Comparecencia de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, la ministra de Justicia y la ministra de Igualdad

Ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.- Buenos días. Gracias, como siempre, por acudir a esta comparecencia de prensa, para darles cuenta de los acuerdos adoptados en la reunión de esta mañana en el Consejo de Ministros.

Me acompañan, como ven, la ministra de Justicia y la ministra de Igualdad, que completarán la información, un poco más en profundidad, con aquellas cuestiones, con dos leyes importantes que tienen que ver con sus departamentos.

En una reunión, y también en esta comparecencia, distinta, no ha estado presidida por el presidente del Gobierno, y hemos tenido que adelantar el horario habitual, por coincidir en la comparecencia que hará después el presidente del Gobierno, que, como bien saben ustedes, se encuentra, en estos momentos, participando en una importante reunión con el gobierno alemán. Es una cita importante, de alto nivel, a la que el presidente acude como invitado de honor, y en la que, además, se hará después de un encuentro bilateral que protagonizarán el presidente del Gobierno y el canciller alemán.

Encima de la mesa, como ustedes se pueden imaginar, sin duda, están en los temas más importantes que afectan a España, Alemania, a Europa y al mundo, que tienen que ver con la respuesta a la crisis energética, como consecuencia de la guerra de Putin.

El presidente del Gobierno vuelve de nuevo a llevar la voz de España, a llevar la voz de nuestro país al corazón de Europa, para dar respuesta a los retos y a las crisis que se nos viene encima y que estamos teniendo que gestionar en todo este tiempo. Sin duda, las propuestas de España, lideradas por el presidente del Gobierno, están siendo atendidas por nuestros socios europeos.

Ocurrió ya en la crisis de la pandemia, donde el presidente del Gobierno lideró la respuesta a la COVID, distinta a la crisis financiera, una respuesta justa y con la consecución de los fondos de recuperación.

El presidente está liderando también una respuesta distinta a la crisis como consecuencia de la guerra y sus consecuencias en los precios de la energía. La excepción ibérica es muestra de ello, y ahora nos congratulamos de la respuesta que la presidenta de la Comisión Europea dio en el día de ayer, acogiendo esa propuesta del presidente del Gobierno de España, de abrir una puerta a una intervención urgente en el mercado energético, una respuesta distinta, un cambio estructural en la política energética europea.

Saludamos, como les digo, esa propuesta. El Gobierno de España y su presidente lleva más de un año exponiendo que es necesario una alternativa distinta a la estructura de la política energética en la Unión Europea y, por tanto, que afecta directamente a los hogares y a las industrias españolas y europeas, el pasado mes de julio, como ustedes saben, fue la última ocasión en la que el presidente del Gobierno les anunció que llevaría la reiteración de esa nueva propuesta en materia energética al Consejo Europeo. Por tanto, celebramos esta magnífica noticia y que se abra paso un nuevo debate, en la política energética en Europa, alineada con el planteamiento de nuestro país.

Seguimos gestionando esta crisis. Son ya seis meses desde la invasión de Putin en Ucrania, con un objetivo muy claro para el Gobierno de España, que es la protección de los hogares, de las familias y de las empresas españolas. Es un momento de dificultad, pero ante el que estamos respondiendo con absoluta determinación.

Ayer conocíamos un dato muy positivo, y es que nuestro país mantiene, a pesar de todas las dificultades, mantiene el crecimiento en un 1,1% en el primer semestre, cuatro veces por encima los países de la OCDE, que están en una media de un 0,3, y esta mañana también recibíamos la noticia de esa bajada moderada de cuatro décimas de la inflación, una buena noticia que pone en evidencia la eficacia de las medidas que estamos adoptando, desde el Gobierno de España, para amortiguar el crecimiento de los precios, el crecimiento del coste de la vida, gracias a medidas como el precio del combustible, con esos 20 céntimos de rebaja, la fiscalidad en los recibos de la luz, prácticamente reducida hasta un 80%, prácticamente en su totalidad…por tanto, medidas eficaces para doblegar la curva de la inflación.

En cualquier caso, el Gobierno, y a pesar de que estos datos son positivos, y también lo celebramos, mantiene la cautela, mantiene la prudencia, como ha venido siendo habitual en todo momento, pero también prudencia, cautela, pero un mensaje de tranquilidad a los españoles y a las españolas, y es que seguiremos haciendo los esfuerzos que hagan falta para proteger a la clase media y trabajadora de nuestro país, a la industria, a las empresas, a los autónomos, y trabajaremos para que esta crisis no la paguen los de siempre.

La semana pasada fue una evidencia, ese Real Decreto que se aprobó, un Real Decreto de Protección Social, con rebajas muy importantes en el ámbito del transporte, y también en el ámbito educativo. Ahora que comienza el curso, con esas becas dobladas en 400 euros, para más de 1 millón de estudiantes.

Les puedo avanzar, que, además, esa aceptación por parte de la ciudadanía en el ámbito del transporte está siendo muy positiva. Los datos que tenemos de Renfe certifican que medio millón de españoles y españolas ya han solicitado la gratuidad, se han prescrito en la gratuidad de estos abonos y ya se han vendido más de 300 000 abonos gratuitos en Renfe. Por tanto, una medida muy aceptada por la población española, que sin duda, va a venir amortiguar estos gastos en las familias y, por tanto, el incremento del coste de la vida con esta ayuda del Gobierno.

Frente al pesimismo, al alarmismo y al catastrofismo, gestión y proyectos.

Este es el compromiso del Gobierno, de un Gobierno que protege, de un Gobierno que gestiona. Este es también un Gobierno que debate, un Gobierno que dialoga.

El presidente del Gobierno lo hizo en profundidad, como recordarán ustedes, el pasado mes de julio, en el Congreso de los Diputados, en el debate del Estado de la Nación, marcando la hoja de ruta para los próximos meses y muy pendiente de la situación y del contexto internacional y las consecuencias de la guerra.

Y lo vamos a hacer también en los próximos días. Por eso les anuncio que esta misma mañana el Gobierno va a registrar en el Senado, en la Cámara Alta, una petición de comparecencia del presidente del Gobierno.

El presidente del Gobierno solicita su comparecencia ante el Pleno del Senado, para informar del Plan de Ahorro y Gestión Energética y su perspectiva territorial, así como el debate económico y social del mismo. Queremos que este sea un debate en el que nos dediquemos a confrontar, desde el punto de vista de diferenciar, de proponer, ideas, proyectos y modelos ante un desafío, ante un reto, como el que tenemos por delante en el ámbito energético. Queremos que sea un debate sereno, constructivo, propositivo, un debate de ideas, donde podamos mostrar cada uno, desde luego, el Gobierno tiene claro cuál es su modelo, cuál es nuestro modelo ante estas amenazas, ante la crisis energética, y cómo, desde nuestro punto de vista, vamos a trabajar para que, como les decía, efectivamente en esta ocasión, no paguen los de siempre en esta crisis, no paguen los de siempre, y las familias, las empresas, los trabajadores, las trabajadoras, los autónomos y las empresas, se sientan protegidos por su Gobierno, independientemente

de cuáles sean las amenazas que, en este caso, nos esté tocando gestionar.

