Comparecencia de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

La Moncloa

Ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.- Buenas tardes y gracias como siempre por acudir a esta convocatoria para darles cuenta de los asuntos aprobados en la mañana de hoy en la reunión del Consejo de Ministros.

Como ven, me acompañan la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La vicepresidenta les pasará a explicar un intenso informe que contiene la nueva estrategia del Gobierno de España de la SAREB para movilizar hasta 50.000 viviendas para alquiler accesible.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado hoy al Consejo y presentará también ante ustedes, un importante informe sobre la política de regadío sostenible en el marco del Plan de Recuperación.

Y por mi parte, les voy a subrayar algunos de los asuntos más importantes que se han abordado en el día de hoy, además de estos que abordarán la vicepresidenta y el ministro y el resto de asuntos, como es habitual, serán completados por la referencia que adjuntamos al finalizar esta comparecencia.

En primer lugar, quiero referirme a la propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores que ha acordado autorizar a la Agencia Española de Cooperación Internacional para convocar las subvenciones que recibirán las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de la realización de los proyectos de cooperación en el año 2023. La cuantía de estas subvenciones asciende a los 45 millones de euros en áreas distintas de actuación.

Principalmente me refiero a cinco de ellas la igualdad de género, la lucha contra el cambio climático y la transición justa, el acceso a la salud, la recuperación justa e incluyente y la promoción de los derechos humanos. De esta convocatoria conviene destacar que en esta ocasión se ha incrementado su cuantía. Hemos pasado de los 31 millones de la convocatoria del año anterior a los 45 de ésta.

Y un aspecto también que merece la pena ser destacado es que estos 45 millones proceden en su gran mayoría de la solidaridad de los españoles y de las españolas, en sus declaraciones de la renta, en las declaraciones del IRPF y, por tanto, muestran también la solidaridad de la ciudadanía española.

Entre los proyectos que se pretende subvencionar hay tres tipos distintos de áreas de trabajo proyectos en los que las organizaciones no gubernamentales actúan en un solo país. Como novedad, en este ejercicio se incorporan el Líbano y Guinea Bissau y, con estos dos, serían 30 países en los que estamos actuando. Lo completamos también en la información que adjuntamos.

Después hay un paquete global que son en varios países todas las organizaciones que trabajan en el ámbito de la educación para el desarrollo y la ciudadanía global, y por tanto son programas que pueden desarrollarse en cualquiera de los países, no han de centrarse en un país en exclusiva. Se trata de luchar contra la pobreza y la promoción del desarrollo en estos pueblos para hacerlo además con un enfoque de derechos humanos y de comercio justo.

Y una tercera actuación para estos 45 millones de euros, se refiere a los proyectos que atienden las necesidades de la población saharaui en los campamentos.

También por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, se ha traído a la reunión de hoy la remisión a las Cortes del Convenio de Seguridad y Salud en la Construcción y autorizamos la manifestación del consentimiento de España para obligarnos a dicho convenio.

Con la aceptación de este nuevo convenio, lo que vamos a poner es que dispondremos de más medidas de protección y de prevención en los accidentes y la seguridad en el trabajo, en lugares especialmente donde se producen especialmente mayor número de accidentes, como es el espacio de la construcción.

Vamos a abordar cuestiones relativas a los primeros auxilios en caso de accidente y también en relación a los el bienestar de los trabajadores y las trabajadoras.

Con este nuevo convenio, España sigue liderando el número de países con mayor número de convenios ratificados de la Organización Internacional del Trabajo y, por tanto, mostrando nuestro compromiso con la protección de los trabajadores y las trabajadoras.

El siguiente asunto al que me quiero referir es muy concreto, pero dada la dimensión que tuvo este acontecimiento, me estoy refiriendo al volcán de la isla de La Palma, donde aún siguen quedando efectos de aquella erupción.

Lo que ha aprobado el Consejo de Ministros es la toma en consideración de la declaración de emergencia para contratar el suministro y la implantación de un nuevo sistema de red de monitorización de los gases tóxicos, especialmente en Puerto NAOS y en La Bombilla, que son localidades costeras que pertenecen al Ayuntamiento, al municipio de Los Llanos de Ariadne, en la isla de La Palma. El acuerdo es de 750 mil para este programa de monitorización.

Saben ustedes que quedan todavía gases activos, que se siguen emitiendo y que esto implica el peligro para la ciudadanía cuando se acerca a sus hogares y, por tanto, se trata de tenerlos monitorizados para permitir el acceso de los vecinos a sus a sus hogares.

Un asunto de muchísima sensibilidad en la isla, que tratamos también de sofocar con este acuerdo.

Y por último, me refiero a dos inversiones, las dos inversiones más destacadas de la reunión de hoy.

La primera de ellas es del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Hemos autorizado la celebración de un contrato para las obras de remodelación y ampliación de un edificio en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, por un valor de más de 24,5 millones de euros y cuyo objetivo es dotar de una sede al organismo a la Organización Mundial del Turismo, que como saben ustedes, tiene la sede en nuestro país. Se trata de nuestro compromiso con el sector y con esta organización internacional, en un país donde el turismo es un eje fundamental, donde además los datos son muy positivos también en este último mes de marzo (6,5 millones de pasajeros internacionales, un 30% más que el año anterior), que demuestran la fortaleza de un sector que fue especialmente sacudido por la crisis de la pandemia y por tanto, un sector sobre el que mostramos todo nuestro apoyo, en esta ocasión con una inversión importante para la sede de su organización.

Y por último, subrayar un acuerdo, también de inversión, que han traído el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ministerio de Política Territorial, porque autorizamos la firma de un convenio entre distintas administraciones, concretamente el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Guipúzcoa y ADIF, para una importante construcción del intercambiador de las riberas del Loiola de Donostia y San Sebastián, por un importe de casi 36 millones de euros: 35,9 millones de euros.

Estos son los asuntos más destacados a los que me quería referir.

Y a continuación cedo la palabra a la vicepresidenta primera.

Vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.- Muchas gracias, ministra.

Está claro que el acceso a la vivienda constituye una de las preocupaciones principales de los ciudadanos, especialmente para los jóvenes y los colectivos más vulnerables.

La experiencia pasada de nuestro país y la comparación internacional muestra que el parque público de vivienda es fundamental para poder responder adecuadamente a este reto.

En España disponemos de un parque público de unas 300.000 viviendas, esto es, un 3% del total, frente al 9% de la media de la Unión Europea.

Y por eso es fundamental, entre otras medidas de calado que ya hemos puesto en marcha, reconstituir el parque público de vivienda y aprovechar al 100% los activos de SAREB.

Y hoy he informado al Consejo de Ministros sobre el plan de SAREB para movilizar hasta 50.000 viviendas para alquiler asequible.

Desde la incorporación de SAREB en el perímetro público en primavera de 2022, hemos puesto en marcha una estrategia para racionalizar sus costes y conjugar en la gestión diaria el doble objetivo de hacer una buena gestión financiera de los activos para recuperar el máximo de las ayudas públicas y reembolsar su deuda y, al mismo tiempo, contribuir a la protección social.

