Comparecencia de la ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, de la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico y del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

MINISTRA DE HACIENDA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: María Jesús Montero

VICEPRESIDENTA CUARTA Y MINISTRA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO: Teresa Ribera

MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN: Luis Planas

Portavoz.- Buenas tardes, a todos y a todas, como siempre, bienvenidos a esta rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros y como estáis viendo, contamos en el día de hoy con la presencia en esta rueda de prensa de la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que va a informar de una muy importante novedad respecto al mercado eléctrico y al sistema energético, con el objetivo, fundamentalmente, de proteger a los consumidores y por tanto, dar respuesta a las situaciones que se plantean a lo largo del año. Y de la misma manera me acompaña el ministro de Agricultura, Alimentación y Pesca, Luis Planas, que va a explicar los contenidos de un anteproyecto de ley, muy esperado por el sector, como es el de la pesca sostenible y de la investigación pesquera.

Pero antes de cederles ambos la palabra, como es habitual, voy a comentaros algunas cuestiones que creo relevante de la agenda política y de la agenda del presidente.

De hecho, en estos momentos, sois conscientes, que el presidente se está desplazando a Vitoria Gasteiz para la inauguración del Centro Memorial para las Víctimas del Terrorismo, un acto, una inauguración, que estará presidida por Sus Majestades los Reyes, y que va a contar con diferentes autoridades y asociaciones de víctimas que estarán presente en este acto.

También quiero decirles que el presidente va a viajar el próximo jueves, este jueves, a Libia para mostrar el apoyo de España al proceso político que está viviendo este país, tras el alto al fuego de finales de agosto del año pasado, del año 2020. Saben que España apuesta por la paz, por la estabilidad y por la prosperidad en Libia, un país que considera al Gobierno español clave en relación con su vecindad sur. El presidente va a acudir acompañado de la ministra de Exteriores y de una delegación, también, de empresarios.

Respecto a la situación de la pandemia el informe hecho, como saben, desde el comienzo en el Consejo de Ministros por la ministra de este ramo, la ministra Daria, plantea en líneas generales una evolución muy favorable de los indicadores epidemiológico a lo largo de nuestra geografía. Hay varias comunidades en las que se observa una ralentización en la bajada de los contagios, pero tenemos, por otra parte, un indicador tremendamente positivo, como es el hecho de que ha bajado, de forma considerable, de forma muy significativa el número de fallecimientos. Por eso queremos afirmar que la campaña de vacunación está consiguiendo reducir la gravedad de los casos, aunque, como siempre advertimos, la prudencia tiene que seguir estando como elemento central en todas y cada una de nuestras actuaciones.

Esta semana vamos a alcanzar el objetivo de 10 millones de compatriotas con la pauta completa y vamos a estar cerca ya del 40% de la población con al menos una dosis administrada. Son datos que también acompañan la recuperación de nuestra economía, reforzando una idea en la que venimos insistiendo desde el primer día, y, es que si la situación sanitaria se controla, si tenemos controlado el número de contagios y el número de personas que acuden a nuestros centros hospitalarios, nuestra economía tiene importantes bases, una gran resiliencia, para recuperarse de forma rápida.

De hecho, como ya hiciera antes la Comisión Europea en el día de ayer, la OCDE también afirmó que España será el país de la eurozona que más crezca en el año 2020 y en el año 2021. Esa mejora económica se traslade igualmente a las cuentas públicas, y, ayer conocimos que el déficit del Estado se redujo en abril, por primera vez desde que comenzó esta pandemia.

También contamos con muy buenas cifras de empleo en el mes de mayo, datos que se publicarán mañana de forma oficial, pero ya el ministro Escrivá ha adelantado que la afiliación a la Seguridad Social aumentará en más de 200.000 cotizantes y el número de personas en ERTE cerrará con un descenso de cerca de 100.000 trabajadores que ya se habrán incorporado a su puesto de trabajo. Es decir, estamos ante cifras muy positivas porque estamos recuperando el nivel de afiliados previo a la pandemia, solo en un año y tres meses. Si tienen usted en cuenta la comparativa, la anterior crisis financiera tardó once años en recuperar un nivel similar de afiliados.

Buen ritmo de vacuna. Datos esperanzadores en recuperación de empleo y también, como vieron en el día de ayer, muy buenas perspectivas para que la llegada de los Fondos Europeos sea también una realidad en la próxima semana, en los próximos meses.

Y, sin más, con esta información que creía importante poder transmitirle, cedo la palabra a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Sra. Ribera.- Muy bien. Muchísimas gracias, ministra, ministro, es un placer volver a estar aquí esta mañana con dos grandes noticias, con dos propuestas normativas muy importantes, muy significativas para nuestro sistema energético.

El Gobierno, como bien señalaba a la ministra portavoz, quiere velar por los consumidores, sobre todo por los consumidores domésticos e industriales, y asegurarnos que aquellas medidas que impulsemos permitan que los consumidores cuenten con un precio de la energía razonable.

Es obvio que también es importante velar, trabajar, porque nuestro país mantenga el enorme atractivo que tiene para los inversores, a quienes consideramos actores clave en la modernización de nuestro sistema energético. Quizá como ningún otro, un sector sistémico para el conjunto de la economía, por el bienestar y la necesidad de emplear energía a la hora de producir bienes y servicios. Por tanto, queremos un sistema energético bien remunerado, sostenible, rentable, pero que, sobre todo, evidentemente repercuta en beneficio de todos los españoles, como decía antes, en particular los consumidores domésticos y los industriales.

Es lógico que las compañías busquen maximizar su beneficio, es importante, es legítimo, pero nosotros como Gobierno debemos velar por los españoles y asegurar la compatibilidad de ese legítimo interés de las compañías con el bienestar de los consumidores.

Por eso traemos dos anteproyectos de ley, uno ya convertido en proyecto de ley que remitimos al Congreso de los Diputados, y otro que inicia su andadura con plenas garantías, buscando la máxima participación, observaciones y alegaciones e informes a los que prestaremos especial interés para poder tomar las decisiones más acertadas en esta tramitación.

¿Cuál es el impacto acumulado de estos dos proyectos de ley, una vez estén plenamente efectivas las medidas que incorporan?, pues nuestra estimación es que supondrá una reducción del 15% de la factura en los consumidores domésticos e industriales, y, permítanme que les explique las líneas maestras de cada una de las dos iniciativas.

La primera, el ya proyecto de ley, remitido al Congreso, por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Queremos que todos los vectores energéticos contribuyan, incluidos gas y petróleo, al despegue histórico de las energías renovables y el apoyo de la cogeneración. Lo hagan en función del volumen de energía que vendan en el mercado, pero también creemos que es importante que esta transformación, dado que hasta la fecha no habían contribuido a dar cobertura con generaciones o a renovables, se haga de manera ordenada. Esto significa que en el proyecto de ley hemos incluido exenciones y bonificaciones, exenciones y bonificaciones para aquellos consumidores que pueden tener más complicada esta adaptación, a gasóleo agrícola, gasóleo profesional, gas en sectores industriales expuestos a la competencia internacional.

Segundo, creemos que es importante dar un plazo de adaptación en este proceso de transformación. Por tanto, vamos a ir incorporando estas medidas de manera paulatina, progresiva, hasta un plazo máximo de cinco años, un tiempo que por lo demás, tenemos que aprovechar para, con las medidas que incorporamos en el Plan de Recuperación, acelerar los beneficios positivos en todos los consumidores, impulsando autoconsumo y techos solares, impulsando eficiencia, tanto en la industria como en el sector residencial o el sector institucional, impulsando el almacenamiento no solamente a gran escala, también el almacenamiento a pequeña escala, en pequeñas instalaciones industriales en nuestros hogares, facilitando la movilidad eléctrica.

