Consejo de Ministros Extraordinairo. Comparecencia de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la ministra de Ciencia e Innovación

La Moncloa

MINISTRA DEPOLÍTICA TERRITORIAL Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO, Isabel Rodríguez

MINISTRA DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030, Ione Belarra

MINISTRA DE CIENCIA E INNOVACIÓN, Diana Morant

Portavoz.- Bueno, buenas tardes. Gracias, como siempre, por acudir a esta comparecencia de prensa de prensa para darles cuenta de los acuerdos del Consejo de Ministros, en esta ocasión celebrado este viernes, como consecuencia de la importante tarea normativa y legislativa que el Gobierno tiene por delante para seguir cumpliendo hitos y compromisos con Europa y, por tanto, también para seguir desplegando los Fondos Europeos y que efectivamente podamos cumplir lo más pronto posible para recibir la siguiente emisión de Fondos por parte de la Comisión Europea.

Me acompañan, como ven, la ministra de Ciencia, para dar cuenta del anteproyecto de Ley de Ciencia, y también, la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, para hablarles fundamentalmente del proyecto de Ley de Bienestar Animal y también de una pequeña modificación de la Ley sobre de las personas con discapacidad.

Yo, simplemente, el resto del Consejo se lo vamos a adjuntar, como siempre, en las referencias, pero sí comunicarles que el Consejo de Ministros ha acordado la declaración de luto oficial con motivo del naufragio del barco pesquero en aguas de Terranova. Este día de luto oficial será durante las 24 horas del día del próximo lunes 21 de febrero. El Gobierno quiere reiterar de este modo las condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos y desaparecidos y también, mostrar nuestro apoyo a un sector, el de la pesca, que faena cada día en situaciones de penosidad, y que en definitiva, trabaja para asegurar nuestra alimentación.

En estas tareas, debo comunicarles que el ministro de Agricultura ha estado cercano a los familiares, de hecho, en el mismo día de ayer estuvo reunido con una parte de las familias, también con el armador y con la asociación de armadores.

También, por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores trabaja permanentemente con el Gobierno de Canadá. Estamos hablando con su homóloga para que podamos, una vez lo permitan las condiciones meteorológicas, poder seguir colaborando en la tarea de búsqueda de los desaparecidos.

Informarles también que en las próximas horas llegará al puerto de Terranova, un barco con dos de los cadáveres y que también, mañana por la mañana, llegaría al barco español con los tres supervivientes. Así está previsto y también siete de los fallecidos que fueron rescatados.

Insisto, todo nuestro apoyo, nuestras condolencias a sus familias y la muestra de dolor de todo el país se simboliza con la declaración de este día de luto oficial.

Sin más, voy a dejar la palabra, en primer lugar, a la ministra de Ciencia para dar cuenta del anteproyecto de Ley de la Ciencia.

Sra. Morant.- Muy buenas tardes a todos y a todas.

El Consejo de Ministros que acabamos de celebrar ha aprobado el anteproyecto de Reforma de Ley de la Ciencia, Tecnología e Innovación de 2011, un texto transformador que cumple con dos demandas unánimes de la comunidad científica y de la sociedad.

Por un lado, dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores e investigadoras de nuestro país y, por otro lado, garantizar una financiación pública creciente y estable en I+D+i, alineada con los requisitos de la Unión Europea.

Esta reforma viene a reparar los fallos de un sistema de ciencia e innovación agravados durante una década de recortes, que provocó la destrucción de miles de plazas públicas, precariedad en las carreras, envejecimiento de las plantillas, la fuga del talento científico de nuestro país y un tapón de toda una generación de investigadores e investigadoras.

Con esta reforma de ley, España ha dado un paso definitivo para salir de la crisis por la puerta del futuro, apostando por la ciencia y la innovación como pilares de transformación de nuestro país.

Para ello, antes, es necesario saldar la deuda histórica de este país con las personas que investigan e innovan, que son esenciales, a quienes esta nueva Ley dota de más derechos y de un horizonte de estabilidad en sus carreras, basados también en una financiación estable y creciente.

Esta reforma mejora sistema, incorporando medidas para reducir las cargas administrativas que desbordan a los científicos, combatir la brecha de género que lastra las carreras de las mujeres, incentivar la transferencia de conocimiento a la sociedad y a las empresas y establecer un sistema de gobernanza más ágil, participativo y abierto a todos los territorios. La cohesión social y territorial pasará también por la ciencia y la innovación, alineándonos con los modelos de cogestión científica más avanzados de la Unión Europea.

Y, además, contempla la creación de la Agencia Española del Espacio, que se concretará en un año.

Esta es la Ley que nuestro sistema necesita, es fruto del diálogo con la comunidad científica e innovadora y de soluciones reales a sus principales demandas.

La nueva Ley se cumple por fin con la gran reivindicación histórica de la ciencia, garantizar una financiación pública en I+D+i, creciente y estable, que no esté sometida a vaivenes políticos.

