Comparecencia de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

La Moncloa

Ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.- ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta comparecencia de prensa, para trasladarles los acuerdos adoptados en la mañana de hoy, en la reunión del Consejo de Ministros.

Como ven, me acompaña la vicepresidenta primera y también la vicepresidenta tercera, que van a ahondar en los acuerdos que tienen que ver con sus departamentos.

Hoy hemos acordado algo importante, que va en la dirección siempre de la inquietud que tiene este Gobierno en aportar tranquilidad en tiempos de incertidumbre. En este caso aportamos tranquilidad a más de 1 millón de familias, en tiempos de incertidumbre, cuando, como consecuencia de la guerra en Ucrania, y de las decisiones que se están adoptando en esta crisis económica, están subiendo los tipos de interés, y con ellos también los gastos domésticos de millones de hogares en nuestro país. Es un acuerdo de Consejo de Ministros, que va en la dirección de dar esa tranquilidad a las familias, especialmente, a las familias más vulnerables, pero también atendemos a las economías de la clase media y trabajadora de nuestro país.

Sintetiza muy bien, este acuerdo, la forma en que el Gobierno está abordando las consecuencias económicas de esta crisis, como antes se abordó, también, las consecuencias económicas de la pandemia.

A esto es a lo que se dedica el Gobierno, ante un problema, una solución, ante una preocupación, una certidumbre, donde hay dificultad se añade protección.

Así lo dijo el presidente del Gobierno: "Vamos a poner todos los medios del Estado al servicio de las familias y de las empresas, para amortiguar y aliviar los efectos derivados de la guerra en Ucrania"

Y eso es lo que hacemos. Cumplimos con lo que decimos. Protegemos a nuestro país, a nuestra gente.

Atender lo urgente al tiempo que se atiende lo importante. Dar certezas a la clase media y trabajadora. Cumplir con los autónomos, con los sectores especialmente castigados por la crisis, con la juventud. En definitiva, hacer avanzar a este país al tiempo que damos tranquilidad.

Eso es lo que vamos a hacer, dando cumplimiento a otro de los compromisos del presidente del Gobierno en el debate del Estado de la Nación, y que es lo que nos trasladará a la vicepresidenta tercera, dando, además, y marcando, también, una senda de trabajo, que es los retos que tenemos ante nosotros, como consecuencia del cambio climático, y concretamente, ante los incendios que asolan nuestro país, y en los que se necesita la tranquilidad de sus profesionales.

Hemos aprobado dos anteproyectos de ley, uno de ellos dirigido a los agentes y el otro a los bomberos forestales, para homologar y armonizar estos profesionales, que dedican su vida para defender la nuestra y la de nuestros montes durante todo el año y que necesitan contar con ese colchón mínimo de seguridad y de homogeneidad en todo el territorio de nuestro país.

Cumplir y proteger es también el objetivo de los Presupuestos Generales del Estado, que se están tramitando en este momento. Los distintos ministros y ministras pasaremos durante estos días, estamos pasando por el Congreso de los Diputados, para explicar cada uno de los departamentos, unos Presupuestos Generales del Estado que van en la dirección de seguir avanzando como país, de desplegar con rotundidad los Fondos de Recuperación, al tiempo que no nos olvidamos de atender la situación que vive España, como consecuencia de esta guerra, y dar esa tranquilidad, que se podría traducir, también, en ese colchón de protección a las familias con medidas tan significativas, tan importantes, tan extraordinarias, como que las familias, los trabajadores, los estudiantes, en nuestro país, puedan acceder a su puesto de trabajo o a la universidad en el transporte público gratuito.

Agradecemos el apoyo que ya hemos recibido de los grupos parlamentarios que se han manifestado en el paso de estos presupuestos por comisión, y también aquellos que se están manifestando en el apoyo a los mismos.

En los asuntos que afectan al Consejo de Ministros y que no van a abordar las vicepresidentas, me detendré en algunos de ellos, que serán completados con la referencia, como siempre, hay un amplio paquete de medidas, especialmente en ese índice verde.

Me centro en aquellos que tienen que ver con esa transformación de país, con ese apoyo a los sectores estratégicos y, concretamente, con el sector primario y con la industria agroalimentaria.

Hemos dado un paso más en este Consejo de Ministros, aprobando un acuerdo que autoriza al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a asumir los compromisos de gasto, para financiar, para comenzar a desplegar ese PERTE agroalimentario. Un Plan Estratégico, de un sector estratégico, como es el agroalimentario, complementado con otras ayudas y apoyos del Gobierno, como lo fue la Ley de Cadena Alimentaria o la Política Agraria Común.

Este año, gracias a este Acuerdo, se van a poder financiar actuaciones para el fortalecimiento de esta industria, por un importe de algo más de 200 millones de euros, vía subvenciones, y hasta otros 200 millones de euros vía préstamos.

El objetivo es incrementar la competitividad del sector, avanzar en su sostenibilidad, también en la conservación del medio ambiente, de la biodiversidad, en definitiva, hacer de la industria agroalimentaria una industria más sostenible, al tiempo que la hacemos más competitiva, incorporando en ella la innovación y la ciencia.

Y dentro de estos acuerdos, y en este Plan Estratégico Agroalimentario, que es, quizás, el que simboliza ese objetivo de cohesión territorial de manera más importante, este es un sector que está en todo el territorio, y que desde este apoyo a su industria estamos contribuyendo a ese objetivo de la cohesión territorial, esta apuesta por la investigación y el desarrollo, está la puesta en marcha y, por tanto, la partida presupuestaria para esa fundación Ciudad del Envase y el Embalaje, ese centro tecnológico, que estará situado en La Rioja y que es, sin duda, uno de los grandes emblemas de este Plan Estratégico.

Avanzando en cohesión territorial, telegráficamente, algunos acuerdos adicionales, que tienen que ver con esa visión del Gobierno de apuesta por mantener la cohesión en todo nuestro país, no nos hemos olvidado de la Isla de La Palma. En este Consejo de Ministros hemos aprobado una nueva subvención de 12 millones de euros, a través de la cual, que servirá para firmar un convenio con el Cabildo, para los daños y las reparaciones que haya que hacer en infraestructuras y equipamientos municipales.

En total, este es un es un presupuesto que gestiona el Ministerio de Política Territorial, en total, serán 38,5 millones de euros, lo que destinaremos a las entidades locales para rehabilitar toda esa parte de equipamientos municipales que fueron dañados por la erupción del volcán.

Con esta, cerraríamos el apoyo a las entidades locales, cuando terminemos de firmar este convenio, ya hemos avanzado una inversión, y esta será la que culminará esa ayuda del Estado a las entidades locales.

Aprobamos, también, concesiones directas de subvenciones para cinco comunidades autónomas: Madrid, Cataluña, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Son para proyectos de políticas de empleo, para personas especialmente vulnerables, y lo son por un presupuesto de 8 millones de euros.

También, en ese proceso de penetración y de aproximación a todo el territorio, hemos autorizado el contrato para la construcción del nuevo Centro de Procesos de Datos de la Seguridad Social, en Soria, que contará con una aportación de 73 millones de euros.

