Comparecencia de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la ministra de Justicia y la ministra de Ciencia e Innovación

Madrid

Ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.- En el día de hoy, en la reunión del Consejo de Ministros, en un día intenso de actividad del del Gobierno, también de intensa actividad institucional.

Un día importante, en el que no solamente hemos traído un Consejo de Ministros muy completo que ustedes podrán observar, por la presencia en la mesa de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, la ministra de Justicia y la ministra de Ciencia, que me acompañan, sino también por las referencias que encontrarán de las decisiones que hoy se han adoptado.

Un día, una mañana, en la que el Gobierno también se ha reunido en la Comisión para el Plan de Recuperación y por eso la vicepresidenta tiene un anuncio importante que hacernos en el día de hoy.

Un día en el que ha comparecido ante la opinión pública el presidente del Gobierno, una declaración institucional, con un mensaje muy claro para todos los españoles y las españolas de serenidad, de tranquilidad y de determinación, de cuidar y de atender la democracia y la Constitución.

Y un día que esperemos, esta tarde, concluya en el Senado, esa cámara de representación territorial que algunos quieren callar y que el Gobierno está deseando que hable, que hable, para aprobar esos terceros Presupuestos Generales del Estado que hacen avanzar a este país, que mejoran la calidad de vida de miles y miles de españoles, que va a transformar y va a inyectar esos Fondos de Recuperación a todo el territorio, y que sin duda redundan en la vida de cada uno de nosotros y de nosotras en el día a día. Desde el transporte gratuito a las pensiones, a las becas, en definitiva, a la construcción de la España por la que trabaja este Gobierno.

Les he indicado las materias que va a abordar la vicepresidenta primera, fundamentalmente, la que tiene que ver con el visto bueno de esa adenda al Plan de Recuperación y, por tanto, continuar con esa senda de liderazgo de España en el desarrollo de los Fondos de Recuperación, una herramienta que va a resultar clave para desarrollar los Planes Estratégicos, que culminarán en una docena, cuando terminemos todos los trabajos con el Plan de Descarbonización, que van a cambiar nuestra industria, nuestra economía en el ámbito puramente industrial, agroalimentario, energético o digital.

España lidera también en Europa el cambio de política energética, como celebrábamos en el día de ayer, apostando por esa solución, la solución ibérica, que ahora es la solución para el conjunto de la Unión Europea y el atender las necesidades de las familias, de las empresas, de los autónomos, con ese tope al gas que durante tanto tiempo ha estado defendiendo el presidente del Gobierno y que ayer recibía el apoyo de los Estados miembros.

En eso es en lo que está el Gobierno, en la política útil. Política que se traslada también a uno de los sectores estratégicos en los que estamos trabajando, que es el apoyo a la ciencia, de lo que les da cuenta la ministra de Ciencia, con un importante paquete milmillonario, para atender la ciencia en nuestro país, para generar oportunidades para el ámbito científico, investigador y también de modelo económico y de futuro.

Y la ministra de Justicia les abordará con, hasta tres han sido los proyectos de ley que se han visto hoy en el Consejo de Ministros. La ministra de Justicia se referirá a dos de ellos y yo, lo haré brevemente, antes de cederles la palabra a mis colegas, en relación al que tiene que ver con la Función Pública.

Me centro ya en esta cuestión, porque junto con las inversiones en materia de ciencia y en los Planes Estratégicos, están las reformas, las reformas que se plasman en este anteproyecto de Ley de la Función Pública.

Es una norma, como ustedes pueden imaginar, por el sector al que se refiere, por las personas a la que afecta, de gran importancia. Es una norma que viene a desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público 15 años después. Hace 15 años que se aprobara este Estatuto y no ha visto su desarrollo hasta este Gobierno.

Es una reforma, además, que estaba contemplada en ese Plan de Recuperación del que estamos dando cuenta en esta mañana.

Se trata de su primera lectura y, por tanto, susceptible de ser mejorado en el futuro, pero que incorpora ya algunos de los elementos más importantes de transformación, de mejora y de modernización, también de la Administración General del Estado, en el proceso de modernización del conjunto del país.

Como elementos más novedosos, esta ley incorpora la planificación estratégica para alinear los objetivos de la Administración con la política de recursos humanos, y también para adaptar la selección del personal a las necesidades de todas las organizaciones que conforman la Administración General del Estado.

Otra de las novedades importantes, además de la exigencia de esa planificación previa, de esa planificación estratégica de los trabajos, para una mayor eficiencia de las administraciones públicas, se recoge la evaluación del desempeño con carácter obligatorio, para mejorar la productividad y adecuar la evolución de la carrera profesional al cumplimiento de las funciones del empleado público.

Se fomenta, de este modo, la promoción interna, la formación permanente y se regula la carrera horizontal.

Hasta ahora, en la administración pública solo era posible escalar de manera vertical y ahora se profundiza en la carrera profesional desde el punto de vista horizontal, estableciendo un sistema de tramos en las carreras, sin necesidad de cambiar de puestos de trabajo y, por tanto, fortaleciendo el capital humano.

Esta ley regula, asimismo, la figura que se ha contemplado de este modo en el ámbito europeo, la figura del directivo público profesional, con funciones de desarrollo de políticas y programas públicos.

Se fijan, también, los principios de la función pública en el ámbito de la igualdad, del diálogo social, el aprendizaje a lo largo de toda la vida profesional.

Se dispone, en esta norma, que la Administración del Estado cuente con los distintos protocolos para atender el acoso sexual o por razón de sexo, que se va a actualizar cada cuatro años, y que cada ministerio constituya una unidad específica para la inclusión de las personas con discapacidad.

Es un texto novedoso, de transformación de la administración, que requerirá, después de futuros desarrollos normativos, que cuenta ya con un previo diálogo con los agentes sociales, con los representantes de los empleados públicos, y que tendrá que concluir, como digo, en estos trabajos que seguirán a esta primera vuelta.

No me detendré en otros muchos asuntos que ustedes van a ver en el Índice del Consejo de Ministros. Hay alguno importante en el ámbito de la Defensa, del que dará cuenta a la ministra de Defensa, mañana mismo, que tiene que ver con el mantenimiento de las misiones de paz, tan importantes también en este momento en que vivimos.

Termino con una información del ámbito del deporte, del Ministerio de Cultura y Deporte. Ahora que ha terminado el Mundial, España prepara el Mundial 2030. Como saben, nuestro país se presenta junto a Portugal y a Ucrania, en ese triplete que tiene ganas de pelear por esa candidatura para albergar esa competición, que representa, no solamente el mensaje de ganas de apuesta por el deporte, sino también un mensaje de paz, que siempre está al lado del deporte.

Creo que conformamos un buen equipo, un gran equipo, este triplete junto a Portugal y Ucrania, de nuestro país. El Gobierno apoya, firmemente, esta candidatura y lo que ha aprobado el Consejo de Ministros en el día de hoy es una subvención directa a la Real Federación Española de Fútbol de 7,5 millones de euros, que irán destinados, precisamente, a todos los trabajos de preparación y desarrollo de la candidatura de la Copa Mundial de la FIFA para el año 2030.

Estamos seguros de la calidad de nuestra candidatura y por lo tanto apoyamos este proyecto también con esta aportación económica del Gobierno de España.

Doy la palabra a continuación a la vicepresidenta primera, para explicar, en primer lugar, lo que ha acontecido en esa Comisión. Después les atenderá la ministra de Justicia y finalmente, la ministra de Ciencia.

Vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.- Muchas gracias, ministra portavoz.

En efecto, hoy hemos aprobado el proyecto de adenda con el que ponemos en marcha la segunda fase del Plan de Recuperación, para movilizar la totalidad de los Fondos Europeos Next Generation asignados a España.

