Comparecencia de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno y de la ministra de Justicia

Ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.- Buenas tardes, y gracias como siempre por acudir a esta convocatoria para darles cuenta de los acuerdos adoptados en la reunión de hoy del Consejo de Ministros.

Me acompaña, como ven la ministra de Justicia, para aportarles todo detalle acerca de un anteproyecto de ley, importante para nosotros, que es la Ley Reguladora de Protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, ya en su segunda vuelta, y que será remitida a las Cortes Generales. Una ley que viene a dar respuesta a los que están siendo los grandes compromisos de este Gobierno, la regeneración democrática, la higiene en las instituciones, la lucha contra los comportamientos corruptos, sin duda, son seña de identidad de este Gobierno desde el minuto uno, y este anteproyecto, envía ese mensaje a la sociedad, el mensaje de que la lucha contra la corrupción es también una labor ética de todos y de todas, y con esta normativa garantizamos esa protección a las personas que informen sobre prácticas irregulares y corruptas.

Así, con esta norma, un martes más, seguimos completando la agenda legislativa y normativa del Gobierno, que ya ha sacado adelante más de 160 iniciativas en lo que llevamos de legislatura. Sin duda, un intenso trabajo, el legislativo, el más fértil de toda la democracia, que ha hecho que este país siga avanzando por el camino de la ampliación y el reconocimiento de los derechos y de las libertades civiles.

Siempre que en España ha habido un Gobierno de progreso se ha producido un impulso decidido y valiente, para ganar reformas estructurales y también, para anclar y ensanchar nuevas conquistas en el ámbito de los derechos de las personas.

Conquistas y avances que tienen un amplio reconocimiento en una sociedad avanzada y moderna como es la sociedad española. Conquistas y avances que debemos cuidar y defender cada día, porque lo ganado se puede perder, porque lo avanzado se puede retroceder. Lo estamos viviendo, recientemente, en países de nuestro entorno con enorme tradición democrática y, lamentablemente, lo estamos también viviendo y escuchando en casa, con una derecha que ha llevado, sistemáticamente, al Tribunal Constitucional, leyes banderas, leyes pioneras y transformadoras, como la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo, la regulación de la eutanasia, la ley de igualdad de trato y no discriminación, los permisos de paternidad o, en su momento, la Ley del Matrimonio Igualitario.

Detrás de estas normas, detrás de estas leyes que consolidan derechos, que nos hacen avanzar como sociedad, hay hombres y mujeres, españoles y españolas, que gracias a ellas viven con más dignidad e incluso con más felicidad.

Quiero recordarles que la Ley del Matrimonio entre personas del mismo sexo ha propiciado ya más de 100 000 personas que han contraído matrimonio y, por tanto, han podido ser felices en su deseo de poder casarse.

Leyes como la de la interrupción Voluntaria del Embarazo, que ha permitido reducir el número de interrupciones, que ha salvado del riesgo sanitario a muchas mujeres, y que, además, ha protegido a los profesionales sanitarios, dotándolos de seguridad jurídica.

O la más reciente Ley de Eutanasia, que ha permitido ya, en este tiempo de vigencia, a 180 personas haber ejercido su derecho a morir dignamente.

Sin duda, son avances y conquistas que vamos a trabajar para preservar, y pese que algunos quieren derogar, pese a las manifestaciones amenazando estos avances y, por tanto, reclamando retrocesos, el Gobierno trabajará para evitarlo.

Se comprende, también, con estas manifestaciones y estos llamamientos al retroceso, estas amenazas a romper estos avances, se comprenden, también, de esta forma y de manera clara, las razones que mueven al PP a incumplir la Constitución, a bloquear el Consejo General del Poder Judicial y, de este modo, a complicar los nombramientos en el Tribunal Constitucional, que tendrá que tomar posición sobre estos asuntos tan importantes para la vida de las personas.

Sin duda, esto es lo que los mueve y el Gobierno quiere denunciarlo, porque también es necesario hacer esa pedagogía entre la ciudadanía española, de lo que está en riesgo cuando algunos manifiestan estos deseos, estas amenazas, en algunos casos, o cuando nos preguntamos por qué el principal partido de la oposición se niega a cumplir la Constitución.

Al mismo tiempo que avanzamos en estas normas, de las que les dará cuenta la ministra, permítanme, también, reiterar el compromiso del Gobierno en atender las consecuencias económicas de la guerra para las familias y, muy especialmente, para las industrias, en materia de energía.

El Gobierno está muy atento a las propuestas que salgan en el día de hoy del Colegio de Comisarios sobre Energía y, al mismo tiempo, satisfecho de que, precisamente, algunas de las decisiones que ahí, parece, se van a adoptar, tengan que ver con la posición y el liderazgo del Gobierno de España. Son propuestas, ideas, que lleva trabajando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y exponiendo allí desde hace más de un año, y que, casualmente, coinciden, en el día de hoy, con ese debate en el Congreso de los Diputados, precisamente, para abordar esos gravámenes a los beneficios extraordinarios de la banca y de las energéticas, para sufragar o amortiguar el coste de esta guerra entre las familias españolas.

