Comparecencia de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

La Moncloa

MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: Isabel Rodríguez

VICEPRESIDENTA TERCERA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO: Teresa Ribera

MINISTRA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA: Raquel Sánchez

Portavoz.- Buenas tardes a todos, disculpen. En el día de hoy nos hemos retrasado un poco más de lo habitual. Saben que me gusta la puntualidad.

Bueno, pues vamos a dar comienzo a esta rueda de prensa para, como siempre, cada martes, darles cuenta de los acuerdos que hemos llevado al Consejo de Ministros, en este caso, algunos de ellos con gran trascendencia por la importancia en cumplir los compromisos dados a la ciudadanía, por lo que significa para la sociedad española, para el despliegue total de nuestra Constitución, al desarrollo de ese derecho a la vivienda que se culmina en esa nueva Ley de Vivienda que nos presentará la ministra Raquel Sánchez, en la que damos cobertura o expandimos el estado del bienestar, anclando nos ya en un quinto pilar del estado del bienestar, con una ley que será la primera ley estatal, como digo que en nuestro país (me estoy escuchando) desarrolla el derecho a la vivienda. (Lo sigo haciendo. Me sigo escuchando. ¿Es la primera vez que ocurre esto? Sí. Siempre hay una primera vez. Sí, perfecto) Como digo, una ley muy importante de la que le va a dar cuenta la ministra.

El Gobierno sigue avanzando en estos acuerdos importantes que dan cumplimiento a nuestros compromisos, pero también sigue abordando el desarrollo de transformaciones estructurales, como lo es en materia energética y atendiendo circunstancias coyunturales. También me acompaña la vicepresidenta tercera, que les dará cuenta de un Real Decreto importante en materia de protección de los consumidores y de la industria en su relación con la energía.

Y no hemos olvidado tampoco, en el día de hoy, lo que es una de las señas de identidad de este Gobierno, que es la protección a los vulnerables, y hemos dado mayor vigencia, hemos incrementado la vigencia, hemos ampliado la vigencia del escudo social, lo hemos prorrogado hasta el próximo 28 de febrero del año 2022, coincidiendo, además, para dar coherencia a nuestra política, con la ampliación, con el plazo de ampliación que, como saben ustedes, aprobamos para los ERTEs.

En definitiva, se trata de seguir protegiendo a las personas vulnerables en nuestro país, protegiéndolas con este escudo social y también de manera que podamos velar por sus economías. El Gobierno ahonda en su estrategia de garantizar la igualdad, la justicia social y el progreso, consolidando al mismo tiempo nuestra estructura de bienestar social.

Les recuerdo que este Real Decreto del Escudo Social incluye la prórroga de la garantía del suministro de gas, de agua y de electricidad, un bono social para colectivos vulnerables, la suspensión de los desahucios en situaciones de vulnerabilidad, la solicitud de moratoria o condonación del pago del alquiler, y también hemos incorporado, hemos aprovechado esta prórroga del Real Decreto, para atender una circunstancia extraordinaria que se estaba produciendo y a la que había que darle respuesta, que es a la situación que viven los autónomos, los hombres y mujeres que cotizan en el régimen de autónomos en la isla de La Palma, y que han visto cesada su actividad, bien total o parcialmente, y van a verse reconocidos aquí también una prestación económica extraordinaria para dar cobertura a esa situación.

Y en relación con la isla de La Palma, como ya les anunciara el presidente del Gobierno, hemos agilizado ya los trámites para que se disponga del presupuesto necesario, concretamente, para dos acciones, una de ellas sería un plan de empleo para dar respuesta a aquellas personas que han perdido su modo de vida como consecuencia de la explosión del volcán en la isla de La Palma, con 68 millones de euros que vamos a gestionar con el Gobierno de la isla en políticas activas de empleo, y, también una partida de 6,8 millones de euros que vamos a destinar a la agricultura y la ganadería de la isla para dar respuesta, como digo, y como estamos haciendo de manera contundente, de manera precisa, y que se va a mantener en el tiempo en tanto en cuanto no se recupere la normalidad en la isla.

Me acompaña, como decía, la vicepresidenta tercera, que les dará cuenta del Real Decreto para la protección de los consumidores y para la introducción de transparencia en el mercado de la electricidad y del gas natural, le voy a ceder inmediatamente la palabra, con ayudas a las familias para que puedan verse beneficiadas de estas ayudas, concretamente de forma económica.

Y, por último, simplemente mencionarles un acuerdo importante por lo que significa el turismo en nuestro país. Ser sede de la Organización Mundial del Turismo nos ha permitido que en 5 semanas vayamos a organizar la XXIV Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo y hayamos tenido que aprobar esta partida presupuestaria para desplegar todo el operativo, para que sea posible la celebración de esta importante asamblea en nuestro país, en un asunto que tanto nos preocupa y nos ocupa en este momento y en el que tenemos puestas las esperanzas en la recuperación y en la reactivación del sector.

Así que sin más, vicepresidenta, puedes pasar a explicar el Real Decreto.

Sra. Ribera.- Muy bien, pues muchas gracias, ministra y buenos días, buenas tardes ya a todos.

Es un gran placer estar aquí otra vez con un Decreto Ley que tiene una triple finalidad.

En primer lugar, tiene la finalidad de impulsar de manera extraordinaria la protección de los consumidores vulnerables, digo de manera extraordinaria porque hemos adoptado medidas especiales que incrementan la cobertura del bono social eléctrico y del bono social térmico en este en invierno.

En segundo lugar, porque creemos que es fundamental, más todavía en un momento de crisis de precios como el que estamos viviendo, incrementar la transparencia y la capacidad de supervisión en los mercados eléctricos y gasistas.

Y en tercer lugar, porque pensamos, y es un mensaje que nos ha venido llegando con contundencia por parte de la industria española que cuenta con un nivel de cobertura bajo en relación con el nivel de cobertura que sus competidores europeos tienen en la compra de electricidad, que es capital favorecer la estabilidad en los precios de la electricidad para los consumidores industriales, y por tanto, que los contratos firmados con los suministradores habituales puedan, no solamente mantenerse, sino prorrogarse de forma automática o ampliarse.

Les cuento rápidamente las medidas que incorporamos en esta disposición que hemos aprobado hoy, que se suman, como bien ha señalado la ministra portavoz, a la ampliación hasta el 31 de marzo, en el marco del Decreto Ley del Escudo Social, para poder asegurar que queda prohibido el corte de suministros básicos, tal como viene aconteciendo desde la declaración del primer Estado de Alarma.

Con respecto a la protección de los consumidores, las medidas, como digo, tienen por finalidad ampliar de manera extraordinaria la cobertura a los beneficiarios del bono social eléctrico y del bono social térmico.

Con respecto al bono social eléctrico, fijamos que hasta el 31 de marzo del año 2022 los consumidores vulnerables contarán con una cobertura adicional. Pasa de que tengan una cobertura a la que hace enfrente sus comercializadoras del 25% del precio de la energía que consumen, a que sus comercializadoras hagan frente al 60% de la energía que consumen.

Lo mismo ocurre con los vulnerables severos, donde la cobertura se incrementa del 40 hasta el 70%.

Como digo, se trata de un incremento que en principio está asociado a la tensión que vivimos en el precio del mercado mayorista, que es al que está indexado la tarifa PVPC de la que disponen los consumidores incluidos en el bono social, los consumidores vulnerables.

