejemplo de piano, hoy podrá moverse, una vez que se apruebe esta ley, podrá moverse con las mismas garantías que puede hacerlo un estudiante de cualquier país de los Estados miembros, porque su titulación tendrá el mismo reconocimiento y la misma homologación.
Y, además, un segundo aspecto fundamental para estos estudiantes es que gracias a la aprobación de esta ley recibirán, aquellos estudiantes que reciban una beca, hoy reciben una beca similar a las cantidades que puede recibir un estudiante de bachillerato cuando se apruebe esta ley, esa beca ya será similar a la que reciben los estudiantes universitarios.
Si miramos al profesorado, estamos hablando también de una ordenación de las distintas figuras que existen en el profesorado y eso va facilitar su promoción profesional, que desde luego es muy importante.
Y un tercer aspecto, un tercer pilar, también básico de esta ley, es todo lo que tiene que ver todo el sector implicado, el sector artístico y cultural de nuestro país, que saben que en estos momentos emplean aproximadamente casi a 700 000 personas, gracias también a la aprobación de esta ley se va a poder reconocer, acreditar las competencias, que es lo mismo que reconocer la experiencia de muchos de estos trabajadores y trabajadoras de este sector para que, por supuesto, puedan mejorar su promoción profesional y también se les reconozca una titulación oficial en el caso de que quieran seguir promocionando a través de la educación.
Y, además quiero también trasladarles un tercer real decreto que hemos aprobado en el Consejo de Ministros y que da un, si me permiten, un paso adelante en la mejora de la justicia de nuestro país. Este Gobierno desde el primer momento saben que estamos impulsando la mayor transformación del servicio público en décadas, atendiendo por supuesto a las demandas de los profesionales y escuchando a todos con un objetivo claro que es dar el mejor servicio público a la ciudadanía de nuestro país.
Por eso, con este real decreto se da respuesta a un desajuste estructural que existe especialmente la plantilla de los fiscales. Saben que en los últimos 20 años, las últimas dos décadas, el número de fiscales en nuestro país se ha ido incrementando para hacer frente a las necesidades del servicio público de justicia, pero ciertamente este aumento en ocasiones no ha ido acompañado, ha ido, mejor dicho, acompañado de un desajuste entre las categorías profesionales y el puesto que desempeñaban. Por eso, con la aprobación de esta medida, lo que estamos planteando es mejorar la categoría de 219 fiscales.
En definitiva, vuelvo si me permiten, al principal objetivo de este Gobierno, que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que es lo mismo que ejercer y ofrecer política útil.
Y hasta aquí lo que les quería trasladar.
Y por supuesto, a partir de ahora trataré de darle respuesta a todas las preguntas que me planteen.
Juan Carlos Merino Bravo (La Vanguardia).- Sí, gracias. Buenos días, soy Merino, de La Vanguardia. Quería preguntarle qué valoración hace el Gobierno sobre las nuevas informaciones que se están desvelando sobre la operación Cataluña en La Vanguardia y en el diario Público. Es respecto al uso por parte del Ejecutivo del PP de resortes del Estado para perseguir al independentismo catalán. En este sentido, me gustaría saber si consideran que el ex presidente Mariano Rajoy debería comparecer ante la Comisión de Investigación Abierta en el Congreso al respecto. Y, por otra parte, si nos puede confirmar que el Gobierno ha decidido hoy desclasificar los documentos sobre el presunto espionaje del CNI aragonés en el año 2020, cuando era vicepresidente de la Generalitat. Y en este sentido, ¿cuáles serían las razones de esta iniciativa? Muchas gracias.
