Comparecencia de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría

Portavoz.- Gracias, como siempre, por acudir a esta convocatoria para darles cuenta de los acuerdos del Consejo de Ministros, en esta ocasión me acompañan, como ven, la vicepresidenta segunda y también la ministra de Educación y Formación Profesional, que les van a ampliar aquellas cuestiones que tienen que ver con su competencia y que han sido abordadas en la reunión de esta mañana.

Si me permiten, antes de entrar al contenido de los asuntos abordados, les diré que la reunión de la mañana ha estado marcada por un hecho importante. Como todos ustedes saben, nos hemos reunido el presidente del Gobierno con los sindicatos para celebrar el acuerdo alcanzado en el día de ayer, que viene a garantizar las pensiones de mañana. Un encuentro en el que hemos puesto en común, hemos puesto de acuerdo lo que es una prioridad para este Gobierno, que es la defensa de un sistema público de pensiones, que avanzamos ya en el mes de julio, en un acuerdo con sindicatos y empresarios, que íbamos a incrementar las pensiones, que íbamos a subir las pensiones que quedaron congeladas en legislaturas pasadas y que hemos avanzado un paso más, en ese compromiso del Gobierno de España con un pacto intergeneracional de rentas, en el sentido de que no nos conformamos solo con dar tranquilidad a los pensionistas de hoy, sino que queremos también dar tranquilidad a los pensionistas de mañana. Y para eso hemos acordado este pacto, por el cual vamos a completar y volver a llenar la hucha de las pensiones.

Lo enmarco dentro de ese acuerdo, de pacto de rentas de intergeneracional, en el sentido de que lo que está haciendo este Gobierno es avanzar en una recuperación justa para todos, y de esta recuperación justa nadie se queda atrás, ni los jóvenes, ni los más mayores que cobran suspensiones hoy, ni los que las cobrarán mañana. Es una recuperación justa donde se atiende también a los más vulnerables. Es una recuperación justa en la que este acuerdo de pactos tiene que ver con la subida del ingreso Mínimo Vital, perdón, con la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la subida del 3,7% del salario a los empleados públicos y la cobertura de ERTEs y otro tipo de prestaciones a aquellas personas más vulnerables.

Como les decía, es un acuerdo importante que revierte la situación anterior.

El Partido Popular recortó las pensiones y vació la hucha y nosotros hemos subido las pensiones y vamos a garantizar las pensiones de mañana. Esto es lo que ha hecho este Gobierno, cumplir con el compromiso del sistema público de pensiones y garantizarlas.

El mecanismo de equidad intergeneracional que se ha puesto en marcha es un mecanismo importante para ese mantenimiento de las pensiones, del que les ha dado cuenta el ministro Escrivá, pero que creo que es un mecanismo equitativo en el sentido de que sería mucho peor el no afrontarlo ahora y entregarnos a una pérdida de poder adquisitivo en las pensiones de mañana, que se estimaba en un 20%, que traduciéndolo a los ingresos mensuales estaríamos hablando del entorno de los 300 euros, cuando ahora de lo que hablamos es de una aportación por parte del trabajador de 2 euros.

Y entrando en los acuerdos del Consejo de Ministros, en primer lugar, quiero darles cuenta de un acuerdo importante por la atención social que recibió el caso y por las consecuencias también para las personas afectadas, fundamentalmente para la mujer afectada, que tiene que ver con la concesión del indulto parcial a Juana Rivas, lo que supone la rebaja de la actual pena de prisión de 2 años y 6 meses a una pena de prisión de 1 año y 3 meses. Hemos conmutado la pena actual de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por una pena de 180 días de trabajo en beneficio de la comunidad.

En definitiva, lo que ha hecho el Gobierno otorgando esta pena de gracia prevista en la Constitución española y en la ley, es tomar en consideración, fundamentalmente, el interés del menor, de sus hijos y las circunstancias vitales a las que tuvo esta mujer que afrontar esas decisiones por las que fue condenada por la Justicia. Lo hemos hecho, como siempre, atendiendo al protocolo, al procedimiento y a los informes, tanto del Tribunal sentenciador como de la Fiscalía.

Han venido también al Consejo de Ministros 2 proyectos de ley, uno de ellos en primera lectura y otro ya para enviar al Congreso de los Diputados.

El primero de ellos tiene que ver con la protección de los consumidores y de los usuarios. Es una ley que se ha promovido desde el Ministerio de Consumo, que regula los servicios de atención al cliente, los regula para garantizar nuestros derechos como consumidores y consumidoras, para obtener de los prestadores de servicios una atención personalizada, una atención gratuita, una atención que sea eficaz, accesible e inclusiva, no discriminatoria, que se pueda incluso evaluar. Yo creo que todos los que estamos en esta sala, y seguramente la inmensa mayoría de los españoles, nos hemos visto en un momento u otro tratando de defendernos ante alguna prestación de los servicios que contratamos a través de un contestador automático, ante la desesperación de no ser atendidos en tiempo razonable y desde luego, ante la desesperación de no poder ser atendidos por una persona física a la que manifestar nuestro malestar, nuestro interés por cambiar los contratos o los servicios contratados. Esta ley profundiza en esa atención que ha de recibir el cliente de manera personalizada, de tal forma que incluso se tiene derecho, proclama el derecho, a ser atendido por una persona física y no por un robot a través de los contestadores automáticos.

Las empresas tienen que garantizar esta accesibilidad y está también acotada la ley para empresas de cierta entidad para no sobrecargar tampoco a pequeñas y medianas empresas por las que siempre velamos también, sabiendo que esto supondría un esfuerzo importante para ellas. En este caso tienen que adaptarse a esta normativa las empresas que tengan más de 250 trabajadores, que tengan un negocio anual de más de 50 millones de euros o un balance superior a 43 millones de euros. En definitiva, es una ley novedosa, que por fin ve la luz, y que esperamos además, que pueda ser enriquecida en este trámite de audiencia que comienza ahora.

El siguiente texto legal es la Ley de Telecomunicaciones, es la modernización de la antigua Ley de Telecomunicaciones, para adaptarlas a las tecnologías del momento actual. Fundamentalmente se trata de incentivar la inversión en redes de telecomunicaciones e impulsar la coordinación de todas las administraciones, garantizar también e igualar los derechos de los españoles al entorno europeo, armonizar con la normativa europea. Se trata de unificar también los contratos con distintos servicios relacionados con las telecomunicaciones, servicios que en la anterior ley no existían, servicios de acceso a internet o de portabilidad con otras líneas telefónicas, y, es una ley que quiere avanzar en el despliegue de obra civil, en relación con las redes de alta capacidad y en la reducción de trámites administrativos para este tipo de gestiones.

Es una ley que regula los servicios de comunicaciones electrónicas, que garantiza la integridad y la seguridad de los servicios que se prestan y donde también se incrementa la transparencia.

Es una ley que se enmarca en las reformas comprometidas con la Unión Europea en nuestro plan de recuperación y en ese hub de interconexión digital del sur de Europa, para el que hemos dispuesto una cantidad importante de dinero, 4 mil millones de euros que van dirigidos a extender la conexión y la conectividad del 100% de la población española, es nuestro compromiso en el año 2025.

Hay que destacar, en cualquier caso, el orgullo de país, destacando que nuestro país es el tercer país con mejor conectividad de Europa, con una de las terminales más extensas y resistentes de la Unión Europea.