Se trata de un paso adelante, un nuevo avance en la secuencia que iniciamos en noviembre de 2020, con el borrador del Plan de Recuperación, que después de un intenso proceso de consulta y de concreción técnica, nos permitió presentarlo formalmente en Bruselas en abril de 2021 y, finalmente, recibir la aprobación de las instituciones europeas el 13 de julio de 2021.

Desde entonces, hemos desplegado una arquitectura de cogobernanza y ejecución presupuestaria, con las comunidades autónomas y ayuntamientos. Se han lanzado los principales programas de inversión y los proyectos estratégicos, y hemos avanzado con determinación en el programa de Reformas Estructurales.

Esto hace que el Plan de Recuperación sea ya una realidad, está teniendo un impacto significativo en nuestro tejido productivo. Es, de hecho, uno de los principales factores que explican la buena marcha de la economía española, de la actividad, del empleo, la inversión… una buena marcha que se mantiene, incluso, en un complejo contexto internacional como el actual y hoy dentro, de esta secuencia iniciada en noviembre de 2020, hoy damos un paso más, como decía, con la aprobación del proyecto de adenda que presentaremos formalmente a principios del año próximo, cuando entre en vigor el programa REpowerEU, y tras el correspondiente proceso de detalle y concreción técnica.

Como decía, la economía española se mantiene hasta ahora en una senda positiva, a pesar de la alta incertidumbre, como muestra el indicador sintético de actividad que tienen en la pantalla.

Hoy mismo, el Banco de España, ha revisado al alza las previsiones de crecimiento para este año, hasta el 4,6%.

Casi con toda probabilidad, cerraremos 2.022, con un crecimiento superior al del cuadro macroeconómico, que sirvió de base para los Presupuestos Generales del Estado, que esperamos, se aprobarán esta tarde en el Senado, como acaba de señalar la ministra portavoz.

En un contexto internacional de máxima incertidumbre, debido a la guerra en Ucrania, las tensiones geopolíticas, la inflación, la normalización de la política monetaria a ambos lados del Atlántico, las disrupciones en las cadenas de suministro globales, estamos ante un nuevo ciclo económico muy diferente a otros momentos de nuestra historia, y esto es gracias a la respuesta europea, también muy diferente a las del pasado, y los cambios estructurales que están siendo impulsados por el Plan de Recuperación.

El principal reto de nuestra economía en este momento es la inflación, pero gracias a la bajada de los costes energéticos y las medidas que el Gobierno ha venido poniendo en marcha, los datos más recientes, del mes de noviembre, como ven en la pantalla, apuntan a una fuerte contención de los precios. La inflación ha bajado cuatro puntos en cuatro meses y España se sitúa como el país con la tasa más baja de la Unión Europea.

Y como decía, esta evolución económica se explica, en gran medida, por el Plan de Recuperación, que ya ha alcanzado la velocidad de crucero con el despliegue de las inversiones.

Nos jugamos mucho, y por eso, desde el primer momento, España se ha situado a la cabeza en la ejecución del Plan de Recuperación a nivel europeo, el despliegue de los Fondos Europeos Next Generation.

Como saben, ya hemos recibido el pago de refinanciación y dos pagos semestrales, estando pendiente el tercer pago, cuyo siguiente hito será la aprobación por la Comisión Europea, que está prevista para principios de febrero. En total, el Tesoro del Reino de España ha recibido 31 000 millones de euros del presupuesto comunitario.

Los datos del Ministerio de Hacienda, que se reflejan en la diapositiva que tienen en la pantalla, muestran la fuerte aceleración de la ejecución presupuestaria durante 2022.

Los datos más recientes, actualizados a 14 de diciembre, muestran un volumen de crédito presupuestario comprometido por el Estado de 38 000 millones de euros.

Estos compromisos incluyen los 20 600 millones de euros de Fondos Europeos, asignados, ya, a 14 de diciembre, a las comunidades autónomas, que tienen un rol protagonista, tanto en la asignación, a través de los acuerdos de las conferencias sectoriales, como en el lanzamiento de las convocatorias de ayudas y licitaciones de obras y servicios en sus ámbitos de competencia.

El ritmo de convocatorias continúa en torno a 2000 millones de euros al mes.

A 30 de noviembre se han resuelto, ya, convocatorias de ayudas y licitaciones de obras por más de 22 000 millones de euros.

En este momento, este dato, refleja el impacto directo de los Fondos en la economía real.

En concreto, el Estado ya ha resuelto procedimientos por más de 18 700 millones de euros, o bien directamente, o mediante otros instrumentos, como convenios.

A ello se añaden las resoluciones de convocatorias lanzadas por las comunidades autónomas, con los Fondos asignados en las conferencias sectoriales, que superan los 3400 millones de euros.

Como ven, en la diapositiva que está en la pantalla, las empresas son las que más Fondos han recibido. Suponen más del 40% del total de fondos, repartidos 9500 millones de euros en total.

Le siguen las entidades locales y comunidades autónomas, las universidades, fundaciones y centros tecnológicos y de investigación. Justamente esas entidades que despliegan los programas de ciencia que va a detallar en un momento la ministra.

En total, estamos hablando de más de 136 000 proyectos beneficiarios de los Fondos Europeos.

Además de las convocatorias generales, ya se han puesto en marcha 11 proyectos estratégicos, los PERTEs, para articular de forma coherente en todo el territorio, las inversiones en los sectores tractores de la modernización de nuestro país, en clave verde y digital, para evitar incoherencias y duplicidades.

Con los Fondos de la adenda, como señalaré, está previsto reforzar estos 11 PERTEs y aprobar uno nuevo, para la descarbonización de la industria, que se lanzara, en principio, en el Consejo de Ministros previsto para la próxima semana.

Las diapositivas siguientes recogen las principales convocatorias lanzadas y resueltas de los PERTEs y otros programas gestionados por el Estado, así como el avance en las reformas del Plan de Recuperación.

Sobre esta base, de la primera fase del Plan, el proyecto de adenda que hoy presentamos movilizará el total de los 160 000 millones de euros asignados a España, al añadir a lo que ya se aprobó en julio de 2021, más de 94 300 millones de euros en transferencias y préstamos.

Por un lado, las transferencias adicionales de 7700 millones de euros irán destinadas a reforzar los PERTEs con más impacto sobre nuestra industria y nuestra autonomía estratégica.

Por su parte, los 84 000 millones de euros de préstamos se articulará a través de Fondos, que nos permitan así tener una red de seguridad y de financiación en buenas condiciones, sin aumentar, inmediatamente, la carga de deuda pública de España.

Estos Fondos, existentes y de nueva creación, van a permitirnos mantener el flujo de inversión pública y privada en marcha hasta 2026.

En tercer lugar, la adenda incluirá las transferencias adicionales del Reglamento REpowerEU, con alrededor de 2600 millones de euros asignados a España para acelerar la transición ecológica, mediante la diversificación de las fuentes de energía, el despliegue de renovables, el ahorro y la eficiencia energética, etc,

Además de atender a los cuatro ejes del Plan de Recuperación, el eje verde, digital, cohesión social y territorial, e igualdad de género, ejes que además caracterizan el Plan de España y marcan ese énfasis social de igualdad de género, el énfasis territorial del Plan de Recuperación de España, que, en comparación con el resto de los países europeos, como decía, además de atender a estos cuatro ejes del Plan de Recuperación, los recursos de la adenda se concentrarán en impulsar la industrialización y la autonomía estratégica en cinco dimensiones: energética, agroalimentaria, industrial, tecnológica y digital.