De forma extraordinaria, los consumidores vulnerables también van a poder disponer de un dinero extra para afrontar el invierno con cargo al bono social térmico. Por una vez, en este año, en este invierno, habrá un cheque de 90 euros por familia para cubrir sus necesidades de calefacción. Un cheque que esperamos pueda estar disponible durante el mes de diciembre.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico se transferirán las partidas correspondientes a cada una de las comunidades autónomas, que son quienes, en virtud de sentencia del Tribunal Constitucional, hacen frente a los pagos, y la finalidad de ese dinero, de ese cheque, tiene, precisamente, por objeto el poder dar un mayor volumen de protección para, en los meses del invierno, poder contar con calefacción adecuada en los hogares, confort térmico, con independencia de cuál sea el modo que cada casa calefaccione de su hogar.

El segundo bloque de medidas tiene por finalidad precisar que significa la aminoración que regulamos en el Decreto Ley 17/2021.

La aminoración se aplica, decíamos entonces, a quienes hayan incorporado beneficios extraordinarios asociados al incremento del precio del gas. Nos solicitaron que diéramos transparencia a que significa haberse beneficiado de forma extraordinaria del precio del gas, y, como digo, es importante que esto sea así, aquellos que no hayan incorporado esos beneficios extraordinarios, por definición, no entraban dentro del ámbito de aplicación de la regla de aminoración, pero nos han pedido que lo precisemos. Es razonable hacerlo por razones de transparencia, pero también por razones de estabilidad en el conjunto de los mercados.

Quedan exentos de aminoración, por tanto, quienes no lo hayan incorporado, bien porque cuenten con contratos a plazo, el precio fijo con anterioridad del 16 de septiembre 2021, la fecha en la que se adoptó ese Decreto Ley, bien porque aquellos que tengan en este momento voluntad de fijar en un contrato una ampliación de esa cobertura, lo hagan a precio fijo.

Como decía antes, en un momento en el que la industria cuenta con una cobertura muy limitada y están teniendo que acudir al mercado mayorista del gas, es fundamental que haya un incentivo a ampliar la contratación a precio fijo para los consumidores industriales.

Si en este contrato hubiera una parte de la energía que se venda que esté indexada al mercado, evidentemente en esa parte indexada el mercado corresponderá hacer la aminoración de forma proporcional y en el resto de los supuestos se sigue aplicando la misma regla de aminoración.

Sabemos que con esto es posible poder dar cumplimiento a la previsión de mantener, sin ningún tipo de modificación ni actualización, los precios a los que los suministradores de electricidad ofrecen esta cobertura a los industriales y queremos que esta cobertura quede ampliada por lo menos durante un año más.

Para ello es imprescindible reforzar los mecanismos de transparencia y la capacidad de supervisión de los reguladores.

Empiezo por la transparencia.

Es importante la transparencia en los mercados minoristas. Es importante que los consumidores entiendan cuáles son las condiciones de sus contratos, que están pagando en sus tarifas, y el conjunto de las condiciones de sus tarifas, no solamente porque se pueda disponer de un simulador, sino porque, del mismo modo que existen otros servicios básicos, como puede ser en la telefonía, esté a disposición de cualquier consumidor interesado, el conjunto de las condiciones ofertadas por todas las compañías en relación con todas sus tarifas, con todos sus contratos.

Del mismo modo que es imprescindible eliminar cualquier riesgo de mala práctica con respecto a los cambios en las tarifas. Por tanto, se incluye que cualquier modificación en cualquiera de las condiciones de contrato deba ser comunicada con al menos un mes de antelación y de modo perfectamente comprensible por cualquier ciudadano.

La disponibilidad de todas las condiciones debe quedar expuesta al público en la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), como se hace con las de telefonía. La comunicación, el modo en el que se comunique deberá ser precisado.

Junto a esto es fundamental fortalecer, decía, la información relevante para entender cómo se opera en el mercado mayorista y desde el mercado mayorista se acaba trasladando el precio al consumidor final.

Por eso hemos creído que era importante introducir nuevas obligaciones de información que permitan que los reguladores puedan supervisar con mayor claridad, con mayor precisión, el comportamiento de generadores, comercializadores y el precio final al que la electricidad es vendida a los consumidores.

Hasta ahora esto tenía lugar a través del operador del mercado, pero quedaba excluida, en la letra pequeña de precios y costes en los contratos dentro del mismo grupo verticalmente integrado, es decir, la compañía de generación que vendía a la sociedad de comercialización dentro del mismo grupo no reportaba con el mismo nivel de detalle, y tampoco se ofrecía información con respecto a la cobertura financiera.

Por tanto, el Decreto Ley incorpora un fortalecimiento de toda la información que se debe trasladar al supervisor en el ámbito de la electricidad y en el ámbito del gas. De este modo sabemos mejor el modo en el que funciona el traslado de costes a precios, el modo en el que, finalmente, está repartido en el conjunto de la cadena de valor hasta el consumidor final, cada uno de los eslabones que marca precio.

Con este paquete damos un paso más en el fortalecimiento del funcionamiento del mercado eléctrico, sabiendo que todavía hay unas cuantas cosas que necesitan respuesta precisa.

La letra principal de nuestro trabajo está destinada a seguir reforzando la estrategia de transición energética, fortaleciendo los mecanismos y la regulación en materia de autoconsumo renovable y eficiencia. Sabemos que tenemos que seguir trabajando con Europa. Hoy se celebra en Luxemburgo un Consejo Extraordinario de Ministros de Energía, al que ha acudido la Secretaría de Estado para debatir, precisamente, que medidas, que propuestas pueden impulsar una decisión concertada a nivel europeo, para que pueda ser respaldada, respaldadas en su caso por el Consejo Europeo de Diciembre. Sabemos que debemos abrir un diálogo con aquellos productores de energías renovables, cogeneración y residuos, que cuentan con una retribución garantizada por ley, con rentabilidad razonable y venden su energía al precio del pool.

Pensamos que aquí hay margen para facilitar, con plena garantía de precio, respetando la rentabilidad razonable de estos de estos productores, buscar acceso a un volumen adicional de electricidad a precio muy por debajo de los costes del pool.

Creemos que es clave seguir trabajando para acompañar a los consumidores de gas, en particular a los consumidores de gas industrial, que se encuentran particularmente expuestos, también, con un nivel de cobertura baja a través de contratos a precio fijo y a largo plazo.

Y sabemos que tenemos que proteger a los comercializadores (por error, aparece consumidores) comercializadores independientes, pequeñas comercializadoras que compiten con los grandes grupos energéticos y que en estos momentos tienen dificultades, tanto de liquidez como de garantía, con respecto al cumplimiento de las obligaciones de avales y de seguridad por los que deben responder ante las autoridades supervisoras.

Por este motivo, también con este colectivo, hemos iniciado un trabajo que a través del ICO nos permita ofrecer garantías de mayor liquidez o avales y a través de la organización del Mercado Ibérico de la Electricidad y de la CNMC ofrecer garantías adicionales para reducir los plazos y las obligaciones con respecto a sus avales y obligaciones de funcionamiento frente a las autoridades regulatorias.

Con todo este paquete entendemos que damos un paso más, insisto, probablemente todavía con necesidad de ser completado en los próximos meses, tanto en lo que respecta al régimen de los pequeños productores de electricidad renovable, asociados a un régimen estable, con rentabilidad razonable fijada por ley, como en el acompañamiento a los consumidores de gas y el acompañamiento a las pequeñas comercializadoras.