Las crisis, esta, la de la guerra, pero también otras, como la de la erupción de La Palma, han sido reiteradas en la gestión de las mismas en esta legislatura. Y en este sentido, y me refiero a dos asuntos ya del Consejo de Ministros, hemos aprobado hoy una nueva subvención directa al Gobierno de las Islas Canarias, concretamente de 6,5 millones de euros, para financiar las subvenciones de los enseres de primera necesidad a las personas afectadas por la erupción del volcán. Con esto vamos a atender a más de 600 familias que necesitaban reponer estos enseres y, por tanto, continuamos con la senda de ayudas al gobierno autónomo para atender, directamente, a las personas afectadas.

Me permite también este acuerdo del Consejo de Ministros informarles que esta mañana, precisamente, en la Comisión Interministerial, y haciendo un balance de lo que ha sido este año desde la erupción, que se cumplirá el próximo lunes, el aniversario de esta erupción, el Gobierno de España tiene ya comprometidos 555 millones, más de lo que anunciamos inicialmente, y de estos 555 millones comprometidos con la Isla de la Palma, 425 han sido ya movilizados. Es decir, estamos haciendo un esfuerzo sin precedentes, un 77% de lo comprometido ya está movilizado. Con una, también, me permiten subrayar, con una importante agilidad en la tramitación que, sin duda, para los afectados, nunca será suficiente, pero es fácilmente contrastable con lo que ha venido sucediendo hasta ahora.

El siguiente acuerdo del que les quería dar cuenta es el inicio para la determinación de una nueva sede, en este caso la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial. Con esta iniciativa, con esta nueva agencia, ponemos en marcha el proceso de descentralización del sector público del Gobierno con el objetivo claro de avanzar en la cohesión territorial en nuestro país. Aprovechar el momento de transformación, de mejoras, de innovación, que está protagonizando España, la inversión, sin precedentes, como consecuencia de los Fondos Europeos, para también cohesionar más al Estado.

Esta es una Agencia que va a contar con una partida de 5 millones de euros, que ya estaba contemplada en los presupuestos del 22, que se enmarca dentro de la Agencia España Digital 2026, de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y, por supuesto, como les decía, del Plan de Recuperación.

Este mecanismo comienza ahora. Como saben ustedes, se aprobó un Real Decreto al pasado 22 de marzo. Ya se ha constituido una comisión para la determinación y los trabajos de organización de propuestas de estas sedes, una comisión interministerial. En el plazo de un mes, desde el día de hoy, tiene que elaborar esta Comisión unos criterios a determinar, no todas las sedes son iguales, no todos los organismos son iguales y, por tanto, no todos los requerimientos serán iguales para poder albergarlas. En el caso de una sede de excelencia, como es la de inteligencia artificial, se requiere de sistemas, o de ecosistemas previos, desde el punto de vista de la capacidad de las personas que puedan dedicarse a ello, de potencial investigador, de fortaleza de las universidades presentes en los entornos, sin duda, serán criterios a tener en cuenta.

Una vez tengamos esos criterios se publicarán en el BOE y a partir de entonces, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, entidades que quieran posicionarse en esa candidatura, tendrán la posibilidad de hacerlo, y los plazos que tenemos contemplados indican que en menos de seis meses tendríamos que haber concluido ese proceso, con la decisión definitiva en el Consejo de Ministros.

Sin duda, este es un nuevo paso, en una concepción distinta de nuestro país, donde se trata de hacer más país, de compartir el Estado y que, efectivamente, la presencia, en todo el territorio, ejerza como una acción, como un factor cohesionador de la sociedad y, desde luego, también, de los distintos territorios en España.

Estos serían los acuerdos de los que yo iba a darles cuenta, y ahora, para ampliar la información acerca de este anteproyecto de ley, cedo la palabra a la ministra de Justicia.

Ministra de Justicia, Pilar Llop.- Pues muchas gracias, ministra portavoz.

Tengo el honor de informarles que el Consejo de Ministros ha aprobado, en el día de hoy, el proyecto de Ley Reguladora de la Protección de los Informantes, ya mencionado por la ministra portavoz y que transpone una directiva del año 2019.

Por dar un dato, como es conocido, el coste de la corrupción y según lo establece el Convenio de Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción, conocido como UNCAC, la corrupción, a nivel global, su coste es de 2,6 trillones de dólares, lo que supone, aproximadamente, un 5% del Producto Interior Bruto Global y la normativa que hoy tiene el visto bueno en segunda vuelta en el Consejo de Ministros, nos va a hacer mejorar, mejorar como país en el ranking de corrupción, que elaboran todos los organismos importantes, como son Transparencia Internacional, el Grupo de Estados contra la Corrupción, GRECO, o GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

Y esta transposición y los mecanismos que se establecen en ellas, es importante dejar claro que no van a sustituir las tradicionales vías de denuncia. Cuando se cometa un delito o cuando el hecho que se informe sea constitutivo de delito, o haya indicios de que se ha cometido un delito, quedará abierta, siempre, lógicamente, la vía judicial en el ámbito penal, o cuando este transgreda otras normativas de otro ámbito sectorial, como diré más adelante.

