Comparecencia de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, la ministra de Sanidad y la ministra de Ciencia e Innovación

La Moncloa

Ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.- Buenas tardes. Gracias, como siempre, por acompañarnos en esta comparecencia, para darles cuenta de los acuerdos alcanzados en el Consejo de Ministros del día de hoy, miércoles 15, martes 14 de junio, se nos juntan los días, con mucha intensidad, en una reunión, en el día de hoy, en la que hemos seguido abordando grandes reformas, de las que nos va a dar cuenta la ministra de Sanidad, que tienen que ver con lo más importante para todos nosotros y para todas nosotras, que es la salud y los avances en nuestro país, en el Sistema Nacional de Salud, y también en el futuro, en la ciencia, en la apuesta de España por un Plan Estratégico en el ámbito aeroespacial, del que nos dará cuenta la ministra de Ciencia e Innovación.

En el día de hoy, el ministro de Inclusión nos ha hecho también balance de los que han sido estos primeros 100 días de la guerra de Ucrania y su repercusión en la acogida por parte de nuestro país, y quisiera empezar con estos datos, para no olvidar que el drama sigue, que el drama sigue sobre el país, sobre Ucrania, como consecuencia de esa invasión de Putin, sobre un pueblo soberano, un pueblo inocente, que está siendo atacado, y que nuestro país ha vuelto a dar de nuevo una respuesta a la altura de la sociedad española, una respuesta muy importante en lo que se refiere a la acogida.

Desde entonces hasta ahora, en este informe que ha denominado el Ministerio de Inclusión, "Balance de la situación migratoria derivada de la guerra de Ucrania", se recoge que en España hemos acogido desplazadas de la guerra de Ucrania,125 000 personas que han llegado y han permanecido en nuestro país.

Hemos dado una respuesta rápida, una respuesta ambiciosa. Hemos contado con la colaboración de las comunidades autónomas, hemos puesto en marcha los centros de recepción, atención y derivación, que tienen, como saben ustedes, cuatro sedes en nuestro país, Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga.

Las principales comunidades autónomas de acogida lo son por este orden: la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Comunidad de Madrid.

De las personas que han llegado, un 34% son niños.

La media de edad es de 30 años, y de las personas adultas que hemos acogido en España, 73% son mujeres.

De estos niños, el 22 000 de ellos, están escolarizados, y 48 000 personas ya cuentan con su tarjeta sanitaria.

En definitiva, esto es lo más dramático de esa guerra, pero es también una guerra que trae consecuencias económicas, y también el Gobierno sigue adoptando la respuesta para combatir esa crisis en las consecuencias económicas que ésta tiene sobre las familias españolas.

Y hoy celebramos que entra en vigor la orden ministerial del Ministerio de Transición, que efectivamente, incorpora ya ese tope al precio del gas, un descuento que ya es efectivo en el contador de la factura eléctrica de los hogares, que ya está en marcha y que desde mañana mismo empieza a imputarse. Es una medida histórica porque, por primera vez, como decía aquí la vicepresidenta, no van a pagar los mismos.

De esta manera estamos beneficiando a casi 11 millones de hogares, empresas, pequeñas y medianas empresas, que se van a acoger, o que están acogidas, a la tarifa regulada.

La rebaja en la factura de la luz se sitúa, por parte del Gobierno, en torno al 20% de todos estos consumidores, es decir, aquellos que hoy estén pagando una factura del entorno de los 100 euros el próximo mes pagarían una factura del entorno a los 85, 83 euros.

El tope del precio del gas va a amortiguar, también, los efectos de la subida del IPC, reduciéndolo del entorno de un punto.

Esta es la respuesta que estamos dando a esta guerra y a sus consecuencias económicas, que además, tiene una connotación importante en lo que se refiere al liderazgo de España en el seno de la Unión Europea. La excepción ibérica y el resultado exitoso de esta negociación dan muestra de ello.

Y quisiera también, para terminar con este recordatorio, decir que, además, es una medida que tendrá una vigencia de un año, y por tanto estamos salvando el próximo invierno y la próxima primavera con ella.

El resto de medidas de las que les voy a dar cuenta antes de ceder la palabra a la ministra de Sanidad, tienen que ver también con la energía, especialmente con la sostenibilidad energética, con el cuidado del medio ambiente, y lo hacemos además, en un momento en el que estamos sufriendo una intensa ola de calor y en la semana en la que vamos también a conmemorar el Día Internacional en la Lucha contra la Sequía, por tanto, temas que son importantes para nuestro presente y para nuestro futuro.

Lo que hemos hecho en este Consejo de Ministros es avanzar en el paquete de ayudas territorializadas, en el despliegue de los fondos europeos, con estos dos objetivos prioritarios, la sostenibilidad energética y el cuidado medioambiental.

Todas estas convocatorias suman casi 900 millones de euros.

Paso a anunciarles los tres bloques.

El primero, de ellos se refiere a 500 millones de euros, casi 500 millones de euros, que va dirigido a las comunidades autónomas de las Islas Baleares y de las Islas Canarias. Concretamente, Canarias va a recibir 302 millones de euros y Baleares 197 millones de euros.

Ambos proyectos tienen que ver con la descarbonización de los archipiélagos, con una inversión total que superará los 1000 millones de euros.

Va destinado a áreas de autoconsumo, a las energías renovables, al almacenamiento o a la movilidad eléctrica.

¿Cómo se transformarán las islas gracias a estos planes de recuperación, a estos fondos? Pues, calculamos que el autoconsumo se va a multiplicar por diez, en el caso de Canarias, y por seis en el caso de las Islas Baleares.

Y en el caso de la movilidad, vamos a un 100% de movilidad eléctrica para vehículos, con una guía de puntos de recarga de más de 3000 puntos de recargas.

Este sería el resultado de este ambicioso plan.

Continuamos en el segundo paquete, también con Baleares y Canarias, y se unen a este Ceuta y Melilla.