Muchas gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, vicepresidenta. Ministra.

Sra. Sánchez.- Muchas gracias ministra portavoz, vicepresidenta y buenas tardes ya a todos y a todas.

Hoy me corresponde comparecer de nuevo ante todos ustedes en esta rueda de prensa y especialmente satisfecha y contenta, creo, por poder anunciar que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a dos anteproyectos de ley, el primero relativo al anteproyecto de Ley de Arquitectura y calidad del entorno construido, al que me referiré más adelante, pero también, como bien saben, al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda.

Les anuncio, además, que también se ha acordado que sean tramitados de urgencia, con la finalidad de que puedan ser remitidos a las Cortes Generales antes de que finalice este año.

La verdad es que estamos ante la aprobación de un anteproyecto de ley, el de la Ley por el Derecho a la Vivienda, que desde luego pretende configurar la vivienda como el quinto pilar del estado del bienestar en nuestro país.

Sin duda, todos somos conscientes de que la vivienda es algo indispensable, necesario para desarrollar el proyecto vital de cualquier persona, y en este sentido, si hablamos de dignidad personal, desde luego hay dos elementos que son indiscutibles y que son necesarios, uno de ellos es el trabajo y el otro, la vivienda.

Por lo tanto, es una potente herramienta para facilitar la integración, pero también una potente herramienta para luchar contra la desigualdad, para luchar contra la marginalidad y para luchar contra la exclusión.

Es evidente que con la aprobación de esta ley, el Gobierno de coalición cumple, cumple con sus compromisos, los compromisos que asumió con los ciudadanos y las ciudadanas, y sobre todo, lo que pretende es garantizar que el derecho a la vivienda realmente es eso, es un derecho que los poderes públicos están interpelados y están obligados a responder, a atender y por tanto, sobre todo, a no permanecer impasibles, a no mirar a otro lado, cuando realmente hay situaciones verdaderamente sangrantes que están viviendo muchos ciudadanos y ciudadanas y sobre todo, los colectivos más vulnerables.

Es la propia Constitución la que reconoce que la dignidad personal es el fundamento del orden político y de la paz social, y por lo tanto, a través de esta consagración del derecho a la vivienda, también se permite el acceso y el ejercicio a otros derechos que son consustanciales, como son la libertad, la intimidad y la seguridad.

Y en definitiva, esta ley es la ley que va a permitir que los más jóvenes puedan iniciar sus caminos y que puedan emanciparse de sus padres y de sus madres. Es una ley que también va a poder dar respuesta y va a poder ofrecer un entorno seguro a esos niños, en las que sus padres podrán transmitir unos valores seguros en un lugar que consideran su hogar.

También es el lugar, y protegemos la residencia de los más mayores, que conocemos y que sabemos que las edades avanzadas es el lugar que más tranquilidad y comodidad les proporciona.

Y también protegemos y garantizamos el acceso a la vivienda por parte del sector de la discapacidad, que tengan el derecho también garantizado a acceder a una vivienda que desde todas las perspectivas es accesible.

Por lo tanto, estamos ante la aprobación de una ley que sin duda es histórica. Una ley que servirá para combatir los excesos de acceso al mercado inmobiliario que se han producido hasta ahora, y una ley que desde luego va a ofrecer seguridad jurídica, va a ofrecer seguridad jurídica porque la vivienda pasa de ser considerado un bien de mercado, a ser garantizado y consagrado como un derecho, y sobre todo, la función social que la ley y la Constitución le atribuyen al derecho a la vivienda.

Es importante, decía antes, que es una ley que va a ofrecer seguridad jurídica y es una ley garantista y que protege por una parte, al arrendatario, al inquilino, pero también va a proteger al propietario y por lo tanto, desde esa perspectiva, también protege el derecho a la propiedad y en ningún caso supone una invasión a las competencias de las comunidades autónomas, que, como saben, son las competentes en esta materia.

Desde luego que era urgente, necesario, actuar ante una situación que se había producido durante los últimos años, que era la enajenación de un exiguo parque de vivienda público, y con esta ley lo que pretendemos, en cualquier caso, es revertir ese proceso, revertir esa tendencia, porque actualmente las cifras, yo creo que hablan por sí solas, tenemos en nuestro país, en España, un parque de vivienda pública que ronda las 290 mil viviendas, es decir, que solo ofrece cobertura a un 1,6 de los hogares frente al casi 10% de cobertura que ofrecen los países de nuestro entorno.

Por lo tanto, era urgente combatir las subidas abusivas de los precios. Era urgente también combatir la creciente desigualdad y degradación que se estaba produciendo en muchos barrios humildes y por lo tanto, hallar, de esta manera, una salida al laberinto en el que muchos se encontraban porque no podían asumir el pago, ni de su de su vivienda, que habían comprado, ni tampoco pagar el alquiler a unos precios razonables. Y esto suponía también directamente ahondar en la pobreza, puesto que muchas familias tenían que destinar una parte importante de sus ingresos a satisfacer sus pagos y a duras penas podían llegar a satisfacer incluso otras necesidades básicas.

Por lo tanto, con esta ley representa y asumimos el camino inverso a la liberalización y a las burbujas inmobiliarias y nos conecta, insisto, con la realidad de miles y miles de familias que, por lo tanto, ni siquiera podían hacer frente a los suministros básicos.

Me permitirán ahora que desgrane alguno de los aspectos y de las cuestiones más conceptuales que también contempla este proyecto de ley, pero sobre todo fija y define que debemos entender como una vivienda digna y adecuada. Una vivienda digna y adecuada es aquella vivienda que es habitable, que es accesible, que es eficiente energéticamente y que garantiza también el acceso a los suministros básicos, sin que su disfrute suponga un esfuerzo financiero inasumible por parte de los ciudadanos y las ciudadanas.

A partir de la aprobación de esta ley, consideramos patrimonio el parque público de vivienda social y por lo tanto queda sujeto a permanente protección y no podrá ser enajenado. De esta manera, ofrecemos seguridad jurídica y material a los más vulnerables, que se veían expuestos a esa posible enajenación de ese parque público de vivienda social que se había producido hasta ahora.

Junto a la vivienda protegida, creamos la figura de la vivienda asequible incentivada, que es aquella que es de titularidad privada, pero se otorgan determinados beneficios fiscales o de cualquier otra índole, urbanísticos también, con el incentivo de que sean destinados a alquiler a precios reducidos.

Incentivamos también la movilización de la vivienda vacía. Saben aquí que introducimos la posibilidad de establecer un recargo hasta el 150% del IBI en la cuota líquida por parte de los ayuntamientos. En la actualidad existía la posibilidad de imponer ese recargo hasta el 50%. Lo que hacemos ahora es ampliar ese abanico que va del 50% al 150%, que afectaría a aquellas viviendas que se hayan mantenido desocupadas durante más de dos años, y para aquellos propietarios, titulares, de un mínimo de 4 viviendas en el mismo municipio.

También con esta ley vamos a mejorar la regulación de los desahucios, tanto en los procedimientos civiles como también los que se derivan de los contratos de arrendamiento en situaciones de vulnerabilidad. Lo que pretendemos es que haya una comunicación rápida y efectiva entre los jueces y los servicios sociales correspondientes, y se promoverá que estos puedan dar una respuesta habitacional a las familias vulnerables cuando se determine que sea una respuesta habitacional, que se active por parte de los municipios, de las comunidades autónomas, o también con cargo a los recursos del Estado u otras que puedan acordarse con el sector privado.