Creemos que, junto a esto, es importante acometer otra reforma significativa. Traemos una segunda a medida que creo que es fundamental para el conjunto de los consumidores. Una ley importante con la que queremos garantizar que los consumidores se vean también beneficiados por el precio al alza del CO2 y que los beneficios que hoy van directamente a las cuentas de resultados de las empresas puedan también generar un beneficio positivo en la factura eléctrica de los consumidores domésticos e industriales. Creemos que esto es importante hacerlo en un momento en el que observamos como en poco más de un año, el precio del CO2 ha crecido más de un 150%, sin que los costes de generación de más del 90% de nuestro parque eléctrico generen CO2. Por tanto, es un beneficio consecuencia de la regulación del mercado marginalista europeo, del que no participan en estos momentos los consumidores.

Por eso, pensamos que es importante que los inversores y el despliegue de las renovables esté en nuestro horizonte, con todas las garantías, pero al mismo tiempo, que esas garantías de la transformación de nuestro sistema eléctrico no redunden en perjuicio, sino al revés, en beneficio de los consumidores, que puedan facilitar ese acceso al dividendo de carbono que hoy por hoy es retribuido íntegramente a las compañías eléctricas.

Repito, es algo más de mil millones de euros al año que pasan directamente a las cuentas de los empresas y pensamos que una parte muy significativa de estos beneficios deben ir a aminorar la factura eléctrica de consumidores e industriales.

Es una medida que hemos tomado con la máxima la solvencia y el máximo rigor y cuidado, de forma congruente, en primer lugar, con la legislación europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya avaló algo muy parecido, diciendo que es compatible con el marco europeo, tanto de funcionamiento del mercado como de introducción de señales de CO2 en nuestro sistema.

En segundo lugar, se aplica exclusivamente a las plantas que estaban funcionando en el año 2005, que es cuando entró en vigor esta legislación sobre CO2. ¿Por qué? Porque esto nos garantiza que no hay ninguno de los inversores que haya tomado la decisión de poder activar esas plantas, que en sus cuentas, sobre la viabilidad de su decisión, hubiera podido tomar en consideración el precio del CO2. Todas son decisiones previas. Ninguna de las plantas afectadas ha visto, en ningún momento, dentro de su contabilidad este coste del CO2 como un elemento a la hora de tomar decisiones de inversión.

Todos los inversores posteriores al año 2005, quedan excluidos de la aplicación de esta ley. Es decir, no hay ninguna planta posterior, sea cual sea su régimen retributivo, que quede afectada por esta ley que hoy sometemos a información pública. Al revés, creemos que el conjunto del sector se ve beneficiado. Los nuevos inversores saben que la electrificación se impone y crece el volumen total de la electricidad en nuestro sistema.

Por tanto, nuevos y antiguos saben que tienen un margen de crecimiento, de expansión importante, en un sistema estable, solvente, que al mismo tiempo ofrece cobertura a los consumidores, hasta el punto de generar una reducción de la factura que hará que este proceso vaya más deprisa y en línea con algo que tenemos marcado en nuestro horizonte: crecer en más de 60 gigas nuevos de aquí al año 2030 nuestra planta de energías renovables.

Queremos que nuestra respuesta aborde todas las preocupaciones que tienen hoy por hoy los consumidores cuando ven que su factura va creciendo. Es una buena noticia que pensamos que afecta de modo positivo a consumidores y a inversores, que mantienen todas las vías abiertas, todas las opciones abiertas, para cualquiera que quiera producir y vender electricidad en nuestro país, en un momento de crecimiento de la electrificación, quien quiera puede acudir al mercado eléctrico, quien quiera, puede acudir a la contratación bilateral, donde vemos un crecimiento muy importante también en nuestro país, y, quien quiera puede acudir a los sistemas de subasta que hemos activado desde el año pasado.

Por tanto, la combinación de ambas medidas, como digo, tendrá un beneficio enormemente positivo para consumidores en un momento particularmente sensible, donde la recuperación económica no puede verse amenazada en las economías domésticas, en las economías industriales como consecuencia de variables que no dependen de la decisión del Gobierno español, como pueden ser la evolución del precio del CO2 en los mercados internacionales. Muchas gracias.

Portavoz.- Muchas gracias a la vicepresidenta, y a continuación toma la palabra el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Sr. Planas.- Muchas gracias, ministra portavoz, vicepresidenta, efectivamente, buenos días a todos, buenas tardes.

Les traigo hoy la presentación ante el Consejo de Ministros y su aprobación del anteproyecto de Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera.

Es uno de los tres proyectos de ley que tenemos intención de introducir en esta legislatura desde el punto de vista de toda la legislación sobre la pesca marítima en España, que constituye, sin duda, un sector muy importante dentro de nuestro sector primario, desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista social y evidentemente alimentario.

Este proyecto de ley, anteproyecto de ley, que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, vendrá complementado en un futuro inmediato, por el proyecto, anteproyecto de Ley de Inspección y Control, vinculado a la aprobación del Reglamento Comunitario sobre esta misma materia y también del anteproyecto de ley en materia de digitalización, ordenación y comercialización de los productos pesqueros.

Si me permiten resumir en una idea qué significa este anteproyecto de ley, les diría que es un paso adelante definitivo desde el punto de vista de la sostenibilidad del sector pesquero, en una triple dimensión, una dimensión ambiental de, evidentemente, mantener los recursos que permiten la actividad pesquera. En segundo lugar, económica, sostenibilidad económica, para hacer rentable la actividad de nuestros pescadores. Y en tercer lugar, social, porque evidentemente a la pesca están vinculados a gran número de pueblos, localidades, comunidades costeras en el conjunto de España, casi 8 mil kilómetros de costa que tiene nuestro país.

Y evidentemente, el sector pesquero es un sector avanzado desde el punto de vista de sostenibilidad, es una política europea, según dice el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y tanto lo que se supone el rendimiento máximo sostenible, esto es, que las capturas nunca superen los stocks biológicos disponibles para reproducción, en segundo lugar, el hecho de que los descartes estén prohibidos y por tanto, todo pescado capturado, todo pez capturado debe ser objeto de desembarque en el puerto de destino, y, finalmente, lo que se refiere a la erradicación de la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, son elementos creo que fundamentales de cara a una buena estructuración.

¿Qué es lo que tenemos que hacer en España? Tenemos una ley de Pesca Marítima del año 2001 y este anteproyecto de ley, más los dos que he mencionado anteriormente, supondrán un profundo cambio en esta materia, que creo que es tremendamente importante.

Ustedes saben, en España tenemos 8.850 buques de pesca, de los cuales en el año 2020 estuvieron en activo unos 8000 aproximadamente, 95% es caladero nacional, 5% aguas de la Unión Europea, o bien bajo acuerdos internacionales en terceros países, y nuestras capturas provienen, un tercio del caladero nacional y dos tercios, efectivamente, de las capturas efectuadas en aguas comunitarias, estoy pensando en Gran Sol o en aguas de Portugal, o bien en aguas de países terceros bajo acuerdos internacionales.

Desde el punto de vista económico, el conjunto del sector, más la transformación, supone aproximadamente unos 15.000 millones de euros, de los cuales unos 1.800 se refiere a la pesca extractiva y el resto a la transformación. 30.000 empleos directos en la pesca, 30.000 más en todo lo que se refiere a la industria de transformación vinculada al sector pesquero.

Este proyecto de ley, anteproyecto de ley, tiene como primer objetivo, como se ha indicado, la sostenibilidad.

El segundo objetivo es el de proporcionar transparencia y seguridad jurídica en unas normas que han evolucionado, desde luego, de forma muy significativa a nivel europeo, desde el año 2009. Hace diez años, se produce el gran cambio de la política pesquera común, en el sentido que les indicaba al principio, sobre los elementos de sostenibilidad que ya he indicado, y por tanto, era necesario ajustarlo también para regular temas tan importantes como son la utilización de las cuotas y de los TACs (Totales Admisibles de Capturas). También la gestión de las mismas, la posibilidad de transmisión y todos los elementos jurídicos vinculados a este tema.

Un tercer aspecto, un tercer objetivo, es el relativo a la ciencia y a la política y la actividad pesquera. Es fundamental, si vinculamos la situación biológica de los stocks con la actividad extractiva, es fundamental un conocimiento cada vez más pormenorizado del estado biológico de los stocks, y este es un elemento fundamental introducido como objetivo de esta ley.