Porque, en primer lugar, las inversiones y reformas de la adenda van a acelerar esa transición energética, mediante la descarbonización de la industria, la diversificación de suministro, la penetración de energías renovables, el despliegue del hidrógeno verde y el almacenamiento. España ya ha avanzado mucho en este terreno, pero está claro que el impacto de la guerra hace todavía más urgente acelerar este proceso de transición ecológica, y convertir la Península Ibérica en un portal logístico de suministro de energía renovable al conjunto de la Unión Europea, reforzando así nuestra autonomía estratégica colectiva.

En segundo lugar, se trata de intensificar la autonomía agroalimentaria, para aumentar la productividad, rentabilidad y sostenibilidad de este importante sector, con una gestión eficiente de los recursos naturales y muy especialmente, del agua.

En tercer lugar, impulsar la autonomía industrial, mediante una política ambiciosa de descarbonización, digitalización e innovación, impulso a la economía circular, para reducir la dependencia de materiales y tecnologías clave, con una atención especial a las industrias electro y gas intensivas.

En cuarto lugar, la adenda refuerza la autonomía tecnológica, para mitigar el riesgo de posibles cortes en las cadenas de suministro, por ejemplo, en el ámbito de los semiconductores, y reforzar los proyectos de interés europeo.

Y finalmente, en quinto lugar, la adenda nos va a permitir acelerar la digitalización y reforzar la ciberseguridad, un elemento absolutamente clave para tener una digitalización segura, que dé confianza.

Como les decía, con la adenda vamos a destinar 7700 millones de euros de transferencias, y más de 18600 millones de euros en créditos, a los PERTEs, que se recogen en esta diapositiva.

Además del refuerzo de estos PERTEs, se van a financiar inversiones de carácter horizontal, para poner en marcha un programa de asistencia técnica y un nuevo programa de micro credenciales, para la adquisición de las habilidades y competencias necesarias para alinear la oferta y la demanda de trabajo en el ámbito de estos PERTEs. Se trata, por tanto, de agilizar el despliegue de los Proyectos Estratégicos recogidos en el Plan.

Para canalizar los préstamos, el Plan proyecto que hoy presentamos prevé 12 fondos, ocho de nueva creación, y cuatro ya creados desde 2020, para cubrir los desembolsos de los Fondos SEPI, Cofiides, para ayuda a la solvencia, los Fondos asociados a las reformas estructurales del Ingreso Mínimo Vital y el mecanismo Red, de la Reforma Laboral, la financiación de los Fondos Next Tech…

Y como decía, está previsto crear nuevos Fondos, entre los que destacan los 20 000 millones de euros para un Fondo de inversiones sostenibles de las comunidades autónomas, y también, 15 000 millones para reforzar los Fondos del ICO, y permitirle tener un programa de préstamos sostenibles, para aumentar la financiación verde en nuestro sistema financiero, y también reforzar la financiación de las PYMEs y proporcionar así liquidez en este momento.

Las reformas previstas en la adenda, que se recogen sintéticamente en esta diapositiva, se concentran en cumplir las recomendaciones específicas para España en el marco del Semestre Europeo.

Y finalmente, como ocurrió con la pandemia, la respuesta a la guerra está también siendo coordinada a nivel europeo, en especial, con el lanzamiento de este nuevo programa REpowerEU, para reforzar la autonomía energética del conjunto de la Unión Europea.

Ya se ha alcanzado un acuerdo entre el Consejo y el Parlamento Europeo, pero estamos pendientes de que termine ese proceso legislativo, y con el proyecto de adenda, lo que vamos a hacer es destinar los recursos adicionales asignados a España, a aumentar el ahorro de energía, diversificar el suministro, fomentar el despliegue acelerado de renovables, sustituir los combustibles fósiles en los hogares, la industria, la producción de electricidad, etcétera. Así que la adenda al Plan va a incluir un capítulo específico de REpowerEU.

El Plan está contribuyendo ya muy positivamente a la marcha de la economía, como he señalado, no solo el crecimiento económico, el empleo de calidad o la inversión, sino también el proceso de modernización y de cambio estructural, sin parangón, en la historia reciente de nuestro país, a través de las expectativas, en los primeros años, y de las inversiones y reformas a partir de 2021 2022.

Estimamos que el Plan, incluyendo la adenda, está elevando el nivel del Producto Interior Bruto de España en tres puntos porcentuales en media, hasta 2031. Este impacto es el que se recoge en la diapositiva que tienen delante.

Siguiendo con el marco de cogobernanza y diálogo que ha marcado el Plan de Recuperación, desde el principio, hemos mantenido encuentros, intercambios de propuestas, con todos los principales interlocutores económicos, políticos y sociales, para identificar las prioridades estratégicas y orientar la adenda al Plan de Recuperación de la mejor forma posible, y una vez aprobado el proyecto, hoy en Consejo de Ministros, lo presentaré el jueves ante la Comisión Mixta, Congreso y Senado, dentro de este marco de transparencia y rendición de cuentas del Gobierno, en el marco del Plan de Recuperación.

El siguiente paso será terminar de ajustar los detalles del Plan REpowerEU y todos los detalles de los componentes de la adenda, y una vez realizado lo anterior, presentaremos formalmente la adenda, el Plan de Recuperación, a la Comisión Europea a principios del año próximo, para dar comienzo a la segunda fase del programa Next Generation IU en España.

En definitiva, como decía, hoy hemos dado un nuevo paso adelante en la hoja de ruta de modernización de nuestro país, para reforzar la autonomía y la industria estratégica de España y del conjunto de Europa, impulsar un crecimiento más sostenido y sostenible en los próximos años y, en definitiva, seguir en la senda de progreso de nuestro país, seguida desde la llegada de la democracia.

Portavoz.- Muchas gracias, vicepresidenta.

Ministra.

Ministra de Justicia, Pilar Llop.- Muchas gracias, ministra portavoz, vicepresidenta, ministra de Ciencia.

Hoy se ha aprobado ante el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Acciones de Representación para la protección de los Intereses Colectivos de los Consumidores y usuarios, un anteproyecto que se ha presentado, conjuntamente, con el Ministerio de Consumo como coproponente.

Este anteproyecto, que viene a transponer una Directiva, la directiva del año 2020, va a tener un impacto muy positivo para la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios afectados por prácticas irregulares y también por prácticas abusivas por parte de las empresas.

La directiva del año 2020 tiene una finalidad concreta, que es que se establezca, que todos los Estados miembros establezcan, cuenten, al menos, con un mecanismo de tutela judicial, de tutela colectiva, a instancia de las entidades legalmente habilitadas para la salvaguarda de los intereses de los consumidores y usuarios, de un lado, y de otro, que se evite, en lo posible, el ejercicio abusivo de la acción procesal.

Hoy en día sabemos que, muchas veces, los consumidores no tienen ni las ganas ni tienen tampoco a veces los recursos económicos suficientes para ir contra actuaciones irregulares de una empresa, y, además, esto también va a clarificar el marco para las propias empresas, en que saben que se tienen que mover.

Es una directiva que no diseña un procedimiento colectivo, ni siquiera articula cuáles son los procedimientos procesales concretos que tienen que establecerse, porque lo deriva al derecho interno de cada Estado, y nosotros, además, tenemos un firme compromiso con la protección de los consumidores, no solo porque sea una prioridad de la Unión Europea, sino, además, también, porque es un derecho protegido en la propia Constitución, en el artículo 51.1.

Al final, lo que pretendemos es acabar con esa posición desequilibrada, con esa posición más débil de consumidores y usuarios, que se tienen que enfrentar en las relaciones de mercado, especialmente, cuando están ante prácticas ilícitas por parte de empresarios, si quieren acudir a la vía judicial, lo que desincentiva, en muchas ocasiones, para litigar y perpetúa además comportamientos irregulares.