Por primera vez incorporamos, por ley, el compromiso de alcanzar una inversión pública en I+D+i del 1,25% del PIB en 2030, que con el apoyo del sector privado, nos permitirá llegar al compromiso del 3% que establece la Unión Europea y que, también consensuó, esta, en consenso con el objetivo del Pacto por la Ciencia, Tecnología e Innovación de España, que está firmado y apoyado por más de 80 organizaciones científicas, universitarias, empresariales y sindicales de nuestro país.

Con esta garantía blindamos, como digo por ley, que nuestro sistema público de ciencia e innovación disponga de los recursos suficientes para seguir creciendo, modernizando sus infraestructuras y equipamientos y creando más y mejores oportunidades para nuestros científicos y científicas.

Lo blindamos para el futuro porque el Gobierno ya está cumpliendo ahora mismo, estamos ya en la senda marcada por Europa. Quiero recordar que los dos últimos presupuestos aprobados por este Gobierno, los dos únicos presupuestos aprobados por este Gobierno, supusieron, el del año 2021, un aumento de un 60% en la inversión en ciencia e innovación, solo en el Ministerio de Ciencia e Innovación, y el 2022, prácticamente, dobla el que encontramos heredado.

Y quiero recordar que no solo el Ministerio de Ciencia e Innovación hace Ciencia e Innovación ahora mismo desde el Gobierno de España.

Por tanto, estamos ya cumpliendo con la senda de Europa y lo que hacemos es blindar ese compromiso, por ley, de cara a las planificaciones presupuestarias del Gobierno de España y de nuestro país, de cara al futuro.

Esta reforma de ley mejora la vida de las personas que mejoran la nuestra, a través de la investigación y de la innovación, con la definición de una carrera científica más clara, más estable, se pone fin a la precariedad endémica en el sector público de la I+D+i.

Lo hace, por una parte, con la creación de un nuevo contrato indefinido, en línea con la Reforma Laboral, para dar estabilidad al personal de investigación técnico y a los grupos de investigación. Hasta ahora, el contrato más usado en la ciencia era un contrato de obra y servicio, que tenía una duración máxima de cuatro años, de manera que los grupos de investigación se veían obligados a romper el grupo cada cuatro años, y los investigadores a los cuatro años quedaban sin contrato y teniendo que buscar un nuevo grupo de investigación en el que trabajar.

Pasamos, por tanto, a la estabilidad, con contratos indefinidos, y por tanto, este modelo acaba con la precariedad y recoge también las singularidades del sistema de ciencia, de manera que este contrato indefinido no consume tasa de reposición. De manera que, tanto las universidades como los centros de investigación, tendrán, por un lado, las tasas de reposición expansivas que están aprobándose también con las leyes de acompañamiento de los presupuestos de los últimos años, que, como sabéis, han sido tasas del 110% en el 2011, del 120% en el 2021 y del 120% en el 2022, considerando al personal científico como esencial y prioritario a efectos de tasa de reposición en la misma categoría que el personal sanitario, educativo, o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Ley también dibuja un nuevo itinerario más estable para transitar con seguridad hacia una plaza pública en universidades y organismos de investigación.

Los investigadores e investigadoras ya no estarán sometidos a este estresante e inseguro trayecto por la ciencia. Creamos una senda más segura con un nuevo contrato de seis años, 3+3, con una evaluación intermedia, que conllevará a la promoción y la capacidad de que los investigadores pasen de formar parte de un grupo de investigación a liderarlo. Serán certificados con el certificado R3, que facilitará su consolidación en una plaza pública.

Para ello, lo que hacemos es una reserva para estos investigadores de itinerario estable, de un 25% de las plazas en los organismos públicos de investigación y de un 15% en las universidades. Esto es el mínimo que los organismos públicos y las universidades tendrán que reservar para estos investigadores e investigadoras.

Tanto para estos investigadores post doctorales, como para los pre doctorales, que empiezan sus primeros pasos, es la primera puerta a aquellos que están todavía trabajando para presentar la tesis doctoral, se reconoce y se crea un nuevo derecho, que es el de la percepción de una indemnización por finalización de contrato.

Quiero recordar que los investigadores pre doctorales, hasta el año 2006, eran considerados becarios. A partir del 2006 tenían un reconocimiento de dos años como becarios y dos años como contratados. En 2011 ya pasaron a ser contratados y por tanto, se reconocían los derechos a paro, etc., y ahora reconocemos un nuevo derecho, no solo para los pre doctorales, también para los post doctorales, y es para todos los contratos vigentes y los que se firmen a partir de la entrada en vigor de la Ley.

El texto recoge también una batería de medidas para estimular la tracción y la movilidad del talento, entre ellas la redefinición de los quinquenios. Sabéis que los investigadores, igual que los profesores universitarios, parte de su retribución depende del reconocimiento del trabajo investigador realizado en los años anteriores. Ahora ampliamos la capacidad de ese reconocimiento, de la experiencia de los quinquenios, que ahora mismo solo se restringía a las OPIs (Organismos Públicos de Investigación) de nuestro país, y abrimos las fronteras, reconocemos los méritos de investigación realizados, tanto en España como en el extranjero, en la totalidad del sector público y también en todas las universidades.