Con esta Norma, cualquier ciudadano o cualquier funcionario público, podrá informar de operaciones, subvenciones o adjudicaciones que sean sospechosas, y la legislación tiene la obligación de ofrecerle una protección frente a cualquier tipo de represalia, una protección real y efectiva, tanto a él como, en caso de que exista una situación de riesgo, a su propio entorno.

De esta manera, estamos cumpliendo con nuestros compromisos internacionales, con el Convenio de Naciones Unidas, pero también con nuestro compromiso con Europa, la transposición de la directiva, y también contribuimos a la armonización de los ordenamientos jurídicos de los diferentes estados de la Unión Europea. Prácticamente, la mitad de los Estados miembros aún no han transpuesto esta directiva, y esto también es importante manifestarlo por la complejidad que supone introducir dentro de los ordenamientos internos una figura de estas características, como es la regulación y la protección del informante de incumplimientos normativos y de corrupción.

Además, con este proyecto de ley estamos dando cumplimiento a los objetivos del Plan del Gobierno, Plan y Acción de Gobierno en lucha contra la corrupción, incluidos en el 4.º Plan de Gobierno Abierto 2020 2024.

Este texto pasará ya a partir de hoy al trámite parlamentario. Insisto, es un texto de gran complejidad, por lo que supone introducir nuevas figuras dentro de nuestro entramado institucional, pero, también, dentro del sector privado y para la elaboración de este texto, por esa complejidad, se ha contado con, e incluso, con sugerencias que se nos han hecho de parte de la sociedad civil, pero también, de las comunidades autónomas, y por parte de las entidades locales, porque a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, porque también será de aplicación a las entidades locales.

Ya he dicho que no he superpone, no solapa otras vías, como la vía judicial, y tampoco otras vías en ámbitos sectoriales, como puede ser, por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, el ámbito financiero del Banco de España, el ámbito de seguros, de auditoría, etc.

Se crea una autoridad administrativa independiente, que se contempla y que va a suplir, seguro, los huecos que quedan todavía en nuestro país en materia de lucha contra la corrupción.

Y también quiero poner en valor las aportaciones que se han hecho por parte del Consejo de Estado, que ha puesto en valor la buena tramitación legislativa, que se ha seguido por parte del Gobierno, por parte del Ministerio de Justicia en un texto de estas características.

Voy a, brevemente, explicar, con más detenimiento, algunos aspectos de esta nueva norma tan novedosa, por ejemplo, con relación al objeto de la norma.

El eje central, el objeto, es la protección. Establecer ese régimen jurídico que garantice una protección eficaz, una protección efectiva, de aquellas personas que, tanto en el seno de organizaciones públicas, como también de organizaciones privadas, comuniquen informaciones relativas a infracciones del derecho de la Unión y también de Derecho Nacional. También, cuando la información revele la posibilidad de que se haya cometido un delito, debe comunicarse inmediatamente a la Fiscalía.

Regulamos sistemas internos de información que se perfilan como un cauce preferente dentro de la libertad del informante, para elegir el cauce que prefiera. Hay dos sistemas o dos cauces, que será el interno, de cada una de las distintas organizaciones, y el cauce externo, que será la posibilidad de informar, comunicar la información, directamente, ante la autoridad administrativa independiente.

Según las circunstancias y los riesgos de represalias que pueda tener la persona que ha comunicado esa infracción, también se garantizará el respeto a la legislación específica en la materia, para los distintos sectores, como ya he dicho, pero, según las circunstancias y los riesgos de represalia que la propia persona considere que puede tener, tanto para él como, incluso, para miembros próximos o a familiares o allegados, podrá elegir el cauce deseado.

Esta norma establece, además, la obligación de disponer de esos canales internos, para todas las empresas de más de 50 trabajadores. También tendrán que contar con un sistema interno de información todos los partidos políticos, los sindicatos, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, así como fundaciones que tengan, reciban, fondos públicos.

En el caso de los municipios, todos tendrán que tener estos cauces internos, pero cuando no superen los 10 000 habitantes, podrán agrupar, podrán compartir esos canales, esos medios, para la recepción de informaciones, con la finalidad de facilitar también este trabajo, que tienen que hacer estos municipios, siempre y cuando estén dentro de la misma comunidad autónoma.

La nueva directiva permite formular informaciones de manera anónima. Esto es una reclamación, también, que venía por parte de la sociedad civil, con la finalidad de garantizar una mejor protección a los informantes y hacer un procedimiento más eficaz, teniendo en cuenta que, además, el Tribunal Supremo ya admite las denuncias en vía penal anónimas, en nuestro sistema, considerando que, además, las denuncias anónimas siempre tienen una especial valoración en vía probatoria.

En relación con los plazos para la realización de las investigaciones y para dar respuesta a la informante, el proyecto contempla que no deben ser superior a tres meses, hay posibilidades de prórroga, dependiendo de la complejidad de la investigación, si así se aconseja, y se prevén condiciones de protección a la informante, sobre todo, prohibiendo, expresamente, cualquier acto constitutivo de represalias, estableciendo un elenco de conductas que pueden entenderse como constitutivas de represalia en el texto del proyecto de ley.