Y para completar esta dirección que enmarca la ley, también en el día de hoy hemos aprobado un Real Decreto para poner a disposición de las comunidades autónomas una cuantía muy importante de fondos europeos, concretamente 360 millones de euros, dirigidos a la digitalización, que van a llevar a cabo las comunidades autónomas con fondos europeos para 3 aspectos fundamentales, para impulsar la conectividad de centros de interés, fundamentalmente en centros donde se prestan servicios públicos, hospitales, centros educativos, polígonos industriales, centros logísticos.

En segundo lugar, una iniciativa también importante en un Gobierno que no pierde de vista la recuperación justa y que tiene que ver con facilitar bonos de conectividad a colectivos vulnerables, hasta 240 euros al año, para que puedan contratar o mejorar la conexión a banda ancha fija.

Y, en tercer lugar, la adaptación de las infraestructuras de telecomunicaciones a edificios que estuvieran construidos antes del año 2020.

En definitiva, se trata de avanzar y de acelerar la universalización del acceso a la banda ancha, a la banda ultra rápida en todo el territorio español, incluso acercando el 5G a las zonas rurales.

También en el ámbito del apoyo a la investigación se ha aprobado en el Consejo de Ministros de hoy, otros 134 millones de euros, de nuevo, para que las comunidades autónomas puedan desarrollar planes de investigación conjuntos con el Gobierno de España, en cooperación con el Gobierno de España, en ámbitos que consideramos trascendentales en la modernización de nuestro país, en la mejora de nuestro sistema productivo, y se concretan en acuerdos de colaboración con las distintas comunidades autónomas para áreas estratégicas para el Gobierno y para las comunidades, que tienen que ver con la ciencia, con la bio-técnica aplicada a la salud, con las ciencias marinas, con la comunicación cuántica y también con la energía y el hidrógeno renovable.

En definitiva, estos 134 millones de euros es un avance más en la cooperación con las comunidades autónomas, en la recuperación que ha de ser con una cohesión social y territorial.

Y también en el ámbito de la colaboración con las comunidades autónomas y la transformación y modernización de nuestro país hemos aprobado otro Real Decreto, este destinado a mejorar la flota, la movilidad del transporte en nuestro país, del transporte de viajeros y del transporte de mercancías. Me estoy refiriendo a transporte pesado para adaptarlo a un transporte sostenible desde el punto de vista medioambiental, concretamente 174 millones de euros que se van a gestionar de nuevo a través de las comunidades autónomas, 174 millones de euros, insisto, que van destinados a las comunidades autónomas, enfocados a una nueva movilidad más sostenible y atender también un sector importante para nosotros, como el sector del transporte.

Y estos han sido los acuerdos económicos y las 2 normas más importantes que hemos aprobado en el día de hoy, además de las otras cuestiones que les da la cuenta, en primer lugar la vicepresidenta y después la ministra de Educación.

Sra. Díaz.- Gracias por su presencia y buenas tardes.

Bueno, lo que hemos hecho es aprobar el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social como una de las grandes herramientas de transformación del modelo de relaciones laborales de nuestro país.

Señalaba Largo Caballero que en los países teníamos que tener buenas normas, buena legislación para, a continuación, decir que junto con las buenas normas laborales, no bastaba con ellas, sino que necesitábamos herramientas que permitieran que las mismas se cumplieran. Singularmente Largo Caballero pensaba en la Inspección de Trabajo, que fue además el que la creó, como en sentido moderno en el que hoy la conocemos.

El Plan Estratégico que hoy les presentamos se convierte de esta manera en la pieza central del estado social de derecho y, por tanto, en la garantía de la protección de los más débiles.

No basta con tener buenas normas, sino que necesitamos que las normas se cumplan y el pulmón que garantiza, en el mundo laboral, el cumplimiento de las mismas se llama Inspección de Trabajo.

Y el Gobierno de España lo hace con una premisa, y es que estamos anticipándonos a los problemas que podamos encontrarnos. Es decir, que con este planteamiento, con esta estrategia, no estamos actuando cuando es el momento final, es decir, cuando el daño está hecho, sino que nos anticipamos a cualquier posibilidad de fraude masivo que pueda existir, como existe en un mercado de trabajo. Es decir, no reparamos, sino que nos anticipamos.

Este Plan Estratégico, lo que hace es cambiar el paradigma de la Inspección de Trabajo tal y como la conocemos hasta hoy.

Ustedes conocen una Inspección de Trabajo que en realidad, actuaba sobre todo en los fraudes en la Seguridad Social, altas y bajas, y estas cosas, comunes, y algo del empleo, del empleo irregular. Lo que hacemos ahora es abrir completamente el foco, convertir toda la acción pública en transversal y ampliar la mirada, la mirada ¿hacia dónde? abarcando todo lo que tiene que ver con la garantía de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pero en el sostén de relaciones laborales que han de ser de calidad, basadas en la lucha contra la precariedad y sobre todo, el fraude.

Aquí han visto que durante estos meses hemos sido muy activos, por darles un dato, desde enero hasta mayo de este año hemos multiplicado un 355% la actividad de la Inspección de Trabajo, que es el récord de toda su serie histórica, tal y como la conocemos desde en la democracia.

Han visto también que hemos desplegado multiplicidad de actuaciones que tienen que ver con nuevos sectores, con nuevos colectivos y con nuevas realidades, también económicas.

El mundo se ha complicado sustancialmente, las relaciones laborales, no solamente trabajamos en red, sino que lo hacemos de manera absolutamente líquida y necesita de medios materiales humanos que permitan actuar en esta dirección.

Conocen bien, por ejemplo, las campañas que estamos desplegando en la agricultura o las campañas que estamos desplegando en trabajadoras en el hogar o conocen bien, por ejemplo, lo que hemos hecho en exactamente 3 meses, que fue sencillamente cruzar los datos para controlar cuántas empresas tienen contratos temporales con duración superior a 24 meses, tal y como indica la ley, y el resultado lo han conocido estos días, pues ha servido para que en 3 meses convirtamos en indefinidos 267 mil contratos de trabajo. La cifra no es pequeña y el tiempo es récord.

Es decir, que, en definitiva, vamos a abrir completamente el foco en la actuación y en todas las miradas que tienen que ver con la precariedad, desde los falsos autónomos y con toda la multiplicidad que hay de actuaciones en ese campo, hasta muchísimos sectores que son nuevos.

He de decirles, en este sentido, como el cambio del paradigma, que esta estrategia va acompañada de un hito que creo que es muy importante, es que por primera vez, el organismo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social cuenta con un presupuesto propio y que hemos implementado desde la llegada al Gobierno las cuantías presupuestarias en un 20%.

Esto también es histórico en la Inspección de Trabajo y es histórico, sobre todo porque el objetivo es que hagamos muchísimas cosas. La primera de ellas vinculada al primero de los objetivos, saben que tenemos una oficina de lucha contra el fraude, con muchísimos éxitos.

Ahora vamos a crear 2 grandes oficinas. Una es la Oficina de Lucha contra la Discriminación, que se va a dotar de personal centralizado, con un reporte de nuevos perfiles y personal específico en el que vamos a actuar en la relación laboral desde el inicio hasta la salida de la carrera profesional. En el inicio es intentar evitar que existan discriminaciones en los accesos a la carrera profesional.

No hace falta que les diga que si alguien presenta su currículum y tiene más de 45 años y además es mujer y además es migrante y además es de un colectivo LGTBI, pues la posibilidad de acceder al mercado de trabajo español, les digo yo, ya, que es ninguna. Por tanto, lo que vamos a hacer es crear una oficina que vele en el inicio de la relación, hasta todo su tránsito, por las previsibles discriminaciones que tenemos.