Hay que recordar que la entrada de la SAREB dentro del perímetro público, debido a un cambio estadístico en 2020, supuso un aumento de la deuda del Estado en algo más de 34 mil millones de euros.

Y por eso las actuaciones en este ámbito deben velar por maximizar el valor económico de los activos.

Actualmente la SAREB cuenta con un stock de vivienda que podría servir para uso social de 21.000 unidades, además de otras 14.000 que ya se encuentran habitadas y suelos disponibles en los que se podrían desarrollar hasta 15.000 viviendas y proyectos adicionales.

Así que para aprovechar estos activos se ha puesto en marcha un plan con tres ejes.

En primer lugar, la estrategia para movilizar las 21.000 viviendas de SAREB, 9.000 de ellas ya disponibles para la venta y 12.000 pendientes de obras de finalización o habitabilidad mediante la articulación de acuerdos de venta a las comunidades autónomas o municipios para alquiler social o asequible.

A día de hoy, SAREB ha negociado ya acuerdos de venta, entre otras, con la Comunidad Valenciana, para movilizar en torno a 500 viviendas Galicia, 42 viviendas, y se están ultimando negociaciones con el Ayuntamiento de Madrid para otras 42 viviendas y los municipios del área metropolitana de Barcelona para dar uso social a 80 viviendas.

También se están negociando operaciones con la Comunidad de Madrid, la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Torrelavega y la Generalitat de Cataluña.

Se está trabajando además en convenios de venta o cesión temporal de viviendas para uso social, tanto con administraciones públicas como con entidades sin ánimo de lucro, prestando una atención especial a las zonas en riesgo de despoblación o colectivos vulnerables.

A modo de ejemplo, me gustaría señalar los acuerdos para la puesta a disposición de viviendas para los trabajadores temporeros en el ámbito agrícola o para fomentar el emprendimiento y fijar población joven en áreas rurales.

Y también se ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Tárrega para establecer un centro de acogida de refugiados.

En segundo lugar, la estrategia contempla una gestión proactiva de las 14.000 viviendas ya habitadas.

La casuística de estas viviendas es, por supuesto, muy variada y esto requiere detectar las situaciones de vulnerabilidad para poder proporcionar a esas familias el apoyo necesario, con una gestión siempre prudente y responsable de la cartera de activos.

Para dar respuesta a esta necesidad.

Desde enero está en marcha un programa de alquiler social y acompañamiento a las familias vulnerables que habitan en 9.000 de esas viviendas.

Mediante este plan se les ofrece alquileres que tienen en cuenta su nivel de renta y se les ayuda a la regularización de su situación, la búsqueda de empleo, el acceso a los servicios sociales o incluso al ingreso mínimo vital.

En este momento, la compañía gestiona más de 2.000 alquileres sociales y ya se está dando acompañamiento especial a más de 400 familias.

También se ha dotado a SAREB de un consejo asesor en materia de sostenibilidad social para facilitar el desarrollo de las actuaciones en este campo con personas de reconocido prestigio en este ámbito.

Es muy importante destacar que el alquiler social contribuye a recuperar el valor de los activos, al facilitar que sus habitantes tengan una mejor situación económica y estabilizar así el pago de las rentas.

En tercer lugar, se ha puesto en marcha un proyecto de cesión de suelos mediante un esquema de colaboración público-privada.

La entidad cuenta con suelo urbanizable con el que construir hasta 15.000 viviendas adicionales destinadas a alquiler social o asequible.

Por ejemplo, como ya he mencionado, estamos en conversaciones con la Generalitat de Cataluña en un nuevo acuerdo de venta que podría cubrir 200 viviendas y 200 suelos.

Adicionalmente, se ha iniciado con Sant Andreu de la Barca un acuerdo de venta de suelos para vivienda social y también se van a destinar suelos de SAREB para otros objetivos sociales como la construcción de hospitales, escuelas, aparcamientos y otros servicios públicos.

En las últimas semanas se ha vendido una finca al Ayuntamiento de Tortosa para la construcción de un hospital.

Se ha vendido al Ministerio de Justicia un terreno en Palma de Mallorca para la construcción del Palacio de Justicia, o Se han vendido tres suelos a la Xunta de Galicia para la construcción de vivienda pública y esta venta de suelos se enmarca también y contribuye al proyecto Reto Demográfico, liderado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, para implantar proyectos empresariales y de industrialización en la España rural en colaboración con empresas privadas.

Concluyo con una reflexión general o un resumen de la estrategia que hemos seguido con SAREB desde la toma de control, que responde a un triple objetivo: impulsar el parque público de vivienda, apoyar la inclusión social y mejorar la vertebración y cohesión en todo el territorio nacional.

Y todo ello con el mejor uso posible de los activos públicos para hacer una gestión responsable y velar por el dinero de los contribuyentes.

Muchas gracias.

Portavoz.- Gracias, Vicepresidenta. Ministro.

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.- Sí. Muchas gracias, ministra Portavoz.

Buenas tardes a todos.

Quisiera presentarles a ustedes el informe que hace unos momentos se presentó en el Consejo de Ministros en relación con el informe sobre la política de Regadíos Sostenible, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Pero, si me permiten, quisiera situarlo en el marco del momento en que nos encontramos.

Mañana tendrá lugar la reunión de la mesa de la sequía.

Ahí vamos a conversar con las comunidades autónomas y también con las organizaciones agrarias sobre su diagnóstico de la situación actual y también las posibles medidas que puedan adoptarse por parte de las diferentes administraciones, incluyendo el Gobierno de España.

El pasado día 30 de marzo, en el órgano de seguimiento por parte del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transición Ecológica y otros departamentos de la Administración, tuvimos ocasión de hacer un primer diagnóstico y ayer lo compartí con los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas en el Consejo Consultivo celebrado aquí en Madrid, donde adelantaron algunos de los aspectos que se tratarán sin duda en la reunión de mañana.

Estamos en un momento particularmente difícil desde el punto de vista hidrológico y también desde el punto de vista de la pluviometría.

El descenso de las lluvias desde el pasado 1 de octubre, el inicio del año hidrológico es de un 18,8% respecto de la serie de años anteriores.

Y si nos remontamos de forma más global a la pluviometría en el conjunto de España respecto del principio de este siglo, la disminución ha sido como media de un 12%.

Por tanto, esta situación, que se encuentra grabada en la parte sur de la península, en particular en las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana, es especialmente severa.

De todas formas, y creo que esto es muy importante de cara a las medidas que puedan adoptarse por parte del gobierno, el análisis no puede ser un análisis indiscriminado. Tenemos que tener en cuenta los diferentes cultivos, las diferentes zonas, por ejemplo, en relación con el secano, nos encontramos con dos situaciones claramente diferenciadas la mayor parte del secano, que podrá efectuar sin duda sus siembras y obtener sus cosechas, pero con un rendimiento inferior por estas condiciones climáticas. Ahí tenemos el seguro agrario combinado que produce las compensaciones para los agricultores que sin duda tengan una menor producción. Lógicamente tienen un apoyo económico, aunque el resultado sea efectivamente, como les indicaba.