Y finalmente, algo que me interesa mucho y que es una gran novedad, que es el acceso a los recursos genéticos pesqueros, que es un elemento de novedad, porque evidentemente el mundo de la alimentación se está transformando de forma muy intensa y lo veremos en los próximos años, tanto la alimentación de origen vegetal o animal, como en este caso la procedente de los mares y océanos, y por tanto, esos nuevos recursos genéticos tienen que tener una regulación pública que es absolutamente necesaria.

La norma se aplicará tanto en caladero nacional, es decir, aguas territoriales de España, más zona económica exclusiva, más las zonas de protección del Mediterráneo, como aquellos buques de pabellón español o personas físicas o jurídicas españolas que faenan en cualquier lugar del mundo, ya lo digo, bajo pabellón de España.

Un segundo aspecto muy importante en cuanto a la aplicación, lo he indicado antes, es todo lo que se refiere a los temas de la gestión de los TACs y las cuotas y todos los mecanismos de acceso a los recursos pesqueros.

Hay tres condiciones básicas para la actividad pesquera.

Primero, licencia de pesca.

Dos: Inscripción en el Registro Oficial de buques de pesca.

Y tercero, en el censo de caladeros donde efectivamente se efectúa esa actividad.

Todo ello combinado yo creo que va a dar más seguridad, va a dar más estabilidad, va a dar más rentabilidad y, por tanto, yo creo que es una noticia positiva para el sector pesquero.

Y dos elementos finales que quisiera mencionar también:

Uno, lo que se refiere a la pesca recreativa. La pesca recreativa es un concepto que está muy claro en su definición, menos en su puesta en práctica. Justamente acabamos de someter a consulta un decreto para la creación de un registro oficial para saber, efectivamente, qué es pesca profesional y qué es aquello que es pesca recreativa, pero que evidentemente también afecta a stocks. Queremos regularlo en un país con tanta vocación de mar como lo es España y vocación pesquera de forma más sistemática. Y este es un elemento muy importante.

Y finalmente he mencionado antes los temas científicos. Son temas que a mí personalmente me interesan mucho y están muy vinculados a esta actividad pesquera. Lo discuto mucho con el ministro de Ciencia e Innovación, porque efectivamente es una parte fundamental.

Una parte es el programa del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, como ustedes saben, tenemos tres buques de investigación pesquera, el Miguel Oliver, el Emma Bardán y el Vizconde de Eza, que efectúan campañas de prospección sistemáticas para conocer el estado de los stocks y también hacer una pesca más sostenible. También tenemos un buque de formación, el Intermares, que gestiona la Armada. Y todo eso debe significar, y ahora lo haremos con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una puesta a nivel también desde el punto de vista científico de esa actividad, más la actividad del Instituto Español de Oceanografía, que es para nosotros absolutamente fundamental.

Sin conocimiento científico no se puede hacer una pesca sostenible. Y no solo es el objetivo número 14 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, sino que constituye un elemento fundamental, no solo desde el punto de vista climático y ambiental, sino también desde el punto de vista de la alimentación humana, piensen ustedes que el pescado es una proteína de un gran valor alimenticio y, por tanto, supone un elemento fundamental de cara a todo ello.

Este es el anteproyecto de ley en sus trazos fundamentales, y espero que a partir de ahora, lógicamente en la información pública y el debate que mantendremos, aparte de los contactos previos que hemos mantenido con el sector, las consultas correspondientes, permitan completar el trámite hasta el proyecto de ley y su envío a las Cortes Generales en un futuro, espero muy próximo. Muchas gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, ministro. Y muy brevemente hace referencia a cinco acuerdos que se han adoptado en el Consejo de Ministros.

El primero ha sido la aprobación del Plan de Prestación del Servicio Postal Universal. Yo creo que todos somos conscientes de la importancia que tiene Correos para la dinamización de la economía, pero ahora con especial hincapié o con especial interés, a raíz del auge del comercio electrónico, y también de las innovaciones que se presentan en el apartado de economía digital, en donde la vocación que tiene esta empresa pública es justamente ser líder en el sector y, por tanto, contribuir a la modernización de nuestra economía. Ello sin perder de vista que Correos es un servicio fundamental para la vertebración del territorio y, por tanto, para asegurar la igualdad efectiva de todos los ciudadanos, con independencia de la situación geográfica o de la situación social.

El plan consolida el nivel de calidad y las condiciones de prestación del servicio, sobre la seguridad jurídica y también incrementando la transparencia, y, por otra parte, asegura un horizonte financiero para esa empresa, para Correos y Telégrafos, una empresa pública que tiene ni más ni menos que 54.000 trabajadores.

Los objetivos a cumplir son, en primer lugar, las condiciones de recogida y entrega de paquetería o de comunicación. Las obligaciones de información, las queja, las reclamaciones o el tratamiento de las consultas.

En segundo lugar, hay todo una serie de apartados para el control y el seguimiento del servicio, incluso las penalizaciones por el incumplimiento de esos objetivos de calidad.

Y en tercer lugar se define la evaluación del coste del procedimiento, y los criterios para determinar cómo se contribuye desde el Estado, desde el presupuesto, a su financiación, de hecho, se crea un fondo para el pago que gestiona la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia)

El segundo tema que quería llevar a vuestro ánimo en la concepción de un préstamo del Estado a la Tesorería de la Seguridad Social, una transferencia de 13.830 millones de euros que estaba ya determinada, consignada, en el proyecto de presupuestos y que tiene como objetivo fundamental equilibrar presupuestariamente a este subsector tan importante para los ciudadanos, en relación con las pensiones o con la incapacidad temporal y, por tanto, el compromiso del Gobierno por hacerlo sostenible en el corto, en el medio y en el largo plazo.

El tercer acuerdo tiene que ver con la concesión de subvenciones directas para organizaciones de atención humanitaria y protección internacional a propuesta del Ministerio de Inclusión y en concreto es una subvención nominativa para Cruz Roja Española por importe de 87,5 millones de euros para la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, por importe de 47,5 millones de euros, y, finalmente, para la Asociación Comisión Católica Española de Migración, por importe de 30,5 millones de euros.

La concesión de todas estas subvenciones tiene como único objetivo cubrir las necesidades de atención humanitaria y de protección internacional que desarrollan estas tres ONG.

Esto va a permitir que continúen llevando a cabo acciones que se dirigen a las personas con especial vulnerabilidad y también en el caso de personas solicitantes de protección internacional. Esta subvención va a permitir el desarrollo de itinerarios personalizados para la integración de estos ciudadanos en España y también para su inserción laboral individualizada.

En este programa marco de atención humanitaria, también, y concretamente, para actuaciones en Islas Canarias y en Melilla, el Ministerio de Inclusión complementa estas tres subvenciones con una aprobación a Cruz Roja Española de 27 millones de euros para reforzar las actuaciones de emergencia, insisto, básicamente en la zona de Canarias y de Melilla.

El cuarto acuerdo es el realizado para que el Gobierno preste apoyo y garantía a la ciudad de Sevilla para la celebración de partidos de la UEFA EURO 2020.

Ustedes recordarán que el Gobierno prestó ya el apoyo en aquel caso a la ciudad de Bilbao para justamente el desarrollo de todas estas competiciones, y ahora, de lo que se trata, es de prestar el apoyo a la ciudad de Sevilla, porque va a ser, definitivamente, la sede española de la Eurocopa y otorga también, de camino en el acuerdo, todas las garantías que se han solicitado en el reglamento para la presentación de las candidaturas que elabora la UEFA.

La celebración de esta 16ª edición de la Eurocopa 2020 estaba programada en principio para disputarse en 12 ciudades europeas, justo en el verano pasado, de 2020, una cuestión que tuvo que ser aplazada por motivo de la COVID.

El Gobierno de España ya había otorgado la garantías a la UEFA para los partidos que se iban a disputar en esa ciudad que comentado, la ciudad de Bilbao, pero tras el cambio de sede que se decidió por parte de la UEFA y por el que se desplazó este evento a la ciudad de Sevilla, la organización ha solicitado la ratificación del Gobierno sobre las garantías que se exigían para la anterior ciudad vasca.

Entre estas garantías se incluye apoyo a la organización, facilidades aduaneras, agilidad para expedir visado para personal acreditado, o incentivos de carácter fiscal.

