Rueda de prensa del presidente del Gobierno tras el Consejo de Ministros extraordinario

La Moncloa

INTERVENCIÓN INICIAL DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Gracias a los medios de comunicación por atender esta comparecencia de un Consejo de Ministros extraordinario, al que el Gobierno da una gran importancia porque vamos a anunciar un nuevo paquete de ayudas, de medidas, para extenderlas hasta el 31 de diciembre del presente año, en respuesta a la crisis energética provocada por la guerra de Putin en Ucrania.

Como saben, desde el principio de la invasión, el Gobierno ha manifestado siempre lo mismo, y es que somos muy conscientes de las dificultades que atraviesan las familias, las empresas, la industria en España, debido a la escalada de los precios que ha sido causada sobre todo por la invasión de Ucrania.

Y precisamente por eso quiero, en primer lugar, recordar que aprobamos hace tres meses un primer plan de respuestas a las consecuencias económicas y sociales de la guerra.

Unas medidas que fueron acordadas con los sectores afectados, con los agentes sociales y con las distintas formaciones políticas que lograron convalidar y respaldar ese importante Real Decreto Ley en las Cortes Generales y que a la postre, lo que nos han permitido es amortiguar de alguna forma los efectos de una crisis inflacionista que tiene un alcance internacional.

A día de hoy, la inflación en Europa es extraordinariamente elevada y, en consecuencia, también lo es en España. Concretamente, en el mes de mayo fue del 8,7% en nuestro país, una cifra realmente alta en línea en todo caso con la media europea, hay 17 países de la Unión Europea con una tasa de inflación más alta y nueve con una tasa algo inferior a la española. En todo caso, son cifras que no registrábamos en la economía europea desde hace muchas décadas.

Simplemente para que nos demos cuenta del esfuerzo que va a hacer el Gobierno de España por contener la inflación, con las medidas que aprobamos hace tres meses y con las medidas que hoy hemos aprobado en este Consejo de Ministros, el Gobierno estima que vamos a contener en 3,5 puntos el alza de los precios, es decir, contener en 3,5 puntos el IPC. Dicho de otro modo, si estas medidas de inflación no existieran, no se pusieran en marcha, esa inflación sería 3,5 puntos superior a la actual, estaríamos hablando, por tanto, de inflaciones cercanas a los 14 o los 15 puntos.

Hace tres meses aprobamos un paquete de medidas que contaba con 6 mil millones de euros de rebajas fiscales y ayudas directas y 10 mil millones de euros de préstamos del Instituto de Crédito Oficial para ayudar a las empresas y muy especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Estas medidas han constituido una apuesta social que nos han permitido, entre otras cuestiones, rebajar el IVA del 21% al 10% en la factura de la luz, como saben todos los españoles, una reducción total, entonces del 60% de los impuestos que pagan los ciudadanos, las empresas, por la electricidad. Y también una rebaja generalizada de 0,20 € en el precio de los carburantes.

Estamos, en consecuencia, amortiguando con las palancas, con los instrumentos que tiene el Poder Ejecutivo, el efecto y repartiendo de forma justa, equitativa, los costes económicos y sociales de la guerra.

Pero la inflación sigue interfiriendo evidentemente en nuestras vidas y, por lo tanto, está frenando la recuperación económica en nuestro país. Una recuperación económica que estaba cobrando mucho vigor, como todos sabemos, antes de empezar esta invasión y gracias a la superación de la pandemia del covid. Ha producido esta guerra y su consecuencia económica y social una extraordinaria incertidumbre sobre la economía europea e internacional y, por supuesto, también española. Una incertidumbre que se mantiene en todo el mundo, en Europa y también en España, y que nos lleva, en consecuencia, a aprobar medidas adicionales que posteriormente les expondré.

En todo caso, sí quisiera volver a subrayar algo que he dicho desde el principio de esta crisis, y es que, como es bien sabido, en los planes del gobierno no figuraba una pandemia, tampoco la erupción de un volcán, menos aún una guerra en Europa. Pero sí estaba clara cuál debía ser la respuesta ante cualquier contratiempo: proteger a las familias, a las empresas, a las industrias de nuestro país, empezando siempre por los más vulnerables y extendiéndolas también a la clase media y trabajadora de nuestro país.

Por eso aprobamos medidas como los ERTE, la creación del Ingreso Mínimo Vital, los créditos ICO, las prestaciones directas a los trabajadores autónomos, los fondos covid que fortalecieron los servicios públicos en los peores momentos de la pandemia.

Toda una batería de medidas que nos permitieron salir de la crisis del covid de una forma mucho más rápida y, sobre todo, mucho más justa que las anteriores crisis, que se abordaron en base a recetas neoliberales de recortes y de pérdida de derechos.

Y por tanto, lo que quiero decir, es que este es el mismo Gobierno que hizo frente a la crisis del covid. Es el mismo gobierno que aprobó la reforma laboral que ha creado en nuestro país más empleo, pero además de mayor calidad, hoy el número de afiliados a la Seguridad Social en nuestro país supera los 20.400.000 y el número de parados está por debajo de los 3 millones. Cifras desconocidas desde el año 2008, es decir, desde antes incluso de la crisis financiera.

Esto sería imposible hoy si durante la pandemia los 3 millones y medio de trabajadores y trabajadoras no hubieran sido protegidos con los esquemas de ERTE que pusimos en marcha desde el Gobierno de España y con el acuerdo de los agentes sociales, todo eso se hubieran convertido en despidos. O si las pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente, no hubieran recibido un importante volumen de ayudas que ha posibilitado su supervivencia en los momentos más difíciles de la pandemia.