Ya les anticipo que además de las discriminaciones por género, las más llamativas y las más relevantes tienen que ver con la edad. Más allá de los 45 años, el mercado de trabajo español expulsa a los trabajadores y las trabajadoras, bien porque no les deja acceder, bien porque cuando están incorporados al mundo del trabajo, buscan fórmulas para ser expulsados de la misma.

En segundo lugar, vamos a crear una oficina muy novedosa, que tenga que ver con la lucha transnacional contra el fraude, justamente por la complejidad que tienen las nuevas relaciones laborales, y también contará con un personal específico y con actuaciones más delicadas, más complejas, en las que estamos trabajando con muchos ministerios, singularmente con el Gobierno francés, que hemos desplegado por primera vez una actuación muy relevante y que tiene que ver con las campañas vinculadas a la agricultura, por la afectación que tiene en Francia, que también en nuestro país.

Y esta oficina va a dirigir su mirada no solamente a la Unión Europea, sino que también lo va a hacer con América Latina y singularmente con todo lo que tiene que ver con la OIT. Es decir, que vamos a modernizar de manera definitiva un organismo que es clave, como es la Inspección de Trabajo.

Les decía que hemos multiplicado en un 353% la actividad de la inspección en escasos meses, pero también, como sé que suscita interés, para que tengan los datos, en relación a los expedientes que se han tramitado y relativos a los ERTEs en nuestro país, se han incoado 44393 expedientes, finalizados 35190, y han culminado con resultados sancionadores, es decir, que habían cometido alguna vulneración, o alguna irregularidad tan solo 5832. Todo esto lo estamos haciendo con la Inspección de Trabajo.

El segundo de los aspectos, y quizás más interesante, también tiene que ver con reforzar las capacidades de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Parte del desmontaje del Partido Popular en las relaciones laborales no solamente tienen que ver con los recortes en Seguridad Social y desempleo, en muchos de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, un recorte muy fuerte, muy relevante, como saben bien, se produjo en la Inspección de Trabajo, de tal manera que a día de hoy, tras la legislación del Partido Popular de Mariano Rajoy, la Inspección de Trabajo tiene sus capacidades bastante limitadas.

Por poner un ejemplo en los despidos, en los expedientes colectivos de despidos, como saben, el informe que expedía con naturalidad en las autoridades laborales, se ha convertido en un informe auténticamente formal, en lo que básicamente tienen que hacer 2 cosas, cotejar que se ha respetado el plazo, el periodo de consultas y cotejar que la documentación que se acompaña es la correcta, de tal manera que hace inservible la garantía del cumplimiento de la ley.

Esto es lo que vamos a hacer es cambiarlo absolutamente, reforzar las competencias y las capacidades de la Inspección de Trabajo, para que en sentido material, el informe que debe emitir la autoridad laboral se convierta en un informe realmente eficaz para la defensa de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país.

Esto es clave, como saben, con ese informe, si un trabajador o un sindicato acude a un tribunal, una vez que el informe ha de limitar y explicar cuáles son las motivaciones de las causas, pues es probable que ayude singularmente a las personas que interponen acciones.

En tercer lugar, la modernización absoluta, de arriba abajo, de la Inspección de Trabajo con dos aspectos, la más importante, yo sé que ha sido polémico, pero ha sido eficaz en 3 meses, 267 mil contratos indefinidos, el despliegue y el uso de la inteligencia artificial a todas y cada una de las fases de la relación laboral. Este es el gran proceso de modernización que vamos a emprender con esta estrategia y además vamos a reforzar todas y cada una de las plantillas en todas las escalas de la propia Inspección de Trabajo.

El reforzamiento de las plantillas tiene que ver sobre todo con la incorporación de nuevos perfiles. Para las nuevas realidades y la complejidad de las mismas necesitamos personal absolutamente especializado en esas materias. Sobre todo también cuando vamos a crear una oficina centrada en las competencias, junto a la proyección de la inteligencia artificial, de tal manera que este va a ser como el gran cambio que va a tener la Inspección de Trabajo y que no se ha desplegado nunca en nuestro país.

Y como les decía finalmente, el impulso de la cooperación internacional en nuestro país y trabajos conjuntos con el resto del mundo.

Creo que los gobiernos que carecen de imaginación carecen de posibilidad de proyectar el futuro. Me parece que el Gobierno de España hoy proyecta un futuro que es absolutamente modernizador e innovador para una institución que es clave en la garantía de los derechos laborales en nuestro país y en definitiva, lo que nos gustaría al Gobierno de España, seguro que va a ser así, se va a convertir, esta pieza, en un gran legado de la gestión del Gobierno de coalición.

Insisto, como he empezado, jamás la Inspección contó con presupuesto propio, jamás contó, como lo hace este año, con una consignación presupuestaria de 194,8 millones de euros, jamás contó con el despliegue de medios, tanto tecnológicos como personales, como se van a desplegar a partir de ahora, y, sí es verdad, que la mirada ahora va a ser, desde luego, absolutamente moderna, más próxima a las realidades de la conflictividad que tenemos en estos momentos, y, desde luego, nos colocaremos en los parámetros y los paradigmas y de los restantes países europeos.

Portavoz.- Muchas gracias, vicepresidenta. Ministra.

Sra. Alegría.- Muy bien. Pues buenas tardes y un placer comparecer delante de todos ustedes de nuevo. Además, el placer es casi doble, si se me permiten, porque hoy vengo a trasladarles 3 acuerdos muy importantes adoptados en el Consejo de Ministros en competencia del Ministerio de Educación y Formación Profesional, que son absolutamente fundamentales.

Quiero recordarles que la última vez que tuve la oportunidad de estar aquí con todos ustedes, lo hice para presentarles el proyecto de Ley de Formación Profesional y recuerdo que aludía a él como un proyecto que bien merecía o bien justificaba una legislatura. Traigo este recordatorio a esta sala de rueda de prensa, porque las medidas que hoy aprobamos, especialmente una de ellas que trasladaré ahora mismo, procederé a explicársela, se situaría en el mismo nivel. Y me estoy refiriendo a esa apuesta clara y decidida que hace el Gobierno de España con una distribución de fondos de 670 millones de euros, de 670 millones de euros, para la puesta en marcha de 65382 nuevas plazas de educación infantil destinada a esos niños de 0 a 3 años que desde luego serán plazas de titularidad pública.

Una medida fundamental para este Gobierno, pero entenderán ustedes que es una medida sobre todo, presumo pensar, muy bien recibida y muy bienvenida para muchos miles, cientos de miles de familias españolas, que desde luego atenderán muy positivamente, sin lugar a dudas a esta decisión.

La segunda cuestión, el segundo aspecto, que hemos aprobado también en el Consejo de Ministros en materia de competencia de este propio Ministerio, es una nueva distribución de fondos, concretamente de 87,7 millones de euros, destinados a la mejora de la cualificación, a la mejora de las recalificación y el reciclaje, por lo tanto, de nuestros trabajadores, también de nuestros desempleados, dentro de los programas de formación profesional para el empleo.

Y el tercer aspecto, aprobado también esta mañana el Consejo de Ministros, es ese nuevo Real Decreto de evaluación de las distintas etapas educativas de nuestro sistema educativo.