Para dar tiempo a que se puedan resolver estas situaciones y se puedan atender estas situaciones de necesidad, se establece y se amplía el periodo de suspensión de los lanzamientos de 1 a 2 meses, cuando el titular propietario de la vivienda es una persona física y de 3 a 4 meses, cuando la persona titular de la vivienda es una persona jurídica.

También muy importante, es que incentivamos la vivienda protegida en alquiler a precio limitado. Esto lo hacemos a través de la legislación urbanística, que puede establecer una reserva del 30% en suelo urbanizado para las viviendas que se encuentran ya en suelos consolidados, en suelos urbanizados, estableciendo, en ese caso, las compensaciones que correspondan a los titulares cuando se vean afectados derechos adquiridos. Y de esta reserva del suelo, del 30%, se establece también la posibilidad, un porcentaje mínimo, de que el 50% de ese 30% sea destinado a vivienda en alquiler.

Uno de los puntos que también ha generado más interés es el de la posibilidad de las administraciones competentes de declarar durante un periodo de 3 años prorrogables año a año, si concurren las circunstancias, que puedan declarar, como decía, zonas de mercado residencial tensionado. Dicha declaración comportará la adopción de un plan específico para orientar las actuaciones y revertir y corregir los desequilibrios que se detecten. Establecemos mecanismos excepcionales de contención y bajada de precios en estas zonas, ya sea para aumentar el parque de vivienda, la oferta, o para impedir incrementos abusivos de la renta, y esto se hará a través de los incentivos fiscales a la bajada de precio.

En estas áreas de mercado residencial tensionado y durante el tiempo preestablecido, los arrendatarios podrán acogerse a una prórroga extraordinaria de 3 años del contrato con carácter anual, lo pueden hacer con un máximo de 3 años, pero prorrogables año a año, siempre y cuando persista la declaración del ámbito como tensionado, también en las áreas tensionadas, para los nuevos arrendamientos de viviendas que ya estaban en el mercado, se podrá incrementar la renta del contrato anterior con el incremento del IPC correspondiente, pero se puede permitir el incremento hasta el 10% en supuestos de mejora, rehabilitación o para contratos de larga duración, de más de 10 años.

Esta ley define lo que debemos entender como gran tenedor, que es aquella persona física o jurídica que sea titular de más de 10 viviendas, excluyendo garajes y trasteros, titular de más de 10 viviendas, o también de una superficie construida de más de 1500 metros cuadrados.

En estas áreas declaradas tensionadas, cuando el propietario sea una persona jurídica gran tenedor, la renta de los nuevos contratos estará limitado al precio del contrato anterior, siempre y cuando este sea inferior al precio que sea que se analice o que se establezca como precio de referencia.

En este sentido, abrimos un periodo de 18 meses a partir de la aprobación de la ley para establecer cómo debe ser ese sistema de referencia y para establecer cuáles deben ser esos criterios para aplicar en ese sistema.

Vamos a estimular fiscalmente el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles y eso lo vamos a hacer en los nuevos contratos, que se establece una deducción general del 50%, que en las áreas tensionadas pasará a ser el 90% cuando se produzca una bajada del 5% en el precio de la renta del contrato anterior. Esta deducción del 50 puede pasar en otro caso al 70, si se alquila por primera vez una vivienda a jóvenes de entre 18 a 35 años en esas zonas, o también si se trata de un contrato en el que se han realizado, un nuevo contrato en el que se han realizado en la vivienda obras de rehabilitación o mejora, esa deducción puede pasar del 50 al 60%.

Por lo tanto, estas medidas pensamos que permiten conciliar los intereses de los inquilinos, pero también los intereses de los propietarios. Es decir, a un propietario les sale a cuenta, les resulta interesante bajar esta renta.

En un ejemplo práctico, en un supuesto práctico, por ejemplo, un arrendatario con una vivienda en un área tensionada que ha fijado como precio de alquiler 800 euros, no estamos hablando de un gran tenedor, estamos hablando de una persona física, si aplica esa reducción del 5%, es decir, una reducción de la renta de 800 euros a 760, podría obtener una reducción de hasta el 90% del beneficio neto en el impuesto, en el IRPF. En ese caso, calcularíamos que los rendimientos netos serían de 6384 euros, que, si actualmente tributan a un 60%, es decir, tributarían 3830 euros con el marco actual, con esa reducción que sugerimos que puedan aplicar los propietarios, esa reducción iría hasta el 90%. Por lo tanto, el importe sujeto a tributación sería de 638 euros. Pasaríamos de un importe sujeto a tributación de 3830 euros a 638 euros. Esto en cuanto a los incentivos que se introducen para las personas físicas en estos entornos de áreas tensionadas.

Por ejemplo, otro ejemplo, el que se podría aplicar a los jóvenes que pagan una misma renta de 800 euros, un joven de entre 18 a 35 años, con una renta que está por debajo de los límites que ya fijamos en el bono social del alquiler, podría verse beneficiado, por una parte por esa cuantía de 250 euros que contemplamos en el bono de alquiler para jóvenes, y, además podría sumar las ayudas del Plan Estatal de Vivienda, que permite ayudas de hasta el 40% del coste de la renta, con lo cual una renta que está fijada en 800 euros supondría al joven tan solo un esfuerzo de 230 euros.

Por lo tanto, entendemos que hemos articulado toda una serie de medidas, las que operan a través y que se activan a través de esta Ley Estatal de Vivienda, pero también que deben entenderse que funcionan de una manera conectada, de una manera integral, con el resto de mecanismos que ya hemos ido explicando y que conocen como el Plan Estatal de Vivienda, el plan de alquiler, el plan de vivienda para el alquiler asequible y otras medidas que hemos explicado en las últimas semanas, como el bono joven para el alquiler.

Reforzamos también en esta ley la colaboración que debe existir en todo caso entre las administraciones públicas en materia de vivienda, también en materia de rehabilitación, en materia de regeneración y renovación urbana, que forman parte del contenido de esta ley y fomentamos la colaboración público privada con las con las entidades y con los agentes del sector, y en este sentido, conocen ya la experiencia de la constitución del Fondo Social de Viviendas, que también nos sirve como ejemplo de esa colaboración y de esa concertación entre el sector público y privado.

Estas son principalmente los puntos fundamentales de esta Ley de Vivienda que tiene su complemento, como les decía al inicio de la intervención, con otra ley que hoy hemos llevado al Consejo de Ministros, que es el anteproyecto de Ley de Arquitectura y de calidad del entorno construido, y lo que pretendemos con esta ley es situar la arquitectura como un bien de interés general, reconociendo de forma solemne que la arquitectura hay que preservarla, hay que promocionarla, que corresponde también a los poderes públicos y dentro de sus competencias, y siempre velando por el principio de calidad promulgado por esta ley, esos deberes de fomentarla, de promocionarla, de preservarla, que por lo tanto, supone que los poderes públicos tienen que tener un papel ejemplarizante en cuanto a medidas de gobernanza, de protección, de difusión y fomento de la calidad en la contratación, en el sector público en estas materias, que hacen referencia a la arquitectura, y porque somos muy conscientes, además, que también la arquitectura contribuye a la concepción y a la consecución de ese bienestar que buscamos para las personas.

Las personas cada vez le dan más atención y cada vez muestran más preocupación por el espacio físico que les rodea, no sólo que está dentro de sus hogares, sino el que está fuera de sus casas.

