Comparecencia de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030

La Moncloa

MINISTRA DEPOLÍTICA TERRITORIAL Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO, Isabel Rodríguez

MINISTRA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, Raquel Sánchez

MINISTRA DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030, Ione Belarra

Portavoz.- Buenas tardes, gracias, como siempre, por acudir a esta convocatoria de prensa para darles cuenta de los acuerdos que hemos alcanzado en esta mañana en la reunión del Consejo de Ministros, una reunión en la que seguimos avanzando en derechos para los ciudadanos, en este caso, un derecho muy importante, que tiene que ver con el desarrollo de los proyectos vitales, el derecho a la vivienda, y por eso me acompañan las dos ministras, la ministra de Vivienda y Derechos Sociales, para darles cuenta de este proyecto de ley tan importante para el Gobierno, que consolida el avance en derechos, en la dignidad de las personas, en definitiva, creemos que con esta ley estamos consolidando el quinto pilar del Estado del Bienestar.

En una reunión donde se han tratado otros asuntos, yo les daré cuenta de otros 2 asuntos que tienen que ver con cohesión social, de educación 0-3 años, y también con cohesión territorial, en el acuerdo que ahonda en el proceso de descentralización, desconcentración del Gobierno de España y de las administraciones.

En definitiva, aprovechamos el crecimiento económico para avanzar en derechos, crecemos económicamente y avanzamos socialmente. Así podríamos resumir esta reunión del día de hoy.

El crecimiento económico es importante para asentar, para consolidar todos estos avances y reformas que está liderando el Gobierno de España. Y en este sentido hay datos que son incontestables y que me van a permitir que vuelva a recordar: más de 20 millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país con un empleo, más de 840 mil empleos se han creado en este año 2021, el mejor dato desde el año 2008; el alza del 5% del PIB, la mayor subida en estos 21 años de este siglo; el crecimiento en las pensiones, que hablábamos la semana pasada, 11,5 millones de pensionistas que están viendo cómo se incrementan, cada mes, estas pensiones de acuerdo al incremento de la vida; el Salario Mínimo Interprofesional subió un 15% en el año 2021 y lo seguirá siendo en el 22 y el 23; los ingresos también, el Gobierno ha cumplido, por primera vez, con la previsión de los ingresos desde el año 2010, aumentando un 15% y lo revolucionario, la inversión en más de 26400 millones de euros en este primer trimestre del año en relación a los Fondos Europeos.

Por tanto, buenos datos en materia de crecimiento económico que van siempre de la mano en crecimiento y avance en derechos sociales.

Les decía, las ministras les darán cuenta y detalle de esta Ley de Vivienda que hemos aprobado en el día de hoy, y yo me centraré en estos otros 2 acuerdos a los que hacía mención.

El primero de ellos es un acuerdo del Ministerio de Política Territorial, del ministerio que yo dirijo, y que tiene que ver con la desconcentración de organismos públicos, del Estado, en todo el territorio.

Utilizamos esta desconcentración para avanzar en cohesión social y territorial. Desconcentramos para cohesionar, desconcentrar, para cohesionar, sin cohesión territorial no se consolidará la cohesión social.

¿Para qué queremos o qué hacemos con esta regulación de la desconcentración de los organismos públicos?

En primer lugar, compartimos Estado, compartimos oportunidades y compartimos este crecimiento. Queremos impulsar, con estas decisiones, la igualdad en todo el territorio español.

En tercer lugar, queremos cimentar la cohesión territorial, profundizar en ella.

Aportamos, además, con esta iniciativa, herramientas en la lucha contra la despoblación y, por tanto, afrontamos el reto demográfico.

Este proceso de desconcentración está inmerso en la estrategia para el reto demográfico, que tienen, como saben ustedes, 130 medidas, más de 10 mil millones de euros destinados a esta causa.

Está alineado, por tanto, esta decisión, con la dirección del Gobierno de fijar población, de crear empleo estable y de cohesionar nuestro país.

En este sentido, entendemos que la Administración General del Estado es un agente protagonista para la vertebración del territorio y que, con esto, vamos a lograr revitalizar áreas despobladas o en declive demográfico.

En definitiva, lo que se pretende desde el Gobierno es avanzar en el modelo territorial de nuestro país, para introducir este tipo de mejoras que nos permitirán avanzar en cohesión social.

Se da la paradoja que nuestro país ha sido un país que, gracias al desarrollo constitucional y democrático, hemos avanzado mucho en descentralización política, con el avance y la consolidación de las autonomías, pero al mismo tiempo, el Estado ha dejado concentrado buena parte de las estructuras administrativas, y es esto lo que tratamos de revertir con esta iniciativa.

Como saben ustedes, es un compromiso del Gobierno, que el presidente del Gobierno ha verbalizado en distintas ocasiones, y lo que hacemos con este procedimiento es dar seguridad, continuidad a esta decisión política, a este impulso que se ha dado desde el Gobierno en estos meses, para que, efectivamente, sea ya un proceso riguroso, un proceso mantenido en el tiempo y un proceso articulado.

Concretamente, lo que hemos acordado es que todas estas decisiones se harán mediante un real decreto, que vamos a trabajar y que va a volver al Consejo de Ministros en las próximas semanas. Por tanto, la decisión llegará al Consejo de Ministros, de nuevos organismos a desconcentrar, y saldrá la determinación también del Consejo de Ministros.

Se creará una Comisión consultiva, que elevará dictamen y propuestas al Consejo, donde habrá de tomarse la decisión. Será una comisión interministerial.

Vamos a reforzar, por tanto, el papel que tenemos, como decía antes, la Administración General del Estado, en la vertebración del territorio.

¿Por qué ahora? Porque estamos inmersos en este proceso de modernización, porque el despliegue del Plan de Recuperación y de los Fondos está propiciando la generación de nuevos organismos, y queremos que esta recuperación, que ha de ser justa, sea también una recuperación justa con los distintos territorios en nuestro país.

Vamos a desarrollar, y ya se enuncia la línea de actuación en este acuerdo, el procedimiento de elección más racionalizado, integrando estos criterios de cohesión territorial, la eficacia de los servicios públicos, atendiendo a cuestiones de reto demográfico y también a cuestiones de transparencia.

Será un procedimiento abierto, transparente y competitivo.

Es decir, van a poder participar de él todas las comunidades autónomas, todos los ayuntamientos, y hacerlo de una manera leal, para que, efectivamente, aquellas que estén mejor posicionadas por cuestión de espacios, por cuestión de necesidad en materia de empleo, por cuestión de la materia, puedan concurrir de manera leal y transparente con otros territorios.