Se trata de 110 millones de euros, en esta ocasión destinados a implementar planes turísticos más sostenibles y menos estacionales, en definitiva, buscando un turismo de mayor calidad, de mejor calidad y no tanto de cantidad.

Y el tercer plan territorializado de fondos europeos a las comunidades autónomas, tiene que ver con el agua, tiene que ver con la preservación de los recursos hídricos, concretamente, 175 millones de euros van destinados a las comunidades autónomas, en planes para luchar contra el riesgo de inundaciones. Es cierto que estamos viviendo tiempos de sequía, de altas temperaturas, pero también, al mismo tiempo, se proyectan posibilidades de lluvias que puedan traer consigo inundaciones y se trata, por tanto, de luchar contra ese riesgo de las inundaciones, al mismo tiempo que preservamos el litoral.

Junto con 175 millones de euros, que van destinados a las comunidades autónomas, otros 100 millones de euros dirigidos especialmente a los ayuntamientos, para la digitalización del ciclo del agua, para la mejor gestión del agua, del abastecimiento en las ciudades, que están adheridos al PERTE, al Proyecto Estratégico de Gestión del Agua.

Estos serían las inversiones más importantes que se complementan con otras territorializadas, que les adjuntamos en la referencia del Consejo de Ministros.

También el plan de valoración de estos primeros meses de gestión de la ayuda al pueblo ucraniano, estará de manera más extensa en la comunicación que emitirán desde el propio Ministerio de Inclusión.

Y ahora ya sí, cedo la palabra a la ministra de Sanidad.

Ministra de Sanidad, Carolina Darias.- Muchas gracias, ministra portavoz, ministra de Ciencia, medios comunicación que se encuentran aquí, saludos cordiales.

Comparto con ustedes dos asuntos de máxima interés, de máxima relevancia, correspondientes al Ministerio de Sanidad, que ha sido objeto hoy de aprobación en el Consejo de Ministros.

Hoy hemos aprobado, en segunda vuelta, el Anteproyecto de Ley que consolida la Equidad, la Universalidad y la Cohesión del Sistema Nacional de Salud.

Se trata de una norma, y lo quiero decir bien alto y bien claro, que nace del cumplimiento del programa de Gobierno de progreso, para garantizar la Equidad, la Cohesión y la Universalidad, dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud, pero especialmente, para ampliar derechos y devolvérselos a la ciudadanía tras gobiernos anteriores que la habían suprimido.

Es una medida que forma parte del componente 18 del Plan de Transformación, Recuperación y Resiliencia, y que constituye hito intermedio, la aprobación de hoy y, en su caso, cuando corresponda, en el Boletín Oficial del Estado, también será un hito nuestro componente 18.

Además, creo importante subrayar, que dar respuesta a 16 propuestas de resolución del dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados, y supone, además, la modificación de leyes sanitarias tan importantes en nuestro país como la Ley 14/86, General de Sanidad, o también la Ley 16/2003 de Cohesión, y deroga la Ley 15/97 sobre habilitación de nuevas formas de gestión en el Sistema Nacional de Salud.

Digamos que esto en cuanto al contexto.

El ámbito de actuación de la Ley parte de la idea de que, la importancia del valor de lo público, algo que, sin duda alguna, la pandemia ha hecho incrementar y valorar adecuadamente su importancia, porque los sistemas sanitarios públicos son garantes de vida, y además actúan como motor económico y constituyen uno de los pilares básicos de nuestro Estado del bienestar.

De ahí la importancia de seguir fortaleciéndolo y de, sobre todo, de consolidar lo que son los vectores claves del Sistema Nacional de Salud, como les acabo de comentar: la cohesión, la universalidad y la equidad.

Porque, lo que se trata, a través de la consolidación del reforzamiento de estos vectores, es seguir mejorando la vida de la gente y protegiendo a los más vulnerables.

Objetivos específicos de este Anteproyecto de Ley, que hemos aprobado hoy en el Consejo de Ministros.

En primer lugar, blindar la Sanidad Pública, identificando como modelo de gestión en el Sistema Nacional de Salud la gestión directa, entendiendo como tal aquella que se presta por las propias administraciones públicas, por las entidades que constituyen el sector público institucional, bien sea estatal, autonómico o local, y también mediante la creación de consorcios 100% de titularidad pública.

Adicionalmente, la Ley establece las excepciones que habilitan la gestión indirecta bajo una visión complementaria y de apoyo, nunca sustitutoria, y siempre motivada objetivamente, y sólo cuando no sea posible la gestión directa.

En consecuencia, para poder gestionar de forma indirecta, conforme al articulado de esta Ley, las administraciones públicas deberán cumplir una serie de requisitos y motivarlas, tales como la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios, la insuficiencia de medios propios para poder llevar a cabo la respuesta de los determinados servicios que lo precisen, y, en su caso, cuando esto sea así, la necesidad de tener que recurrir a fórmulas de gestión indirecta, porque a través de la directa no lo pudieran satisfacer.

Y, además, será el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el que determine las pautas o los indicadores comunes a través de los cuales se va a entender cumplido los criterios señalados.

Pero también esta Ley, en función con los vectores que la sustentan, avanza en equidad y, sobre todo, viene a establecer la eliminación de los copagos sanitarios, algunos de los cuales, existentes hasta ahora.

Así, para avanzar en equidad, el Gobierno de Pedro Sánchez ha ido eliminando progresivamente los copagos farmacéuticos que impusieron gobiernos del Partido Popular, y, además, lo ha hecho, lo hemos hecho, a los colectivos más vulnerables, tales como las personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital, los pensionistas con rentas más bajas, las personas menores con discapacidad reconocida y también a las personas de rentas bajas por hijo o hija a cargo.

Aproximadamente, esto viene beneficiando a unos 6 millones de personas.

Ahora, con este Anteproyecto de Ley de Equidad, también extendemos esta exención de copagos a los mismos colectivos, pero respecto a copagos ortoprotésicos, por tanto, serán en torno a esta cantidad los que también se van a beneficiar de no tener que pagar las prestaciones ortoprotésica, en relación a estos colectivos.