Y el último acuerdo es el de prórroga en la limitación de vuelos entre Brasil y Sudáfrica con los aeropuertos españoles, con motivo de la COVID19. Se mantienen exactamente las mismas excepciones a las limitaciones que se produjeron ya en las anteriores prórrogas.

Estas son las materias más significativa en el día de hoy y quedamos a disposición de vosotros y de los medios de comunicación para cualquier pregunta que los ministros y yo misma podamos solucionar.

Director General de Información Nacional.- Pues abrimos por tanto ese turno de preguntas. Vamos a comenzar, si os parece, Inma Carretero, de la Cadena Ser.

Pregunta.- Gracias. Buenas tardes.

Portavoz.- Sí, muchas gracias, Inma, por las diferentes cuestiones.

Y yo creo, en primer lugar, que el presidente del Gobierno expresó ayer con absoluta claridad la posición de nuestro país respecto al conflicto que hemos vivido en nuestra frontera sur y, por tanto, en nuestra frontera más próxima a la vecindad con Marruecos. El presidente trasladó con mucha claridad el pronunciamiento respecto al primer comunicado que emitió el Gobierno marroquí, y en ese sentido transmitió que era inaceptable, digamos, que el comunicado respecto al asalto que se había producido en nuestra frontera española y en donde, por supuesto, no se podía condicionar, a criterio de este Gobierno, la política exterior que soberanamente desarrollan los diferentes países.

Por tanto, no hay ninguna variación respecto al propio pronunciamiento que hizo el propio presidente de España, y, reiterar que después de la emisión del segundo comunicado, insistimos en que no es admisible que el Gobierno de Marruecos desafíe la frontera y la integridad territorial, por discrepancias en esa política exterior, que, como ustedes saben, la posición de España ha sido bien conocida a lo largo de todos los años en relación con las resoluciones de las Naciones Unidas.

Dicho esto, España tiene la mejor actitud constructiva con Marruecos. También el propio presidente lo expresó en un primer plano desde el punto de vista que nuestra voluntad es que definitivamente acabe la tensión que tenemos con este país del que somos vecinos. Yo creo que todos somos conscientes que España quiere y desea mantener una buena relación, como ha hecho siempre con el país marroquí, no solamente por razones de buena vecindad, también por las relaciones comerciales que unen a ambos continentes. Y, por otra parte, también saben ustedes que la relación constructiva con Marruecos permite también que seamos una suerte de embajadores de este país en el conjunto de la Unión Europea, lo cual también entendemos que muy beneficioso para nuestro país vecino y, por tanto, cuanto antes, deseamos que se vuelva a la normalidad en las relaciones diplomáticas que tenemos entre ambos países.

Paso a paso se ha experimentado una bajada de la tensión en la frontera. En cualquier caso, sigue las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desplegados, para que no se provoque nuevamente, ni se produzca una llegada masiva de inmigrantes como se produjo en las semanas anteriores. 10 mil personas que llegaron de forma irregular a nuestras fronteras, lo cual entendemos que, por supuesto, no es una crisis migratoria, puesto que se produjo en un escaso plazo de tiempo, sino que había sido un ataque real a nuestras propias fronteras y es obligación del Gobierno de España mantener la unidad y por tanto, la integridad en todo su territorio y seguir haciendo llamamientos a que la alta diplomacia juegue el papel que tiene que jugar en todo este tipo de conflictos, paso a paso, que se vaya normalizando del todo, a pesar de la caída de la tensión en estos días, pero que ya sea definitiva la normalización de la situación con Marruecos.

Respecto a la segunda pregunta, saben que la mesa de diálogo se quedó conformada para que se pudieran producir encuentros entre los dos gobiernos, el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno de España, que siempre hemos creído que era imprescindible una mesa de partido al interior del Parlamento catalán, porque no solo hay que hablar de las cuestiones relativas al establecimiento de vínculos entre España y Cataluña, sino que también nos parecía imperativo que se pudiera hablar de la convivencia y la normalidad en la convivencia entre los catalanes, y quienes mejor que los representantes políticos para poder abordarlo, y en ningún momento, por lo menos que yo sepa, se ha planteado la presencia de ninguna persona concreta en esa mesa que no fueran los propios que ostentan las responsabilidades dentro del Govern de Catalunya. Pero habrá que ver si una vez que se retome, después de la reuniones bilaterales entre el presidente del Gobierno y el señor Aragonès y también la señora Díaz Ayuso, tras ser elegidos presidentes de su comunidad, se pudiera plantear.

En relación con fechas o anticipos sobre posible fechas para cualquiera de la cuestión que usted me pregunta, no puedo adelantar ni anticipar nada en ese sentido. Los ministerios están trabajando para que a la mayor brevedad puedan ir presentando sus conclusiones, pero no tenemos ninguna fecha acordada ni tenemos tiempo que mandate legalmente para adoptar una resolución o una determinación. Así que lo haremos en el momento en que todo esté sustanciado, tanto en materia de lo que son las cuestiones de los indultos, como en las materias que tienen que ver con la convocatoria de la mesa de diálogo, insisto, una vez que se haya reunido los presidentes correspondientes.

Director General de Información Nacional.- Nos acompañan una quincena de periodistas en la sala, otro tanto a través de videoconferencia, vamos a conectar así con Paula de las Heras de Colpisa. Buenas tardes, Paula.

Portavoz.- Si, gracias, Laura.

Respecto a la primera cuestión, bueno, yo creo que también el presidente en el día de ayer, por su propia boca, transmitió con mucha claridad, al igual que había hecho días previos, que el espíritu que siempre va a mover al Gobierno respecto a las resoluciones en materia de indultos a los protagonistas del procés, va a estar inspirado por los valores constitucionales de concordia, de reconciliación, de reencuentro, en definitiva, de convivencia que queremos que presida el futuro de España.

Es obvio que este Gobierno asume siempre su responsabilidad. Por tanto, no deja que los temas se enquisten en una suerte de situación que no conduce a ningún lado, más que a que se incrementen los problemas, fruto de no abordarlos en los momentos correspondientes y en los momentos oportunos, y, por tanto, esas van a ser la hoja de ruta que conducirá al Gobierno a tomar definitivamente su decisión.

Sí decirle que en el caso que usted me pregunta, del señor Puigdemont, siempre ha sido criterio del Gobierno de España que este señor tiene que ser juzgado por la justicia española. Y esto es un elemento que creemos también importante. No es de recibo que una persona directamente se haya escapado para no hacer frente a ese juicio que tienen que hacer los jueces, los tribunales, evidentemente, como han hecho con otros protagonistas del procés, y por tanto permanecemos en esa convicción de que ojalá podamos tener la extradición del señor Puigdemont para realmente poder juzgarlo, con todas las garantías procesales, como ha ocurrido con el resto de las personas imputadas. Y, por tanto, ese es el primer paso que tenemos que desarrollar para que las cuestiones puedan ir por un camino, que desde nuestro punto de vista, siempre nos tiene que conducir al reencuentro y nos tiene que conducir a la convivencia, como digo, para coser heridas que nunca tenían que haber estado abiertas en canal, como tuvieron durante mucho tiempo, sin que, previamente, los gobiernos anteriores adoptaran medidas que impidieran la celebración del referéndum o la declaración unilateral de independencia.

Igualmente, como también el presidente confirmó en el día de ayer y el propio ministro de Justicia, se tramitará en paralelo cuando esté listo el texto, la reforma del Código Penal, justamente para homologar estos delitos de sedición a nuestra referencia de los países europeos, de los países de nuestro entorno. Un delito que, como ustedes saben, tiene data de fecha muy antigua y que no está actualizado a la política del siglo XX y del siglo XXI, por decirlo claramente, y que era voluntad desde hace tiempo del Gobierno de España el poder tener un ordenamiento jurídico en esta materia, similar a la de los países con democracias plenas en el conjunto de nuestro entorno, y, por tanto, también continuaremos con esa hoja de ruta cuando el Ministerio de Justicia traiga los textos a la mesa del Consejo de Ministros.

