Comparecencia de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y del ministro de Consumo

MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: Isabel Rodríguez

MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA: Félix Bolaños

MINISTRO DE CONSUMO: Alberto Garzón

Portavoz.- Buenas tardes. Disculpen ustedes el retraso. Creo que vamos a intentar apurar más hacia una hora más previsible en las próximas…

Ah! Lo tengo tan interiorizado el uso de la mascarilla que habíamos olvidado quitarla.

Les decía, que vamos a intentar ajustar un poquito más el tiempo para que no tengan que estar ustedes a la espera, pero lo cierto es que de nuevo, este Consejo de Ministros ha sido, con mucho contenido y por tanto hemos apurado quizás más el tiempo. Había dos grandes asuntos, que por eso me acompañan los ministros en la mesa, Ministro de la Presidencia, con una ley muy importante la Ley de Memoria Democrática y también un anteproyecto de ley relacionado con los derechos de los consumidores, por eso me acompaña también el ministro de Consumo, el señor Garzón, creo que es el contenido más importante de este Consejo les van a explicar.

A mí sí me gustaría contextualizar otros asuntos.

En primer lugar, este marco de un Gobierno que cumple, la semana pasada hablábamos de cómo estamos armando nuestra recuperación en base a los Fondos Europeos y a las reformas que ha planteado nuestro país, pero es además, un Gobierno que cumple también en aquellos compromisos que teníamos relacionados con la agenda legislativa. Y prueba de ello son estas dos leyes que se van a presentar en la tarde de hoy y a la que no voy a dedicar ni un solo instante, porque lo van a hacer con mucha más pasión y conocimiento los ministros que tienen su competencia. Pero qué se une a otras reformas legislativas que ya están avanzadas en esta legislatura, como la ley de eutanasia, la ley de cambio climático o la reforma educativa y otras que están en tramitación como la Ley de Libertad Sexual o la Ley de Igualdad de Trato.

Por lo tanto, es un Gobierno que tiene reformas para mejorar este país, un Gobierno que afortunadamente cuenta con recursos económicos procedentes de los Fondos Europeos, y un Gobierno que no abandona tampoco la agenda legislativa, que es lo que nos convoca en este Consejo que hoy hemos trabajado. Les daré la palabra ahora a los ministros y antes algunos asuntos para contextualizar, también, como decía, esta reunión del día de hoy.

Estamos en un momento para celebrar, de éxito de país, en lo que se refiere a la vacunación. Saben ustedes que esta semana hemos cumplido un hito muy importante, que es que uno de cada dos españoles tenemos pauta completa. El 50% de la población española está vacunada y eso quizás lo vemos escrito, lo escuchamos los unos a los otros, pero no somos capaces de darle la entidad y la importancia que tiene en un contexto tan complicado como el que hemos vivido.

Es cierto que la situación todavía hay que hacer un ejercicio de contención y de prudencia, que no quiero dejar la ocasión para llamar la atención sobre eso, los datos todavía siguen siendo preocupantes, las nuevas variantes, especialmente en aquella población que todavía no ha sido vacunada, pero, en cualquier caso, creo que es un motivo para celebrar, un motivo para festejar.

Y en ese sentido, relacionado con las medidas para prevenir el contagio del COVID, hay una decisión importante también del Consejo de Ministros en el día de hoy, que es articular la venta, poder dispensar sin receta médica en las farmacias los tests para que, a título individual, los ciudadanos puedan hacer un ejercicio de prevención para valorar si hubiera contagio. En cualquier caso, si el test diera positivo, tendríamos que recurrir al sistema sanitario para que efectivamente se chequeara de nuevo ese diagnóstico y se pudiera computar en su caso como contagiado.

Era una medida muy reclamada, muy deseada y felicitar al Ministerio de Sanidad que lo ha conseguido y muy en conversación con la industria farmacéutica y con el colegio de farmacias de nuestro país. Un acuerdo muy relacionado y muy en la línea que les decía de la importancia de celebrar, de festejar, pero de no bajar los brazos, festejar la vacunación, pero no bajar los brazos en la contención, en la prevención y en la responsabilidad individual de cada uno de nosotros y de nosotras.

Y lo cierto y verdad es que lo que estamos detectando en esta semana y también se ha compartido en el Consejo de Ministros, es que cada hito en la vacunación de nuestro país se está convirtiendo en un avance en la recuperación y se ha manifestado en el seno del Gobierno, pues lo positivo en cuanto a los datos relativos a las altas en la seguridad social, a los afiliados en la Seguridad Social, ayer les daba cuenta de ellos el ministro Escrivá y también un hecho muy importante que seguramente si nos pusiéramos en esa perspectiva del mes de marzo, que estos días estamos recordando con ocasión de otras cuestiones, pues no hubiéramos imaginado la pronta recuperación en lo que se refiere a los ERTEs, ya son sólo 360 mil personas, digo sólo porque llegaron a ser, como saben ustedes, casi 4 millones de personas, el 90% de ellas ya han regresado a sus puestos de trabajo y con toda la prudencia, creo que también es algo que tenemos que poner en valor para el ánimo de la sociedad española y de nuestra economía.

Y relacionado con la economía, también se ha informado al Consejo de Ministros por parte del ministro de Agricultura, de cómo ha quedado finalmente la PAC, la Política Agraria Común para nuestro país en los próximos en el nuevo marco anual, en el marco del período 2021-2027, celebrando fundamentalmente las primeras negociaciones por parte del presidente del Gobierno, que dieron como consecuencia que nuestro país saliera bien en cuanto a la cuantía y un trabajo que se ha hecho contando con las comunidades autónomas, que fue también expuesto por el ministro, pero que creo que merece la pena que los subrayemos en el contexto de recuperación. El sector primario en nuestro país ha aguantado muy bien la crisis derivada de la crisis sanitaria, la crisis económica en el ámbito del sector primario ha sido menos acusada que en otros sectores. Eso hace que desde el Gobierno tengamos que prestarle una especial atención a un sector que, no solamente nos ha suministrado lo más básico, que es la alimentación, sino que ha sostenido la economía de nuestro país, por ejemplo, en lo relativo a las exportaciones.

Serán 48 mil millones de euros que se unirán a toda esa lluvia de millones que relatamos la semana pasada provenientes de los Fondos Europeos los que vengan destinados a la política Agraria Común, que no solo es una industria muy importante en nuestro país, sino que es también un sector que cohesiona territorio y que va en la línea de abordar el reto demográfico que, como saben ustedes, es también una prioridad para este Gobierno.