Este es el mismo gobierno que también luchó porque Europa diera una respuesta a la altura de la envergadura del desafío del covid 19 consiguiendo los Fondos Europeos que hoy ya están ayudando a miles y miles de empresas de nuestro país para ser más competitivas en el futuro. También para industrializar nuestro país atrayendo inversiones en la transición ecológica y la transformación digital, por poner ejemplos precisos que han sido anunciados hace escasas semanas. Sin estos Fondos Europeos, sin los Proyectos Estratégicos que estamos poniendo en marcha desde el Gobierno con el concurso del sector privado, habrían sido imposibles proyectos tan importantes para el sector de la automoción, fundamental en nuestro país, donde se van a instalar gigafactorías en la ciudad de Sagunto, de la Comunitat Valenciana, o también en la región de Extremadura. Y habría sido mucho más difícil que empresas como Ford hubiesen elegido España para la producción de su vehículo eléctrico.

Y este es el mismo Gobierno que, junto con el Gobierno de Portugal, ha defendido en Europa una reforma que yo calificaría de justa, de nuestro mercado energético, que deje atrás un modelo trasnochado de fijación de precios donde se acopla la evolución del precio del gas al precio de la electricidad.

Y es el mismo Gobierno que entre tanto, hasta que logremos esa reforma que ya ha sido anunciada por la presidenta de la Comisión Europea, ha logrado, junto con Portugal, que Europa aprobara un mecanismo excepcional para que la Península Ibérica amortiguara todo el año el impacto de la subida de los precios energéticos.

Y gracias precisamente a este acuerdo, validado por la Comisión Europea entre el Gobierno de España y el Gobierno de Portugal, el precio mayorista está ahora mismo en nuestro país entre un 40% y un 50% más barato que en las principales economías de Europa. Repito, entre un 40% y un 50% más barato el precio mayorista en la Península Ibérica gracias a esta fijación del precio, que lo que ocurre en las principales economías industriales de nuestro continente.

En todo caso, somos muy conscientes de que, pese a todos estos esfuerzos, el problema de la inflación sigue afectando a nuestras familias, a las empresas, a las industrias. Los recientes cortes del gas y del petróleo por parte de Putin, lo que han hecho ha sido agravar aún más una situación ya de por sí delicada. Y por eso el Gobierno vuelve a adoptar nuevas medidas para proteger a familias, a empresas, poniendo siempre el interés general por encima de los intereses egoístas.

Y por esa razón, el Consejo de Ministros extraordinario del día de hoy ha aprobado una extensión del Decreto que recoge las medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra y ampliamos su vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año.

Este nuevo Decreto supone un esfuerzo extraordinario desde el punto de vista presupuestario por parte del Gobierno de España. Este nuevo Decreto va a suponer un esfuerzo superior a los 9 mil millones de euros, aproximadamente 5.500.000.000 de euros en gasto para proteger a familias, para proteger a la clase media trabajadora y para amortiguar el impacto de la inflación en sectores específicos de nuestra economía. 5.500.000.000 de euros en gasto y 3.600.000.000 de euros en reducción de ingresos como consecuencia de las rebajas fiscales que vamos a aprobar de aquí a 31 de diciembre de 2022.

En total, hasta el final del año 2022, el Gobierno habrá invertido con los dos Decretos contra los efectos económicos y sociales de la guerra cerca de 15 mil millones de euros. 15 mil millones de euros, más de un punto del Producto Interior Bruto de nuestro país.

Destacaré las novedades más importantes.

En primer lugar, lo que hacemos es reforzar las medidas para hacer frente a la subida de los precios de la energía, protegiendo sobre todo a los consumidores y especialmente a los más vulnerables.

Se reduce, en consecuencia, el IVA sobre la electricidad, que pasará del 10% al 5% hasta final de año. Como saben, hace ya un año rebajamos el IVA, los recibos de la luz del 21% al 10% y ahora lo que hacemos es rebajarlo al 5%. Para que nos hagamos una idea, antes he dicho que con el primer Decreto lo que estábamos haciendo era rebajar en un 60% los impuestos vinculados con la factura de la luz. Ahora, estamos rebajando un 80% los impuestos vinculados con la factura de la luz.

Se mantendrán el resto de medidas del Decreto, como la flexibilización de los contratos de suministros de gas, la ampliación de los descuentos del Bono Social que están ayudando a casi 2 millones de hogares en nuestro país.

La minoración de la retribución de la energía eléctrica o la reducción al 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad y la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, que es tan importante para las empresas y en particular para las industrias de nuestro país.

Se mantiene también la reducción de 20 céntimos por litro en el precio de los combustibles hasta final de año.

Y quiero decir que con todas estas medidas estamos amortiguando y conteniendo la evolución de la inflación.

El Gobierno estima que estamos conteniendo la evolución de la inflación en tres puntos y medio y que sin todas estas medidas, la inflación, que hoy está en el mes de mayo en el 8,7%, sería aún mucho mayor de la que tenemos como consecuencia del alza en los precios de la energía y, lógicamente, también del alza en los precios de los alimentos.