También la norma contempla un régimen sancionador. Será competente para ello la autoridad administrativa independiente, para las acciones u omisiones dolosas o culposas, dolosas imprudentes, que limitan los derechos y garantías introducidos en esta Ley, y especialmente, aquellas que están destinadas a obstaculizar, a impedir, a frustrar, a ralentizar las comunicaciones de las informaciones.

Con la finalidad de establecer garantías contra las delaciones espurias que, como sabemos, pueden ser informaciones falsas, que pueden generar un grave daño a personas, a la reputación de personas, o también de instituciones públicas o de empresas, se sancionará la comunicación o revelación pública de información relacionada con este tipo de conductas a sabiendas de su falsedad.

Las sanciones dependerán de si son cometidas por personas físicas o jurídicas. Están previstas multas entre 1001 y 300 000 euros, en el caso de personas físicas, dependiendo del grado de conducta, y de 10 001 a 1 millón de euros, en el caso de personas jurídicas, dependiendo de su gravedad.

Y además de las sanciones, también pueden conllevar amonestaciones públicas, que se publique, por lo tanto, en medios oficiales, o en medios de comunicación, prohibición de obtener subvenciones, prohibiciones de contratar con la administración pública, prohibiciones de obtener beneficios fiscales, y, como ven, hemos establecido mecanismos que evitan conductas espurias, que pueden querer usar esta Ley para dañar o perjudicar a cualquier persona del sector público o privado, reitero, por la importancia de este extremo.

Ha sido un texto, ya lo he dicho varias veces, complejo, pero se ha intentado guardar el equilibrio necesario. No obstante, en tramitación parlamentaria, pues, seguramente, tendrá su recorrido, tendremos que escuchar, también, lógicamente, a los distintos grupos parlamentarios, y es importante saber que todos, quienes estamos aquí, nos vamos a ver involucrados, de una manera u otra, en la aplicación de esta Ley. Trabajamos con empresas, con instituciones, con administraciones, y por eso, es importante que estemos muy atentos a la tramitación parlamentaria y la tramitación legislativa, para garantizar que sea una Ley eficaz. Estamos siendo muy escrupulosos, muy garantistas, desde el Ministerio de Justicia.

Y, por último, querría concluir dando las gracias, a todas aquellas personas que, con su valentía, que a costa de un enorme precio, sobre todo, un precio personal, han puesto este tema, el tema de la lucha contra la corrupción en este ámbito, en la agenda pública, en la agenda pública europea y también en la agenda pública nacional, porque, evidentemente, con esa valentía y con esas actuaciones han permitido que hoy hayamos podido aprobar este texto en el Consejo de Ministros. Así que muchas gracias, porque seguro que su vida, con este texto, hubiera sido mucho más fácil. Muchas gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, ministra. Josemi.

Y para la portavoz, si al Gobierno le incomoda la presencia del rey Juan Carlos en el funeral por la reina Isabel II si hubiera preferido que no estuviera presente. Gracias.

Portavoz.- Ministra.

Sra. Llop.- Muchas gracias.

Bueno, el Gobierno no contempla otro escenario que no sea que el órgano de Gobierno de jueces y juezas, el Consejo General del Poder Judicial, que tiene una posición institucional, no proceda a nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, cumpliendo, lógicamente, la ley que está vigente.

Yo estoy segura que en unos días tendremos ese acuerdo, ese buen resultado y esperaremos a ver cuál es el resultado, lógicamente, esperaremos a esa renovación, para proceder al nombramiento de los magistrados que corresponden al Gobierno.

Portavoz.- En el caso del funeral de la reina, saben ustedes, el Gobierno no va a hacer ninguna consideración acerca de lo que ha sido la tramitación de una invitación privada, si, poner de manifiesto que, evidentemente, nuestro país va a estar representado por el rey Felipe como jefe del Estado, en este importante acto.

Irene.

Portavoz.- En relación al rey, insisto, lo que trasladaba a su compañero, la delegación de nuestro país es la que encabeza el rey Felipe, como jefe del Estado. Entiendo que el rey emérito atiende una invitación personal y, por lo tanto, nada tiene que decir el Gobierno de España.

La segunda cuestión que usted plantea, a la que ya también ha respondido la ministra de Justicia, es que, tal vez, reiterarles que el Gobierno no contempla otro escenario que quienes componen el Consejo General del Poder Judicial cumplan con su obligación y, por tanto, hagan su trabajo, y confiamos que en estos próximos días, si no ha sido posible hacerlo en el día de hoy, tampoco se nos escapa a nadie la situación que viven desde hace cuatro años, que llevamos denunciando, también, durante todo este tiempo, desde el Gobierno de España, que en los próximos días puedan dar cumplimiento a ese compromiso y a esa obligación legal que tienen.

Y la cuestión de las de las medidas, del Plan de Ahorro Energético, varios planos, por supuesto. El Gobierno de España estudia todas las propuestas, así se está conformando ese Plan de Contingencia, que les daremos a conocer cuando haya culminado, un Plan de Contingencia en el que estamos escuchando, desde luego, a todas las administraciones. Ayer fue la última ocasión que tuvimos para hacerlo, con los ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios, lo hemos hecho con las comunidades autónomas, lo hemos hecho con los grupos parlamentarios, lo hemos hecho con las empresas afectadas, e incluso con asociaciones de usuarios. Por tanto, el Gobierno es haciendo un ejercicio de compartir esta preocupación y, también, de atender estas propuestas y todas las que resulten interesantes y que puedan ser llevadas a la práctica, pues serán estudiadas.