Y un asunto también relacionado con los territorios que se ha abordado en este Consejo de Ministros, que tiene que ver además con mí competencia como ministra de Política Territorial es la autorización, el acuerdo para autorizar la subvención de 30 millones a Aragón, que en realidad significan una inversión para la provincia de Teruel de 62 millones de euros, en un convenio que tiene su historia desde el año 92, en esa política de cohesión social y territorial y solidaridad que proclama nuestra Constitución, que después se concreta en un convenio que tendremos que firmar el Gobierno de España con la comunidad autónoma de Aragón y que se está dirigiendo, por parte de las dos administraciones, fundamentalmente pensando en la creación de empleo, con mejoras importantes en infraestructuras, pero infraestructuras que propicien nuevos empleos, nuevas industrias, generación y diversificación de la economía local, y, también en cuanto a inversiones en el ámbito de los equipamientos sociales, educativos, de ocio, de esta parte tan importante de nuestro país, acosada por la despoblación como es Teruel.

Como les decía, es un acuerdo de cooperación entre administraciones que se inició en el año 92 y que lo que sí que está haciendo este Gobierno es cumplir escrupulosamente los plazos de firma del mismo que en alguna ocasión se habían dilatado por parte de otros gobiernos y no se había cumplido con la periodicidad que está previsto.

Además, hay una inversión importante también del Ministerio de Transporte, precisamente en una conexión de la provincia de Teruel, concretamente es la Nacional 330, con otra importante inversión de 14 millones de euros. Es para mejora de esta infraestructura, de seguridad vial, con lo cual estamos enviando a la comunidad autónoma de Aragón una cantidad nada desdeñable de 62 millones y 14 millones, 76 millones de euros que marchan a un territorio, en ese concepto que tenemos de un Estado donde lo importante en los territorios son las personas y hay que atenderlos desde la centralidad del Estado.

Y por último, una información también económica que muestra la sensibilidad de este Gobierno con la industria y con el mantenimiento del empleo.

Se trata de un apoyo público para un grupo de empresas importante en nuestro país, el grupo empresarial Tubos Reunidos con una inversión de 112,8 millones de euros, un préstamo a 7 años para un sector importante, para una compañía estratégica en nuestro país, una de las principales compañías de este sector en el mundo, entre las diez primeras y que generan, que tiene 1400 puestos de trabajo directos y 7000 empleos indirectos. En la estrategia económica del país se trata de transformarnos, de ir a una industria más sostenible, más verde, pero siempre con un parámetro fundamental que es el mantenimiento del empleo existente. Y en esa línea se enmarca este acuerdo.

De todos ellos, de los que telegráficamente es acabo de relatar, tendrán ustedes cuenta en la referencia que les dejamos del Consejo de Ministros, y ahora voy a ceder la palabra al ministro de la Presidencia para hablarnos de esta ley tan importante que sin duda será atendida con mucha expectación por muchas personas que la esperaban en nuestro país y que también nos dejan en una mejor posición en nuestro entorno internacional.

Muchas gracias, ministro, tiene usted la palabra.

Sr. Bolaños.- Muy bien, muchas gracias ministra. Gracias a todos ustedes por estar aquí en esta rueda de prensa.

Les voy a dar cuenta de la Ley de Memoria Democrática que hemos aprobado en el Consejo de Ministros de hoy, en segunda vuelta para ya enviarla al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. Recordarán que la primera vuelta se aprobó en Consejo de Ministros el 15 de septiembre del 20 y a partir de ahí se ha hecho la tramitación ordinaria con todos los informes que son preceptivos, Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal, etcétera, que han mejorado la ley, que han mejorado el anteproyecto que hoy el Gobierno aprueba y que envía al Congreso de los Diputados.

Los objetivos fundamentales de la Ley de Memoria Democrática que hoy hemos aprobado son dos.

El primero es la recuperación, la salvaguarda y la difusión de los valores democráticos y de los derechos fundamentales, de su historia y de su reivindicación a lo largo de la historia contemporánea.

El segundo objetivo de la Ley es el reconocimiento de todas las víctimas del Golpe de Estado de julio del 36 y de la posterior dictadura.

Por eso esta Ley es la primera ley en la que se condena y se repudia expresamente el Golpe de Estado de julio del 36 y la dictadura posterior, que han supuesto el período más negro de nuestra historia contemporánea.

Saben ustedes que hay una Ley que se aprobó en 2007, la que se llamó la Ley de Memoria Histórica, que necesitaba ser actualizada y necesitaba ser actualizada porque hay organismos internacionales que nos lo han venido exigiendo y nos lo han medio recomendando desde hace tiempo.

Hay informes de un relator de la ONU o de Pablo de Greiff que en el año 2014 ya pidió actualizar la Ley de Memoria Democrática española y el grupo de trabajo de Desapariciones Forzosas e Involuntarias, que también ha pedido a España que actualice su normativa en esta materia.

Hay leyes autonómicas, hay iniciativas parlamentarias en el Congreso y el Senado, y lo que hacemos con esta Ley es actualizar la ley del 7, dar cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos, y desde hoy, desde el momento en el que se apruebe la Ley y entre en vigor, España tendrá una Ley que será homologable a los países de su entorno.

Esta ley tiene tres ejes fundamentales.

El primer eje es poner a las víctimas en el centro de la acción política del Gobierno, de tal manera que se declaran injustas las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el Golpe de Estado, la Guerra y la posterior Dictadura, y se consideran ilegítimos a aquellos tribunales de excepción que dictaron sentencias. Todas ellas, todas esas sentencias se declaran nulas en esta ley de Memoria Democrática.

Ponemos al centro a las víctimas porque queremos que las miles de familias que todavía hoy siguen buscando los restos de sus familiares y de sus antepasados, sepan que cuentan con el Gobierno para ayudarles en esa misión. Personas que solo quieren saber dónde yacen los restos de sus antepasados, a veces quieren darles una subcultura digna, otras veces, únicamente conocer qué ocurrió. Y eso cuenta con el apoyo del Gobierno, y con esta Ley lo hacemos posible.

Por eso las víctimas son el eje fundamental de esta Ley y queremos hacerlo de manera humanitaria, queremos que esas miles de familias, cada vez menos por el simple paso del tiempo, sepan que van a contar con nosotros con esta Ley, una herramienta para que puedan descansar en paz y conseguir los restos de aquellas personas que sufrieron la represalia de la Dictadura y de la Guerra.

Creamos dos días de las víctimas para homenajearles.

Es una será el 31 de octubre que será el día de todas las víctimas de la Guerra Civil, del Golpe de Estado y de la Dictadura.

Y otro día será el 8 de mayo. El 8 de mayo será el día de las personas exiliadas, aquellos españoles y aquellas españolas que tuvieron que abandonar nuestro país porque no podían vivir en la Dictadura franquista.

El segundo eje de la Ley es poner en valor el papel de las mujeres como protagonistas principales de la vida política, de la vida cultural y también de la recuperación de la democracia para nuestro país. Las mujeres que sufrieron la misma represión que sufrieron los españoles y las españolas durante la Dictadura, pero agravada por su condición de mujeres. Algunas fueron represaliadas simple y llanamente por ser mujeres, compañeras, hijas o madres de personas que se habían significado políticamente y otras muchas fueron condenadas por adulterio o por interrumpir voluntariamente embarazos. Queremos que esta Ley también sea para ellas un homenaje.