Sin duda, nosotros tenemos muy claro nuestro modelo, es un modelo de futuro, es un modelo que, como les decía al principio, está alineado con las propuestas de los países de nuestro entorno, de la Unión Europea, un modelo que mira a una España del futuro y no una España del pasado, un modelo que trata de potenciar una industria distinta, una industria sostenible, que trata de garantizar la justicia social y el desarrollo de las clases medias y trabajadoras en nuestro país.

Así que tendremos oportunidad en los próximos días, como les decía, de contemplar este debate en la Cámara Alta, porque, efectivamente, tiene una incidencia muy importante en todos los territorios este planteamiento de cambio de modelo, de aceleración hacia el paso de las energías renovables, para ganar en autonomía energética y en autonomía estratégica nuestro país y el conjunto de Europa.

Y mientras tanto, atendiendo la urgencia, seguimos gestionando también lo importante. Este es un Gobierno de progreso, un Gobierno en el que se siguen produciendo avances en derechos y libertades. Ocurría también la pasada semana en el Congreso de los Diputados, y ha ocurrido de nuevo hoy en el Consejo de Ministros, con dos leyes muy importantes.

La ministra de Igualdad les dará cuenta del último paso por el Consejo de Ministros y, por tanto, su aprobación definitiva, antes de su envío a las Cortes Generales, de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Y también la ministra de Justicia, de una Ley muy importante, por primera vez desarrollamos en España el derecho a la defensa, es una Ley que viene a mejorar la protección de la ciudadanía y también a dar respuesta a un importante número de profesionales, hombres y mujeres de la abogacía, que también para proteger ese derecho.

Y muy brevemente, les daré cuenta de otros tres asuntos, que guardan relación con ese modelo de país, con ese proyecto que tenemos para nuestro país, para el futuro, en el que incorporamos los retos que tenemos pendientes, la hoja de ruta clara hacia el futuro y atendemos las necesidades de España en un mundo globalizado y con unos desafíos tan importantes como la guerra de Putin y sus consecuencias en el ámbito energético.

En primer lugar, les doy cuenta de la aprobación por parte del Consejo de Ministros de la hoja de ruta para la gestión sostenible de las materias primas minerales. Se trata de una hoja de ruta importante, por lo que importa, y por la incidencia que tiene la industria de las materias primas minerales en nuestro país, y también su incidencia en el ámbito europeo. Son materias esenciales para sectores y actividades imprescindibles, como la metalurgia o la siderurgia, pero también para la movilidad, para la automoción, para la electrónica, para la química, para la farmacéutica, para la salud, en definitiva, para la industria del futuro.

El Comité Económico y Social Europeo estima que el 70% de la industria europea depende directa o indirectamente de estas actividades. Esta es una industria que en nuestro país tiene una incidencia, una facturación de más de 3500 millones de euros año, y de una estimación en el empleo de más de 90 000 personas, con una afectación muy importante a las economías locales.

Se trata, con esta hoja de ruta, de seguir en la alineación del planteamiento europeo, de ganar autonomía estratégica, tanto desde el punto de vista industrial, como desde el punto de vista del cambio en el ámbito de las energías.

Es una hoja de ruta muy trabajada, en la línea de la estrategia de economía circular en nuestro país, también de la estrategia de descarbonización a largo plazo, es una hoja de ruta que ha sido muy participada, hasta mil aportaciones ha recibido el Gobierno, donde se asumen los retos de futuro en esta industria para avanzar en su sostenibilidad. Piensen ustedes que la normativa existente, que es algo que abordaremos en esta hoja de ruta, data de los años 70, el marco regulatorio de minas y su cumplimiento en nuestro país, que se ha visto alterado, después, con los cambios constitucionales y el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.

En definitiva, se trata de una mayor y mejor reutilización de estos bienes materiales minerales, de garantizar el suministro de estos minerales, de hacerlo de forma más sostenible y de hacerlo, también, dando participación a las entidades locales, participación a la ciudadanía y garantizando que la procedencia de origen se someta a esos requisitos de sostenibilidad que creemos en nuestro país, son necesarios para avanzar en el desarrollo industrial.

Y, por último, les doy cuenta de un paquete importante, en otra de las grandes apuestas de este Gobierno, que es el combate contra la despoblación y afrontar el reto demográfico. Se trata de una inversión de 57,5 millones de euros, que vamos a gestionar con las comunidades autónomas, para abordar esta cuestión. Lo hemos hecho con criterios socio económicos y también con criterios demográficos, el reparto para las comunidades autónomas para autorizar esta propuesta de gasto.

Son dos convocatorias distintas, unas provenientes de los fondos de recuperación, 40 millones de euros, y 15 millones, 15,7 provenientes de los Presupuestos Generales del Estado. Saben que es una línea de trabajo importante. El Gobierno, con ese plan de reto demográfico, más de 130 medidas, más de 10 000 millones de euros, que está dando sus frutos. En los últimos cuatro años han regresado al medio rural, han buscado su modo de vida en poblaciones de más de 5000 habitantes, 200 000 personas, que han ido a residir a estas poblaciones. Por tanto, estas acciones están teniendo su repercusión ya en el ámbito rural y en el desarrollo de estas localidades.

Se trata, sobre todo, de acciones dirigidas a poner en valor las potencialidades del ámbito forestal, del que también hemos hablado mucho durante este verano, como consecuencia de los incendios, a trabajar la bio economía y la economía verde en estas zonas, a traer el patrimonio forestal como un activo turístico, a la capacitación, también, de algunas profesiones relacionadas con el desarrollo rural y los trabajos en el ámbito forestal, de la mano de la formación profesional, también el apoyo a PYMEs, a autónomos, a las cooperativas que trabajan en este ámbito. En definitiva, se trata de apoyar a estas zonas con estas importantes cuantías, como digo, proveniente de Presupuestos Generales y del Plan de Recuperación, en lo que está siendo uno de los objetivos claves de este Gobierno, que es no dejar pasar la oportunidad para hacer de España un país más cohesionado, y donde cada uno pueda tomar su vida y su proyecto vital, allí donde decida, teniendo claro, también, la asistencia de lo público en todas estas zonas.

Sin más, cedo ahora la palabra a la ministra de Justicia.

Ministra de Justicia, Pilar Llop.- Buenos días. Muchas gracias, ministra portavoz.

Pues hoy tengo el gran honor de informarles a todos ustedes de que el Consejo de Ministros ha aprobado, en primera vuelta, el anteproyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, un anteproyecto que es pionero en Europa, pionero, lógicamente, también en nuestro país, y que va a permitir asegurar la tutela judicial efectiva de las partes, de las personas involucradas en los procesos, y que además, se enmarca dentro del gran plan de transformación y modernización de nuestro sistema judicial.

