Comparecencia de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

La Moncloa

Ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.-

Buenas tardes, casi noches si no fuera porque aún perdura la luz solar. Gracias, como siempre, por atender a esta convocatoria para darles cuenta de los asuntos abordados hoy en la reunión del Consejo de Ministros. Me van a permitir que, antes de entrar en el contenido del mismo, traslade, en nombre del Gobierno, nuestro pesar a la familia y amigos de Emilio Ontiveros, con el que compartía paisanaje. Emilio era un prestigioso referente en el mundo de la economía y también un prescriptor entre ustedes, los medios de comunicación, que siempre nos hacía más cercana la información económica, más comprensible. Sin duda, una pérdida importante.

En el Gobierno, en julio de 2020, pasó a formar parte del consejo asesor de asuntos económicos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que dirige la vicepresidenta, así que, desde aquí, mandamos nuestro cariño a su recuerdo y nuestro abrazo a su familia.

Entrando ya en los asuntos del Consejo de Ministros, este Consejo de Ministros habría dado también para un análisis de Emilio, y ese acercamiento de las conclusiones a la ciudadanía. Ha sido el primer Consejo de Ministros de este mes de agosto, en este horario como consecuencia, ya les anunciaba la semana pasada, de la agenda del día de mañana.

Me acompañan la vicepresidenta tercera y el ministro de la Presidencia para darles cuenta de los asuntos que tienen que ver con su departamento. Es un CM marcado por la economía, economía que está marcada por la guerra y por las consecuencias del cambio climático. Buena parte de lo aprobado esta tarde tiene que ver con esto, con las consecuencias de la guerra y cómo amortiguamos su coste en las familias y empresas españolas; pero también con unos efectos del cambio climático que cada vez son más evidentes y más dañinos en nuestro entorno.

Precisamente, quiero darles cuenta, en primer lugar, de uno de estos acuerdos, que tiene que ver con la Alianza Atlántica y con la incorporación de Finlandia y Suecia a la misma. Ya dimos un primer paso, recordarán ustedes, en el mes de julio. Ahora, lo que aprueba el CM es remitir a las Cortes Generales el protocolo sobre la adhesión de Suecia y de Finlandia a la OTAN. En este acuerdo manifestamos el consentimiento de España a su adhesión, considerando que estas adhesiones reforzarán la seguridad en toda la región del atlántico norte; que, en definitiva, son adhesiones que se suman a la defensa de las democracias frente a los ataques de Putin.

El resto de las cuestiones que vamos a compartir con ustedes, en primer lugar y en el ámbito del paquete normativo de respuesta a las consecuencias económicas pero, también, como decía, en el del cambio climático, hay dos paquetes. La vicepresidenta les dará cuenta de las medidas de choque de ahorro energético, tanto en el ámbito de las administraciones públicas, que ya emprendimos en el ámbito de la Administración General del Estado y que ahora se extienden al resto de administraciones públicas, como en el sector privado, en el que vamos a implementar también este tipo de medidas. Iniciativa también a la que se suma la que está siendo una de las grandes preocupaciones en este momento, que son los incendios y la respuesta que estamos viendo a los mismos en el marco de un nuevo escenario y unas nuevas consecuencias de ese cambio climático. También les complementaré este decreto en lo que tiene que ver con el transporte, los compromisos del presidente del Gobierno en relación al transporte, a facilitar el transporte y un transporte más sostenible (y, desde luego, también vencemos con esto el precio del carburante), las becas y las ayudas al estudio, un importante paquete de dependencias y les daré también información de la Ley de Protección Animal.

El ministro de la Presidencia, por su parte, les hablará, les comentará y profundizará, en el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada que se adapta y adapta la legislación española a los principios democráticos y constitucionales de nuestro país.

En resumen, son acuerdos y avances de un gobierno que está en permanente alerta, que sigue adoptando medidas para amortiguar el coste de las consecuencias económicas de la guerra pero, también, sigue combatiendo el reto del cambio climático, tal y como comenzamos en la pasada legislatura.

Un gobierno que actúa con firmeza a pesar de las pandemias y de la guerra. Un gobierno que no pierde el contacto con la realidad y que da respuesta también a familias, autónomos, empresas, trabajadores y trabajadoras para sostener esta situación y, desde luego, también para afrontar la presencia de España en el ámbito internacional en un momento tan complicado como el que vive el mundo.

Me ceñiré a los asuntos casi telegráficamente para dar paso a la vicepresidenta y al ministro de Presidencia.

En primer lugar, el paquete que se incorpora dentro del decreto que complementa la vicepresidenta y que tiene que ver con las ayudas al transporte. Saben ustedes que forman parte de los compromisos anunciados por el presidente del Gobierno en el último debate del Estado de la Nación y complementan también los compromisos con el propio sector.

Se inspiran, como ha sido habitual hasta ahora, en la respuesta que damos, en primer lugar, a la inmensa mayoría de los españoles que sufren las consecuencias de esta situación y, por tanto, a trabajadores y a estudiantes que tienen que recurrir de manera habitual al transporte público. Y ahí vamos a amortiguar el coste que para estas familias tiene este coste mensual cargado en sus economías familiares y, también, de este modo, a promover un transporte más sostenible.

Pero también es una parte esta, la de las ayudas al transporte, a sectores específicos que, como consecuencia del incremento del coste de los combustibles, estaban asumiendo un mayor coste de los mismos.

En cuanto a las ayudas a los usuarios, se regula la gratuidad de los servicios de cercanía y media distancia convencional de Renfe para viajeros recurrentes, para la media distancia en alta velocidad, es decir, para los servicios de AVANT se mantiene la subvención que teníamos contemplada en el anterior decreto y que consiste en un 50% de descuento del coste de la misma. Estimado eso en más de 200 millones de euros. La novedad, y el compromiso del presidente del Gobierno, se refiere a las cercanías, a rodalíes y también a la media distancia convencional. En este caso, el coste para el ciudadano será cero, es decir, 100% gratuito, en el transporte público recurrente, es decir, el que se utiliza cada día para ir al centro de trabajo, para ir a la universidad; en definitiva, para la vida cotidiana.

En este caso, la manera en la que lo vamos a organizar tendrá una vigencia, como saben ustedes, del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Al comprarlo, el ciudadano tendrá que abonar 10 € de fianza (me estoy refiriendo al caso de rodalías y cercanías; en este caso, la fianza será de 10 €). El abono tendrá que ser de cuatro meses, por una cuestión de eficacia en la gestión de estas ayudas. La fianza se devolverá al terminar este periodo de vigencia de los cuatro meses y el motivo de la fianza es garantizar que al menos se haya utilizado el abono en cuatro trayectos.

Para la media distancia habrá también un abono por ruta, también con la vigencia de los cuatro meses. En este caso, la fianza será de 20 €, es decir, menos de lo que costaría en algunos casos un único billete. También con un mínimo de viajes, de 16 viajes, en los cuatro meses, es decir, cuatro trayectos al mes. Estas fianzas serán reembolsables una vez haya finalizado este programa.

Se regula también en el ámbito de las mercancías.