En España existen, ciertamente, mecanismos de defensa de los intereses colectivos de los consumidores, tenemos leyes sectoriales, la Ley de Publicidad, la Ley de Competencia Desleal, la Ley de Condiciones Generales de la Contratación, también, la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, introdujo varios artículos en materia de protección de consumidores y usuarios, pero ciertamente, lo hace de una manera muy dispersa, y lo que pretendemos ahora, aprovechando la transposición de la directiva, es establecer un título concreto que compile todos estos procesos para el ejercicio de las acciones de representación, estableciendo el régimen de las acciones y también las reglas procesales necesarias para su ejercicio.

Se propone un amplio ámbito de aplicación, y además, se definen, expresamente, cuales son estas acciones de representación, distinguiendo las de cesación y las resarcitorias, de manera que las de cesación son aquellas en las que lo que se exige es que la empresa pare esa actitud, respecto a los consumidores, pero la novedad más relevante, es que se establece un requisito objetivo de procebilidad, de admisión de la demanda, que es que es necesario que haya una reclamación previa frente al empresario o profesional.

Y respecto a las resarcitorias, son aquellas en que lo que van a solicitar es una indemnización, un resarcimiento, del perjuicio que han sufrido, y la novedad es que las sentencias o los acuerdos a los que se lleguen en este ámbito, van a extender sus efectos a todos los consumidores, todos los consumidores que se hayan vinculado a través de una plataforma, que las entidades habilitadas, es decir, las demandantes, esas entidades que se determinarán en el listado que establezca el Ministerio de Consumo, abran para que se puedan vincular o desvincular, según su propio interés. Será una plataforma electrónica singular, además, para cada uno de los distintos procedimientos.

Se otorga, por tanto, legitimación activa a estas entidades habilitadas, y se crea, además, un registro público de acciones de representación, que dependerá del Ministerio de Justicia y que es muy importante su existencia, porque son normalmente acciones que afectan a consumidores y usuarios que están en todo el territorio nacional y, por lo tanto, tener conocimiento de que pueden existir procedimientos abiertos al respecto es muy importante para acumular acciones, o para vincularse a esos procesos.

Por otra parte, también es importante saber que las entidades habilitadas, que son todas aquellas que se encuentran inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, también podrán ser las que están en registros autonómicos o de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y se designa al Ministerio de Consumo como un punto de contacto nacional para el caso del ejercicio de acciones de representación de carácter transfronterizo, porque, en ocasiones, son empresas que tienen sus sedes fuera del territorio nacional.

Con esta norma, por tanto, daríamos cumplimiento a la directiva del año 2020 y además, protegeríamos la tutela colectiva de las entidades habilitadas para la salvaguarda de los intereses de los consumidores y usuarios, mediante mecanismos procesales que sean garantistas.

Por otra parte, también hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros, el anteproyecto de Ley Orgánica que va a reforzar la cooperación judicial internacional y la investigación penal.

Es un anteproyecto que amplía la figura del agente encubierto, y del registro remoto para las investigaciones de máxima gravedad y complejidad, como son los homicidios, asesinatos y las formas agravadas de homicidios. Un anteproyecto de ley que modifica, también, en otros aspectos, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y la Ley Orgánica del Poder Judicial, para una mejor aplicación del principio de reciprocidad en la cooperación jurídica internacional penal, y que regula la constitución y funcionamiento de los equipos conjuntos de investigación entre las autoridades competentes de España y de otros Estados, además de modificar la regulación sobre determinados instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales. Es una norma ciertamente técnica, pero, también, es una norma que va a tener un muy importante impacto para impulsar la lucha contra crímenes muy graves.

El nuevo anteproyecto de Ley Orgánica modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para ampliar el ámbito de aplicación de medidas de investigación del agente encubierto, y el registro remoto de equipos de investigación, que, hoy por hoy, solo se puede utilizar en casos muy concretos y en los supuestos de homicidios, de asesinatos, solo cuando las víctimas son menores.

El agente encubierto se introdujo en nuestro ordenamiento penal en el año 1999 y consiste en la infiltración, o actuación de funcionarios de policía bajo una supuesta identidad, que actúan bajo el control del juez o del fiscal, para investigar delitos propios de la delincuencia organizada, que son de muy difícil averiguación, y cuando otros medios de investigación han fracasado o cuando son insuficientes.

Este anteproyecto viene a ampliar el ámbito de aplicación de los agentes encubiertos, de manera que podrán ser utilizados, también, en los casos de homicidios y formas agravadas. Para que se hagan una idea, la regulación actual permite el agente encubierto en supuestos de criminalidad organizada, por ejemplo, cuando se cometen crímenes contra la propiedad intelectual, pero no cuando se cometen delitos o asesinatos con violación y luego ocultación del cadáver. Por lo tanto, resultaba desproporcionado no aprovechar este medio, este mecanismo de investigación, para estos crímenes tan graves.

Con esto, conseguimos un objetivo que, lógicamente, va dirigido a reparar la moral de los familiares de las víctimas, también incrementar las posibilidades de resolución de estos delitos tan graves, mejorando, por tanto, la resolución de las investigaciones. Una mayor rapidez, también, en la investigación y la resolución de los casos, lo que puede evitar, además, que el agresor pueda llevar a cabo hechos de una misma naturaleza contra nuevas víctimas, anticipándonos a los actos que puede cometer y reducir los tiempos de la instrucción.

Por otra parte, este anteproyecto también lleva una nueva regulación, para la constitución de los equipos conjuntos de investigación entre autoridades competentes de España y de otros Estados, con la finalidad de reforzar el espacio de libertad, seguridad y justicia en el ámbito de la Unión Europea, pero también en la cooperación penal con terceros Estados.

La norma contempla que las autoridades competentes españolas puedan establecer, directamente, equipos conjuntos de investigación judiciales con las autoridades competentes de otros Estados miembros, cuando hablamos del ámbito europeo, sin intervención del Ministerio de Justicia, porque, evidentemente, la cooperación penal en el ámbito de la Unión Europea ha superado ya esta participación por parte del Ministerio de Justicia, y casi todos los instrumentos de cooperación, en el ámbito europeo, son de cooperación directa.

Y también se lleva a cabo una regulación más detallada de los equipos conjuntos de investigación con terceros estados, que cada vez se utilizan más en la investigación de los delitos, sobre todo, tráfico de drogas y otros crímenes de la criminalidad organizada, donde sí habrá una intervención del Ministerio de Justicia como autoridad central, y será como una especie o un procedimiento parecido al de la extradición.

Por otra parte, este anteproyecto reforma la Ley de Reconocimiento Mutuo, una ley del año 2014, que se traspuso con algunos defectos, que se nos han hecho ver por parte de la Unión Europea y, sobre todo, para hacer más efectivos los decomisos, los embargos y ejecución de sanciones pecuniarias, como pueden ser las sanciones de la Dirección General de Tráfico, cuando hayan sido judicializados. Así que se depuran algunos ajustes entre la regulación vigente y la implementación que se hizo, la transposición del año 2014.

Y, por último, este anteproyecto de ley también, lo que hace, es recoger de manera expresa, el principio de reciprocidad que desapareció, se eliminó con la reforma del año 2015, de manera que es un principio, además clásico, de la cooperación jurídica internacional, y se mejora y se mejora la regulación del principio subsidiario que debe siempre presidir la cooperación entre los Estados. Muchas gracias.

Portavoz.- Ministra.

Ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.- Muchas gracias, ministra, portavoz, vicepresidenta, ministra de Justicia.

Hoy hemos presentado al Consejo de Ministros, y se ha aprobado, desde el Ministerio de Ciencia, el Plan de Transferencia y Colaboración y las convocatorias de investigación y otros acuerdos relevantes que hemos podido aprobar, como digo, en el Consejo de Ministros.