Y el tercer eje de esta Ley es que damos importancia al movimiento memorialista, un movimiento que ha reivindicado durante años el papel y la necesidad de esta Ley, y, por fin, con este anteproyecto damos satisfacción a algunas de sus reivindicaciones y ponemos en valor todo su trabajo con la democracia española para reivindicar la memoria democrática.

Los principios fundamentales de esta Ley son cuatro, los cuatro principios que establecen los organismos internacionales de derechos humanos: verdad, justicia, reparación y deber de memoria como obligación para no repetir los hechos que ocurrieron.

Cada uno de los principios se traducen algunas de las medidas de la Ley, que les explicaré de manera muy sucinta.

El principio de verdad se traduce en que es el Estado el que tendrá la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas y se hará una planificación cuatrienal para ir avanzando de manera pausada, pero de manera constante en la recuperación de restos de personas que fueron represaliados en su momento.

También se crea un Banco Nacional de ADN para facilitar esa búsqueda y poder satisfacer a familias indicándoles dónde estaban los restos humanos de sus familiares o antepasados.

Y por último, se facilitará el derecho de acceso a los archivos y a los fondos de consulta para que los historiadores, los investigadores, la universidad, la academia, las OPIs (Organismos Públicos de Investigación) puedan conocer la verdad de lo que ocurrió en aquellos años tristes para nuestro país.

El segundo principio es el principio de justicia. Por eso garantizamos con la Ley que se investigarán todas las violaciones de derechos humanos que se cometieron desde el Golpe de Estado hasta la promulgación de la Constitución. Y para ello se crea una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática. Esta Fiscalía de Sala investigará, impulsará, practicará diligencias para investigar todas las violaciones de los derechos humanos e impulsará la búsqueda de las víctimas.

El tercer principio es el principio de la reparación. Es una reparación histórica, moral, porque la propia Ley establece que no habrá responsabilidad patrimonial del Estado ni habrá indemnizaciones económicas más allá de las que ya se han venido compensando durante la época democrática. Se hará una auditoría y un inventario de la incautación de bienes que fueron expoliados por el régimen franquista, por razones políticas, de conciencia, ideológicas.

El último de los principios de la Ley es el deber de memoria, la obligación de no repetir esos hechos nunca más en nuestro país ni en ningún otro lugar del mundo.

La memoria democrática será un contenido curricular en la educación tanto en el bachillerato, como en la ESO, como en la Formación Profesional. Se estudiarán los valores democráticos y se reivindican los derechos fundamentales como eje fundamental en cualquier currículum. Se fomentará la investigación.

Vamos a resignificar también el Valle de los Caídos, así lo establece la Ley. No podrá haber ningún cuerpo de ninguno de los protagonistas en un lugar preponderante del Valle de los Caídos.

Y también vamos a crear un Centro Documental de Memoria Democrática en Salamanca, con la vocación de acumular todos los fondos y los archivos documentales generados desde el Golpe de Estado del 36 hasta la promulgación de la Constitución en el año 78.

También vamos a afianzar aquellas medidas para evitar la exaltación de la Guerra Civil, del Golpe de Estado y de la Dictadura, retirando símbolos, distinciones y también títulos nobiliarios a todas aquellas personas a las que se les concedió por ser protagonistas de la Dictadura o de la Guerra Civil.

Modificaremos la Ley para que se puedan extinguir fundaciones que hagan apología del franquismo, enaltezca a sus dirigentes y lo hagan con menosprecio o humillación de las víctimas o incitando al odio. Será causa de extinción de las fundaciones. Y también se modificará la Ley para que no puedan ser consideradas en ningún caso de utilidad pública aquellas asociaciones que cumplan con estos requisitos de apología del franquismo.

Concluyo con algunas otras novedades que creo también de interés para todos ustedes, por ejemplo, se establecen dos nuevos supuestos de nacionalidad para optar a la nacionalidad española, uno de ellos es el de los hijos de las españolas que se casaron con extranjeros durante la Dictadura y que por tanto, perdieron la nacionalidad. Esos hijos y esas hijas podrán optar a la nacionalidad española y también los hijos mayores de edad, de aquellos que ya se les dio la opción de conseguir la nacionalidad en la ley de 2007 y que solo afectó a los hijos menores. Ahora abrimos también la posibilidad a los hijos mayores de edad en aquella fecha.

Se crea un Consejo Interterritorial para que exista cooperación entre las distintas administraciones local, autonómica y estatal. Se crea un Consejo de Memoria Democrática en el que participarán asociaciones memorialistas para asesorar al Gobierno y al resto de las administraciones.

Se extingue la fundación del Valle de los Caídos, perdón, de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, se extingue la fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que proviene de un Real Decreto Ley del año 57, que es por completo contrario a la Constitución y a los valores democráticos, y se aprobará un nuevo Real Decreto que establezca el nuevo régimen jurídico aplicable en el Valle de los Caídos.

En definitiva, con esta Ley conseguimos que España tenga un régimen asimilable al resto de los países europeos y de nuestro entorno que han sufrido dictaduras, como Alemania. Conseguimos con esta Ley que seamos un país más digno porque atiende más a las víctimas y que seamos un país más humanitario, porque no se olvida de los familiares, de personas que perdieron la vida luchando contra una Dictadura o luchando por la defensa de la democracia y de los derechos fundamentales.

Por todo ello, creo que es una Ley necesaria y es una Ley que nos hace mejores como país. Gracias ministra.

Portavoz.- Muchas gracias, ministro. A continuación, el ministro de Consumo tiene la palabra.

Sr. Garzón.- Muchas gracias, ministra portavoz. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Buenas tardes.

El propósito de mi intervención es poder trasladar a todos vosotros y vosotras el anteproyecto de ley que hemos presentado y aprobado en el Consejo de Ministros, primera vuelta, referido a un incremento de las herramientas a nuestra disposición, a disposición del Estado y particularmente del Gobierno central, para poner en marcha y desplegar todas aquellas medidas que sean necesarias para incrementar la protección de las personas consumidoras y mejorar de esa manera el funcionamiento, la eficiencia y la justicia social de los mercados en nuestro país.

Permítanme que les explique de manera muy clara, a través de un ejemplo, la utilidad y la importancia y lo crucial que va a ser esta norma para los años venideros en el conjunto del país.

En el año 2015 conocerán ustedes que tuvo lugar un acontecimiento hoy mediáticamente conocido como "Dieselgate", en el que la Agencia de Protección de Medio Ambiente de los Estados Unidos desveló que había una compañía de automóviles que había trucado las pruebas y los recuentos de determinadas emisiones de gases de efecto invernadero que se producían en esos automóviles, quedando 11 millones de automóviles afectados por esa situación.