Esta norma, que es pionera en Europa, como he dicho, refuerza las garantías del sistema judicial y con ellas, también, del Estado de Derecho, las garantías de nuestra democracia, las garantías de los ciudadanos y ciudadanas, de absolutamente todas las personas, porque cualquiera de nosotros, en cualquier momento de nuestras vidas, podemos vernos involucrados en algún procedimiento judicial, o tenemos que acudir a sistemas alternativos de resolución de controversias, para resolver, precisamente, esos conflictos, y, gracias a esta norma, lo haremos, a partir de ahora, con mayor garantía y también con mayor confianza en el sistema de justicia y en la institución de la abogacía.

No existen referentes previos de una ley de carácter integral como ésta, ni en el ámbito europeo, ni tampoco en el nuestro sistema, es un derecho reconocido en el artículo 24 de nuestra Constitución, el derecho de la tutela judicial efectiva, un derecho fundamental, pero también reconocido como un derecho humano, un derecho fundamental en el ámbito del Consejo de Europa y de la propia Unión Europea.

Estamos, por lo tanto, de enhorabuena en el sistema judicial, porque con esta Ley también damos respuesta a un importante colectivo, 250 000 hombres y mujeres de la abogacía, 150 000 de ellos ejercientes en los juzgados y tribunales, y el conjunto de la ciudadanía, que va a haber reforzado, por lo tanto, en un texto único, este derecho constitucional de defensa.

El anteproyecto de Ley Orgánica consagra un conjunto de facultades y garantías que se reconocen jurídicamente a todas las personas para proteger y hacer valer sus derechos e intereses legítimos y sus libertades ante los tribunales y las administraciones, así como también en otros procedimientos de solución de controversias. Va a permitir defender estos intereses legítimos y asegurar esa tutela judicial cuando lo necesiten, porque este Gobierno ha demostrado que está con los ciudadanos, con las ciudadanas y está con la defensa de sus derechos y está con el reforzamiento institucional y con la calidad democrática de nuestro país.

Con la aprobación de este anteproyecto queremos que las personas conozcan cuál es la verdadera extensión y contenido de sus derechos, del derecho a la defensa, que en ocasiones se ha tenido que complementar con la propia práctica de los tribunales, con la interpretación que haya podido hacer cada Sala de Justicia, y también, pretendemos que exista una guía de actuación para los operadores jurídicos.

Aunamos, por lo tanto, en un único cuerpo legal todos los aspectos de un derecho fundamental, que cuenta, actualmente, con una regulación fragmentada y que, desde luego, no es todo lo completa que debería ser por la trascendencia que tiene este derecho en el sistema de la calidad democrática.

Reforzamos el Estado de Derecho, porque desarrollamos uno de los derechos fundamentales pendientes de desarrollo desde que se aprueba la Constitución y en los años 80 comienzan a desarrollarse distintos derechos fundamentales a través de leyes orgánicas, sin embargo, ninguna, había asumido, ninguna había abordado, hasta este momento, el derecho de defensa.

Y por primera vez, por lo tanto, tendremos este texto único normativo, que redundará, lógicamente también, en un lógico beneficio para el sistema judicial y para la ciudadanía.

Respondemos, por lo tanto, a los ciudadanos, un 82% de la ciudadanía valora muy positivamente y percibe que la función social de la abogacía es fundamental, y también para el importante colectivo de abogados y abogadas y otros operadores jurídicos.

Este Gobierno, por lo tanto, está comprometido, y así lo ha venido demostrando, con la transformación del sistema de justicia, con ese cambio de modelo hacia un sistema más eficiente, más sostenible, más igualitario, que debe pivotar sobre él el desarrollo y la cohesión social, territorial, la igualdad, la cohesión económica y la cohesión digital, como venimos haciendo con los proyectos de eficiencia que ya están en tramitación parlamentaria, los proyectos de leyes de eficiencia organizativa, de eficiencia procesal, de eficiencia digital, que esperemos que muy pronto ya puedan ser aprobados en el Parlamento.

Como novedades, por lo tanto, podría resaltar que es el primer texto integral de esta naturaleza en toda Europa, incluido Reino Unido, y que recoge las garantías y deberes de la abogacía, recogidos hasta el momento en los estatutos del colectivo profesional.

Los derechos que recoge:

El libre acceso a los tribunales de justicia, a que se dicte una resolución congruente y fundada en derecho por un juez imparcial.

Invariabilidad de resoluciones firmes.

Ejecución de las resoluciones en sus términos exactos.

El acceso a un proceso público, con todas las garantías y también otros importantes derechos en el ámbito penal, como el derecho a ser informado de la acusación que se formula contra la persona.

No declarar contra uno mismo, no confesarse culpable, la presunción de inocencia, a la doble instancia, también considerando las últimas reformas que se realizaron en el ámbito del proceso penal.

Y también se recogen las garantías y los deberes de la abogacía, y como novedad, por primera vez, con rango de ley, el que toda persona pueda solicitar que la contratación de los servicios jurídicos de defensa se formalice por escrito en una hoja de encargo profesional o por un medio equivalente.

Este anteproyecto de Ley Orgánica establece que la asistencia jurídica se prestará por profesionales titulados, colegiados, garantizando su actuación siempre libre e independiente, así como la confidencialidad de las comunicaciones, el secreto profesional, de manera que también respondemos a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y por otra parte, también se recogen deberes de la abogacía en principios constitucionales que deben guiar su actuación, principios también de carácter deontológico.

Se elevan, por tanto, a rango de ley actividad supervisora y sancionadora de los colegios profesionales, que redundará también en una mayor confianza de las personas que requieran o que necesiten los servicios de profesionales de la abogacía.

También, la existencia de los servicios de orientación jurídica, como estos recursos que garantizan un acceso de carácter universal al sistema de justicia, porque cualquier persona, con independencia de sus recursos económicos, puede hacer uso de estos servicios de orientación jurídica, y tendrán la finalidad de prestar la información relativa a esa asistencia, promoviéndose, además, la atención a colectivos más vulnerables, víctimas, víctimas de violencia machista, personas con discapacidad, etc.

Así que este Gobierno, lo que está demostrando es que con estos proyectos de ley, que redundan en esta gran transformación del sistema de justicia, para mejorar su funcionamiento, su eficacia, no deja, desde luego, a nadie atrás.

Y permítanme que pueda decir hoy, con satisfacción, que es un Gobierno que avanza en derechos, es un Gobierno que entiende que sin justicia no hay cohesión social, no hay cohesión territorial, y por esto es muy importante que todo el mundo pueda acceder al sistema de justicia con las máximas garantías.

El derecho de defensa no puede depender del bolsillo de cada uno, de cada una, no puede depender de su situación social, ni del lugar en donde viva.