Comenzaré, si les parece, a desarrollarles la medida de la puesta en marcha de esas nuevas plazas de 0 a 3 años de educación infantil. Les decía, estamos hablando de un reparto de fondos de más de 670 millones a las comunidades autónomas para aprobar 65 mil nuevas plazas de oferta pública y gratuita para los próximos cursos.

Esta medida, entenderán ustedes, que tiene varios aspectos positivos.

El primero desde el punto de vista educativo, con una gran transcendencia educativa, y me estoy refiriendo, sobre todo, porque, son este tipo de medidas las que garantizan realmente esa equidad en nuestro sistema educativo, esa igualdad de oportunidades y por supuesto, también esa mejora de la calidad de nuestro sistema educativo. Huelga decirles a todos ustedes que los distintos informes que tenemos, nacionales e internacionales hacen un especial hincapié a esa escolarización temprana como un aspecto fundamental para que luego nuestros jóvenes puedan tener un desarrollo exitoso a lo largo de su etapa educativa.

Una medida, por supuesto también, que tiene un importante y un fuerte impacto desde el punto de vista social. No olvidemos que estamos hablando de una oportunidad, una nueva oportunidad destinada a más de 65 mil nuevas familias que podrán escolarizar a sus hijos en los primeros meses de su infancia. Les quiero recordar a ustedes que en estos momentos en nuestro país, la población escolarizada en esa etapa responde aproximadamente a un porcentaje del 38,2% el porcentaje de alumnos o de niños escolarizados, como digo, de 0 a 3 años.

Es verdad que ese porcentaje es muy distinto dependiendo de la renta familiar. Es decir, aquellas familias que tienen una renta familiar más baja, el porcentaje de escolarización es aproximadamente del 26,3% y sin embargo, las familias con renta más alta, el porcentaje de escolarización es de un 63,5%.

Les digo esto porque es lógico pensar que la principal razón para no escolarizar a esos niños de menores de cuatro años es por una cuestión de no poder asumir el coste que conlleva estas plazas de educación infantil. Por eso, esta nueva medida que haya aprobado el Consejo de Ministros afronta directamente ese problema social, ya que, repito, está 65 mil nuevas plazas son plazas públicas, plazas gratuitas y sobre todo, plazas que se van a crear en centros de máxima calidad educativa. Con lo cual, sin lugar a dudas, esto aliviará claramente esa economía de muchas familias, especialmente de esas familias más jóvenes y que, por supuesto, además les va a permitir un aspecto fundamental como es esa necesaria conciliación laboral, personal y familiar, y aquí, miro especialmente a las mujeres, que seguimos siendo nosotras las que tenemos generalmente la atención y el cuidado de nuestros hijos.

Por cierto, esta medida también, no solamente nos permite crear este número tan importante de plazas, sino también crear puestos de trabajo, fundamentalmente mirando de nuevo a las mujeres.

En definitiva, lo que estamos poniendo en marcha el ascensor social desde las edades más tempranas para avanzar en esa verdadera igualdad de oportunidades para todos.

A modo simplemente de información, les diré que para realizar esa distribución y ese reparto en las comunidades autónomas se han tenido en cuenta varios criterios.

El primero, el nivel de estudios de la población de 25 a 64 años en cada comunidad autónoma, también las tasas de escolarización que tenemos en estos momentos en niños de cero años de uno y dos años, la dispersión de la población y por supuesto, también la total población que tenemos en estos momentos, en esta etapa de cero a tres años y únicamente por darles algún dato, aunque lógicamente la referencia de Consejo de Ministros, ustedes dispondrán de toda la información más detallada, estos grandes datos, voy a intentar traducirlos en 4, 5 territorios, de 5 comunidades autónomas.

Ayer, por ejemplo, tuve la oportunidad de visitar Comunidad Valenciana. En el caso de este territorio, de esta tierra, la inversión que van a recibir en estos próximos 3 años van a ser 70 millones de euros para que se puedan poner en marcha 6837 nuevas plazas, como digo en este plazo, hasta septiembre del año 2024.

O en el caso, por ejemplo, de esta comunidad, de la Comunidad de Madrid, la inversión que va a destinar el Gobierno de España a la Comunidad de Madrid para que puedan poner en marcha estas plazas de oferta pública, estamos hablando de 53,6 millones de euros, lo que va a permitir a más de 5259 familias de esta comunidad disfrutar de una plaza pública y gratuita.

Por tanto, una medida, si me permiten, absolutamente fundamental, que atiende a muchísimas familias, pero especialmente a los jóvenes, saben que es una de las prioridades para este Gobierno, no solo por esta medida que les va a permitir garantizar una plaza educativa de calidad para sus hijos y para sus hijas, sino que además les permite seguir conciliando con su vida profesional y personal, pero esta medida se engloba, si me permiten, en esa apuesta tan decidida que el Gobierno está haciendo a través de esa Ley de Vivienda, 40 años sin una nueva ley de vivienda, esa subida del Salario Mínimo Interprofesional que va también dirigida especialmente a los jóvenes, o la aplicación de más de 2 mil millones de euros destinados a las becas de las personas más jóvenes.

La segunda cuestión, que hemos aprobado también en el Consejo de Ministros y que es absolutamente importante, es esa distribución de los 87,7 millones de euros destinados fundamentalmente a la cualificación, la recualificación o lo que es el reciclaje, si me permiten ese término formativo, de la población activa de nuestro país, de los trabajadores, pero también de las personas que están demandando empleo, lo que se conoce como el "reskilling y upskilling".

¿Qué es lo que queremos, qué es lo que vamos a pretender con esta formación, que la van a gestionar directamente las comunidades autónomas? No es otra cosa que formar a nuestros trabajadores, formar a nuestros desempleados para que, mejorando su cualificación, estén mucho más preparados a la hora de responder a los retos que nos está demandando nuestro tejido productivo.

Saben perfectamente que en este momento la cualificación y la recualificación del capital humano en nuestro país es el elemento clave para poder afrontar con absoluto éxito la transformación de nuestra economía, para lo que, por tanto, necesitamos trabajadores bien cualificados, y, como digo, que respondan a las necesidades de nuestro sistema productivo.

Las actuaciones que se van a desarrollar, que se van a desplegar con estos fondos de 87,7 millones de euros, estamos hablando de una formación que vaya vinculada a lo que se conoce como los sectores emergentes, sectores estratégicos, que están recogidos y reconocidos dentro del plan de modernización de la Formación Profesional.

Hablamos también de una formación que tenga especial en cuenta esos sectores donde hay un mayor número de trabajadores en ERTE. Hablamos de acciones formativas que tengan también especial incidencia en aquellas cuestiones vinculadas con el cuidado de las personas y, por supuesto, también acciones formativas que tengan especial en cuenta esas zonas en riesgo de despoblación o de reto demográfico.

Un dato que me parece importante que ustedes conocen, van a ser aproximadamente 25 millones de euros los que van a ir destinados a estas formaciones que se realicen en territorios despoblados o en territorios en reto demográfico o cuidado de personas, y estos 25, casi 25 millones de euros se va a traducir en la formación de algo más de 44762 trabajadores, los que podrán recibir esta nueva formación y por tanto, mejorar su cualificación.

O esos 63,2 millones dentro del montante general que va a ir destinado a las actividades formativas vinculadas con los sectores emergentes, estamos traduciéndolo en que aproximadamente se van a beneficiar casi 160 mil trabajadores o desempleados de este tipo de formación.

Y por último, pasaré también ahora exponerles el Real Decreto de evaluación de las distintas etapas educativas.