Para nosotros, para el Ministerio de Ciencia, hoy, sin duda, uno de los consejos de ministros más importantes de todo el año.

Lo primero que me gustaría decir es que en ciencia la ley se cumple, el Gobierno, nosotros, sí cumplimos las leyes, y todas las medidas van a desarrollar y aplicar la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que echó a andar el pasado mes de septiembre.

Uno de los ejes claves de la Ley, uno de los compromisos más importantes que cogimos con la Comisión Europea, también, para la consecución de los Fondos de Recuperación y, por tanto, del Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, era la mejora de la transferencia de conocimiento, desde el mundo académico, desde los centros de investigación, trasladarlo, al final, en soluciones innovadoras.

Este Plan de Transferencia tiene un paquete de 15 medidas, que son claves para atajar esta tarea pendiente que tiene nuestro país, que es la de acelerar la innovación, la capacidad de nuestro país para convertir el excelente conocimiento que se genera en nuestra comunidad científica, pero que, muchas veces, no se traduce en soluciones innovadoras con impacto social y económico.

En este momento, que es clave para la transformación económica de nuestro país, con el despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es más necesario que nunca esa transferencia de conocimiento.

Este Plan, por tanto, viene, pero viene para quedarse.

Consta de un presupuesto de 1200 millones de euros, que ya está contemplado en el Presupuesto que esta tarde se aprobará para el 2023, y en los siguientes años, nuestra intención es mantener, o incluso, expandir el presupuesto de este Plan.

El objetivo del Plan de Transferencia, como he dicho, tiene como eje fundamental considerar la ciencia como bien común para la sociedad. Por tanto, no podemos desperdiciar ninguno de los hallazgos o de los resultados científicos que se generan en nuestra sociedad.

Por tanto, se trata de un asunto prioritario. No sé si ustedes conocen el dato, pero, ahora mismo, España ocupa la posición número 11 en producción científica, que consideramos que es la posición adecuada, geopolítica y económicamente para nuestro país, sin embargo, nos situamos en innovación en el puesto número 29 en los rankings mundiales. Por tanto, hay un desequilibrio entre la producción científica y el sistema innovador de este país.

El Plan se estructura en tres ejes.

El primero se centra en hacer que de los entornos académicos y de investigación se transfiera directamente el conocimiento. Esto lo podemos hacer, o bien a través de la creación de empresas de base científica, o bien a través de la licencia de patentes.

Respecto a las patentes, me gustaría decir que en la Ley hemos introducido algunas cláusulas muy interesantes, por las cuales, si una empresa compra una patente, que es el resultado científico, por parte de la comunidad científica, en ningún caso, esa compra de patente, puede quedar en un cajón. Es decir, una empresa no puede comprar una patente para secuestrar un resultado científico en beneficio propio. Por tanto, tenemos la capacidad, por primera vez en nuestro país, de revertir esa patente, si consideramos que la empresa no está haciendo un uso social de ese resultado científico.

Por otra parte, hablamos también de ciencia abierta. Garantizar que la ciencia llegue a otra comunidad científica, la ciencia, al final, se hace en base a conocimiento científico anterior, pero también, para nosotros, transferencia de conocimiento y abrir la ciencia, es abrir a la ciudadanía datos, metodologías, resultados generados a la investigación, directamente, también, a la sociedad o, por ejemplo, a los medios de comunicación.

Y otro aspecto de transferencia de conocimiento de manera directa, es avanzar en el asesoramiento científico, para la toma de decisiones políticas. Esto fue fundamental, por ejemplo, en la gestión de la pandemia en nuestro país. Esta dinámica hizo que la ciudadanía viera en las decisiones políticas que iba tomando el Gobierno de España y las distintas administraciones, esa evidencia científica detrás. Eso nos convirtió en uno de los países con mayor tasa de vacunación de todo nuestro entorno y, por tanto, queremos seguir trabajando en que la evidencia científica sea la base con la cual se toman las decisiones en las Administraciones Públicas.

El segundo eje del Plan, no sería tanto la transferencia directa de los entornos de la ciencia, sino la colaboración con otros agentes, en este caso, la colaboración con empresas o incluso con la sociedad, en lo que sería la ciencia ciudadana.

Promovemos este modelo, que es un modelo que genera empleo, que anima a nuestras empresas a generar riqueza, a través de la innovación, y, por tanto, lo que hacemos es convertirnos en un Estado emprendedor, que, a través de la financiación pública, crea esa cultura de la innovación, que ahora mismo, como digo, está bastante mal equilibrada en nuestro país frente a la de la generación de conocimiento.

Con nuevas alianzas público-privadas, como por ejemplo, los PERTEs, que ya ha vuelto a reseñar la vicepresidenta, mediante la promoción de otras herramientas, como, por ejemplo, "las misiones", España ha sido uno de los países pioneros en los proyectos de misiones, donde el país decide cuál es la misión de país, la misión social, y arrastra a el sector empresarial y al sector público a la consecución de estas misiones, y este año las misiones se van a convertir en misiones de transferencia de conocimiento, en Transmisiones, como la hemos llamado, porque lo que queremos es que cooperen de manera directa, que haya, directamente, un consorcio entre el mundo académico y el mundo empresarial.

Y otras herramientas, como, por ejemplo, la compra pública innovadora, la compra pública precomercial, que va a hacer que nuestro país, en pocas semanas, vamos a lanzar una convocatoria, para el diseño y la fabricación del primer lanzador de micro satélites que tendría Europa. No hay ningún país en toda Europa que tenga un lanzador de micro satélites. Tenemos la aspiración y la ambición de que nuestro país alcance esa capacidad innovadora.

También, en otros aspectos, tan importantes para nuestro país como, por ejemplo, la prevención o el control de incendios.

Y el tercer eje del Plan, que es transversal y es muy importante, es la capacitación y el desarrollo del sistema para hacer posible este plan de transferencia de conocimiento. Necesitamos, tenemos, por una parte, científicos, tenemos, por otra, parte, empresas, y necesitamos ese puente intermedio, profesionalizado, para hacer posible, cada vez más, que se fluctúe de un camino a otro.

Sí, como decía, este era uno de los ejes fundamentales de la Ley de la Ciencia, pero otro eje clave de la Ley era la financiación, una financiación que hemos blindado, por ley, y que hemos comprometido, para que nuestro país tenga una financiación en ciencia estable y creciente, y también otro eje principal de la Ley era promover una carrera estable y predecible, y sacar a los científicos de esa eterna adolescencia, que parecía que vivían en nuestro país.

Hoy hemos aprobado las cinco principales convocatorias para la ciencia en nuestro país. A través de la Agencia Estatal de Investigación, movilizaremos 920 millones de euros.

Gracias al impulso presupuestario de este Gobierno a la I+D+i, vamos a hacer un incremento de un 38% del importe de estas convocatorias con respecto a la que dedicaban los presupuestos del Partido Popular a estas mismas convocatorias.

Entre estas cinco convocatorias, está, quiero destacar, la convocatoria de Generación de Conocimiento, que saldrá por 625 millones de euros. Esto es lo que, de manera generalizada, los investigadores denominan el Plan Nacional de Investigación.

Una novedad muy importante es que por primera vez este Plan, esta convocatoria de Generación de Conocimiento, viene asociada con la convocatoria de los contratos de jóvenes pre doctorales. Esto atiende una reclamación histórica de la comunidad científica con la que se agilizará la incorporación de estos investigadores a los proyectos de investigación.

Para que se entienda, anteriormente, lo que se hacía era aprobar un proyecto para un centro de investigación y, posteriormente, podía pasar incluso un año, se le asignaba los contratos en formación, los pre doctorales a estos contratos.