Esta medida se suma al plan de recuperación y atracción de talento que estamos diseñando con el objetivo de hacer de España un país para la ciencia, con condiciones y salarios atractivos, donde quienes se fueron puedan regresar y las mentes más brillantes se quieran incorporar a nuestro país.

Esta reforma ha escuchado y atendido a todos los colectivos del sistema.

Por primera vez se menciona de manera explícita la figura de tecnólogo o tecnóloga, en nuestro sistema público de ciencia, tecnología e innovación, de manera que en la última oferta de empleo público aparecen, por primera vez, plazas para tecnólogos y también, por primera vez, dejamos de hablar de investigadores para hablar del personal de investigación, incluyendo así al personal técnico, posibilitando su movilidad profesional y estancias formativas temporales o de colaboración en empresas tecnológicas.

Con esta reforma, también, por primera vez, se reconoce al personal investigador sanitario, aquel que dedica el 50% de su tiempo investigando en hospitales y en centros de salud.

Se mandata las administraciones públicas, comunidades autónomas, que incorporen de forma estable investigadores al Sistema Nacional de Salud con categorías específicas, y también se mandata para que el personal laboral investigador pueda tener una carrera profesional en función de los méritos.

La reforma de la ley es un instrumento transformador que, sumada a las otras políticas que ya tiene en marcha el Gobierno, crea más y mejores oportunidades para las personas que hacen ciencia y que innovan.

Este Gobierno, además, ha dado condición de prioritario al personal científico y técnico, aprobando así la mayor oferta pública de empleo de los últimos 15 años, pasando de tasas de reposición cero a tasas de reposición del 120% y todo ello, junto al relevo generacional y las nuevas convocatorias, permitirán que en los próximos tres años, incorporemos de manera estable a 12 mil personas en el sistema público de ciencia, y deshagamos así el tapón que han sufrido los jóvenes investigadores en nuestro país.

La ley también resuelve otro problema que atormenta a la comunidad científica, que es la excesiva carga administrativa, será reducida considerablemente, ya que un investigador ya no tendrá que estar justificando, por ejemplo, el ticket de un taxi o facturas de hace 10 años, sino que con esta reforma la justificación de subvenciones se realizará en forma de cuenta simplificada y la comprobación será por muestreo.

Además, la concesión de ayudas a proyectos será directa si estos ya han sido evaluados por otros agentes del sistema público español y, entre otras medidas, en este capítulo, se incluye también un mandato claro al nuevo director y a la nueva etapa que abre la Agencia Española de Investigación, de reducir plazos de convocatoria, establecer calendarios más estables y, en definitiva, tonificar el músculo del principal instrumento financiador de investigación de nuestro país, que ha de ser fuente de soluciones y no de creación de problemas.

Las mujeres también son protagonistas en este texto, que por primera vez da seguridad jurídica a la igualdad de género en el sistema de I+D+i. Lo hace con medidas concretas, como la obligatoriedad de todos los agentes públicos de disponer y evaluar anualmente de planes de igualdad de género. El compromiso con la igualdad será exigido, pero también fomentado y recompensado con un distintivo especial para los centros de investigación e innovación y universidades. Queremos una ciencia de excelencia y no hay excelencia científica si no garantizamos la no discriminación por cuestión de género.

Por otra parte, la Ley obliga a establecer mecanismos para eliminar los sesgos de género en los procesos de selección y evaluación, que además tendrán en cuenta los permisos por conciliación tanto de mujeres como de hombres.

Aquí quiero explicar muy claramente a qué me estoy refiriendo.

La Ley garantiza que las personas podamos disponer de permisos por excedencia y por tanto, de que por cuestiones de, por ejemplo, maternidad, paternidad o cuidado de familiares, podamos interrumpir nuestras carreras en un determinado momento.

La evaluación de los méritos científicos siempre mira hacia atrás, los últimos años y, por tanto, los méritos en las últimas etapas de los investigadores y las investigadoras. Por tanto, hasta ahora, esas interrupciones de las carreras científicas por excedencia o por permisos, penalizada en la evaluación de estos méritos. A partir de esta Ley, ese tiempo no se tendrá en cuenta en la evaluación de los méritos de los científicos y de las científicas.

Y no hay ciencia excelente si la ciencia tampoco es justa, y si los ensayos clínicos no tienen en cuenta las distintas repercusiones que tienen la vida en los hombres y en las mujeres.

Aquí poner un ejemplo: es más difícil prever un infarto en una mujer que en un hombre, porque la ciencia no contemplaba, en los ensayos clínicos, la misma proporción de hombres y mujeres, y porque no se tienen tan identificados los síntomas de un infarto de mujer como el de los hombres.

Por tanto, vamos a corregir también este sesgo de género social que vivimos en los resultados científicos por no haber tenido en cuenta a los hombres y a las mujeres por igual.

La reforma de Ley también aborda la asignatura pendiente de España en la transferencia de conocimiento.