Y no quiero dejar de señalar, por simbólico, y porque es también el recordatorio de que la guerra sigue ahí, no solamente en sus consecuencias económicas, sino también en las consecuencias dramáticas, para los que la viven sobre el territorio, un Plan de Acción de la Universidad-Refugio, para que las universidades españolas puedan acoger a los estudiantes o investigadores que huyen de la guerra y que puedan seguir desarrollando su tarea de la mano de las universidades españolas.

Es una aportación de 2,6 millones de euros a aquellas universidades en nuestro país que estén acogiendo a estos investigadores o estudiantes ucranianos que estén huyendo, en estos momentos, de la guerra.

Para finalizar, una mención, que no queremos tampoco dejar pasar, y es que esta semana terminará con el Día Internacional contra la Violencia de Género. Como es habitual, el Gobierno ha aprobado una declaración institucional, para conmemorar esa fecha, la del 25 de noviembre.

Con ella y en ella, en esta declaración institucional, el Gobierno de España muestra nuestro más absoluto rechazo a todas las formas de violencia machista. Reiteramos la determinación en conseguir una sociedad más igualitaria, una sociedad libre de esta lacra. La lucha contra la violencia machista forma parte del corazón de nuestra democracia, y este ejecutivo quiere enviar un mensaje de reconocimiento y homenaje a todas las mujeres, a las niñas y a los niños, víctimas, también, de esa violencia, a sus familias, a las que ya no están, nuestro recuerdo, y también, nuestro reconocimiento a las supervivientes.

La erradicación de la violencia contra las mujeres tiene que seguir siendo un objetivo prioritario de todas las administraciones públicas. Desde luego, es un compromiso con el cumplimiento de los derechos humanos. Merece un especial reconocimiento, siempre, al movimiento feminista, y es lo que hemos abordado en esta declaración institucional, que ha visto la luz hoy en el Consejo de Ministros.

A continuación, cedo la palabra a la vicepresidenta, para explicar estos acuerdos tan importantes adoptados en el día de hoy.

Vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.- Muchas gracias, ministra portavoz. Yo creo que tu introducción ha sido perfecta, porque, es verdad que hoy hemos adoptado un paquete importante de medidas para reforzar la protección de los ciudadanos en el ámbito financiero.

Este es uno de los objetivos que ha guiado la acción del Gobierno desde 2018, con hitos importantes como la Ley de Crédito Inmobiliario, de 2019, todas las medidas de protección adoptadas durante la pandemia, el Código de Buenas Prácticas para el tratamiento personalizado de las personas mayores y personas con discapacidad, que suscribimos en febrero de este año, más recientemente, en septiembre, el acuerdo suscrito también para que, en todos los pueblos, en todos los lugares de España, haya una prestación de servicios financieros básicos, física, presencial, y hoy, en esta misma línea, gracias a las medidas adoptadas en el Consejo de Ministros, vamos a conseguir aliviar la carga hipotecaria de los hogares más afectados por la subida de los tipos de interés, se trata de una medida que puede proteger a más de 1 millón de hogares, esto es, aproximadamente, un tercio de los hogares que tienen hipotecas a tipo variable, y, además, damos el paso definitivo para la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.

Espero que las Cortes Generales tramiten esta norma con agilidad, para que cuanto antes. dispongamos de esta línea de defensa adicional para el conjunto de los ciudadanos, en el ámbito financiero.

Como saben, el contexto internacional causado por la guerra en Ucrania ha llevado a un alza de precios y también a un alza, acelerada, de los tipos de interés, por parte de los bancos centrales. Y esto ha llevado a un aumento del Euribor, el tipo de interés de referencia de las hipotecas a tipo variable, aunque este tipo está por debajo de los niveles históricos, como pueden ustedes ver en la diapositiva que está en la pantalla, y, además, los futuros apuntan a una estabilización de este tipo de interés de referencia, lo cierto es que se ha producido un alza muy acelerada del Euribor y, con ello, de la carga financiera de los hogares con hipotecas a tipo variable, que son 3.700.000 en España.

Ese aumento de los tipos tiene un impacto significativo en la situación financiera de algunas familias, especialmente, las que tienen un menor nivel de renta, que, además, son las más afectadas por el alza en el coste de la vida.

Quiero ser muy clara. Las medidas que adoptamos hoy en el Consejo de Ministros no responden a un riesgo o a un impacto macroeconómico por esta subida de los tipos de interés. Afortunadamente, la situación en el mercado hipotecario y financiero es muy diferente de la que teníamos con la crisis financiera que se inició en 2007.

En los últimos años, la cartera de hipotecas se ha modificado sustancialmente, como pueden ver en la diapositiva que está en pantalla.

Ha aumentado el peso de las hipotecas nuevas a tipo fijo, gracias a la reforma de la Ley del Crédito Inmobiliario, que ya he mencionado, de 2019, que, justamente, incorpora medidas para facilitar la conversión de hipotecas de tipo variable a tipo fijo, hoy, tres de cada cuatro nuevas hipotecas, se conceden a tipo fijo, con el correspondiente reflejo en el stock acumulado de hipotecas vivas, que pueden ver en el gráfico central.

Por otro lado, el plazo medio residual hasta el vencimiento ha bajado de los 18 años que había en 2017, a apenas 10 años, a finales de 2021, lo cual reduce el stock de crédito hipotecario potencialmente afectado por la subida de los tipos de interés.

Asimismo, el porcentaje de hogares que dedica más de un 40% de su renta disponible al pago de la hipoteca ha descendido sustancialmente en los últimos años. Y es que los niveles de endeudamiento del sector privado, tanto de las empresas no financieras, como de las familias, como pueden ver en esta diapositiva que está en pantalla, ha bajado, gracias al significativo apoyo público que han recibido en respuesta a la pandemia, que ha llevado, además, a una fuerte creación de empleo, la protección de las rentas familiares y la protección de la solvencia empresarial.

Gracias a este apoyo financiero del sector público y a la reducción del crédito, los hogares tienen hoy una posición financiera más saneada, con más ahorro, con menos endeudamiento que en otros momentos de nuestra historia, y todo ello refuerza la resistencia, la fortaleza de la economía española en este contexto de aumento de los tipos de interés.

Aun así, algunas familias, especialmente, las vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad, están acusando el aumento de la subida de tipos en su situación financiera, y por eso, hoy hemos adoptado este paquete de medidas que proporciona a las familias un menú de opciones, para amortiguar la carga hipotecaria de forma efectiva y poder tener así más tranquilidad, más confianza, más certidumbre, sobre su nivel de gasto a medio y largo plazo, pudiendo así, además, elegir, optar, por aquellas medidas que mejor se adecúe a sus necesidades y a su situación financiera particular.

En concreto, con el paquete de medidas adoptado hoy, actuamos en tres vías.

En primer lugar, mejorando el tratamiento de las familias vulnerables.

En segundo lugar, ampliando y acordando un nuevo marco de actuación para familias de clase media en riesgo de vulnerabilidad.