Ahondamos en los compromisos que asumimos con el sector. Como les decía, saben que hemos estado hablando y negociando con el sector; un primera parte la resolvimos en el mes de marzo, pero quedaban algunos asuntos pendientes que eran demandas históricas del sector y que hemos terminado de concluir en esta parte, en este real decreto del que les estoy dando cuenta.

Por un lado, inspirándonos en la ley de la cadena alimentaria, resolvemos que el precio del servicio ha de corresponderse con el precio de coste y, para ello, lo que hacemos es que estos contratos hayan de formularse de forma escrita. También resolvemos o ampliamos en el ámbito de los compromisos con el transporte se prorroga, es decir, hay una nueva línea de ayudas directas de 450 millones de euros a taxis, licencias VTC 300 € por vehículo, camiones 1.250 € por vehículos, furgonetas 500 € por vehículo, ambulancia 500 €. Los autobuses urbanos, tanto públicos como privados, que no se han incorporado en la anterior línea de ayudas recibirán también esta concesión de ayudas. Por tanto, culminamos estos compromisos que habíamos asumido con el sector. Estos serían los asuntos relacionados con el transporte.

Completamos y damos cumplimiento también a otro de los compromisos que asumió el presidente del Gobierno hace unas semanas en el Congreso de los Diputados, y que tiene que ver también con amortiguar en las facturas de las familias, en las economías familiares, el coste de los hijos a cargo en la Universidad. En este caso lo que hacemos es completar la previsión de 400 € en los próximos cuatro meses. Serán pagos mensuales para el más de 1 millón de estudiantes que en nuestro país reciben becas. Se concreta esta ayuda, este derecho a todas las personas beneficiarias de beca que tengan entre 16 años de edad cumplidos antes diciembre del 2022.

Esta es una seña de identidad de un Gobierno que, como saben ustedes, dedica el máximo que nunca se han dedicado a las becas en nuestro país, pero que creemos que requiere de nuevo un apoyo importante dada la dificultad que afrontan las familias como consecuencia del incremento del coste de la vida.

En tercer lugar, darles cuenta también de un acuerdo de 900 millones de euros para la distribución territorial en las comunidades autónomas derivada del Plan de Recuperación. En definitiva, sigue proyectando la inversión hacia las comunidades autónomas para que puedan hacer una buena prestación de los servicios básicos más importantes, en este caso la atención a las personas dependientes.

Son distintos objetivos los que persiguen esta inversión de 900 millones de euros. Fundamentalmente van en la línea de apoyar a los cuidados de larga duración con nuevos equipamientos, con equipamientos también domiciliarios, de la asistencia o de nuevas tecnologías aplicadas al cuidado, teniendo una especial atención a los cuidados en el ámbito rural. Se dirigen estas inversiones también al Plan de modernización de los servicios locales, servicios sociales en el ámbito municipal, fundamentalmente, pensando en una transformación tecnológica para mejorar su eficacia. Y también se incorporan estas cuantías para el Plan España País Accesible. En definitiva, para ir eliminando barreras en el ámbito de las administraciones públicas, del trabajo o de los transportes.

En último lugar, decirles que el Consejo de Ministros también ha dado luz verde en segunda vuelta a la Ley de Derechos Animales que impulsó el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Una norma pionera en nuestro país que va a proteger y a garantizar el bienestar animal, incorporando a nuestro país, dándole un marco legal común.

Quiero poner en valor que muchas comunidades autónomas y ayuntamientos han hecho ejercicios en esta dirección. Se trata de sentar las bases para un marco legal común. En definitiva, los objetivos más importantes de esta ley que ustedes ya conocen y como explicó aquí la ministra de Derechos Sociales, son poner fin al maltrato animal, reformulando también el Código Penal en cuanto a sus penas, al abandono y al sacrificio de animales. En definitiva, se trata de dar también respuesta a una sociedad, la española, que cuenta en uno de cada tres hogares con un animal con el que conviven y hacen su día a día. De manera que damos también respuesta, y con esto el Gobierno está en plena sintonía con el sentir de una ciudadanía a la española donde los animales son un miembro más de las familias.

Vicepresidenta.

Vicepresidenta Tercera de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.- Muchas gracias, ministra. Buenas noches y gracias a todos por estar aquí.

Voy a explicar dos medidas muy importantes que hemos adoptado hoy. La primera está relacionada directamente con la crisis energética global que estamos viviendo, que afecta de manera muy particular.

Saben, y la propia presidenta de la Comisión nos lo recordaba en una entrevista publicada esta mañana, que la situación es crítica y se puede producir un corte del suministro de gas en cualquier momento, del gas procedente de Rusia. De hecho, este fin de semana ha sido Letonia, pero con anterioridad se redujeron, se suspendieron o dejaron en cero los suministros de gas a Polonia, a Bulgaria, a Finlandia, a Países Bajos o a Dinamarca, por negarse sus operadores a ejecutar el sistema de pago impuesto por Putin. También Alemania sufre estas consecuencias.

Como consecuencia directa de aquello, la Comisión Europea hizo una propuesta y la presidencia del Consejo convocó un Consejo extraordinario de Ministros de Energía que celebramos el martes pasado.

Es momento de ser solidarios. Es momento de enfatizar la capacidad de reacción frente a un chantaje, poniendo de manifiesto que cualquier chantaje, cualquier agresión a un socio europeo, lo es a todos, y todos debemos esforzarnos para poder acompañar a nuestros conciudadanos, que ven el panorama del próximo otoño, del próximo invierno, con mucha preocupación.

Europa necesita nuestra ayuda y por eso hemos querido impulsar un primer paquete de medidas urgentes de ahorro y eficiencia. Nuestra principal contribución tendrá lugar a través de distintas vías, facilitando en primera instancia la puesta a disposición de aquellas infraestructuras que permitan facilitar el acceso a energía, que es lo que necesitan.

Pero junto a esto, queremos completar nuestras contribuciones en línea con aquello a lo que nos hemos comprometido, también con el impulso de medidas de ahorro y eficiencia en las que debemos encontrar la respuesta, la capacidad de canalización de un esfuerzo colectivo que nos implica a todos.

El próximo mes de septiembre presentaremos el Plan de Contingencia y Ahorro, en el que se incluirán muchas medidas en las que queremos reforzar esos tres ejes. Los ejes de ahorro y eficiencia de cambio de combustible, facilitando la aceleración de la transición energética. Más renovables, más eficiencia, más almacenamiento. Pero también esas medidas adicionales de solidaridad con respecto al resto de los socios europeos. Y, en todo caso, antes de septiembre era imprescindible abordar desde esta misma semana ese primer paquete de medidas de ahorro y eficiencia, reforzando el ahorro y siendo más eficientes en nuestro consumo.

El primer paso lo dimos hace ya unas semanas aprobando el Plan de Ahorro y Eficiencia de la Administración General del Estado e invitando a comunidades autónomas y ayuntamientos a hacer lo mismo. Las administraciones públicas debemos ser las primeras en impulsar el ahorro en nuestro propio consumo, pero necesitamos también la contribución del resto de actores en la medida en la que cada cual puede contribuir de forma distinta.