Vamos a crear nuevos mecanismos para reforzarla. Uno de ellos es el sexenio de transferencia, que va a reconocer e incentivar el traslado directo del conocimiento desde la esfera de las universidades y los centros donde se crea conocimiento, a las empresas y su traslación en soluciones para la sociedad.

Por tanto, se reconoce, se incentiva ese traslado directo del conocimiento y la innovación, precisamente también, para incentivar la innovación empresarial en nuestro país, para que todos conozcamos los estándares europeos. En aquellos países donde más ciencia e innovación se hace, y más se invierte en ciencia e innovación, la proporción de lo público y lo privado está en un 30% de inversión pública, 70% de inversión privada. En este país estamos en un 50% de las dos partes. Por tanto, es importante, y el mayor margen de mejora de nuestro país para esa apuesta por la ciencia y la innovación, está en incrementar la innovación de nuestras empresas.

Por tanto, todas las políticas y los instrumentos y también la Ley, va dirigido a incentivar y a introducir esta cultura de la ciencia y la innovación en nuestras empresas como motor de transformación.

Otros mecanismos que regula la ley en este sentido, es la compra pública de innovación, o el permiso a las administraciones públicas de invertir y coinvertir en sociedades mercantiles, convirtiéndonos, por tanto, en un Estado emprendedor.

Todas las políticas de inversión del Gobierno de España están encaminadas, ahora mismo, a traccionar a esa inversión privada y a que aumente la huella de I+D en nuestro país.

Estoy hablándoles de los planes estratégicos del vehículo eléctrico, de la salud de vanguardia, de las energías renovables, del sector agroalimentario.

Y les quiero dar solo un dato, el sector de la ciencia y la tecnología es uno de los que más está creciendo en número de afiliaciones en los dos últimos años. Ahora mismo estamos en 65 mil afiliaciones a la Seguridad Social más en este sector que antes de la pandemia, y eso se debe a la inversión, a las tasas de reposición expansivas, a esos planes estratégicos que traccionan la inversión privada. Eso está produciendo que seamos uno de los sectores más crecientes en nuestro país, a un nivel de un 0,5% mensual.

Y destacar que esta reforma está prevista dentro de los compromisos que hemos adquirido con Europa, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Y la comparativa con el Partido Popular y su gestión de la crisis del 2008: frente a los recortes que planteaba el Partido Popular, nosotros, nuestras reformas, las del Gobierno de España, son reformas de apoyo y de políticas expansivas.

Esta, por tanto, es la Ley que beneficia a las personas, que define la ciencia como bien común y que añade algo relevante, los valores en la I+D+i, la ética, la integridad, la participación ciudadana y la igualdad.

Esperamos que el texto acabe enriqueciéndose con las aportaciones de los partidos políticos ahora en su tramitación parlamentaria, porque es la Ley que España necesita para transformarse en un país más próspero, justo y verde, a través de un progreso colectivo asentado en el conocimiento y la innovación.

El éxito de esta nueva Ley será un éxito de país, el de las casi 400 mil personas que trabajan en la I+D+i de España, de todas las universidades, empresas, fundaciones, organismos y centros tecnológicos y de investigación.

Este será el éxito de los jóvenes y las jóvenes, a quienes abrirá nuevas y mejores oportunidades laborales, y el de las empresas y los territorios, a quienes ayudará a crecer aportando valor.

En definitiva, una nueva ley para una forma más sostenible e inteligente de construir nuestro futuro. Gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, ministra. Ministra.

Sra. Belarra.- Gracias, ministra portavoz. Buenos días a todos y todas. Es un placer estar aquí hoy presentando la que es la primera Ley de Derechos Animales de la historia de nuestro país.

En nuestro país existen tres grandes lacras en materia animal, el maltrato, el abandono y el sacrificio de animales, y esta Ley tiene por objetivo luchar contra estas tres principales lacras y además, hacerlo respondiendo a la que yo creo que es una necesidad social, una demanda social muy importante en un país en el que la sensibilidad hacia los animales es creciente, es cada vez mayor, y yo creo que hoy empezamos a hacer ley algo que ya es sentido común en nuestra sociedad y algo que lleva siendo un avance social mucho tiempo antes de que las administraciones públicas y la normativa fuese capaz de alcanzar a esa sensibilidad social.

Hoy empezamos a reducir la distancia entre ese sentido común, ese sentir social que busca proteger a los seres vivos que conviven con nosotros en el día a día y las leyes.

En nuestro país sabéis muy bien que el maltrato hacia los animales ha gozado de una prácticamente total impunidad. Supongo que muchas y muchos de vosotros recordáis vídeos de las redes sociales como aquel que se produjo hace un tiempo, pues de un desalmado, porque no se puede llamar de otra manera, que ahogaba a una cría de jabalí, de manera que estaba totalmente indefensa y de manera muy cruel para después subirlo a las redes sociales. Eso actualmente en España no tiene ningún reproche penal, como tampoco quemar, por ejemplo, a un zorro vivo y subirlo también a las redes sociales.