Y por lo tanto pretendemos acercar la arquitectura a la sociedad y sobre todo, otorgar y reconocer ese valor que tiene de contribución al desarrollo económico y social a través de la renovación, a través de la mejora de la calidad de la edificación y de la protección de nuestro patrimonio cultural y natural.

Por lo tanto, es una ley que nos va a ayudar a consolidar ese nuevo modelo de transición energética, económica y ecológica, y que supone una evolución social que se impulsa a través de los fondos Next Generation y a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Nada más

Portavoz.- Muchas gracias, ministra. Comenzamos con el turno de preguntas. Juanma.

Pregunta.- (Juanma Romero, El Periódico de Cataluya) Hola, ¿qué tal?, buenas tardes ministra.

Yo quería preguntarles por un tema que no ha salido en la rueda prensa, pero sí que es objeto de interés estos últimos días, como es la crisis de gobierno entre los dos socios. Quería preguntarles si ya han podido acordar una siguiente reunión del PSOE y de Unidos Podemos y para cuándo sería, o si bien van a canalizar sus discrepancias a través de conversaciones privadas o discretas.

Y luego también quiero preguntarles si siguen defendiendo, como partido mayoritario, que el PSOE tiene que estar en la mesa con los agentes sociales, lo digo porque mañana, por ejemplo, se reanudan las conversaciones entre el Ministerio de Trabajo y la patronal y los sindicatos, y no sabemos si finalmente acudirá un miembro del Partido Socialista, del departamento de Nadia Calviño o no, además del Secretario de Estado de Trabajo.

Y una última cosa es que Unidas Podemos les acusa, les acusaba ayer de no concretar el alcance de esa reforma laboral. Quería preguntarles si nos pueden aclarar cuál va a ser un poco el alcance que tiene previsto el partido mayoritario o si temen que Bruselas no dé el visto bueno a la reforma en caso de que la patronal no está de acuerdo. Gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, Juanma.

Aprovecho su pregunta para un mensaje general a ustedes, pero sobre todo a la ciudadanía de lo importante que es el camino que está llevando a cabo este Gobierno, el primer gobierno de coalición en la historia democrática de nuestro país, el hacer pedagogía de qué significa la cultura de la coalición y en una cultura de coalición, de un gobierno de coalición, siempre lo más importante es normalizar las relaciones entre los partidos políticos que representamos las fuerzas que concluyen en la coalición y en este caso Unidas Podemos y el Partido Socialista Obrero Español, y que el diálogo sea la seña de identidad del trabajo de este Gobierno.

Hago esa consideración, porque a veces lo damos por normal, algo que es extraordinario, que ha ocurrido por primera vez en nuestro país, que es este Gobierno de coalición, que además traduce sus respuestas en cumplimientos concretos como es la Ley de Vivienda, que hoy aprobamos, o los presupuestos del Estado que traíamos hace apenas unas semanas a este Consejo de Ministros.

En relación a la reforma laboral sí quiero dejar bien claro un mensaje que yo creo que es muy importante también para la ciudadanía, para quienes nos escuchan, y es que este Gobierno, en su conjunto, quiere hacer una reforma laboral. El Gobierno, en su conjunto, quiere modernizar las relaciones laborales de nuestro país para adaptarla a todo el proceso de transformación que estamos liderando desde el Gobierno de España. Y se trata de un compromiso claro, un compromiso claro, que se expresa en primer lugar, por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura. Es un compromiso que se concreta en el acuerdo de coalición y es un compromiso que ratificamos con Europa para llevar a cabo nuestras reformas. Por tanto, no hay duda de que este es un compromiso del Gobierno, un triple compromiso, el presidente, del acuerdo de coalición y ratificado por Europa.

Esta reforma, la que plantea el Gobierno, es una reforma profunda, es una reforma estructural, es una reforma que va a mejorar y a modernizar, como decía antes, las relaciones laborales en nuestro país y por tanto, es una reforma que queremos hacer con el máximo consenso, recuperando algo que se perdió en la anterior reforma que protagonizó el gobierno del Partido Popular, que es el diálogo social, diálogo social que ya hemos recuperado para otra reforma importante, como fue la reforma del sistema de pensiones y diálogo social que queremos también en esta reforma, en la reforma laboral.

Por tanto, dada la dimensión de la reforma, entendemos que es importante intensificar toda la coordinación que sea posible entre los distintos departamentos, entre los distintos ministerios.

Insisto, no hay duda que el Gobierno en su conjunto quiere participar de esta reforma, que será una ley de legislatura, que será una marca, una seña de identidad de todo el Gobierno, que todo el Gobierno está alineado, que era una de las preguntas que usted me planteaba concretamente, todo el Gobierno está alineado en el contenido de la misma.

Tenemos además un plazo temporal. Tenemos que cumplir nuestro compromiso con Europa y también el alcanzado con los representantes de sindicatos, de los trabajadores, y también con representantes empresariales, el compromiso temporal es antes de que finalice este año.
Por tanto, queremos hacerlo. Lo tenemos comprometido. Este es un Gobierno que cumple. Queremos hacerlo desde el diálogo social. Tenemos los plazos. Tenemos acuerdos en cuanto, estamos alineados en cuanto al contenido. ¿De qué se trata? de mejorar nuestro método para poder garantizar una máxima coordinación.

Dirán ustedes ¿qué nos está diciendo la portavoz con esto? Pues que es una reforma tan trascendental, tan importante, no es una contrarreforma, es una reforma que viene a modernizar el mercado laboral en nuestro país de forma paralela o siguiendo la estela de la transformación económica y social, de la reactivación económica que está liderando el Gobierno de España. Y parece razonable que en una reforma de esta dimensión, por ejemplo, donde nos planteamos el que los ERTEs, que ha sido un instrumento, una tabla de salvación para los trabajadores en estos meses y que queremos que forme parte del sistema de protección de los trabajadores y que por tanto, queremos abordarlo en la reforma laboral, parecería lógico que el departamento de inclusión, de migración del ministro Escrivá, que participa y que va a ser quien tiene que implementar esta política, participe de los debates y de los acuerdos en torno a ese instrumento.

Parece razonable que el ámbito de la educación, que va a participar de esta reforma de nuestras relaciones laborales, porque queremos cambiar nuestro mercado de trabajo, queremos recualificar a los trabajadores de nuestro país, queremos dar oportunidades de empleo a la juventud española y queremos hacerlo con una mejor cualificación de su formación a través de la formación profesional, que implica una mayor conexión de las empresas con la formación, parecería razonable que la ministra de Educación o su equipo, participara de la implementación de esa formación dual en la nueva reforma laboral en nuestro país.

Como parece razonable que si vamos a abordar cambios estructurales que tienen que ver con la industria, con la agricultura, en definitiva, con un cambio de modelo productivo, estén otros ministerios.

Forma además parte de la cultura de trabajo de este Gobierno, y el ejemplo claro lo tenemos en esta mesa. Estamos aprobando una Ley de Vivienda cuya cartera ostenta la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que está presente en la mesa, pero en la que han participado de forma activa otros ministerios que forman parte del otro grupo político de la coalición, de Unidas Podemos.

Por tanto, normalidad. Y no hay ningún problema. Lo expresaba la vicepresidenta, porque es lo razonable, en que, formalmente, en la mesa del diálogo social, quien lidera y quien representa al Gobierno es el Ministerio de Trabajo. Pero también parece razonable que en esa mesa donde, se van a discutir aspectos concretos que afectan a otros ministerios, participen miembros de otros departamentos.