Portavoz.- Muchas gracias a usted por la por la pregunta. En primer lugar, estamos en un tema frente a un tema de enorme gravedad, de enorme gravedad. Tal es así que hoy ha sido objeto de debate en el Consejo de Ministros. Es un tema que hemos hablado y debatido en el Consejo de Ministros dado la gravedad de este asunto. Los hechos que estamos conociendo son muy graves y sobre todo nos trasladan absolutas conductas bochornosas y vergonzantes y sobre todo conductas que evidencian el uso que realizó la anterior Administración del Partido Popular de los distintos resortes del Estado de Derecho para espiar a sus adversarios políticos. Un tema muy grave que ha sido sometido al debate y al análisis esta mañana del Consejo de Ministros. También quiero decirles con la misma seriedad, lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía de mi país y decirles claramente que estas actuaciones vergonzantes y bochornosas concluyeron y terminaron en junio de 2018 con la llegada del presidente Sánchez a Moncloa y la apuesta del presidente y de este Gobierno por la transparencia y la regeneración democrática.
Y fíjense cuál es la manera de actuar del Partido Popular: cuando está en el Gobierno, utiliza todos los resortes del Estado de Derecho para perseguir a sus oponentes políticos y cuando está en la oposición plantea ilegalizar a todos los partidos políticos que piensan distinto a él. Así actúa el Partido Popular.
Por eso, centrándonos en lo que usted me preguntaba con respecto a la Operación Cataluña, vuelvo a decirles los hechos que estamos conociendo son hechos de extrema gravedad y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias. Analizando hasta el más mínimo detalle de toda la documentación, es fundamental que se conozca y se esclarezca todo. Y por tanto, no hay que descartar la comparecencia de ningún miembro de la anterior Administración del Partido Popular.
Pero les diré algo que me parece muy serio y, por qué no decirlo, también clamoroso, que frente al conocimiento de la gravedad de estos hechos, es demasiado evidente el silencio absoluto del señor Feijóo y del Partido Popular. Silencio clamoroso del señor Feijóo. Esperamos y deseamos que el Partido Popular y especialmente el señor Feijóo dé explicaciones sobre esta cuestión.
Y respecto al otro asunto que usted me preguntaba, lo primero que también le tengo que decir es que los principales interesados en esclarecer esta cuestión es el Gobierno. De hecho les recuerdo que fue el Gobierno quien puso en manos de la Audiencia Nacional este asunto. Por tanto, máxima colaboración con la justicia, como siempre hemos trasladado. Y saben efectivamente que en el día de hoy el Gobierno, a petición de un juez, el Gobierno a petición de un juez, ha hecho una desclasificación parcial para este caso en concreto. A día de hoy, este Gobierno, a petición de un juez, lleva a cabo una desclasificación parcial para este pleito en concreto. Y les diré también que esta desclasificación en ningún caso, en ningún caso, afecta a la seguridad nacional. Lo que sí que afecta a la seguridad nacional es la forma de actuar del principal partido de la oposición del Partido Popular, que cuando está en el Gobierno utiliza los resortes del Estado de Derecho para perseguir a sus oponentes políticos y cuando está en la oposición quiere ilegalizar a todos aquellos partidos políticos que no piensan como él.
Enriqueta Garat Loureiro (The Objective).- Sí, gracias, portavoz. Buenas tardes. Dos cuestiones. Dice que van a llegar hasta las últimas consecuencias y que se ha debatido esto en la mesa del Consejo de Ministros. Mi pregunta es ¿en qué sentido se ha debatido? Quiero decir, si el Gobierno se plantea alguna acción, incluso jurídica, contra el Partido Popular, por las informaciones que hemos ido conociendo. Y en segundo lugar, le quería preguntar por el acuerdo migratorio con Junts per Catalunya. Quería saber si existe algún tipo de documento pactado con Junts per Catalunya y por qué el Gobierno no lo ha dado a conocer. Y si nos puede decir exactamente qué dice, no lo que no dice, lo que está excluido, sobre el tema de las expulsiones a inmigrantes, pero si lo que dice ese acuerdo concreto con Junts per Catalunya. Y si no cree que dejarle a Junts que sea la única formación política que emitiera un comunicado al respecto y que arrojara transparencia sobre el acuerdo, incumple su máxima de que la negociación será discreta, pero los acuerdos serán transparentes si no ha faltado transparencia. Gracias.