Y, en tercer lugar, con medidas generales, aplicables a todo el universo de hipotecas, para facilitar la amortización anticipada de créditos, y la conversión de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo, entre otras medidas.

Como decía, en primer lugar, se refuerza el actual código de buenas prácticas para deudores hipotecarios vulnerables, esto es, aquellas familias con rentas inferiores a los 25.200 euros al año, y un incremento del esfuerzo hipotecario del 50%, con viviendas de hasta 300.000 euros. Y, en concreto, lo que hacemos con el paquete adoptado hoy, es reducir el tipo de interés aplicable durante los cinco años de carencia en el pago del principal de la hipoteca, pasando del Euribor +0 25%, al Euribor -0 10%, es decir, con un tipo de interés que estará por debajo del Euribor.

Se introduce, además, la posibilidad de que las familias soliciten la reestructuración de la deuda en más de una ocasión.

Se duplican, hasta los 24 meses, el plazo para solicitar la dación en pago de la vivienda habitual y, finalmente, se amplía de 6 a 12 meses el plazo para poder solicitar el alquiler social en la propia vivienda a la entidad financiera, como saben, por un importe máximo del 3% de su valor, por parte de las personas en situación de vulnerabilidad que estén sometidas a una situación de desahucio de su vivienda habitual.

Por ponerles un ejemplo del impacto de estas medidas, una familia con una hipoteca tipo de 120.000 euros y una cuota mensual de 524 euros, tras la revisión de los tipos de interés, verá reducida su cuota durante el periodo de carencia de cinco años, en más de un 50%, hasta los 246 euros.

Además de este refuerzo de las medidas, ampliamos el ámbito de aplicación del Código de Buenas Prácticas, para que se aplique a más de 300.000 familias. Así, los hogares vulnerables que no hayan experimentado un aumento del 50% de la carga hipotecaria, podrán, también, acogerse al Código de Buenas Prácticas, en este caso, con una carencia en el pago del principal de dos años, un tipo de interés menor durante ese periodo de carencia, y una posibilidad de alargamiento del plazo de la hipoteca en hasta siete años.

Finalmente, me gustaría señalar que se incorpora, como nueva obligación, la de garantizar la salvaguarda de los derechos de los deudores en el caso de la cesión de créditos, para evitar la desprotección de las familias vulnerables en caso de venta de carteras de créditos hipotecarios a un tercero, que pueda no haber suscrito este Código de Buenas Prácticas.

En segundo lugar, en el paquete adoptado hoy, también protegemos a las familias de clase media que se encuentren en riesgo de vulnerabilidad, como consecuencia del aumento rápido de la carga hipotecaria.

En concreto, el nuevo Código de Buenas Prácticas será aplicable a los hogares con renta inferior a tres veces y media el IPREM. Estos son unos 29.400 euros anuales, que tengan que hacer frente a una cuota hipotecaria superior al 30% de su renta, y que hayan experimentado un incremento de esta carga hipotecaria, superior o de al menos el 20%.

Para todos estos casos, las entidades financieras deberán ofrecer una suavización del incremento de la cuota y una extensión del plazo de amortización de hasta siete años, con la posibilidad de congelar la cuota mensual durante 12 meses, con una reducción del tipo de interés aplicable al principal que deje de pagarse durante estos 12 meses. Que se aplace.

Este nuevo catálogo de medidas permitirá proteger hasta cerca de 700.000 familias, para que se puedan adaptar, gradualmente, a este nuevo escenario de tipos de interés.

Por último, en el paquete adoptado hoy, se plantean medidas adicionales que se recogen también en la diapositiva que está en la pantalla, para reducir aún más todos los costes de conversión de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo, para eliminar, totalmente, las comisiones por amortización anticipada y por conversión del crédito de variable a fijo durante 2023, encargar al Banco de España una guía para deudores hipotecarios en dificultades, para garantizar la transparencia sobre todas estas medidas y, además, reforzar la transparencia en la información a los ciudadanos y el seguimiento de la aplicación de ambos códigos.

Precisamente, hoy, también en Consejo de Ministros, hemos aprobado este importante proyecto de ley para reforzar la vigilancia de la conducta de las entidades financieras en los distintos mercados, mediante la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.

Esta nueva autoridad administrativa, que estará financiada por las entidades financieras, unificará los actuales servicios de reclamaciones del Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Esta autoridad se encargará de resolver los conflictos que haya entre clientes y entidades financieras cuando no hayan quedado satisfechos por la respuesta que se dé en las ventanillas de quejas y reclamaciones de las propias entidades.

El objetivo es facilitar, agilizar la resolución de los conflictos y, también, la protección de los ciudadanos y para ello, el procedimiento de presentación de reclamaciones será gratuito, con atención personalizada.

Hay un plazo máximo general de 90 días, para la resolución de la reclamación, salvo que haya circunstancias excepcionales.

Las resoluciones de la autoridad serán vinculantes para la entidad financiera cuando el importe reclamado sea inferior a 20.000 euros. Hasta ahora, las decisiones de los servicios de reclamaciones del Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros, no eran vinculantes, y, además, se incorpora la potestad sancionadora de la autoridad, en caso de incumplimiento de sus resoluciones vinculantes.

Además, la ley amplía el ámbito de protección, no solo a los clientes de los servicios financieros, digamos, tradicionales, también a los clientes en el ámbito de los cripto activos o los servicios Fintech, y la competencia de la autoridad se extenderá, también, a los códigos de autorregulación, voluntariamente suscritos por las entidades financieras o las asociaciones, como los que se adoptan precisamente hoy.

Con las medidas adoptadas, lo que hacemos es completar la red de protección de los ciudadanos en el ámbito financiero con seis niveles.

En primer lugar, los compromisos de las propias entidades. Compromisos como los suscritos en febrero, en la atención de los mayores y las personas con discapacidad. Los suscritos en septiembre, para la atención personalizada de los ciudadanos en todo el territorio, en todos los pueblos de España.

El segundo nivel, es la normativa general de conducta para las autoridades financieras, por ejemplo, la Ley de Crédito Inmobiliario, la Ley de Servicios de Atención al Cliente.

El tercer nivel, son las propias oficinas de quejas y reclamaciones de las entidades financieras.

El cuarto nivel, es el de las reclamaciones extrajudiciales en controversias individuales, que es el nivel que reforzamos hoy, que completamos con la creación de esta Autoridad Administrativa de Defensa del Cliente financiero.

Y, por último, siempre existe la posibilidad de que el cliente recurra a la vía jurisdiccional si no ha logrado satisfacción a lo largo de todas las fases anteriores.

Además, hay sexto nivel de protección, reforzada para los clientes en el ámbito hipotecario, con la suspensión de desahucios para familias vulnerables hasta mayo de 2024; el informe obligatorio y seguimiento de los servicios sociales, en los casos de los desahucios; el refuerzo del parque de viviendas social, de hecho, estamos trabajando en un Plan de Vivienda, para alquiler asequible, que tiene por objeto poner a disposición de los ciudadanos 100.000 viviendas de alquiler social y asequible, un tercio de las cuales será proporcionado por Sareb, en los próximos meses iremos comunicando e informando las medidas concretas en colaboración, por supuesto, con las comunidades autónomas y los agentes involucrados a nivel local, para poder desplegar el parque público de vivienda social, que es una pieza absolutamente fundamental para la protección de los colectivos vulnerables.