Esto podía provocar un tiempo al descubierto para jóvenes que están entre 24 o 25 años, que no tener cobertura contractual podía significar la diferencia entre seguir con la carrera científica o abandonarla definitivamente. Por tanto, rompemos este impasse que había entre una convocatoria y la otra, y sacamos las dos convocatorias juntas.

Por tanto, será la primera vez, este año, que sacaremos dos convocatorias pre doctorales, una asociada a la Generación de Conocimiento, y la otra, que es la que teníamos pendiente, para la Generación de Conocimiento, que ya está resuelta.

La segunda novedad es que aumentamos un 10% los recursos de esta convocatoria, y lo hacemos porque también nos comprometimos por ley a que los costes indirectos de los centros subirían a un 21%, pero además nosotros hemos ido más allá y los hemos subido a un 25%.

Con estos costes indirectos, los centros de investigación podrán hacer frente a los nuevos derechos que hemos reconocido para los trabajadores, tanto en indemnizaciones, como el paso del trabajador de temporal a trabajador indefinido. Pero este aumento para los costes indirectos no va en detrimento de los costes directos.

La tercera novedad es que no solo sacamos esta convocatoria para la financiación de la ciencia en nuestro país. Si además sumamos la convocatoria de 288 millones de euros que salió este año, también, una convocatoria extraordinaria de proyectos de transición energética y digital, que fue a parar a más de 1700 proyectos y que se resolvió ayer mismo, y, además la aportación de 121 millones de euros a cuatro planes complementarios, junto con las comunidades autónomas, que hemos sacado también este año, estamos hablando de que este año, en el 2022, hemos aumentado la financiación en ciencia en un 155%.

Las otras cuatro convocatorias que aprobamos hoy están dedicadas a fomentar la contratación de investigadores en centros de investigación, en universidades y en empresas, gracias a los programas pre doctorales, de doctorales industriales, a los Ramones y Cajales, y a los Torres Quevedo.

Van a suponer, junto con la convocatoria de proyectos, la incorporación de 2440 investigadores predoctorales y de 497 investigadores postdoctorales en el programa Ramón y Cajal, duplicando así las oportunidades contractuales de los años anteriores.

A esto se le puede sumar también la convocatoria de consolidación investigadora, un nuevo instrumento gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que ha dotado con ayudas de 200 000 euros a 375 investigadores e investigadoras con proyectos de investigación muy prometedores.

Por tanto, si sumamos todas estas oportunidades contractuales, podemos estar hablando de que hemos financiado un 57% más que lo que se venía financiando con el Partido Popular los contratos para nuestros investigadores e investigadoras.

Y les quiero dar unos datos que a mí me parece que son muy relevantes, en la convocatoria de Juan de la Cierva, que ha establecido 481 contratos, 166 de ellos, es decir, un 34%, ha sido para personas extranjeras. Por tanto, estamos atrayendo talento. Y de la convocatoria de Ramón y Cajal, que ya se ha resuelto, la que sacamos el año pasado, de 635 contratos, 154 han ido para personas extranjeras, un 25%. Por tanto, nuestro plan de atracción y retención de talento está funcionando.

Como conclusión, esta batería de acuerdos, en forma de planes y de convocatorias, vienen a desarrollar el plan de talento, ponen en marcha acciones decididas por la transferencia de conocimiento, y cumplen con los compromisos de la nueva Ley de la Ciencia aprobada en septiembre.

Por tanto, materializamos la apuesta, sin precedentes, del Gobierno de España, en la ciencia, en la innovación de nuestro país, que cuida de nuestro talento, cuida de nuestros científicos, pero también cuida de nuestras empresas, convirtiéndonos en un Estado emprendedor, donde la inversión pública tracciona la inversión de las empresas privadas en innovación y en ciencia de nuestro país. Muchas gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, ministra.

Irene.

Pregunta.- (Irene Castro Ramírez, El Diario.es) Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.

Les quería preguntar por la comparecencia que ha hecho el presidente del Gobierno esta mañana. Ha dicho que tomaran ustedes las medidas que sean precisas para desbloquear el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Les quería preguntar cuáles son esas medidas precisas. Y Patxi López ha dicho que una de las que se está estudiando es el cambio de las mayorías necesarias para renovar el Poder Judicial, quería saber si esta es una de las que están estudiando.

Y luego, teniendo en cuenta que el Constitucional había cuestionado, en algunas ocasiones, que se hagan cambios normativos a través de enmiendas que nada tienen que ver con la tramitación que se pretende, y que Bruselas también ha dicho que los cambios de calado en el sistema judicial, tienen que contar con las consultas previas necesarias, les quería preguntar si creen que se han equivocado a la hora de tramitar este intento de renovar el Constitucional. Gracias.

Portavoz.- Gracias, Irene, por sus preguntas.

El presidente del Gobierno, esta mañana, lo que ha hecho es trasladar un mensaje de tranquilidad, de serenidad a los españoles. El Gobierno está trabajando, con absoluta normalidad, como ustedes pueden ver, y con ganas de seguir avanzando para nuestro país, para el futuro de la ciencia, para una industria distinta y abordando las reformas necesarias en otros campos, como el ámbito de la Justicia. Un mensaje de serenidad y de tranquilidad.

Por supuesto, el respeto a los grupos parlamentarios, que han visto amenazados sus derechos y su autonomía en esta crisis institucional. El Gobierno acata las instituciones, como ha dicho el presidente del Gobierno.

Vamos a estudiar esa resolución, como ustedes pueden imaginar, es una resolución que ha resultado controvertida. Es muy interesante aproximarse a ella y también a los votos particulares, y lo que ha dicho el presidente, con absoluta rotundidad, y yo les reitero, es que vamos a trabajar para el estricto cumplimiento de la ley, para que se cumpla el mandato constitucional y la voluntad popular, y en ese marco, en el de cumplimiento de la ley, del mandato constitucional y de la voluntad popular, es donde, legítimamente, el Gobierno tiene su campo de actuación y será donde desarrollemos un trabajo.

En relación a las reacciones de la Comisión sobre esta cuestión, lo que ha manifestado, quien se ha expresado por ella, es, efectivamente, que lo primero que tiene que ocurrir en España, es que el principal partido de la oposición, cumpla las normas, la Constitución y, por tanto, desbloquee lo que lleva bloqueado cuatro años, el Consejo General del Poder Judicial.

Este es el drama en nuestro país, que tenemos al principal partido de la oposición saltándose las normas a la torera, saltándose la ley, saltándose la Constitución.

Carlos.

P.- (Alonso Carlos Soto Joya, Bloomberg) Hola. Alonso. Alonso Carlos, Bloomberg, disculpe.

Serían todas las preguntas para la vicepresidenta. Le quería preguntar, primero, si usted, si el Gobierno teme que este conflicto de poderes pueda afectar el clima de inversión en España, puede llegar a afectar a la deuda y cuál es su mensaje a los inversionistas.

Además de eso, a pesar del retroceso del índice de inflación, el Banco Central casi duplicó su expectativa de inflación para el 24. ¿Concuerda que la inflación se va a mantener elevada en los próximos dos años?

Y última, ¿qué tanto más va a destinar al PERTE de los chips con esta adenda? Si puede especificar un poco más eso.

Sra. Calviño.- Sí, muchas gracias.

En primer lugar, a mí me parece que estamos viendo el normal funcionamiento de las instituciones de un país, normal funcionamiento, pero claro, no el normal uso de esas instituciones. Pero yo no creo que sea una cuestión que tenga ninguna trascendencia desde el punto de vista del clima de negocios o de los inversores internacionales. Por cuanto, como le decía, no se trata de decisiones que tengan ninguna incidencia desde el punto de vista económico.