Además de paliar los costes de los combustibles para el transporte privado, queremos fomentar el uso del transporte público por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Saben ustedes que hay una parte muy importante de esa política de transporte público que está en manos de las Comunidades Autónomas, de los Ayuntamientos, pero el Gobierno de España está dispuesto a poner de su parte para incentivar el uso del transporte público. Y por eso hemos aprobado una reducción del 50%, repito, del 50% del precio de todos los abonos mensuales y de cualquier título multiviaje de transporte terrestre prestados por el Estado o entidades estatales. Y además, un 30% de reducción para los abonos transporte prestados por las Comunidades Autónomas y Entidades Locales. Estas últimas van a poder completar tanto las Comunidades Autónomas como los Ayuntamientos, hasta llegar a ese 50% de reducción con recursos propios.

Y esta medida se aplicará desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre del presente año y será financiada íntegramente por el Gobierno de España y podrá ser evidentemente complementada por las Comunidades Autónomas. Por tanto, un 50% en todas aquellas empresas como pueda ser Renfe, que son titularidad de la Administración General del Estado y un 30% de transferencia a las Comunidades Autónomas, también para que puedan hacer lo propio en el transporte público que es competencia de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos.

Para que nos hagamos una idea, en Madrid, donde estoy ahora mismo celebrando esta rueda de prensa, un bono mensual de cercanías cuesta en torno a 29 € y pasaría a costar en torno a 14,5 €. En Cataluña, por poner otro caso, el bono mensual pasaría de los 25,55 € a 12,7 €. O en Sevilla, que está en 34,70 €, pasaría a 17,35 €. Por tanto, estamos hablando de un esfuerzo muy importante que está haciendo el Gobierno de España para impulsar el transporte público ante el alza evidente de los precios de la gasolina, de los combustibles y, en consecuencia, fomentar el transporte público y no tanto el transporte privado.

Y también lo que vamos a hacer es reforzar la protección a los grupos más vulnerables con medidas específicas. Algunas de ellas ya ustedes las conocen.

Vamos a mantener el Ingreso Mínimo Vital, su incremento en el 15% que fue aprobado en el primer Real Decreto Ley; la prohibición de la suspensión en el suministro de energía eléctrica, de gas y de agua para consumidores vulnerables; el tope a la subida de los alquileres. Y también lo que vamos a hacer es mantener que el aumento de los costes energéticos no pueda constituir causa objetiva de despido en aquellas empresas que reciban algún tipo de ayuda por parte de la Administración General del Estado.

Y hoy daremos un paso más en esa dirección. También quiero anunciarles una medida muy importante, y es que vamos a aumentar en un 15% las pensiones de jubilación e invalidez no contributivas. Estamos hablando de un aumento de 60 € al mes para las pensiones no contributivas, es decir, 360 € de aquí a final de año.

Y además, con el fin de paliar de manera directa el efecto perjudicial de la subida de precios, tanto de los productos energéticos como de los productos alimenticios, que está impactando gravemente en el día a día y en la cesta de la compra de las familias españolas, también quiero anunciarles que el Gobierno de España ha aprobado una ayuda directa de 200 € para trabajadores, para trabajadores autónomos y también para desempleados que tengan bajos ingresos. Esta ayuda se va a poder solicitar durante el mes de julio.

Igualmente, aprobaremos una limitación al precio máximo de la bombona de butano.Quiero volver a repetirlo, vamos a aprobar una limitación al precio del butano, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre, y que contribuirá a asegurar el bienestar de los más vulnerables. Y estoy sobre todo pensando en todos aquellos que viven en entornos rurales.

Y en segundo lugar, vamos a adoptar medidas en apoyo a los sectores más afectados por la subida de los precios originada por esta guerra de Putin en Ucrania. En este sentido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a prorrogar hasta septiembre el aplazamiento del pago de las cuotas a la Seguridad Social para el sector pesquero, agrario, también el sector del transporte. Se van a facilitar ayudas directas a la industria gasintensiva. Y también vamos a ampliar todas las ayudas aprobadas anteriormente en el Real Decreto Ley contra la sequía que vive nuestro país.

Asimismo, este Real Decreto Ley va a extender las medidas de protección a afectados como consecuencia directa de la erupción volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja de la Isla de La Palma, prorrogando por tanto la prestación por cese de actividad para los trabajadores autónomos, los aplazamientos y las moratorias en el pago a las cuotas a la Seguridad Social y también los ERTE que conocen bien los palmeros y las palmeras.

Esta norma también servirá para prorrogar el tipo reducido del 4% en el IVA para las mascarillas quirúrgicas hasta el fin de año. Recordemos que aún seguimos sufriendo una pandemia, a fin de facilitar en consecuencia el acceso por parte de la población a este tipo de mascarillas quirúrgicas.

Y quiero también destacar una medida que no está incluida en el Decreto Ley que aprobamos hoy, porque evidentemente no lo podemos aprobar por Real Decreto Ley, pero que va a ser muy importante para garantizar un reparto justo de las cargas económicas y sociales provocadas por la guerra.

El Gobierno, quiero anunciarles, está diseñando un nuevo tributo que gravará los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas como consecuencia del alza de los precios energéticos.

Es una iniciativa que sintoniza con la opinión pública de nuestro país, con medidas similares que están adoptando los países europeos de nuestro entorno y que atiende de igual manera a las recomendaciones que han venido realizando recientemente distintos organismos internacionales como la propia Comisión Europea, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional.