Hemos querido presentar esta propuesta, en la que incorporamos algunas medidas importantes. Algunas ensayadas con antelación, otras que se ven reforzadas.

Dentro de este paquete de medidas incorporadas al decreto ley quiero, en primer lugar, subrayar el hecho de que hemos aprobado un primer paso relativo al ahorro y eficiencia en los edificios administrativos, los espacios comerciales y culturales, grandes almacenes, hoteles, cines y edificios destinados al transporte de viajeros, es decir, estaciones de tren o de autobús o aeropuertos. En estos inmuebles se deberá mantener la calefacción en invierno como máximo a 19 grados centígrados y, en verano, como mínimo a 27 grados centígrados. Deberemos apagar las luces de los escaparates y la iluminación de los edificios públicos que no estén en uso.

Medidas para las que proponemos una semana para poder incorporar las adaptaciones en nuestros edificios y poder activar con una exigencia transcurridos siete días naturales desde el día siguiente al de la publicación de este real decreto ley y con vigencia hasta el 1 de noviembre del año 2023.

Queremos mantener cerradas las puertas de los locales cuando esté funcionando el aire acondicionado, la calefacción. De nuevo, medidas de adaptación que deben permitir que antes del 30 de septiembre de 2022 todos los edificios de estas características puedan contar con un sistema de cerrado de puertas. Debemos hacer una revisión extraordinaria de las instalaciones de climatización y agua caliente, calderas, instalaciones térmicas, siempre que la última revisión de todos estos aparatos fuera anterior a enero de 2021, evitando que por suciedad, por antigüedad, no sean todo lo eficientes que puedan llegar a ser y que consuman más de lo que corresponde. Una obligación que deberá estar en condiciones de poderse cumplir antes del 1 de diciembre de 2022.

Queremos también invitar a señalar en carteles, en paneles informativos que den cuenta de las mejoras adoptadas, así como termómetros que hagan visible la temperatura de ese espacio público en una distancia razonable que permita que todos podamos comprobar el que se cumplan todas estas disposiciones.

Son medidas que, evidentemente, deberán ser aplicadas teniendo en consideración flexibilidades relevantes para garantizar los derechos de los trabajadores, las condiciones de seguridad laboral o que en algunos casos puedan requerir flexibilidad por las condiciones térmicas que se requieran en determinados espacios públicos, siempre y cuando queden suficientemente, adecuadamente, justificadas.

En este plan de ahorro en el que viene trabajando la Administración General del Estado hay otras muchas medidas que esperamos formen parte de las medidas que incorporen otras administraciones públicas o, por qué no, también grandes empresas, como puede ser el teletrabajo. Un teletrabajo que nos permita concentrar los horarios, la presencia; ahorrar en desplazamientos, ahorrar también en el consumo térmico de los edificios. Fuimos capaces de hacerlo durante la pandemia y desde entonces hemos aprendido mucho. De hecho, una gran mayoría de los departamentos ministeriales de las distintas dependencias de la Administración General del Estado cuenta ya con una caracterización adecuada para identificar qué puestos de trabajo pueden ser incorporados al fomento del teletrabajo, qué puestos de trabajo requieren una presencialidad que lo hace difícil.

Quisiera agradecer de forma muy importante a las asociaciones empresariales, a las empresas, a los actores públicos, que han expresado ya su respaldo y su compromiso con este esfuerzo común. Creo que es importante, que es un momento en el que Europa se juega mucho, mucho más que la energía. Pero creo también que es importante destacar que con esto también ahorramos, ahorramos en nuestra factura, ahorramos en nuestro consumo.

La estimación que hace el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético es que un grado menos en nuestro termostato nos permite ahorrar un 7% de nuestro consumo energético. La estimación que se hace desde una gran empresa pública, titular de más de 90 hoteles y más de 100 restaurantes, es que la aplicación de estas medidas le permitirá al grupo ahorrar más de 1 millón de euros en un año.

Son medidas importantes que vienen acompañadas de algo que también es importante. Su aplicación, siendo beneficiosa, puede ser facilitada desde las administraciones. Exigimos, buscamos, que las administraciones seamos las primeras en cumplir. Por eso, también en este decreto ley, hemos incorporado una modificación extraordinaria de la Ley de Contratos para que en los tres niveles de administración podamos incorporar, podamos adjudicar, por una vía de urgencia acelerada, contratos que tengan que ver con inversión en eficiencia energética, en rehabilitación y cambio de luminarias, en cambio, de aquellos sistemas e instalaciones térmicas que permitan climatizada las instalaciones, también en la instalación de autoconsumo.

Junto a todo esto, hemos adoptado medidas adicionales porque nuestra convicción es que no nos podemos permitir perder ni un solo kilovatio/hora. Por tanto, hemos decidido facilitar de una manera clara, desde la legislación del Estado, la posibilidad de que ese autoconsumo que hoy se convierte en vertido porque no es incorporado a la red a través de las comercializadoras, pueda hacerse de una manera mucho más ágil o que ese autoconsumo, que necesita explicitar de antemano cuáles son los momentos y los porcentajes en que parte de lo producido se lo queda el propietario de la instalación y parte es volcado al sistema, pueda cambiar de opinión, adecuarla a sus necesidades a lo largo del año en distintos momentos.

Otras medidas que también son importantes para el fomento de las renovables o para el impulso al almacenamiento. De nuevo, no nos podemos permitir el lujo de perder un solo kilovatio/hora. Por tanto, se facilita la posibilidad de emplear instalaciones de bombeo, se facilita la posibilidad de incorporar al sistema gasista las los gases renovables, se facilita la posibilidad de contar con instalaciones de almacenamiento de batería en las plantas de renovables más antiguas, buscando esa hibridación que nos permita aprovechar mejor los recursos de los que ya disponemos.

Junto a estas medidas, quiero destacar que también queremos contribuir, queremos facilitar a los actores privados, la aplicación de recursos para poder hacer más ágil, más sencilla, la inversión en aquello que nos permita ahorrar. Está abierta una convocatoria de apoyo al ahorro y a la eficiencia energética en la industria y en las pymes. A partir de mañana contará con una dotación adicional de 100 millones de euros.

También a partir de mañana habrá otra serie de medidas no normativas, en este caso, o de consulta previa, que son importantes. Por ejemplo, hemos querido por primera vez abrir una dotación de 100 millones de euros para inversiones en eficiencia en el sector terciario. Si debemos ahorrar en nuestras instalaciones, en nuestros supermercados, en los sistemas de refrigeración, creemos que el sector terciario necesita también acompañamiento.

Queremos activar la consulta previa sobre cómo reforzar nuestro Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, facilitando de nuevo una reducción de la dependencia de la volatilidad de precios de las materias primas energéticas, en los combustibles fósiles.

Queremos facilitar la hibridación, a la que antes aludía, la posibilidad de incorporar pilas, almacenamiento en las instalaciones renovables más antiguas, a través de una convocatoria de ayudas que saldrá mañana a información pública.