Pero aprovecho su pregunta para manifestar, en nombre del Gobierno, lo que ha sido este documento, que llegó en el día de ayer, a las 16:00 de la tarde por parte del principal partido de la oposición. Un documento que, saben ustedes, estábamos esperando con mucho interés, el interés que, además, estaba puesto en la expectativa que nos había puesto el Partido Popular y el señor Feijóo sobre él. Y, lamentablemente, pues lo que hemos encontrado es muy decepcionante, y produce mucho vértigo que siendo este el principal asunto político, de trascendencia en Europa y en el mundo, como consecuencia de la guerra y el uso de la energía como arma por Putin, con las consecuencias que esto tiene para las familias, para las industrias, para las empresas españolas, siendo este el debate central en Europa, les decía hoy, estamos esperando esas informaciones, siendo, además, una oportunidad en la que España se ha reivindicado como país líder en las propuestas que, desde hace tiempo, el presidente del Gobierno está haciendo llegar a la Comisión Europea, y que ahora, se pone en evidencia, que, efectivamente, los planteamientos de España son los acertados y, tal vez, son los que puedan dar respuesta a la situación que vive Europa, resulta absolutamente de vértigo que el principal partido de la oposición ni tenía, ni tiene un proyecto ni una alternativa.

Sabíamos que la alternativa no estaba en apoyar al Gobierno cuando el Gobierno está haciendo que sus tesis sean las que están siendo asumidas por la inmensa mayoría de los estados miembros.

Ni tenía ni tiene alternativa. Yo les recuerdo que no la tenía hace dos meses, porque no la contrastaba con nosotros, no la tenía hace un mes, no tenía hace días cuando pidió ese debate, desde luego, no la tenía en ese debate hace una semana, cuando lo único que se atrevió a mostrar en la sede de la soberanía, en este caso en el Senado, fue un taco de folios en blanco con una portada, y después de todo esto, después de seis días, cuando nosotros pensamos, de buena fe, que en estos seis días habrían estado tecleando en Génova para mandar algún documento riguroso al Gobierno, lo único que han hecho, en seis días, no es ni siquiera escribir, es copiar. Si ustedes van a esas conclusiones, lo que hay es un copia y pega. Han copiado hasta mayúsculas y negritas.

No me digan ustedes que no es decepcionante que con todo el foco que está puesto en estas decisiones de política energética en nuestro país, con las expectativas que el propio partido de la oposición había puesto ante la solicitud de un debate en el Senado, donde no fue capaz de dar más propuesta que una portada, lo que nos ofrezcan hoy es un copia y pega incluido, copia y pega, mayúsculas y negrita.

Absolutamente decepcionante, no puedo decirles otra cosa y, por supuesto, un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, este Gobierno, como les decía, tiene en su agenda, como prioridad, el asunto energético, el Gobierno lo está liderando en el contexto europeo, y vamos a estar muy atentos a todas las decisiones y esta misma tarde, a lo que va a suceder en el Congreso, que es de interés, porque viene también a combatir las consecuencias de esta guerra, como son esos gravámenes a las energéticas y a la banca, para amortiguar este golpe en las familias que está teniendo el incremento de los precios, en gran medida, por el incremento del coste de la energía.

Juanma

Portavoz.- Gracias, Juanma. Ministra.

Sra. Llop.- Yo creo que todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, ante un tema tan importante como es la renovación de su órgano constitucional, que no solo decide sobre recursos, contra las leyes, sino que también ampara los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, derechos fundamentales, además, que han supuesto unas importantísimas conquistas, como hemos tenido ocasión de escuchar ahora de boca de la propia portavoz del Gobierno, importantísimas conquistas en derechos sociales, en derechos humanos, derechos fundamentales, pues también, están, seguro, muy preocupados por la renovación del Consejo.

Y precisamente por eso, y por esa gran responsabilidad que tienen los vocales del Consejo, todos los vocales, yo nunca he hablado de sectores, sector conservador o progresista, porque para mí todos son nombrados por el Parlamento, por el Poder Legislativo, pero yo estoy segura que asumirán esa altísima responsabilidad. Ellos también juraron o prometieron cumplir con la Constitución, como hacen también diputados y senadores cuando acatan la Constitución, como hacemos los miembros del Gobierno, y estoy segura que, en unos días, veremos ese acuerdo marcado. Yo quiero confiar en ello, porque solo puedo confiar en que en un Estado democrático, en un Estado de derecho, en un Estado donde hay división de poderes y que cuando juramos los cargos públicos la Constitución o prometemos, y lo hacemos con lealtad al ordenamiento jurídico, eso significa que conocemos de la importancia y la trascendencia de nuestra altísima función, y, por lo tanto, esto también atañe, lógicamente, a quienes están en el ámbito del Poder Judicial, que ya he dicho que tienen una posición institucional y seguro que en unos días, yo quiero confiar en eso y estoy convencida, veremos este importante acuerdo.