Y, por otra parte, el mensaje del presidente del Gobierno yo creo que ha sido muy claro, con respecto a que se va a garantizar el cumplimiento de la Constitución y, de nuevo, ese normal funcionamiento de las instituciones y la separación de poderes, que creo es el fundamento y la base de las democracias occidentales.

Con respecto a la inflación, el Banco de España prevé que se mantenga esa senda de desaceleración de la inflación y que bajemos a niveles más normales en el curso del próximo año. Yo creo que las distintas estimaciones dependen de los escenarios que se realicen con respecto a las medidas de respuesta a la guerra, y también los escenarios y previsiones de evolución de los precios internacionales de la energía.

Con respecto a lo primero, veremos cuando tomemos las decisiones, cuáles de ellas siguen teniendo un impacto positivo, desde el punto de vista de la contención de la inflación, y el segundo de los elementos, como sabe usted muy bien, no está dentro de nuestro ámbito de control y lo que genera es incertidumbre.

Con esto quiero decir que las previsiones, tanto de crecimiento como de inflación, tienen que ser abordadas desde una perspectiva de prudencia, como no puede ser de otra manera.

Pero si parece relevante la revisión al alza de las previsiones de crecimiento para este año, unánime revisión al alza de las previsiones de crecimiento, que es lo que me lleva a decir que casi con total seguridad, vamos a tener un crecimiento superior al que habíamos previsto en el cuadro macroeconómico que acompaña los Presupuestos Generales del Estado para 2023.

Y con respecto a todos los detalles de la adenda, se va a celebrar un briefing técnico en el que se van a desgranar los distintos elementos y le invito a trasladar allí sus preguntas.

Por eso decía, lo de los chips, como es el contenido y el detalle de la adenda, dentro de las diapositivas, sí se puede ver que el PERTE de los chips es el que tiene un mayor volumen de recursos, más de 12 000 millones de euros, pero, insisto, en que en el briefing técnico se va a dar toda la información de detalle que pueda usted necesitar.

Portavoz.- Gracias, vicepresidenta. Ángel.

P.- (Ángel Carreira Cabarcos, Antena 3) Gracias, portavoz. Me gustaría insistir en la pregunta que ha lanzado Irene, porque entendemos que el Gobierno tiene sobre la mesa distintas opciones para desbloquear esta situación, y nos gustaría saber por dónde pretenden dirigir esos trabajos.

Otra pregunta es, si visto lo visto, se ha producido ya el complot del que hablaba el presidente del Gobierno en Bruselas, el complot, orquestado, según decía, por la derecha política y judicial.

Y me gustaría saber si en este momento de incertidumbre, en el que algunos ciudadanos puedan tener alguna duda sobre la separación de poderes, si es la mayoría parlamentaria de la investidura o es un grupo de jueces, en el tribunal, ¿quién gobierna en España? Gracias.

Portavoz.- Esta última no la he entendido.

P.- Si, lo decía sí los ciudadanos tienen alguna duda, por la separación de poderes, o alguna interferencia o injerencia en la separación de poderes, ¿quién gobierna en España? Gracias.

Portavoz.- Sí. En relación a la primera cuestión, yo entiendo su interés informativo, y luego, también, ustedes comprendan que el Gobierno vela por el interés general, por la defensa del normal funcionamiento de las instituciones del Estado y, por tanto, que la prudencia haga que me remita a las palabras que esta mañana les ha trasladado el presidente del Gobierno, que yo creo que responden a la conformación de nuestro Estado. Les decía el presidente que la democracia requiere de respeto a la ley, de respeto a la voluntad popular, y de ahí, que derivan todos los poderes del Estado, también el Poder Judicial, por supuesto, y que el Gobierno va a actuar en estricto cumplimiento de la ley, del mandato constitucional y de la voluntad popular, para tomar las decisiones que vengan a desbloquear el injustificable bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.

Ese es el compromiso del Gobierno. En eso es en lo que estamos trabajando, como les decía, con responsabilidad, pendientes de analizar esa resolución del Tribunal Constitucional, que, como saben ustedes, no ha sido unánime, sino más bien, muy controvertida, y, por tanto, analizando también esos votos particulares.

Me manifestaba usted que quien gobierna en España, claramente, el Gobierno de España, ayer escuchaba al líder del Partido Popular decir "Gobierno o España", le cuesta conjugar Gobierno de España, Gobierno de España, democracia, democracia, reglas democráticas, reglas democráticas, que, claramente, el Partido Popular y señor Feijóo sólo aceptan cuando ellos tienen la mayoría, y se dedican a boicotear cuando no la tienen. Llevan cuatro años sin cumplir la Constitución y, por tanto, no tienen ninguna credibilidad.

El colmo ha sido escucharles decir, y escucharle decir, a un senador, que va a hacer todo lo posible para que no se vote en el Parlamento, en el Parlamento, para que no se legisle en el Parlamento, en el Parlamento.

Mire, esto sucede cuando no se respeta la democracia, cuando uno no tiene la mayoría y no acepta el resultado de las urnas, y mientras ellos están en esta acción, mientras el señor Feijóo está trabajando para que no se vote en el Parlamento, el Gobierno trabaja para que esta tarde el Senado apruebe los terceros Presupuestos Generales en esta legislatura. Mientras Feijóo solo va a Bruselas para cuestionar a nuestro país, el Gobierno de España trabaja allí para sacar adelante su propuesta de solución ibérica y del tope de gas. Mientras Feijóo sólo trabaja cuestionando la economía española, pues la economía española recibe el aval del Banco de España, tenemos la tasa más baja de inflación de la zona del euro, seguimos generando empleo, y empleo de calidad y en eso es en lo que sigue trabajando el Gobierno de España.

Almudena

P.- (Almudena Guerrero Rosa, TVE) Buenas tardes. Gracias a la portavoz. Dos preguntas.

En primer lugar, a día de hoy, ¿puede afirmar que todos los puentes con el Partido Popular están rotos? ¿Se descarta una llamada de teléfono, del presidente a líder de la oposición, o a otro nivel, para poder encauzar la situación y al menos rebajar ese choque, ese tono?

Y quería insistir en una pregunta de la compañera, viendo toda la polémica que ha traído la reforma, viendo en qué ha quedado, ¿qué autocrítica hacen?, ¿no cree que ha podido ser un error tratar de desbloquear el Poder Judicial de esta manera? Gracias.

Portavoz.- Miren, el error es bloquear el Consejo General del Poder Judicial.

Eso es lo que es un error, que está llevando a nuestro país a esta situación y lleva sucediendo desde hace cuatro años, y, por tanto, recuperar la normalidad institucional significa que haya quien no rompa las normales relaciones institucionales y el cumplimiento de la Constitución, y, por tanto, eso es lo que reclama el Gobierno. Es lo que tenemos que hacer todos los españoles, todas las españolas, y también Feijóo, cumplir la ley y la Constitución. Y a partir de ahí hablamos.

Cué. Terminamos.

P.- (Carlos Elordi Cué, El País) Si, la ministra portavoz, nos está diciendo "están trabajando en varios escenarios", eso no nos lo va a aclarar, ha quedado clarísimo en la rueda de prensa, pero si nos podrían aclarar en que no están trabajando. ¿Descartan, absolutamente, cambiar?, porque es un asunto muy sensible, y el presidente Gobierno lo ha apuntado y no lo tenemos claro, y como le preguntaba Irene, ha quedado en el aire y tenemos todos que escribir sobre esto, con lo cual, ¿descartan ustedes que cambiar la mayoría de 3/5, que es un asunto muy sensible para desbloquear o no? ¿está encima de la mesa o no?, por lo menos sobre lo que no están trabajando, sobre lo que están trabajando ya ha dicho que no lo van a decir.