Creemos que se trata de un paquete, primero, importante, potente, todavía necesitado de ser completado con ese marco que queremos presentar en el mes de septiembre en torno al plan de contingencia y ahorro para poder cumplir al 100% el objetivo al que nos hemos comprometido; para poder garantizar la solidaridad con Europa.

Junto a este paquete de medidas importante aprobado hoy, completado mañana, hemos adoptado un decreto ley que también es relevante. Un decreto ley que actualiza las obligaciones básicas, la legislación básica en materia de incendios recogida en la Ley de Montes.

La emergencia climática pone de manifiesto hasta qué punto la tendencia a contar con incendios más virulentos, con olas de calor más importantes y más frecuentes, nos obliga a ponernos al día. Ya no podemos pensar que la temporada de riesgo extremo de incendios solo ocupa dos meses, tres meses, en nuestro calendario. De hecho, con arreglo a la información manejada por la Comisión Europea, es más que probable que los días de riesgo alto, de riesgo extremo de incendios, puedan incrementarse en casi 40 días más al año. Y hablo del riesgo extremo.

Por eso, porque creemos que los datos avalan el hecho de que cada vez más en esa superficie forestal quemada, en esa superficie total quemada, aparecen pocos incendios, pero enormemente virulentos, es capital actualizar el contenido básico de las herramientas más importantes para que durante todo el año estemos preparados, estemos invirtiendo y estemos activando las medidas que nos permitan prevenir, nos permitan reducir, el impacto de los incendios. Vigilar de manera temprana, reaccionar de manera temprana.

Sabemos que una mala preparación pone en riesgo a la población, pone en riesgo a los trabajadores, incrementa la pérdida de biodiversidad y los servicios ecosistémicos, incrementa las pérdidas de contenido económico y la actividad industrial y empresarial en el entorno y dificulta la capacidad de recuperación. Solamente en lo que llevamos de año, según los últimos datos aportados por las comunidades autónomas, en nuestro país ha habido más de 6400 incendios con una superficie quemada superior a las 135 000 hectáreas.

En el 80% de estos incendios ha habido una participación muy activa de los medios de refuerzo, dado que la competencia fundamental es de las comunidades autónomas, de los medios de refuerzo del Estado.

Esto pone de manifiesto hasta qué punto es importante, decía antes, actualizar, prepararnos para lo que denominamos los grandes incendios. No nos podemos permitir esta deriva, y por eso es hora de actualizar la Ley de Montes y asegurar que en toda España estemos preparados todo el año para reducir al máximo el riesgo de incendios. A partir de las disposiciones que aprobamos hoy todos deberemos contar con planes de defensa frente a incendios para la totalidad del año: meses de riesgo bajo, meses de riesgo medio y meses de riesgo alto. No basta ya solamente estar preparados para los meses de riesgo alto. Y debemos estar preparados para el conjunto del territorio y no solamente para aquellas partes del territorio que sean consideradas particularmente vulnerables, particularmente sensibles.

El Gobierno, en coherencia con las Orientaciones Estratégicas para la gestión de incendios forestales en España, aprobadas el pasado jueves en conferencia sectorial, ha decidido actualizar y reforzar el contenido básico de los planes de defensa frente a incendios y la eficacia de las medidas operativas y de seguridad. También para que, a través de las medidas operativas de una mejor coordinación, podamos reaccionar de forma temprana, podamos reaccionar de forma más eficaz. También para poder asegurar una formación básica para todos los operativos que tienen funciones en los dispositivos anti incendios, también para asegurar la seguridad personal, los equipos de protección individual de todas las personas que trabajan en estas tareas.

Desde el ministerio estamos trabajando también para poder informar con mayor antelación, publicando los mapas con riesgo de incendios forestales por zonas, actualizando la información que ofrece la Agencia Estatal de Meteorología con mayor anticipación. Información sobre niveles de riesgo meteorológico que hoy somos capaces de anticipar hasta siete días. También activando el hecho de que, cuando se identifique una alerta meteorológica por incendio extremo, deberán aplicarse inmediatamente las limitaciones de aquellas actividades de mayor riesgo y, por tanto, de nuevo previendo aquellas medidas que puedan generar un impacto inmediato, una reducción del riesgo lo más alta posible.

Sabemos que algunas de estas medidas necesitarán un desarrollo coordinado con las administraciones autonómicas. Lo venimos haciendo. Ha habido un esfuerzo cada vez más amplio en los últimos años y queremos seguir trabajando en ello. De hecho, desde que llegamos al Gobierno se ha incrementado de forma importante la dotación ordinaria de los presupuestos y la inclusión en el plan de recuperación de programas específicos, tanto para la adquisición de nuevos medios aéreos y terrestres, en los próximos años, como para poder impulsar una mejor y mayor coordinación con los efectivos de comunidades autónomas y administraciones competentes en esta materia.

En el Estado, en estos momentos, contamos con 95 millones de euros de presupuesto ordinario y más de 130 asociados al plan de recuperación. Es, sin duda, uno de los grandes riesgos en la zona geográfica en la que está ubicada España, zonas de transición climatológica con mayor importancia.

Por tanto, el poder desarrollar una actualización de las medidas que nos permitan reducir el riesgo, un riesgo que evidentemente es imposible reducir a cero. Pero si estamos bien preparados y desarrollamos las tareas preventivas y las tareas de vigilancia adecuadas, la capacidad de reacción inmediata y de minimización de riesgos y de costes y daños es mucho mayor.

Con estas medidas completo la información en lo que se recoge en los dos decretos leyes más relevantes aprobados hoy, tanto en materia energética como en materia de incendios. Riesgos con los que, desgraciadamente, estamos conviviendo en estas semanas, en estos meses, y para los que todos debemos dar lo mejor de nosotros mismos de cara a minimizar su impacto de la manera más razonable posible. Muchas gracias.

Portavoz.- Gracias, vicepresidenta. Ministro.

Ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.- Muchas gracias, ministra, vicepresidenta. Buenas noches a todos.

Comparezco en esta sala de prensa para informarles de que hoy el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley de información clasificada que da cumplimiento a la promesa del presidente del Gobierno en el debate del Estado a la Nación, como también al propio desarrollo del plan anual normativo que ya presentamos a principios de este año.

Se trata de una ley avanzada y garantista que lo que hace es que sustituye una norma preconstitucional del año 1968 para adaptarla a la Constitución y a los mejores estándares de las legislaciones de los países de nuestro entorno, con democracias avanzadas, tanto en la Unión Europea como en la OTAN.

La información en todos los países existe y puede ser cuando se divulga, puede haber alguna información que sea potencialmente peligrosa para la seguridad nacional o para la defensa nacional. Por eso, en todos los ordenamientos, en todas las democracias, existen leyes como la que hoy hemos aprobado en primera vuelta para proteger esa información que puede ser potencialmente perjudicial para la seguridad del Estado.

Hoy abordamos una asignatura pendiente de nuestro país con una ley de información clasificada que supera una norma absolutamente franquista. Y también, en segundo lugar, también homologamos nuestra legislación a las mejores legislaciones de las democracias más avanzadas de nuestro entorno.