Ya hemos avanzado en esta dirección en nuestro país. Hay ejemplos de éxito:

Está el Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas de la Dirección General de Tráfico, que lleva trabajando en León desde el año 2007 y en el que se han empleado más de 200 personas, el Centro de Competencias Digitales de Renfe, en Miranda de Ebro, que ayer visitaba la ministra, que está ya empleando a 100 personas, la base logística del Ejército en Córdoba, que generará 1600 puestos de trabajo, el cuartel de Monte La Reina, que supondrá la llegada de 4000 personas y sus familias, el Centro Estatal de Referencia de Enfermedades Raras en Burgos, donde también hay una trayectoria de 13 años y trabajan 100 personas…

En definitiva, la desconcentración ya ha resultado útil y beneficiosa en nuestro país, ahí están algunos ejemplos.

La inspiración en el procedimiento tiene que ver con el procedimiento de la Unión Europea, en ese régimen de concurrencia al que antes estaba haciendo referencia, y, como digo, se trata de dar rigor, de reglamentar, de dar mayor transparencia, mayor participación y sobre todo, de consolidar lo que es una decisión política de este Gobierno, de vertebrar el territorio, de avanzar en cohesión, para que perdure en el tiempo, y pueda darse también con una mayor dimensión y teniendo en cuenta todos estos elementos, para que contribuya a vertebrar el país, para que ayude a frenar la despoblación, en definitiva, para aprovechar y ser más eficaces en el gasto público, aprovechando las ventajas y las oportunidades que nos ofrece la amplia y diversa geografía española.

El siguiente acuerdo es un acuerdo que tiene que ver con la cohesión, pero esta vez la cohesión social y la cohesión ya desde la cuna.

Estamos hablando de la educación 0-3 años, para que la igualdad de oportunidades no dependa del lugar o de la familia en la que uno nazca, de la situación económica o social de la misma, sino que, desde la cuna, desde nuestro nacimiento, el Estado contribuya a garantizar la igualdad.

En este sentido, se aborda el Real Decreto para la ordenación de las Enseñanzas Mínimas de Educación Infantil, que desarrolla la LOMLOE, y que entrará en vigor el próximo curso, el curso 2022-2023.

Como novedad, es que, por primera vez, se aborda la educación 0-3 años con carácter educativo y no solo con carácter asistencial o de cuidados. En definitiva, se aborda esta etapa de la formación de los niños y de las niñas como una etapa vital en el desarrollo formativo y académico de los niños.

Este Real Decreto que establece esta ordenación de las enseñanzas, quiero recordar, está inmerso también en la voluntad del Gobierno de avanzar en la democratización y en la igualdad del acceso a estas plazas 0-3 años.

Hoy es una realidad que no todas las familias pueden acceder a esta formación y, por tanto, la voluntad del Gobierno es que se pueda avanzar en España en la gratuidad de 0-3 años, y para ello, como saben ustedes, ya hemos hecho un primer esfuerzo, más de 670 millones de euros, también incorporados en el Plan de Recuperación, y por tanto, ya desplegándose por las comunidades autónomas, para que, efectivamente, en los 2 próximos años alcancemos la gratuidad de plaza 0-3 años en 65 mil nuevas plazas, y en una senda que ha de ser y que ha de continuar para conseguir ese objetivo de gratuidad de la educación 0-3, como mecanismo de cohesión social y de garantía de la igualdad, como decía desde el nacimiento, desde la cuna.

Y después de formarnos, llega a la edad de emancipación, y fundamentalmente, lo que pretende esta nueva Ley es garantizarnos esos proyectos vitales y ese derecho a la vivienda, a todas las personas, pero especialmente a la población más joven, que donde se están encontrando los problemas.

Así que, ministra, tienes…

Sra. Sánchez.- Muchas gracias, ministra portavoz y también gracias a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 20/30, que nos complementaremos en esta explicación, pero que sin duda hoy celebramos el poder anunciar que el Consejo de Ministros ha acordado, en su reunión de hoy, la remisión inmediata de este proyecto de ley por el derecho a la vivienda, una norma que ha sido esperada con ansiedad por el conjunto de ciudadanos y ciudadanas.

Y desde luego, ¿por qué?, porque va a garantizar el derecho al acceso a una vivienda digna y adecuada, en condiciones de asequibilidad, y, por ello, dada la importancia que hemos solicitado, la tramitación de esta Ley, de este proyecto de ley por urgencia.

El Gobierno, con la aprobación y con la remisión de este proyecto de ley a las Cortes, cumple con un compromiso inaplazable con el conjunto, con la mayoría de este país, puesto que, por una parte, amplía el catálogo de derechos, pero, por otra parte, como bien apuntaba la ministra portavoz, y hemos dicho en reiteradas ocasiones, apuntala y refuerza el Estado del bienestar, al constituir, a través de la vivienda, su quinto pilar.

Desde luego que es una Ley de la que yo, personalmente, me siento muy orgullosa, y quiero reconocer el trabajo que han realizado todos los equipos del Ministerio de Transportes, Movilidad, Agenda Urbana, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, pero también del conjunto de ministerios que se han implicado en la aprobación de una Ley que es histórica y una Ley que, por primera vez en la historia de la democracia, insisto, aborda la problemática de la vivienda en toda su dimensión.

En opinión de este Gobierno, esta Ley es una ley que es rigurosa, es una ley sólida, es una ley compacta, y es una ley transversal y que está blindando la función social que debe cumplir la vivienda y que está llamada a tener una vocación de perdurar en el tiempo.

Creo que conocen ya sobradamente cuáles son los contenidos de esta Ley, porque ya hemos tenido ocasión de explicarlos, de todas maneras, luego me referiré a ellos para hacer un breve recordatorio, pero creo que es muy importante volver a señalar, volver a insistir y poner en valor cuál ha sido nuestra motivación a la hora de aprobar esta Ley.

Ha sido responder, como decía antes, a las necesidades del conjunto de ciudadanos y ciudadanas, a muchas personas que demandaban que algo tan básico como tener una vivienda, no se limitase a ser una mera declaración de intenciones que figuraba recogida en la Constitución, sino que, verdaderamente, los poderes públicos articuláramos todos los mecanismos, todos los instrumentos, para hacer de este derecho, desde luego, un derecho realizable.