Y, en segundo lugar, respecto a la pregunta que usted me hacía, no tengo constancia de que se haya conocido, de que se haya intervenido respecto a ninguna cuestión que tenga que ver con un vuelo procedente de ningún país como usted comenta, si saben ustedes que en el día de hoy el dirigente del Frente Polisario, el señor Gali, está declarando ante la justicia, no sé si habrá terminado a esta hora de celebración del Consejo de Ministros, pero por supuesto, la independencia del Poder Judicial determina que adoptará las medidas, o no, que estime conveniente la justicia, para asegurar todo aquello que consideren que tiene necesidad de establecer. Y, por otra parte, no puedo hablar del estado de salud del señor Gali, por tanto, de sus posibilidades o no de alta, puesto que la persona interesada quiere proteger esta información que por supuesto es confidencial.

Pero, en definitiva, Laura, no conozco que se haya hecho ninguna actuación desde el Ministerio de Exteriores, ni yo, al menos tengo constancia de ningún vuelo que se haya vuelto, o que se haya detenido. Simplemente en el día de hoy asistimos a esa declaración judicial y por otra parte, desear, como siempre y a todas las personas, la pronta recuperación de todos aquellos que son, que están enfermos, y que han sido afectados por esta pandemia.

Director General de Información Nacional.- Seguimos aquí, Alberto de El Español, Alberto Prieto. Aquí, en este tercer cuadrante.

Portavoz.- Sí. En relación con la primera pregunta, Alberto, es evidente que el Ministerio de Justicia tiene que sustanciar la propuesta que traiga al Consejo de Ministros. Por eso siempre hablamos de que, justo, lo que tiene que hacer es argumentar, que es lo mismo que decir, sustanciar, las razones por la cual propone una u otra cuestión. Y eso hay que hacerlo con todo el rigor técnico, con todo el rigor experto, también con todo el rigor político, para que realmente su propuesta cumpla con el objetivo que el Ministerio de Justicia tenga planteado.

Decir también que el Estado de Derecho, y lo venimos repitiendo a lo largo de los últimos días, no sólo manifiesta su fortaleza con su capacidad de aplicar sanciones o ejerciendo la fuerza, también lo hace desde la generosidad para buscar ese bien común, ese interés general, que tienen que presidir las decisiones de este Ejecutivo.

Y ligando a la segunda pregunta que usted me hacía respecto al sentir en el Partido Socialista, le puedo decir, tajantemente, que no encontrará usted banderas de ninguna formación política, desde luego vinculada al Partido Socialista, que sea de izquierda, salvo que alguien de derechas para hacer la broma aporte que siempre es posible, claro, siempre es posible que alguien lleve una bandera de otro.

Pero desde luego lo que se refiere a el comportamiento y la actitud de, yo creo que las personas que van buscando también ese interés general, no se van a sumar a una foto que, sinceramente, yo creía que había quedado para la historia. Sinceramente, me parecía bastante poco pensable que se pudiera volver a asistir a que el Partido Popular, Ciudadanos y VOX protagonizaran juntos una nueva manifestación, un nuevo evento, repitieran lugar en la foto de Colón y ahora andan enfrascados en que van a ir, pero que no quieren salir en la foto, pero que no nos vean, pero que sí estaremos, pero…

Bueno, vamos a ver, a mí me parece poco serio este tipo de cuestiones y este tipo de planteamientos, desde luego nos retrotrae a una actitud, la de los partidos de la derecha, que fue contestada en las urnas por parte de los ciudadanos en más de una ocasión, puesto que esa unión a contra natura, o no, es una unión que desde luego no tiene ningún bienestar ni ningún beneficio para el conjunto de los ciudadanos. Y creemos y pensamos que no todo vale en política, que no todo se puede politizar. Y están ustedes asistiendo a una politización de todas las materias que hay en nuestro entorno y que, por tanto, el Gobierno de España va a seguir trabajando e intentando abordar los problemas con audacia, con valentía. Saben que el presidente del Gobierno no se esconde detrás de nada ni se esconde bajo nada, como si hacían otros presidentes de anteriores ejecutivos, tiene la responsabilidad contemporánea, actual, de tener que abordar una situación que no ha sido provocada por este Gobierno, sino que heredamos y tenemos que arreglar cuestiones que fueron permitidas o que al menos no fueron evitadas por los gobiernos de la derecha y por el gobierno del Partido Popular. Y, por tanto, lo que desde luego no es ninguna solución es taparse la cara, como los monos de Gibraltar, y pensar que no ocurre nada cuando está ocurriendo, ni más ni menos, y ocurrió, que una fractura social en toda regla entre los catalanes y entre Cataluña y España.

Y esto es la responsabilidad que le compete a este Ejecutivo. Responsabilidad que va a ejercer, porque el coste de no ejercerla es muy superior al coste de ejercerla. Y, por tanto, estamos convencidos de que la gran parte de nuestros militantes, la gran parte de los votantes y, en definitiva, de los ciudadanos, tienen que comprender que la situación de Cataluña necesita una ruta, necesita una respuesta, y que evidentemente, siempre ha sido voluntad del presidente Sánchez que una vez que acabe la legislatura, dejar al país en mejores condiciones de las que se lo encontró. Y eso, a pesar de haber atravesado una pandemia de la que no hay referencias y la consiguiente crisis económica.

Pero seguimos en nuestra ruta del bienestar de los ciudadanos, de la defensa del interés general, y el Gobierno no va a escatimar esfuerzos para ser posible esa máxima que el presidente defendió en su discurso de investidura, de dejar un país mejor del país que se encontró.

Sra. Ribera.- Muchas gracias, Alberto por su pregunta, sus preguntas, que contesto evidentemente sobre la base de mis propias impresiones o lectura.

El primer elemento que yo quisiera destacar con respecto a una eventual propuesta o solicitud de cierre es que lo más importante es la solvencia del sistema, por tanto, el operador del sistema debería garantizarnos si es posible o no cerrar una central nuclear o cualquier otro tipo de central, sin ningún tipo de riesgo para que podamos contar con la electricidad cuando se necesita, como se necesita y donde se necesite.

La segunda, consideración que yo quisiera hacer es que alabé en su momento el acuerdo con todos los propietarios de las centrales nucleares y ENRESA que establecieron un calendario que nos permitía gestionar un cierre ordenado, prever la suficiente dotación para poder gestionar el desmantelamiento y la gestión de los residuos nucleares, y prever también como podía evolucionar el conjunto del sistema eléctrico y las inversiones para poder transformar hacia un modelo plenamente descarbonizado y seguro.

Y en aquel momento la tonelada de CO2 estaba a 20 euros y el precio del megavatios hora alrededor de 50 euros. Así que me extrañaría que con esas cifras les pareciera correcto la decisión y el compromiso que asumían, cuando, además, las fuentes comunitarias, piense que estábamos antes de la llegada de Baiden, y el compromiso tan firme por parte de Estados Unidos con la lucha contra el cambio climático, o la elevación de la ambición por parte del Consejo Europeo. Pero digo, en aquel momento las estimaciones comunitarias y de los observadores es que la tonelada de CO2 se movería en torno a 20, 25 y quizá al final de la década en torno a 50.

Este incremento tan importante que hemos vivido pone de manifiesto la convicción de que las cosas van a ir más deprisa de lo previsto. Pero si las cuentas le salían con 20 euros la tonelada y 50 euros el megavatios, imagino que nada ha cambiado, ahora que está a 50 euros la tonelada y a ochenta y tantos el megavatio de cara a la rentabilidad de la explotación de estas plantas, con total seguridad y con arreglo a lo que diga en su caso el Consejo de Seguridad Nuclear.

Algo parecido ocurre con respecto a la litigiosidad. Yo tampoco quiero decir nada, porque evidentemente todos los actores tienen derecho a hacer uso de todos los recursos que esté a su alcance. Pero la verdad es que vamos a un proceso de electrificación muy importante del conjunto del consumo, de la energía final. Por tanto, un incremento muy notable del negocio al que se dedican los titulares de esas plantas a las que, a partir de la entrada en vigor de la ley, se les minore una parte de ese sobre beneficio asociado al CO2. Y creo que saben que se trata de un sobre beneficio que se descuenta en plantas antiguas, amortizadas largamente, con unos costes operativos muy bajos, y por tanto, con una rentabilidad elevadísima, incluso después de la minoración del CO2.