Pero ahora dejémosles trabajar, porque tienen que llegar a esos acuerdos. Que trabajen, que trabajen en lograr ese consenso, sobre un órgano que ya he dicho, no solo afecta a la trascendencia de las leyes, sino que afecta a todos y cada uno de los ciudadanos, también de quienes estamos aquí, porque, en algún momento, podemos necesitar ver amparados nuestros derechos por parte del órgano constitucional.

Y, por otra parte, respecto a la comunicación de la de la vicepresidenta Jourová, yo entiendo que la vicepresidenta Jourová se haya puesto en contacto, haya escrito al presidente Lesmes, porque, evidentemente, estamos en una situación de falta de renovación, desde hace cuatro años, del Consejo General del Poder Judicial y es imprescindible dar normalidad institucional a nuestro país.

El informe del Estado de Derecho también se ha mostrado en esa posición. Urgente, urgente necesidad de renovación del órgano, sin ningún tipo de condicionamiento, dijo el propio presidente Lesmes, pero a mí lo que me preocupa de todo esto es la posición del Partido Popular, la posición del señor Feijóo, que buscó, no solo la tutela de la Comisión Europea, remitiendo unas cartas a la vicepresidenta Jourová y al comisario de Justicia, Reynders, en una cuestión que es de su exclusiva responsabilidad, porque solo él es a quien corresponde poner los nombres encima de la mesa de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, sino algo mucho más grave, que es que buscó la complicidad de la Comisión Europea para que se incumpliera nuestra Constitución y no renovar el órgano de Gobierno.

Afortunadamente, afortunadamente, la vicepresidenta Jourová se ha manifestado en los términos que constan expresamente en su carta.

Portavoz.- Cué.

Portavoz.- Ministra.

Sra. Llop.- Yo también quiero hablar de lo que ha pasado, y lo que ha pasado es que estamos en un momento, en una situación de bloqueo institucional, de bloqueo de la renovación del Consejo General, del Poder Judicial, exclusivamente, exclusivamente, por culpa de una fuerza política, que es el Partido Popular.

Si se hubiera renovado el Consejo, si se hubiera cumplido con la Constitución, no estaríamos ahora en esta situación, por lo tanto, descargar toda la responsabilidad ahora sobre los vocales del Consejo, que yo quiero creer, porque es un órgano que conozco bien, quiero creer que están actuando, o que deben actuar con una posición institucional de lealtad al resto de poderes, de lealtad a la Constitución, de lealtad al ordenamiento jurídico, me parecería un poco injusto.

Pero es verdad que tienen que cumplir con la legislación vigente y con la Constitución, y con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y tienen, y yo estoy segura que así será, que en los próximos días, y quiero confiar en ello, en los próximos días veremos ese acuerdo al que tienen que llegar.

Pero insisto, dejémosles trabajar, porque los acuerdos son importantes, porque es un órgano trascendente para la vida de todas las personas de nuestro país y también para nuestro sistema institucional.

Portavoz.- Gracias, ministra.

Empiezo por la última pregunta. He dicho lo que he dicho, y es que el rey Felipe es quien, como jefe del Estado, representa a nuestro país, España en este funeral.

La segunda pregunta, que tenía que ver con la evaluación de la mesa del diálogo, yo creo que ha resultado muy positivo el haber abierto esa normalidad con Cataluña. Hace apenas unas semanas, antes de comienzos del mes de agosto, mantuvimos un nuevo encuentro de trabajos preparatorios para continuar en esa senda de entendimiento con el gobierno de la Generalitat, que, en definitiva, es atender también las necesidades de la sociedad catalana.

Los momentos en los que estamos son momentos para atender la gestión del ordinario, de las cosas importantes, y, sin duda, Cataluña, como el conjunto de España, necesita que atendamos esas prioridades, que son las que afectan a la vida directa de la gente, y es en eso en lo que estamos centrados, en una colaboración leal entre administraciones y seguimos avanzando en la senda de los acuerdos marcados.

Y en relación a las propuestas de distintos partidos y también de partidos que conforman parte de la coalición, les daba el dato antes, y es verdad que, quizás, lo reiteramos demasiado, pero sin suficiente éxito, porque, en demasiadas ocasiones, se cuestiona los acuerdos del Gobierno, cuando no solamente son acuerdos del Gobierno, sino que son hasta en 160 ocasiones acuerdos mayoritarios, alcanzados en el Parlamento, con otras fuerzas políticas y, por tanto, demuestran la fortaleza, la agilidad y el esfuerzo que está haciendo este Gobierno en, además de gestionar circunstancias extraordinarias, como primero la pandemia y ahora la guerra, hemos sido capaces de afrontar grandes transformaciones en nuestro país, desde la Reforma Laboral a la reforma del sistema de pensiones, simplemente, por darles algunos ejemplos.