Saben ustedes que es un real decreto que lleva debatiéndose desde la aprobación, o los meses consiguientes de la aprobación de la Ley Educativa. Se ha debatido lógicamente en la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas, también en el Consejo Escolar del Estado, y trataré de desgranarles mínimamente las líneas generales de este Real Decreto.

El primero y el más claro es una apuesta que es intentar adecuarse a los estándares europeos, y les digo esto porque una de las decisiones más innovadoras que adopta nuestra nueva ley educativa es ese currículum competencial, en la misma línea, como digo, que están haciendo el resto de los países europeos. Este Real Decreto, además de evaluación, contempla, desde el inicio hasta el final, un carácter absolutamente integrador de todas sus etapas educativas y pone claramente el foco en lo que se conoce como la evaluación continua. Es decir, estamos un paso más en la dirección de reforzar la personalización de todos los procesos de aprendizaje.

Y esto ¿qué significa? Significa que el sistema de evaluación tiene que hacer y hace un especial hincapié en la detección temprana de las dificultades en las que se encuentran nuestros estudiantes a lo largo de su etapa educativa y, por tanto, también un hincapié especial en poner, adoptar medidas de refuerzo, tan pronto sea necesario y de medidas de recuperación, por eso, como les digo, la importancia que le damos a la evaluación continua. Y por supuesto, en este Real Decreto también evaluación, evitamos considerar la repetición de curso como la mejora de la solución a las dificultades en las que se enfrentan nuestros estudiantes.

Simplemente les daré algún dato para que todos ustedes lo conozcan.

En España, el 30% de los estudiantes, de los alumnos con 15 años, al menos, han repetido una vez de curso. Esta cifra, evidentemente, no sería preocupante si después de esa repetición nuestros estudiantes adquirieran las competencias necesarias y finalizarán, por lo tanto, con éxito la educación obligatoria. Pero que la realidad nos demuestra completamente lo contrario. De hecho, las tasas de abandono escolar que en este momento tenemos como país, que son aproximadamente el 16%, vienen claramente engrosadas por este otro porcentaje que les he dado, de alumnos que repiten y que desafortunadamente no terminan su etapa educativa con el éxito escolar que sería deseable.

Por tanto, es vital que a través de esa evaluación continua por la que apuesta claramente esta nueva ley educativa, tenemos que detectar las dificultades para que nuestros alumnos puedan seguir esa evaluación positiva a lo largo de toda la etapa educativa, con una mayor motivación que se consigue fundamentalmente cuando se ponen medidas que permitan superar los problemas desde el momento que se detectan.

Y uno de los aspectos también más importantes de este Real Decreto es reforzar el trabajo colaborativo de los equipos docentes, que serán quienes decidan conjuntamente sobre el proceso de aprendizaje y además serán la voz principal que determinarán la decisión de la promoción y la titulación de nuestros jóvenes. Por lo tanto, estamos ante un nuevo sistema de evaluación que impulsa la cultura escolar, basada en la confianza en el trabajo colaborativo y la participación.

Así que si te parece ministra portavoz, hasta aquí me quedo y pendiente de las preguntas que puedan realizar.

Portavoz.- Muchas gracias, ministra, vicepresidenta.

Inma.

Sra. Díaz.- A la cuestión que tiene que ver con las negociaciones me remito al ministro Escrivá y para que dé cumplida cuenta, pormenorizada.

Pero voy a la cuestión más delicada. Me quedo con unas palabras de la jurista que representa a la CEOE, aprovechando que doy las gracias a todos los agentes sociales, una vez más, por todo lo que están haciendo en nuestro país.

Ella decía que el reto de transformación del mercado laboral es muy alto, es complejo, pero no es imposible. Con esto me quedo y desde luego, mañana, que habrá mesa de diálogo social y durará, como saben, muchas horas, y además tendremos también nueva mesa de diálogo social el viernes y durará otras muchas horas. Soy consciente de que todos los agentes que están en ella, desde la CEOE a CEPYME, hasta UGT y Comisiones Obreras se están dejando la piel. Es decir, que estamos trabajando el Gobierno de España y los agentes para alcanzar un acuerdo.

Siempre digo que hay multiplicidad de formación, de fórmulas en el diálogo social. Lo importante es el diálogo social y el diálogo social existe en este país, me atrevo a decir como casi ningún otro. Y luego lo que nos gusta es que acabe con el acuerdo de todas las partes. Pero hay acuerdos, como hemos tenido, vuelvo a poner el ejemplo, de una ley muy importante, como es la transparencia retributiva, en la que ha habido diálogo social de manual, finalmente, la CEOE y CEPYME no quiso firmar, pero la norma lleva la impronta y justamente por el diálogo social de la CEOE y CEPYME.

En esta ocasión, en las pensiones, ha pasado lo mismo, pero, a mí lo, que me gustaría, no vuelvo a decir, es que exista un acuerdo de todas las partes y con este ánimo estoy trabajando, está trabajando el Gobierno de España, están trabajando los agentes sociales. No quiero decir lo contrario, porque créanme que estamos trabajando con intensidad, hemos suspendido todas las agendas desde hace ya bastante tiempo solo para volcarnos en esto, y me consta que los agentes sociales también lo están haciendo.

Por tanto, como digo siempre, el Gobierno de España trabaja para que el acuerdo sea positivo. Vamos a ver, lo que en que concluye. Es difícil, es muy difícil y el problema está en la temporalidad, no está en otras muchas materias a las que les dedicamos, muchas páginas y muchas horas y muchos debates.

Está en la temporalidad. Y ¿por qué? Bueno, pues porque nunca se ha abordado en toda la democracia española. Recuerden que desde el año 84, con aquella enorme huelga general, hasta el día de hoy, los planteamientos que se han hecho en derecho laboral fueron unívocos. Vamos a cambiar el paradigma de la contratación en España, no es cosa menor, y tenemos que hacerlo sabiendo que nuestro país tiene una característica propia y es que tiene sectores productivos que son estacionales.

Es verdad que sabemos muy bien también que técnicamente es posible garantizar fórmulas que permitan la estacionalidad y también la estabilidad en el empleo. Por tanto, desde luego, con todo el cariño, trabajamos para el sí, esto es lo que nos gustaría, y vamos a dejar trabajar, como siempre, a la mesa de diálogo social.

Sra. Alegría.- Únicamente por aclarar, el Real Decreto de Evaluación que hemos aprobado en Consejo de Ministros, no hace otra cosa sino que desarrollar una ley educativa aprobada ya por mayoría absoluta hace aproximadamente un año, donde se aclaraba rotundamente cuál era la nueva evaluación en la que se acogía, como digo, a LOMLOE.

Ciertamente he de aclararles que en ese marco de colaboración y diálogo que llevamos realizando con las distintas comunidades autónomas para el desarrollo de la ley, no solamente en esta cuestión de la evaluación, sino las enseñanzas mínimas de infantil o primaria, enseñanza secundaria y bachillerato, siempre hemos intentado realizar ese tipo de conversaciones bajo el paraguas del diálogo y del consenso y en esa dirección, cuando este ministerio redactó el Real Decreto de Evaluación, introdujimos la posibilidad de que las comunidades autónomas de una manera transitoria, durante este curso escolar actual, pudieran, aquellas que lo desearan, mantener las pruebas extraordinarias de la ESO.