Por decirlo claramente, las cargas de esta situación tan dolorosa deben distribuirse con justicia, deben aportar más quienes están en mejores condiciones y lo que no cabe es que algunos resulten beneficiados a costa del perjuicio de las mayorías y por lo tanto, quienes obtengan réditos indirectos de esta subida de precios, lo que deben hacer es aportar de forma adicional al esfuerzo colectivo y a la protección de la clase media y trabajadora de nuestro país.

Somos una comunidad, no somos una suma de individuos y quienes más obtienen deben contribuir más al sacrificio colectivo.

Este impuesto será presentado en las próximas semanas como Proposición de Ley por los dos partidos de la coalición de Gobierno para que entre en vigor el 1 de enero del año 2023.

En una situación difícil como la que estamos soportando, el interés de las mayorías está por encima de cualquier interés egoísta. Y la prioridad, por tanto, la tienen quienes más sufren el impacto de esta carestía provocada por esta guerra injusta, injustificada e ilegal de Putin en Ucrania.

En definitiva, el Gobierno lo que va a hacer es seguir volcado en proteger a la población española frente al impacto de la inflación. Va a mantener a la vez el rumbo de transformación y de modernización de nuestra economía gracias a los Fondos Europeos.

Estoy pensando, por ejemplo, en la autonomía energética, la independencia energética que necesita Europa, evidentemente también España, en una apuesta decidida por el autoconsumo, por la eficiencia energética, también por las energías renovables.

Y a ese respecto estamos destinando más de un 40% de los fondos provenientes de los Fondos Europeos Next Generation de la Unión Europea.

Dicho de otra manera, vamos a seguir la hoja de ruta del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que nos va a permitir ganar en autonomía estratégica y, por tanto, en independencia energética también en nuestro país.

Y en este sentido confiamos, confiamos en que a lo largo de la próxima semana la Comisión Europea apruebe el tercer desembolso de Fondos Europeos por un valor de 12 mil millones de euros a nuestro país.

Y con este pago serán ya 31 mil millones de euros los recibidos por España gracias al cumplimiento de los hitos y los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dicho de otra manera, la Comisión Europea está valorando positivamente el esfuerzo de transformación y de modernización que desde el Gobierno de España estamos impulsando, gracias también al apoyo parlamentario en las Cortes Generales.

Y por tanto, España está siendo el país más avanzado de toda la Unión Europea en la ejecución de los Fondos Europeos. Y vamos a seguir así, desplegando toda la oportunidad que nos ofrecen los Fondos Europeos para industrializar nuestro país en esas dos transiciones, la ecológica y la digital. Y, sobre todo, para ganar en independencia energética, que es lo que ahora mismo está poniendo en solfa Putin con sus cortes de gas, con su guerra en Ucrania.

Termino a modo de resumen diciendo que el Gobierno va a mantener el rumbo de modernización de nuestra economía y a la vez va a seguir volcado en la protección de las familias, de las empresas españolas y de la industria española, comenzando siempre por las familias de la clase media trabajadora en nuestro país y centrándonos especialmente en aquellas familias que han devenido en más vulnerables como consecuencia del alza de los precios.

Las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania son ineludibles. Ningún país puede esquivarlas. También es cierto, lo he dicho en muchas ocasiones, mayor sería el coste de no hacer nada y permitir que Putin logre sus objetivos imperialistas.

Pero desde nuestro punto de vista, sí es posible amortiguar al máximo sus efectos, los efectos económicos y sociales de esta guerra y, sobre todo, hacer que esos efectos económicos y sociales de la guerra se repartan de una manera justa, sobre todo en beneficio de aquellos que más sufren y en perjuicio de aquellos que obtienen beneficios absolutamente injustificados como consecuencia del alza de los precios de la energía.

Eso es lo que va a hacer el gobierno durante toda esta crisis, como hicimos durante la crisis de la pandemia. Y es lo que hoy hacemos no de palabra, sino con hechos, con las medidas que aprobamos en este Real Decreto Ley del Consejo de Ministros extraordinario que hemos celebrado en el día de hoy.

Y hasta aquí. Quedó a disposición de los medios de comunicación para responder a sus preguntas.

TURNO DE PREGUNTAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Presidente, muchas gracias, Jaume Masdeu, de La Vanguardia. Dos preguntas. Una era en relación, no sé si se me ha escapado, pero lo que se había discutido mucho del cheque para ayuda a las familias más vulnerables, a los hogares, creo que no lo he citado. No sé si esto se ha eliminado esta medida o sí se tiene en cuenta. La segunda, en relación con el impuesto que se va a plantear en las próximas semanas, según ha dicho, ha citado que va a entrar en vigor el 1 de enero de 2023, lo cual supone que los beneficios extraordinarios de las eléctricas, si no me equivoco, ganados durante este año, no se van a gravar. Quisiera saber si esto es correcto y si hay algún elemento más de detalle de este gravamen. Muchas gracias.

Muchas gracias. En relación con la primera de las preguntas, recordarle que sí, he dicho que son ayudas directas de 200 € que vamos a dar a familias que evidentemente no entran dentro del aumento, por ejemplo, que hemos hecho del 15% a aquellas familias perceptoras del ingreso mínimo vital o los pensionistas que perciben una jubilación no contributiva.

Por tanto, de lo que estamos hablando, para que nos hagamos una idea, es de que con estas medidas específicas estamos protegiendo a casi 4 millones de españoles y españolas.

Pero el paquete en su conjunto beneficia a los 45 millones de españoles y españolas.