Nos pasó ya el año pasado en relación con los cereales, donde tuvimos una disminución del 21,6% en la producción nacional de los mismos.

Y, en segundo lugar, aquellos que, vistas las condiciones climáticas, no siembran porque estiman que no se dan las condiciones para ello y donde también hay que tenerlo claro el precio de los insumos, en particular de los fertilizantes, ciertamente es un elemento que frena esta actuación.

Por ello, por parte del Gobierno de España hemos aprobado y pagado ya, en el curso de este fin de semana, un total de 281 millones de euros, que han llegado a 234.000 agricultores y que han constituido, yo creo, un apoyo eficaz. He tenido eco del propio sector en relación con estas actuaciones, que estimo muy positivas.

Y he hablado de secano, ahora hablaré de regadío.

Evidentemente esta situación es más significativa del marco del regadío.

Tenemos 3,8 millones de hectáreas en regadío en nuestro país, es el 23%, pero produce el 65% del conjunto de la producción vegetal de España. Por tanto, es clave para el futuro.

Y por ello, ayer mismo veíamos como la comisión de ese embalse, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en función de estas nuevas circunstancias, disminuía hasta en un 90% las dotaciones de agua, lo cual pone sin duda en peligro determinados cultivos. En esas circunstancias por parte del Gobierno de España y el ministro que les habla, lógicamente, existen respuestas a corto plazo. Estamos trabajando en ello en función de la reunión que se celebrará mañana en el Ministerio de Agricultura y la reflexión que estamos trabajando ya en el seno del Ministerio sobre las posibles medidas a adoptar nacionales y también en relación con la Unión Europea y las medidas de futuro en relación con la sostenibilidad misma de nuestro sistema de regadío.

Y es en ese contexto en el que he presentado esta mañana el informe al Consejo de Ministros.

El debate no es si regadío sí o regadío no, es regadío sostenible, que debe serlo de cara, sin duda, al presente y al futuro, si queremos continuar con el nivel de producción que nos permita la autonomía alimentaria que posee España y asimismo las exportaciones correspondientes. Y eso significa dos cosas: uno, modernización del regadío para hacerlo más eficaz y también la utilización de otras fuentes de aprovisionamiento de agua.

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Estoy pensando en las aguas no convencionales, es decir, las aguas recicladas, y también en la utilización de desaladoras, la desalación de aguas, ciertamente más costosa, aunque su coste está disminuyendo precisamente por la por la vinculación al precio de la energía y al precio más barato de la energía vinculada a las energías renovables.

Las inversiones que tenemos previstas por parte del Gobierno de España para el periodo 2022-2027 en materia de modernización del regadío son de 2.130.000.000 de euros.

Es la cifra más importante que prácticamente duplica, más que duplica, la media de los primeros 20 años de este siglo.

Es una apuesta decidida del Gobierno de España por el regadío sostenible y ahí debemos incluir 1.255.000.000 con cargo al Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia y 835 millones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Estos 1.255.000.000 se unen a los 5 mil millones de obras en alta del Ministerio de Transición Ecológica y también al PERTE de la digitalización del agua 200 millones, lo cual suma un total de 6.455.000.000 de inversión, tanto en alta como baja y modernización de regadío y en digitalización del mismo.

Con ello pretendemos abarcar, cubrir, 750.000 hectáreas: 200.000 hectáreas en primera modernización y 550.000 en segunda y tercera modernización.

Es decir, siempre se puede regar mejor, se puede hacer una mejor utilización de cada gota de agua y en ello estamos con estas inversiones, además de las que en materia de energías renovables se eólica o sobre todo fotovoltaica, disminuye sin duda el uso y el consumo de energía.

Nuestro objetivo, como mínimo, es reducir en un 10% el consumo de agua.

Son 96 actuaciones que comprenden un total de 15 comunidades autónomas en tres fases y con cargo, como decía antes, al plan de recuperación, que tan importante es a todos los respectos en nuestro país.

Es, sin duda alguna, el paquete más importante y muestra la voluntad decidida del Gobierno de España para llevar adelante esa tarea de modernización.

Y como estamos hablando de agua y estamos hablando de regadío, me van a permitir algunos comentarios en relación con un tema de actualidad, en relación con Doñana y, en particular, con la decisión adoptada en el Parlamento de Andalucía, en relación con determinadas zonas en el entorno de Doñana.

Quiero, al respecto, efectuar tres comentarios.

El primero, que la iniciativa es claramente ilegal.

Ilegal en el sentido de que va en contra de la sentencia del Tribunal de Justicia de la de la Unión Europea que condenaba España, en el año 2021, por el incumplimiento de las Directiva Marco del Agua y también de la Directiva Hábitats.

En segundo lugar, es ilegal porque pretende arrogarse una competencia en materia de gestión del agua que no corresponden a las comunidades autónomas, sino al Gobierno de España.

Además de ser ilegal, es, en mi opinión, irreal.

Procede teóricamente a querer distribuir lo que no existe, es decir, una disponibilidad de agua en el contexto actual, que no existe, sin duda, en aquella zona y para lo que se pretende llevar a cabo. Es, por tanto, una acción claramente irresponsable, porque crea expectativas que no se van a ver en absoluto satisfechas por la decisión adoptada respecto de ella.

Ya ha anunciado mi colega, la vicepresidenta tercera del Gobierno la intención de, cuando se complete el trámite jurídico y previa consulta a los servicios jurídicos del Estado, de interponer recurso de inconstitucionalidad respecto de esta medida.

Y finalmente, un comentario que me es muy cercano porque como Ministro de Agricultura, lógicamente no sólo he estado siempre, y estoy, al lado del sector de nuestros agricultores y ganaderos, sino también les he acompañado en toda esa tarea, que es tan importante, no solo de abastecer al mercado nacional, sino también de ser un referente en la exportación a los mercados europeos y a los mercados internacionales.

Me preocupa muy seriamente el daño reputacional que supone esta iniciativa respecto a la exportación de frutos rojos y, en general, de las frutas y hortalizas de España a los mercados exteriores.

En materia de frutos rojos exportamos una cantidad superior a los 1.500.000.000 de euros, obteniendo la media en los últimos años de 2018 al año 2022.

De esos 1.500.000.000 de euros, 500 millones de euros, aproximadamente un tercio corresponden al mercado de Alemania.

Que el trabajo de la inmensa mayoría de nuestros agricultores, y en particular de los del sector de los frutos rojos, se puede a ver afectada por una iniciativa irresponsable por parte de los autores de esta proposición de ley, es sin duda algo que me preocupa como ministro y que creo que preocupa a todo el conjunto del sector.

Y evidentemente, no hace falta subrayarlo, ustedes lo conocen muy bien.

Hasta qué punto 40% de las frutas y hortalizas que se consumen en la Unión Europea tienen su origen en España.

Por lo tanto, subrayo ese potencial daño reputacional está ahí y quienes han sido autores de la iniciativa deberían dar un paso atrás y evitar que se produzca ese daño, sin duda sobre el sector, pero también sobre la reputación del conjunto de nuestro país, del conjunto de España.