Este es el planteamiento que estamos haciendo y además creo que lo estamos haciendo de un modo constructivo, en un afán colaborativo. No se entendería de otro modo que una parte tan importante del Gobierno no participara de una reforma trascendental de nuestro mercado, de nuestras empresas, relaciones laborales, de esta reforma laboral.

Este es el planteamiento, creo que ha contestado a sus tres preguntas.

La siguiente cita, ayer se reunió de manera, también lo prevé el propio acuerdo de coalición, ayer se reunieron los equipos que representan ambas formaciones políticas, a Unidas Podemos y al Partido Socialista, una reunión en buen tono y en lo que estamos y de lo que se trata, insisto, es de ver una metodología que facilite que los distintos departamentos puedan aportar, puedan incorporar, puedan participar del diálogo con los agentes sociales, porque creo que será enriquecedor y que seguramente nos permita llegar al objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final de esta reforma laboral? Mejorar las relaciones en nuestro mercado laboral, mejorar la situación de los trabajadores y de las trabajadoras, romper con la precariedad laboral, también la implicación de las empresas en este sistema y, por supuesto, ¿en qué objetivo y como queremos hacerla?, en el máximo diálogo y con el mayor de los consensos.

Ese es el objetivo, máximo diálogo, mayor de los consensos. Y de eso es de lo que estamos hablando y lo estamos hablando en la normalidad de las relaciones que tenemos entre los distintos departamentos.

No hay una mesa próxima. Yo espero que se abordaron todos estos aspectos en la reunión de ayer, y yo espero que en las conversaciones que se están manteniendo en el día de hoy se logre avanzar en esa dirección, porque creo que también da seguridad y tranquilidad a la ciudadanía, que desde luego lo merece siempre, pero más cuando hablamos de las cosas de comer, y sin duda, el empleo es lo que nos da comer.

May

P.- (May Mariño, Servimedia) Sí, buenas tardes.

Tenía una para cada una, empiezo por la vicepresidenta Ribera, el cheque de 90 euros que nos ha comentado de las familias acogidas, a las familias denominadas vulnerables, no sé si nos puede dar algún detalle más porque ha dicho a partir de diciembre, pero no hasta cuándo, cómo tendrían que solicitarlo…

Luego para la ministra de Transportes ha dicho que quiere que sea por trámite de urgencia la consulta con los órganos consultivos, pero ¿para cuándo espera que sea aprobada en Cortes?, porque ya vemos que hay un poco de reticencias por parte de grupos parlamentarios.

Y luego quería para la ministra portavoz, un poco a raíz de lo que acaba de comentarnos, creen que puede cumplirse el plazo de que antes de finalizar el año se llega a un acuerdo para abordar la reforma laboral, teniendo en cuenta las diferencias que hay ahora mismo en la coalición y que ha dicho que no es una simple contrarreforma, sino que es una reforma más amplia en ese sentido. Gracias.

Portavoz.- Muchas gracias.

Sra. Ribera.- Bien, muchas gracias May por la pregunta.

Es muy sencillo. Es un pago único para las personas beneficiarias del bono social que también tienen derecho al bono social térmico y quien lo gestiona son las comunidades autónomas, a diferencia del bono social eléctrico, motivo por el cual el procedimiento ahora es que desde el Ministerio haya una transferencia a todas las comunidades autónomas y que las comunidades autónomas activen el sistema de pago único. Y por esto es por lo que pensamos que tardará algunas semanas, pero que estará antes de fin de año, y en la medida en la que sabemos que este es un año particularmente difícil, hacemos un esfuerzo, como digo, que no se consolida como sistema de cobertura ordinario para siempre, sino que representa una medida adicional para un año difícil de precios energéticos altos.

Sra. Sánchez.- Muy bien, muchas gracias.

Bueno, respecto a la pregunta que realizaba, si como bien decías, hemos acordado también que la tramitación de estos anteproyectos de ley, en concreto preguntabas por el de la Ley de Vivienda, sea por el trámite de urgencia, con la intención, insisto, de que se pueda remitir a Cortes Generales antes de finalizar el año. A partir de ahí corresponde el trámite de aprobación y situamos que, al menos intentaríamos que también esa tramitación fuera por urgencia, pero, en cualquier caso, nuestro escenario y en la fecha que podemos situar la aprobación de esta ley, estaríamos en torno al segundo semestre del 2022, que además, debo decir, que supone la fecha del cumplimiento, del compromiso que contemplamos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Portavoz.- Continuando con el argumento de la ministra, efectivamente esta fecha está marcada en nuestros compromisos con Europa, en nuestro Plan de Recuperación y por tanto, el Gobierno trabaja para cumplir sus compromisos. Estamos cumpliendo con todos nuestros compromisos y vamos a cumplir con este compromiso de reformar nuestro sistema de relaciones laborales. Vamos a por la reforma laboral y queremos hacerlo en el tiempo comprometido con Europa. Hemos hecho otras reformas y aquí hay un periodo y un plazo claro, que es antes de final de este año y creemos que podemos hacerlo con solvencia. Verán ustedes como como lo vamos a lograr. Creo que el reto merece la pena.

Mercedes.

P.- (Mercedes Serraller, Expansión) Muchas gracias.

A la vicepresidenta Ribera, ¿qué le parece unas declaraciones Galán, presidente Iberdrola, que dice que para bajar los precios deberían retirar sus decretos, y dice que le parece evidente, a estas alturas, que es que el Gobierno no se había dado cuenta del impacto de los costes del gas en las eléctricas? y se nos puede calcular el impacto de las medidas en la aminoración que nos ha explicado desde los 2600 millones de lo aprobaron en septiembre.

Y a la ministra de Transportes, le quería preguntar en este escenario de entrada en vigor, la (inaudible) a la que ha aludido de 18 meses para los grandes fondos, entonces ya nos pondríamos en 2024, incluso en la próxima legislatura, si es que temen también efectos en la inversión y la seguridad jurídica, como han alertado organismos como el FMI. Y luego le quería preguntar cómo se me va a poner en marcha este índice de precios actualizados que no han conseguido hasta ahora, que estaba encima de la mesa, ¿qué planes tiene para que pueda prosperar? Gracias.

Sra. Ribera.- Muy bien, muchas gracias Mercedes por la pregunta.

Yo creo que lo que corresponde siempre es que cada cual hablemos de lo que conozcamos, más que dar lecciones a los demás. Y he de decir que agradezco mucho el esfuerzo de un buen número de actores sociales y actores empresariales, incluso muchos del ámbito energético, obviamente, que han estado pensando en el modo en el que facilitar precios de electricidad bajo a los consumidores domésticos e industriales, y que confío en que todos aquellos que se han comprometido públicamente y en privado a mantener los contratos en los términos en los que los firmaron, a extenderlos o ampliarlos, pues cumplan su palabra tal y como habían dicho.

Tengo poco más que decir con respecto a las palabras de ningún ciudadano expresadas libremente cuando le parezca oportuno.

Simplemente este Gobierno, lógicamente, cumple con su responsabilidad, que es velar por el interés general y por la protección de los ciudadanos y los consumidores.