Y para ello hacemos algo muy importante, y es que recuperamos la cartera única común de servicios, que incluye, por tanto, todas las prestaciones públicas y establece, además, las garantías necesarias para que no se puedan volver a introducir nuevos copagos sanitarios.

Pero también esta Ley avanza mucho en la universalidad de la misma y por ello esta Ley amplía derechos con cargo a fondos públicos, a la asistencia sanitaria a las personas ascendientes reagrupadas, por su hija o hijo, que sea titular del derecho a la asistencia sanitaria en el Sistema Nacional de Salud, siempre y cuando no exista tercero obligado al pago, y también amplía derechos a la cobertura sanitaria a las personas españolas de origen, que residan en el exterior, durante sus desplazamientos a nuestro país y también a sus familiares.

Por tanto, importante ampliación de derechos para personas reagrupadas y para personas de origen español que se encuentren residentes en el exterior.

Y también esta Ley recoge algo que ya existía a nivel reglamentario, pero no tenía su concreción a nivel de norma legal, y por tanto, con esta Ley lo hacemos, y es el reconocimiento al derecho a la asistencia sanitaria, a las personas solicitantes de protección internacional, a las personas solicitantes y beneficiarias de protección temporal, y también a las víctimas de trata de seres humanos o de explotación sexual.

Y algo que hace esta norma muy importante, y es garantizar la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección de la salud, a la asistencia sanitaria a las personas no registradas ni autorizadas como residentes en España.

Esto era lo que ya permitió el Real Decreto Ley del 18, tras la llegada del presidente Sánchez a La Moncloa, pero que de alguna manera, habían dudas de interpretación y algunas comunidades autónomas no lo interpretaban de manera homogénea. Por tanto, con este Anteproyecto de Ley queda claro cómo se va a prestar y con qué requisitos y determinaciones. Así se elimina el informe social y se establece que la asistencia se prestará con cargo a los fondos públicos desde el momento de la presentación de la solicitud.

También esta Ley avanza en materia de rehabilitación, para garantizar una interpretación homogénea, entendiendo que se ha de aplicar tanto en el ámbito sanitario como sociosanitario, aquellas personas con déficit funcional, encaminado a facilitar, mantener o devolver el mayor grado de capacidad funcional e independencia posible al paciente.

Esta Ley también avanza algo muy importante y muy demandado, que establece la evaluación del impacto en salud en las iniciativas legislativas del Gobierno, especialmente y concretamente en las normas de carácter sectorial, aquellas que tengan que ver con los determinantes de salud.

Estamos hablando de normas que incidan en la salud, que incidan en la vivienda, en ordenación del territorio, en el transporte y también en agricultura, por ejemplo, en salud animal y en salud vegetal, y también laboral.

Esta evaluación preceptiva va a ser determinante en la implantación efectiva y sistemática de la salud en todas las políticas, buscando, por tanto, sinergias y favoreciendo siempre la salud de la población y la equidad sanitaria.

Esta iniciativa legislativa, este Anteproyecto de Ley, avanza en la gobernanza de nuestro Sistema Nacional de Salud, y especialmente, en la cultura de la evaluación de las políticas públicas. Por tanto, será a través de indicadores, con ratios determinados, los que determinen si la actuación de las políticas públicas, tanto la llevada a cabo como la gestión directa, como en su caso, si así fuere, la indirecta, tendrán que dar indicadores que acrediten la evaluación de las políticas que se están llevando a cabo.

Y algo también, yo creo que importante, y es la participación de los pacientes en órganos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y es que el Foro Abierto de Salud, que ya existía, pero de manera temporal, y solo para el estudio de algunas cuestiones, ahora, con este Anteproyecto de Ley, adquiere naturaleza permanente, y será, por tanto, formarán parte del mismo las asociaciones de pacientes, personas con discapacidad, y también colegios profesionales, para dar voz a los pacientes y también a los colectivos que en ellos se establecen.

Y también acuerda el establecimiento y la coordinación necesaria, tanto en el ámbito sanitario, como en el sociosanitario, y también en el educativo que hemos visto tan importante en estos tiempos de pandemia que llevamos superando.

Y, por último, también, en la Ley se incorpora algo fundamental, y es el tratamiento de datos sanitarios, en las condiciones de su tratamiento, de acceso, en ámbitos tan importantes como la planificación o la gestión, la asistencia sanitaria y también la vigilancia en salud pública en aquellos aspectos no regulados por la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

Y por último, también, establece la creación de un consorcio de red de agencias española, supone que ya es la red, ya están existentes a nivel autonómico, pero si le dota de personalidad jurídica, especialmente frente a terceros.

Y algo muy importante, que concluye la disposición última final de esta Ley, es la posibilidad de una modificación legislativa, normativa, en el ámbito estatal, para facilitar a aquellas administraciones públicas que quieran llevar a cabo la reversión, de procesos de gestión indirecta, para hacerlo en las mejores condiciones posibles.

Como ven, se trata de medidas que avanzan, que garantiza la equidad, la universalidad y la cohesión. Se trata de una iniciativa legislativa que responde claramente el ADN de este programa de Gobierno de progreso, que significa ir avanzando para mejorar la vida de las personas.

Y también, brevemente, les paso a compartir otra de las iniciativas importantes, que ha tenido lugar hoy en la aprobación en el Consejo de Ministros, y es el Plan de Acción Bucodental.

Se trata de seguir avanzando en la capacidad del Sistema Nacional de Salud, tanto la preventiva como la asistencial, y como ya adelanté en mí comparecencia en el Congreso de los Diputados, supone incrementar, ampliar, la cartera común de Servicios de Sistema Nacional de Salud, y que va a tener un impacto en torno a 7 millones de personas.

Vamos a ampliar, como les decía, la cartera de Servicios de Salud Bucodental, un compromiso de la investidura del presidente Sánchez y también del programa de Gobierno, y que trata de maximizar todos los resultados en las políticas públicas.