Garantizamos la seguridad nacional y también la defensa nacional, y lo hacemos en equilibrio con el derecho a conocer y el derecho a la transparencia, también que los ciudadanos, que los representantes de los ciudadanos también tienen.

En cuanto al contenido de la norma, creamos cuatro categorías de clasificación: alto secreto, Secreto confidencial y restringido. Cada una de ellas, como es lógico, tendrá un nivel de protección diferente en función del peligro que pudiera suponer para la Seguridad del Estado que se divulgará alguna información de esta naturaleza.

La competencia para clasificar como secreto y alto secreto cualquier documento será del Consejo de Ministros y la competencia para clasificarlo como confidencial o restringido será de un elenco de autoridades que aparecen referidas en la ley, que van desde los propios ministro, secretarios de Estado, subsecretarios, delegados del Gobierno, director o directora del CNI, Director de la Policía Nacional, de la Guardia Civil o también otro tipo de autoridades.

La ley desarrolla los procedimientos tanto para clasificar como desclasificar, como reclasificar documentación y prevé, por primera vez en la historia de nuestro país, la desclasificación automática de documentos una vez que transcurre un determinado plazo.

El plazo lo hemos establecido en función de la categoría de la documentación, de tal manera que los documentos que sean alto secreto estarán clasificados durante 50 años, prorrogables por 15 más. Los documentos que estén clasificados como secreto estarán clasificados por un plazo de 40 años, prorrogable por diez años más. Los documentos que se cataloguen como confidenciales se clasificarán entre siete y diez años, y los documentos que se cataloguen como restringidos se clasificarán entre cuatro y seis años. Es muy importante resaltar que esos plazos son revisables en cualquier momento por la misma autoridad que ha clasificado el documento si entiende que ya no afectan a la Seguridad del Estado o a la Defensa Nacional.

El plazo de 4 a 50 años que hemos decidido y que hemos adoptado en el Gobierno para esta Ley de información clasificada, plazo, insisto, entre cuatro y cinco años, que puede ser revisable en cualquier momento por la misma autoridad. Consideramos que son plazos razonables, absolutamente en línea con los países de nuestro entorno, democracias avanzadas que también son socios nuestros en la Unión Europea y en la OTAN.

Quiero ponerles algunos ejemplos: los siguientes países que, como verán ustedes son democracias perfectamente avanzadas y homologables a España, no tienen ningún plazo de clasificación, de tal manera que la desclasificación es indefinida: Dinamarca, Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Irlanda y Austria, no tienen ningún plazo para desclasificar documentación, que es la situación en la que ahora mismo la ley vigente establece para España. En el caso de Suecia, que también es una democracia avanzada en nuestro entorno, el plazo alcanza los 70 años para desclasificar documentos. En Alemania el plazo son 30 años, pero son 30 años tanto para el alto secreto como para el secreto como para la información confidencial.

En nuestro anteproyecto son 50 años, 40 años, pero la información confidencial en nuestro anteproyecto son entre siete y diez años, mientras que en Alemania también son 30 años para esos documentos confidenciales, y en el caso de otros países, tienen legislaciones con un número de años que puede parecer inferior, pero que después tienen excepciones que prolongan hasta los 60, los 75 años el periodo de clasificación de documentos o con prórrogas que se pueden adoptar, no como en el caso español, que están limitados, sino de manera indefinida. Por eso les digo que estos plazos que este anteproyecto recoge, entre cuatro y 50 años, son plazos razonables, revisables en cualquier momento por la propia autoridad y homologables con los plazos de las legislaciones más avanzadas de las democracias de nuestro entorno. Además, de manera alternativa, también se puede clasificar un documento en función de un hecho futuro cierto o previsible, es decir, no hacer una clasificación en relación con un periodo de tiempo concreto, sino en relación con un hecho que puede ser, por ejemplo, el fin de un conflicto bélico o incluso el fallecimiento de una determinada persona.

Se crea también en la ley la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, que dependerá del Ministerio de la Presidencia, también en línea con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, que lo hacen recaer en ministerios que tienen competencias transversales. Este órgano se encargará de la protección y del tratamiento de toda la información que se catalogue como alto secreto, secreto o confidencial, y también de toda aquella información que provenga de otros países, de otros estados, como consecuencia de tratados internacionales o de intercambio de información.

Entre sus funciones está, por supuesto, el cumplimiento de la normativa nacional y también de las obligaciones internacionales que hayamos asumido en función de tratados o de convenios internacionales. Este órgano asesorará al Gobierno y también a todas las unidades de información clasificada de los ministerios para que haya criterios que sean homogéneos en toda la Administración General del Estado. Y por último, también valorará la idoneidad de las personas que puedan acceder a información clasificada, para lo cual emitirá habilitaciones que también se regulan en la ley.

La ley también, en tercer lugar, regula el acceso a la información clasificada a los diputados y diputadas en la Comisión parlamentaria que controla los créditos destinados a gastos reservados, la llamada Comisión de Secretos Oficiales, se permitirá a través de la Comisión de Secretos Oficiales, que los diputados y diputadas que forman parte de ella puedan acceder a documentación clasificada.

También por primera vez en nuestra historia se regula la posibilidad de que una persona, cualquier persona directamente afectada, pueda solicitar la desclasificación de un documento y que, contra la decisión que tome el órgano competente, pueda recurrir ante los jueces y tribunales de nuestro país, en concreto ante la Sala Tercera, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.

El texto establece todo tipo de garantías para la protección y custodia de la información clasificada, también, incluso para los borradores y copias previas que han dado lugar a esa información.

Y por último, quiero también indicarles cuál es el régimen transitorio que hemos creado para la información que ha sido clasificada o que será clasificada hasta el momento de entrada en vigor de la norma. Esta norma, una vez que esté aprobada, hoy la aprobamos en primera vuelta, ahora se inicia el procedimiento de solicitud de informes preceptivos a órganos consultivos, por lo tanto, también de audiencia pública, después saldrá del Consejo de Ministros en segunda vuelta e irá tramitación parlamentaria. Una vez que se apruebe definitivamente por las Cortes Generales, entrará en vigor a los seis meses. Bien, pues toda la información clasificada antes de su entrada en vigor contiene una cantidad ingente de documentación clasificada por los distintos ministerios, de tal manera que el modelo que hemos establecido es un modelo de desclasificación, o bien de oficio por las propias autoridades competentes, o bien a instancia de alguna persona que tenga interés en esa información requerida. En ese momento, la autoridad competente para desclasificar tendrá que tomar la decisión sobre la clasificación o desclasificación de esa documentación que sin duda cuando la regla general será que se permita, salvo que afecte a la seguridad del Estado, a la integridad de una persona concreta o también a la defensa nacional.

Creo que un ejemplo de lo que este gobierno lleva por bandera, que es la transparencia, la regeneración democrática, fue que ya en este gobierno, el Ministerio de Defensa desclasificó todos los documentos militares previos a 1968, y se desclasificaron de oficio para conocimiento de historiadores y de todo tipo de personas que estuvieran interesadas en esos documentos.