Hoy empezamos a terminar con la impunidad de los maltratadores de animales en nuestro país. Traemos una reforma del Código Penal que va a hacer que cuando el maltrato animal tenga como resultado la necesidad de una atención veterinaria, la pena de cárcel pueda ir hasta los 18 meses. También una inhabilitación especial de entre 1 y 5 años para tener animales, convivir con animales o trabajar con animales, y, además, en el caso de que el resultado de este maltrato sea la muerte del animal, las penas de cárcel van a poder ampliarse hasta los 24 meses.

Además, en la reforma del Código Penal que hoy presentamos, incorporamos una demanda que hemos percibido desde el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Derechos Sociales en los últimos años. Sabéis que pusimos en marcha un programa conocido como VioPet. En ese programa acogíamos a los animales de mujeres víctimas de violencia machista que no tenían dónde dejar a sus animales para poder salir de casa. Pues bien, a raíz de conocer muy bien esas situaciones, hemos visto cómo los maltratadores de muchas mujeres utilizan a los animales para coaccionarles, para amenazarles y también para causar aún más sufrimiento a las víctimas de violencia machista.

Con esta reforma vamos a endurecer las penas de estos maltratadores que son maltratadores de mujeres y maltratadores de animales. El compromiso, como decía, con la contra la violencia machista, es un compromiso transversal del conjunto del Gobierno y por eso desde todos los ministerios, también desde el Ministerio de Derechos Sociales, incorporamos reformas que nos permitan luchar de manera efectiva contra ella. La violencia instrumental, a partir de ahora, la violencia ejercida a través de los animales va a ser un agravante.

En segundo lugar, con esta primera Ley de Derechos animales vamos a hacer frente y vamos a perseguir el objetivo del abandono cero.

Sabéis que en nuestro país, aproximadamente cada año, aunque no tenemos datos oficiales y precisamente esta Ley viene a resolver esa cuestión, se abandonan, aproximadamente, 300 mil animales cada año. Eso significa más de 800 animales al día. Creo que son unas cifras que este país no se puede permitir, que muchísima gente se conmociona al ver cómo cada vez que llegan las vacaciones de verano hay familias que abandonan a sus animales, y gracias a esta Ley, gracias a la identificación obligatoria, a la vacunación obligatoria y también al hecho de que la cría tenga que ser profesional, es lo que nos va a permitir, como ya ha permitido a otros países, avanzar para conseguir ese objetivo del abandono cero.

Otra novedad de esta primera Ley de Derechos Animales es que prohibimos el sacrificio de animales de compañía.

Esto tiene por objetivo que las administraciones públicas se comprometan con el que tiene que ser el principal objetivo de las administraciones públicas en nuestro país, que es prevenir el abandono y apostar por la acogida, como ya hacen muchísimos municipios que están comprometidos con los derechos de los animales en nuestro país.

Además, esta Ley, creo que esto es muy importante, nos va a permitir avanzar contra la crueldad, la especial crueldad animal, como es el caso de prácticas, que yo creo que son más propias del medievo que de un país en pleno siglo XXI, un país democrático, como es el tiro al pichón, como es la utilización de pinchos contra los animales, o la utilización de aparatos que les pueden dar descargas eléctricas. Todo esto va a quedar prohibido.

Pero, además, si una cosa en la que quería poner cierto énfasis, creo que tenemos que ser capaces de construir un país en el que nuestros hijos y nuestras hijas crezcan en el marco y con los valores de la protección animal. La gente joven de nuestro país tiene esto muy claro y creo que son los valores que tenemos que proteger. Por eso, con esta Ley, vamos a reconvertir, progresivamente, tanto los zoológicos como los delfinarios, para que se conviertan en centros de recuperación de especies autóctonas, de manera que los niños y las niñas puedan conocer nuestra fauna local, al mismo tiempo que crecen en los valores de la protección de los animales, que creo que tiene que ser un sello de país.

Como decía, esta primera Ley de Derechos Animales nos homologa con la mayoría de países europeos que ya tienen una normativa que blinda el buen trato a los animales y, al mismo tiempo, nos aseguramos que los animales, en todo nuestro país, tienen la misma protección, homologándonos, o digamos, generando un paraguas estatal por arriba, que nos permita igualar las normativas autonómicas más avanzadas.

No tengo ni la más mínima duda de que prácticamente, la totalidad de la gente de este país se conmueve cuando ve un animal abandonado, o que cuando ve como una camada de cachorros es enterrada en cal viva porque a su dueño no le sirven, se emociona, y nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, que no admiten la crueldad animal, nos están pidiendo que las administraciones públicas pasen a la acción. Es lo que estamos haciendo con esta Ley, y pienso, y lo creo honestamente, que esta Ley nos va a permitir luchar contra el maltrato animal, contra el abandono animal, pero creo que nos va a convertir, también, en mejores a nosotras mismas y también como sociedad. Creo que esta Ley de Derechos de los Animales, esta primera Ley de Derechos de los Animales nos hace también más humanos.