Nos referimos a todas esas personas que han visto como el poder hacer frente al pago de sus hipotecas, de sus alquileres, ha sido una de sus grandes preocupaciones y que, en muchas ocasiones, les ha limitado poder tener un proyecto de vida, les ha generado angustia, y sobre todo, si nos referimos a los más vulnerables y a los más jóvenes, que hasta ahora se han visto, en gran parte, imitada su capacidad de poder emanciparse, de poder realizar su proyecto de vida, de poder formar sus propias familias, porque no han tenido, porque no tenían un lugar al que llamar hogar.

Lo mismo respecto a esos padres que no podían ofrecer a sus hijos un entorno seguro y un entorno digno en el que educar a sus hijos.

Desde luego, hablamos de esas familias, de esas personas angustiadas y que, desde luego, desde este Gobierno, hemos querido cumplir con ellas, y como decía anteriormente, cumplir con ese compromiso, con esa palabra dada, con el conjunto, con la mayoría de este país.

Por lo tanto, lo que hace el Estado, en este caso, y a través de esta Ley, lo que hace el ministerio, el Gobierno, es corregir estas disfunciones, conseguir viviendas asequibles que garanticen la igualdad de acceso, no sólo la vivienda, sino también que garanticen el acceso a otros derechos, como son la educación, como son la sanidad, como son los empleos decentes.

Este ha sido mi gran preocupación como ministra, pero también responde al encargo que en su día me realizó el presidente del Gobierno.

Por lo tanto, es una Ley imprescindible, porque el mercado, además, se ha demostrado ineficaz para dar respuesta a esta necesidad. Aquellos que pregonan la liberalización, lo único que consiguieron, en su día, fue el lucro de grandes agentes inmobiliarios, de grupos económicos, generando un gran sufrimiento a la mayoría de familias de este país.

Por lo tanto, los poderes públicos también tenemos a la vez que garantizar el acceso al derecho a la vivienda, también evitar la especulación. Es un mandato que viene recogido expresamente en la Constitución, en el artículo 47, y nadie debería ver en ello una colisión con el derecho a la propiedad, que es un derecho que también corresponde proteger, que también esta Ley establece el estatuto básico, dijéramos, del propietario, que reconoce cuáles son los derechos, pero también reconoce cuáles son las obligaciones.

Por lo tanto, es una Ley que no va en contra de los propietarios, sino que va en contra de la especulación.

Otro punto al que resulta necesario referirse es al informe, al informe emitido el pasado viernes por el Consejo General del Poder Judicial, que es un informe preceptivo, un informe no vinculante y con respeto absoluto a las consideraciones de tal informe, sí que me gustaría hacer algunas consideraciones.

La primera es que el Gobierno ha conocido y entiende perfectamente cuáles son las funciones consultivas del Consejo General del Poder Judicial y también, cuál es el ámbito que tienen estos informes, y en el caso concreto, de la Ley de Vivienda, el ámbito de ese informe debía circunscribirse a 3 artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se ven modificados a través de la Ley de Vivienda.

En segundo lugar, el Gobierno mantiene que delimitar el campo de actuación del Estado en materia de vivienda, en aras a conformar parques públicos de vivienda y también fijar patrones para proporcionar casas dignas y asequibles a los colectivos económicos más vulnerables, más débiles, desde luego, no invade ninguna competencia autonómica. Es más, el Estado tiene competencia exclusiva a la hora de garantizar el ejercicio y la igualdad de acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas al ejercicio de sus derechos.

Y, por lo tanto, en base a esa competencia exclusiva del Estado, que se establece en el artículo 149 de la Constitución, también tiene amparo la regulación que el Estado hace en esta materia.

Y finalmente, el Gobierno quiere destacar que este proyecto de ley reconoce, como no puede ser de otra manera, las competencias que tienen las comunidades autónomas en materia de vivienda, y pone a su disposición todos los instrumentos y, evidentemente, reconoce la capacidad de aplicar otros instrumentos que considere necesarios, complementarios y aprobar, así mismo, todas aquellas herramientas para ayudar a hacer efectivo este derecho básico.

Por tanto, insisto, entendemos que respeta plenamente las competencias de las comunidades autónomas en esta materia.

Dicho esto, decir que, evidentemente, analizamos con detenimiento el informe que emitió el Consejo General del Poder Judicial, y que se han incorporado algunas de las observaciones y comentarios que consideramos que hacen y que mejoran esta Ley, desde el punto de vista de la técnica normativa, que aclaran ciertos conceptos, que aclaran el entendimiento entre cuáles son las competencias del Estado y cuáles son las competencias de las comunidades autónomas, y se hace referencia y se clarifica, en determinados preceptos y artículos, donde entra también a jugar, donde entran las la normativa autonómica, en el caso en el que se apruebe por parte de las comunidades autónomas.

De manera muy resumida, también me gustaría volver a recordar, como les decía antes, cuáles son los puntos más destacados de este proyecto recién aprobado.

Recordar que la ley somete a protección permanente el Parque Público de Vivienda Social para que no pueda volver a ser enajenado, como ocurrió en el pasado, y para que los más débiles nunca más se vean expuestos a situaciones de inseguridad material y jurídica.

Por otra parte, también mejorará la regulación de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad, de manera que los servicios sociales se puedan coordinar de una forma más eficaz con los jueces para poder ofrecer, a través de las administraciones competentes, soluciones habitacionales cuando se dan esas situaciones de vulnerabilidad.

Incentivará, del mismo modo, la vivienda protegida a precio limitado y permitirá que la legislación urbanística establezca reservas de suelo urbanizado para estas viviendas.

Facultará a las administraciones competentes para que declaren, por tiempo limitado, zonas de mercado residencial tensionado y formulen, a la vez que proceden a la declaración de estas zonas, formulen un plan de acción para corregir los desequilibrios que se detecten.

Va a establecer también para estas zonas, mecanismos de contención y de bajada de precios de alquiler, ya sea para aumentar la oferta o para impedir, en su caso, incrementos abusivos de la renta.

En estos casos, en los casos en los que se declare una zona tensionada, los arrendatarios podrán acogerse a una prórroga extraordinaria del contrato en vigor con carácter anual y por un periodo de tres años, y para los nuevos arrendamientos de viviendas ya en el mercado, se establece una limitación de la renta del contrato anterior con el incremento del IPC correspondiente y con algunos incrementos, cuando se acrediten que se han realizado obras de mejora, de rehabilitación y de eficiencia energética.