A partir de ese momento, los diferentes gobiernos, los diferentes estados, empezaron a maniobrar sancionando y multando, por ejemplo, así fue en Italia, así fue en Países Bajos, así fue en Polonia y así fue en Alemania, así fue en otra serie de países, sancionando, sin perjuicio naturalmente de la vía judicial, sancionando en virtud del cumplimiento de la materia de defensa de los derechos de las personas consumidoras a esa compañía.

Esto no sucedió en nuestro país, esto no sucedió en nuestro país, donde sí que sigue abierta una vía judicial por parte de la iniciativa y reclamaciones colectivas a la iniciativa individual, pero esto no sucedió en nuestro país porque carecíamos del instrumento para hacerlo, y ahora mismo este anteproyecto de ley que pone encima de la mesa es ese proyecto, ese instrumento, esa herramienta para que el Estado pueda cumplimentar con el mandato que tiene recogido en la Constitución en su artículo 51 de protección de las personas consumidoras, y eso creo que tiene una importancia crucial al resolver ese vacío que ha permitido que exista una asimetría de poder entre grandes operadores y las personas consumidoras en nuestro país. Y esta herramienta, complementando a todas las herramientas que tienen las comunidades autónomas nos va a permitir abarcar la totalidad de las actividades que se puedan realizar por las grandes empresas en su relación con las personas consumidoras.

Dicho de otra manera, lo que estamos consiguiendo es establecer un desincentivo a que las grandes empresas puedan cometer fraudes o abusos contra las personas consumidoras que, como podéis imaginaros, sois cualquiera de vosotros, de vosotros, de nosotros, de nosotras, en cualquier momento de nuestra vida, cuando actuamos como consumidores.

Por eso nosotros estamos muy satisfechos de poder poner encima de la mesa una herramienta tan importante que va a atajar, va a sancionar aquellas infracciones que tuvieran que ver, por ejemplo, con una afectación en la unidad de mercado y de la competencia, que tuvieran incidencia en varios Estados miembros, como el caso que he hecho referencia, que es un caso, a modo de ejemplo que todos conocemos, pero que hay muchos más casos que han funcionado de la misma manera y con otros sectores y otros ámbitos de actuación, o que también se puedan producir esos fraudes y esos abusos en el ámbito de internet, cuando el actor que está actuando de manera ilegítima no resida en España.

Ese tipo de infracciones son las que estarán en el ojo de este instrumento, y, naturalmente, como no puede ser de otra manera, las sanciones tendrán que ser proporcionales. Se recoge en el anteproyecto que esas sanciones serán de hasta un millón de euros u ocho veces el beneficio ilícito y en el caso de competencia europea, hasta el 4% del volumen de negocio de anual de la empresa que haya cometido el fraude o el abuso.

Estamos hablando, por lo tanto, de una herramienta que nos asemeja al conjunto de instituciones de la Unión Europea, que cumple, por lo tanto, con el mandato de la Comisión Europea de la nueva Agenda del Consumidor y que efectivamente, introduce una novedad en nuestro país que va a ayudar, sólo con su mera existencia, a que las grandes empresas no tengan ningún incentivo para cometer fraude o abusos en aquellos casos en los que esto pudiera ser una realidad.

El anteproyecto, insisto, tiene esta herramienta como elemento central. Se podrá ver en los años venideros su utilidad concreta y explícita, o esperemos, que eso sería lo deseable, que solamente con su propia asistencia no haga falta utilizarla, porque es un régimen sancionador, y a nosotros lo que nos gustaría es que el mercado pudiera funcionar sin necesidad de este tipo de instrumentos, pero existiendo, podremos ver en los años venideros o meses venideros, cuando se termine de aprobar, su utilidad, pero el anteproyecto incorpora también otra serie de modificaciones que quisiera aprovechar para comentarles.

Naturalmente, la normativa en defensa de las personas consumidora, de los derechos de las personas consumidora, es una normativa que nuestro país necesita adaptarse, necesita adaptarse a los nuevos hábitos de consumo y muy particularmente, a las grandes transformaciones tecnológicas.

Como ustedes saben, no solo por mirar las estadísticas, sino porque cada uno de nosotros y nosotras ha podido funcionar como tal, como un consumidor a través de nuevas tecnologías, el comercio online, las prácticas comerciales que se concretan, se cristalizan, en relaciones a través de nuevas tecnologías, están en aumento y están en aumento, sin que eso tenga un correlato a nivel administrativo o formal.

Y por lo tanto, este anteproyecto de ley incorpora algunas modificaciones para actualizar nuestra normativa de defensa de las personas consumidoras, por ejemplo, para aquello relacionado con la publicidad encubierta, con la publicidad engañosa, pero también con algunos elementos que son muy cotidianos ya en el día a día de nuestras familias, como son, por ejemplo, las prácticas que, a partir de este momento, en este anteproyecto se consideran desleales, por las cuales las reseñas de determinados bienes o servicios que podemos adquirir en internet, no están comprobadas que sean reales y que pudieran pertenecer a una estrategia de comunicación, de marketing y por lo tanto de práctica desleal, por parte de aquellas compañías.

Con este tipo de normativa actualizada, garantizamos que eso sea imposible y que por lo tanto, el consumidor, la persona que va a adquirir un bien, un servicio a través de internet, pueda tener claro que aquellas reseñas u opiniones están respaldadas por una experiencia vivida detrás o por el consumo de un producto que realmente ha existido y no por una estrategia comunicativa que busca distorsionar la verdad y dar información veraz.

Al mismo tiempo, esto opera, la misma filosofía, por ejemplo, cuando nosotros recibimos en nuestras ofertas un precio personalizado, accedemos a internet, tenemos un precio personalizado de un determinado bien o servicio, pero no sabemos qué está personalizado, no sabemos comparar porque no está estandarizado, sino personalizado. Pues bien, aquí lo que nosotros hacemos es establecer unas cláusulas suficientes de información, de transparencia, para que la persona consumidora sepa, gracias a esta norma, por qué está personalizado o por qué, por ejemplo, ese resultado aparece en ese orden y no en otro orden alternativo, dado que los motores de búsqueda, los motores de las compañías están ya automatizados, funcionan con algoritmos, que han podido obtener la información de navegaciones anteriores y que por lo tanto, tienen una información que les permite tener una asimetría de poder con el consumidor, que esto trata de mitigar, ofreciendo una transparencia, una información clara, una información fidedigna al consumidor para que conozca bien, efectivamente, el tipo de información al que está haciendo referencia y el tipo de consumo, si finalmente decide que esa es la opción.

Y lo mismo, por poner otro ejemplo también claro, referido la reventa de entradas. Esto en el ámbito de la cultura es una preocupación importante porque existen procesos automatizados, utilizando software, automatizando bots, que permiten comprar de manera masiva las entradas y revenderlas posteriormente, haciendo una ganancia que va meramente para esa persona o entidad intermediaria y distorsionando claramente al sector, encareciendo los precios y por lo tanto, en última, instancia empeorando la calidad de las personas, del dinero que van a emplear en esa venta.