Termino, como no puede ser de otra manera, dando las gracias a todas las personas que han hecho posible que lleguemos hoy hasta aquí.

En primer lugar, al director general Sergio García Torres, el primer director general de Derechos de los Animales de la historia de nuestro país. A todas las asociaciones, los expertos y las expertas, los profesionales, las entidades de protección animal, que muchas veces han trabajado en completa soledad en este país, y que ahora sí, tienen el respaldo de las administraciones públicas. Gracias a todos ellos y ellas, hoy podemos tener esta Ley y gracias a ellos y ellas creo que comenzamos un camino de protección de los derechos de los animales que nos va a hacer sentir orgullosos.

Quedo a su disposición para cualquier aclaración sobre los contenidos más específicos de la Ley. Muchas gracias.

Portavoz.- Gracias. A continuación, tiene ustedes la palabra.

Iñaki.

Pregunta.- (Iñaki Aguado. Mediaset) Buenas tardes, ministras.

Les voy a pedir una valoración política sobre la crisis que está atravesando el Partido Popular, y se la pido tanto a la ministra portavoz como a la ministra de Derechos Sociales, desde el punto de vista de los dos partidos que componen la coalición de Gobierno.

Me gustaría preguntarles si temen no poder contar a partir de ahora con el principal partido de la oposición por la situación que estaban atravesando y, sobre todo, si se creen que esta situación del Partido Popular va a impulsar el auge todavía más de la ultraderecha.

Y sobre el fondo del asunto, a la ministra portavoz me gustaría preguntarle si hubo una conversación entre Pablo Casado y el ministro de la Presidencia sobre el origen del dossier de este caso, ¿existió esa conversación? y ¿tenía el Gobierno indicios de ese presunto caso de corrupción?, ¿había un dossier en Moncloa? Gracias.

Portavoz.- Bueno, saben que no es costumbre en la sala hablar en nombre de los partidos políticos. No sé si la ministra quiere hacer alguna consideración….

Sra. Belarra.- No, muy brevemente, que cualquier sospecha de corrupción es evidentemente una cuestión gravísima para nuestra democracia, y eso es lo que preocupa al Gobierno de España, poder estar todos concentrados en la profundización democrática de nuestro país y este tipo de casos solo perjudica a nuestra democracia.

Portavoz.- Esa es la posición del del Gobierno, que, como ven, es compartida desde la preocupación ante un momento importante para España, donde ya hemos superado lo peor de la pandemia, donde afrontamos con optimismo la recuperación económica y con un Gobierno centrado en este tipo de reformas, que vienen apalancar el cambio, a abordar la recuperación económica y a trabajar para que Europa pueda, próximamente, volver a transmitir esos nuevos 12 mil millones de euros, que llegarán para el desarrollo de la ciencia, de la innovación de las empresas a nuestro país, que en este contexto, el principal partido de la oposición en nuestro país se encuentre en un momento, con un espectáculo que tiene que ver con acusaciones de corrupción, de espionaje, seriamente dañan la imagen de la democracia española y eso no es bueno, desde luego, para para nuestro país, y esa es la preocupación del Gobierno.

La siguiente cuestión que usted plantea tengo que decirles que si el Gobierno hubiera tenido cualquier conocimiento de alguna irregularidad con carácter delictivo, lo que había hecho, de forma inmediata, es ponerlo en conocimiento de la Fiscalía y de la Justicia.

Por tanto, en ese caso concreto, y a lo que se refiere esa cuestión, lo que tiene que hacer es aclararse el fondo de la cuestión, si efectivamente se ha producido un caso de corrupción, es decir, si nosotros nos hubiéramos enterado de esa cuestión, hubiéramos tenido algún conocimiento, lo hubiéramos puesto en conocimiento de la Fiscalía y de la Justicia.

Por tanto, que no nos usen, que no nos metan en su lío.

Se lo digo con absoluta rotundidad. El Gobierno aquí no tiene nada que ver.

Cué

P.- (Carlos Cué. El Pais) Perdón portavoz, dice que no nos meten en su lío, pero es que en manos del Gobierno están algunas de las instituciones más importantes para controlar un asunto como este, los asuntos de corrupción, los asuntos de… en fin, Hacienda, Sepblac…

Entonces, lo que le quería preguntar es si, con la información que tiene el Gobierno encima de la mesa, hay algún rastro, hay alguna sospecha de que ha podido haber algo raro, porque, nada menos que el líder de la oposición ha dicho esta mañana en la radio, que hay una comisión de 286 mil euros que es sospechosa, que podría haber tráfico de influencias.

Entiendo que la presidenta de Madrid dice que está declarado Hacienda, por lo tanto, los datos obran en poder del Gobierno, por lo menos de la Agencia Tributaria.

Quiero decir, son los máximos responsables también de vigilar que esto no suceda.

Entonces, ¿qué información trae el Gobierno? o con los datos que hay encima de la mesa, ¿qué sospechas tiene el Gobierno, si coincide con las sospechas del líder del PP?