Por tanto, en conclusión, hoy damos un paso más en regeneración democrática, una seña de identidad de este gobierno, resolvemos una asignatura pendiente de nuestra democracia, superando una ley franquista y adaptándonos a la Constitución, también nos ponemos en línea con los países más avanzados de las mejores democracias de nuestro entorno, y por primera vez en la historia, se desclasifican de manera automática los documentos una vez transcurrido un plazo y también se regula el derecho de acceso de particulares, de diputados y también de personas individuales a documentación que esté clasificada. Todo ello reglado, con un procedimiento para garantizar el derecho al conocimiento, el derecho a conocer, equilibrándolo con el derecho absolutamente imprescindible de la seguridad nacional y de la Defensa Nacional.

Y esto es todo por mi parte, ministra.

Portavoz.- Gracias. A continuación tienen ustedes la palabra, Carmen.

P.- (María Carmen del Riego de Lucas, La Vanguardia) Gracias. Al ministro Bolaños, me gustaría saber si hay alguna excepción a algún documento que por sus características, no sea automáticamente desclasificado y pueda permanecer clasificado de por vida. Y a la vicepresidenta, una aclaración y una pregunta, no sé si en el deber de que permanezcan apagados los edificios que no estén ocupados se incluyen, por ejemplo, los escaparates de los comercios, si deben de ser apagados. La pregunta es si los monumentos también se ven afectados en que no vayan a estar iluminados y cómo va a controlar el gobierno esto, si va a haber sanciones y qué tipo de sanciones. Gracias.

Sra. Ribera.- Muchas gracias por las por las preguntas. Si, afecta a los edificios que no estén ocupados y afecta a los escaparates, a los que se les impone una hora de apagado a las 22:00 horas. La base técnica sobre la que se articulan todas estas obligaciones preexiste, es el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificación y el Código de Alumbrado y a su vigilancia corresponde a las Comunidades Autónomas. En relación con los monumentos y por tanto, la iluminación decorativa de fachadas de edificios, también se corresponde con un cierre, con un apagado a partir de las 22:00 de la noche. Y en vigilancia, en esa base técnica existe lógicamente un régimen sancionador que aplicaría. Muchas gracias.

Sr. Bolaños.- Muy bien. Muchas gracias. No existe la posibilidad en la ley de que un documento esté clasificado de por vida. Hay un plazo máximo, que es el que digo que va de los cuatro a los 50 años, se puede prorrogar en el caso de los documentos catalogados como secreto y alto secreto. Y lo normal será que cuando no afecte a la Seguridad del Estado ni a la ni a la protección de la integridad de ninguna persona, la propia autoridad, a petición de alguna parte o de oficio, pueda adelantar el cumplimiento de esos plazos. Pero en todo caso, transcurrido el plazo y en su caso a la prórroga, se les clasificaría de manera automática.

Portavoz. - Guillermo.

P.- (Guillermo Lerma Ruf, Cadena Ser) Gracias Ministra. Al ministro Bolaños, me gustaría preguntarle sobre la Ley de Secretos. Ha dicho que van a suponer modificaciones en el acceso a la información de los de los diputados. Me gustaría saber, en concreto, que va a cambiar la ley en ese acceso a la información y saber si la ley también prevé la desclasificación de documentos relacionados con la Corona, qué tratamiento va a tener esa información. Y a la portavoz del Gobierno, esta mañana, en una entrevista en la Cadena Ser, el portavoz de la patronal bancaria ha asegurado o ha insinuado que si se aplican más impuestos a la banca, por ejemplo, no garantiza que se puedan atender las necesidades de crédito de la ciudadanía. Me gustaría saber qué le parece al Gobierno esta opinión y qué mensaje podría lanzar a los ciudadanos ante ante este aviso.

Portavoz.- Gracias. Sr ministro.

Sr. Bolaños.- Gracias. Muy bien. Muchas gracias por su pregunta. Se regula que la Comisión de Secretos Oficiales Gastos Reservados, que así se llama en el Congreso de los Diputados, sea el órgano competente para encauzar todas las peticiones de desclasificación de información que puedan hacer los diputados y diputadas. De tal manera que, cualquier solicitud de petición de desclasificación de un documento se hará a través de esa comisión y en el caso de que se desclasifique el documento, se exigirá a los miembros del Parlamento que están allí, que están allí presentes. Y en relación a su segunda pregunta, no hay ningún régimen diferente para ninguna institución del Estado, de tal manera que los plazos que les he explicado y el resto de regulación de la norma se aplica a todas las instituciones del Estado por igual.

Portavoz.- Sí, yo creo que nos hemos pronunciado ya con bastantes ocasiones acerca de esta propuesta para que sean en este caso las entidades financieras y también las empresas energéticas, quienes colaboren con un esfuerzo que ya estamos haciendo todos y que está haciendo la Administración General del Estado. Creo que en la mesa y en el día de hoy estamos viendo medidas absolutamente extraordinarias, porque vivimos en un contexto extraordinario que tiene afectación en las familias, en sus economías. Hacía tiempo que no veíamos unas cifras de inflación como las que estamos conociendo en nuestro país en este momento y por tanto, ante una circunstancia extraordinaria, diría que de manera extraordinaria, esta vez no van a pagar los de siempre. Y en eso el Gobierno tiene una clara determinación, que ya hemos hecho un esfuerzo sin precedentes por parte de la Administración General del Estado, hasta 15 mil millones de euros las últimas medidas que hemos adoptado, y ahora han de compartir ese esfuerzo que está haciendo el Gobierno aquellos que en estos momentos donde otros tienen dificultades, ellos tienen beneficios. Y por tanto, si ellos tienen beneficios, su responsabilidad con la sociedad a la que sirven ha de también traducirse en forma de esfuerzo. Pedimos que los beneficios se traduzcan en forma de esfuerzo y que traten a la ciudadanía española no sólo como clientes, que ya merecería un respeto y una sensibilidad especial, sino también como ciudadanos plenos que demandan de todas las organizaciones y en este caso también de la banca, una mayor responsabilidad en momentos extraordinarios, esfuerzos extraordinarios y de forma extraordinaria, en esta ocasión no pagarán los de siempre.

Portavoz.- Miguel,

P.- (José Miguel González López, El País) Hemos conocido que ha habido un encuentro del Presidente del Gobierno con la con la Vicepresidenta segunda, queríamos saber si este encuentro de alguna manera viene a sustituir a la reunión del Comité de Seguimiento del Pacto que se había demandado por parte de la propia vicepresidenta, y qué valoración hace respecto a este encuentro.

Bueno, a la vicepresidenta le quería preguntar, puesto que nos ha dicho que el plazo de aplicación de estas medidas, me ha parecido entender que iba hasta noviembre del año 23, bueno, tenemos las fiestas navideñas con la iluminación navideña de la calle, no sé si han pensado en ello, en incluir algún tipo de limitación y luego también, del Real Decreto, Decreto ley, que es una reforma por lo que nos ha dicho de la Ley de Montes, supongo que ahí hay un equilibrio complicado en la medida que estamos hablando de competencias que son exclusiva de muchas comunidades autónomas, más allá de pedirles que hagan planes que abarquen a todo el año que o que abarque a la instrucción, no sé si también se puede, de alguna manera impulsar a la Comunidad Autónoma para que hagan un mayor, una mayor inversión realmente en lo que es limpieza y mantenimiento y lucha contra los incendios forestales.