Y de igual manera, yo creo que también eso es muy importante, se introducen incentivos fiscales para que el alquiler, en condiciones y a precios asequibles, resulte interesante, resulte atractivo a los propietarios, con deducciones que pueden ir hasta el 90% cuando aplican rebajas del 5% en los alquileres en esas zonas que se han declarado tensionadas.

Otra cuestión muy importante, esta Ley también ahonda en la transparencia, en la información pública, que debe ofrecerse a través de diferentes instrumentos, la constitución de un registro de contratos, para que, de esta manera, haya más garantías cuando se producen operaciones de compra y de alquiler, que se puedan conocer cuáles son las condiciones del contrato, cuáles son las condiciones del edificio, de la vivienda, y, por lo tanto, no solo las partes en la relación del contrato de compraventa, o de la relación arrendaticia tengan más información, sino que también los poderes públicos tengamos y las administraciones tengamos mayor información a partir de la cual poder ir modulando las políticas públicas de vivienda.

Por tanto, esta Ley conecta con miles y miles de ciudadanos y ciudadanas, con miles de jóvenes, con miles de familias y sobre todo demostramos que nos preocupamos, nos preocupamos por las personas, pero, sobre todo, nos preocupamos por los más vulnerables y entendemos que la vivienda no puede suponer una condena a la pobreza ni convertirse, tampoco, en una losa, insisto, que impide que los jóvenes puedan realizar sus proyectos, puedan materializar sus sueños.

No se nos ocurre, no se me ocurre mejor manera de contribuir al avance y al progreso de este país que haciendo posible la garantía del ejercicio de un derecho como es el derecho a la vivienda. Por eso insisto nuevamente en solicitar responsabilidad a los distintos partidos políticos, a esta iniciativa legal que, insisto, no va en contra de nadie, sino que favorece a la inmensa mayoría.

Creo que no solo podemos ponernos de acuerdo, sino que debemos ponernos de acuerdo. Y así lo ha hecho el Gobierno de coalición. Somos dos formaciones políticas, partidos diferentes, con puntos de vista distintos que partíamos también de puntos de vista distintos, pero hemos sido capaces de superar los escollos hasta el resultado final que ha dado a luz una Ley que, desde luego, mejora las respectivas posiciones iniciales y de partida. Cuando se trata del interés general tenemos la obligación de entendernos y porque lo que está en juego, desde luego, trasciende a nosotros mismos, impacta muy directamente en la sociedad.

Por lo tanto, insistir que es importante que las formaciones políticas conozcan esta Ley, ahora iniciamos el trámite parlamentario, pero que, desde luego, nos estamos jugando mucho, estamos aprobando, insisto, una Ley histórica, como lo han sido otras leyes en este país, la ley del matrimonio igualitario, la ley del aborto, la ley de la eutanasia, la dependencia…leyes que en principio han contado con la resistencia de la derecha, de los sectores más conservadores, pero que luego también se han sumado a los avances que han significado esta ley.

En esa misma confianza y espero que no tan tarde, la derecha también se sume a una ley que, insisto, es histórica y que beneficia a la inmensa mayoría de este país. Muchas gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, ministra. Ministra

Sra. Belarra.- Muchísimas gracias, ministra portavoz, ministra de Transportes.

Buenos días a todos y todas, es un placer comparecer hoy aquí para presentar esta Ley. Quería que mis primeras palabras fueran, efectivamente, de agradecimiento, de agradecimiento a la ministra Raquel Sánchez, pero también a los equipos, al equipo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y también para el equipo de Derechos Sociales y Agenda 2030, que han trabajado intensamente este año y medio, sé que lo habéis seguido también con intensidad por parte de los periodistas y por parte de la ciudadanía, y creo que ese trabajo ha merecido la pena, porque hoy podemos felicitarnos por la aprobación de la primera Ley de Vivienda de la democracia. Creo que no es poca cosa.

Esta Ley da el primer paso en un camino que creo que nuestro país tiene que recorrer y es el de dejar atrás las burbujas inmobiliarias, la especulación y también los pelotazos urbanísticos. Sabemos que va a ser difícil porque los intereses interpuestos, económicos y políticos, son muy fuertes, pero creo que es el único camino que podíamos recorrer. Seguramente no va a ser lo único que tenemos que hacer, pero desde luego, esta Ley era absolutamente imprescindible para empezar a dar los primeros pasos en la dirección correcta.

Es hora, como decía, de dejar atrás las burbujas inmobiliarias, que son lo único que ha conocido mi generación.

Pasamos de una burbuja hipotecaria, después de la crisis financiera del año 2008, que dejó tras de sí, recordaréis bien, miles de desahucios, miles de familias que lo perdieron todo, muchas tenían cláusulas abusivas en sus hipotecas, y muchas, también, tuvieron que entregar su vivienda y aun así se quedaron con deudas a perpetuidad, y después vivimos, estamos viviendo todavía hoy, una burbuja del alquiler que ha supuesto, según algunas estimaciones, que entre el 2015 y el año 2020 los alquileres en nuestro país han subido hasta un 50%.

Esa burbuja ha beneficiado principalmente a los fondos de inversión y a los grandes rentistas, los grandes propietarios de nuestro país, que son esas personas que viven básicamente de alquilar las muchas viviendas que han heredado y que no trabajan.

Precisamente porque en estos años, en las últimas décadas en nuestro país, el sector de la vivienda, el sector inmobiliario, ha sido lo que muchos han calificado como la "ley de la selva", no ha habido ningún tipo de regulación. Creo que el Gobierno de coalición tenía la responsabilidad de poner orden en esa "ley de la selva".

Para muchos ha sido, sin lugar a dudas, la gallina de los huevos de oro, pero también ha sido el fracaso y que muchas economías familiares han estado enormemente comprometidas por tener que dedicar una parte muy importante de sus ingresos a pagar el alquiler o a pagar las hipotecas.

Pensábamos que era hora de reequilibrar esa balanza y por eso esta Ley protege, en primer lugar, a los inquilinos y las inquilinas, que son la parte más débil de la ecuación, se lo pone fácil a los pequeños propietarios, y al mismo tiempo, exige la necesaria corresponsabilidad a los grandes propietarios en la garantía del derecho a la vivienda, que, como sabéis, es un derecho consignado en nuestra Constitución.