Portavoz.- Insisto. Que no nos usen como coartada de sus líos.

El Gobierno no tiene nada que ver en esto.

Y, además, supongo que inmediatamente después de que el señor Casado ha realizado esas manifestaciones, habrá ido a la Fiscalía para poner en conocimiento esos hechos. La Fiscalía no actúa a no ser que tenga conocimiento de los hechos. Si en este caso, el señor Casado, lo ha puesto en conocimiento, imagino que se habrá dirigido después al Poder Judicial y a la Fiscalía para que investigue esta cuestión.

P.- (Andrea Zamorano. ACN) Muchas gracias.

A la ministra de Ciencia, si se plantean adoptar alguna medida transitoria mientras se tramita la Ley de Ciencia en el Congreso, para paliar los efectos de la reforma laboral a partir del 31 de marzo en los contratos de investigadores, tal como han pedido administraciones como la Generalitat.

Y luego, la ministra portavoz, de cara a la reunión de la bilateral esta tarde, si confían en cerrar acuerdos con el Govern y si podría salir una fecha para la reunión de la mesa de diálogo.

Y otra cuestión, si podía hacer una valoración de la decisión de un juzgado de Ceuta de ordenar el retorno a España de los menores devueltos a Marruecos en agosto, y si piensan presentar recurso.

Sra. Morant.- En cuanto al, efectivamente, al impasse entre la entrada en vigor de la Reforma Laboral y la entrada en vigor de la Ley de la Ciencia, primero que nada, manifestar que las dos leyes están alineadas en la lucha contra la precariedad, de manera que lo que ha hecho la Reforma Laboral es adelantar lo que ya preveía la Ley de la Ciencia, que era que desaparecieran los contratos de obra y servicio, que, como les comentaba anteriormente, lo que hacían era obligar a los grupos de investigación a romperse cada cuatro años, y al investigador lo dejaba sin trabajo cada cuatro años. Eso provocaba muchísima precariedad, temporalidad, pero además mucha litigiosidad, porque, en definitiva, no se entendía que una línea de investigación que pueda estar financiada con fondos, por ejemplo, europeos, de 10 años, de 12 años, tenga que ir rompiendo sus grupos de investigación cada cuatro años.

Por tanto, las dos leyes ya preveían la desaparición del contrato de obra y servicio. Pero es verdad que la Ley de la Ciencia tiene la singularidad de que su contrato indefinido no consume tasa de reposición, y no necesita de autorización previa por parte de Hacienda.

Hacienda envió hace dos días a los centros, tanto a universidades como a comunidades autónomas y por tanto, todos los centros que contratan en materia de ciencia, que pueden utilizar, en este tiempo, una disposición adicional que ya contemplaba la Ley de 2011, y que, por tanto, todos aquellos contratos que se suscriban como contrato de obra y servicios se pueden acoger a esta disposición adicional.

Así que entiendo que Hacienda ya ha aclarado la fórmula para que los centros, universidades y centros de investigación, hagan esta contratación hasta la entrada en vigor de la Ley de la Ciencia, y estos contratos pasarían, directamente, a ser los contratos de la Ley de la Ciencia con la entrada en vigor de la Ley.

Portavoz.- La reunión de esta tarde está ya muy trabajada y por tanto, muy abordada por parte de los dos equipos, del equipo del Ministerio de Política Territorial y en los distintos departamentos del Gobierno de España, que tienen algo que ver con el contenido de los distintos puntos del orden del día. También con los equipos de la Generalitat, y de la Consejería de Presidencia, y por tanto, es seguro que vamos a poder avanzar en ellos, porque ya hay un trabajo previo, determinado y muy contundente que nos va a permitir celebrar una reunión que va a ser positiva.

Desde luego, en las relaciones, en la recuperación de esa normalidad, en la segunda reunión, en seis meses, la recuperación de la normalidad en las relaciones entre dos instituciones la Generalitat y el Gobierno de España, y, también va a ser interesante para los catalanes y las catalanas, que van a ver también respuesta algunas de las demandas y preocupaciones que ellos tienen.

No es objeto de los trabajos de esta mesa fijar la fecha de la reunión de la mesa de diálogo, que, como ya les hemos dicho en alguna otra ocasión, es una mesa que se va a celebrar, porque el Gobierno tiene la absoluta determinación y también el Gobierno de la Generalitat, de seguir avanzando, de seguir dialogando, sabiendo que eso es bueno para Cataluña en su relación con el conjunto de España, que también es bueno el diálogo entre catalanes.

Estamos seguros que vamos a poder avanzar en las próximas semanas. Cuando se vayan ajustando los temas y las fechas, les daremos cumplida cuenta, como siempre hacemos de ello.

En relación a la sentencia, la conocimos en el día de ayer. Por supuesto, respetamos las decisiones judiciales y me van a permitir también que, por ser rigurosa en la posición, espere al estudio que en estos momentos están haciendo los servicios jurídicos, de análisis del contenido de la misma, para ver cuál va a ser la reacción del Estado como parte de esta cuestión.