Portavoz.- Bueno, vamos por partes con respecto a su a su pregunta y también con el objeto de aclarar esta esta cuestión. Saben perfectamente que la semana pasada se llegó a un acuerdo, en este caso con la fuerza política de Junts y uno de los aspectos que se hablaba, que se habló, porque me parece que es importante y uno de los acuerdos que a veces no se pregunta tanto, pero sin embargo estoy segura de que los principales beneficiarios son conscientes de cómo es esa rebaja al 0% también del IVA en el aceite. Es decir, que esta cuestión, que parece que ha pasado más desapercibida desde un punto de vista mediático, entenderán también ustedes que la recuerde, sobre todo porque los principales beneficiarios son los ciudadanos.
Pero sobre la cuestión de la inmigración que ustedes me planteaban, el Gobierno ha sido muy claro desde el primer momento. Las competencias en materia de fronteras y de inmigración irregular están referidas en el artículo 149 de la Constitución y por tanto, son competencias únicas y exclusivas de la Administración General del Estado. Así lo marca nuestra Constitución. Pero si seguimos leyendo la Constitución, en el artículo 150 se recoge también la posibilidad de delegar, de transferir competencias en distintas materias a través de leyes orgánicas. Y ese es el acuerdo que hay con Junts. Pero, le repito, la competencia en materia de fronteras y en materia de inmigración ilegal son competencias exclusivas del Estado. A raíz de ahí creo que también se abre una reflexión que creo que tenemos que hacer. Vivimos en un Estado de Derecho, un Estado de las Autonomías, ¿sí o no? Sí. Es importante trabajar y colaborar a favor del autogobierno. También lo creo y además así aparece reflejado en nuestra Constitución.
Es curioso porque yo en numerosas ocasiones escucho como el principal partido de la oposición critica estas cuestiones y sin embargo, la hemeroteca es tozuda y escuchamos numerosas declaraciones del señor Feijóo cuando era presidente de la Xunta de Galicia reclamando más competencias porque vivimos en el Estado de las autonomías y el acuerdo que hay con Junts es claro, es abordar estas competencias a través de una ley orgánica. Pero eso sí, sobre lo que aparece reconocido y recogido en nuestra Constitución y,, por cierto, también en el artículo 138 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que es muy claro también hasta dónde se puede llegar con esas competencias en materia de inmigración.
Y respecto a la primera pregunta que ustedes me trasladaban, los hechos que estamos conociendo a través de los distintos medios de comunicación son hechos muy graves, muy graves. Incluso les quiero recordar lo que sucedió también en este país en 2018, donde se aprobó una moción de censura, fruto de la situación que en ese momento vivía el Partido Popular en materia de corrupción. A partir de ahí lo que les traslado es los hechos que se están conociendo son de enorme gravedad y hay que estudiar toda la documentación y llegar hasta el final de dicha investigación y aclarar todo lo que estamos conociendo, es fundamental y para ello no hay que descartar la comparecencia de distintos miembros de la anterior Administración del Partido Popular y por tanto, que esas comisiones, ahora mismo, esas comisiones, cuando se constituyan en el Parlamento, puedan también trabajar, puedan seguir analizando lo que les estoy trasladando, pero vuelvo y si me permiten de nuevo a lo que le decía anteriormente a su compañero. Lo grave aquí es la forma de actuar del Partido Popular. Cuando están en el Gobierno, claramente utilizan todos los resortes del Estado de derecho para espiar a sus oponentes políticos, para perseguir a sus oponentes políticos. Y cuando están en la oposición, lo que plantean es ilegalizar a todos aquellos partidos políticos que no piensan como ellos. Esto es lo especialmente grave.