Está incluido también en el Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia y además, viene encuadrado en las recomendaciones de la OMS, teniendo en cuenta que las enfermedades bucodentales, las patologías bucodental, suponen en torno a un 45%, las últimas décadas, y que además tienen impacto en muchas otras enfermedades, como diabetes o enfermedades cardiovasculares, también obesidad y parto prematuro.

Hoy, a día de hoy, la cartera común de servicios en este aspecto era limitada, con este Anteproyecto de Ley se va a cambiar, y se va a dar entrada a distintos colectivos.

Este plan de salud bucodental tiene un importe de 44 millones de euros, tiene su consignación en los Presupuestos Generales del Estado, con carácter finalista, y va a permitir, por un lado, homogeneizar todas las prestaciones de atención bucodental en todo el territorio nacional, garantizando, por tanto, la equidad en el acceso, independientemente del lugar de residencia, y va a incrementar los servicios comunes que hasta ahora no se prestaban por la sanidad pública, y lo va a ser a colectivos determinados.

Infanto-juvenil, dos tramos, 0-5, 6-14.

También mujeres embarazadas, personas con discapacidad, y personas con cáncer del territorio cérvico-facial.

Creemos que es un Plan muy potente, que va a permitir intervenir, de manera preventiva, en cuestiones tales como barnices de flúor con alta concentración, selladores de fosas y fisuras, que impidan la aparición de caries, y también limpiezas de boca, entre otras, o empaste en la dentición definitiva.

Concluyo: son dos iniciativas, esta que les acabo de comentar, que exponen la razón de ser de este Gobierno de progreso en materia sanitaria, garantizar los vectores que sustentan nuestro Sistema Nacional de Salud, como son la equidad, la universalidad y la cohesión, y sobre todo, una inversión en salud que es una garantía para la sociedad de presente, pero especialmente de futuro. Muchas gracias.

Portavoz.- Gracias, ministra.

A continuación, ministra

Ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.- Muchas gracias, ministra portavoz, ministra de Sanidad. Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por su asistencia.

Yo también les traigo dos asuntos importantes que el Ministerio de Ciencia ha presentado hoy para aprobación del Consejo de Ministros, y que han salido aprobados.

Les presento, en primer lugar, el Plan de Atracción y Retención del Talento del Gobierno de España.

Permítanme que les ponga en contexto, entre el año 2012 y el año 2015, una legislatura del gobierno de Mariano Rajoy, más de 10 000 puestos de trabajo fueron destruidos en el sistema público de ciencia.

En esos años de recortes del gobierno del Partido Popular, por cada científico que se jubilaba, o bien en una universidad, o bien en un centro nacional de investigación, no se incorporó ningún investigador o investigadora nuevo. Se destruía esa plaza.

No conocemos la cifra exacta, pero hablamos de decenas de miles de nuestros investigadores, de nuestro talento, que tuvo que irse de su país, una generación de jóvenes que encontró en el extranjero lo que su país les negó.

Todos los que estamos en esta sala, estoy segura, que tenemos algún familiar, algún amigo, algún vecino que en esa época, tuvo que abandonar España para tener un trabajo digno y que, seguramente, todavía no ha podido volver. Y todos somos conscientes de lo que significan las dificultades extraordinarias de empezar un proyecto de vida, casi desde cero, en otro país.

También conocemos la realidad de aquellos que no se fueron, pero que quedaron obstaculizados en nuestro sistema, porque, como he dicho antes, ni las universidades ni los centros de investigación públicas podían absorberlos, por tanto, sin perspectivas.

Como ministra de Ciencia e Innovación, llevo meses pisando los centros de investigación, pisando las universidades, escuchando las necesidades de los científicos y las científicas, también de los científicos que están en el exterior, asociados a la Asociación RAICEX, (Red de Asociaciones de Investigadores y Científicos Españoles en el Exterior), con el firme compromiso de revertir esta situación.

En esta línea hemos aumentado la tasa de reposición al 120%, lo que significa que cada diez profesionales que se jubilan en el sistema público de ciencia, incorporamos 12 nuevos, también hemos doblado el presupuesto dedicado a los contratos pre y post doctorales.

Por todo ello, antes de que acabe esta legislatura, habremos sumado 12 000 nuevas plazas de personal investigador, contando la oferta pública de empleo y estos contratos, como les mencionaba.

Necesitamos que vuelvan los científicos que se fueron, que no se vayan los que están y a atraer a los mejores. Para ello, el Gobierno de España va a movilizar en los próximos 18 meses, más de 3000 millones de euros en este Plan de Atracción y Retención de Talento.

Este Plan está liderado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, pero cuenta con la aportación de instrumentos, nuevas normas, medidas, del conjunto de todo el Gobierno de España, como por ejemplo, la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la nueva Ley de Universidades o la Ley de Startups.

Este Plan contiene 30 medidas de aplicación inmediata distribuidas en tres ejes.

El primero es arreglar un sistema, el sistema español, que es un sistema que falla, que le está fallando a nuestros científicos y, por tanto, crear más oportunidades y mejores condiciones para el desarrollo de la carrera científica en universidades y organismos públicos de investigación.

Detrás de la ciencia hay historias de vida, por ejemplo, investigadores de 30 años que no pueden suscribir una hipoteca porque no tienen estabilidad laboral, no tienen perspectivas claras de futuro, y esto es lo que ya estamos cambiando.

El segundo eje es eliminar esas barreras extraordinarias que tienen los que están fuera, y crear nuevos incentivos para la atracción de talento científico internacional al sector público.

Por daros un dato de situación, las universidades españolas solo cuentan con un 3% de personal extranjero, esto lo podríamos comparar con países como Reino Unido, donde la cifra asciende al 32%.

Y el tercer eje es impulsar la incorporación de talento científico e innovador internacional y nacional en el sector privado. Por tanto, no se limita solo al sistema público, sino que también pretende atraer talento innovador a las empresas españolas. Esto va a requerir, sin duda una estrecha colaboración público privada que ya estamos teniendo gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En España, por ejemplo, también por poner un dato, solo un 38% de los investigadores de nuestro país trabaja en una empresa privada, mientras que en la Unión Europea la media es de un 55%.