Como he dicho antes, todos podemos vernos envueltos en un proceso judicial a lo largo de nuestra vida, y todos tenemos que tener la garantía de que tendremos los mismos derechos para enfrentarnos a ese procedimiento.

Y antes de finalizar, permítanme que haga un agradecimiento expreso a todos los profesionales del sistema de justicia y, concretamente, a los miembros de la abogacía, de la procura, graduados sociales, que cada día construyen Estado de Derecho desde lo pequeño a lo grande, desde esos casos particulares en los que tocan directamente derechos humanos, derechos fundamentales de las personas, para construir en democracia. Con esto, lo que quiero poner en valor, es la importancia y la trascendencia que tiene este anteproyecto de ley.

También gracias a todos los ciudadanos y ciudadanas que enfrentan cada día asuntos de justicia, porque gracias a su participación en los procesos también podemos mejorar la interpretación y la redacción de las leyes.

Muchas gracias.

Portavoz.- Gracias, ministra. Ministra…

Ministra de Igualdad, Irene Montero.- Gracias ministra portavoz y también a la ministra de Justicia, a todas y todos ustedes por estar aquí.

Como adelantaba la ministra portavoz, hemos aprobado hoy, ya en segunda vuelta, esta nueva ley del aborto, esta nueva Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos y, por tanto, la remitimos a las Cortes Generales, al Congreso de los Diputados, para para su tramitación.

Es una Ley, como ya les informamos en mayo, para la garantía de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos de las mujeres, que, como saben, son un medidor fundamental de la calidad democrática de un país, porque el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, forma parte de un derecho fundamental, que es el derecho a la salud, pero, además, es la puerta de entrada para el ejercicio a otros muchos derechos, y para el ejercicio, en definitiva, de la posibilidad de decidir nuestros proyectos de vida.

Quiero, por eso, agradecerle, en primer lugar, al presidente del Gobierno por la confianza para el desarrollo de este proyecto, también a los ministerios implicados, particularmente al Ministerio de Sanidad, con quien hemos negociado el grueso de la reforma, pero también al Ministerio de Educación, al Ministerio de Inclusión, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Justicia y, por supuesto, también al equipo y a los trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Igualdad, que se han empleado a fondo, así como del Instituto de las Mujeres, para dar un proceso participativo que, como saben, duró más de un año y que nos ha permitido, junto a las entidades sociales y a las entidades especializadas y al movimiento feminista, tener este proyecto hoy aquí.

También a las comunidades autónomas y a los diferentes organismos sociales y organismos del Estado que, con la emisión de sus informes, han contribuido a mejorar la norma.

También, y lo dije en mayo, cuando trajimos esta ley en primera vuelta, a los pilares sólidos que la ley de 2/2010 nos ha aportado para construir esta reforma y esta nueva ley del aborto, en concreto, va a la ministra Aído, la primera ministra de Igualdad de la historia de nuestra democracia, y al presidente Zapatero.

Y, por supuesto, al movimiento feminista y particularmente a ese tren de la libertad y a todas esas asambleas y todas esas movilizaciones y procesos, que impidieron que el Partido Popular recordase todos los derechos que pretendía recortar en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Creo que es importante que todas las mujeres en nuestro país sepan que tienen a su lado a un Gobierno feminista que, en tiempos de crisis, que es cuando más importante es garantizar derechos, garantiza derechos para todas las mujeres.

La derecha, el Partido Popular, cuando gobierna destruye derechos, niega derechos para más de la mitad de la población, que somos las mujeres, y cuando gobierna un Gobierno de coalición, cuando el Partido Socialista y Podemos gobernamos, lo que hacemos es ampliar derechos cuando las mujeres más lo necesitan.

Por tanto, todas las familias, y particularmente todas las madres, todas las abuelas, deben saber que sus hijos e hijas, que sus nietos y nietas, van a crecer con más derechos y que ese país feminista que ya somos, se está abriendo paso con firmeza en la arquitectura del Estado, como les decía, justo en el momento en el que las mujeres más lo necesitan.

Respecto a los contenidos de la Ley hay dos grandes pilares, uno que tiene que ver, como saben, con la garantía del acceso efectivo al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y con la red pública como referencia para el acceso a ese derecho, por tanto, con remover, acabar, con los obstáculos que ahora mismo están impidiendo el ejercicio efectivo del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para muchas mujeres, y un segundo gran pilar, que tiene que ver con el reconocimiento, la ampliación, de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos de las mujeres.

Por tanto, la educación sexual y la salud sexual van a formar parte de la vida de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de las mujeres a lo largo de toda su vida. Garantizamos el acceso al derecho a la educación sexual y, en este sentido, esta es una ley complementaria, también, a la ley "sólo si es sí", a la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que, como bien decía también la ministra portavoz, se aprobaba de forma definitiva en la semana pasada.

Estamos transformando, de forma estructural y de forma profunda, las políticas públicas en nuestro país, para construir una arquitectura de políticas públicas verdaderamente feminista y para poder transitar, como país, también desde las instituciones, hacia otro modelo de salud sexual y, sobre todo, hacia otra cultura sexual basada en el consentimiento y basada en la libertad de todas las mujeres para el ejercicio de su libertad sexual.

Por tanto, la educación sexual será obligatoria en todas las etapas, para conocer nuestros cuerpos, para tener relaciones basadas en los buenos tratos y en el consentimiento, para legitimar y para cuidar la diversidad sexual, para conocer los diferentes métodos anticonceptivos y que no solamente son responsabilidad de las mujeres, que también tiene que haber corresponsabilidad en materia anticonceptiva, para combatir las violencias o prácticas como la retirada no consentida del preservativo, para prevenir las infecciones de transmisión sexual.

Quiero detenerme brevemente aquí porque, como saben, a nuestro juicio, la falta de educación sexual en las escuelas es lo que está provocando, es un factor decisivo para provocar el aumento de las infecciones de transmisión sexual que se está produciendo, en un 70, en un 80, a veces, en un 150%, de aumento de esas infecciones.

Por tanto, educación sexual también para prevenir las infecciones de transmisión sexual y, por supuesto, también, para poder hablar de nuestra salud menstrual.

Según los estudios disponibles, casi el 70% de los estudiantes y las estudiantes de secundaria dicen que la educación sexual que han recibido no ha sido útil para su vida sexual y que son Internet y los amigos y amigas las fuentes principales de información para el acceso a diferentes conocimientos sobre su vida sexual. El aprendizaje de la sexualidad se da con apoyos adecuados o sin ellos y, por tanto, este Gobierno feminista, este Gobierno de coalición progresista y feminista, quiere asegurar lo que es un derecho de los niños y de las niñas y los adolescentes en nuestro país, que es el acceso a una educación sexual integral, que les permita, como les digo, conocer todos sus derechos, conocer sus cuerpos y construir relaciones basadas, relaciones sexuales, relaciones afectivas, basadas en el consentimiento y basadas en los buenos tratos.