Iván Gil González (El Periódico de España).- Sí. Hola. Muchas gracias. Buenos días. Sobre la desclasificación de documentos del caso Pegasus, incidía usted en que realizan esta desclasificación a petición de un juez y en un caso concreto, no sé si con esto nos descarta que vaya a haber más desclasificación, porque también hubo supuestamente más casos de espionaje de otros dirigentes independentistas. Por otro lado, sobre el informe para regular la pornografía en niños, comentaba que lo ha coordinado el Ministerio de Presidencia, no sé si de cara a su desarrollo seguirá siendo el Ministerio de la Presidencia el que coordine y tutele un posible proyecto de ley. Y ya por último, sobre los acuerdos con Junts, pero también sobre las negociaciones con otros socios a raíz de los últimos decretos, todos los socios coincidían en hacer críticas sobre las formas de negociar del Gobierno. También el propio Gobierno parece que ha hecho autocrítica, avanzando que, bueno, que se negociaría de otra forma. Y sobre todo respecto al uso de los abusos, según la oposición de los decretos. No sé si en este sentido las reformas del plan de recuperación, que siempre para el cumplimiento de los hitos que siempre se han aprobado por decreto en la anterior legislatura, ahora se van a hacer más vía proyecto de ley para poder negociar con más tiempo con los socios. Gracias.
Portavoz.- Empiezo por el final, si no le importa. Creo que es importante que reconozcamos cuál es la realidad que reside hoy en nuestro Congreso de los Diputados. Es una realidad que nos la ha trasladado los ciudadanos con sus votos el 23 de julio. Es decir, la realidad del Congreso de los Diputados responde a lo que los ciudadanos votaron y eligieron el pasado 23 de julio. Y ahí se sientan distintas fuerzas políticas, con visiones diferentes y con opiniones distintas. Siendo conscientes de esta realidad, el diálogo y la negociación va a estar presente a lo largo de toda la legislatura. Y creo que es muy importante encontrar acuerdos con aquellos que piensan distintos a uno.
Vamos a empezar también esta semana un debate fundamental como es esa reforma social de nuestra Constitución del artículo 49. Una reforma fundamental y vital. Y creo que es importante que, también en estas reformas, la mayoría de los grupos políticos se hayan sumado a poder hacer esa actualización y ese reconocimiento con un término, desde luego, absolutamente mucho más justo del que existía. La negociación y el diálogo van a estar presentes. Y creo que esto hay que asumirlo, si me permiten ustedes con absoluta naturalidad y sobre todo, y especialmente, si esas negociaciones y ese diálogo finalizan con aprobaciones de importantes medidas que benefician a la gente, bienvenida sea. Toda la negociación que haga falta, todo el diálogo que haga falta, si eso nos permite aprobar en casi un 4% las pensiones de los 11 millones de pensionistas de este país, Toda la negociación y todo el diálogo que haga falta, si con ello conseguimos aprobar esa bonificación del transporte público para los jóvenes y los trabajadores de este país. Toda la negociación y diálogo que haga falta, si con ello conseguimos aprobar un salario mínimo que en estos últimos años se ha incrementado en casi 400 € para más de 2 millones y medio de trabajadores y trabajadoras de este país.
Con lo cual esta es la realidad: diálogo y negociación.
Respecto al informe que usted me trasladaba, les planteaba es un informe que tiene una perspectiva multidisciplinar, donde distintos ministerios tenemos mucho que debatir y opinar. Desde luego, el Ministerio de Infancia, Juventud, el Ministerio de Educación, el Ministerio también de Transformación Digital, Igualdad, Justicia y por eso en este momento lo están liderando y coordinando desde el Ministerio de Presidencia y de Justicia y así desde luego lo vamos a seguir desplegando y esto, por supuesto, no es óbice para que lógicamente cada departamento dentro de sus competencias siga por supuesto, trasladando y trabajando en estos debates, en el caso por ejemplo del Ministerio de Educación, que saben que estamos hablando con las comunidades autónomas para regular el teléfono móvil, el uso del teléfono móvil, dentro del horario educativo, pero este este informe, esta estrategia que esta mañana presentábamos en el Consejo de Ministros, tiene una visión mucho más multidisciplinar y por eso la coordinación por parte del ministro Bolaños.