Algunas de las acciones más relevantes que tienen estos tres ejes y algunas de las medidas son, por nombrar algunas, la Agencia Estatal de Investigación cuenta este año con un presupuesto que duplica el del año 2020, lo que supone más convocatorias para investigación, más contratos, mejores equipamientos e infraestructuras en nuestros centros de investigación.

Vamos a reducir las cargas administrativas.

Vamos a permitir las dobles afiliaciones en universidades y centros nacionales y extranjeros.

Vamos a sacar nuevas convocatorias, como la de consolidación investigadora, dirigida a afianzar la carrera profesional de científicos jóvenes que podrán acceder a una plaza fija tras finalizar su itinerario postdoctoral.

Simplificar los procesos de acreditación de profesorado, certificación del personal investigador y equivalencia de títulos extranjeros con títulos nacionales.

Vamos a posibilitar la realización de los trámites y pruebas de selección en inglés y sin tener la residencia en España, hasta que se tome posesión de esa convocatoria o de ese contrato.

Acordaremos los plazos de las pruebas selectivas y la resolución de las convocatorias.

Valoraremos la experiencia en el extranjero, para que nuestros científicos desplazados, o los científicos de fuera, no se dejen su mochila de méritos detrás, y lo haremos en forma de complementos salariales.

Ayudaremos a la relocalización, por ejemplo, para la mudanza, la instalación en nuestro país.

También implementaremos ayudas complementarias para personal investigador consolidado que se incorpore desde el extranjero, el personal de excelencia que queremos captar, dotándolos de mayores recursos, para que pueda cubrir también los gastos de la instalación de su laboratorio en España, o incluso, que se pueda traer aparte de su equipo.

También habilitamos ayudas para la contratación de personal investigador en el sector privado, para la creación de spin-off, para la creación de startups, y aquí destacar programas especiales para el fomento de la incorporación de científicas e innovadoras en nuestras empresas, y el apoyo para la creación de empresas lideradas por mujeres.

Como veis, adoptamos toda una batería de medidas concretas que suponen un ambicioso plan para mejorar nuestra posición como destino de talento científico e innovador, y retener las capacidades que ya tenemos en nuestro sistema.

Queremos pasar de la fuga de talento al impulso de una cadena de talento, capaz de mejorar la vida de las personas.

Y lo hacemos en un momento que consideramos que es el momento idóneo para impulsar este Plan de Atracción y Retención de Talento por varios motivos.

Por una parte, estamos ante un punto de inflexión para la ciencia y la innovación en nuestro país, gracias al despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que nos está permitiendo concentrar los fondos europeos en sectores estratégicos que van a preparar nuestro país para el futuro.

Una inversión de fondos públicos sin precedentes que está provocando una importante demanda de talento.

Según la CEOE, el sector que mayores vacantes presenta a día de hoy en nuestras empresas, es, precisamente, el de las profesiones científicas, técnicas y, en segundo lugar, informática y comunicaciones.

De igual modo, nos encontramos ante un contexto de relevo generacional en las universidades y en los organismos públicos de investigación, donde está previsto que se jubilen 20 000 profesores e investigadores de aquí a 2030.

Además, existe una gran competencia internacional por el talento científico, que se ha intensificado y, por tanto, todos los países tenemos que estar en esta lucha permanente por nuestro talento.

Y todo esto tampoco tendría sentido si no estuviéramos asistiendo ahora mismo, en nuestro país, a la reactivación de su mercado laboral.

No podemos olvidar que, por primera vez, desde finales de 2008, el paro registrado se sitúa por debajo de 3 millones, y la afiliación marca un nuevo máximo histórico al superar los 20,2 millones de ocupados. Por tanto, este es el momento para un Plan de Retención y Atracción de Talento.

La calidad de la ciencia española depende de nuestra capacidad para atraer a los mejores, y eso se traducirá en mayores oportunidades para nuestro país en general, y para la ciudadanía en particular.

Nuestro compromiso con los investigadores que se marcharon y con los que resistieron es una obligación moral que queremos saldar con el Plan de Atracción y Retención de Talento aprobado hoy por el Consejo de Ministros.

Estamos en un momento revolucionario para la ciencia española y necesitamos a nuestra gente, a esa generación, la más preparada de la historia de España, que quiere contribuir a la transformación de su país, pero que necesita que su país esté a la altura de las circunstancias y les garantice una vida digna en torno a la ciencia.

En otro orden de cosas, también quiero comunicarles que el Consejo de Ministros de hoy ha aprobado la creación del Consejo del Espacio.

Consejo del Espacio es un órgano interministerial encargado de elaborar los estatutos y el plan inicial de actuación de la futura Agencia Espacial Española, que está más cerca que nunca.

Su puesta en marcha acelerará la constitución y el lanzamiento de este organismo público vital.

Es importante recordar que España es uno de los pocos países de la Unión Europea que no cuenta con una agencia espacial propia, que la creación de la Agencia Espacial Española viene recomendada y aprobada por la Estrategia de Seguridad Nacional, que la Ley de la Ciencia y la Tecnología y la Innovación, ahora mismo, en trámite parlamentario, autoriza la creación de la Agencia Espacial Española, y que además, el sector aeroespacial constituye un sector estratégico en términos globales, por su peso específico en el conjunto de producción industrial, por el papel de tracción que ejerce en el ecosistema innovador, y por su capacidad de transformación de la economía y del mercado laboral.

El sector del espacio es transversal y concierne a ámbitos como la seguridad, la defensa, la observación de la tierra, la geolocalización, la movilidad y el transporte aéreo, la investigación, la lucha contra el cambio climático, la agricultura, la prevención y control de emergencias, la protección civil, la industria aeroespacial o las telecomunicaciones.