Esta es la clave y este es un Real Decreto ley que trata de dar una respuesta a todas las realidades, a todas las dificultades, que como consecuencia del alza de los precios de la energía y también de los alimentos, estamos sufriendo la clase media trabajadora de nuestro país y lo queremos hacer, además con un reparto justo de las cargas.

Por eso estamos hablando de la creación de ese impuesto específico para los beneficios extraordinarios que están teniendo las empresas energéticas y en segundo lugar, medidas específicas, por ejemplo, para la clase media trabajadora en nuestro país, rebajando en un 80% los impuestos vinculados con la factura de la luz o ayudas específicas para grupos sociales vulnerables, como puedan ser los hogares con ese bono social que llega a casi 2 millones. O estas ayudas específicas de 200 € para, por ejemplo, personas que están desempleadas o para otro tipo de colectivos, además de las pensiones no contributivas y además del ingreso mínimo vital.

Es decir, con todo este paquete de ayudas en todo lo que representa a los colectivos vulnerables, estamos protegiendo a 4 millones de españoles.

Pero insisto, también me parece importante no perder de perspectiva el esfuerzo que estamos haciendo de 15 mil millones de euros de aquí a final de diciembre de este presente año, donde lo que estamos haciendo es proteger al conjunto de la clase media trabajadora de nuestro país.

Y en relación con la segunda de las preguntas. Yo quisiera primero, en primer lugar, decir que desde el principio de la evolución del precio de la luz y de los precios energéticos, el Gobierno de España ha venido planteando un reparto justo de estas cargas.

Quiero recordar que nosotros, ya de por sí, hemos disminuido los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas, fijando un tope a esa tarifa de 67 € y a partir de ahí pues evidentemente estaríamos como revisando un 100% de esos beneficios extraordinarios. Y, además, algo muy importante es que estamos blindando las tarifas en el mercado eléctrico a los consumidores gracias, por ejemplo, a la excepción ibérica.

Antes lo he dicho, ahora mismo estamos hablando, por recordar los datos específicos, de entre un 40 y un 50% menos del mercado mayorista, gracias a la excepción ibérica, de lo que representa en las principales economías industriales de nuestro de nuestro continente.

Por tanto, desde el punto de vista de lo que representa la tramitación parlamentaria y la tramitación legal, nos tenemos que atener a ella, no se puede aprobar en un real decreto ley un nuevo impuesto. Eso tiene que ser un proyecto de ley. Y por tanto, desde el Ministerio de Hacienda ya se viene trabajando desde hace unas semanas. Esperamos presentar esa proposición de ley en las Cortes Generales en pocas semanas, para que esté en vigor, cuando sea posible. Dada la tramitación parlamentaria, será el 1 de enero de 2023.

Carlos Cué, El País. Sí, presidente, de alguna manera contestó, pero quería algún detalle más. Ha dicho que son 4 millones. No entiendo si es 4 millones, el bono y las pensiones…

Todo.

Entonces, para que la gente que tenga expectativa lo entienda, ¿a partir de qué renta sería el bono, qué tipo de gente lo percibiría? Y el impuesto eléctrico, ¿sería similar a lo que se está planteando en Italia? Italia empezó con un 10%, luego lo ha subido a un 25%. ¿Esa es la idea que está manejando el Gobierno, aunque no tenga detalles todavía? Desde un punto de vista político, ¿confía en sacar adelante este decreto con la mayoría que sacó el anterior? ¿O espera que esta vez el PP se sume? No sé si hay alguna novedad con esto. Y por último, como reflexión general, qué cree que puede estar fallando para que, a pesar de todas estas medidas, ha hecho usted un recorrido de todas las medidas que ha tomado en el último año, en los últimos dos años, que a pesar de estas medidas, las encuestas y los resultados de Andalucía detectan un desgaste del Gobierno. ¿Qué cree que puede estar pasando?

Bueno, muchas gracias, Carlos. En relación con la primera de las preguntas, se dará a conocer los detalles precisamente con la publicación del Boletín Oficial del Estado en relación al nivel de renta de las familias perceptoras de esta ayuda directa.

Pero en todo caso, estamos hablando de que efectivamente son 4 millones, sumando todo: el ingreso mínimo vital, las pensiones no contributivas, esta ayuda directa que vamos a dar a las familias…

Pero, insisto de nuevo, todo este paquete, este nuevo paquete que se va a extender hasta el 31 de diciembre, va a beneficiar al conjunto de la población española y sobre todo, va dirigido a la clase media y trabajadora de nuestro país, en un ánimo de protegerles, de continuar con la transformación y modernización de nuestra economía, sobre todo para aumentar nuestra independencia energética, y en tercer lugar, evidentemente, protegiendo a aquellos colectivos más vulnerables y haciendo un reparto mucho más justo de los costes de la guerra con el anuncio de este impuesto sobre las empresas energéticas que vamos a probar a lo largo de este de este presente año.

Sobre los detalles del impuesto, efectivamente estamos estudiando los diseños que se han hecho en otros gobiernos, o al menos que se están elaborando por parte de otros gobiernos. Y Italia, efectivamente, es un ejemplo al que estamos mirando de manera muy particular.

Sobre sobre la convalidación del real decreto ley. Yo creo que lo he dicho muchas ocasiones: a lo largo de la pandemia, el Gobierno de España ha tratado de buscar el máximo apoyo y la máxima unidad entre todos los grupos parlamentarios.