David. Daniel. Siempre te confundo con David.

P.- (Daniel Blanco. Europa Press) Buenas tardes, portavoz.

Quería preguntarle sobre el tema del PP. Hay dos versiones contradictorias en el PP sobre este asunto, que las dos hablan de conversaciones con la Moncloa. Entonces, me gustaría insistir, a ver si puede aclarar, si hubo conversaciones con Génova, si hubo conversaciones con el entorno de la presidenta de la comunidad o con ninguna de las dos partes.

Luego, por otro lado, también quería preguntarle si, un poco, yendo al fondo del asunto, si temen que esa situación, en ese contexto en el que se produjo ese supuesto contrato o ese contrato, del contrato que se conoce, del principio de la pandemia, en el que había mucha necesidad de material, haya sido propicio para otras irregularidades, y si considera que es necesaria una investigación más amplia en ese sentido, en otras administraciones, en los ministerios o en los Gobiernos autonómicos.

Y luego, respecto a la mesa de diálogo, a ver si podía concretar un poco más, porque hoy la líder de los comunes en el Parlament ha dicho que la Mesa se va a reunir en las próximas semanas y que va a ser antes de Semana Santa. Quería saber si esto es así, y si puede explicar algo más sobre los acuerdos o las concreciones en las que están trabajando, que siempre han vinculado a la celebración de la mesa. Gracias.

Portavoz.- Miren, no deja de ser curioso que el argumento de autoridad que usan ambas partes en conflicto sea la Moncloa. ¿No les parece curioso?

Insisto, no tenemos nada que ver, que no nos metan en su lío, que no nos usen como coartada, han de aclarar, en primer lugar, si efectivamente, ha habido algún hecho irregular, que pueda ser constitutivo de delito y, por tanto, que lo lleven donde corresponde, a los tribunales.

Insisto, no hemos tenido nada que ver.

La segunda cuestión que usted planteaba acerca de los momentos en que se desarrollaron este tipo de contratos, mire, yo lo que tengo que hacer, en nombre del Gobierno de España, es poner en valor la ejemplaridad con la que la sociedad española, el sector económico y empresarial, y también el conjunto de las administraciones, trabajaron en un momento de auténtica dificultad, para garantizar los suministros básicos, que permitieran al sistema de salud protegernos del virus.

Por tanto, un asunto turbio como este, en el contexto de una guerra interna, de un partido político, no puede cuestionar la actitud ejemplar de toda la sociedad española en los momentos tan duros que vivimos al comienzo de esta crisis sanitaria.

Y, en tercer lugar, y en lo que se refiere a la convocatoria de la mesa del diálogo, creo que se refería usted a declaraciones de una portavoz en el Parlament. Saben ustedes que esta es una mesa entre Gobiernos, entre la Generalitat y el Gobierno de España, y por tanto, seremos nosotros, en el momento oportuno, quienes les comentemos y compartamos con todos ustedes las decisiones en cuanto al momento en que vamos a realizar esa mesa del diálogo, en la que avanzamos en temas importantes.

Desde nuestro punto de vista, desde el Gobierno de España, ahora mismo, la importancia, como saben ustedes, está centrada en la recuperación económica y en el despliegue de los Fondos Europeos y trabajaremos para que ahí también Cataluña sea protagonista de la modernización y de transformación de España.

Venga, vamos a por la última que me tengo que marchar a Barcelona.

¿Alguna otra, Rubén?

P.- Sí, me gustaría incidir un poco en esa versión que están dando en el Partido Popular, si a ellos, realmente, les llegan unos extractos bancarios, que son unos datos confidenciales, esos datos solo pueden estar en manos de Hacienda. Entonces, ustedes, ¿pueden asegurar que Hacienda no ha tenido nada que ver con esta información, que supuestamente le llega a Génova?

Y, por otro lado, esta semana hemos conocido un informe de UDEF que vincula al marido de la directora de la Guardia Civil, con concesiones irregulares de préstamos por parte de la agencia Idea (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía) de la Junta Andalucía, a la empresa Santana Motor, qué valoración hacen de este caso y si respaldan a María Gámez en el puesto. Muchas gracias.

Portavoz.- La segunda cuestión no tengo conocimiento, perdóneme, no tengo conocimiento de esas informaciones y por lo tanto no puedo manifestarme al respecto.

En relación a la primera cuestión, yo se lo puedo explicar de distintas formas, pero creo que estoy siendo absolutamente clara.

El Gobierno no tiene nada que ver. Es curioso que ambas partes, enfrentadas, esgrimen como argumento de autoridad a La Moncloa.

Sin duda, forma parte del espectáculo que están ofreciendo a todo el país y que, insisto, es lamentable, desde el punto de vista de la calidad democrática y que, en cualquier caso, lo relevante es que si, efectivamente, se considera que existe alguna irregularidad, ésta se derive a los tribunales, que es donde el abordarse.

Pues muy bien, muchas gracias y continuamos. Esta tarde les vuelvo a tender desde Barcelona.

Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)