En la cuestión concreta que nos atañe ahora y que es luchar contra los efectos de la guerra de Ucrania en las economías de las familias españolas, de las pequeñas empresas y los sectores afectados, yo también les recuerdo que estamos haciendo un esfuerzo muy importante. Somos el tercer país de nuestro entorno que más está aportando desde lo público a salvar esa situación de las familias. 30 000 millones de euros, que se traducen en becas a los estudiantes, que se traducen en 200 euros mensuales a las familias con más necesidades, para hacerse cargo de estos gastos, que se traducen en ahorros muy importantes para las familias como consecuencia de la gratuidad del transporte, en esos 20 céntimos el litro de combustible, en las rebajas en la factura eléctrica de nuestros hogares…

En fin, son muchas las decisiones que estamos adoptando y, por tanto, es normal que esa dinámica de propuestas esté ahí, se valora el esfuerzo, pero, sin duda, yo creo que es muy importante, también, que seamos capaces de poner en valor el esfuerzo que está haciendo el país en su conjunto y que, lamentablemente, estamos todos en ello, salvo el principal partido de la oposición, que hoy dice que no apoyará el gravamen a los bancos y a las energéticas, en esos ingresos extraordinarios, como consecuencia de esta situación, que no despeja la duda de qué haría con las pensiones de las personas mayores en nuestro país, con estos índices de inflación, que se posiciona en contra de la Reforma Laboral…

A pesar del principal partido de la oposición, este país avanza, lo hace en un Gobierno muy activo, como decía antes, sin precedentes, es en producción legislativa y acompañados, también, de muchos grupos políticos que están por una España que avanza y no por una España que retrocede, que es lo que añoran algunos.

Garea.

Portavoz.- Ministra, ¿quieres, primero?

Sra. Llop.- Muchas gracias, ministra portavoz.

Pues el Gobierno da pasos todos los días. Todos los días estamos reclamando el cumplimiento de la Constitución.

También es importante comprender y entender que en la renovación del Consejo General del Poder Judicial no depende del Gobierno. No es el Gobierno quien tiene que renovar, ni quién tiene que dar los nombres. Son los grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado, el Legislativo. De hecho, nuestro modelo del Consejo General del Poder Judicial, es el más independiente respecto a la participación del Gobierno o del Ejecutivo, de todos los modelos que hay, similares, en cualquier otro país europeo, porque el Gobierno no hace ni tan siquiera proyectos de ley que afecten a la reforma o a la modificación, o a la legislación que regula el Consejo General del Poder Judicial, son proposiciones de ley, porque es un órgano que tiene que renovar el Legislativo, que es el representante de los ciudadanos y de las ciudadanas.

Pero el Gobierno da pasos todos los días. Yo me he dirigido al señor Feijóo en varias ocasiones públicamente, el día de la apertura del año judicial se lo dije en persona, que pusiera los nombres encima de la mesa y, una vez que los nombrara, yo le podía garantizar que el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y en el Senado, tenía ya los suyos, y se podían negociar, y llegarían, seguro, a un acuerdo, en pocas horas.

También lo ha reclamado el ministro de la Presidencia, el ministro Félix Bolaños, que además, el sí es miembro de la ejecutiva del Partido Socialista, también se lo ha dicho el señor Feijóo.

¿Qué más pasos se pueden dar en cumplimiento de la Constitución? Quien tiene que dar el paso es, señor Feijóo, y poner los nombres encima de la mesa. Eso es lo que tiene que hacer el señor Feijóo, pero además urgentemente, porque, ya que ha pedido la tutela a la Comisión Europea, ya que ha ido allí para criticar nuestro sistema, nuestro modelo, debería hacer caso a la señora Jourová y, urgentemente, renovar el Consejo General del Poder Judicial y, luego, ya hablaremos, pero que renueve y cumpla con la Constitución, sin condicionamientos, como dijo el propio presidente Lesmes, sin condicionamientos.

Portavoz.- Muy bien, ministra.

Bueno, ayer mismo les daban cuenta del resultado de esas reuniones, de una valoración más general, acerca de la preocupación del Gobierno por cómo las familias han de estar protegidas ante esta crisis, a diferencia de lo que ocurriera la anterior crisis como consecuencia de la crisis financiera en nuestro país.

Este es un Gobierno que tiene claro que gobernamos para la gente, que gobernamos con la ciudadanía y que vamos a dar una respuesta para amortiguar el golpe de estas circunstancias.

Lo que tiene que ver con la cadena alimentaria y con la distribución, creo que hemos adoptado decisiones muy importantes a lo largo de toda la legislatura, que a mí me gustaría subrayar, porque, entre tanta producción legislativa y de toma de decisión, hay veces que pueden pasar por alto, pero que, sin duda, han sido absolutamente beneficiosas para el sector.

La primera, la de protección a los ganaderos y a los agricultores, para garantizar que no trabajan a pérdidas, que se garantiza el coste de producción con esa Ley de Cadena Alimentaria, que es una demanda muy importante.

Dentro de la cadena de distribución, ayudas directas a un sector fundamental que está padeciendo, también, los daños de la energía, dentro de esta guerra, como es el sector de los transportistas, con reformas legales, como aquellas que garantizaban que las cargas y descargas no iban a cuenta del transportista, sino que tenía que hacerse cargo la empresa que ordenaba la distribución. En definitiva, creo que el Gobierno ha dado señales inequívocas de apoyar toda la cadena de distribución en un momento complicado.