Lo hemos hecho también con los agentes sociales. Han sido 14 acuerdos muy importantes, como puede ser el de las pensiones o también el de la reforma laboral que hemos logrado con los agentes sociales. Lo hemos hecho también con las comunidades autónomas.

Quiero recordar que en este paquete va una nueva transferencia de recursos económicos para fomentar el uso de transporte público por parte de los ciudadanos en aquellos transportes públicos que sean competencia de las comunidades autónomas o también de los ayuntamientos, además de ese 50% de rebaja en el bono mensual de aquellas compañías de transporte público propiedad del Estado de la Administración General del Estado.

Y, en tercer lugar, lo hemos hecho con todos los grupos parlamentarios y con los sectores afectados, y por lo tanto, hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas, da igual de qué signo sean, para que convaliden de manera total y absoluta este real decreto ley, porque contiene medidas específicas para la clase media trabajadora en forma de rebaja de impuestos.

Quiero volver a recordar que el esfuerzo que estamos haciendo es de 15 mil millones de euros para responder a esta crisis de aquí al final del año, un 80% de rebaja en los impuestos vinculados con la factura de la luz. Los colectivos vulnerables, la modernización de nuestra economía para ganar en autonomía energética. Y, por último, evidentemente, un reparto justo de las cargas de los costes de la guerra.

Probablemente no sea el Real Decreto ley que hubieran firmado el Partido Popular u otras formaciones políticas, pero creo que es una propuesta, un paquete de medidas poderoso en el que se pueden sentir reconocidos muchos ciudadanos que voten a distintas opciones políticas. Y eso también es lo que hemos querido subrayar con la aprobación de este Real Decreto ley.

Pero en todo caso, lo que sí que he dicho desde el principio es que este gobierno sabe muy bien para quién gobierna y sabe también muy bien los intereses que hay detrás de algunas de estas medidas. Y eso, pues tendrán que ser otros los que expliquen por qué votan en contra de medidas que van en beneficio de la clase media trabajadora de nuestro país.

En relación con la última de las preguntas. Mire, creo que estamos un poco más del ecuador de la legislatura. Este gobierno ha tenido que enfrentarse a todo tipo de crisis y creo que, con aciertos y con errores, el resultado de la gestión de la covid y el resultado de esta crisis que acaba de iniciarse hace escasos meses como consecuencia de la invasión, lo que demuestra es que este gobierno dialoga, acuerda con quien quiere acordar y, sobre todo, que tiene muy claro a quién sirve y para quién gobierna. Nosotros gobernamos para la clase media trabajadora de este país y para los colectivos más vulnerables de este país.

Es cierto que a este gobierno se le golpea mucho por parte de determinados poderes, pero esos poderes tienen que ser conscientes de que este es un gobierno autónomo y un gobierno que sirve a quien sirve, que es la clase media trabajadora de este país y que por tanto va a defender no solamente con las palabras, sino también con los hechos, como estamos haciendo en este Real Decreto Ley y como hemos hecho desde el principio de esta crisis, vamos a hacer un reparto justo de las cargas y que se están beneficiando de manera extraordinaria como consecuencia del alza de los precios, pues paguen más, contribuyan más, para poder financiar todo este inmenso esfuerzo para proteger a la clase media trabajadora de nuestro país.

Ainhoa Martínez, La Razón. Buenas tardes, presidente. Hace unas semanas usted hizo un análisis en la tribuna del Congreso diciendo que el ruido que había dentro de la coalición a veces opacaba lo que estaba haciendo el gobierno. En esta negociación del decreto también ha habido ruido hasta el final. No sé si no están haciendo ese análisis dentro del Consejo de Ministros, el otro partido que compone este Gobierno. También ayer el PSOE anunció una reforma para impulsar en solitario la renovación de los cuatro magistrados cuyo mandato ha caducado en el Tribunal Constitucional, sin esperar al PP, pero al mismo tiempo le tendían la mano. No sé si en el tiempo en el que se va a tramitar esa reforma, si el PP se aviniera a dialogar, a pactar y se sentara en la mesa, ¿estarían dispuestos a retirar esa reforma o paralizarla? Y por último, ayer se felicitó usted de la extraordinaria colaboración de Marruecos en el salto a la valla de Melilla. Después de la cifra de muertos que se ha conocido y que llevamos, ya no sé si se arrepiente o quiere matizar esa declaración.

Muchas gracias, Ainhoa, por sus preguntas. En relación con la primera de las preguntas, mire, yo lo primero que tengo que trasladar es mi absoluta solidaridad con todos los ministros y ministras del Gobierno de España, porque trabajan sin descanso día y noche para tratar de dar respuesta a las múltiples crisis que está atravesando Europa y, en consecuencia, España.

Y lo hacemos a todos los niveles, porque no solamente estamos hablando con las comunidades autónomas, con los agentes sociales, sino que también a nivel europeo estamos desplegando muchas iniciativas que afortunadamente hoy empiezan a tener recorrido y aceptación por parte de la Comisión Europea y por parte de muchos colegas en el Consejo Europeo. Ayer mismo la presidenta de la Comisión Europea dijo que en septiembre-octubre iba a presentar su propuesta de reforma del mercado eléctrico, que saben ustedes que es algo que el Gobierno de España viene pidiendo desde hace más de un año.