Se trata, además de empresas que reiteran una y otra vez, en público y en privado y actúan de manera congruente, entiendo, con los compromisos de sostenibilidad social, ambiental y buena gobernanza, y empresas, por tanto, que saben que en este momento un precio como éste es algo difícilmente absorbible para las familias y para el despegue industrial, y una minoración de parte de sus beneficios, que no cuestionamiento en absoluto de su rentabilidad, no debería sino, a generar un incremento, una aceleración del incremento de su negocio eléctrico.

Así que me parece que teniendo en cuenta estos argumentos económicos y teniendo en cuenta el respaldo jurídico que nos ofreció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para este mismo esquema en 2013, no es probable que pueda llegar a producirse esto, pero evidentemente cada empresa y cada consejo de administración tomará las las decisiones que consideren que consideren adecuados.

Estamos, no obstante, en fase inicial del anteproyecto, así que en tramitación del anteproyecto. Así que probablemente es prematura también esa pregunta.

Director General de Información Nacional.- Vamos ahora por videoconferencia, Mercedes Serraller, de Expansión.

Portavoz.- Mercedes disculpa, se está metiendo algún otro sonido, probablemente de…por favor, pongan el mute en cada una de las pantallas porque creemos que se está metiendo sonido de la videoconferencia.

Director General de Información Nacional.- Mientras tanto, mientras resolvemos la conexión, si os parece, regresamos a la sala Juanma Romero. Aquí está en este…

Portavoz.- Voy muy rápidamente a las cuatro preguntas Juanma.

Respecto a la primera, lo que he dicho es la obviedad de lo que en este momento está ocurriendo. En este momento se está trabajando en la reforma del Código Penal, por tanto, en la homologación del delito de sedición, en la comparativa internacional y sobre todo con los países de nuestro entorno, con los países europeos, y de la misma manera se está trabajando en sustanciar la propuesta que el Ministerio de Justicia vaya a llevar al Congreso de los Diputados.

Es decir, no quiero decir que cuando lleguen al Consejo de Ministros lleguen a la vez, uno llegue antes que otros. Lo que digo es que ya se está trabajando en paralelo, tanto en una cuestión como en la otra cuestión, como el propio ministro de Justicia ha transmitido, en el momento en que los textos estén desde la resolución, al propio proyecto de ley, imagino que vendrán al Consejo de Ministros para su tramitación.

En segundo lugar, respecto a la mesa de diálogo, he querido resaltar que, efectivamente, es una mesa de dos gobierno en donde los gobiernos designan las personas que deben acudir a esa mesa y por tanto, adelantar o anticipar presencias, cuando ni siquiera se ha producido el encuentro bilateral entre el presidente del Gobierno y el señor Pere Aragonès es absolutamente prematuro y especulativo.

Por tanto, lo que he querido resaltar es que hay espacio para los gobiernos, y que tiene que haber espacio para los partidos al interior del Parlamento de Cataluña y que es bueno avanzar en esa doble dirección, como digo, para encontrar un cauce para fortalecer o al menos reconstruir los puentes que se dinamitaron entre España y Cataluña, básicamente con su Gobierno, y que tantos problemas de convivencia ha generado en esta comunidad autónoma.

El tercer problema, la alta diplomacia, justamente tiene como función y como objetivo la discreción para que se puedan reconducir aquellas situaciones complejas o aquellos malentendidos o situaciones de dificultad, que se pueden establecer entre dos países que se necesitan. Y en este caso España necesita Marruecos, como es lógico, su vecino, tenemos una excelente relación comercial con este país y Marruecos necesita España para su vinculación con la Unión Europea, y, también porque evidentemente somos un país vecino en donde los intereses comerciales siempre se han trabajado, están cruzados, el ministro Planas sabe muy bien de lo que hablo, ¿verdad?, por sus vidas anteriores, y por tanto, es imprescindible que volvamos a retomar la normalidad entre los dos países. Una normalidad que, insisto, fue alterada con motivo de un asalto, en toda regla que se produjo a nuestra frontera, con la llegada, ni más ni menos, de más de 10.000 personas de forma irregular que llegaron a nuestras costas.

Así, que yo confío, y el Ministerio de Exteriores confía en el buen trabajo de esa alta diplomacia, y como tal, cualquier cuestión que se diga al respecto puede dificultar la negociación, por tanto, nuestra vocación es de encuentro y entendemos que la de Marrueco también.

En relación con la última pregunta, la mascarilla. Mañana hay nueva reunión del Consejo Interterritorial. Entiendo que la ministra Carolina Darias volverá a hacer comparecencia. No sé si en esa reunión tendrán ocasión de hablar o de aproximar esta esta cuestión. Lo que sí es obvio es que, al igual que en este momento, hay una normativa que obliga a la utilización de la mascarilla por criterio experto, será el criterio experto el que cambie esa regulación, esa normativa, para permitir que los ciudadanos puedan circular sin tener que hacer uso obligatorio de la mascarilla. Pero será cuando el Comité de Expertos, la Comisión de Salud Pública, determine que ya por el grado de inmunización que tenga la población, estemos en condiciones de poder transitar sin ella, más allá de que haya ciudadanos que entiendan que la mascarilla es una protección adicional y la sigan utilizando en su libertad. Pero hasta que no se produzca esa indicación por parte de la Comisión de Salud Pública o del propio Consejo Interterritorial, es evidente que el Gobierno no va a cambiar su normativa.

Director General de Información Nacional.- Vamos a intentar recuperar esa conexión con el diario Expansión, con Mercedes Serraller, a ver si ahora es posible, Mercedes.

Sra. Ribera.- Muchísimas gracias por las por las tres preguntas.

El diferencial entre el coste de la hidráulica, las renovables, el mercado, que es poca y antigua y la nuclear con respecto al coste al que son retribuidos, es muy grande. Por tanto, el margen extraordinario asociado al incremento del precio del CO2, que sobre lo que operamos, es solamente una parte de esa rentabilidad extra que reciben.

En principio, nuestra propuesta en línea con lo que entendemos, cabe interpretar de la sentencia del Tribunal de Justicia de octubre de 2013, es una minoración del 90%, de tal manera que las plantas mantengan la rentabilidad adicional por la diferencia del precio del gas natural, cuando sea el gas natural el que marque precio, que es importante, más un 10% como incentivo adicional asociado a la participación de CO2. Pero seguro que este es uno de los asuntos sobre los que surgen comentarios en el este contexto de audiencia e información pública.

Con respecto a los ingresos de la subasta de derechos de emisión, hay una orientación general de la Comisión Europea que viene prestando su atención a este asunto desde hace mucho por parte del Gobierno de España, de destinar principalmente esos ingresos a actuaciones que tengan que ver con la transformación del sistema energético y con cambio climático, de tal modo que hay una muy buena parte de los ingresos que sirven para paliar el déficit, para acompañar la solvencia del sistema eléctrico, y esto es algo que evidentemente busca ser complementado con algunas de las medidas que impulsamos hoy, como es el Fondo Nacional de sostener el sistema eléctrico, pero también está destinado a otras partidas.

Piensen que la Ley de Cambio Climático se introdujo una enmienda que valoramos muy positivamente, y es que hasta el 25% de estos ingresos puedan servir para compensar el coste del CO2 en la industria expuesta a la competencia internacional. Y, de hecho, esta es una de las cuestiones que nos parece también más importante en un escenario de incremento de precios como en el que estamos, ver de qué modo se puede completar, se puede paliar, la situación en la que se encuentra la gran industria española ante esta subida tan importante del CO2.

Y con respecto al impuesto de matriculación, que se trata de un asunto en el que mi compañera, la ministra de Hacienda, evidentemente conoce mucho mejor que yo, mi preocupación trasladada en el Congreso, es que debemos tener cuidado con cuáles son las obligaciones a las que estamos sometidos como Estado miembro de la Unión Europea.