Por primera vez, esta Ley va a permitir que las comunidades autónomas regulen los precios del alquiler en las zonas de mercado tensionado, que son zonas donde los precios del alquiler son inusualmente altos. En esas zonas los grandes propietarios van a tener que bajar los precios del alquiler a los índices de referencia y los pequeños propietarios, o bien van a ser congelados esos alquileres y, por supuesto, a través de los incentivos fiscales que aprobamos con esta Ley, y que algunos de ellos ya están en vigor, les va a salir a cuenta, para que se entienda, bajar los precios del alquiler, que yo creo que también es importante que se conozca esta medida relativa a los pequeños propietarios, dentro de las zonas de mercado tensionado, que van a poder declarar las comunidades autónomas.

Al mismo tiempo, vamos también a poner freno a la que ha sido una de las vulneraciones de derechos humanos más grave que se ha vivido en nuestro país, que son los desahucios sin alternativa habitacional. Ahora los juzgados, vamos a exigirles la responsabilidad de que soliciten, obligatoriamente, un informe a servicios sociales para determinar si la familia que va a ser desahuciada está en una situación de vulnerabilidad. Si lo está, la comunidad autónoma tendrá la obligación, en el plazo de 2 o de 4 meses, de buscar una vivienda alternativa, y la Ley recoge que tiene que ser una vivienda alternativa, no puede ser un albergue, como hemos visto en algunas comunidades autónomas.

Además, esta ley va a permitir movilizar la vivienda vacía. Quizás uno de los mayores retos éticos que tiene nuestro país es sacar toda esa vivienda vacía al mercado de la vivienda. Los datos del INE siguen estando ahí, y creo que es muy poco ético, y así lo considera este Gobierno, tener viviendas vacías cuando hay muchísimas personas, gente joven y no tan joven, y también personas que directamente no solo no pueden acceder a una vivienda, sino que están directamente viviendo en la calle, no podemos permitirnos tener viviendas vacías. Así que los ayuntamientos podrán utilizar esa herramienta que tienen en sus manos, que es el IBI, a través de un recargo que puede llegar hasta el 150 %, para sacar esa vivienda al mercado del alquiler o a la venta.

Y, sobre todo, creo que es verdad que las medidas que acabo de mencionar van, digamos, a los síntomas de un mercado inmobiliario que ha estado desregulado, que no ha tenido ningún tipo de control en las últimas décadas, pero, sobre todo, esta Ley va al que es el principal problema estructural que tiene el mercado de la vivienda en España, que es que no tenemos un parque público de vivienda en alquiler.

Eso nos aleja de Europa. Somos una anomalía en Europa. Países como Francia, y no es Francia el país de referencia, pero, por ejemplo, Francia, tiene siete veces más vivienda social que España. Otros países, como los Países Bajos, tienen 12 veces más vivienda social que España, pero simplemente referenciando en Francia, tienen 7 veces más viviendas sociales que las que tenemos nosotros.

Por eso, la medida de reservar obligatoriamente el 30% de cualquier promoción a vivienda protegida, y que de ese 30%, el 15% tenga que ir destinado a alquiler social, es una medida fundamental dentro de la Ley, porque es lo que nos va a ir permitiendo construir un parque público de vivienda en alquiler, y lo que va a evitar que se sigan, o que se puedan crear en nuestro país guetos, y la vivienda protegida y la vivienda de alquiler social esté repartida por igual en los distintos barrios. Como muy bien ha explicado la ministra, además, vamos a reforzar la protección de esa vivienda protegida, prohibiendo su venta, su enajenación, para no volver a sufrir situaciones que nadie quería en este país, como la venta de vivienda protegida a fondos buitre.

Esta Ley, como decía, la hemos elaborado teniendo en la cabeza a los inquilinos y a las inquilinas, a los pequeños propietarios, a todas esas personas que en nuestro país, pues tienen que ahorrar hasta 4000 euros y tener un contrato fijo para poder acceder a un alquiler, porque las condiciones que se piden son draconianas, a las personas jóvenes que no pueden desarrollar su proyecto de vida porque no pueden emanciparse y no pueden irse de sus casas, mucho menos pensar en tener hijos o hijas, a las familias vulnerables también las hemos tenido muy presentes, pero sobre todo, a todo el conjunto de la ciudadanía, que es mucha, que tiene que dedicar una parte muy importante de sus ingresos, de los ingresos de su familia, o bien a pagar un alquiler o bien a pagar una hipoteca.

Como decía la ministra, este Gobierno es plenamente consciente de que este texto todavía no cuenta con la mayoría suficiente en el Congreso, y desde aquí, a mí también me gustaría, hoy, tender mi mano a los grupos parlamentarios, para trabajar conjuntamente, para escuchar, para seguir mejorando la Ley, que siempre es posible, y, sobre todo, para que podamos alcanzar esa mayoría, alcanzar ese acuerdo lo antes posible.

Porque si algo tenemos claro la ministra de Transportes y yo, y creo que el conjunto del Gobierno, es que esta Ley es muy urgente, y cuanto antes podamos tenerla en vigor, antes podrán las comunidades autónomas declarar las zonas de mercado tensionado, y antes podremos empezar a construir ese parque público de vivienda que es imprescindible.

Y, por último, quería que mis últimas palabras fueran a los que, quizás, nadie les va a reconocer, pero yo sí quería hacerlo hoy desde aquí, creo que esta Ley nunca hubiera visto la luz si no fuera porque en nuestro país existe un movimiento social por la vivienda digna, que representa lo mejor de nuestro país, que son todos aquellos vecinos y vecinas que han puesto el cuerpo por los demás, que han dado su tiempo, generosamente, y a cambio de nada, más que defender el derecho de todos y de todas, y yo quería agradecerles su empuje y su compromiso, porque estoy segura que también en esta nueva fase van a tener mucho que aportar. Muchas gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, ministra. Y ahora, como siempre, tienen ustedes la palabra. Ana.

Pregunta.- (Ana Martín. El Debate) Buenas tardes a las tres, muchas gracias. Una pregunta para la ministra de Vivienda y otra para la ministra portavoz, por favor.

Tanto usted como la señora Belarra se referían a que esta ley de Vivienda no tiene los apoyos aún en el Congreso. Quería referirme, expresamente, a un aspecto al que se han referido varios de los grupos que podrían apoyarla, y es esa carencia, ese margen de 18 meses para su aplicación, para su entrada en vigor, lo que se refiere a la regulación de los alquileres. Quería saber si es posible rebajar, si están abiertos a rebajar ese margen.