Termino ya.

Además de estas importantes medidas, si hay que mencionar que hoy en Consejo de Ministros hemos aprobado la dotación de las garantías del Reino de España para el apoyo financiero a Ucrania, tanto por parte de la Unión Europea como de otras instituciones financieras multilaterales, por más de 521 millones de euros, como decías uy bien, ministra portavoz, la guerra sigue existiendo y España es un socio importante a la hora de proporcionar el apoyo financiero necesario para el mantenimiento del funcionamiento de la economía y la administración ucranianas.

Y también, hemos adoptado un acuerdo, en el Real Decreto-Ley, con un acuerdo del Consejo de Ministros, hemos adaptado al marco comunitario de ayudas públicas, la línea de avales para proporcionar liquidez a las empresas afectadas por la guerra de Ucrania.

Como saben, el pasado mes de marzo, la verdad es que nada más iniciarse la guerra, el Gobierno aprobó la movilización de 10.000 millones de euros, en avales públicos, para garantizar el crédito a las empresas afectadas por la subida de los costes energéticos. Una línea de avales gestionada por el ICO, igual que hicimos durante la pandemia.

Ya hemos movilizado un primer tramo de 5 mil millones y hoy, lo que hacemos, es extender el plazo de solicitud de los avales disponibles para empresas y autónomos hasta el 1 de diciembre de 2023.

Además, se han creado dos compartimentos diferenciados, de 3.500 millones de euros para PYMEs y autónomos, y de 1500 millones para grandes empresas, para garantizar una distribución equitativa de la financiación avalada por el sector público, y también hemos modificado los importes máximos de las ayudas y de las garantías públicas.

En definitiva, yo creo que las medidas adoptadas hoy en el ámbito financiero, reflejan muy bien, como decía la ministra portavoz, la labor de este Gobierno, que se ocupa de lo urgente, sin perder de vista lo importante, que en este caso es proteger al conjunto de la ciudadanía y, muy especialmente, a la clase media y a los colectivos vulnerables.

Portavoz.- Gracias. Vicepresidenta.

Vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.- Muchas gracias, ministra portavoz y muchas gracias a todos los presentes.

Yo voy a introducir dos anteproyectos de ley que hemos aprobado hoy en primera lectura, y esperamos poder mandar al Parlamento antes del siguiente periodo de sesiones, con los que queremos saldar una deuda pendiente con dos colectivos muy importantes, el de los agentes forestales y medioambientales, y el de los Bomberos forestales, dos colectivos que han sido clave, que están siendo clave, en la protección de ecosistemas, de biodiversidad, en un momento en el que, además, gana peso la preocupación por tres grandes amenazas que afectan directamente a la prosperidad de las personas, los efectos en los ecosistemas y en los bienes ambientales como consecuencia del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, y el incremento de los niveles de polución en aguas, en ríos, en nuestros acuíferos subterráneos, en suelos o en espacios marítimos.

Estos colectivos han mantenido durante años dos reivindicaciones históricas, para poder dotarse de unas condiciones básicas comunes en todo el territorio, y permítanme que les cuente los contenidos elementales de cada uno de los dos anteproyectos de ley.

Con respecto a los agentes forestales y ambientales, destacaría que son, quizá, uno de los colectivos, uno de los cuerpos de funcionarios, o cuerpos de funcionarios con carácter general, más antiguos en nuestro país. a finales del siglo XVII, las Reales Ordenanzas establecen la necesidad de grupos, de personas, especializadas en la protección de masas arbóreas y vigilancia de animales salvajes. Desde entonces las cosas han cambiado mucho y, quizá, los antecedentes más cercanos pueden ser la creación de la Guardería Forestal, en la Ley de 1966 de Montes, o los sistemas de vigilancia del agua y de la disciplina, en materia de agua, de las confederaciones hidrográficas.

No obstante, con la creación del estado autonómico, las competencias asumidas por las comunidades autónomas explican por qué todos los efectivos de esa Guardería Forestal son transferidos a las comunidades autónomas y, a partir de ahí, hay una variedad muy importante en el territorio, que pone de manifiesto las divergencias a las que estos agentes medioambientales y forestales reivindican hacer frente, con un contenido básico común para todo el territorio.

Se trata de colectivos que, de algún modo, constituyen el primer eslabón de todo un sistema dedicado a la conservación de la naturaleza, a la vigilancia de la disciplina ambiental, en un país extraordinariamente rico desde el punto de vista de la biodiversidad y de la riqueza forestal, y todo ello de forma compatible, obviamente, con las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Hay alrededor de 6.000 personas que son merecedoras de esta calificación, como agentes forestales y medioambientales, repartidas entre los distintos niveles de administración, y de ellos, más de 400 dependen de la Administración General del Estado.

La necesidad de contar con ellos en la vertebración del territorio, la necesidad de contar con unas condiciones profesionales comunes, un marco básico que nos permita identificar cuáles son las labores y las condiciones de profesionalidad, era obvia.

De hecho, entre las labores que se definen en la Ley, están las funciones básicas de auxilio y colaboración en emergencias y protección civil en el medio natural, las funciones propias que les caracterizan en la custodia y vigilancia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y ambiental, velando por el cumplimiento de las normas, o las funciones técnicas de apoyo en la gestión en materia, de nuevo, ambiental, forestal, dominio público, paisaje y planificación, seguimiento o inventario de hábitats.

Cada uno de estos agentes tiene la condición de autoridad pública, agentes de la autoridad, sin perjuicio de su obligación de colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que ejercen funciones de Policía Administrativa Especial y Policía Judicial en sentido genérico, y que deben contar con unos requerimientos de formación y cualificación para el ejercicio de sus funciones, a los que debemos prestar atención desde todas las administraciones, tanto desde el punto de vista sustantivo, para el ejercicio de sus tareas, como desde el punto de vista de prevención de situaciones de riesgo o facilidad para la resolución de conflictos.

La segunda norma que hemos aprobado hoy, en primera lectura, en este ámbito, en el Consejo de Ministros, es la dedicada a regular, de nuevo, las condiciones básicas de los bomberos forestales.

Somos conscientes del incremento muy notable del número de episodios, del número de incendios en todo el territorio nacional durante todo el año, ya no solo concentrados en una época y en unos espacios determinados, y somos conscientes, también, del agravamiento de las características de estos incendios.

De hecho, si recuerdan, a principios de agosto, establecimos la necesidad de contar con planes anuales, en los que en función del nivel de peligrosidad se identificaran los medios, las actuaciones, que se requieren en cada uno de los territorios autonómicos, y las funciones que corresponden al Estado.

Pues bien, esto aparece recogido en la parte que se corresponde con las características esenciales de los profesionales de este ámbito en este Anteproyecto de Ley.