Y las obligaciones son que las emisiones de los coches nuevos en España desde el año 2020 no pueden superar, en promedio, los 95 gramos, es decir, el impuesto de matriculación que eximía a los coches que emitían hasta 120 gramos, en cuyo diseño tuve ocasión de participar con la directora general en el año 2004, 2005, 2006, tomaba como referencia son 120 gramos, porque era lo que en aquel momento la Unión Europea fijaba como máximo en el promedio de emisiones de los coches nuevos. Esos 120 gramos nunca, jamás, fueron actualizados ni revisados, a pesar de que la Comisión Europea, las instituciones europeas, en el contexto de las normativas de calidad del aire, fueron revisando a la baja esas previsiones. Es más, si nos produjo este revuelo con respecto al modo en el que se medían las emisiones de los coches, que conocen ustedes bien, un escándalo que generó una gran alteración en el sector.

Por tanto, la decisión que tomamos en su momento fue dejarlo como estaba, en vistas a la delicada situación de recuperación del sector, dejarlo como estaba, 120 gramos, en lugar de revisarla a la baja, que era lo que tocaba.

Sorprende que hay algunos grupos parlamentarios que hayan decidido saltarse esa regla y elevarlo hasta 145 gramos, es decir, muy por encima, casi un 50% por encima, de las emisiones que deben tener la flota nueva colocada en el mercado español, para poder cumplir con la directiva europea. Un incumplimiento de esa obligación nos llevaría probablemente a una condena, y al pago de multas por parte de las instituciones españolas, si no pudiéramos conseguir el cumplimiento de esa obligación. Así que creo que esta decisión es, cuando menos, sorprendente y un poco irresponsable, y tampoco ayuda al sector.

Creo que el sector está en pleno proceso de reorientación de la producción de sus automóviles. Saben perfectamente que es muy importante que haya un mercado de proximidad, un mercado local de aquellos modelos que son más demandados en los mercados internacionales para poder asentar líneas de producción con futuro, y yo creo que quedarnos anclados en unas emisiones que quedan desfasadas y por tanto en un tipo de vehículos que cada vez tendrán menos peso en el mercado de los vehículos nuevos, pues es un poquito, un poquito arriesgado.

Portavoz.- Solamente complementar, vicepresidenta y tú me corriges, que además la normativa ya preveía hace ya años la entrada en vigor de esta medida que se ha ido posponiendo por decisión activa por parte del Gobierno.

Y esto significa que ya llevamos retraso respecto a la puesta en marcha de esta medida y que este año, evidentemente, por las razones que ha explicado la vicepresidenta, continúan su curso y por tanto, lo que se hace, con esa enmienda es reproducir lo que se venía haciendo en años previos, que es impedir que entre en vigor la ley. Esto es importante porque la propia construcción de la ley, sabiendo que tenía que ir en línea con la directiva europea y con las normas europeas, establecía este grado de medición, y esta situación se tenía ya que haber efectuado, pues hace, si no recuerdo mal, vicepresidenta, dos o tres años cuanto poco. Por tanto, es una circunstancia que habrá que estudiar, que habrá que analizar cómo se puede producir la compatibilidad y por tanto, en ese período estamos.

Director General de Información Nacional.- Irene, Irene Castro.

Portavoz.- En relación con la primera pregunta, Irene, o yo me he explicado fatal, o el tema ya de por sí tiene una complejidad.

No, yo no he hecho una cronología de cómo y de qué manera se van a producir las diferentes reuniones. Yo, lo que he dicho que el presidente del Gobierno en el día de ayer expresó que era lógico y razonable que previo a la convocatoria de la mesa de diálogo se reunieran, aunque fuera cortesía institucional, los presidentes recién nombrados, tanto en Cataluña como en Madrid, y por tanto, lo primero que lógicamente se producirá es esa reunión, en la que ambos se pondrán de acuerdo sus agendas para que se pueda formular y posteriormente se reunirá la mesa de diálogo. Ni he incorporado el tema de los indultos a esta cuestión ni está mezclado con esta cuestión.

Son temas distintos, que yo comprendo que ustedes quieran relacionarlos, pero que no tienen nada que ver, una es una reunión institucional, cortesía que siempre se produce y es conveniente que se haga, en donde los presidentes recién electos vienen en audiencia a Moncloa, para, imagino, trasladar al presidente cuál es su preocupación, cuáles son los elementos sustanciales, cómo se puede contribuir a la colaboración mutua y recíproca, para que el Gobierno, los diferentes gobiernos, tengan un escenario estable en donde poder moverse. Esa es una cuestión.

Otra cuestión distinta es la mesa de diálogo, mesa en la que el Gobierno de España lleva tendiendo la mano para su convocatoria desde el primer día, después de las reuniones previas que se produjeron antes de que viniera la pandemia, en época prepandemia, como ya estamos acostumbrados a trasladar y por tanto siempre hemos dicho que retomara el diálogo, que siempre es imprescindible y necesario a la mayor brevedad posible, y nada tiene que ver, la convocatoria de la mesa, a su vez, con el que el Ministerio de Justicia esté sustanciando, después del pronunciamiento del Supremo, la solicitud de indultos que se han formulado por parte de las personas que estaban implicadas y condenadas con motivo del procés.

Son temas que todos hablan de Cataluña, pero no tienen relación entre ellas, y lo aclaro por si en algún momento se ha interpretado, por mis palabras, que pudiera yo haber relacionado mesas de diálogo e indultos. Nunca, e incluso, creo recordar, que el presidente del Gobierno ayer estableció también la diferenciación clara entre ambas cuestiones, porque no están ni interconectada ni interrelacionadas.

En segundo lugar, el Gobierno se va a sentar con el Gobierno de Cataluña. La mesa de diálogo es una mesa de dos gobiernos y, como digo, sería especulativo, no tendría ningún tipo de sustento, desde luego, por mi parte, hacer ningún posicionamiento respecto a quienes pueden o no participar de esa mesa. Lo que he comentado es que entiendo que a lo largo de estas próximas semanas, cuando se vaya a proceder a su convocatoria, las delegaciones trasladarán cuáles son los nombres que la compondrán. Pero sería especulativo por mi parte y no aportaría nada al debate político ningún pronunciamiento en esta materia, porque hoy no está encima de la mesa de este Gobierno.

Por tanto, paso a paso, las cosas irán abordando en la medida que se vayan planteando, pero saben que soy poco dada a especular con cuestiones que ni siquiera sé si se van a plantear y que en todo caso, habrá que analizarla a la luz de las cuestiones que en cada momento se planteen por parte de los que quieran o no, designar determinados interlocutores en esa mesa de diálogo.

Y en relación con la tercera materia, yo tengo que decirle, Irene, que el Partido Socialista, que Unidas Podemos, es decir, que este Gobierno y las fuerzas políticas que lo componen son formaciones históricamente comprometidas, no ya en el reconocimiento de los derechos, sino en la garantía efectiva de poder ejercerlos en condiciones de igualdad, por ejemplo, el matrimonio homosexual y otras cuestiones que fueron significativas en el escenario internacional de cómo nuestro país se ha encontrado cuando ha gobernado el Partido Socialista a la avanzadilla de todos esos derechos.

Y nuestro compromiso con el colectivo LGTBI es total. Lo ha sido siempre. Ha sido el Partido Socialista el que ha liderado los avances normativos, lo digo, por ejemplo, yo, que he estado en una comunidad autónoma, verdad, Luis, Andalucía, que fue pionera durante los gobiernos socialistas en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI, con aspiraciones ahora del colectivo, muy similares a las que en aquel momento dio un paso adelante y se reconocieron todas estas cuestiones. Y, por tanto, me parece que el Partido Socialista, aunque no corresponda a esta mesa, siempre ha estado comprometido con los derechos de las personas LGTBI y ninguna expresión que quiera apartarlo de esa lucha, que tiene que permanecer, tiene que continuar, ni sería justa ni sería inteligente por parte de este colectivo, que desde luego, sí tiene formaciones políticas que vayan a defender de verdad, con viabilidad y con capacidad de gobierno su derechos, justamente son las que componen este Gobierno y en concreto, por la que usted me preguntaba.

Director General de Información Nacional.- Un penúltimo turno, Carlos, Carlos Cue, ahí al fondo.