Si me permiten y concluyo, voy a ser muy claro.

Doñana es a la biodiversidad, lo que el Prado es a la pintura. Algo que tenemos que defender porque es nuestro patrimonio y, por tanto, este gobierno va a hacer todo lo que sea necesario para que esta iniciativa, como decía hace un momento absolutamente incomprensible y absolutamente irracional, no se lleve a su fin.

Muchas gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, ministro.

A continuación tienen ustedes la palabra Esther.

Pregunta.- (Esther Redondo Escudero, La Sexta) Gracias.

Hola, buenas tardes. Tenía distintas preguntas para los tres.

A la vicepresidenta Nadia Calviño. En primer lugar, si ¿piensa el Gobierno adoptar alguna medida a corto plazo para para acelerar la construcción de vivienda social?

Al ministro de Agricultura, que hablaba usted ahora del tema de Doñana, quería preguntarle también por unas declaraciones que ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha reunido hoy a los expertos ante la sequía, porque lo que pide al Gobierno central es que acelere las inversiones para luchar contra la sequía, asegura Juanma Moreno que solo se han invertido 9 millones frente a los 300 que invierte la Junta. Y además, también ha dicho que el PERTE del agua es absolutamente insuficiente. Quería que me contestara a estas afirmaciones del presidente de la Junta de Andalucía

Y A la portavoz del Gobierno, si puede hacer una valoración sobre las propuestas que vamos conociendo del PP en materia de vivienda y que está presentando Núñez Feijóo esta mañana. Feijóo que ha dicho también que las propuestas de este Gobierno en materia de vivienda son una auténtica fantasmada.

Gracias.

Sra. Calviño.- Sí, como señalaba en mi introducción, la garantía del derecho a la vivienda es una prioridad para nuestro gobierno.Y en esta materia yo creo que, más importantes que las palabras, son los hechos.

Desde que llegamos al gobierno hemos puesto en marcha numerosas iniciativas con el fin de, precisamente, reconstituir el parque público de vivienda desmontado por los gobiernos anteriores y dentro de un programa ambicioso que tiene distintas piezas y que ya están teniendo sus efectos.

En primer lugar, la Ley de Vivienda, que está en la fase final de tramitación.

En segundo lugar, el plan para construir o para para poner a disposición 100.000 viviendas, para alquiler asequible, para alquiler social, que no es sino ese, ese objetivo que decía de reconstituir ese parque público de vivienda.

Como ya he señalado, es el parque actual. Son unas 300.000 viviendas.

Esto supone un 3% del total que contrasta con el 9% de media en la Unión Europea. Y esto nos permite poner en relación la importancia de ese plan de 100.000 viviendas para alquiler asequible.

Además, a ello se une el programa de renovación de Edificios y de eficiencia energética financiado con los fondos Next Generation, especialmente para edificios destinados al alquiler, los beneficios fiscales, las bonificaciones, para los alquileres a precios más asequibles, el bono de alquiler joven por 250 € y finalmente la movilización del parque público de SAREB con el objetivo, en definitiva, de devolver a los ciudadanos una parte del coste que tuvo para ellos la financiación de ese banco malo en 2012. En definitiva, de dar maximizar el rendimiento económico y social de la herencia de la respuesta que en su momento se dio a la gran crisis financiera.

Son todo un conjunto de medidas, parte de las cuales ya están plenamente operativas, y dentro de la movilización de los activos de SAREB, evidentemente, a corto plazo, ya estamos en el programa de venta de viviendas, en el programa de puesta a disposición que he mencionado en detalle, el seguimiento social y el alquiler social de las personas que ya habitan las viviendas de SAREB, esas 9.000 viviendas que estimamos pueden tener una situación de vulnerabilidad social. Son programas que ya están en marcha y que ya están teniendo un efecto.

De hecho, hay ya 400 familias que están teniendo ese programa de acompañamiento especial dentro del colectivo de Familias vulnerables que ya habita viviendas de SAREB.

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.- Sí. Muchas gracias. Yo haría una reflexión en voz alta. ¿Cómo se puede pretender ampliar el regadío en una zona de España fuera de las competencias de quien está pretendiendo hacer? En este caso el Partido Popular y VOX a través de la Junta de Andalucía, cuando al mismo tiempo se están pidiendo medidas en materia de sequía en función del contexto actual, ¿cómo se puede hacer esta propuesta cuando se sabe que no se dispone de agua y no se tiene el título para atribuir esa agua? Yo creo que esa es la, dos preguntas que debería sin duda responder el presidente de la Junta de Andalucía ante la situación actual.

Este es un gobierno responsable que analiza y actúa. El año pasado lo hicimos, ya lo llevé al Consejo de Ministros y se aprobó un decreto ley en un contexto en el que precisamente empezó a llover aquellos días y alguien planteó que el decreto ley no era necesario.

En estos momentos nos encontramos con una situación. Efectivamente, yo se la he descrito brevemente hace un momento difícil desde el punto de vista hidrológico, desde el punto de vista de las precipitaciones y donde el Gobierno de España va a tomar las medidas necesarias, en respuesta en concreto a la situación actual, pero también en relación con el futuro de nuestro sistema de regadío y también con el abastecimiento, lógicamente de agua.

Lo he mencionado antes, son 6.455.000.000 de euros con cargo al Fondo de Recuperación. Evidentemente, cada administración tiene que hacer lo que tiene que hacer y el Gobierno de España está haciendo lo que tiene que hacer.

Y evidentemente, si se quiere buscar una confrontación política a través del tema del agua, quien lo pretenda hacer deberá asumir la responsabilidad. No es la nuestra.

Nosotros estamos intentando buscar soluciones a problemas, no creando problemas donde no existe, como es el resultado práctico desde el punto de vista, como he dicho antes, de la legalidad, pero también de la oportunidad y también de la reputación de agricultores afectados, sin duda, por esta iniciativa del Partido Popular y de VOX.

Portavoz.- Muchas gracias, ministra ministro. Ester, respondiendo a su pregunta y sin entrar en los calificativos valorativos, pero creo que tenemos que ser muy responsables y muy prudentes cuando desde los poderes públicos o desde los principales partidos políticos estamos refiriéndonos a uno de los principales problemas que tiene la ciudadanía hoy en nuestro país. Una de sus principales preocupaciones y por tanto, tiene que ser también una de nuestras principales ocupaciones y nuestros principales desvelos. No entrando en esa valoración, creo que hay un hecho incontestable, y es que las políticas del Partido Popular en materia de vivienda son unas políticas fracasadas. Eso es un hecho incontestable que sabemos todos, pero que especialmente saben la gente que fue afectada, que sufrió esas políticas, que las sufrió en forma de desahucios, en forma de burbuja, en forma de especulación o en forma de corrupción.

Y lo que está haciendo el Gobierno desde su responsabilidad es trabajar para revertir esa injusticia, para dar una solución a ese problema y por tanto, lo que estamos haciendo es donde antes había una deuda pública, hoy viable habrá una vivienda pública, donde antes había un problema, hoy va a haber un derecho. Eso es lo que está haciendo el Gobierno a través de las leyes que hemos promovido o a través de decisiones tan importantes como la que nos presentaba hoy la vicepresidenta en relación a la SAREB.