En este campo, sin embargo, existen diferentes modelos de gestión, en la realidad del territorio nacional, con desequilibrios muy importantes en las partidas de inversión, en la estacionalidad de los servicios contratados, o en las características profesionales de las personas que prestan estos servicios. Y esta organización dispar ha terminado siendo una de las condiciones que explican la alta temporalidad y estacionalidad en el colectivo, con sueldos y complementos muy variables, y, en ocasiones, con dificultades para la identificación entre los distintos colectivos en función de cuál sea el territorio, la administración territorial a la que quedan adscritos.

Este Anteproyecto de Ley pretende resolver esta situación estableciendo un nuevo marco básico común que determine, de manera explícita, sus derechos, los deberes, los medios de los que deben estar dotados, las medidas de seguridad y el modo en el que coordinar sus actuaciones.

La norma, por tanto, regula estas características básicas de un servicio que es considerado de carácter esencial e interés social en todo el territorio, y con independencia de la naturaleza jurídica laboral con la que cada administración lleve a la práctica la contratación de este personal.

¿Qué es lo que introducimos en el Anteproyecto de Ley?

Primero, una determinación de las funciones de estos colectivos, que deben trabajar, en este caso, en estrecha colaboración con los responsables en materia de protección civil en tres grandes áreas, la extinción de incendios; la prevención, vigilancia y detección de los mismos; y el mantenimiento de las infraestructuras, los equipos y las instalaciones destinados a facilitar la prevención y la extinción de estos incendios.

También se incorporan algunos de los elementos más importantes para seguir fortaleciendo la profesionalidad de estos colectivos, de estas personas que arriesgan su vida en favor de la seguridad de todos.

En primer lugar, un sistema de clasificación profesional básico, en todo el territorio.

En segundo lugar, un compromiso con la formación continua, reglada, teórica, física y práctica de estas personas. Para ello, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, con el conjunto de las administraciones competentes en el seno del Comité de Lucha contra Incendios Forestales, establecerán los estándares comunes de competencias básicas y la formación para cada una de las posiciones de este sistema común de prevención y extinción de incendios, que deberá ser, lógicamente, respaldada en conferencia sectorial.

Un capítulo, el tercer capítulo, que me parece, fundamentalmente, el más importante de este Anteproyecto de Ley, es la regulación de las condiciones relativas a la prevención de riesgos laborales, con un mandato de aprobación específica de un reglamento para este colectivo, teniendo en cuenta las características especiales de peligrosidad, esfuerzo físico, toxicidad, morbilidad, penosa, edad y equivalentes, incluido este reflejo en la negociación de las retribuciones del personal adscrito a los servicios de prevención y extinción de incendios.

También se regulan los tiempos de prestación de servicio y los tiempos de descanso, así como el mantenimiento de plantillas en caso de sucesión empresarial, dada la fuerte presencia de profesionales vinculados a empresas públicas y privadas, que pueden rotar como consecuencia del modo de gestión indirecta por el que se decantan las distintas administraciones. Se regula la posibilidad de una segunda actividad, y se establecen la necesidad de impulsar planes específicos de igualdad de género.

En este nuevo marco regulador, creemos que podemos ganar con una mayor profesionalización, con una permanente formación, con una mayor eficacia, en la lucha contra los incendios forestales, buscando la seguridad del colectivo que trabaja en estas condiciones, y facilitando el que puedan desempeñar su importante labor de manera óptima y segura.

Creemos que, al igual que ha ocurrido en otros países de nuestro entorno, en los que la emergencia climática ha derivado en la creación de cuerpos especiales a nivel federal, a nivel nacional para responder a estas necesidades, la combinación de estos dos anteproyectos de ley nos permitirá, como decía, no solamente saldar una deuda histórica con estos colectivos, sino, también, modernizar y apostar por una profesionalización y por un ejercicio seguro del desempeño de sus funciones. Muchas gracias.

Portavoz.- Gracias, vicepresidenta.

Iñaki.

Pregunta.- (Iñaki Aguado Amilburu Mediaset) Buenas tardes, ministras.

En primer lugar, a la vicepresidenta Calviño, le quiero preguntar cómo está, en este momento, la relación con los banqueros, con la banca, por qué, esta mañana en un encuentro financiero, están diciendo que, están pidiendo cautela, y están diciendo que quieren conocer al detalle la letra pequeña de este acuerdo, y esto, en realidad, es importante, porque al final son ellos, las entidades bancarias, quienes deben aplicar este catálogo de medidas.

Entonces, me gustaría saber si quedan flecos, si, en fin, si los banqueros están exponiendo dudas sobre esto, si está bien atado este catálogo, en definitiva.

Y a la ministra portavoz, sobre la Ley del "sólo si es si", me gustaría preguntarle, al variar las horquillas de las penas, ¿cómo se explica que no previera las consecuencias que ahora estamos viendo?, ¿cabe esperar?, ¿vamos a seguir viendo cómo se reducen las condenas?, ¿va a seguir habiendo excarcelaciones? ¿Quién asume esta responsabilidad? Me gustaría saber si piensan que se deben asumir responsabilidades políticas.

Y en último término, sobre la sedición, hemos conocido un comunicado de la Asociación de Fiscales que habla de que la reforma propuesta supone una desprotección del orden constitucional, que no es en ningún caso admisible, dicen, una reforma del Código Penal que responda a intereses o situaciones de personas concretas. Me gustaría conocer si tiene algún tipo de reacción a…

Portavoz.- ¿Esta última es, perdón?

P.- Si, sobre la reforma del delito de sedición, el comunicado la asociación de fiscales. Gracias.

Portavoz.- Vice.

Sra. Calviño.- Es el trabajo que hemos hecho con las entidades financieras ha sido muy intenso y muy constructivo, y la verdad es que terminamos ayer, muy tarde, por la noche, de limar los últimos detalles y, por eso, no pudimos concretar el acuerdo formal de las asociaciones, porque no pudieron contactar con todos los miembros de sus asociaciones.

En todo caso, se trata de dos códigos de buenas prácticas, que ahora tendrán que ser o suscritos, o confirmado el que ya existía, por parte de las entidades bancarias.

Para ello hemos previsto un plazo de un mes, para que, aquellas que así lo decidan, se sumen con el objetivo de que las nuevas medidas ya estén vigentes a partir del 1 de enero de 2023.

Hemos tenido ya declaraciones de intención muy claras por parte de alguna entidad, y en concreto, CaixaBank, claramente, ha dicho que va a suscribir este nuevo Código y, por supuesto, sujeto a que así lo acuerden los órganos de decisión de la propia entidad.

Así que, a partir de ahora, depende de las entidades financieras tomar las decisiones. Ahora bien, yo espero que todas las entidades financieras activas en el ámbito hipotecario, suscriban este Código de Buenas Prácticas, porque creo que es el momento de arrimar el hombro y de entre todos, aliviar la situación de las familias de clase media o las familias más vulnerables, que se puedan ver especialmente perjudicadas por la subida tan rápida de los tipos de interés de las hipotecas.

Portavoz.- Sí, en relación a la primera pregunta que usted me planteaba, y en esta semana, en la que, como decía al inicio, conmemoramos el Día contra la Violencia de Género, contra las violencias machistas, mi primer mensaje es de tranquilidad a las mujeres.