Bien es verdad que una vez recibido el informe del Consejo de Estado, nos hizo una apreciación esencial, considerando que esta decisión que se planteaba no iba acorde con la disposición final de la LOMLOE, por tanto, la evaluación queda recogida y refrendada como aparecía, como digo, en esa disposición final de la ley. Y desde luego, no me cabe ninguna, ninguna duda, que las administraciones educativas de todas las comunidades autónomas van a tener los medios claros y absolutos para poder llevar a cabo esta nueva evaluación que conocen, como digo, desde que se aprobó la Ley Educativa.

Portavoz.- Gracias. Gracias Inma por tu pregunta respecto a las valoraciones del vicepresidente, en tanto en cuanto creo que los estaba haciendo en calidad de estrategia de partido. No tengo nada que comentar al respecto, pero sí creo que siempre unos presupuestos, en cualquier administración, desde el último ayuntamiento al Gobierno de España, es la herramienta más importante que tenemos para ejecutar nuestra política, para ejecutar nuestros proyectos, para ejecutar nuestros programas.

Por tanto, entiendo que es bueno para los andaluces y las andaluzas que puedan contar con unos presupuestos en su autonomía para, entre otras cosas, desarrollar todo este impulso que el Gobierno de España está dando a las comunidades autónomas a través de nuestro plan de reformas. Un plan de reformas que en buena medida está destinado y dirigido a que las autonomías puedan desplegar esos cambios en el territorio mismo.

Hoy mismo les daba cuenta de más de 500 millones de euros, solo en las cuestiones que yo les mencionaba, más las que les mencionaba la ministra de Educación. En fin, ustedes son aquí cada semana conscientes de cómo en reiteradas semanas, semana tras semana, desde el Gobierno de España, estamos haciendo un esfuerzo por implicar a las comunidades autónomas en ese plan de transformación y de modernización de nuestro país.

Por tanto, entendemos que para los andaluces y las andaluzas sería bueno contar con unos presupuestos de la autonomía, que recogieran toda esta apuesta inversora que está haciendo el Gobierno de España, y, además me va a permitir también la pregunta, para poner en valor el esfuerzo que ha hecho el Gobierno de España llevando en tiempo y forma los presupuestos al Congreso de los Diputados y que esperamos que los próximos días terminen de dar ese paso ya definitivo en el Congreso de los Diputados, en la fase de enmiendas.

Y en relación a las a las pensiones y al diálogo social, reiterar lo que les decía al inicio de mi intervención, creo que es muy importante poner en valor, lo decía la vicepresidenta, todo el esfuerzo que el Gobierno de España ha hecho en materia de diálogo social. Veníamos de un momento donde el anterior gobierno no solo bajó las pensiones, como les decía antes, y vació la hucha, es que todo eso lo hizo sin hablar con nadie, lo hicieron solos.

Y este Gobierno si se caracteriza por algo es por totalmente lo contrario. Desde el minuto uno hemos estado hablando, debatiendo, primero con agentes sociales y después en el ámbito parlamentario.

Esta reforma, la última parte, la del mecanismo de equidad, que en definitiva se trata de dar seguridad y tranquilidad a los pensionistas de mañana, tenía una primera parte, que era la realmente importante, que aprobamos en el mes de julio, donde ya se contemplaba que teníamos que abordar esta cuestión, que sí estuvo respaldada por los agentes sociales en su conjunto, y creo que eso es algo a resaltar y que también en el Congreso de los Diputados tuvo una amplia mayoría parlamentaria de apoyo, a excepción del Partido Popular, que se reiteraba en su posición de no valorizar, de no incrementar las pensiones de hoy, mucho menos va a parar a pensar las de mañana.

Por tanto, reiterar nuestros compromisos con el sistema público de pensiones, la apuesta por el diálogo, para la reforma de las pensiones y para todas las reformas, como decía la vicepresidenta, y, por supuesto, también, en el ámbito parlamentario llegarán las conversaciones y los acuerdos, en este momento, que es cuando lo dirigiremos hacia allá.

Portavoz.- Perdone ¿se podía presentar que creo que no lo había visto?

Portavoz.- Estaba el asunto de las pensiones y los acuerdos con la Unión Europea.

La semana pasada firmamos nuestro compromiso para ir dando cuenta a la Unión Europea de cada uno de los cumplimientos de los hitos.

Nuestro acuerdo es, el Gobierno con la Comisión Europea, y este es un Gobierno que cumple, cumplimos siempre y estamos cumpliendo y vamos a cumplir con las reformas comprometidas con Europa en materia de pensiones, en materia de reforma laboral y sobre todo este es un Gobierno que cumple con la ciudadanía, una ciudadanía que le dijimos, vamos a garantizar un sistema público de pensiones, ya las hemos incrementado, se han incrementado las pensiones en nuestro país y ahora vamos a garantizar que los pensionistas de mañana tengan también esa seguridad y vamos a volver a llenar esa hucha, ese colchón que dé esa tranquilidad.

En relación a la segunda pregunta que usted me hacía era en relación a la Ley Mordaza, conocida como Ley Mordaza.

Este Gobierno tiene también un compromiso, un compromiso ciudadano, con la ciudadanía, en el sentido de que esta fue una ley que vulneraba derechos importantes para nosotros, derechos que tienen que ver con las libertades que en nuestro país costaron mucho conquistar y desde luego ese compromiso sigue vigente. Está en el ámbito parlamentario. Allí los grupos, los distintos grupos políticos, están abordando distintos textos, muy especialmente el primero de ellos que impulsó el Partido Nacionalista Vasco y con absoluta normalidad, transparencia y ejercicio democrático en el ámbito parlamentario, creo que esta reforma que formaba parte de los programas electorales de distintos grupos políticos, va a poder ser también afrontada y será un compromiso más cumplido con la ciudadanía y con los programas con los que concurrimos a las elecciones generales.

Y la última cuestión que usted me decía también. Bueno, aquí ustedes han escuchado con absoluta claridad al ministro de Asuntos Exteriores reprobar este tipo de comportamientos y exigir que tengan acceso y se garantice la libertad de prensa de todos los periodistas.

Marisol.

Portavoz.- En relación al Consejo General del Poder Judicial, se lo he dicho en distintas ocasiones, si por nosotros fuera, por el Gobierno fuera, tendría que ser mañana ya mismo si estuviera sobre la mesa a disposición del Partido Popular. Y lo que estamos haciendo es trabajar para que efectivamente el Partido Popular se avenga a algo tan importante como cumplir la Constitución y las leyes.

Hemos demostrado que podemos hacerlo y nosotros reivindicamos y seguimos sosteniendo nuestra demanda al Partido Popular. Es el único inconveniente que hay en España para que el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, no sea renovado, es la falta de voluntad del Partido Popular y uno no puede condicionar el cumplimiento de la ley a otras peticiones o excusas o como queramos llamarlo. La realidad es que hay una normativa vigente, una ley vigente y todos estamos obligados a cumplirlo.

Y en relación a las predicciones, no me gustan los futuribles. Mire, este es un Gobierno, le decía a su compañera en respuesta al asunto presupuestario, que tiene una solvencia absoluta, que está motivado y esperanzado en gestionar el futuro de nuestro país con un amplio proyecto de reformas. Tenemos claro hacia dónde queremos que vaya a España, a una España más moderna, a una España donde hagamos una renovación de nuestra industria desde un punto de vista más sostenible, a una España donde consigamos combatir la desigualdad y avanzar en cohesión social y territorial.