Y, en segundo lugar, a la ministra portavoz, sobre la convalidación del decreto de la Reforma Laboral, parece ser que el portavoz del PSOE acaba de decir en el Congreso que tras el sí de Mas País, ya van saliendo las cuentas, sumando Ciudadanos, Teruel Existe, el PDeCAT y UPN. Quería saber si, en efecto, ya tiene el Gobierno amarrados los apoyos a 48 horas de la votación. Muchas gracias. Gracias.

Sra. Sánchez.- Muchas gracias.

Y en relación a tu pregunta, evidentemente, ahora empezamos la tramitación en las Cortes Generales. Como he avanzado antes en mis declaraciones, hemos solicitado tramitarla por urgencia, y, a partir de aquí, a partir de la entrada en vigor de la Ley, sí que se concreta a que, en un periodo máximo de 18 meses, es el periodo de tiempo que se ha establecido para poder aprobar o establecer las bases de este sistema de índices de precios de referencia del alquiler en las zonas tensionadas.

En cualquier caso, estamos hablando de un periodo máximo, pero que, desde luego, intentaremos reducirlo si es posible, pero también hay que tener en cuenta que la fijación de este sistema es una cuestión, es un tema de cierta complejidad. Hay que recabar la información. No todas las comunidades autónomas tienen, desde este punto de vista, no esa información, no en el mismo detalle, y, desde luego, entraña cierta complejidad.

Pero, en cualquier caso, aclarar que se trata de un periodo máximo que no necesariamente tiene que agotarse.

Portavoz.- Gracias, Ana.

En relación a la Reforma Laboral y a su convalidación en el Congreso, saben ustedes que el Gobierno está trabajando, de forma coordinada, de forma colaborativa, para conseguir esos apoyos, y por tanto no contemplamos otro escenario, como les decía la semana pasada, que no sea el de la convalidación.

Trabajamos de manera coordinada para lograr esos apoyos y el Gobierno no contempla orto escenario que no sea el de la convalidación, porque es ya hoy una Ley vigente, que está trayendo enormes ventajas a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, porque goza de la legitimidad y la fortaleza del diálogo social, y entendemos que los grupos políticos, que los grupos parlamentarios, van a hacer esta reflexión y, por tanto, trabajaremos hasta el final para lograr el máximo de los apoyos en relación a este acuerdo.

Esther.

P.- (Esther Redondo. La Sexta) Buenas tardes.

Quería preguntar, primero, a la portavoz, qué opinión merece al Gobierno el asalto al Ayuntamiento de Lorca que vimos ayer, eso en primer lugar.

Sobre la Reforma Laboral, si estarían dispuestos a que se tramitará esta reforma como proyecto de ley, y esto facilitaría un poco las conversaciones con los socios de Gobierno.

Y sobre el tema de los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia, saber qué medidas está estudiando, barajando el Gobierno para esclarecer los hechos y, sobre todo, evitar que no vuelva a suceder.

Y quería preguntarle también a la ministra de Derechos Sociales, a Ione Belarra, en el caso de que la Reforma Laboral saliera con los apoyos, entre otros, de Ciudadanos, y no con los habituales socios del Gobierno, ¿cree que complicaría la segunda parte de esta legislatura?

Portavoz.- Ministra.

Sra. Belarra.- Si quieres empezar tú, o ¿empiezo yo?

Portavoz.- Bueno, normalmente lo hago al contrario, pero no pasa nada.

Sra. Belarra.- Perfecto. Gracias por la deferencia. Todavía no me sé el protocolo.

Portavoz.- Lo que siempre suelo cederla a vosotros y como a mí me traen más preguntas, pues ya voy pensando.

Sra. Belarra.- Muchas gracias por la pregunta.

Nosotros ahora mismo, bajo el liderazgo de la vicepresidenta Yolanda Díaz, estamos trabajando, como bien ha explicado la ministra portavoz, para recabar todos los apoyos. Creo que la posición, además, la vicepresidenta, de qué apoyos estamos buscando ha quedado meridianamente clara, y creo que en momentos delicados como éste es fundamental la discreción, es fundamental dejar trabajar a los equipos y es lo que estamos haciendo, precisamente, para proteger esa negociación y que el jueves podamos tener buenas noticias.

Portavoz.- Muy bien. Gracias, ministra.

Esther, distintas preguntas que me planteabas, en relación al asunto acontecido en el día de ayer en el Ayuntamiento de Lorca expresar nuestra condena y rechazo a estas actitudes.

Desde luego, es muy reprobable que se produzcan estos actos de violencia, cuando se hacen, además, hacia una institución. Lo que se está agrediendo es la democracia y, por tanto, nuestro apoyo a toda la corporación, a su alcalde y nuestro absoluto rechazo y condena. Y no cabe, en esta cuestión de violencia, ningún apoyo ni ninguna otra consideración por parte de ninguno de aquellos que nos consideramos demócratas, y, por tanto, defendemos todas las instituciones del Estado.

La cuestión de la investigación de los abusos de la Iglesia. Saben ustedes que el Gobierno está trabajando. Lo estamos haciendo del lado de las víctimas. Queremos que se investiguen estos abusos, para reparar, fundamentalmente, su dolor y que no vuelvan a ocurrir.

Estamos comprometidos con las víctimas y lo vamos a hacer. Estamos estudiando, con absoluta determinación, todas las fórmulas posibles para hacerlo de la mejor manera, de la mejor manera que permita que se esclarezcan los hechos, que se repare el dolor de las víctimas y, sobre todo, impedir que esto vuelva a ocurrir. Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. Ese es el compromiso del Gobierno en esta cuestión.

Y, por último, y en el asunto de la Reforma Laboral, que creo que el otro asunto por el que usted me preguntaba, efectivamente, nosotros nos ratificamos en la posición que venimos manteniendo hasta ahora, y es en la legitimidad de esta reforma, en la fortaleza de que haya nacido del diálogo social y del acuerdo entre empresarios y sindicatos, y, por tanto, la opinión del Gobierno es que ha de convalidarse en sus propios términos, para que, efectivamente, continúe beneficiando, como ya lo está haciendo, desde su entrada en vigor, a cientos y miles de trabajadores, que han visto mejorado sus salarios o sus condiciones laborales.

P.- Hola ¿qué tal, ministra? Javier López, de 20 Minutos.

Yo tenía un par de preguntas, en primer lugar, para la tramitación de la Ley de Vivienda, no sé con qué socios se plantea el Ministerio negociar y si están dispuestos a ir a más en el plazo de control de alquileres o similares.