Pues bien, todo esto son elementos que se incorporan en este anteproyecto de ley. Hay otros más, pero por supuesto tendremos oportunidad en los próximos meses de ir desplegándolos, y, quisiera decirles que, para concluir, esta norma nos pone a los mismos estándares europeos de otros países con una materia de protección de derechos de los consumidores muy avanzada, con una larga trayectoria de defensa de las personas consumidoras, y creo que es una normativa fundamental que va a ayudar, entre otras cosas, a que los precios de esos bienes y servicios sean más barato, pero sobre todo, va a ayudar a que no se produzcan fraudes y abusos, y en el caso, desgraciadamente, se producirán esos fraudes y abusos, ahora sí, el Estado, el Gobierno, las comunidades autónomas, van a disponer de herramientas suficientes para que, efectivamente, no se distorsione el mercado, sino que los incentivos que existan sean para que las empresas, las personas consumidoras, el ecosistema en su conjunto y todos los actores obren de manera normal para un funcionamiento eficiente y justo del mercado.

Nada más, muchísimas gracias, ministra.

Portavoz.- Muchas gracias.

Pues ahora vamos a comenzar ya con las preguntas que sean de su interés. No he mencionado al principio de mi intervención que en este Consejo de Ministros también se acaba de incorporar en su nombramiento el nuevo secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, que está aquí con nosotros y que también la persona a la que ustedes van a tener de referencia en la Secretaría de Estado de Comunicación, y, bueno, vamos a intentar imponer esa forma de trabajar acomodada al nuevo tiempo que ha iniciado el presidente Sánchez en este equipo, para atenderles de manera más, quizás más cercana, y, en cualquier caso, intentar que toda esta información que el Gobierno quiere trasladar a la ciudadanía en un momento de cambio y recuperación, pueda llegar finalmente a nuestros conciudadanos, que en definitiva es el vehículo, sois vosotros el vehículo para llegar a ellos.

Vamos a intentarlo, a ver si lo conseguimos, que pueda organizar los turnos. Igual si vamos levantando, nos vamos presentando… ya, si empezamos así todos a la vez, va a ser un poco, un poco complicado… ya te lo decía yo…

Venga, Irene, que te veo por aquí. Irene.

Portavoz.- Ministro, si quieres responder en primer lugar.

Sr. Bolaños.- Muy bien. Gracias por su pregunta.

Bueno, la Fiscalía de Sala nace precisamente para eso, para investigar los crímenes que se produjeron durante la Dictadura. Es verdad que el Código Penal, y es nuestro, es un Estado de Derecho, tiene limitaciones que vienen básicamente de la prescripción de los delitos y de la irretroactividad de las normas penales, es decir, no se pueden aplicar normas penales a períodos previos a su promulgación, y eso son dos dificultades que nuestro Estado de Derecho establece y que, por tanto, continuarán estando ahí.

No obstante, nosotros en la tramitación parlamentaria estamos abiertos a mejorar la Ley. Es una Ley que creemos que es muy positiva y un avance muy importante, pero, en la tramitación parlamentaria cualquier aportación que se haga para mejorar la norma y para conseguir un consenso más amplio, esta debería ser una norma que contará con la unanimidad en el Congreso de los Diputados, porque es una norma en la que nadie puede estar en contra de que las víctimas puedan recuperar a sus seres queridos, de que se homenajeé a las víctimas de la Dictadura, de la Guerra Civil y del Golpe de Estado. Por tanto, en esa línea, si conseguimos mayores apoyos y conseguimos mejorar la Ley con aportaciones, no habrá ningún problema por parte del Gobierno.

Portavoz.- En relación al Gobierno vasco y a sus peticiones en el ámbito de la gestión de las restricciones de COVID, saben ustedes que esta misma tarde se reúne de nuevo, como cada semana, la Comisión Interterritorial para abordar esta cuestión que seguro estará sobre la mesa.

Insistir en la posición del Gobierno. Creemos que hay margen por parte de las comunidades autónomas, algunas de ellas lo están haciendo con mucho éxito para avanzar en este tipo de medidas de contención de los contagios, en las competencias de las comunidades autónomas, y, por tanto, ese es el marco en el que nosotros creemos que debemos de movernos.

En cualquier caso, también insistir en que la disposición del Gobierno ha sido siempre la de la colaboración leal con todas las comunidades autónomas. Esta tarde, como les digo, creo que es un buen foro para para abordarlo. En cualquier caso, sí ha sido el presidente del País Vasco quien se ha dirigido, el lehendakari, quien se ha dirigido al presidente del Gobierno, pues seguro encontrará respuesta, como siempre, por parte del presidente.

Y en relación al uso de la mascarilla, sí me parece importante subrayar en ese llamamiento a la prudencia, al que antes hacía referencia, que la mascarilla sigue teniendo su uso, no recomendado, sino su uso obligatorio en todos los ámbitos, excepto al aire libre y a un metro y medio de distancia. Generalmente la ciudadanía está cumpliendo con esa instrucción y por tanto, la regulación es positiva. Está prohibido ir sin mascarilla, salvo que se den esas dos circunstancias. Lo que creemos que está ocurriendo es que hay algunos ámbitos donde no se está cumpliendo con la ley y por tanto, no será tanto una cuestión de modificación legal que, por cierto, además, va a verse también esta semana en el Congreso de los Diputados, sino que se trata más bien de un incumplimiento de la ley, que por tanto hay que hacer cumplir esa norma.

Pero, en cualquier caso, yo creo que son muchos más los ciudadanos que cumplen también con la norma y que todos nos sorprendimos el primer día de vigencia de que, aun sosteniendo esas dos recomendaciones en la que podíamos prescindir de la mascarilla, la inmensa mayoría de la ciudadanía ha decidido mantenerlo, incluso dándose esas dos circunstancias. Pero el uso de la mascarilla en este país sigue siendo obligatorio y creo que esto es muy importante no olvidarlo, porque tal vez podríamos estar confundiendo a la opinión pública.

En relación a la bilateral con Cataluña, tuve la oportunidad de hablar con la consejera de Presidencia la semana pasada, hemos querido hacerlo antes de este verano en aras a cumplir un compromiso de mi antecesor y también del Gobierno de Cataluña, de que pudiéramos vernos antes del final de este curso político. Los asuntos ya están trabajados y por tanto están avanzados y creo que es muy importante de cara a la ciudadanía de Cataluña, que está esperando un contexto distinto de relaciones entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña.

Creo que el Gobierno de España ha hecho esfuerzos muy importantes en aras a la convivencia en Cataluña. Creo que hay un agotamiento social de la crispación y el conflicto en Cataluña, que ha habido demasiados años, una década, donde lo único que se hablaba y que se ponía en la agenda política era el asunto soberanista o de la independencia, y que los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña siguen teniendo los mismos problemas que tenemos el resto de las comunidades autónomas y de los territorios de este país, y que seguramente están más deseosos que atendamos las soluciones a sus problemas concretos que el debate soberanista.