Y finalmente, al ministro de Presidencia un par de dudas: una de ellas es, esta vía de la Sala Tercera del Supremo no sé si solamente se refiere a los ciudadanos o si también se refiere a los propios jueces que quieran pedir desclasificación de documento. Y no he entendido muy bien el período transitorio. Este periodo dice, bueno, todo lo que hasta ahora está clasificado se va a desclasificar de oficio o a petición de parte, se desclasificará de oficio cuando pasen estos periodos que estamos estableciendo en la ley, porque hay categorías que establece la ley que no existían hasta ahora. Entonces, cómo se van a ir clasificando todos los documentos del pasado. Gracias.

Sra. Ribera.- Muchas gracias. Sí, son disposiciones que en principio prevemos se apliquen hasta noviembre del año 23 y en principio, como decía antes, es un primer paquete. La visión de conjunto y las medidas complementarias estarán incluidas en el plan de respuesta que tendremos que tener preparado y presentar en el mes de septiembre. En principio, lo que hemos incorporado aquí aplica a los edificios, es decir, no aplica iluminación exterior, bien por razones de iluminación de vías, bien por razones ornamentales de lo que no son edificios, o bien razones ornamentales que son luces de Navidad, porque es algo que probablemente encontrará un reflejo en el en el mes de septiembre, en esa propuesta de conjunto para la que hemos pedido también tanto a los consumidores industriales y domésticos como a las administraciones públicas y a los operadores energéticos que nos hagan llegar sus propuestas. Estamos armando toda esa capacidad de respuesta, pero en principio no está incorporada ninguna previsión con respecto a las luces ornamentales, dado que se trata de normalmente de iluminación, que no se refleja inmediatamente sobre los edificios. Y hoy estamos directamente hablando de edificios de uso público.

Sr. Bolaños.- Muchas gracias, ministra. Todas las peticiones que en el ámbito del procedimiento judicial haga cualquier afectado a un juez que esté conociendo de su causa, de su procedimiento, de su pleito, serán remitidas a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de tal manera que será la Sala Tercera quien decida la idoneidad o no de esa petición de desclasificación una vez que previamente haya tomado decisión la autoridad competente. Respecto al periodo transitorio, me gustaría aclararlo, porque igual por la pregunta creo que conviene volver a aclararlo.

El periodo transitorio es que, es tal la cantidad de información clasificada que existe en España de distintos ministerios de tantos años, que es imposible hacer un trato indiscriminado a toda esa información en un sentido o en otro, ni para clasificar, mantenerla clasificada ni para desclasificar. Por tanto, optamos por mantenerla toda la documentación hasta el momento en que entre en vigor esta ley, mantenerla tal y como está, salvo que de oficio, la autoridad competente decida desclasificar una documentación, como hizo el Ministerio de Defensa respecto a los documentos militares previos a los 68. O bien, un afectado que tenga interés directo solicite la desclasificación de un documento o de un paquete de documentos concreto y en ese caso ya es la autoridad competente en el ministerio quien decide. Y en caso de que la decisión no esté motivada suficientemente, ya puede haber un control jurisdiccional. Pero insisto, tenemos un volumen en España de documentación clasificada muy superior al de otros países de nuestro entorno. Por tanto, no podemos tomar una decisión que afecte a tal volumen ingente y lo que tenemos que hacer es un tratamiento absolutamente específico de la documentación. Bien porque el órgano decide desclasificar, bien porque hay un particular que solicita la desclasificación de un documento o de una documentación en particular.

Portavoz.- Sí, muy brevemente Miguel. Efectivamente, hemos mantenido, se ha mantenido un encuentro entre el presidente del Gobierno y la vicepresidenta segunda en el ámbito de las relaciones normales que han de existir entre un gobierno de coalición. Efectivamente, el Gobierno se reúne con asiduidad en alguna otra ocasión, así se lo he trasladado. Y después los partidos políticos que conformamos este gobierno, pues también cada vez que lo estimamos oportuno nos vemos y nos reunimos. Yo creo que es una reunión muy positiva por el momento también en el que se produce. Ya la semana pasada dimos un paso importante, lo que significa la respuesta que este país ha de dar en momentos extraordinarios, preparando los trabajos para los próximos Presupuestos Generales del Estado en un momento de absoluta importancia de lo público para resolver todas estas adversidades que nos están llegando, tanto en el contexto europeo, como global y por tanto en ese escenario de preparación de trabajos, este es un gobierno que no descansa. En este momento, el día de hoy tenemos esta primera parte de los acuerdos que hemos adoptado en materia de ahorro energético, pero ha de llegar una segunda parte y desde luego han de llegar unos Presupuestos Generales del Estado para dar respuesta a la inmensa mayoría de los españoles y de las españolas, para darles tranquilidad en un momento de incertidumbre, como ha hecho este Gobierno, afrontando cada uno de los momentos que nos ha tocado afrontar. Y no hay duda, de que lo mejor o lo que más necesita España en estos momentos es un gobierno fuerte, pendiente de la mayoría para vencer las adversidades que sin duda son importantes. Pero nos hemos demostrado a nosotros mismos que cuando tenemos claro el horizonte, y lo tenemos, es dar respuesta a la inmensa mayoría de los españoles frente a aquellos que cuestionan que es momento de ayudar y de echar una mano a la sociedad española. En ese momento, este gobierno cobra más importancia y más valor que nunca.

Portavoz.- Venga, terminamos, yo creo que con esto Juama.

P.- (Juan Manuel Romero García, El Periódico de Catalunya) Buenas noches ministros. Quería preguntarles varias cuestiones, sobre el tema de la ley de secretos oficiales. En primer lugar, dado que ha habido mucha rechazo, incluso por parte de Podemos y también de los socios habituales del gobierno, quería preguntarle cuál es la intención del gobierno a la hora de tejer alianzas con los grupos, si va a dirigirse más al PP que ha tendido su mano, o bien a los grupos que están muy quejosos y que consideran que es demasiado amplio el periodo de 50 años. Y también, respecto a lo que se les clasificará en este período transitorio, que ha dicho que es un tratamiento muy específico, quería preguntarle entonces, primero, de qué volumen de documentos estamos hablando para que nos hagamos una idea, si tienen un cálculo aproximado de cuántos son y si por ejemplo, como se pueden conocer documentos tipo del 23 F o de los GAL que reclaman otros grupos. También, cuáles son los plazos que se manejan para la aprobación de esta ley, cuándo creen que podría estar saliendo del Congreso. Y a la ministra Teresa Rivera, Vicepresidenta perdón, quería preguntarle por el tema de los edificios públicos, si hay alguna administración autonómica que no quiera pagar los edificios públicos y además puede haber sanciones por parte del Estado. Estoy pensando en comunidades, por ejemplo, como Madrid. Eso puede llegar a ocurrir o no puede haber comunidades, organizaciones que decidan no apagar sus edificios públicos. Eso puede ocurrir. Y una última cosa, a la portavoz del Gobierno sobre el tema de la reunión que han tenido con que ha tenido el presidente con la vicepresidenta segunda, si se ha abordado este asunto de la Ley de Secretos Oficiales, dado que ha generado tensión en la coalición. Gracias.