En materia de anticoncepción, reconocemos la necesidad de la distribución gratuita de métodos anticonceptivos barrera en institutos, en centros penitenciarios y en centros asociados a los servicios sociales, ampliamos la financiación pública a los métodos anticonceptivos, priorizando aquellos de última generación y apostando, también, por la anticoncepción masculina, en esa lógica que les decía de asumir la corresponsabilidad también en materia de anticoncepción, que no puede ser una responsabilidad exclusiva de las mujeres, como ocurre actualmente, y, por supuesto, hay un bloque fundamental que tiene que ver con la ampliación del derecho al aborto y, por tanto, con el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo.

Aquí, como saben, tanto las mujeres de 16 y 17 años, como las mujeres con discapacidad, podrán decidir ellas mismas sobre su propio cuerpo, su proyecto de vida, también su maternidad. Eliminamos, por tanto, ese retroceso en derechos que el Partido Popular había implementado, no exigiremos los tres días de reflexión, ni será obligatorio recibir el sobre, que es obligatorio recibir actualmente, por tanto, el Estado respeta la decisión de las mujeres y no duda de su decisión.

Las mujeres que decidan interrumpir su embarazo podrán hacerlo en el centro público más cercano a su domicilio, por tanto, la red pública será la red de referencia, como les decía. Quiero, no obstante, aquí también hacer un reconocimiento a los, y sobre todo las, porque son en su mayoría mujeres, que trabajan en las clínicas privadas y que han permitido, en todos estos años, garantizar de forma efectiva, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, pero, a partir de ahora, la sanidad pública y la red pública tiene que ser la que permita la garantía de este derecho. Y, por último, saben, siempre tendrá que haber profesionales sanitarios disponibles para practicar las interrupciones voluntarias del embarazo en los centros hospitalarios.

Por tanto, lo que hacemos es hacer compatible el derecho a la objeción de conciencia con el derecho de todas las mujeres a interrumpir de forma voluntaria su embarazo, si es que esa es su decisión.

Las mujeres tendrán derecho a una incapacidad temporal, si así lo necesitan, para poder recuperarse de esas intervenciones, para interrumpir voluntariamente su embarazo, con los cuidados necesarios, y, las mujeres que lo necesiten, también podrán acceder a la píldora del día después, de forma gratuita, en los centros de salud y deberá, por supuesto, estar disponible de forma obligatoria en todas las farmacias.

Hay también un bloque importante de acompañamiento durante el embarazo y el parto, porque esta ley reconoce los derechos de aquellas mujeres que deciden ser madres. Por tanto, podrán tener un permiso pre-parto desde la semana 39, que no resta tiempo del permiso de maternidad. Asumimos un mayor acompañamiento en el embarazo y en la promoción de las buenas prácticas gine-obstétrica y del parto respetado, y en este sentido, creo que esto es algo también ampliamente demandado por el movimiento feminista y por las asociaciones especializadas, pondremos en marcha un protocolo común de actuaciones, para que las directrices internacionales y estatales del parto respetado lleguen a todos los hospitales y a todos los paritorios de nuestro país.

Por último, en materia de salud menstrual, como saben, la regla dejará de ser un tabú, por primera vez reconocemos el derecho a la salud menstrual como parte del derecho a la salud en una ley. Dispensaremos, de forma gratuita, productos de higiene menstrual, tanto en centros educativos como en centros penitenciarios, como en centros sociales, como una medida eficaz para combatir la pobreza menstrual, y regulamos, por primera vez, una incapacidad temporal, pagada íntegramente por el Estado, para reglas dolorosas o incapacitantes.

Se acabó ir a trabajar con dolor, ese es el mensaje que queremos transmitir. El 70% de las mujeres en nuestro país cree que los dolores asociados al ciclo menstrual siguen siendo estigmatizados en los entornos laborales, en los centros de trabajo, y por tanto, creemos que esta ley contribuirá, decisivamente, a que normalicemos hablar de la salud menstrual, de nuestra salud menstrual, de nuestra menstruación, a que se reconozca como parte de nuestro derecho a la salud y, por tanto, también, a que el Estado reconozca para las mujeres los derechos asociados a un derecho fundamental, como es el derecho a la salud.

Por último, reconocemos, como saben, violencias contra las mujeres que son específicamente reproductivas, tanto la explotación reproductiva, el aborto forzado, el embarazo forzado, la esterilización forzosa, la anticoncepción forzosa, en cumplimiento también del Convenio del Convenio de Estambul.

En definitiva, queremos, con esta Ley, garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo con la red pública como red de referencia para la práctica de esas interrupciones voluntarias del embarazo, queremos más educación sexual, más salud menstrual, más anticonceptivos, más derechos sexuales y más derechos reproductivos, para que todas las mujeres puedan vivir mejor.

El movimiento feminista nos ha pedido, desde hace mucho tiempo, transformaciones estructurales, y este Gobierno no existiría sin el empuje y sin la voluntad firme del movimiento feminista de nuestro país, de impulsar los mejores avances democráticos que estamos teniendo en los últimos años, y, por tanto, este Gobierno está respondiendo a esa demanda, está del lado de las mujeres, que somos más de la mitad de la población, está del lado del movimiento feminista, implica esto que hacemos leyes que transforman, de forma profunda, a nuestra sociedad y también transforman, de forma profunda, las políticas públicas y la arquitectura del Estado para que sea capaz de responder a esas demandas, que no son otra cosa que la garantía de los derechos para más de la mitad de la población, que somos las mujeres.

Portavoz.- Gracias, ministra. Iñaki.

Portavoz.- Gracias, Iñaki. Me lo ha preguntado usted casi todo.

En relación a la comparecencia del presidente, yo les recuerdo que este es el Gobierno que más veces ha comparecido, que más veces ha estado en el Parlamento para dar cuenta de la acción del Gobierno y, también, en muchas ocasiones, para trasladar ese mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, cuando han venido mal dadas, pero siempre han tenido una respuesta de su Gobierno, del Estado en su conjunto.

No ha sido una legislatura fácil, desde el punto de vista de la gestión. Hemos tenido que gestionar muchas adversidades, pero, sin duda, la respuesta del Gobierno siempre ha sido determinante, clara, y se han ido solventando cada uno de los problemas que las circunstancias han hecho que tengamos que gestionar, en este momento.

En relación a la comparecencia, y si hemos atendido o no a la petición del líder de la oposición, yo es que no sé muy bien qué es lo que pidió el líder de la oposición, porque le escuché, antes de ayer, pedir comparecencia en el Senado, ayer le escuché, pedir comparecencia en el Congreso, por tanto, no sé muy bien si de verdad quiere debate o no quiere debate, porque, les recuerdo, más que a ustedes, que están muy atentos a toda la información, a la opinión pública, que, hace apenas un mes, el presidente del Gobierno compareció en el Congreso de los Diputados, para dar cuenta de la situación política en nuestro país, y de los desafíos internacionales, y, prácticamente, el partido de la oposición no tuvo más alternativa y más proyecto para nuestro país que rescatar el argumentario ETA, y, desde luego, el líder de la oposición no hizo ninguna manifestación de respuesta, de planteamiento alternativo a este Gobierno.