En segundo lugar, también estamos publicando en 20 minutos las actas de la pandemia, que son las actas de las reuniones con las autonomías, hoy, por ejemplo, publicamos que Sanidad prometió a las autonomías fijar el precio máximo de las mascarillas en abril de 2020, pero lo demoró 7 meses. ¿Alguna valoración al respecto? Muchas gracias.

Portavoz.- La de los apoyos de la de la ley, yo creo que todos, cualquier decisión del Gobierno siempre aspira al máximo de los apoyos, y en eso trabajarán las 2 ministras, como se acaban también de comprometer ante ustedes, no hago ninguna otra valoración.

Y en relación a la cuestión concreta que está publicando su medio, permítanme que aproveche su pregunta para poner en valor, efectivamente, el trabajo coordinado del Gobierno con las comunidades autónomas, inédito en nuestro país, y que además, fruto de ese trabajo y de esa experiencia que hemos avanzado en estos casi 2 años, que se va a cumplir desde aquel marzo del año 2020, efectivamente, el Gobierno está trabajando en reformas normativas, también comprometidas con la Unión Europea, en relación a la cuestión de dar mayor formalidad, rigor y un trabajo mayor coordinado en el ámbito de las conferencias sectoriales.

Pero sin ninguna duda, lo que ha primado en todas estas relaciones multilaterales, lo que prima y lo que valora al Gobierno es la relación leal y colaborativa de todas las administraciones, de todas las comunidades autónomas con el Gobierno de España.

Alberto.

P.- (Alberto Prieto. El Español) Hola que tal, buenas tardes ministras.

2 cosas principales, una, una aclaración, para la ministra portavoz, ha comentado usted que serán 65 mil plazas de 0 a 3 años en 2 años y no sé si le he entendido bien, que se esas 65 mil en estos 2 años, o que en 2 años tendremos un 100% de gratuidad en 0 a 3 años. Bien, era solo por aclararlo.

Luego quería preguntarle por qué, cuál es la razón de que, de repente, el Gobierno sí se meta en el asunto de los abusos y violaciones a menores en ámbitos de la Iglesia Católica, si ha pasado a algo nuevo, y si, y si esto, por ejemplo, lo hablaron el presidente con el cardenal Omella hace 10 días que se vieron, si, de alguna manera, esta conversación se mantuvo con el cardenal Omella, no se para advertirle, comentarle, preguntarle… algo así.

Y quería preguntarle a la ministra de Derechos Sociales, si cree que la vicepresidenta segunda, aparte de mucha discreción, está fracasando en su negociación, porque parece que sí, que se consiguen los apoyos por otro lado y no los de los socios habituales del Gobierno. Muchas gracias.

Sra. Belarra.- Gracias.

Bueno, como veo que hay muchas preguntas también sobre el tema de las agresiones sexuales en el seno de la Iglesia Católica, me gustaría hacer sólo un pequeñísimo comentario, y es que el Gobierno lleva tiempo trabajando en esta cuestión.

Si recordáis, la primera ley que aprobó mi ministerio fue, precisamente, la Ley Contra todas las Formas de Violencia hacia la Infancia, que ya contempla que hasta que la víctima no cumple los 35 años no empiezan a contar los plazos de prescripción, que esta es una medida fundamental, porque normalmente las personas que han sufrido agresiones sexuales en la infancia, hasta que no son mayores, no se dan cuenta de lo que ha pasado y muchos no encuentran la fortaleza suficiente para poder denunciar.

Entonces, eso además de que la LOPIVI, la Ley Contra todas las Formas de Violencia hacia la Infancia, ya contempla que haya protocolos de prevención contra las agresiones sexuales en todos los centros educativos, pero también en todos los centros de ocio, donde participan los niños y las niñas, por tanto, como decía la portavoz, no es algo que empieza hoy, sino que llevamos mucho tiempo trabajando en esta cuestión y ahora, lo que vamos a hacer, es reforzar todo ese trabajo, como bien ha explicado la portavoz, pero vamos, que comprometidos con esta cuestión y dándole prioridad política, llevamos bastante tiempo.

Respecto a la segunda pregunta, tengo que responder en la misma línea que contestaba previamente. A mí no me gusta hacer política ficción. En estos años de política institucional he visto cosas que, a priori parecían imposibles, ser posibles, como la regulación de precios del alquiler, por cierto, así que, yo creo, que hay que darle tiempo a la vicepresidenta y desde luego tiene mi máxima confianza para lograr todos los apoyos posibles.

Portavoz.- Muchas gracias, ministra. Además, agradezco el recordatorio del compromiso del Gobierno con esta cuestión que, como se ha publicado, fue objeto también de comentario por el ministro de la Presidencia en la reunión previa con la Conferencia Episcopal y por tanto, reiterar el compromiso que expresaba antes a preguntas de su compañero en esta cuestión, para buscar la mejor fórmula posible, para dar respuesta a esta situación tan reprochable, y, desde luego, estar con las víctimas, reparar su daño y evitar que vuelva a ocurrir.

En relación a los 0-3 años, ya nos gustaría resolverlo en 2 años. Sin duda va a ser un impulso muy importante por parte del Gobierno de España, en unas competencias que, como saben ustedes, están delegadas en las comunidades autónomas y lo que hacemos es aprovechar el Plan de Recuperación, porque estos Fondos provienen también del Plan de Recuperación, de los Fondos europeos, para facilitar esa implementación de la gratuidad 0-3 años, a aquellas comunidades autónomas que puedan tener una mayor fortaleza y agilidad para implementar una educación 0-3, que desde nuestra competencia de legislación básica, consideramos muy importante, y ahora, como novedad y como les decía, lo contemplamos desde un ámbito sobre todo educativo y no tanto asistencial, que es la forma en la que hasta ahora se ha venido trabajando la educación 0-3 en el contexto educativo de nuestro país.

Irene.

P.- (Irene Castro. El Diario) Hola que tal, buenas tardes.

A la ministra de Transportes le quería preguntar si nos puede precisar cuáles son las consideraciones del Consejo General del Poder Judicial, que sí se han tenido en cuenta en la Ley.

Y a la ministra portavoz, respecto a la investigación sobre los abusos sexuales en la Iglesia, le quería preguntar cuándo se va a producir finalmente la reunión del presidente con víctimas y si será en ese momento en el que se concrete, cuál va a ser la fórmula que están buscando, y si nos puede dar alguna pista de cuál es esa fórmula.