Por todo ello, la Agencia Espacial Española requiere, precisamente, de esa visión transversal, interministerial que vamos a dar a través de este Consejo del Espacio, que tiene el mandato de preparar la propuesta para la puesta en marcha de la Agencia Espacial Española para principios del año que viene.

El Consejo estará integrado administrativamente en el Ministerio de Ciencia e Innovación, a través del Comisionado para el PERTE aeroespacial, y contará con la presencia de todos los ministerios implicados, también del Gabinete de Presidencia del Gobierno, del Centro Nacional de Inteligencia y, como he dicho, de todos los ministerios implicados, que son 11 ministerios. Gracias.

Portavoz.- Muchas gracias ministra.

Carina.

Pregunta.- (Carina Verdú Monerris, Antena 3) Buenas tardes.

A la ministra de Sanidad, quería preguntarle cómo van a llevar a cabo o implementar esta Ley para blindar la sanidad, sin interferir en las competencias en sanidad que tienen las comunidades autónomas.

Por otro lado, desde Unidas Podemos, un socio de coalición, aseguran que esta Ley se queda corta, que para ellos no cambia nada, porque no se cierra la puerta a la gestión privada. Quería saber qué opinión le merece.

Y a la ministra portavoz, le quería preguntar si finalmente, en el nuevo real decreto sobre las medidas para las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania, se va a incluir una nueva rebaja de otros 10 céntimos en los carburantes. Gracias.

Portavoz.- Gracias.

Sra. Darias.- ¿Empiezo yo? Gracias, Carina, por tus dos preguntas.

En relación a la primera, esta Ley consta de todos los informes preceptivos, como no puede ser de otra manera y desde luego, respeta exquisitamente el ámbito competencial de las comunidades autónomas. De hecho, como han escuchado en mi intervención, a la hora de determinar que los criterios para acreditar de manera objetiva que una comunidad autónoma, la que sea, no puede con sus recursos propios acudir con la directa y por lo tanto tiene que ir a la indirecta, será el Consejo Interterritorial, es decir, desde la cogobernanza, quienes establezcamos en ese órgano, cuáles serían los criterios, las pautas a partir de los cuales tendrían que entenderse que esos criterios se cumplen o no. Por tanto, máximo respeto, como no puede ser de otra manera, al ámbito competencial de cada una de las comunidades autónomas, y también, por tanto, hacerlo desde la cogobernanza, en un órgano de tanta tradición y tan importante que ha sido durante este tiempo, como es el Consejo Interterritorial.

Y en relación con la valoración que me ha hecho de tu Unidas Podemos, decir que esto es una Ley que emana del Consejo de Ministros, que ha sido tremendamente enriquecida y participada, si verán del primer texto, de la primera vuelta, que salió, por tanto, a información pública, a este que hoy hemos aprobado en Consejo de Ministros y que se remitirá a las Cortes Generales como proyecto de Ley, hay cambios sustanciales y, desde luego, hemos llegado hasta donde el ordenamiento jurídico nos permitía llegar.

Pero, sobre todo, nos permite contraponer modelos.

Frente al modelos de gobierno del Partido Popular, que ante situaciones de dificultad optaron por los recortes, este Gobierno de progreso, ante situaciones también como la que tenemos, opta por ampliar derechos.

Frente a situaciones anteriores, donde gobiernos del Partido Popular imponían copagos sanitarios, que hacían a determinados colectivos tener que elegir entre un medicamento o ir al supermercado, este Gobierno de progreso, con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de España, ya en el año 18, empezó a eliminar los copagos farmacéuticos a colectivos que sabíamos que eran vulnerable.

Estamos hablando de personas perceptores del Ingreso Mínimo Vital, estamos hablando de pensionistas con rentas bajas, estamos hablando de menores con discapacidad reconocida, estamos hablando, también, de personas con hijos a cargo con rentas bajas.

Por lo tanto, frente a eso, un Gobierno de progreso lo que hace es brindarles, y eliminar los copagos, y esta Ley, además, establece dos cuestiones muy importantes respecto a los copagos.

Primero, a estos colectivos, con la vulnerabilidad que les he comentado, se les amplia, además, que tampoco tengan que pagar las prestaciones ortoprotésicas, tan importante, y, además, además, establece que no se puedan establecer nuevos copagos sanitario.

Fíjense que el Real Decreto Ley de Rajoy, del año 2012, lo que vino a hacer con la cartera única fue dividirla en tres carteras, la de servicios asistenciales, la de servicios suplementarios y la de servicio accesorios, y dependiendo qué prestación estaba en qué cartera, unas copagaban, y otras no.

Por lo tanto, lo que hemos hecho ahora es unificar la cartera, de tal manera que la cartera única es la que se va a financiar con cargo a fondos públicos, y seguirán aquella prestación que ya está establecida, pero, en ningún caso, se van a establecer nuevos copagos, ni para productos dieto-terápicos, ni para transporte no urgente, que, desde luego, fue lo que abrió el gobierno del Partido Popular.

Por lo tanto, este Gobierno de progreso mira claramente a la ciudadanía y le dice que lo que hace esta Ley es blindar la Sanidad Pública, porque el modelo es la gestión directa, en segundo lugar, amplía derechos, amplía derechos a colectivos que gobiernos anteriores del Partido Popular, se los habían eliminado, los habían suprimido, y más allá, en el caso de los españoles de origen, con residencia en el exterior y, sobre todo, elimina que se puedan establecer nuevos copagos.

Por lo tanto, es una Ley fruto del trabajo conjunto de todos los ministerios, prácticamente todos han intervenido, que han seguido aportando, y ahora quedará el trabajo, digamos del Legislativo, como le corresponde, y estoy convencida que es una Ley que va a mejorar la vida de la gente.

Portavoz.- Gracias, ministra.

Responder a su segunda pregunta, que el compromiso del Gobierno es prorrogar este decreto de medidas para amortiguar el golpe de las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania en la economía española. Amortiguarlo en la economía de nuestro país, en la economía de las familias y en la economía de las empresas.