Portavoz.- No voy a comentar el contenido expreso de un encuentro que, como le decía a su compañero, se enmarca en las relaciones habituales entre dos socios de gobierno, pero si, el objetivo de este encuentro, que es claro, es dar respuesta a este país, es hacerlo con contundencia y con determinación en momentos de adversidad como los que estamos viviendo y sobre todo en el trabajo de esa herramienta que es fundamental, que son los Presupuestos Generales del Estado.

Sr. Bolaños.- Muchas gracias por sus preguntas. Es verdad que durante esta mañana hemos estado escuchando diferentes opiniones y tengo que decir que el gobierno respeta todas las opiniones que se hayan emitido esta mañana. En los próximos días el texto de la ley se va a hacer público y a partir de ahí conoceremos las aportaciones que se vayan haciendo al texto de la ley. Y por supuesto que las estudiaremos con la idea, como siempre, de mejorar el texto del anteproyecto de ley, tanto en la tramitación ahora entre la primera y la segunda vuelta en el Consejo de Ministros, como en su momento, con la tramitación parlamentaria. En esa tramitación parlamentaria yo creo que conviene quedarse con lo importante, hoy el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley que supera un vestigio franquista del año 1968 y que da un paso adelante muy importante en regeneración democrática. Dese cuenta que de una situación actual vigente, donde no se les clasifica nunca nada, vamos a pasar a una situación en la que se use desclasificar documentos, transcurrido un plazo. En esa senda de regeneración democrática, de transparencia, de hacerlo equilibrado, de buscar, por supuesto, la garantía de la seguridad nacional y de la defensa nacional, estoy seguro que conseguiremos apoyos parlamentarios y que las fuerzas políticas, una vez leído el texto del anteproyecto, lo mejorarán y seguro que lograremos sacarlo adelante. Nuestra previsión es que este anteproyecto pueda estar aprobado a finales de este año, principios del año que viene. Esa sería nuestra previsión y desde luego, sería para nosotros óptimo. El volumen de documentación del que usted, al que usted se refería, le tengo que decir que pienso que desde el año 68 han transcurrido 54 años. El criterio para clasificar la documentación en España por parte de los ministerios ha sido un criterio amplio y por tanto el volúmenes ingente de documentación. Y a partir de ahí reitero lo que antes decía, vamos a ver documentación concreta que bien sea solicitada por un particular que tenga interés directo en ese hecho o bien de oficio por el propio Ministerio, para ir desclasificando documentación que tenga interés, que convenga, que se conozcan públicamente por la ciudadanía y en todo caso, preservando por supuesto la seguridad nacional y la integridad y la vida de las personas que puedan estar citadas en esos documentos. Esos son los límites. Pero insisto, estamos ante una ley que supera una ley franquista del año 1968 y que da un paso más en regeneración democrática para nuestro país, que nos pone en línea con las mejores democracias, con las más avanzadas de nuestro entorno. Y, por supuesto, en esa línea estoy seguro que habrá una mayoría parlamentaria rotunda que apoye la modificación de la Ley de Secretos del año 68 y que apueste por una norma constitucional y absolutamente europea y avanzada, como es la Ley de Información Clasificada que hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros.

Sra. Ribera.- Muchas gracias. Yo creo que es muy importante recordar el contexto en el que estamos, Gobiernos de todos los colores de distintos Estados, miembros de la Unión Europea, conservadores, liberales, verdes, socialdemócratas, están aprobando medidas que no consisten solamente en impulsar ahorro, eficiencia y uso racional de la energía, sino que están pidiendo información para prepararse incluso ante un supuesto de limitación efectiva en procesos industriales al verse particularmente afectados por el recorte de gas ruso. Creo que esto es un esfuerzo sin precedentes. No lo hemos visto. Probablemente medidas de racionamiento, como algunas que todavía, afortunadamente en el plano conceptual, porque se trata de evitarlo, están planteándose algunos de nuestros colegas en el centro y en el norte de Europa. Hay que remontarse al la postguerra, la Segunda Guerra Mundial, para encontrar algo parecido. En ese contexto, creo que sería una absoluta temeridad, insolidaridad y un creo, un desubique muy importante que ningún responsable de ninguna administración pública pueda decir que no está dispuesto a hacer ningún esfuerzo para compartir la parte que nos corresponde, que nos han pedido y a la que nos hemos comprometido con respecto al resto de Europa, en medidas que creo que son asumibles, llevaderas, que requieren un esfuerzo por parte de todos, pero que son ciertamente mucho más suaves, porque creemos que es la circunstancia la que nosotros debemos responder, cumplir con nuestro objetivo de reducción un 7%, que países que tienen que afrontar una práctica reducción a cero del suministro de gas ruso y deben encontrar mecanismos alternativos para suplir esa falta de gas. Yo creo que esto es importante destacarlo, por eso también la Administración debe hacer un esfuerzo de cara a mostrar que es capaz de hacerlo y que se solidariza y aporta con los demás colegas europeos, pero también que entiende y acompaña las medidas de esfuerzo que puedan hacer los actores privados, ya sean cadenas hoteleras, ya sean centros comerciales, ya sean centros de distribución. Le genera un ahorro en su factura energética, pero creo que sobre todo se trata de mostrar que somos capaces de estar a la altura cuando los demás nos lo demandan y cuando asumimos un compromiso. En todo caso, como decía antes, son medidas que están vinculadas a la capacidad de las comunidades autónomas de hacer un seguimiento, una vigilancia de la ejecución. Y por ahora, lo que hemos observado en la respuesta de los consejeros responsables de Energía, a los que planteamos la necesidad de impulsar paquetes, planes de ahorro y eficiencia energética en su ámbito competencial, tanto por carta como el pasado jueves en conferencia sectorial. Ha sido una respuesta positiva. Yo creo que en general todos, entendemos que la situación que estamos viviendo es absolutamente extraordinaria. Y todos entendemos que el acuerdo al que hemos llegado a un acuerdo muy razonable, que debemos cumplir en favor de los demás europeos que necesitan apoyo por distintas vías.

Portavoz.- Para finalizar, me van a permitir un apunte en el dossier en la referencia del Consejo de Ministros encontrarán ustedes un nombramiento que ha suscitado interés estos días atrás, tras el anuncio de sustitución de Juan Manuel Rodríguez, que es el nombramiento de Elena Manzanera, que ha sido hasta ahora directora del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, que pasa a ser la nueva presidenta del Instituto Nacional de Estadística, del INE. Así que quería completar esta información que se me quedó pendiente y daríamos por finalizada esta comparecencia con ese llamamiento a la prevención y a la precaución en materia de incendios, también al volante. Y aquellos que vayan a tomarse unos días de merecido descanso también que puedan disfrutar de sus de sus vacaciones.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)