Y, por último, el rey emérito ha confesado recientemente su deseo de volver a España, cuando no sea un problema para Felipe VI. ¿Cree el Gobierno que se dan las circunstancias para que vuelva Juan Carlos I ya? Gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, Irene. Ministra, si te parece…

Sra. Sánchez.- Sí, muchas gracias.

En relación a la pregunta que formulaba sobre las cuestiones en concreto que se han introducido o qué modificaciones ha experimentado el anteproyecto de ley en virtud de este informe del Consejo General del Poder Judicial, decir que las modificaciones no son de carácter sustantivo, puesto que esas apreciaciones, sobre todo, que se realizan y que han supuesto introducir alguna modificación, se refieren, sobre todo, a cuestiones para clarificar el entendimiento del por qué el Estado tiene competencias para regular en esta materia, para aprobar la Ley de Vivienda, por qué entendemos, como decía antes, que tiene esa competencia exclusiva, en virtud del artículo 149 de la Constitución, y hemos introducido mejoras y referencias a la legislación autonómica en materia de vivienda, para la aplicación de determinadas medidas.

Por lo tanto, en la exposición de motivos, también en la disposición final sexta, cuando se hace referencia a determinadas cuestiones, se clarifica y especifica que se tiene que tener en cuenta, evidentemente, la legislación autonómica.

También reconocemos, expresamente, el principio de cooperación en el que se basa el Estado a la hora de actuar en esta materia y se identifican los órganos de cooperación, a los que se refiere el artículo 21, y también se clarifica y se refuerza la coordinación que debe existir entre las administraciones y por lo tanto, se introducen, como decía anteriormente, aclaraciones que ayuden a entender ese respeto entre las competencias del Estado y las competencias de las comunidades autónomas, y también se introducen una serie de aclaraciones, sobre todo temas que yo creo, incidirán favorablemente en la claridad expositiva y en la calidad de la técnica normativa de la ley.

Portavoz.- La reunión del presidente será este jueves, este próximo jueves, al final de esta semana, e insisto en la disposición del Gobierno es actuar con determinación para aclarar lo ocurrido y buscar el mecanismo más adecuado. Si lo tuviéramos ya, si lo hubiéramos terminado de concretar, les hubiera informado.

Por tanto, me van a permitir que no ahonde más en esa cuestión, porque, efectivamente, estamos trabajando con rigor, para dar la mejor respuesta, para conseguir ese objetivo, que logramos que es esclarecer los hechos y dar cobertura al dolor de las víctimas.

En las relaciones con el rey emérito, saben ustedes que no son objeto de tratamiento por parte del Gobierno. Les he respondido a preguntas como esta en otras ocasiones y me remito, de nuevo, a indicarles que las relaciones del Gobierno lo son con la actual Casa Real, con el actual jefe del Estado, y en ese sentido, las relaciones son correctas y en esta cuestión no tenemos nada que añadir ni nada que decir.

Y vamos a por la última, Nicolay.

P.- (Juan Antonio Nicolay. Nius) Sí, buenas tardes.

Yo quería preguntar a la ministra Belarra, después de lo que ha supuesto para la coalición y para usted misma la negociación de la Ley de Vivienda, no sé qué sensación le queda que el control de rebaja de los alquileres quizá llegue in extremis dentro de esta legislatura, y además, llegue en una parte mínima del territorio, debido al anuncio de boicot a la misma, a las medidas de regulación de alquiler, que ya han anticipado alcaldes y presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular. Es decir, que va a llegar tarde y en poco territorio.

Y a la portavoz quería preguntarle, a estas alturas, el Gobierno es de las pocas instancias que no se ha pronunciado hasta ahora sobre lo ocurrido en el Benidorm Fest, ¿son partidarios de que se investigue o no el resultado de aquella votación? Y si las ministras quieren decir cuál es su canción favorita, pues agradecido.

Sra. Belarra.- Si, me voy a callar lo que pienso, sobre la canción.

Pero bueno, yo creo que la ministra de Transportes lo ha explicado con muchísima claridad. El plazo de 18 meses es el plazo máximo. El Gobierno ya es consciente de que va a tener que elaborar estos índices y, por tanto, yo creo que nos ponemos a disposición y a trabajar desde este mismo momento. Pero, sobre todo, porque, efectivamente, la semana pasada pude hacer una ronda de contactos con la sociedad civil, y comparto con usted que, efectivamente, este es uno de los temas que más preocupa a los colectivos de la sociedad civil, y tenemos que seguir trabajando para que, el trámite parlamentario, dar respuesta también a las demandas de participación y de propuestas del resto de grupos parlamentarios. Por tanto, lo iremos abordando.

Yo creo que tiene que quedar claro y es importante, lo he dicho en algunas ocasiones a lo largo de esta semana, los avances sociales como el que supone esta Ley de Vivienda han tenido, siempre, en contra el rechazo o la limitación por parte de poderes que son abiertamente reaccionarios, y que se opusieran en su momento, por ejemplo, a la ley "solo si es si", a la ley del matrimonio igualitario, a la ley de violencia de género, incluso, en su momento.

Yo creo que esta ley va a ocurrir algo parecido, y es que, con el paso del tiempo, los propios partidos de derechas van a asumir como propia una Ley que es imprescindible para nuestro país, pero que sobre todo responde a una mayoría social que la demanda. El ejemplo más claro creo que lo tenemos en el exalcalde de Badalona, el señor García Albiol, que reguló los precios del alquiler en el marco de la regulación catalana de precios del alquiler, y es un alcalde, como saben bien, del Partido Popular.

Yo creo que cuando los dirigentes del Partido Popular tengan en sus manos una herramienta para bajar los precios del alquiler, van a tener que responder ante la ciudadanía y seguramente muchos se lo van a pensar dos veces. Porque efectivamente, si los ciudadanos y las ciudadanas ven que en Valencia se están bajando los precios del alquiler, o en Barcelona y o mismamente en Baleares, como ya ha anunciado la propia presidenta Armengol, creo que les van a pedir cuentas y, seguramente, muchos dirigentes del Partido Popular van a repensar su postura. Gracias.

Portavoz.- Si la última pregunta me sirve para decirles que el concurso europeo en el que está centrado este Gobierno, como saben ustedes, es en el cumplimiento del Plan de Recuperación y el despliegue de los Fondos, donde, por cierto, aquí sí, España es la primera, sin ninguna duda, a pesar de que algunos no quieran verlo.

Muchas gracias y buena tarde.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)