Con respecto a la segunda cuestión, he de decir que queremos ser prudentes en el cálculo del impacto que tienen el conjunto de medidas que estamos adoptando, fundamentalmente, el objetivo más importante es garantizar, como digo, precios bajos, estables, para la industria y para los consumidores domésticos, y por lo tanto, dada la espiral en la que se están moviendo algunas de las variables más significativas que inciden en el precio final de la energía, el cálculo definitivo lo tendremos que hacer una vez que veamos qué es lo que se aporta en estas obligaciones de información que hemos incorporado, quienes no han incorporado beneficios extraordinarios, lo dijimos desde el primer día, no aportan con ingresos adicionales, dado que no hay nada que minorar. A quienes sí han incorporado beneficios extraordinarios, se les aplicará la regla de nivelación.

Por tanto, somos prudentes con respecto al cálculo en el que pueda representar esta aplicación, hasta tanto no dispongamos de la información que están obligados a aportar.

Sra. Sánchez.- Sí, muchas gracias.

Relativo a la pregunta que formulabas sobre la fijación de ese periodo de 18 meses a partir de la entrada en vigor de la ley para establecer ese sistema de índices de referencia, decir que ese es un periodo, es un plazo que se ha establecido como como máximo, pero sí que hay que atender a una realidad que es la fijación de un sistema que desde luego, es un procedimiento que es complejo, que hay que hacerlo bien, que hay que hacerlo desde el rigor, desde el análisis de cada territorio, de las circunstancias que concurren, que incluso también lleva asociado la confección de un registro de contratos de alquiler, que dependerá de la comunidad autónoma, porque hay comunidades autónomas que ya tienen registros y depósitos de fianzas, otras que no y por lo tanto se establecen diferentes elementos que tienen que ayudar a poder configurar ese sistema de índices de referencia, pero que en cualquier caso, es un periodo de 18 meses, que es un periodo que se ha fijado como máximo.

En cualquier caso, nosotros lo que defendemos y además estamos seguros, que es que esta ley, desde luego, va a contribuir a la seguridad jurídica, a ofrecer un marco homogéneo, estable, en el conjunto del territorio español, dentro de las competencias que tiene el Estado, porque es cierto que las competencias en materia de vivienda son de las comunidades autónomas, pero sí que también consagra la Constitución el deber por parte del Estado de intervenir en la fijación de los principios generales y, en definitiva, de asegurar que ese derecho a la vivienda es un derecho efectivo y al alcance de la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas.

Por tanto, es una ley que ofrece seguridad jurídica, es una ley que ofrece seguridad jurídica al propietario, por lo tanto, no atenta al derecho a la propiedad, es una ley que ofrece seguridad jurídica al inquilino-arrendatario, y que, por lo tanto, desde luego, no entendemos que vaya a suponer un riesgo para los fondos de inversión o para que se considere nuestro país atractivo desde el punto de vista de los fondos de inversión y de sus intereses.

Lo que sí, desde luego había que operar en un mercado que funcionaba de una manera en cierta manera descontrolada y desde luego había que revertir un sistema que sobre todo dejaba desprotegidos los más vulnerables, desde esa perspectiva, insisto, es una ley que consolida la seguridad jurídica.

Portavoz.- Monrosi

P.- Gracias, José Enrique Monrosi para Infolibre.

Para la ministra Sánchez, quería preguntarle, sé que es una cosa diferente, que no va dentro de la ley, pero estábamos pendientes también de conocer detalles sobre el bono joven de vivienda, que va incluido, si no recuerdo mal, en los Presupuestos Generales del Estado. Como ya se está negociando con otros grupos parlamentarios, ¿hay algún detalle ya sobre esto que podamos conocer, sobre, por ejemplo, condiciones de acceso o el perfil de las personas que serían beneficiarios?

Y vuelvo a la ministra portavoz. Vuelvo a la reforma laboral. Le he entendido que el Gobierno asume que sea la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien lidere las negociaciones sobre la reforma laboral. Quería saber si esto es así y que ha cambiado desde, creo recordar, el jueves, que fue cuando se produjo esa comunicación que hemos contado los medios de comunicación, en la que la vicepresidenta primera, pues trasladaba que a partir de ahora era ella la que coordinaba esa reforma laboral.

Y por otra parte, sobre el contenido, el entendido también que usted ha dicho que sobre el contenido, pues no hay debate porque el Gobierno cumple con sus compromisos, ¿pero por qué ustedes ahora no pronuncian la palabra derogar la reforma laboral, que es lo que está en el acuerdo de Gobierno? Y si, como se ha dicho alguna vez, técnicamente no es posible derogar la reforma laboral del Partido Popular, le pregunto por asuntos concretos que ya estaban en la mesa de diálogo social, como por ejemplo, ¿se va a recuperar la ultra actividad?, ¿en eso hay acuerdo?, ¿se va a reformar la subcontratación?, ¿también hay acuerdo en que los convenios sectoriales deben prevalecer sobre la empresa? Muchas gracias.

Sra. Sánchez.- Sí, sobre el bono de alquiler joven, decir que estamos trabajando en la propuesta, en el desarrollo y que será durante el próximo mes de noviembre, que daremos los detalles ya definitivos de cuáles son los conceptos, los criterios y también cómo se procederá a la aplicación y al desarrollo de este bono.

Portavoz.- En relación a la cuestión de la coordinación o el liderazgo, no creo que ningún miembro del Gobierno quiera que esta reforma tenga nombre propio. Esta es una reforma, les decía al comienzo de mi intervención, de todo el Gobierno. Una reforma que en un primer momento asume el presidente su discurso de investidura y por tanto, es un compromiso de investidura, en primer lugar del presidente del Gobierno. Un compromiso que se traduce después en el acuerdo de Gobierno, en los términos que usted indicaba en el Gobierno de coalición y un compromiso que hemos reiterado con Europa y que vamos a cumplir para dar respuesta a nuestro Plan de Transformación y de Recuperación y todas las reformas que vamos a llevar a cabo y toda la ejecución de los Fondos Europeos que nuestro país va a poder desplegar en los próximos años.

Por tanto, hay un compromiso claro de todo el Gobierno.

Si usted lo que me pregunta, es formalmente la mesa de diálogo social, que es lo que yo me he referido, he dicho que ha sido la propia vicepresidenta primera la que ha dicho que por supuesto, forma parte del desarrollo de cada uno de los departamentos, hacerse cargo de sus mesas sectoriales y por tanto, sería el Ministerio de Trabajo quien asume ese diálogo en las reuniones ordinarias de la mesa, que por cierto, normalmente no acuden los ministros, lo llevan a cabo los secretarios de Estado, y por tanto, en ese sentido, absoluta normalidad en el desarrollo de las relaciones de los miembros de las2 partes que conformamos la coalición.

Y en cuanto a los asuntos concretos, insisto, es que los tenemos escritos y por tanto, ese es el acuerdo. Nosotros somos un Gobierno que cumple y me va a permitir que en respeto a esa aspiración, que yo creo que sería muy positiva para nuestro país, que les decía también al inicio de recuperar algo que nunca debió perderse, que sucedió en el año 2012 con un gobierno del Partido Popular, que fue la ausencia del diálogo social y del acuerdo parlamentario en una reforma tan importante como la reforma laboral, pues no vayamos a entrar aquí y yo, ahora, en esas cuestiones, en el matiz del momento concreto en que se encuentran todas esas cuestiones, porque eso ha de debatirse en el seno de esa mesa, como digo e insisto, enriqueciéndose con la colaboración y la participación de todos los departamentos.