Y con respecto a la desclasificación que usted me preguntaba, le vuelvo a trasladar lo que le decía a su compañero: este Gobierno es el primer interesado en que se resuelva este asunto. Fuimos nosotros, fue el Gobierno el que puso a disposición de la Audiencia este tema. Ahora bien, ¿cómo actuamos? Como siempre lo hemos hecho, colaborando al máximo con la Justicia y, por supuesto, con la transparencia que se nos requiere, en este caso se nos requiere por parte de un juez, de un caso en concreto y por eso nosotros llevamos a cabo esta desclasificación parcial sobre este asunto en concreto y en ningún caso, que quede claro por favor, esta desclasificación parcial va a afectar a la seguridad nacional.
Antonio Ruiz Valdivia (Infolibre).- Buenas tardes, portavoz. Yo quería preguntarle sobre ese proyecto de ley para proteger a los menores ¿cuándo podría estar listo? ¿Tienen un horizonte temporal? ¿Creen que lo pueden sacar adelante también con el Partido Popular? Y antes hablaba de esa aplicación para el verano de 2024, me gustaría saber si sería una aplicación obligatoria o sería voluntaria por parte de los padres tenerla. Gracias.
Portavoz.- Se me adelanta a los a los debates y bienvenido sea, porque yo creo que es muy importante que, por supuesto los gobiernos, pero también los políticos, atendamos y demos respuesta a los debates que preocupan en estos momentos a la sociedad. Y este es uno de ellos que afecta fundamentalmente a las familias que tienen hijos e hijas, pero también aquellos que no. Esta aplicación, como les digo en este momento, es un proyecto piloto que ciertamente está muy avanzado. Es verdad que hay algún otro país del entorno europeo que está moviéndose en la misma dirección y que lógicamente es una medida muy importante en la dirección de este proyecto de evitar y de imposibilitar ese consumo de páginas de adultos a nuestros menores. Pero, ya le digo, en este momento el trabajo o la hoja de ruta es poderla tener aprobada antes del verano de 2024. El resto también de cuestiones que usted me planteaba, dejemos que vayan transcurriendo las semanas y seguramente le podré dar una información mucho más concreta sobre este proyecto de ley. Creo que es fundamental el consenso y el acuerdo con todas las fuerzas políticas, porque la preocupación es una preocupación de país, es una preocupación de país y creo sinceramente que todas las fuerzas políticas, independientemente de su ideología y de su forma de pensar, van a estar de acuerdo en trabajar sobre una ley que lo que busca es proteger al menor frente al consumo de este tipo de contenidos. Así que vamos a hablar y a dialogar con todas ellas, no solo con las fuerzas políticas, desde luego, también las empresas tecnológicas, un número muy importante de expertos, las comunidades autónomas… van a poder participar y colaborar. Y de verdad, ojalá seamos capaces de concluir en ese acuerdo intergeneracional que dé respuesta a una de las principales, una de las principales preocupaciones que hoy tenemos como sociedad.
Daniel Blanco Esteban (Europa Press).- Sí. Buenas tardes, portavoz. Respecto al acuerdo de migración con Junts, usted ha dejado claro que hay competencias, la gestión de las fronteras, las expulsiones de migrantes que no se pueden delegar, pero quería saber si puede concretar respecto a los cupos, usted ha dicho que está a favor de avanzar hacia el autogobierno, sí, esa podría ser una competencia, el reparto de migrantes dentro del territorio nacional que se le podría acceder a Cataluña. Y luego, respecto a otro asunto que también Junts pide en su acuerdo de investidura el 100% de la gestión de los tributos, ya hay medios que están publicando que lo podrían ligar a la aprobación de los presupuestos y ¿ustedes estarían dispuestos? Gracias.