Y en política, tan importante es el fondo como las formas. Y sinceramente, yo me hago cargo del sentir de la ciudadanía que tiene hoy ese problema en no poder acceder a una vivienda de tantos y tantos jóvenes, profesionales, trabajadores, parejas, jóvenes que quieren emprender su proyecto de vida.

Yo me hago cargo de esa sensación cuando sienten que el principal partido de la oposición, con absoluta falta de sensibilidad, ha decidido presentar sus propuestas precisamente en una de las zonas de nuestro país donde más prohibitivo resulta el acceso a una vivienda, donde para acceder a una vivienda se están pagando 6.000 € por metro cuadrado, 2.000 € por un apartamento al mes. ¿Quién se puede permitir esto y hacerlo en una comunidad donde eso?

Las políticas fracasadas del Partido Popular, sin duda es el ejemplo más dramático, donde 3000 viviendas fueron entregadas en lugar de las familias a los fondos buitres, donde hay una presidenta que en lugar de revertir esas políticas fracasadas, lo que está diciendo ante una ley de vivienda que protege y da derecho a la mayoría de los españoles, lo que está diciendo es que se va a saltar la ley.

Sinceramente, creo que cuando se abordan asuntos de esta magnitud, que son el principal problema de muchas familias españolas, tenemos que, además de actuar con rigor, haciéndonos cargo de lo que hemos hecho cada uno en cada momento de la historia en este país.

Creo que también la sensibilidad es un valor a no perder cuando nos tenemos que hacer cargo del estado, de las emociones y de las situaciones que atraviesan muchas familias como consecuencia de no poder tener derecho al acceso a una vivienda digna.

Ángel.

Pregunta.- (Ángel Carreira Cabarcos, Antena 3) Hola.

Buenas tardes. Es una pregunta para la portavoz. Quería saber si ha podido escuchar la entrevista de la vicepresidenta Yolanda Díaz, en la que ha calificado a Marruecos de dictadura. Me gustaría preguntarle si el gobierno comparte esta visión y si cree que estas declaraciones podrían generar un problema diplomático con el país.

Y otra pregunta también quisiera preguntarle si, como se ha publicado, ¿ustedes consideran que es una mala estrategia que la vicepresidenta esté lanzando ataques a Unidos? Podemos, si esto dificulta la unidad a su izquierda. Gracias.

Portavoz.- En relación a la primera pregunta que usted me planteaba, no he visto la entrevista, pero sí he podido leer estas declaraciones. Tengo que transmitirles en nombre del gobierno que se trata de declaraciones en el ámbito personal. Saben ustedes que esta no es la posición del Gobierno. La posición del gobierno se encuentra claramente expresada en la hoja de ruta en la Declaración Hispano-Marroquí de 7 de abril del año pasado y más recientemente en la última reunión de alto nivel que celebramos en Marruecos. Los acuerdos a los que hemos llegado es un, acuerdos muy importantes, que abarcan a distintos aspectos de nuestras relaciones con el país vecino. Y España va a seguir trabajando bajo los principios de colaboración, de respeto mutuo y responsabilidad con el país vecino sobre las cuestiones internas de distintas formaciones políticas o espacios políticos.

No tengo nada que decirles en nombre del gobierno, porque efectivamente estamos ante la antesala de unas elecciones municipales y autonómicas donde las distintas formaciones políticas están haciendo su trabajo, pero donde el Gobierno está muy centrado.

Como ustedes son testigos en estas comparecencias donde les damos cuenta del trabajo del gobierno, en lo que son las principales preocupaciones de la ciudadanía, en este caso resolviendo un asunto tan importante como es el acceso a una vivienda digna.

Pregunta.- (Carlos Elordi Cue, El País) Sí. Muchas gracias. Para la vicepresidenta, se lleva hablando de la SAREB y de Viviendas Públicas muchísimo tiempo en el Congreso. De hecho, se ha hablado muchas veces, incluso se ha votado, se votó, votaron en contra hace unos meses.

Yo lo que le quería preguntar es que ha cambiado ahora, para lo que durante unos cuantos años no parecía que no se podía hacer. Ahora se puede hacer que cuál es, ¿cuál es la novedad?

Y usted daba el dato este 3% de 9% de la media europea. Yo le quería preguntar más en términos generales y con la Ley de Vivienda ya en vías de aprobación, qué tiene ¿qué pasar en España para llegar a ese 9%? Qué expectativas tienen Realmente es posible que España llegue en algún momento con no sé si con la Ley de Vivienda, con esto que están haciendo. En fin, ¿qué tendría que pasar en las comunidades para llegar a que España estuviera en esa media europea?

Al ministro también le quería, le quería plantear los alimentos. El viernes tuvimos el dato de inflación, los alimentos siguen subiendo, están prácticamente 16,5%. Ahí el azúcar al 50%, la mantequilla el 37. En fin, los datos los conoce mejor que yo, pero Pero sigue ahí. La inflación en general está bajando y los alimentos siguen muy fuertes. ¿Podemos ya dar por fracasada la rebaja del IVA? ¿Hay alguna otra novedad que el Gobierno esté planteando para intentar el tema de los alimentos?

Y más en general, sobre el tema del regadío, si se puede ya decir a estas alturas con los datos de que está dando de de sequía. Sí, hay que decirle ya a los regantes que España no puede tener en este momento, por lo menos a corto plazo, el nivel de regadío que tiene.

Y para la ministra este pacto con el PP, que la ley de solo sí o si es para ustedes también una humillación, como ha dicho la ministra de Belarra. Gracias.

Sra. Calviño.- Sí, Muchas, muchas gracias por la pregunta, porque la verdad es que me permite poner en contexto efectivamente la estrategia que hemos venido siguiendo con respecto a las elites desde que llegamos al gobierno en 2018.

Hay que recordar que la SAREB se quedó, se creó en 2012 para dar respuesta a la gran crisis financiera y en su momento se dijo que no costaría nada a los contribuyentes. En el ejercicio 2020 debido a un cambio en el criterio contable, hemos tenido que incluir dentro del perímetro público una deuda pública de más de 34 mil millones de euros.

Desde 2018 hemos tratado de aumentar la proyección social de la gestión de la SAREB, pero no teníamos el control. En la primavera de 2022 tomamos el control de la sociedad y desde ese momento iniciamos una gestión de maximización del valor económico y social de los activos de la cartera de SAREB. Se redujo la estructura. De hecho, los gastos relacionados con el funcionamiento bajaron en un 8% el año pasado, se redujeron los sueldos de los directivos en un 40%, logramos aumentar los ingresos en un 8% gracias a la venta de inmuebles a minoristas.

Me gustaría enfatizarlo a minoristas, no ventas a fondos buitre, ventas a minoristas. De hecho, el 90% de las ventas se han realizado a personas físicas gracias a estas ventas a minoristas y una estrategia de transformación de los activos financieros en activos inmobiliarios, hemos podido aumentar los ingresos en un 8% y además realizamos una amortización récord de la deuda pendiente de 3 mil millones de euros.