Este es un Gobierno que ha trabajado y trabaja para la protección de las mujeres. Lo hacemos, en último recurso, con la política criminal del Estado, pero mucho antes, hay mucho trabajo por hacer por parte de todos, de las administraciones públicas, de las familias, de la educación, de todos, para no llegar nunca a ese extremo.

Y, por tanto, también me alarma el escuchar a dirigentes políticos, a responsables públicos, frivolizar con esta cuestión. No se puede frivolizar.

La violencia machista mata, mata, 1171 mujeres desde que tenemos registros.

Hay casi 20.000 mujeres hoy, año 2022, con órdenes de protección. Podríamos llenar una ciudad media de España, de 20.000 habitantes, con mujeres que hoy tienen protección, porque son víctimas de violencia de género.

Este es un debate que superamos el siglo pasado, que había que proteger a las mujeres frente a las violencias machistas. Fue las Naciones Unidas, en el año 99, cuando se acordó, que efectivamente, había un problema y que todos teníamos que trabajar para procurarle una solución.

Y esta Ley, como otras tantas de este país, donde podemos sentirnos orgullosos y orgullosas de haber estado en los avances de los derechos de las mujeres y también de su protección, esta Ley va en esa dirección.

Y ahora lo que hay que dar también es un mensaje de tranquilidad. Acaba de entrar en vigor esta normativa, ya ha actuado la Fiscalía, estamos pendientes de los pronunciamientos del Tribunal Supremo, y yo confío en el Poder Judicial, como confío en la acción de cada uno de los operadores jurídicos, y en el fin último de esta Ley, que es la protección de las mujeres.

La segunda cuestión que usted planteaba, respetar siempre las opiniones de cualquier colectivo, y también de la Asociación de Fiscales, que creo que es a lo que usted se refería, es el Gobierno quien tiene que velar por la convivencia en nuestro país. Se ha avanzado muchísimo en esta legislatura. Creo que nadie puede discutir, porque es un hecho objetivo, que afortunadamente, hoy, la vida en España, entre los españoles, en Cataluña, entre catalanes, la relación entre las instituciones catalanas con el Gobierno de España, ha mejorado notablemente. Hoy no estamos en la situación que vivíamos en el año 2017, ni que vivíamos en el año 2019. Eso ha sido gracias a la política, a no dejar todo de manos de la respuesta penal, a no dejarlo todo al ámbito jurídico, porque, además, se demostró que entonces, con un 155, con el Código Penal que hoy está en vigor, aquello fracasó, y vivimos uno de los peores momentos y más dramáticos en democracia en nuestro país, y lo que ha hecho este Gobierno, desde el primer momento, es trabajar por la convivencia, por la concordia.

Existía un compromiso político de homologar, de armonizar las penas de estos delitos en el contexto europeo. Sobre eso es sobre lo que hemos avanzado. Esta es la propuesta que está presentada, y que con el mismo respeto que pido para todos los operadores jurídicos, y que manifiesto en torno a este pronunciamiento, es también el respeto que pido para otro poder, en este caso, el Legislativo, que es ahora el que está encargado de aproximarse a esa proposición de ley que está registrada en el Congreso de los Diputados.

Iván.

P.- (Iván Gil Gonzalez, El Confidencial) Hola, muy buenas tardes.

Continuando con la reforma del Código Penal, quería preguntar a la portavoz que se habría abierto la puerta a una posible reforma, también, del delito de malversación. No sé, en este sentido, si hay conversaciones previas con Esquerra Republicana, o si le han confirmado su intención de llevar a cabo, de presentar esta enmienda para modificar este delito.

Y a la vicepresidenta primera, quería preguntarle, respecto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, si es usted favorable a hacer una revisión para que esa subida sea acorde del IPC. Muchas gracias

Sra. Calviño.- ¿Sea, perdón?

P.- Acorde a la subida del IPC.

Sra. Calviño.- Yo soy favorable a la subida del Salario Mínimo Interprofesional y, en este momento, se está desarrollando el trabajo de los distintos grupos técnicos para ver cuál es la horquilla en la que sería adecuado continuar con esa senda de aumento, que se ha producido desde que llegamos al Gobierno.

Hay que recordar que el Salario Mínimo Interprofesional ha aumentado más de un 33, aproximadamente un 35% desde que llegamos al Gobierno, y que tenemos un compromiso claro para que el año próximo lleguemos al 60% del salario medio.

Ese es el marco en el que en este momento estamos trabajando de cara a, antes de final de año, acordar esa subida.

Portavoz.- La proposición de ley y, por tanto, la voluntad del Gobierno es la que está registrada en el Congreso de los Diputados, que comienza su tramitación, también, en esta misma semana, el respeto a la posición de todos los grupos parlamentarios.

Yo les puedo hablar en nombre del Gobierno, que tiene, tenía un compromiso, que se ha manifestado vía proposición de ley, firmada por los dos grupos políticos que conforman la coalición, y como les decía la semana pasada, mantengo esa misma posición.

El Gobierno no puede pronunciarse sobre futuribles. Hay que dejar trabajar al Parlamento, a los grupos. Tampoco he visto que haya habido ninguna manifestación adicional por parte de éstos en la cuestión que usted apunta y, por tanto, no hay ninguna novedad. No podemos hablar en abstracto sobre hipótesis que no se han producido.

Irene.

P.- (Irene Castro Ramírez, El Diario.es) ¿Qué tal?, buenas tardes.

Respecto a la respuesta a mi compañero, Iñaki, interpreto que no van a asumir ningún tipo de responsabilidad política por lo que está pasando, por las rebajas de las penas, sí me puede aclarar este punto, y les quería preguntar qué les parece la instrucción de la Fiscalía, si es lo que esperaban, dado que les da la razón en algunos de los casos, pero no se la da en otros.

Y un poco en relación con esto, el Poder Judicial advirtió ayer de que la Ley contra el Maltrato Animal castiga algunas agresiones a mascotas más que a delitos leves, o a casos leves de violencia machista. Les quería preguntar si van a corregir esto en la futura ley que tienen que aprobar.

Y luego, cambiando totalmente de tema, les quería preguntar qué les parece que el Rey vaya a viajar a Qatar a la fase de grupos, es el único jefe del Estado que lo va a hacer en esta fase. Bueno, teniendo en cuenta que es un país que vulnera algunos derechos humanos, les quería preguntar si el Gobierno pretende tener representación, más allá de la que ha acudido, o la que acudirá con el Rey, si pretenden tener representación en este Mundial. Muchas gracias.

Portavoz.- Gracias, Irene.

Insisto en la respuesta que daba a su compañero. Creo que hay quien está aprovechando esta ocasión para ponerse del lado de aquellos que cuestionan que existe violencia sobre las mujeres, que existe violencia sobre las mujeres, que preocupa a las mujeres y, afortunadamente, a la inmensa mayoría de la sociedad.