Creo que hay deseo en Cataluña de avanzar en la concordia en la relación con el Gobierno de España y esa es la disposición también de nuestro Gobierno, la del diálogo y el acuerdo. Y en ese sentido, concretamente, vamos a hablar de aquellas cuestiones que importan a la ciudadanía y que creo que también importan al nuevo Gobierno de la Generalitat.

Vamos a hablar de becas y por tanto, de educación, vamos a hablar de infraestructuras, concretamente de ferrocarril, de cercanías y vamos también a abordar una cuestión muy concreta que tiene que ver con un proyecto audiovisual y el uso de la lengua y por tanto, creo que esos son los temas más avanzados. Hay otra agenda con otros puntos, pero son los temas en los que más se había trabajado, y, bueno, la verdad es que las primeras sensaciones son positivas. Creo que tuvimos una conversación cordial, de compromiso leal, de que ambas administraciones tenemos que recuperar un tiempo perdido para atender lo importante. Creo que el contexto también de la crisis sanitaria, con consecuencias económicas en Cataluña, hacen también imperioso que nos dediquemos a estas cuestiones que importan a la ciudadanía.

Primero, de la fila que no te identifico, por favor, preséntate.

Pregunta.- Hola ¿qué tal? Marcos Paradinas, de El Plural.

Sr. Bolaños.- Muchas gracias por su pregunta en relación con la voluntad del Gobierno de que la Ley Memoria Democrática tenga el máximo consenso posible, yo creo que fuerzas democráticas, como son todas las que se sientan en el Congreso de los Diputados, ninguna de ellas debería tener ningún problema en aprobar una Ley que lo único que hace es homenajear a las víctimas del franquismo, es decir, de una Dictadura, que fue una Dictadura brutal que sufrimos en nuestro país.

Y por tanto, más allá de las declaraciones de un tipo o de otro de líderes de la oposición, la voluntad del Gobierno es que se sumen a una Ley que es homologable de países de nuestro entorno, que es una Ley que lo único que hace es poner en el centro a víctimas de una represión y a víctimas de una Dictadura, y que por tanto, lo lógico es que tenga un consenso amplio y que las fuerzas políticas democráticas, insisto, se posicionen contra una Dictadura.

En segundo lugar, en relación con el Consejo del Poder Judicial. Bueno, hoy hace 959 días que está bloqueado el Consejo General del Poder Judicial, su renovación 959 días.

La voluntad del Gobierno es renovarlo. La voluntad del Gobierno es que cuanto antes prestigiamos las instituciones y el Poder Judicial y su Consejo como órgano de gobierno. No lo podemos hacer solos. Necesitamos una mayoría cualificada y por tanto, necesitamos al principal partido de la oposición, al que le tendemos la mano para que mañana se siente con el Gobierno para renovar el Consejo del Poder Judicial.

Nuestro modelo es un modelo absolutamente democrático y homologable al de otros países europeos. De hecho, lleva en vigor más de treinta años y ha servido para que se renueve el Consejo en diferentes ocasiones, con gobiernos de todo signo. Y es perfectamente respetuoso con la Constitución, con el Estado de Derecho y con otros modelos europeos.

Lo único que podemos hacer las fuerzas políticas democráticas es cumplir la Constitución, renovar el Consejo que lleva 959 días de retraso sin renovarse. Y no es una cuestión de conveniencia. La Constitución se tiene que cumplir por todos y esa es el llamamiento que hacemos desde el Gobierno. Tendemos la mano al principal partido de la oposición, al resto de partidos de la oposición, para que se sumen en un consenso que no es una mera conveniencia, es simple y llanamente la obligación de cumplir nuestra Constitución.

Portavoz.- Vamos a la parte central. May

Sr. Garzón.- Sí, muchas gracias.

Bueno, como hemos señalado en otras ocasiones desde el Gobierno, estamos preocupados por el alza del precio de la energía que, como saben ustedes, tiene una serie de vectores que explican esas variaciones, y son vectores y razones y factores internacionales, del mercado internacional, que afecta a los precios de la energía y que desgraciadamente apunta que ese mercado internacional va a seguir estando muy tensionado para los próximos meses.

Por lo tanto, eso es lo que ya motivó en su momento que tomáramos medidas extraordinarias de cara a atajar esos precios cuando se transforman en precios de la factura de la luz, es decir, cuando el precio de la energía se suma a otros componentes y se convierte en la factura de la luz. Por eso este Gobierno tomamos la medida extraordinaria de bajar el IVA del 21% al 10% y hemos acompañado todas esas medidas con una serie de medidas de manera integral, como pueden ser, por ejemplo, la expansión del bono social, la conocida como el anteproyecto de ley de beneficios caídos del cielo, que retrae hasta mil millones de euros, precisamente, del sector energético para poder sufragar los gastos de la factura de la luz, para proteger a las familias más vulnerables ante situaciones excepcionales como ésta y desde luego, las medidas estructurales que este Gobierno está haciendo de manera sistemática, como es el incremento en la inversión de las energías renovables.

Como ustedes saben ya, porque desgraciadamente todo el mundo se está familiarizando con este sistema, que es complejo, las energías renovables son las energías más baratas y son las que se introducen en el pool, en primer lugar, lo que ocurre es que cuando los precios del gas natural, por ejemplo, a nivel internacional, se disparan, por razones que fuera, ese precio acaba determinando el conjunto de los precios de todas las fuentes de energía.

Por eso, apostar por las energías renovables es apostar por una energía más barata, por incrementar la soberanía energética de nuestro país, aprovechando las potencialidades que tiene un país como el nuestro y significa hacer las cosas, yo creo, que en el sentido correcto, porque este Gobierno, como decíamos, apuesta por estas líneas frente a otros gobiernos anteriores que subieron el IVA al 21%, que llegaron a poner un impuesto al sol.

Por lo tanto, la línea que se está haciendo es de medidas estructurales que van a afectar en el medio, en el largo plazo, a que tengamos unos precios asumibles y medidas extraordinarias para que, efectivamente, todas las familias de este país puedan hacer frente a esta situación. Y naturalmente, seguimos monitorizando estos precios para poder tomar medidas allí cuando lo considere la situación política.

Sr. Bolaños.- Sí. Gracias por su pregunta.

La Ley establece un marco general para la resignificación del Valle de los Caídos, pero dentro de ese marco, en su momento, tendremos que concretar un proyecto donde se tome la decisión sobre la cuestión que usted plantea o cualquier otra.