Por lo tanto, no sé muy bien cuál es la comparecencia que deseaba, el señor Feijóo.

Sí tengo muy claro cuál es la comparecencia que quiere el Gobierno, y es la que les he trasladado a todos ustedes. Una comparecencia en la que podamos comparar modelos, modelos en el ámbito energético, modelos en el ámbito industrial, modelos en política internacional y en el compromiso con la Unión Europea.

Nuestro país y este Gobierno tiene muy claro cuál es su lugar, y es estar del lado de los cambios del futuro, del desarrollo sostenible, de una política verde y, también, del lado de la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno, y desde luego, una respuesta contundente a la guerra de Putin en Ucrania.

Y fíjese, yo, de la comparecencia de ayer del señor Feijóo, usted hacía referencia, no deja de sorprenderme que cualquier responsable político, pero en este caso, el principal partido de la oposición y su líder, no tenga nada más que decir a los españoles que a las españolas, en un momento como este, que desearles intranquilidad, que pedirles intranquilidad. Pues no, los responsables públicos, estemos en el Gobierno, o estemos en la oposición, desde el último alcalde, alcaldesa, concejal, concejala, presidente de comunidad autónoma, presidente del Gobierno, cualquier diputado, diputada, lo que tenemos que hacer es trabajar, para dar tranquilidad a los españoles y a las españolas, y eso es lo que hace este Gobierno.

Por eso les decía, a pesar de las dificultades, manda un mensaje de tranquilidad a los españoles, porque este es el mismo Gobierno que dio una respuesta extraordinaria cuando se cerraron todas las empresas y las industrias de este país, como consecuencia de la COVID, y fue capaz de poner en marcha un mecanismo como los ERTEs, que dio tranquilidad a más de 3 millones y medio de trabajadores y trabajadoras. Hicimos lo propio con los autónomos y las autónomas. Lo hicimos también con las empresas, a través de los créditos ICO, y lo estamos haciendo hoy, recordaba el último Real Decreto, que se convalidó en el Congreso de los Diputados, con la oposición del Partido Popular, como también contamos con la oposición, entonces, del principal partido de la oposición.

Esos miles de trabajadores que saben que a partir de esta semana viajarán gratuitamente en el cercanías para desplazarse a su centro de trabajo o a su centro de estudios. Familias que van a ahorrar del entorno de los 300, 600 euros, por unidad familiar. Son ahorros muy importantes para combatir la inflación. O esas familias que comienzan el curso con sus hijos becados, sabiendo que tendrán su beca, conociendo que tendrán beca, que es también un avance muy importante de este Gobierno, y también, conociendo que tendrán 400 euros adicionales.

Esto es, frente al alarmismo, frente al catastrofismo, ideas, proyectos y acciones directas, para que, esta vez, esta crisis no la paguen los de siempre. Y sin duda, creo que la propuesta, como única solución para afrontar un desafío como este, con incidencia en el mundo y en Europa, en el ámbito energético, del señor Feijóo sea solo recetar pesimismo, creo que no es la oposición que merecen los españoles y de esto podremos hablar, en los próximos días, en el Senado y, por tanto, con esa tranquilidad de saber que somos un Gobierno que tiene clara cuál es su hoja de ruta, que además, la comparte con los socios europeos, que tiene la tranquilidad de estar dando respuesta a los españoles y a las españolas ante situaciones de adversidad, con medidas como el abono transporte o como las becas, con esa tranquilidad nos presentamos a este debate, y deseosos de tener en la oposición más alternativa que las energías nucleares o las recetas de pesimismo para la ciudadanía.

Y en relación a la segunda pregunta, que tenía que ver con los gastos en materia de defensa, y con los compromisos en nuestro país, yo creo que escuché a la vicepresidenta, se refería, como ustedes saben, al techo de gasto, no a Presupuestos Generales del Estado, y también, en aras a esa tranquilidad, lo que le transmitió a los españoles y a las españolas es que, de nuevo, este Gobierno, trabajará en coalición, para dar respuesta a nuestro país, con unos Presupuestos Generales en tiempo y en forma, que contemple en ese esfuerzo para que esta crisis, como antes decía, no la paguen los de siempre y, por tanto, serán, de nuevo, unos presupuestos sociales, con máximos históricos, como ya hemos tenido, en contribución a las becas y a otras políticas sociales, también a las políticas de igualdad y, al mismo, tiempo, España es un país fiable, tenemos unos compromisos asumidos en el seno de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica y, por supuesto, los vamos a respetar y los vamos a cumplir.

Y la siguiente cuestión que usted me trasladaba tiene que ver con el pacto de renta y con la negociación colectiva. Yo quiero diferenciar muy bien las carpetas. Este es un Gobierno que puede hacer gala, y yo creo que está ahí, también, en nuestro aval, de en momentos de mucha dificultad, haber compartido la responsabilidad con los agentes sociales, con sindicatos y también con la patronal, y yo creo que esto es reconocido por la inmensa mayoría de la sociedad española.

Esos avances, esos acuerdos, que fueron posibles durante los peores momentos de la pandemia, han sido posibles gracias a ese diálogo con empresarios, con trabajadores, que han cedido en sus posiciones en el interés de España, lo han hecho para los avances, por ejemplo, en materia de pensiones y, desde luego, el Gobierno quiere seguir trabajando en esa senda de diálogo y, también, en el respeto, que en alguna ocasión y cuando hemos abordado la cuestión del Pacto de Rentas, hemos diferenciado, en el respeto a esa parte que depende sólo de ellos, de los sindicatos y de los empresarios, que tiene que ver con la negociación colectiva. Por tanto, el respeto a las partes y a la tarea que, en ese caso, tienen que hacer los sindicatos y la patronal para entenderse. Y por supuesto, también, respetar cualquier manifestación como línea para conseguir esos objetivos de defensa de los derechos de los trabajadores.

En cualquier caso, me gustaría subrayar que, en este sentido, el Gobierno ha hecho todo lo que tiene que hacer, y es evitar que esta incidencia de los precios, que este incremento del coste de la vida tenga una incidencia en la vida de las familias, y lo hemos hecho donde podíamos hacerlo, donde el Gobierno tiene que tomar decisiones, incremento del Salario Mínimo Interprofesional como nunca antes en la historia de nuestro país, en más de un 36%, incremento de las pensiones, de manera muy importante y dando mucha tranquilidad a los pensionistas y, también, en el incremento del poder adquisitivo de los empleados y las empleadas públicas.