Con lo cual, absoluta empatía, absoluta solidaridad a todo mi equipo, porque están haciendo un trabajo encomiable, un esfuerzo extraordinario de diálogo, de negociación y de acuerdo en cada uno de sus departamentos. Y por tanto, por mi parte, lo he dicho en muchas ocasiones, creo que este es un gobierno, el primer gobierno de coalición en la historia de la democracia de nuestro país, un gobierno de coalición progresista y por lo tanto que sabe muy bien a quién defiende, qué intereses defiende y a quién obedece y que se está enfrentando a crisis que, creo que todos ustedes pueden estar de acuerdo en que probablemente no hayan tenido precedentes en la historia de nuestra democracia: una pandemia global, ahora una guerra a las puertas de Europa y multitud de hechos, como puede ser, por ejemplo, un volcán en La Palma o hace escasos días, incendios de nueva generación que han calcinado hectáreas y hectáreas en Castilla y León, en Cataluña, en Aragón, en la Comunitat Valenciana.

En definitiva, creo que estamos haciendo un trabajo más que razonable, con nuestros aciertos y con nuestros errores, pero siempre no olvidando para quién gobernamos. Y para quien gobernamos es para la clase media trabajadora de este país, y ya sabemos que eso molesta a determinados poderes económicos.

Pero nosotros vamos a seguir esa hoja de ruta porque creemos que es la que merece y la que necesitan nuestros conciudadanos.

Respecto a la reforma, usted dice "esperar". Bueno, llevamos unos 36 meses. Fíjese lo que ha pasado ayer en Estados Unidos. En Estados Unidos los jueces han tomado una decisión muy controvertida. Por tanto, los jueces toman decisiones muy importantes para nuestras sociedades y creo que los órganos de gobierno de los jueces deben contar con la máxima legitimidad, que es la que no tienen ahora mismo en el Consejo General del Poder Judicial, ni tampoco el Tribunal Constitucional, porque hay un partido político que no quiere cumplir con sus obligaciones constitucionales.

Es que la Constitución no se cumple cuando al PP le interese. Es que se tiene que cumplir.

Llevamos 36 meses de bloqueo: 32 meses con el señor Casado como líder del Partido Popular y ahora cuatro meses con el señor Feijóo como líder del Partido Popular.

Por tanto, creo que estamos hablando de un hecho que no tiene precedentes, de una extraordinaria gravedad y por tanto, creo que lo que tiene que hacer el Partido Popular es cumplir con la Constitución y no poner excusas. Al final da la sensación de que ponen excusas y condiciones para no cumplir con la Constitución. Y eso no es aceptable. La Constitución se tiene que cumplir todos los días, todos sus artículos y no cuando le interese, en este caso el principal partido de la oposición.

Y en relación con la última de sus preguntas. Mire, yo ayer primero me solidaricé y reivindiqué el extraordinario trabajo que están haciendo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en nuestro país, algunas de ellas guardias civiles que fueron heridos como consecuencia de este asalto violento -y quiero además volver a repetir esa calificación- violento y organizado por parte de mafias que trafican con seres humanos a una ciudad que es territorio español.

Por tanto, fue un ataque a la integridad territorial de nuestro país, de una manera violenta, y por lo tanto, lo primero que tengo que hacer como presidente del Gobierno y aprovecho su pregunta para volver a subrayarlo, es solidaridad y reconocimiento del trabajo que hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la protección de nuestras fronteras.

En segundo lugar, recordar también que la Gendarmería marroquí trabajó coordinadamente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para repeler este asalto tan violento que vimos ayer a la Ciudad Autónoma de Melilla.

Y finalmente, si hay un responsable de todo lo que parece que ha sucedido en esa frontera son las mafias que trafican con seres humanos.

Sandra Gallardo, Radio Nacional. Buenas tardes, presidente. Quería alguna precisión sobre las medidas. Respecto al cheque, ¿por qué finalmente se ha optado por dejarlo en 200 €? Unidos Podemos hablaba de 300. No sé porque finalmente no han optado por esa cantidad un poco más reducida. No sé si es que igual se ha subido al umbral de quienes pueden beneficiarse y así va a poder llegar a más gente. Si nos puede dar un poco más de precisión sobre ese cheque. Quería saber si usted y la vicepresidenta segunda han cerrado la negociación, si se han visto antes del Consejo de Ministros para rematar el decreto. Y, si me permite, dos temas de actualidad, usted lo apuntaba en una anterior respuesta: la decisión del Supremo en Estados Unidos. Una valoración y si teme que pudiera en un futurible, producirse algo similar en España. Y por último, usted ya ayer lo apuntó y hoy ha vuelto a decir, que hay sectores que de alguna manera están poniendo palos en las ruedas al Gobierno. Son acusaciones graves. ¿Realmente tiene temor fundado de que alguien les está intentando acortar la legislatura, de que haya sectores económicos que estén intentando torpedear la labor de la coalición? Gracias.

Muchas gracias, Sandra, por sus preguntas. En relación con la primera de las preguntas. La ayuda directa se crea. Hay que verla en todo su contexto, en todo su conjunto. Estamos hablando de 15 mil millones de euros que vamos a desplegar de aquí al 31 de diciembre, con medidas muy importantes, como una rebaja de un 80% de los impuestos vinculados con la factura de la luz, con ayudas a sectores específicos, con el aumento a casi 2 millones del bono social eléctrico para los hogares que han devenido vulnerables como consecuencia del alza de los precios, con el 15% de aumento del ingreso mínimo vital, con el 15% de aumento en las pensiones no contributivas. En definitiva, tenemos que ver todo en su contexto y en todo su conjunto.