Es verdad que en ese marco, tendremos que estudiar bien cuáles son los detalles. Es una basílica, es un lugar de culto. Queremos, por supuesto, que aquello también responda a una defensa y a una reivindicación de los valores democráticos y de derechos fundamentales, y, por tanto, en ese marco, en ese entorno, tendremos que presentar en su momento un proyecto concreto de resignificación del Valle.

En relación con la segunda pregunta, pues les digo que estamos aterrizando, que llevamos todavía una semana, parece que fue más, ¿verdad, ministra?, pero solo llevamos una semana, estoy trabajando y estamos trabajando todos para conocer bien las distintas áreas y para poder tomar decisiones en su caso, y lo único que sí le digo de antemano es el reconocimiento al buen trabajo que hace José Félix Tezanos al frente del CESIC.

Portavoz.- En relación a los test de autodiagnóstico, es un poco el contexto que nos explicaba la ministra y ha compartido también con ustedes en alguna ocasión, que todo lo vemos con la perspectiva de hoy, pero yo insisto, hay que ponerse en la perspectiva de ayer.

Han tardado en llegar, la industria farmacéutica, en tener esos productos que faciliten el autodiagnóstico. No todos los test que existían facilitaban que nosotros pudiéramos autodiagnosticarnos. Entonces, una vez esos productos han estado disponibles por la industria farmacéutica y se ha armado, como decía, en el diálogo, también con las farmacias, con los colegios farmacéuticos de este país, la posibilidad logística de organizarlo, pues es cuando se ha decidido poder traerlo, también con un interés muy importante, que trabaja el Ministerio y que hemos trabajado y quiero también ponerlo en valor, no solo con este producto, sino con todos los productos de prevención del COVID, también de demanda a la industria de que sean precios asequibles para los consumidores.

Creo que esto es algo muy importante, que ha sido una de las preocupaciones también por parte del Gobierno, que los precios de los materiales de protección fueran asequibles a la inmensa mayoría de los ciudadanos, porque se han convertido en productos esenciales para nuestro día a día.

Entonces, se da ahora el momento oportuno en cuanto a la evolución de la industria farmacéutica en los productos que se dispensan y que posibilitan el autodiagnóstico, existían los productos, pero no posibilitaba en ese autodiagnóstico, y, en cualquier caso, insisto, a efectos de la opinión pública, es muy importante que el ciudadano o ciudadana que vaya a hacerse el test, si da positivo, no crea que acabó acabado todo, si da positivo, entonces tiene que ir al sistema sanitario para que efectivamente se chequee y pueda computar.

Aquí también, y en este sentido, poner en valor, en todo este tiempo, lo que ha sido articular las líneas de comunicación y la afluencia de las distintas comunicaciones con todas las comunidades autónomas para obtener todos los datos donde el diagnóstico era una pieza clave, que también ha tenido que ver con la posibilidad o no de que individualmente pudiéramos asistir a estos test de autodiagnóstico.

Sr. Bolaños.- Gracias por su pregunta.

Se van a modificar la Ley de Fundaciones y la Ley de Asociaciones. La Ley de Asociaciones, la propia Ley, marca un plazo de un año para hacerlo. La Ley de Fundaciones se modifica ya en la Ley de Memoria Democrática y no es inminente. Es decir, una vez que se modifica la Ley y una vez que es causa de extinción de las fundaciones, el enaltecimiento del dictador, la incitación al odio a las víctimas, la humillación de las víctimas o la apología del franquismo, en ese momento se inicia un procedimiento, un procedimiento administrativo que ha de iniciar, pues podría ser el protectorado de la Fundación, o podría ser la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Ese expediente administrativo concluirá con una resolución y después habrá, con toda seguridad, un procedimiento judicial.

Por tanto, no será una extinción inmediata de la Fundación Francisco Franco, si es que así se insta por los órganos competentes.

Portavoz.- En la parte central sólo queda.. ah, perdón.

Sr. Garzón.- Muchas gracias.

Bueno, yo creo que sobre este tema se ha dicho y se ha escrito mucho. Yo creo que de hecho ya se ha dicho y se ha escrito todo lo que se puede decir. Lo que tengo que recordar es que este es un Gobierno progresista, profundamente comprometido en la lucha contra el cambio climático. De hecho, si ustedes recuerdan en enero del año pasado ya se aprobó la emergencia climática por parte del Consejo de Ministros y en la lucha contra el cambio climático tengo que incidir de manera muy especial, es especialmente importante el papel de la ganadería social, familiar extensiva, es un modelo perfectamente sostenible, es un modelo que crea empleo, es un modelo que previene incendios, es un modelo que protege la economía local y por lo tanto, es un modelo que necesitamos defender precisamente porque somos conscientes como Gobierno, como país, de cuáles son las consecuencias del cambio climático, especialmente graves en la cuenca mediterránea y especialmente graves en un país como España y que tendría una afectación catastrófica para sectores como el primario.

Por lo tanto, nosotros estamos convencidos de esta línea de trabajo y esto es lo que nosotros seguimos defendiendo y que no se mueve un ápice de lo que yo, precisamente, dije en su momento.

Portavoz.- Muchas gracias.

Seguimos en la semi presencialidad. Vamos a dar paso a Natalia Junquera de El País, que se ha desconectado.

Bueno, pues, seguimos en la sala. Esther, que te has quedado antes solo en esta parte.

Portavoz.- Pues empezamos, lo correcto es empezar por el ministro de Presidencia

Sr. Bolaños.- Muy bien. La ley contempla un régimen sancionador, con sanciones desde 200 euros hasta 150 mil, en función de la gravedad y una serie de circunstancias que la propia norma establece para sancionar cualquier comportamiento contrario a la Ley de Memoria Democrática. De tal manera que obviamente la sanción máxima sería para comportamientos muy graves, que no sólo humillen, sino que destrocen, por ejemplo, fosas o elementos de esa naturaleza, y la pregunta concreta que usted hace, habría que sancionar conforme a la normativa en lo que correspondiera.

En cuanto a la definición de víctima, lo cierto es que es amplia. Básicamente son todas las personas que fueron represaliadas o que sufrieron violencia durante el Golpe de Estado, durante la Guerra y durante la Dictadura. Y ahí están, pues, desde personas fallecidas, personas desaparecidas, personas que fueron privadas de libertad, personas que fueron deportadas, exiliadas, mujeres por su propia condición, que también fueron represaliadas, personas LGTBI, incluso otros ciudadanos y ciudadanas que fueron depurados profesionalmente, simple y llanamente por no pensar como el régimen franquista. Niños y niñas sustraídos. Personas que hablaban en su propia lengua, y era la lengua de su territorio y no en castellano, y en general cualquier ciudadano o ciudadana que sufrió persecución o violencia por razón de sus creencias o de su ideología.

Sr. Garzón.- Sí, muchas, muchas gracias.