Portavoz.- Bueno, muchísimas gracias. Sobre la cuestión de la migración, el acuerdo es el que ustedes conocen, es poder hacer un despliegue de la competencia en materia de migración a través de una ley orgánica y refiriéndonos siempre en aquellos aspectos que están referidos en el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña en el artículo 138. El despliegue de esas competencias está recogido y reconocido perfectamente en nuestra Constitución y, en este caso, también en el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Con ese planteamiento abordaremos y se trabajará, lógicamente, esa futura ley orgánica que todavía, como comprenderán, este acuerdo llegó la semana pasada y ahora queda todo el desarrollo. Pero lógicamente los márgenes, como les digo, están muy claros en la Constitución española y en el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Y sobre la cuestión de los tributos que usted me trasladaba y que además ha sido ya también objeto de debate en la última Conferencia de Política Fiscal y Financiera del Gobierno de España, yo creo que aquí el dato más importante, si me va a permitir, es la apuesta que el Gobierno de España ha hecho siempre para mejorar la financiación autonómica de todas las comunidades autónomas. En este caso estamos hablando de 154 000 millones de euros para distribuir en financiación autonómica a todos los territorios. Estamos hablando de más de un 25% con respecto a lo que se recibió el año anterior. Un debate que ya abrimos en la legislatura anterior y ojalá, sería deseable, poder llegar a acuerdos también en este caso con las comunidades autónomas y especialmente con el principal partido de la oposición, como fue el Partido Popular. Un debate que ya le sugerimos hace tiempo y especialmente, y sobre todo cuando el Partido Popular en estos momentos saben ustedes que gobierna un número muy considerable de comunidades autónomas y seguro que tiene una posición homologable y común respecto a lo que piden sus comunidades autónomas.
María Inmaculada Carretero Castaño (SER).- Gracias, portavoz. Tenía un par de dudas sobre los temas que hemos tratado. Por un lado, habrá un régimen sancionador en el tema del porno para las plataformas que no articulen el mecanismo de verificación por edad. Con el tema de la desclasificación me gustaría saber si entre el material desclasificado está la resolución del Supremo que autorizó las escuchas del CNI al presidente aragonés y si creen que con esta iniciativa en cierto modo neutralizan la querella que el president presentó en su día. Y ha hablado del diálogo y del acuerdo que se ha producido con el tema del artículo 49 de la Constitución. Hemos oído estos días que aun que mantienen la presión sobre el Partido Popular para la renovación del Poder Judicial, pero me gustaría saber si el Gobierno ha tomado la iniciativa con la Comisión Europea. ¿Se han hecho algún tipo de gestión para activar esa mediación que pactaron el presidente del Gobierno y el líder de la oposición? Gracias.
Portavoz.- Bueno, les decía a sus compañeros que esta aplicación que en este momento trabaja la Agencia de Protección de Datos, es un proyecto piloto que esperamos tener finalizado antes de verano de 2024 y que lógicamente nos gustaría contar con las principales empresas tecnológicas, que estoy convencida ellas también son conscientes de esta preocupación. Entonces, permítannos también que vayamos haciendo un desarrollo de lo que hoy es un informe. Yo creo que lo importante y lo deseable es que hubiese un trabajo coordinado de una manera voluntaria por parte de todos los agentes implicados.
Sobre la desclasificación, les he dado toda la información que dispongo y la que puedo trasladarles. Hay una petición por parte de un juez sobre un caso concreto y por eso este Gobierno desclasifica parcialmente lo que este juez nos ha solicitado, siempre con la seguridad de que esto no afecta a la seguridad nacional. Entenderán ustedes que yo les dé la información, pero que sea también absolutamente cautelosa, porque estamos hablando de una solicitud de un juez, una solicitud judicial.
Y sobre el Consejo General del Poder Judicial, el primer interés, a riesgo de ser repetitiva, es conseguir la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Así se lo trasladó el presidente del Gobierno al señor Feijóo en la última reunión que tuvieron. Después de más de 1800 días, un periodo absolutamente ya caducado, es fundamental que se renueve el Consejo General del Poder Judicial, que se dé cumplimiento a la Constitución española. El señor Feijóo trasladó la necesidad o el interés de ese papel de mediación por parte de la Comisión Europea y nuestra disposición fue absoluta. Todo lo que haga falta para conseguir esa renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ese es nuestro máximo interés: renovación del Consejo General del Poder Judicial y un funcionamiento, por tanto, normalizado de este organismo que es tan importante también para la vida de los ciudadanos.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes.
(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)