Una violencia a la que hemos tratado de dar respuesta con todos los instrumentos que existen, en la ley, también desde la educación, hoy hemos aprobado una estrategia amplia, precisamente, con ese horizonte a futuro, del año 2022 al 2025, una estrategia para combatir la violencia machista y, por tanto, es lamentable que quieran aprovechar esta ocasión para cuestionar un hecho incontestable, y es que esta violencia existe, que esta violencia mata, que había que regular, para que las mujeres, nunca más, las jóvenes, nunca más, tuvieran que justificarse ante agresiones sexuales, como ocurrió en aquel caso, del que surge aquella polémica, que conmocionó a todo el país, y que hizo que ya, desde aquel momento, comenzara a trabajarse este texto legislativo.

Ocurre igual en la siguiente cuestión que usted menciona, que tiene que ver con la violencia vicaria, no tanto con la cuestión animal, y que estudiaremos este informe del Consejo General del Poder Judicial.

Respecto a la selección española, que Su Majestad acompaña a la selección, creo que se hace cargo del sentir de la ciudadanía española, que siempre se siente unida en torno a la selección española. No son tantos los elementos que logran esa unanimidad de apoyo y de unión en la población, como el apoyo a la selección española, y es muy correcto que el Rey esté acompañándoles, también, en ese sentir de la inmensa mayoría de los españoles y de las españolas, y lo que el Gobierno espera es que tengan un buen campeonato, unos buenos resultados, para poder celebrar una victoria.

Ángel.

P.- (Ángel Carreira Cabarcos, Antena 3) Hola, buenas tardes.

Querría insistir, esta es una pregunta para la ministra Calviño, un poco en relación a lo que comentaba Iñaki, algunos representantes de la banca dicen que el acuerdo, que lo tienen que estudiar, pero también hay críticas desde, incluso, el Consejo de Ministros, donde usted se sienta, como, por ejemplo, Yolanda Díaz, que asegura que el acuerdo es positivo, pero es mejorable. Quisiera saber cuál es su respuesta a esta afirmación.

Y quisiera también enviarle una pregunta a la ministra portavoz. El Grupo Parlamentario Bildu ha anunciado que se ha conseguido un acuerdo presupuestario con el Gobierno, y quisiera preguntarle, el presidente del Gobierno dijo muchas veces que con Bildu nunca se iba a pactar, si tiene una reacción a este anuncio. Gracias.

Portavoz.- Vice.

Sra. Calviño.- Los acuerdos adoptados hoy son los acuerdos de todo el Consejo de Ministros, y hemos estado trabajando, muy intensamente, y de forma constructiva, como he señalado, con las asociaciones bancarias, con las entidades bancarias, para tratar de proteger a más de 1 millón de familias de nuestro país que se pueden ver particularmente afectadas por la subida de los tipos de interés.

Y yo creo que este trabajo, responsable e intenso, que hemos desarrollado, tanto con las entidades como con el propio Banco de España, ha dado un paquete de medidas que es muy importante, que refuerza y amplía los ámbitos de actuación, y creo que va a dar un alivio eficaz, tanto las clases medias que se puedan ver en riesgo de vulnerabilidad, como a los colectivos más vulnerables, que al final, es el objetivo prioritario que tenemos que tener todos en este momento.

Portavoz.- Respecto a la cuestión que usted plantea, fíjese, estos son unos Presupuestos que podrían apoyar, diría, todos los grupos políticos de la Cámara.

Lo que sorprende es que algunos grupos políticos rechacen unos Presupuestos que vienen a dar estabilidad a nuestro país. Yo les recuerdo que este país estuvo sin presupuestos en otros momentos de nuestra historia, que es un intangible, en política económica, el contar con esta estabilidad, que aporta el Gobierno de España, dando presupuestos en tiempo y en forma a nuestro país. Lograrlo, además, cuando no se tiene la mayoría parlamentaria, tiene un mérito especial y, sobre todo, la finalidad de estos Presupuestos que, junto con la estabilidad, se traducen en esa protección de la que antes hablaba, y en ese avance hacia el futuro de España.

Estos son los Presupuestos Generales del Estado que garantizan la mayor inversión en becas para el estudio y, por tanto, el futuro de tantos jóvenes españoles que en estos momentos están en las aulas universitarias.

Estos son los Presupuestos que siguen invirtiendo en la formación profesional, también, pensando en esa juventud para su mejor cualificación.

Estos son los Presupuestos que garantizan el despliegue de los Fondos de Recuperación y, por tanto, de la transformación de este país hacia una industria más sostenible, una industria del futuro, unos empleos de mayor calidad.

Estos son los Presupuestos que garantizan el crecimiento de las pensiones, que da tranquilidad a las personas mayores.

Estos son los Presupuestos que permiten a 2 millones de españoles y españolas moverse libremente, y de forma gratuita, en el transporte público, ahorrando emisiones de CO2 y también ahorrando en sus economías familiares.

Creo que a esto muy pocas señorías deberían de oponerse o tendrían razones para oponerse y, por tanto, agradecer el apoyo de todos los grupos políticos, porque creo que responden al interés de la mayoría social de los españoles y españolas.

Cué.

P.- (Carlos Elordi Cué, El País) Si, gracias.

Vicepresidenta, decía usted que la Ley es de todo el Gobierno, obviamente, si ha salido del Consejo de Ministros, pero quería preguntarle porque están haciendo críticas públicas.

La ministra Belarra, nada más salir del Consejo, ha dicho que haría falta medidas más ambiciosas y obligatorias.

Perdón, que no ha venido. Perdón, pero lo ha dicho públicamente en Twitter. Lo acaba de decir en Twitter. Es verdad, que está de baja. Ha dicho "medidas más ambiciosas y obligatorias"

Lo que digo es, hay críticas concretas, sobre todo, sobre la idea, quería una reflexión sobre la idea de la obligatoriedad, si eso ha estado encima de la mesa en algún momento, si cree que sería un error hacer medidas obligatorias, porque usted misma ha planteado que espera que la banca se sume a esto, pero es una confianza, si se pueden hacer medidas obligatorias, algo sobre ese debate que está planteando Podemos.

A la ministra portavoz, le quería preguntar, llevan más de un mes diciendo que van a cumplir con la Constitución, con el tema de la renovación del Constitucional. Nos lo dicen cada semana, pero le pregunto, ¿cuándo?, porque hace seis meses que no se renueva el Constitucional, cuando se tenía que renovar, más de dos meses desde que la fecha que marcó la propia Ley. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Podemos tener una fecha, antes del día de la Constitución? Le preguntamos el otro día al presidente, no nos aclaró, si iba a ser la próxima semana. En fin.

Y lo siento repetir la pregunta de los compañeros, pero es que no ha contestado, sobre el asunto de las, hoy ha habido un nuevo caso en Cantabria. Van 16 casos de excarcelaciones o de bajadas de penas. Sobre eso, el Gobierno ¿va a hacer algo en concreto? ¿confía en que la Fiscalía lo pare, o va a hacer algo en concreto, sobre eso o asumir alguna responsabilidad? Gracias.

Portavoz.- Gracias.

Sra. Calviño.- La verdad es que la experiencia que tenemos con los códigos de buenas prácticas es positiva.