Y todo ese marco programático lo tenemos determinado, fijado temporalmente. Contamos con el apoyo presupuestario, con los fondos europeos para llevarlo a cabo. Contamos con una herramienta tan importante como los Presupuestos Generales del Estado, ya en trámite parlamentario, con la expectativa de que puedan aprobarse en los próximos días en el Congreso de los Diputados y por tanto, el escenario es totalmente distinto, es de tranquilidad absoluta, que además creo que es también algo que demanda la ciudadanía, que abordemos por un instante, con profundidad y con seriedad, el futuro de nuestro país, después de todo lo que hemos sufrido, de todo lo que ha sucedido, que lo hagamos con la expectativa del crecimiento económico, de la recuperación justa y de la cohesión social. Y en ese sentido es a lo que dedicamos todos nuestros esfuerzos día a día y a lo que vamos a trabajar también en los próximos meses.

Vicepresidenta, si quieres también.

Sra. Díaz.- Si, muy rápidamente. Vamos a hacer tres cosas. Gobernar, gobernar y gobernar. Y me parece que esta es la tranquilidad que necesita nuestro país y afrontar, como ha dicho la portavoz, los grandes retos de transformación de nuestro país.

El resto de especulaciones creo que no le competen al Gobierno de España. Y si me permite, respecto de su pregunta, bueno, ajena a las cuestiones de gestión del Gobierno, se las tendrá que responder en otra ocasión.

Portavoz.- May

Sra. Alegría.-Sí, muchísimas gracias May por su pregunta.

Mire, la verdad es que llevo unos 4 meses al frente de la cartera del Ministerio de Educación y Formación Profesional y entenderán que tengo el enorme privilegio de poder conocer incluso más de cerca la calidad y la fortaleza de nuestro sistema educativo.

Y quiero empezar con esta cuestión, dejándolo absolutamente claro. El sistema educativo de nuestro país es un muy buen sistema educativo, lógicamente mejorable como todos ellos, pero, el punto de partida de la calidad del sistema educativo de España, como digo, es profundamente positivo y me sirve, digamos, este inicio a su pregunta para decirle que la cultura del esfuerzo al que algunos aluden no corre ningún riesgo con esta nueva norma y por supuesto, con esa nueva ley educativa.

La diferencia de lo que estamos tratando de trabajar, desde que aprobamos esa nueva ley educativa, la LOMLOE es promover un esfuerzo, pero basado en la motivación, no un esfuerzo basado en el castigo.

Lo digo porque creo que es a través de esa motivación cuando vamos a poder conseguir que todos nuestros alumnos, que todos nuestros estudiantes, especialmente lo que es la enseñanza obligatoria, alcance el mejor aprendizaje posible y esa es desde luego es la responsabilidad de todas las administraciones educativas.

Creo, claramente, que no hay mejor fórmula para estimular ese esfuerzo, como digo, de nuestros estudiantes, y hacerlo de una manera mucho más eficaz, que dándole mucho más pábulo o dándole mucha más importancia a la motivación que al castigo.

Y evidentemente, lo que tratamos también de atender con esta nueva reforma educativa es, valga la redundancia, atender a esas necesidades específicas que tienen cada alumno y para ello tenemos que detectar cuanto antes, lo antes posible, dónde están esas dificultades y sobre todo, ayudarles a que puedan superarlo, y para ello, como no, algo fundamental, y dónde incide claramente, no solamente ya el decreto de evaluación que hemos aprobado hoy, sino la propia ley educativa, es confiar más en el criterio de nuestros profesores y de nuestras profesoras, que son, por otro lado, quienes más conocen el desarrollo y la adquisición de competencias de nuestros estudiantes a lo largo de los meses que comparten con ellos dentro de las escuelas y los institutos.

Portavoz.- En relación a la primera pregunta May, insisto en lo que le decía a la compañera, la confianza en el trámite parlamentario y en el rigor de las distintas propuestas que se están poniendo sobre la mesa y en la confianza de que saldrá una buena ley del Congreso de los Diputados, en protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Porque recordaba hace un instante que estas reformas que está haciendo el Gobierno estaban comprometidas en programas electorales de distintas fuerzas políticas. Yo represento, aquí también, este Gobierno está compuesto por dos fuerzas políticas, pero eran muchas otras las fuerzas políticas que llevaban estas reformas, porque es que el gobierno del Partido Popular no solo se dedicó a recortar pensiones, es que también recortaron derechos y libertades. Y lo que quiere hacer este Gobierno es recuperar derechos y libertades que fueron recortadas por el Partido Popular.

En ese sentido, es la orientación con la que nosotros afrontamos y visualizamos la ley o la reforma de la Ley Mordaza y por tanto, una ley de protección a los derechos y a las libertades de los ciudadanos.

Pero en cualquier caso, también con la misma rotundidad que hago esta afirmación, no quería dejar la oportunidad para decirles que el Gobierno es un Gobierno que aprecia, que quiere a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, al Cuerpo Nacional de Policía, a la Guardia Civil y que además no vamos a tener palabras de agradecimiento del apoyo que prestaron a España en los momentos más duros, de la gestión más trágica que hemos tenido que vivir como consecuencia de la pandemia.

Por tanto, nuestro máximo aprecio, nuestra puesta en valor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, concretamente del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Y por cierto, el camino se demuestra andando. Obras son amores y no buenas razones, y, frente a los recortes en efectivos de Guardia Civil y de Policía Nacional que hiciera el Gobierno de Rajoy, este Gobierno también revirtió esos cambios aportando nuevas plazas para policías y guardias civiles como nunca antes se había producido en nuestra historia reciente.

Y en relación al asunto de la energía, del precio, del coste, incido también en la cuestión del rigor que, por cierto, en los últimos días, el rigor en materia energética, que es un asunto complejo, sin duda, creo que a todos nos cuesta en algunos casos comprender una materia tan compleja como la cuestión en materia de energía. Pero este Gobierno cuenta también con una vicepresidenta tercera, que no solamente está haciendo una labor importantísima en nuestro país, la vicepresidenta de Transición Ecológica, sino también fuera de nuestras fronteras, llevando el proyecto de transformación energética de España como modelo a seguir en el ámbito europeo y en el ámbito mundial.

Y en ese sentido, este es un Gobierno que no renuncia a hacer las grandes transformaciones para avanzar en un modelo más sostenible. Hemos sido conscientes, estos últimos días, de una cumbre internacional en la que se abordaba esta cuestión y al mismo tiempo tenemos la suficiente determinación como para ser conscientes de que hay que abordar ciertas cuestiones, y también hemos dado muestra de nuestro compromiso y sensibilidad social con las medidas que hemos adoptado cuando ha sido necesario.

Tenemos compromisos claros que cumplir en materia del coste de la electricidad y lo estamos haciendo. Lo vamos a cumplir a final de año.

Por tanto, la cuestión energética sabemos de la sensibilidad social que suscita. Sabemos, además de la incidencia económica en algunos sectores. Es un asunto que estamos tratando en el corto plazo, en la urgencia, pero sobre todo en el ejercicio de transformación de nuestro sistema hacia un modo más sostenible y liderando nuestra política a nivel europeo y a nivel mundial, como ha demostrado la vicepresidenta durante este fin de semana.

Ana

Portavoz.- En relación a esta segunda pregunta, no tengo información al respecto. Podría hacerle la consulta con el Ministerio de Asuntos Exteriores y en relación a la anterior, creo que he sido clara en la respuesta a su compañera.