Quería una opinión también de la ministra de Justicia. Ante una situación como esta, el Constitucional ha tumbado una decisión importante de las Cortes, pero lo quería plantear, en la línea de lo que decían los compañeros, ¿usted cree, como ministra de Justicia, cree que se ha hecho todo correctamente, que meter esta reforma en unas enmiendas era la fórmula correcta? Una opinión como ministra de Justicia de este asunto.

Y a la vicepresidenta económica, le quería preguntar, estamos a punto ya, la semana que viene, van a tener que tomar varias decisiones muy relevantes. Quería plantear si está encima de la mesa la posibilidad de no prorrogar la ayuda a las gasolinas, que es mucho dinero, si con ese dinero se podrían hacer un cheque para alimentos y qué va a pasar con el salario mínimo. En fin, todas estas decisiones que tenemos a final de año pendientes, cómo van.

Portavoz.- Gracias Carlos por sus preguntas.

Vicepresidenta.

Sra. Calviño.- Bueno, estamos, justamente, terminando ese análisis para ver qué medidas se prorrogan o no, ya hemos ido apuntando cuáles son los elementos y que dentro de ese paquete se van a incluir medidas para contener el precio de los alimentos y aliviar la situación de las familias que se pueden ver más afectadas por el alza de los precios.

Me va a permitir, no voy a dar más detalles hoy, porque, justamente, la semana que viene vamos a tener aquí la explicación detallada de esas medidas.

Y con respecto al Salario Mínimo Interprofesional, tenemos un informe de los expertos, que proporciona un rango y un abanico. Yo creo que está muy claro, y el Gobierno así lo ha dicho desde el primer momento, que hay que subir el Salario Mínimo Interprofesional. Tenemos un compromiso de alcanzar el 60% de la media salarial de nuestro país. Este es un Gobierno que ha aumentado, muy significativamente, el Salario Mínimo y que cumple sus compromisos y, por lo tanto, yo espero que podamos llegar a un acuerdo con los agentes sociales, porque ese acuerdo social será el que nos proporcione un marco que además englobe un pacto de rentas, y que proporcione estabilidad y confianza a los trabajadores, a las empresas, a los inversores internacionales, a los que se refería hace un momento un compañero, y al conjunto de la ciudadanía.

Como sabe, el Gobierno está trabajando, y yo creo que la decisión que se adopte finalmente con respecto al Salario Mínimo formará parte, y será uno de los elementos de ese pacto de rentas que, como le digo, espero podamos alcanzar con los agentes sociales.

Portavoz..- Muchas gracias, vicepresidenta. Ministra.

Sra. Llop.- Muchas gracias, ministra portavoz.

Lo primero que tengo que decir es que este Gobierno no va a dejar pasar ni un solo día, ni un solo día, sin denunciar la situación de bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y sin reclamar la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Y además creo que estamos legitimados. Legitimados para decir que el Partido Popular, que el señor Feijóo, ha secuestrado al Consejo General del Poder Judicial, ha secuestrado las instituciones democráticas del ámbito judicial de nuestro país. Y lo digo, no porque lo piense yo, sino porque él mismo lo ha dicho, él mismo lo ha reconocido, desde el mismo instante en que dice, en que ha presumido, porque ha presumido, de que no iba a renovar el Consejo General del Poder Judicial y así lo ha dicho, para protegerlo de Sánchez, para protegerlo del presidente legítimamente elegido por las Cortes Generales, Cortes Generales legítimamente elegidas por los ciudadanos y las ciudadanas, en las votaciones democráticas del año 2019.

Y a mí, esto me parece de una extraordinaria gravedad, que el líder del Partido Popular, la persona que tiene la llave de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, haya dicho, expresamente, que no va a renovar el Consejo General del Poder Judicial, llevamos así, ya, no sé si casi 1500 días.

Desde luego, si se hubiera renovado a tiempo el Consejo General del Poder Judicial, a tiempo, durante estos cuatro años que llevamos esperando, no estaríamos en esta situación y no estaríamos en esta posición de tener que hacer iniciativas legislativas, ya sean por parte del Gobierno, o por parte del Poder Legislativo, a través de proposiciones de ley, para legislar sobre patologías, patologías democráticas, generadas exclusivamente por el Partido Popular, por el incumplimiento reiterado y constante de la Constitución.

Y, además, cuando se dice que hagamos autocrítica. Pero si nosotros, lo que estamos intentando es desbloquear esta situación indeseable, si la propia Comisión Europea, el propio comisario Reynders ha pedido que se renueve ya el Consejo General del Poder Judicial, antes incluso de entrar en cualquier otro tipo de debate sobre la reforma del modelo.

Yo he escuchado antes al señor Feijóo que, la verdad, en esta comparecencia que ha hecho, con claros, con muchos errores, muchos errores, no solo técnicos, muchos errores, cuando dice "basta ya de cuestionar los procedimientos que hacen de nuestra democracia una de las primeras del mundo". Pues sí, nuestra democracia, que es una democracia plena, y así está reconocida por los organismos internacionales, es una de las primeras del mundo, entonces, ¿por qué tiene tanto empeño en reformar los sistemas, si él mismo reconoce que es una de las primeras democracias del mundo?

Dice que nos saltamos los informes preceptivos, cuando se legisla, tradicionalmente, es verdad que, en el año 2013, el Partido Popular presentó un proyecto de ley, pero también es cierto que nuestro modelo del Consejo General del Poder Judicial es de los más independientes de toda Europa, donde existe este organismo, con relación a la injerencia o la participación del Ejecutivo en la designación de los vocales. El Ejecutivo no tiene ninguna participación en la designación de los vocales. Ese es nuestro sistema. Por supuesto, abrimos cauces de diálogo, insistimos, pero se renueva en el seno del Poder Legislativo.

Precisamente, esto es lo que hace que cuando se toca el Consejo General del Poder Judicial, por parte de este Gobierno, se tenga pudor y se tenga respeto a la división de poderes, y no se haga un proyecto de ley, que sería una iniciativa del Gobierno, sino una proposición de ley.

El propio sistema institucional que tenemos, además, haría pensar que es absurdo que, con una proposición de ley, presentada en Cortes Generales, el Consejo General del Poder Judicial tuviera que informar, cuando el propio Consejo General del Poder Judicial es elegido por el propio Poder Legislativo.

Es decir, vamos a entender cómo funciona nuestro sistema institucional primero, y vamos a respetarlo, que yo creo que es una de las bases de nuestra democracia.

Así que lo que, tiene que hacer el Partido Popular es poner los nombres sobre la mesa, de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, porque ha generado una patología, un germen antidemocrático, exclusivamente, por su actuación, que nos ha llevado a esta situación de crisis institucional y de gravedad institucional en nuestro sistema.

Pero ante esto, el Estado de Derecho siempre triunfa, y hay mecanismos en el Estado de Derecho, Estado de Derecho quiere decir imperio de la ley, que nadie está por encima de la ley, nadie ni nada.

Portavoz.- Muchas gracias, ministra, y creo que no tengo nada más que añadir.

Yo entiendo que ustedes, yo creo que ustedes tienen mucho que escribir y yo comprendo el deseo informativo, anda que no les damos para para escribir…

Pero creo quiero que comprendan que el Gobierno es un asunto que está estudiando con absoluto rigor, con la serenidad con la que trasladaba al presidente del Gobierno su mensaje esta mañana, y con la tranquilidad para los ciudadanos de que la acción que se va a dirigir, para asegurar esa renovación del Consejo y del Tribunal Constitucional, para el normal funcionamiento de las instituciones en nuestro país, va a garantizarse con el estricto cumplimiento de la ley, del mandato constitucional y de la voluntad popular, expresada en las pasadas elecciones del año 2019.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)