Así que este es el estado de situación. No sé si he sido más clara en esta segunda explicación que en la primera, pero esos son los términos en los que está trabajando el Gobierno.
Insisto, claramente queremos una reforma laboral, que está explicitada en un primer momento por el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, acordada por la coalición y ratificada con Europa. Tenemos un marco temporal que es a finales de este año. Estamos alineados en los contenidos de esta reforma, pero queremos que esta reforma sea con el máximo diálogo y el mayor de los consensos, entendiendo el mayor de los consensos que puedan participar de ella empresarios y patronal para darle una mayor seguridad a los trabajadores y trabajadoras de este país.

Irene.

P.- (Irene Castro, El Diario.es) Hola que tal, buenas tardes.

A la vicepresidenta le quería preguntar si hay previstas más medidas de protección a los consumidores vulnerables o de ampliación de los beneficiarios del bono social y a la portavoz respecto a la reforma laboral, ha dicho que buscan el máximo de los consensos dentro del diálogo social. Esto quiere decir que es imprescindible el acuerdo de la patronal, o sea, que la patronal esté de acuerdo con aquellos aspectos a derogar o a cambiar de la reforma laboral del PP o aprobarán el nuevo marco de relaciones laborales, independientemente de si los empresarios se suman o no, como sucedió con el SMI en la última ocasión.

Y respecto a la pregunta que ha hecho mi compañero, a la concreción, dado que la vicepresidenta segunda ha puesto en cuestión el compromiso del Partido Socialista en algunos aspectos de esa reforma, ¿están ustedes de acuerdo en la parte de los convenios, que prime el convenio sectorial, sobre el de empresa, como antes? y sobre la ultra actividad, si tienen ustedes la misma posición que el Ministerio de Trabajo, gracias.

Sra. Ribera.- Empiezo yo, si quieres. Pues muchas gracias Irene.

Y nosotros lo que estamos haciendo es reforzar en estos momentos la cobertura de los consumidores vulnerables con derecho al bono social eléctrico y bono social térmico.

En paralelo, sabemos que hay algunas medidas que debemos seguir estudiando y trabajando en un escenario complejo todavía durante el invierno, no tanto para este colectivo, que es al que prestamos especial atención y prioridad y por ello hemos tomado estas medidas hoy que complementan lo que ya existía, y recuerdo que ya habíamos fijado limitaciones al crecimiento de la tarifa de gas o que ya habíamos incorporado modificaciones para asegurar que existe un concepto como el suministro mínimo vital, sino con respecto, en primer lugar, a los consumidores industriales, que tienen una situación particularmente delicada por la limitada cobertura, decía antes, a través de precios fijos, y el otro gran ámbito que hemos querido consultar, tanto a las organizaciones de consumidores y usuarios como al público en general, si ha llegado el momento de modificar el modo en el que funciona la tarifa regulada, la tarifa PVPC.

Durante estos meses ha habido un esfuerzo grande por parte del Gobierno para asegurar que el precio medio que pagan los consumidores domésticos españoles en 2021 es el precio medio que pagaron los consumidores domésticos en el año 2018. Y esto es posible a una reducción importantísima de la carga fiscal. Es posible una reducción importantísima de los costes fijos de la factura, y sabemos que la única variable que queda abierta es el precio al que pagamos la energía.

Y por tanto, los consumidores que cuentan con la tarifa indexada al mercado mayorista son aquellos en los que puede haber ligeros incrementos con respecto al precio de la energía que pagaron en el año 2018.

De cara a los próximos meses tenemos un debate importante sobre si es pertinente o no cambiar esta estructura tarifaria.

La energía barata de la que seguimos disponiendo es una energía que hoy cuenta con un precio retribuido en el pool, en el mercado mayorista.

A pesar de que ese precio del mercado mayorista está muy por encima de la rentabilidad razonable que tienen asegurada por ley, gracias a las primas que reciben, ya no son primas, es un precio, una estabilidad en la rentabilidad razonable.

Tenemos que ver hasta qué punto esa energía de costes de producción bajos puede ser liberada para que pueda ser accesible para la industria y en su caso, para otros consumidores domésticos.

Pero en principio, en concreto, en relación con la pregunta, creemos que con este paquete adicional de protección extraordinaria de los consumidores vulnerables, los consumidores con derecho a bono social quedan bien cubiertos, incluso en estas circunstancias tan duras que viven este invierno.

Portavoz.- Les insisto en lo que vengo diciéndoles en todas las respuestas, objetivo es lograr esta reforma laboral desde el máximo diálogo y con el mayor de los consensos.

Por lo tanto, creo que no hay ninguna duda cuando lo expreso en esos términos, me estoy refiriendo al máximo diálogo, el primero dentro de todos los departamentos, también en la mesa de diálogo y con el mayor de los consensos, intentando que todas las prioridades de los distintos departamentos, pero también los intereses que se ponen encima de la mesa del diálogo social de los empresarios y de los trabajadores se hagan conjugables.

Por tanto, nosotros preferimos un acuerdo de todos, es decir, un acuerdo que dé satisfacción a la mesa del diálogo social, incluyendo representantes de los trabajadores, los sindicatos y la representación de los empresarios, la patronal.

Esto es el diálogo social, y nosotros nos gustaría alcanzar el objetivo de esta reforma laboral que vamos a anclar en estos dos pilares de máximo diálogo para el mayor de los consensos con todos, con representantes de trabajadores y representantes de las empresas. Este es el marco y preferimos esta fórmula, como tuvimos el acuerdo para reformar las pensiones, a no hacerlo con todas las partes.

La última, Antonio.

Pregunta.- (Antonio Ruiz, El Huffington Post) Yo quería insistir a la ministra portavoz sobre la relación con Unidas Podemos y si descartan que se pudiera romper el Gobierno y si cree que pueden aguantar hasta 2023. Gracias.

Portavoz.- Miren, creo que este Gobierno está haciendo cosas muy importantes.

Hizo una muy, muy importante que quizás, porque el tiempo pasa muy deprisa y había unas urgencias que atender, no somos capaces de ponerla en valor, que además lo hizo de la mano de la sociedad española, que fue dar respuesta a la mayor crisis, primero sanitaria y después económica que ha tenido este país desde la Guerra Civil.

Y esa parte se ha superado y estamos en un momento de recuperación económica. No quisimos quedarnos en la casilla de salida, no quisimos volver a marzo del 2020, sino que hemos liderado y estamos liderando un cambio para nuestro país. Lo lideramos en Europa. Conseguimos que nuestro Plan de reformas fuera valorado por la Comisión y hemos conseguido los Fondos Europeos para llevarlo a cabo.

Y por tanto, creo que estamos ahora cumpliendo estos compromisos con leyes tan importantes como la Ley de Vivienda o la Ley de Presupuestos Generales, que en este momento se encuentra ya en el Congreso de los Diputados, creo que estamos en un momento especialmente esperanzador, ilusionante y que creo que todas las personas que confiaron en nosotros merecen que seamos capaces de abordarlo, además, dándose la circunstancia, como les decía, e insisto en la cuestión, que estamos de acuerdo en que queremos hacerla, ambas formaciones, Unidas Podemos, Partido Socialista, queremos hacer esta reforma, la queremos hacer dialogando con sindicatos y empresarios, queremos dar respuesta a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, queremos hacer esta reforma acompañando a todo el proceso de modernización económica y transformación de nuestro sector productivo y por tanto, creo que estamos en un momento tan positivo para el futuro de España que merece la pena que lo siga liderando este Gobierno.

Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)