Toda esta gestión, más eficiente desde el punto de vista financiero, se ha hecho en paralelo con una gestión social de los activos de la SAREB. Hemos cambiado el equipo directivo, hemos incorporado personas especializadas justamente en la gestión social de los inmuebles y con ello hemos podido poner en marcha todas estas iniciativas que yo les he detallado, iniciativas relativas a las viviendas que ya están disponibles. De ellas, 9000 ya están disponibles para la venta y hay otras 14.000, otras 14.000 que están pendientes de algún tipo de obra, no, 12.000 pendientes de algún tipo de obra, una gestión social y un acompañamiento de las familias vulnerables en las 14.000 viviendas que ya están habitadas.

Y luego la puesta a disposición de los suelos para que las, las entidades privadas o los ayuntamientos o las comunidades autónomas puedan poner en marcha obra y construir esa vivienda con destino social, el alquiler asequible, reconstituir ese parque de viviendas social, obras que podrían empezar ya a finales de 2023.

En definitiva, con las medidas que hemos hablado de construcción y puesta a disposición de inmuebles para alquiler asequible, esas 100.000 viviendas y las 50.000 que podemos movilizar gracias a los activos de la SAREB, estamos aumentando en un 50% el parque público de vivienda. Y eso teniendo en cuenta que el gobierno central no tiene la competencia directa de la gestión de la política de vivienda. Tenemos que siempre actuar en consenso y aprovechando las competencias que tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Y yo creo que esto pone de relieve el compromiso firme de nuestro Gobierno con la reconstitución de ese parque público de vivienda que fue desmantelado por los gobiernos anteriores y que es clave para poder garantizar el derecho, el acceso a la vivienda del que hablaba la ministra portavoz hace un momento .

Sr. Planas.- En relación con la primera pregunta que me hacía en relación con el precio de los alimentos, me permitirá que que, el que usted decía siguen subiendo. La cifra del mes de febrero era del 16,6, la del mes marzo del 16 coma cinco. No hablaré de reducción, hablaré de contención.

Por tanto, estamos hablando de una contención de los precios en un contexto en el cual España se sitúa claramente por debajo de la media europea y donde también es verdad que en un contexto muy difícil del cual estamos hablando esta mañana, tanto el relativo a la sequía como el relativo a la guerra en Ucrania está produciendo una situación de los mercados internacionales tremendamente complicada.

A pesar de ello, estamos viendo una contención y reducción de los precios de origen de estos mercados, incluyendo el de los fertilizantes recientemente, que debería conducir a término a una reducción de los precios de los alimentos para los ciudadanos.

Esa es la visión del gobierno. Adoptamos unas medidas en el mes de diciembre relativas que ustedes conocen a la disminución del 4 a 0% del IVA de los productos de primera necesidad del diez al 5% más el bono de los 200 €.

Hemos persistido y persistimos en esa política y si a ello unimos lo que estamos viendo en las últimas semanas, como hemos venido demandando y reiteramos al conjunto de la cadena alimentaria y muy particularmente a las empresas de la distribución, se están generalizando efectivamente ofertas de reducción de precios que estimamos son positivas porque tienen que también traducir esa tendencia que debe producirse de una forma más lenta ciertamente que la que desearíamos, en función de esa complejidad tanto de la cadena alimentaria en sí como del momento actual.

Por tanto, mantenemos la visión de que los precios de la alimentación van a disminuir de forma progresiva y en un periodo próximo. Ya hemos visto que esa contención se ha producido al principio de año y evidentemente esa es la perspectiva que tiene el Gobierno en relación con el tema por el que pregunta.

Y en relación con la segunda cuestión. Creo que el enfoque cuando he presentado este informe ha quedado totalmente claro para nosotros el regadío sostenible, el regadío viable y sostenible es absolutamente necesario para nuestra producción alimentaria y nuestra autonomía alimentaria. Sí del 23% de la superficie agraria útil obtenemos el 65% de la producción final. Yo creo que queda clara la importancia que tiene para nosotros dentro de nuestro sistema de producción alimentaria y por tanto, no se trata de modo alguno, y desde luego no es la visión del gobierno la de que haya que reducir la superficie de regadío. Lo que tenemos que conseguir es primero reducir los caudales de utilización de las dotaciones de, de agua y los caudales de agua disponibles al respecto y utilizados en la agricultura. Por eso le decía que las inversiones del plan de recuperación y en relación con las superficies a que he hecho mención, supondrían como mínimo una reducción de un 10%. Pero también es verdad la utilización de otros caudales provenientes de las aguas no convencionales, de las aguas, de la reutilización de las aguas recicladas y también, en su caso, de la desalación.

Lo que nos preocupa es la sostenibilidad del regadío, incluso en circunstancias muy difíciles. Pero de ahí a afirmar que tenemos un regadío excesivo, desde luego yo como ministro y el Gobierno no comparte esa, esa visión que en relación con la importancia del sector agroalimentario tenemos en nuestro país.

Portavoz.- Muchas gracias ministro. En relación a la última pregunta que usted planteaba, expreso lo que he venido manteniendo hasta, hasta ahora. La mejor manera de proteger la ley era rectificar los efectos no deseados y lo que hacemos es valorar el trabajo de los grupos parlamentarios que va a permitir solucionar este problema.

Belén.

Pregunta.- (Belén Delgado Serrano, EFEAgro) Buenas tardes. Le quería preguntar al ministro también cómo puede afectar a España la prohibición de importar grano a Ucrania no anunciada por distintos países de Europa del Este. Gracias.

Sr. Planas.- Efectivamente, la noticia que conocimos hace 48 horas en relación con la medida adoptada por parte de Polonia, de Bulgaria y en el día de ayer por parte de Eslovaquia, es una medida que afecta sin duda al mercado, a los mercados de materias primas.

Quiero significar lo siguiente: primero, la importancia que tiene Ucrania desde el punto de vista de la salida, tanto desde el punto de vista del abastecimiento internacional como por la propia economía del país, de la economía de Ucrania, de cara, lógicamente a poder, por la venta de cereales y oleaginosas cubrir sus ingresos presupuestarios necesarios y vinculados a la guerra y, lógicamente, al bienestar también de la población.

Eso ha conducido a dos tipos de medidas: primera, la de los llamados corredores la iniciativa del Mar Negro y los corredores de salida del grano, en relación con la iniciativa del Mar Negro ha sido una situación realmente muy compleja. Se ha prolongado por segunda vez, según la lectura rusa de la segunda prolongación por 60 días, según la lectura ucraniana, por cuatro meses. Pero efectivamente, es una fuente de salida de los de los cereales y oleaginosas. Debo significar que a este respecto, China es el primer país comprador y España el segundo porque compramos maíz de procedencia ucraniana.