Precisamente la voluntad del Gobierno es, en relación a los derechos y a las libertades, que podamos ejercerlos con eso, con absoluta libertad. Pero no dejaré de poner en valor el esfuerzo que el Gobierno ha hecho por mejorar, tanto desde el punto de vista de efectivos como también desde el punto de vista de las infraestructuras. Por ejemplo, en materia de reformas y mejoras de las casas cuartel de la Guardia Civil, que estamos haciendo un esfuerzo importante y por tanto el reconocimiento con hechos, con acciones y nuestro compromiso es también, además, enmarcado en el Gobierno de coalición, es revertir los recortes en derechos y libertades que propició el gobierno del Partido Popular

Vicepresidenta, no sé si tienes….

Sra. Díaz.- Si por dejarlo claro, yo ya sé que esto genera muchísimo interés, pero el diálogo social requiere de una herramienta magnífica, que es la discreción. Y por tanto, como digo siempre, y no por no ser un cortés con ustedes, sino que es necesario que el ministro Escrivá trabaje con discreción, con talento, como se está haciendo, y, desde luego, yo no voy a entrar en ningún futurible que me consta no está planteado en la mesa de diálogo social.

Lo que sí que quiero es poner en valor lo que está haciendo el Gobierno de España y lo que está haciendo el Gobierno de España con las propuestas que hoy mismo se han formalizado, es una vez más, eliminar una política de recortes que tanto sufrimiento causó a los pensionistas españoles en nuestro país.

Recuerden que nuestras calles estaban llenas de pensionistas y con razón. Recuerden que este Gobierno ha cumplido su palabra y ha derogado la Ley 23/2013, que eliminaba la revalorización de las pensiones de conformidad con el IPC real, con la que el índice de revalorización del 0,25% y también en el día de hoy ha materializado la supresión del denominado factor de sostenibilidad, y lo incorpora hoy con una herramienta que va a propiciar ingresos al sistema.

Es decir, que somos el primer Gobierno que, lejos de recortar en una materia tan sensible como es el subsistema público de pensiones español, lo que hacemos es mejorarlo, proteger el futuro de las pensiones y garantizar más ingresos.

Con esto es con lo que me quedo y creo que los futuribles no ayudan al trabajo discreto que necesita el diálogo social.

Portavoz.- Cué y esta sería la última

Portavoz.- En relación a la Ley de Memoria Histórica, saben ustedes que salió del Consejo de Ministros con absoluto acuerdo. Es normal que las leyes se debatan, para eso está el Parlamento, y en ese trance vamos a ver cómo termina el acuerdo con otros grupos políticos. Pero la ley salió del Consejo de Ministros con absoluto acuerdo, como todas las normas que emanan del Gobierno y les dio cuenta de ello el ministro de la Presidencia.

Realmente no soy yo capaz de hacer futuribles, y yo creo que son momentos donde la estabilidad política son importantes para el desarrollo económico. El presidente de Andalucía es el quien tiene la potestad de convocar o no elecciones, pero imagino que velará por el interés de su tierra, con esa expectativa, con la misma que miramos el Gobierno de España al futuro de nuestro país y es dar estabilidad política para que de la mano o sobre esa estabilidad política se genere confianza y crecimiento económico.

Sra. Díaz.-Yo voy a negar la mayor y no voy a entrar en valoraciones políticas porque no me compete y sobre todo cuando hay diálogo social por medio.

En el Gobierno de España hemos alcanzado 12 grandes acuerdos sociales en los que, vuelvo a explicar, se ha propiciado diálogo social desde que nos enseñan en las facultades de Derecho, es decir, de manual. No es casual que el FMI o la OIT o la OCDE señale a nuestro país como un despliegue máximo del diálogo social.

¿Por qué digo esto? Porque en los 12 acuerdos y hubo una norma que nunca miramos para ella y precisamente no sé muy bien por qué, pero que tiene una gran trascendencia, que es la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y que hoy se está trabajando una directiva en el seno de la Comisión Europea, en la que nuestro país va de avanzadilla en la misma y además nos está mirando Europa para emular esa norma, en la que vuelvo a explicar, que los agentes sociales trabajaron con denuedo en el diálogo social, es decir, en el texto, en cada uno de sus preceptos, y fueron dejando su impronta, su parecer, pero en el momento final, por las razones X que fueren, la CEOE y CEPYME decidió no firmar. ¿Esto quiere decir que no hubo diálogo social?, no, hubo diálogo social. Lo que hubo fue un acuerdo bipartito, como el que hemos suscitado hoy en materia de pensiones.

Esto lo explicamos muy bien. Hay acuerdos de todo tipo, hay acuerdos pues, en fin, tripartitos. Hay acuerdos que son entre los agentes sociales, bipartitos, que ellos mismos tienen vida propia, afortunadamente, y hay acuerdos tripartitos.

En esta ocasión, en una norma como la igualdad retributiva o en el Real Decreto de Salario Mínimo o ahora de pensiones, han sido un agente en concreto, la patronal, la que no ha querido firmar, pero ha habido diálogo social y esto es lo que realmente es importante y es el compromiso que tenemos como país. Es la seña de identidad.

Y ¿por qué? Pues porque lo que hacen los agentes sociales y lo conozco bien, lógicamente, es defender sus legítimos intereses. Y lo que hacemos los gobiernos es ejercer de Pantocrátor, con todo el respeto, para ejercer los equilibrios entre las dos partes.

Las razones del por qué la CEOE y CEPYME se han ausentado en el momento final de este acuerdo, creo que les compete a ellos. Yo no hago más que volver a agradecer a los sindicatos y a las patronales el trabajo que hacen por este país y ha habido diálogo social. Yo creo que ya lo sabe toda España y han decidido en el último instante en no rubricar ese acuerdo.

Creo que lo importante es que haya diálogo social y diálogo social, es un proceso que le da legitimación a todas y cada una de las decisiones que toman los ejecutivos. Por eso es tan importante, es más lentos, más tedioso, es complicado, pero digamos que le da legitimidad a todo lo que hacemos.

Pero desconozco si hay presiones, si son razones políticas o las que fueren. Yo creo que sencillamente, conociendo la patronal y conociendo los sindicatos, cada parte defiende legítimamente sus intereses, pero creo que les toca hablar a ellos, y, desde luego me consta que el Gobierno de España trabaja siempre para alcanzar un acuerdo.

Y también lo que es verdad es que cuando nos sentamos a negociar, lo digo siempre uno, una persona entra con un vestido y sale con otra. Es decir, es que hay que negociar. La cosa es que uno no se sienta con una propuesta cerrada, sino que escucha las partes y no sólo escucha, es que se trabajan textos que cada día van cambiando.

Digo, porque lo importante es el diálogo, que es un proceso. Y claro que nos gustaría que el acuerdo fuera colectivo, pero me parece que lo importante es que ha habido diálogo social. Lo importante es que lo que se ha rubricado es muy importante para nuestro país.

Hay dos maneras de actuar desde los ingresos. Hay un informe del Banco de España que además rubrica el propio gobernador sin que es muy interesante. Se puede actuar desde el punto de vista de los ingresos o desde el punto de vista de los gastos. Hasta el día de hoy, os gobiernos han actuado desde el punto de vista de los gastos. Este Gobierno está actuando desde el punto de vista de los ingresos, por tanto, nutriendo a un sistema público de pensiones.

Pero desconozco motivaciones políticas o no. A mí lo que me consta es que la patronal siempre trabaja con rigor, igual que los sindicatos, y es verdad que los sindicatos y las patronales defienden sus legítimos intereses.

Portavoz.- Muy bien, muchas gracias. Una tarde.