Es un decreto que aún está vigente, pero para mayor tranquilidad de los españoles, lo que hemos hecho ya es anunciar que, efectivamente, lo vamos a prorrogar.

En estos momentos, ya le trasladaba la semana pasada, el Gobierno está evaluando, analizando, todas estas medidas, que en casos como el de la gasolina, afectan a la mayoría de los españoles y españolas, a todos aquellos que tengan que repostar para sus vehículos, y otras, también, que tienen que ver con los sectores especialmente afectados.

Estamos satisfechos con el desarrollo de este decreto, que ha permitido, no solamente amortiguar ese golpe en las familias, sino también que el indicador del IPC en nuestro país se haya contenido del entorno de losdos puntos.

Hoy, precisamente, como les indicaba al comienzo, entra en vigor una nueva medida que va también a condicionar las economías de las familias, que era el espíritu de esos 20 céntimos al litro de combustible, que es el topar el precio del gas, para contener así también la factura eléctrica.

Quiero decirle con esto que en este momento el documento se está trabajando y, por tanto, no hay un documento definitivo, que el espíritu es idéntico al del decreto que estamos y que tenemos en vigor, que es amortiguar ese coste de la crisis económica, como consecuencia de la guerra de Putin, en general, a la sociedad española y en particular, a los sectores especialmente afectados.

Pero entiendo el interés informativo, pero comprendan ustedes también que el Gobierno ha trabajado en todo momento en relación a esta cuestión con absoluto rigor y determinación, y de este modo estamos trabajando ahora.

Paula.

P.- (Paula de las Heras Bergareche, COLPISA) Si, a la ministra portavoz por favor. El tercio del Tribunal Constitucional que corresponde designar al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial, agotó su mandato este domingo, y el ministro de Presidencia avanzó hace unos días que el Gobierno estaba, o que podría nombrar a los dos magistrados que le corresponden, independientemente de que el Poder Judicial pueda o no nombrar aún los suyos. Quería saber si el hecho de que el PP haya dicho que en el plazo de un mes va a presentar una propuesta de renovación del Consejo General del Poder Judicial cambia algo, y si el Gobierno está dispuesto a esperar antes de hacer algún movimiento.

Y, por otro lado, la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourová, ha vuelto a insistir hoy en la Comisión de Justicia en el Congreso, en la necesidad de que el órgano de Gobierno de los jueces se renueve cuanto antes, pero también, en que España debería abordar como algo prioritario un cambio en el sistema de nombramiento de esta institución, para que sean los propios jueces los que seleccionen a más de la mitad de sus miembros. Quería saber si el Gobierno está dispuesto a reconsiderar su oposición a este sistema.

Portavoz.- En relación a ese asunto, lamentablemente, nos encontramos ante una anormalidad democrática, una anormalidad democrática que lleva ya en nuestro país instalada, ni más ni menos que 1288 días. Una anormalidad democrática que significa que el principal partido de la oposición está incumpliendo la Constitución Española. Y de esos 1288 días, que significan tres años y medio de incumplimiento por parte del Partido Popular, hace ya dos meses y medio que el único responsable de ello es el señor Feijóo.

Por tanto, la posición del Gobierno es que cada uno ha de cumplir con sus obligaciones y, en este caso, la obligación está en el principal partido de la oposición, en el Partido Popular, en su presidente, el señor Feijóo, que lleva dos meses y medio incumpliendo la Constitución, no haciéndose cargo de la norma suprema en nuestro país.

Y ahora ¿necesita un mes más, un mes más de incumplimiento?

Sencillamente, esto es incomprensible y lo que demanda el Gobierno, para renovar con normalidad, no solamente el órgano de gobierno de los jueces, sino también el Tribunal Constitucional, es que el Partido Popular cumpla con sus obligaciones, que son obligaciones constitucionales.

Miguel.

P.- (Miguel Muñoz Ortega, Diario Publico) Buenos días, ministra, varias preguntas.

Una jueza de Andorra está investigando al ex-presidente Mariano Rajoy a raíz de una querella por supuestas presiones a la banca de Andorra para obtener información de políticos catalanes, me gustaría una valoración por parte del Gobierno de esta investigación.

Por otro lado, también, me gustará preguntar por las relaciones con Argelia. Por un lado, ¿cuáles son los siguientes pasos que va a dar el Gobierno para recomponer esta relación después del del viaje del ministro Albares a Bruselas?

Y por otro, también, a raíz de unas palabras de la vicepresidenta Nadia Calviño, que vinculó esta decisión a un alineamiento de Argelia con Rusia, si el Gobierno comparte esta vinculación. Muchas gracias.

Portavoz.- Gracias, Miguel, por sus preguntas.

No tengo más información que la que he visto publicada en torno a la primera cuestión que me plantea y, por tanto, no me puedo pronunciar con rigor.

Y en relación al momento actual que vivimos con el país vecino, con Argelia, me van a permitir también que reitere el compromiso del Gobierno con el diálogo y abordar estas relaciones desde la máxima prudencia.

Estamos en un momento importante, donde estamos intentando retomar esas relaciones, estamos verificando, en el caso de la oficina comercial en Argelia, los contactos con las empresas españolas, para verificar que efectivamente, se produce esa normalidad en las transacciones, y nuestro compromiso es seguir avanzando en la relación de lealtad y de país vecino y aliado de nuestro país, no sólo en el ámbito comercial, sino también en otros muchos lazos que nos unen.

Por tanto, en aras a la prudencia, me permitirán que no avance en ninguna otra cuestión.

Final, Ara.

P.- Ot Serra, del Diario Ara, para la ministra portavoz, quería saber si el Gobierno apoya la posibilidad de que el Comité Olímpico Español no opte finalmente a organizar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, vistas las dificultades de que se organicen conjuntamente entre Cataluña y Aragón, y si apoya que pase a planteárselo para 2034.

Y si el Gobierno se plantea también impugnar el decreto de la Generalitat sobre la consulta que quiere hacer, sobre los Juegos.