Pero el conflicto se refiere a la segunda vía de salida, que es la referente a básicamente por la frontera de Ucrania con Rumanía, con Bulgaria, con, con Polonia. Hay que reconocer que ahí hay un problema real. Hace dos semanas estaba en Varsovia y lo comentaba con quien entonces era viceprimer ministro, el ministro de Agricultura, que posteriormente dimitió a causa precisamente de este tema. Y hay una situación donde el stock de cereales producido en los países limítrofes está afectando a los mercados locales de cereales. Somos conscientes.

Lo discutimos en el último Consejo de Ministros de la Unión Europea y la Comisión Europea anunció medidas de apoyo de la reserva de crisis por importe de 56 millones de euros, destinadas precisamente a Polonia, a Rumanía y a Bulgaria. Ningún país de la Comisión Europea puede adoptar medidas que vayan en contra de una política comercial común y de medidas adoptadas en ese contexto.

Creo que ayer mismo la Comisión reaccionaba al respecto y compartimos ese análisis. Lo que esperamos y deseamos es que se pueda responder a la problemática que existe, sin duda en relación con los agricultores de los países limítrofes, pero evidentemente no impidiendo la salida del grano de Ucrania, lo cual tiene un papel, como decía antes, importante de abastecimiento, pero también de ingresos para aquel país.

Creo que, como decía hace un momento, en relación con el tema del precio de los alimentos, tanto la guerra en Ucrania como la sequía son factores que están condicionando los mercados por una gran volatilidad y por eso espero y deseo que este conflicto se pueda resolver.

Portavoz.- Gracias ministro. Inma.

Pregunta (María Inmaculada Carretero, SER).- Gracias. Quería volver a los temas que hemos tratado. Por un lado, portavoz, por su respuesta, entiendo que no ve margen para esa oferta que ha hecho Núñez Feijóo de un pacto de Estado por la vivienda. Él dice que como afecta a distintas administraciones, sería oportuno plantearlo como un pacto de Estado. Usted ha dicho que son políticas fracasadas, quería saber si ve Margen. Y ministro respecto a la reunión de mañana de la Mesa de la Sequía por concretar, me gustaría saber si ahí van a llevar ayudas directas a los agricultores del Guadalquivir, que ayer vieron reducidos al mínimo las posibilidades de riego y que han renunciado a sembrar arroz o algodón. Gracias.

Portavoz.- Pues mire, una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Y estaría bien para alcanzar un pacto de Estado que empezara el presidente del Partido Popular a corregir la actitud que roza la falta de, diría de institucionalidad de sus presidentes, cuanto ante unos trabajos primero del Gobierno de la Ley de Vivienda y después del Parlamento, lo primero que dicen es que se van a saltar la ley.

Es inaceptable en un Estado de Derecho que existan presidentes autonómicos cuyo primer deber es cumplir la Constitución y la ley, que abiertamente digan que van a saltarse la ley. Claro que viendo que el jefe se salta la Constitución, es fácil concluir que será marca de la casa.

Sr. Planas.- En relación con los, en relación con la, en relación con la cuestión que me planteaba sobre la mesa del día de mañana. Como he indicado, es la continuación convocada por, por mí mismo y por el Ministerio de Agricultura de la Copac, que tuvo lugar el pasado día 30 de marzo de la Comisión de Seguimiento de las Condiciones Climáticas de Producción agrícola y ganadera en nuestro país.

Mañana lo que queremos hacer básicamente es, como decía y como continuación de la reunión que mantuve ayer con los consejeros y consejeras, poder tener no sólo los datos que disponemos técnicos, sino sobre todo el diagnóstico sobre la priorización de zonas y sectores en relación con la afectación de la sequía y ellos, previo a cualquier decisión que podamos adoptar por parte del Gobierno de España o de las comunidades autónomas.

Ayer, y creo que las comunidades han emitido comunicados de prensa a este respecto, se hicieron públicas determinadas peticiones que se nos trasladaba en relación con la Unión Europea y otras.

Y efectivamente, le puedo confirmar que por parte del Gobierno y por parte del Ministerio de Agricultura y otros ministerios, estamos trabajando en ello, pero estamos trabajando lógicamente, como tiene que hacerse en un proceso en el cual la reunión de mañana es muy importante de cara a poder completar no sólo los datos de que disponemos, sino sobre todo la visión que priorización en relación con zonas, en relación con sectores llevamos a cabo y lógicamente en función de ello estarán las medidas que tendremos que adoptar, en su caso, en el Consejo de Ministros.

Portavoz.- Muy bien, pues damos por. Veo que tienen mucho interés, Monrosi. Y la última.

Pregunta (José Enrique Monrosi Otero, Eldiario.es).- ¿Que tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Pues aprovecho esta última ronda para preguntarles a los tres, al, al ministro de Agricultura. Quería preguntarle en concreto sobre la situación de Doñana y usted que conoce bien la situación, porque además de ministro, evidentemente usted fue consejero, en concreto, con los aproximadamente mil pozos ilegales que hay en Doñana.

La postura del del Gobierno y del Partido Socialista, ¿cuál sería? ¿Cree que habría que sellar esos pozos? Ahora parece que la posición de la Junta de Andalucía es legalizarlo, legalizar lo que es ilegal. Yo querría saber cuál es la postura del Partido Socialista, puesto que durante décadas a esos pozos no se le ha dado ninguna respuesta.

A la portavoz quería preguntarle cuando, cuando ha comentado que no comparte las palabras de Yolanda Díaz sobre el Reino de Marruecos. ¿Quiere decir que el Gobierno no considera una dictadura a Marruecos?

Y por otra parte, cuando habla de que los presidentes del Partido Popular en relación a la Ley de Vivienda han dicho que están dispuestos a saltarse la ley, ¿a qué se refiere? Porque es verdad que la ley deja margen de actuación a las administraciones municipales y autonómicas porque son su competencia. Cuando dice que van a saltarse la ley ¿a qué se refiere?

Y por último, a la vicepresidenta, insistiendo un poco la pregunta que le lanzaba antes el compañero, decía que el control propiamente dicho de la SAREB, el gobierno no lo toma hasta la primavera de 2022, pero en septiembre y octubre de 2022 su socio de gobierno, que lleva mucho tiempo reclamando la medida que se adopta ahora, ya llevó al Congreso esta medida y contaban públicamente en los últimos días un poco su malestar reclamando casi la autoría.

Yo no sé si la parte socialista del Ejecutivo en este caso sí es que reconoce la autoría de la idea, digamos, de Unidos Podemos.

Muchísimas gracias.

Sra. Calviño.- Gracias. ¿empiezo yo? Bueno, como he señalado desde que tomamos el control, de hecho, desde 2018 hemos tratado de dar una orientación y maximizar no solo la gestión financiera, tener una gestión financiera más eficiente de las áreas, sino también tener una mejor gestión del parque desde el punto de vista social.

Cuando tomamos en control en 2022, como ya he señalado, la primavera del año pasado pusimos en marcha una estrategia y de hecho yo he venido informando regularmente de la aproximación del Gobierno en numerosas comparecencias en respuestas a preguntas parlamentarias en el Congreso, en el Senado, he ido dando cuenta de cómo íbamos poniendo en marcha ese proceso de transformación que culmina con este plan para movilizar hasta 50.000 viviendas y, por tanto, contribuir a la reconstitución del parque público de vivienda que fue desmantelado por los gobiernos anteriores.