Y desde luego, la preocupación del Gobierno está en atender a las familias, especialmente, a las familias más vulnerables, antes les hacía un relato de todas estas ayudas, pero sin duda, hoy, gracias al abono transporte, gracias a la beca, gracias a los 200 euros, gracias al incremento de Salario Mínimo Interprofesional, gracias al complemento en el Ingreso Mínimo Vital, este país está más protegido para atender estas dificultades y luego, ese llamamiento general, que desde el minuto uno hizo el Gobierno, y que desde luego, atañe también a las empresas de distribución y a todos los sectores, de que es un momento en el que todos arrimamos el hombro y, especialmente, que es de lo que estamos hablando en el día de hoy, arrimen el hombro quienes mejor pueden hacerlo, que son quienes están teniendo beneficios, muy extraordinarios, como son las energéticas y los bancos, a los que el Gobierno, de manera puntual, y atendiendo las circunstancias tan excepcionales que vive nuestro país, les está pidiendo un esfuerzo adicional, con este gravamen, para atender después todas estas políticas sociales, que amortiguan el coste de la cesta de la compra en las familias españolas.

Última. Antonio.

Sra. Llop.- Si yo le contara lo que tengo en la cabeza, con todo lo que tengo..

Ahora estoy centrada en el gran proyecto de reforma del sistema judicial, de reforma del modelo judicial, esa justicia más eficiente, más eficaz, más próxima a los ciudadanos y las ciudadanas, que vertebre y cohesione social y territorialmente en nuestro país, y en los grandes proyectos, por ejemplo, el que hoy hemos traído, que también es un proyecto muy importante, en la mejora de la calidad democrática y en el cumplimiento de la Constitución y la normalidad de nuestras instituciones. En eso es en lo que yo, lógicamente, estoy centrada.

Hay algo también importante que quería decir con relación a la renovación del Consejo y es que va a venir el comisario Reynders, hemos acordado que venga a finales de mes, para hablar del informe del Estado de Derecho, de los avances o no avances, paralizaciones, ya dicho por causa de quién, del Partido Popular, que tenemos en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y yo creo que es importante este gesto, que el propio comisario venga aquí, que venga al Ministerio, eso hemos acordado, para hablar de una cuestión tan importante como es esta, que afecta a todos y cada uno de quienes estamos aquí y de los ciudadanos.

Antes decíamos que a nadie le importaba la renovación del Consejo, que era algo que estaba como muy fuera de la órbita del día a día de cada ciudadano, pero es que ahora ya, yo a veces voy en metro, a veces voy en autobús, y yo escucho a la gente que habla de este tema, porque la gente ya ha entendido la trascendencia de esto que les afecta directamente, que nos está costando una millonada el bloqueo, porque tenemos que estar poniendo, constantemente, refuerzos en el Tribunal Supremo, en otros órganos, para que la justicia pueda funcionar con normalidad.

Y, desde luego, es una cuestión muy importante y trascendente, para nuestras instituciones, y, precisamente, por eso, quiero hablar con el comisario Reynders, y quiero que sepa cómo está la situación en este momento, que él lo conoce, pero quiero que me oiga a mí y a mi voz, que escuche mi voz.

Portavoz.- Muchas gracias, ministra.

Tendría que decirle que no hay novedad, a pesar de que no hace tanto que renovaran el liderazgo en el Partido Popular, nada ha cambiado.

Este es el mismo PP que el de Casado, el que dijo no al incremento de las pensiones, el que dijo no a la reforma laboral, que traía mejores condiciones laborales para todos los trabajadores y trabajadoras de este país, como se está viendo cada mes, según evoluciona el mercado laboral en España y este, de nuevo, es un PP que dice no a algo que es bueno para la inmensa mayoría, y es que, los que más tienen, aquellos que están teniendo beneficios extraordinarios, no les estamos diciendo que no tengan beneficios, sino que con esos beneficios extraordinarios, se hagan cargo de las cargas que tienen que asumir las familias, como consecuencia del incremento del coste de la vida.

Entre hacerse cargo de las familias o estar del lado de los bancos y de sus intereses, pues Feijóo ha entendido que tiene que estar con la banca, y esto es lo mismo que hizo el Partido Popular estando en el Gobierno, estar con la banca, ante una crisis que dejó desprotegidas a las familias, desempleados en las calles, sin sistemas de protección en nuestro país, desahucios de familias que tuvieron que abandonar sus casas como consecuencia de aquella crisis, entonces, el PP, aquí, en el Gobierno, decidió estar con la banca. 60 mil millones de euros.

Y hoy Feijóo, como Rajoy, como Casado, vuelve a estar con los intereses de los bancos.

A veces nos hacemos esa pregunta, ¿a qué intereses responde? Hoy, es evidente, no responde a los intereses de la inmensa mayoría de los españoles.

Y es más dramático que ocurra esto cuando, en los países de nuestro entorno, están yendo a decisiones del mismo carácter que las que está adoptando el Gobierno de España, cuando colegas del Partido Popular Europeo apuestan también por estas soluciones, el único que se queda a contracorriente y defendiendo solo a los intereses de unos pocos, lamentablemente, es el principal partido de la oposición en nuestro país.

Muy bien, muchas gracias.