José.

Portavoz.- Gracias José. Ministra.

Sra. Llop.- Muchas gracias.

Bueno, tenemos que decirle al Partido Popular que, en un Estado de derecho, las leyes se cumplen. En un Estado de derecho, la Constitución se cumple.

El Partido Popular y el señor Feijóo está poniendo miles de excusas, excusas infinitas, para no cumplir con la Constitución, para no renovar el Consejo General del Poder Judicial, y ahora, la última que ha puesto, es que quiere que se retire el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Yo aquí, lo que le tengo que decir al señor Feijóo, es que es una ley vigente, y que esa ley también se tiene que cumplir, evidentemente, y también tengo que decirle al señor Feijóo que este bloqueo, este negacionismo, que vaya para cuatro años, de falta de renovación, más de cuatro años, porque en julio del año 2018 es cuando se inicia el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial, le está costando dinero a los españoles, está afectando, directamente, el bolsillo de los españoles.

Desde que yo llegué al Ministerio de Justicia, por este bloqueo, que está ocasionando un impacto directo en el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo, llevamos gastado unos 300 000 euros en refuerzos para el Tribunal Supremo. En total, llevamos ya, en el sistema de justicia más de 12 millones y medio de euros de refuerzos.

Por lo tanto, es imprescindible que, de una vez, ya, el señor Feijóo proceda a renovar el Consejo General del Poder Judicial, sin chantajes, sin condicionamientos, porque el cumplimiento de la Constitución no está sometido a ningún tipo de chantaje, no está sometido a ningún tipo de condición, y necesitamos, por lo tanto, ya, que se siente, a decir cuáles son los candidatos, que llevan cuatro años esperando, candidatos y candidatas, personas de la carrera judicial que llevan cuatro años esperando, aspirando a ser vocales del Consejo General del Poder Judicial, que está generando un impacto muy negativo en el sistema de justicia, que está afectando a nuestro prestigio institucional, que el propio Comisario de Justicia de la Unión Europea, y la vicepresidenta de la Comisión Europea, la señora Jourova y el señor Reynders, han pedido al Partido Popular que se renueve el Consejo General del Poder Judicial, y que la única propuesta que puede hacer el Partido Popular es la renovación del Consejo.

Un partido, una fuerza política, una fuerza política, que está incumpliendo la Constitución no está legitimada, políticamente, para hacer ningún tipo de propuesta en el ámbito de justicia. Por lo tanto, que renueve el Consejo General del Poder Judicial y luego podemos hablar de lo que quieran.

Portavoz.- Muchas gracias, ministra. Respondo a sus dos preguntas.

La primera de ellas, la de los indicadores económicos. Yo creo que es muy importante y que la experiencia en la gestión de crisis y adversidades nos ha hecho siempre responder con prudencia a estas previsiones, pero los hechos son los hechos, los datos son los datos, y es que nuestro país crece por encima del resto de los países de nuestro entorno, que la inflación se está moderando, ojalá esa tendencia se mantenga en el futuro, y el Gobierno seguirá trabajando con medidas eficaces para contener esa esa inflación.

Los hechos son los hechos y es que no estamos aislados, y es que hay una guerra en el mundo que tiene afectación económica y que afecta, también, a España y, por tanto, a nuestras familias, a los hogares, a las industrias y a las empresas, pero que el Gobierno está reaccionando con contundencia para para responder.

Los hechos son que este país ha pasado un buen verano, España ha pasado un buen verano y ya nos hemos olvidado de ello, pero me apetece recordarlo, porque yo creo que también los españoles y las españolas han pasado un buen verano, porque es el primer verano sin restricciones desde el año 2019, donde nos hemos podido reunir con familiares, con amigos, entrar en restaurantes sin ningún tipo de restricciones, visitar otros países sin restricciones y, por tanto, ha sido un buen verano en el ámbito privado, en nuestras vidas, pero, sobre todo, ha sido un buen verano, también, para uno de los sectores estratégicos de nuestro país, especialmente afectados por la pandemia, como fue el turismo.

Por tanto, algunos tratan de confundir sus deseos con la realidad, pero la realidad es que nuestro país aguanta, aguanta gracias al esfuerzo de las empresas, de los autónomos, de sectores estratégicos, como el turismo, de nuevas industrias y también de la acción de este Gobierno, y cuando hablaba de prudencia, lo hacía porque, efectivamente, el escenario es inestable, como digo, estamos ante una guerra, con consecuencias en las economías desde el punto de vista global, y esa prudencia nos hace siempre abordar la cuestión con realismo.

Yo creo que es muy importante que a los ciudadanos les hablemos como personas mayores de edad, como personas adultas. A la ciudadanía nos dirijamos como personas que comprenden la situación, y, desde luego, yo creo que lo que esperan de nosotros, los españoles y las españolas, no es que les generemos más zozobra, más desazón, más preocupación, sino que esperan que estemos aquí para dar respuesta.

Y desde luego este Gobierno da respuestas. Respuestas en forma de becas, respuestas en forma de bonos al transporte, de respuestas en forma de ayudas a las familias que más los precisan, con esos abonos de 200 euros, propuestas en forma de 20 céntimos el litro en gasolina, reformas en los impuestos, en nuestra factura eléctrica, respuestas que llegan a la mayoría de los españoles.

Y frente a todas estas respuestas, tenemos siempre el NO del Partido Popular, y la única alternativa del pesimismo y la preocupación. Pues sinceramente, creo que España merece mucho más que esto del principal partido de la oposición.

En relación a la política energética, también lo he dicho con absoluta claridad en otros momentos, y creo que es muy importante ponerlo en valor con la perspectiva que usted decía, y es que ese plan de cambio de modelo energético, de avance, de vanguardia hacia el futuro, de liderazgo de España en un modelo energético distinto, que nos garantice autonomía y soberanía energética como país, y también en el contexto de la Unión Europea, estaba avanzado, nosotros habíamos dado los primeros pasos antes de que llegara esta crisis energética, lo hemos hecho de la mano del sector y, por tanto, con tranquilidad, con paz social, haciendo esa transición justa, no me quiero olvidar de esa segunda parte de la transición, ha de ser justa, propiciando nuevas oportunidades de industria y de empleo, ahí donde estaban asentadas estas industrias y, por tanto, el Gobierno continúa en esa senda, que se marcó antes, y que ahora lo hace con mayor celeridad, y, por cierto, también, de la mano y a la vez, que el resto de países de nu

estro entorno.

Nosotros no queremos volver al pasado. Hay quien tiene añoranza del pasado, en muchos aspectos, también en el ámbito energético, pero este es un Gobierno que mira al futuro y creo que lo hace, además, como la inmensa mayoría de los españoles y de las españolas, que trabajamos y deseamos un futuro mejor, y ante las adversidades, en lugar de agachar la cabeza o bajar los brazos, nos sobreponemos y trabajamos para solventarlas y superarlas.