Bueno, esa pregunta la he respondido en otros foros. Muy brevemente, decir que estamos en una nueva fase, como lo hemos dicho y creo que son unos cambios muy oportunos realizados por el presidente, y naturalmente, nosotros tenemos que saber reconocer esa transformación e insistir en una idea: Nosotros ya hicimos cambios de la mayor magnitud posible cuando nuestro candidato a la presidencia y nuestro compañero Pablo Iglesias dejó de ser vicepresidente de este país y no contemplamos cambios adicionales.

Portavoz.- Creo que está ya Natalia en pantalla. Pero no te escuchamos, Natalia. Vamos a volver a la presencialidad, Iván.

Sr. Bolaños.- Bueno, iba a mirar el dato exacto, pero creo recordarlo, ya se han producido compensaciones económicas desde la terminación de la Dictadura, ha habido más de 600 mil beneficiarios y más de 21 mil millones de euros que ya se han venido percibiendo por ellos, por distintos conceptos, desde viudas de la Guerra, huérfanos, militares, profesionales y no profesionales. Es decir, que no existan en esta Ley, que no se genere un derecho adicional a la compensación económica o una responsable patrimonial del Estado no significa que no haya habido compensaciones. Insisto, las cifras exactas, creo recordar, que eran 608 mil beneficiarios y por encima de 21.600 millones de euros que se han abonado en todo el período democrático a personas que fueron represaliadas y que sufrieron la Dictadura.

Por tanto, creemos que esa parte está suficientemente cubierta y ahora damos un paso más allá, que es el paso de la dignidad, no tanto el de la compensación económica.

Portavoz.- En relación a la relación con las comunidades autónomas y con la Generalitat, yo quiero poner en valor que este es un Gobierno de diálogo, de palabra y de acuerdo con todas las comunidades autónomas, y, de hecho tenemos una cita muy importante en la agenda para final de este mes, que es la Conferencia de Presidentes, que además va a abordar asuntos de fundamental trascendencia en todas las reformas que queremos para nuestro país, donde hay una expectación, no sólo, yo creo que de la parte política e institucional de España, sino también de la parte empresarial, que es todo el desarrollo, la puesta en marcha de las convocatorias para los fondos New Generation, que como anunciábamos la semana pasada, de forma inminente, vamos a disponer ya de esos casi 20 mil millones de euros para poner en circulación en nuestro país, para hacer las grandes reformas. Avanzábamos el PERTE del vehículo eléctrico la semana pasada, pero quedan otras muchas reformas pendientes.

Por lo tanto, va a ser una Conferencia de Presidentes muy importante, por el contexto económico, por el diseño que vamos a afrontar en él, de la recuperación económica de nuestro país, con una esperanza de lograrlo, no en base a estos Fondos de Recuperación.

Y completamos esa agenda, y digo esto primero porque sin duda es la prioridad del Gobierno en estos momentos, la Conferencia de Presidentes, que se complementa también con otro de los grandes asuntos que quiere abordar el Gobierno, que es el reto demográfico y la igualdad en la cohesión territorial de todo nuestro país, independientemente de donde cada uno decida hacer su vida, y con especial atención a aquellas zonas con mayor dificultad por una cuestión demográfica.

Y digo esto para poner en contexto el resto de reuniones que también son importantes. Mi disposición como ministra fue inmediata para abordar en la agenda, a pesar de que el cambio de Gobierno implica que una debe estudiar y ponerse al día en los asuntos que se estaban tramitando en el seno del ministerio, pero mi total disposición y la del Gobierno para no dilatar esa agenda que estaba prevista y también esa buena recepción que observé en la consejera de presidencia cuando mantuvimos la conversación telefónica la semana pasada.

Les he hablado de estos tres asuntos, que son los más maduros, sobre los que ya había un acuerdo inicial y después la relación con las comunidades autónomas tienen otras muchas vías. Una muy interesante que usted acaba de hablar y que tiene que ver con la cuestión financiera y que se resuelve también en otro órgano de nuestro país, que es la Conferencia de Política Fiscal y Financiera, que afecta no solamente a Cataluña, sino a todo el Estado.

Por tanto, creo que lo que hay que subrayar de este Gobierno en relación, o a diferencia de lo que ha ocurrido en otros gobiernos inmediatamente anteriores al Gobierno del presidente Sánchez, es la voluntad de diálogo y de acuerdo con todos los territorios, en aras a llegar al final a la ciudadanía y atender las necesidades más básicas, y en ese contexto se enmarcan también estos encuentros.

En el ámbito presupuestario han comenzado los trabajos, pero en un marco de normalidad y seguramente en ese chequeo, en la bilateral podamos ahondar en alguno de esos compromisos.

Y además existe un foro adicional, también importante, que es la Mesa de Diálogo Político, que tendrá que convocarse después, en el mes de septiembre.

Por tanto, muchas mesas deseosas de un diálogo que, sobre todo, creo que espera a la ciudadanía de Cataluña, e insisto, el Gobierno de España y el presidente Sánchez ha dado muestras inequívocas de su disposición de diálogo y ahora también se esperan por parte del Gobierno de Cataluña.

Volvemos a este aula. Si que no te identifico. Perdona.

Portavoz.- Bueno, soy muy breve y ya le paso la palabra al ministro.

Todas estas decisiones que tienen que ver con las disposiciones en torno a la prevención del COVID, se enmarcan dentro de la Mesa de la Comisión Interterritorial, donde se abordan y no hay información, no la tengo en este momento, me puedo interesar, en cualquier caso, si hubiera habido algún avance, no ha sido objeto de comentarios ni de conversación con la ministra, me puedo interesar y hacérsela y llegar, pero entiendo que es el marco adecuado en la reunión de la de la tarde.

Sr. Bolaños.- Gracias, ministra. Gracias por su pregunta.

Efectivamente, la Fiscalía podrá determinar la autoría de algunos de los crímenes y de los delitos cometidos y esa documentación quedará en los archivos y lo normal es que esas personas hayan fallecido, el fallecimiento extingue la responsabilidad penal y por tanto, se haya acabará la investigación y eso será lo que sea normal que ocurra.

Respecto a su segunda pregunta y la resignificación, efectivamente la Ley establece que nadie puede estar en un lugar preeminente, que los restos de nadie pueden estar en un lugar preeminente. De hecho, se considera un cementerio civil los restos mortales que existen allí, que sabe usted que hay miles y por tanto, los únicos restos que en este momento están en un lugar preeminente son los de José Antonio, que está en el altar mayor de la Basílica y en la aplicación de la Ley, habrá que proceder a su exhumación y obviamente hablaremos con la familia y lo trataremos de hacer de manera acordada y de manera pactada, como es natural, que es la manera más sencilla de cumplir la ley.

Portavoz.- Pues creo que hemos abordado casi todo, ¿no? Es que yo no voy a saber cuándo darles fin, entonces tengo que empezar a aprender también yo.

Me indican que es suficiente, así que nos vemos la próxima semana y seguro que tendremos ocasión, en cualquier caso, estos días de encontrarnos en otros foros.

Pues muchas gracias.