La orientación de nuestro Gobierno desde 2018, poniendo en lo alto de nuestras prioridades la política de vivienda, yo creo que es clara y la orientación de nuestro Gobierno desde que tuvimos que incorporar en el perímetro público la deuda de la SAREB en el ejercicio 2020 y finalmente pudimos tomar el control de la compañía en 2022. Yo creo que también es muy clara y muy coherente.

Y además quiero insistir en que se trata de una gestión responsable, es decir, que estamos conjugando la mejora de la gestión financiera de los activos con una mejora de su valor social y que creo que, en definitiva, lo que estamos haciendo es devolver a los ciudadanos españoles una parte del coste que supuso esa respuesta que en su momento se dio a la gran crisis financiera en 2012, que en su momento se dijo no iba a costar nada a los españoles y supone todavía una deuda pendiente de 30 mil millones de euros contabilizada dentro del balance público.

Portavoz.- Ministro.

Sr. Planas.- Sí, como usted sin duda sabe, el entorno de Doñana fue objeto de ordenación en el año 2004. Había una problemática específica en relación con la corona norte, que supuso el trabajo de varios años culminado en el año 2014 y se hizo un equilibrio entre las disponibilidades de agua, las superficies cultivadas y, lógicamente, el futuro mismo del entorno de Doñana en relación con la producción de frutos rojos.

Debo decir que este acuerdo del año 2014, y es importante recordarlo, no solo fue un esfuerzo colectivo muy importante de la mano del propio sector, sino que tuvo el apoyo del Consejo de Participación de Doñana, de las organizaciones agrarias y dos organizaciones ecologistas. Por tanto, el ámbito quedó perfectamente delimitado. Usted está refiriéndose a otro aspecto y creo que en la pregunta va la respuesta. Un número determinado de pozos ilegales. Si los pozos son ilegales y además no hay disponibilidad de agua, pues ciertamente, como antes he dicho, me parece que la iniciativa que se ha efectuado en el Parlamento de Andalucía es claramente irresponsable, irresponsable por falta de competencia para determinar quién y cómo y en que volumen puede disponer de agua. Es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la que procede a las autorizaciones correspondientes y, en su caso, la transferencia de agua. Evidentemente. También en la realidad.

Para concluir, el plan de la corona norte de Doñana del año 2014 se vinculó a la transferencia de agua por superficie del tinto o vía de piedras que supone descargar los acuíferos de Doñana. De esa presión que producía sin duda la producción de, de frutos rojos. Y para disminuirla, este trasvase de superficie, es una obra en curso que debe responder a este fin.

Pero evidentemente, esto no es ilimitado y no hay disponibilidades ilimitadas y por tanto, lo que no puede legalizarse, pues no se va a legalizar por mucho que esta iniciativa se intente llevar adelante. Lo he dicho antes, me parece una irresponsabilidad. Pero no solo porque no vaya a llegar a buen puerto desde el punto de vista legal y desde el punto de vista del agua, es que está causando una repercusión potencial en el sector de los frutos rojos, que es muy dañina para el propio sector.

Y es algo que vemos con preocupación desde el Gobierno de España y que veo con preocupación como ministro. Lo subrayo en esta ocasión, ministra portavoz, y con ocasión de esta comparecencia, porque me parece un tema en el cual se ha abundado poco en los últimos días.

Mi mayor preocupación como ministro de Agricultura son, evidentemente, la inmensa mayoría de productores de agricultores que hacen un trabajo honesto, a los que conozco, con los que he trabajado y que pienso continuar haciéndolo. Y que evidentemente esta medida, que es absolutamente falta de sentido, está poniendo en peligro.

Portavoz.- Gracias, ministro. Respondo a sus, a sus dos preguntas en relación a las manifestaciones de los presidentes autonómicos. Son ellos los que se han expresado en esos, en esos términos, diciendo que no compartían la ley.

Y yo lo que quiero transmitirle a todos ustedes y a la opinión pública que por supuesto esta ley que parte del Gobierno del Ejecutivo y que ha sido mejorada y trabajada por todos los grupos políticos en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, es una ley absolutamente respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas y por lo tanto es una ley que ha de ser cumplida por todas las administraciones públicas, aquellas que tienen encomendadas la competencia en materia de vivienda, las comunidades autónomas. Y así se observa en la propia ley. Por tanto, lo que no caben son ese tipo de manifestaciones de rebeldía ante una norma aprobada por el, por el Parlamento.

Por tanto, las comunidades autónomas lo que tienen que hacer es ejercer sus competencias en el marco de esta ley, que por supuesto es respetuosa con, con las mismas y después hacerse cargo de las demandas de la ciudadanía, en su caso, su territorio si no dan respuesta a lo que es uno de los principales problemas que tiene la gente, las familias y especialmente los jóvenes en este momento en todo el territorio, nuestro país.

Por qué hay problemas en las grandes ciudades como los hay en los núcleos rurales, donde también resulta en ocasiones difícil acceder a la vivienda y lo que se ha propuesto el Gobierno, y así lo ha expresado el presidente del Gobierno, es que queremos dejar de estar a la cola en lo que se refiere a una política pública de vivienda y que hemos concluido que es el momento de abordar la vivienda como un verdadero derecho, que vamos a dotarnos de ese 5.º pilar del Estado del Bienestar con una política pública de vivienda y que ambicionamos no solo estar a la media de esos recursos de vivienda pública en Europa, sino que queremos estar a la cabeza y que por tanto, vamos a trabajar desde ya en el ámbito de nuestras competencias, con todos los instrumentos que hemos utilizado hasta ahora y lo que hayan de venir para conseguir, para lograr el objetivo del 20% de vivienda pública, para que cualquier persona, trabajando, con su salario pueda acceder a una vivienda y vivir con holgura para atender otras necesidades de alimentación, de cuidado de hijos y de otro tipo de servicios que, por supuesto, para una vida digna son precisos. Ese es el objetivo del Gobierno y lo único que demandamos a las comunidades autónomas es responsabilidad por una parte muy importante de ese objetivo. Está precisamente en sus competencias y no podemos mirar hacia otro lado.

Esto nos incumbe a todas las administraciones y lo que tiene claro el Gobierno es que va a poner todas las fuerza del Estado para entregar ese derecho que está consagrado en la Constitución española, pero que no se ha visto realizado hasta ahora para la inmensa mayoría de españoles y españolas.

Muy bien, muchas gracias y buenas tardes.

Ah, perdón, es que no tengo nada más, que llevan razón, no tengo nada más que añadir. Creo que he sido muy precisa en mi respuesta a su compañero. En diplomacia la responsabilidad es muy importante. Nosotros somos un gobierno que mantiene buenas relaciones diplomáticas con un país vecino en aras al interés general de nuestro país, que sean concretado en esa reunión que mantuvimos el pasado 7 de abril del año pasado, que se están dando cumplimiento a través de esa reunión de alto nivel que mantuvimos también recientemente, que están articulando los distintos departamentos.

Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)