Hemos venido trabajando con el sector en esta estructura, en la que se define un código, al que se tienen que adherir las entidades después de pasar por sus procesos de decisión, de sus órganos de decisión, y la verdad es que lo hemos utilizado en numerosas ocasiones, durante la respuesta a la situación en Ucrania, para la reestructuración, justamente, de los avales con garantía pública, para mejorar el tratamiento, la atención personalizada de las personas mayores, de las personas con discapacidad, de la misma manera que ahora, para la prestación del servicio financiero básico presencial en todo el territorio español, y ahora, para proporcionar alivio a más de 1 millón de familias que tienen créditos hipotecarios a tipo variable.

Están funcionando bien estos códigos de buenas prácticas. Yo confío en que las entidades financieras se adhieran, como han venido haciendo hasta el momento, y creo que, además, que el mensaje que se lanza, que es un mensaje en el que el sector público y el sector privado estamos trabajando juntos, para tratar de abordar, juntos, los problemas de la ciudadanía, es, sin duda, un mensaje muy positivo, también, de colaboración, de concordia, de responsabilidad compartida, que creo que aporta un valor al buen funcionamiento de nuestra economía y de nuestra sociedad.

Dicho esto, este Gobierno no tiene ninguna duda a la hora de tomar decisiones que puedan establecer obligaciones legales, como he expuesto, con bastante detalle, en la presentación que he compartido con ustedes, y, es más, hoy, con la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, dispondremos de un instrumento adicional a los que ya existen, para garantizar el cumplimiento de estos códigos de buenas prácticas, que son voluntarios en la adhesión, pero obligatorios en el cumplimiento, una vez que las entidades se han adherido.

Así que, yo insisto, creo que todo lo que sea trabajar juntos, remar en la misma dirección, colaborar el sector público y el sector privado, y contribuir, todos, ahora a encontrar soluciones y apoyar y aliviar a las familias españolas, creo que es positivo.

Portavoz.- Gracias, vicepresidenta.

La cuestión acerca del desarrollo de la Ley y sus consecuencias, comprendiendo la preocupación, me permitirán que siga haciendo ese llamamiento a la prudencia, porque creo que es importante, en este momento, atender a lo que está sucediendo, se acaba de manifestar la Fiscalía, a través de ese decreto, para unificar los criterios en su aplicación, que tendrá consecuencias, incluso, sobre aquellas resoluciones que ya se han manifestado en esa dirección. Estamos muy pendientes del Tribunal Supremo, que ha de pronunciarse en los próximos días y, por tanto, permitirán que hagamos ese llamamiento a la prudencia, teniendo clara, como les decía antes, cuál era la orientación y el fin que persigue la Ley, cuáles están siendo las consideraciones que están haciendo por los operadores jurídicos, especialmente por la Fiscalía, y muy pendientes del Tribunal Supremo, y creo que es importante que todos hagamos ese ejercicio de prudencia, sin obviar la preocupación.

La cuestión del Tribunal Constitucional, y de los meses de bloqueo y a falta de nombramientos, permite hacer el recordatorio de dónde venimos y por qué estamos aquí.

Venimos del bloqueo y de la reacción, anómala, del principal partido de la oposición, que se niega a cumplir la Constitución, y que ha impedido al Consejo General del Poder Judicial hacer, también, y cumplir con sus obligaciones, que provocó, que llegó, incluso, a provocar la dimisión de entonces presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, el señor Lesmes, que ha puesto en jaque al órgano de Gobierno de los Jueces, que tiene también pendiente los propios nombramientos en torno al Tribunal Constitucional, que aquí, el Gobierno, lo que ha hecho es un ejercicio de comprensión en aras al objetivo final, el normal funcionamiento de las instituciones, y que, por supuesto, vamos a cumplir con esa obligación, que vamos a hacer el nombramiento, y que confiamos, además, en que todos cumplamos con nuestras obligaciones constitucionales.

Por este lado, al final, Daniel, la última.

P.- (Daniel Blanco Esteban, Europa Press) Buenas tardes, portavoz, ministras.

Quería preguntarle a la portavoz, todo este debate en torno a la Ley del "si es si" y los efectos que está teniendo, si temen, los efectos que está teniendo su aplicación, si temen que esto pueda ir contra la intención del Gobierno de acabar con el efecto Feijóo, si creen que eso puede ir en esa dirección.

Quería retomar la pregunta sobre las advertencias que hacía la Asociación de Fiscales, porque advertía, también, de que de su dudosa constitucionalidad. Bueno, quería preguntarle si tienen en cuenta esa opinión, si temen que su dudosa constitucionalidad, sobre sobre la reforma del delito de sedición, perdón, si, la pregunta de Iñaki, si temen, si tienen en cuenta esas opiniones, y si les lleva a replantear esa proposición de ley presentada por el PSOE y por Podemos.

Y luego, respecto a la posible reforma también del delito de malversación, parece que se ha enfriado en estos últimos días, quería preguntarles si esta sensación es correcta, si el Gobierno lo va a aceptar finalmente y si piensan que chocaría con ese mensaje de lucha contra la corrupción. Gracias.

Portavoz.- Sobre la cuestión que me planteaba su compañero Iñaki, me mantengo en la respuesta, también, que le ofrecía a él, el respeto a todos los pronunciamientos, por supuesto, ajustamos todas las normativas al texto constitucional, son otros los que permanentemente se saltan la Constitución, la orientación y el objetivo de la misma.

Lo hemos expresado con absoluta claridad. Era un compromiso del Gobierno, el armonizar las penas conforme al entorno europeo. Es lo que se persigue en un objetivo final de trabajar por la convivencia, como antes les decía, y que, claramente, se vio dificultado por la normativa que estaba en vigor en nuestro en nuestro país.

Sobre la segunda cuestión, que tiene que ver con posibles enmiendas a este texto, creo que también me he manifestado, ya, la semana pasada, y esta misma mañana con claridad, el Gobierno ha dejado plasmado su compromiso en esa proposición de ley y, por tanto, no manifestamos nuestra opinión sobre algo que no ha sucedido, que no sabemos, siquiera, si va a suceder. No ha cambiado la posición con respecto a lo que yo les trasladaba la pasada semana, el martes pasado está en esta cuestión.

Sobre los efectos del señor Feijóo, creo que es un efecto fallido. Es todo lo contrario de lo que dijo ser, esta tarde volveremos a verle en el Senado. Esta mañana ya leíamos lo que esperan de él en el Senado, los que le pusieron ahí. Yo lo que les digo es lo que esperaría el Gobierno que hiciera, hoy, un líder de la oposición, que podría ser, por ejemplo, desautorizar a aquellos que cuestionan la violencia de género, desautorizar a aquellos que ofenden y que insultan a los profesionales sanitarios e incluso auto corregirse, porque alguien que dijo venir a la política con un tono moderado, y a no insultar, pues, sinceramente, no es lo que vemos cada día, o lo que hemos visto esta misma mañana.

Hemos terminado, para llegar a tiempo al Senado. Buenas tardes.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)