Portavoz.- En alguna ocasión me he pronunciado en relación a esta cuestión. El Gobierno, lo que deseaba, lo que desea, es que el Comité Olímpico Español pueda presentar una candidatura ganadora y, por tanto, estaremos ahí para apoyar, si es posible presentar esa candidatura y que tenga opciones de ser una candidatura ganadora.

La segunda cuestión que plantea está siendo analizada por los servicios jurídicos del Ministerio de Política Territorial y en estos momentos estamos en conversación con la administración territorial, en este caso con la Generalitat, para poder avanzar en un acuerdo para que la norma sea conforme al ordenamiento español.

Irene.

P.- (Irene Castro Ramírez, El Diario.es) Gracias. Buenas tardes.

Más allá de lo que nos ha dicho sobre Argelia, de lo que se están quejando los empresarios es que las relaciones, en realidad, siguen congeladas, a pesar de los comunicados del otro día. ¿Hay algún tipo de interlocución, a nivel diplomático, con las autoridades argelinas? y ¿cuál es ese nivel de interlocución?, es decir, ¿el Gobierno tiene algún contacto con Argelia en este momento? y ¿cuál es el siguiente paso a dar?, quiero decir, si esta situación se mantiene, el ministro Albares fue el otro día a Bruselas, parece que Bruselas dar la razón a España, pero ¿qué puede hacer España más allá de esa visita del viernes?

Y en clave doméstica, Yolanda Díaz ha exigido un fondo, una bonificación para el transporte público, y un impuesto a las eléctricas, en el marco del decreto anticrisis. ¿Qué le parecen al ala socialista del Gobierno estas propuestas, y si se incluirán en la prórroga? Nos ha dicho antes que, básicamente, van a prorrogar las medidas anteriores, yo le quiero preguntar si lo que está proponiendo el socio minoritario cabe en esta prórroga, en el nuevo decreto. Gracias.

Portavoz.- Gracias, Irene.

En relación a la primera pregunta, Argelia, insisto en la respuesta que daba a su compañero.

Las relaciones diplomáticas existen, existen en el ámbito del Ministerio de Asuntos Exteriores y hemos de ser prudentes para que se recupere la normalidad y esa buena relación entre vecinos y concretamente, en lo que se refiere a las empresas, les decía que en estos momentos la Oficina Comercial de Argelia está verificando con nuestras empresas, con las empresas españolas, que efectivamente, se están produciendo las relaciones desde la normalidad.

Esperamos, por tanto, que así sea, y, en cualquier caso, una vez verifiquemos si existen o no obstáculos, ya saben ustedes que el comercio exterior está trabajando en el ámbito de la Unión Europea, para defender la posición de España y de las empresas españolas, y las defenderemos con absoluta determinación, como ya hemos manifestado en otras ocasiones.

Y la cuestión del decreto contra la guerra, desconozco la concreción de estas medidas, todos los departamentos están estudiando el decreto vigente y, por tanto, cualquier ministerio, cualquier departamento puede hacer sus consideraciones en este momento de elaboración por parte del Gobierno del próximo decreto.

Concretamente, en el ámbito del transporte público, ya hemos avanzado distintas ayudas a lo largo de la anterior crisis, de la crisis del COVID, y por tanto, son asuntos que ya hemos abordado.

Y en el ámbito impositivo a las eléctricas, saben ustedes que ahí también el Gobierno lo que está haciendo es descargar la carga impositiva para que los hogares españoles no tengan que hacerse cargo de esa situación, y hemos permitido, con esas medidas, como les decía antes, aminorar el incremento del IPC hasta en dos puntos en relación a la factura eléctrica.

Mariano, y terminamos.

P.- (Mariano Alonso Freire, ABC) Sí. Gracias. Buenas tardes, portavoz.

Quería insistir en la cuestión de Argelia, porque hay peticiones de comparecencia hechas desde la oposición, y me gustaría saber si el Gobierno va a dar satisfacción a alguna de esas comparecencias, como la que se produjo del propio presidente Sánchez en relación a Marruecos.

Me gustaría saber si el Gobierno también asume el punto de vista expresado por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, vinculando el conflicto a la relación de Argelia con Rusia.

Y cambiando de asunto, hoy ha estado en España, en el Congreso de los Diputados, la vicepresidenta de la Comisión Europea y antigua Comisaria de Justicia, que se ha mostrado crítica con el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, en concreto, ha dicho que si la mayoría de vocales siguen elegidos por los políticos o por representantes políticos y no por jueces, se estaría cometiendo incluso una infracción. Me gustaría saber si el Gobierno es algo que va a estudiar o que va a atender en el futuro próximo. Muchas gracias.

Portavoz.- En relación con Argelia, insistirles en la prudencia que exige la diplomacia.

En cuanto a las comparecencias del Gobierno, siempre el Gobierno atiende la petición del Parlamento para comparecer, para dar explicaciones, sin ningún problema, ciertamente es chocante alguna de ellas, concretamente la del señor Feijóo, al presidente del Gobierno de España, no se entiende que el principal partido de la oposición, cuando se trata de estar con España o con tercero, decida posicionarse del lado de tercero, que es lo que hemos visto en estos últimos días en esa actitud.

Pero, por supuesto, el Gobierno siempre comparece ante el Congreso de los Diputados y enlazo con su segunda pregunta, en España los jueces participan en la elección de su órgano de Gobierno y se hace también a través del órgano que representa al pueblo español, que es el Congreso de los Diputados, tal y como prevé la Constitución. El drama hoy, por supuesto, caben muchos debates al respecto, pero el drama hoy en España, no es el procedimiento de elección de los jueces, el drama hoy en España es que el principal partido de la oposición se niega a cumplir la Constitución, y eso es inasumible en un Estado de Derecho. La Constitución no se puede cumplir a la carta o a beneficio de inventario, la Constitución la cumplimos todos y en todo caso, también el señor Feijóo.

Muy bien. Buenas tardes.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)