Irene

Portavoz.- Gracias, Irene. Ministra.

Sra. Llop.- Muchas gracias.

Permítanme, por favor, que antes de responder a su pregunta, haga un poco de pedagogía sobre el Tribunal Constitucional, porque siempre se remiten a mí cuando hablan del Tribunal Constitucional, como ministra de Justicia, pero el Tribunal Constitucional no es Poder Judicial, no está dentro del título relativo al Poder Judicial en la Constitución. Es un órgano de naturaleza política, porque lo nombran los tres poderes del Estado, como ya sabemos todos y todas, lo nombran el Congreso de los Diputados, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno. Es decir, los tres poderes del Estado son quienes nombran a los integrantes del Poder Judicial.

Como saben, en la última reforma de Ley Orgánica, que devuelve al Consejo General del Poder Judicial, en un ejercicio de responsabilidad democrática, que se hace por parte del Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados y también en el Senado, y que, lógicamente este Gobierno también apoya este ejercicio de responsabilidad democrática, se devuelven competencias al Consejo General del Poder Judicial, para el nombramiento de los dos integrantes del Tribunal Constitucional.

Se da de plazo dos meses, desde la aprobación, es decir, que tendrían que ser nombrados antes del día 13. Lo suyo, lo lógico, es que vayan acompasados, el nombramiento que se haga por el Consejo del General del Poder Judicial y por el propio Consejo de Ministros, pero no les puedo, ahora mismo, adelantar ninguna novedad sobre ese asunto.

Portavoz.- Gracias. Ministra.

Sra. Montero.- Gracias. Sí, gracias por la pregunta.

No, no hay cambios en lo que tiene que ver con la explotación reproductiva. Es verdad que valoramos diferentes propuestas, antes de la primera vuelta de esta Ley en Consejo de Ministros y Ministras, pero, después de valorar diferentes propuestas, tuvimos consenso con la propuesta que presentamos en primera vuelta, y ese consenso se mantiene en la segunda vuelta.

Obviamente, ahora, en el trámite parlamentario, veremos cuáles son las enmiendas de los diferentes grupos y puede cambiar todo, pero como Gobierno, que es el trabajo que hemos realizado hasta ahora, tuvimos diferentes propuestas y de la primera a la segunda vuelta no hay cambios en esta materia.

Portavoz.- Gracias ministra.

Saben ustedes que el Gobierno trabaja con intensidad y, especialmente, el presidente tiene siempre una agenda intensa. Nos parecía importante, en el contexto del trabajo que se está desarrollando por parte de la vicepresidenta tercera, para culminar ese plan de contingencia para abordar la crisis energética, compartirlo en la Cámara Baja, en el órgano que da soporte, a nuestro país, desde el punto de vista de la representatividad territorial, plantear aquí también ese diálogo que hemos emprendido, tanto con las entidades locales, como con las comunidades autónomas, también con los sectores afectados, con las industrias, como me refería antes, con su compañero, los propios consumidores...

Esta vía es una vía más en un contexto donde, además, el Gobierno se siente muy cómodo, que es en ese en el que podemos contraponer, directamente, las ideas y las propuestas, como ya hiciera el presidente del Gobierno en el debate del Estado de la Nación, hace apenas un mes, pues hacerlo ahora también en el Senado, con ese perfil de afectación de todas estas iniciativas, también, al ámbito internacional.

Piensen ustedes que uno de los ejes fundamentales de este Plan de Contingencia va a ser el impulsar el ahorro y la eficiencia energética, y para eso estamos poniendo a disposición de las comunidades autónomas una cantidad ingente de recursos públicos, para, efectivamente, acelerar todos esos cambios, y será muy interesante poder compartir estos propósitos del Gobierno, poderlo compartir con sus señorías y poder contraponer, también, las propuestas y los modelos de los distintos grupos parlamentarios.

Ana.

Portavoz.- Gracias, Ana. Ministra.

Sra. Montero.- Gracias. Pues gracias por las dos preguntas.

Respecto a la segunda, no ha participado en el proceso en ninguna organización contraria a los derechos humanos, ni contraria a los derechos de las mujeres.

Y respecto a cómo vamos a garantizarlo, efectivamente, la norma indica que la red pública tiene que ser la red de referencia, que todas las mujeres tienen que poder acceder al derecho a interrumpir de forma voluntaria su embarazo en el centro más cercano de la red pública, y, por tanto, efectivamente, siempre tendrá que haber personal disponible.

Vamos a garantizar el derecho de todo el personal sanitario a la objeción de conciencia, tenemos, por tanto, que regular la objeción de conciencia, igual que ya lo hemos hecho, por ejemplo, en la ley de eutanasia, para garantizar ese derecho constitucional, y una vez sepamos quiénes son, en la privada y en la pública, aquel personal sanitario que objeta a la hora de practicar interrupciones voluntarias del embarazo, cada centro hospitalario, y cada comunidad autónoma, tendrá que garantizar que hay siempre personal disponible para practicar las interrupciones voluntarias del embarazo, porque, lo que no puede ocurrir, es que el ejercicio de un derecho constitucional, como es el derecho a la objeción de conciencia, impida el acceso a otro derecho fundamental, como es el de más de la mitad de la población, que somos las mujeres, a decidir sobre nuestro propio cuerpo.

Así que, yo creo que este Gobierno hace bien en garantizar el cumplimiento y el acceso efectivo a todos los derechos constitucionales y a todos los derechos fundamentales, y, efectivamente, se tendrá que garantizar que siempre hay personal disponible, en los centros hospitalarios, para realizar interrupciones voluntarias del embarazo.

Portavoz.- Gracias, ministra.

Una mínima valoración, para poner en valor lo que ha sido una iniciativa importante del Gobierno, que es, en un momento de dificultad, asumir que aquellos sectores que están recibiendo unos ingresos extraordinarios, se puedan hacer cargo del reparto de las cargas, también, como ya está haciendo el Estado.

Yo recuerdo que este país ha puesto al servicio de todos los ciudadanos y ciudadanas 30 mil millones de euros, para poder amortiguar el coste de las consecuencias económicas de esta guerra y, por lo tanto, también las consecuencias de la inflación en las familias.

Yo comprendo que los consejos de administración defienden los intereses de sus empresas, pero el Consejo de Ministros, lo que tiene que defender, es el interés de España, de los españoles y de las españolas. Y eso es lo que hace el Gobierno con este tipo de gravamen, algo que es circunstancial, que va a ser temporal y que, por supuesto, está trabajado con rigor jurídico, y pedir un esfuerzo a las grandes empresas de este país para que contribuyan en esa responsabilidad social, que sabemos tienen en su ideario, y desde luego, en un compromiso que también les reclama la Constitución Española.

Muy bien, pues damos por terminada la comparecencia, que en breve comparecerá el presidente.

Gracias.