Efectivamente, esa fue la propuesta que hizo Unidas Podemos al Gobierno, al conjunto del gobierno, y hemos creído, hemos acordado entre todos los miembros del gobierno, también aquellos de Unidas Podemos, el que la ayuda directa fuese de 200 €, porque entendemos que tenemos que mirar todos las ayudas, todos las políticas que estamos implementando en este paquete tan importante, con tanto esfuerzo presupuestario, quiero recordarlo, de más de 9 mil millones de euros y una merma en la recaudación como consecuencia de la bajada de los impuestos de más de 3 mil millones de euros y que creo que beneficia al conjunto de la sociedad española.

Sobre con quién lo hemos cerrado, se ha seguido el mismo proceso que hemos seguido siempre: es decir, esto es un órgano colegiado, el Gobierno, el Consejo de Ministros. Y por tanto lo que ha habido ha sido un trabajo entre todos los ministros y ministras implicados, desde el Ministerio de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, a la ministra de Hacienda, a las vicepresidentas, a todos y cada uno de los ministros.

Sobre la sentencia del Tribunal Supremo. A mí me parece que es un retroceso gravísimo, que si nos demuestra algo es cuánto cuesta conquistar derechos y qué fácil es retroceder en esos derechos. Esa es la primera de las reflexiones. Y quiero recordar, además, que el Partido Popular sigue manteniendo un recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Tribunal Constitucional.

Por tanto, este no es un debate ajeno al que tenemos en nuestro país, al que hay en Estados Unidos, porque el Partido Popular, cada vez que ha habido avances en el reconocimiento de los derechos y las libertades de las mujeres, los ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. Y un caso bien paradigmático de ello es que se mantiene ese recurso ante el Tribunal Constitucional.

Y, en tercer lugar, la reflexión que antes le hacía a su colega. Y es que los jueces toman decisiones muy importantes sobre la vida y el día a día de nuestros ciudadanos y ciudadanas y por lo tanto, lo mínimo que se le exige por parte de los políticos es que cuenten con la total y absoluta legitimidad.

Y hoy, desgraciadamente por el bloqueo y los intereses espurios del principal partido de la oposición, llevamos 36 meses con un gobierno de los jueces en funciones y con un Tribunal Constitucional también, sin poder renovar buena parte de sus magistrados.

Por lo tanto, en fin, quiero trasladarles nuestro rechazo absoluto a este tipo de conductas que no son políticas y que son efectivamente la buena prueba de que hay un partido político que considera que la Constitución es tan suya y solo suya, que solamente él la cumple cuando considera oportuno cumplirla. Pero eso precisamente lo que hace es socavar los cimientos de la democracia y el buen funcionamiento de instituciones tan importantes que toman decisiones tan trascendentales como la que hemos visto hace escasas horas por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Y en relación con la última de sus preguntas, yo creo que resulta evidente que este es un gobierno molesto para determinados intereses económicos, que tiene sus terminales mediáticas y tienen también sus terminales políticas. Pero bueno, creo que eso es algo que está a pie de calle, que cualquier persona que lo analice con un mínimo de objetividad lo podrá ver.

Este no es un gobierno cómodo, es un gobierno muy incómodo para determinados poderes económicos que tienen sus terminales tanto políticas como mediáticas. Y esto es una realidad, por cierto, es una realidad que venimos sufriendo desde hace cuatro años a esta parte, primero con la moción de censura y posteriormente con la formación del primer gobierno de coalición progresista. Pero ya les digo esos intereses que desde luego no nos van a quebrar y que vamos a continuar defendiendo los intereses de la clase media trabajadora de este país.

Daniel Blanco, de Europa Press. Buenas tardes, presidente. Quería preguntarle, en primer lugar, ayer dejó claro que quiere agotar la legislatura, que la va a llevar hasta el final. Me gustaría saber si considera que el equipo actual, su equipo actual es el mejor posible y por tanto, cierra la puerta a cualquier cambio, tanto en el gobierno como en el partido. Y también quería preguntarle si teme que estos cambios que se han producido en los últimos días en la cúpula de Indra y esta última reforma del Consejo General del Poder Judicial, que ha sido criticada por todas las asociaciones de jueces y también por el propio socio de gobierno, sí pueden generar una sensación en la opinión pública de toma de poder por parte del Gobierno.

Bueno, en relación con la primera de las preguntas que me ha hecho, tengo un problema: y es que si lo fuese a hacer, no lo diría. Y si les digo que no lo voy a hacer, no me creerían. Por tanto, lo que les puedo decir es que me siento absolutamente cómodo y respaldo a mi Consejo de Ministros y Ministras y también a mi Ejecutiva Federal. Pero, en fin, ya sé que decir esto, pues ustedes lo mirarán con cierta distancia, pero no por mi convicción, sino porque evidentemente estas son las circunstancias.

Pero bueno, quiero decirles que estoy muy cómodo y muy orgulloso del equipo que tengo en el Consejo de Ministros y Ministras, y por supuesto también en la dirección federal del Partido Socialista.

Y en relación con la segunda pregunta, la instrumentalización de las instituciones públicas estuvo en el pasado. No quiero recordar hechos recientes de grabaciones que hemos visto o de imputaciones que se han hecho por parte de terceros países a exdirigentes de anteriores administraciones de la política española.

Y también instrumentalización es tener bloqueado e incumplir la Constitución durante 36 meses, primero en el Consejo General del Poder Judicial y también en el Tribunal Constitucional.

Muchas gracias.