Sra. Ribera.- Muchas gracias, Carlos.

Yo creo que la pregunta es doble, y voy a intentar contestar a las dos cosas.

La primera aludía antes, en mi primera intervención, que el sector energético es sistémico y nos encontramos con muchos deberes sin hacer, con cosas que sabíamos que había que hacer y tenían fecha, como apuntaba antes, al impuesto de matriculación y a las emisiones de los vehículos nuevos, y, sobre esto no entro, pero si al carbón o a la necesidad de contar con un sistema robusto de seguridad de la gestión de los residuos nucleares, o a la necesidad de facilitar los objetivos de eficiencia energética y de energías renovables. Y había unas señales enormemente contradictorias sobre las que tenía que intervenir el Gobierno para facilitar el cumplimiento de los objetivos de transformación del conjunto del sistema energético, maximizando eficiencia, maximizando electrificación, maximizando renovables.

Y esto es una tarea compleja que explica por qué hemos adoptado más de 50 medidas en este ámbito, que explica por qué es sorprendente y me lo he repetido muchas veces, pero aprovecho para repetirlo de nuevo, hemos abordado con total responsabilidad y franqueza, pero también con compromiso social, el cierre del 84% de la capacidad de carbón en menos de dos años.

Nadie ha hecho eso, por qué teníamos que dar salida a los territorios de las comarcas de los trabajadores afectados, y por qué se ha reactivado un ritmo de penetración de renovables que durante ocho años ha estado parado en seco, abordando una falta de credibilidad de una litigiosidad internacional que todavía estamos pagando, aunque estemos ganando cada vez más los arbitrajes.

Yo creo que las consecuencias son positivas. Tenemos un sistema saneado, mucho más centrado, que genera confianza a los inversores nacionales e internacionales, que aborda la pobreza energética. Por cierto, hoy también hemos aprobado una contribución a las administraciones autonómicas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para el bono social térmico.

Pero también dijimos desde el primer momento que son los años más complicados. La energía eléctrica más barata, con costos operativos más baratos, es la renovable. Pero hasta tanto no hayamos desplazado al 100% las otras formas de energía, que son más caras, el mercado va a marcar siempre la energía más cara como señal de precio, incluidos, en ocasiones, las ofertas que hacen tecnologías con costos operativos muy bajos, como pueden ser la hidráulica, que sin embargo incorpora el coste de oportunidad de megavatios caro con CO2 y con gas natural, cosa que hemos estado viendo durante el mes de mayo.

¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tenemos que velar porque estos años, que son los más complicados de la transición y de la transformación y que se complementan con todas esas estimaciones de reducción muy importante del precio de la electricidad de nuestros hogares, nos obligan como Gobierno a estar atentos, a estar pendientes, a ir introduciendo las modificaciones que nos permitan asegurar ese objetivo con el que seguimos comprometidos, reforzando las estrategias para hacer frente a la pobreza energética, reforzando esa reducción de los costes de la energía y abordando factores que nosotros no controlamos, no dependen de nosotros, pero que pueden incidir en la factura eléctrica sin perder de vista la credibilidad y la seriedad, para aquellos inversores que estén dispuestos a acompañarnos en este proceso de transformación y vamos a seguir, vamos a seguir así.

La segunda pregunta me parece que tienen que ver con el hecho de que hoy entran en vigor las nuevas tarifas, unas tarifas con una metodología propuesta por la CNMC a lo largo del año 2019, y que a nosotros nos pareció correcto ir introduciendo señales que faciliten el no tener que seguir invirtiendo masivamente en reforzar infraestructura de transporte y distribución, porque es algo de lo que estamos bien dotados, pero en la medida en que se concentra la demanda en determinadas horas, pues no se aprovecha todo lo eficientemente posible.

Nosotros sugerimos el reducir la parte fija de la tarifa y dar más peso a la parte variable para poder incentivar eficiencia, y ellos sugirieron esta división por tramos horarios.

A partir de ahí hay que decir dos cosas.

La primera, yo oigo algunas cosas que me parece que son probablemente exageraciones, del mismo modo que hay memes en las redes sociales, yo, desde luego, no recomendaría a mi madre que se levantara a las dos de la mañana a planchar, ni para atrás. Yo sé que tiene tramos muy razonables para poner el lavavajillas y la lavadora, de 8 a 10 de la mañana, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, de 10 de la noche, 12 de la noche y el fin de semana y festivos completo, con unas tarifas que son equivalentes a las actuales, en esos tramos centrales y de primera hora y última hora de la tarde, y en unas tarifas que son mucho más baratas, los fines de semana, los festivos y por la noche, y en efectos promedio, probablemente, incluso aunque no se tomará ninguna medida, se produciría una reducción de la factura que pagamos en cada uno de nuestros hogares.

Si somos cuidadosos, esa reducción es más importante, y si nos descuidamos y concentramos todos nuestros consumos en las horas más caras del día, pues probablemente esa factura es más cara. Pero cuando uno se da cuenta de cómo se reparten las horas, pues de que es una propuesta bastante equilibrada.

Y en todo caso, esta es la segunda cuestión importante, esto afecta, la variación de estos precios en esta tarifa, afecta el 30% de nuestra factura final, el resto depende del mercado eléctrico, por tanto, de estas cuestiones que hemos abordado hoy o de la fiscalidad, que son cuestiones que están enmarcadas en un debate más amplio, más de profundidad, tutelados por ese grupo de expertos al que la ministra de Hacienda ha solicitado que haga una valoración de conjunto sobre cuáles son las reformas fiscales a las que tendremos que hacer frente.

Portavoz.- En relación con la siguiente pregunta. Carlos, nosotros, como es lógico y como haríamos con cualquier otra persona que estuviera en nuestro país, lo que pedimos al señor Gali es que colabore con la justicia, como ha hecho declarando, y, como digo, no tengo todavía retorno de esa declaración porque ha ocurrido en paralelo a la celebración de este Consejo de Ministros. Pero lo que queremos, por supuesto que colabore con todos los poderes del Estado, en esta ocasión con la justicia española. Y también esperamos que se recupere a la mayor brevedad, como desearíamos también a cualquier persona que esté enferma del COVID19 y cuando se recupere, entendemos que esta persona se marchará a su país de origen, del lugar de donde vino. Pero básicamente que se colabore, que se colabore con el Estado español, en este caso a través de su declaración ante los tribunales de justicia.

Y en relación con la segunda cuestión, yo creo de verdad, y así lo digo, que el presidente del Gobierno durante los últimos meses ha protagonizado varios debates de la nación, cada vez que ha habido una discusión sobre el decreto de alarma, y la última fue hace escasamente unos meses, el presidente del Gobierno ha hecho un repaso global por todos los retos, por todas las dificultades y también por todas las alianzas que teníamos que ir transitando para que nuestro país salga de esta situación pandémica a la mayor brevedad posible, y salga fortalecido porque haya sido capaz de anticipar todas aquellas cuestiones que, aun estando en la hoja de ruta, requerían de recursos adicionales y requerían de una atmósfera política, que se ha propiciado con motivo de la pandemia, de percibir la necesidad en el avance en la digitalización, en el avance en seguir transitando ecológicamente nuestras actuaciones para que no se produzcan situaciones relativas a las enfermedades, a las cuestiones climatológica, que no estén en la lógica habitual y que por tanto, esté más relacionada con el cambio climático.

Y creo que se podrá criticar a este Gobierno de muchas cosas, pero desde luego no de no comparecer permanentemente ante el Congreso de los Diputados y concretamente el presidente, en las mismas sesiones de control y luego en el debate de Estado que se ha producido con motivo de la renovación de los decretos de alarma sucesivos que se han ido posibilitando.

Estamos ahora mismo absolutamente concentrados en conseguir los objetivos de vacunación que van a buen ritmo, que por tanto se recupere la actividad económica en paralelo, cuando tengamos ya la inmunidad colectiva, la inmunidad de grupo que pretendemos alcanzar en el entorno al verano y por tanto, previamente habrá que transitar toda esta cuestión, desde mi punto de vista, para que realmente podamos ya pasar página definitiva de esta pandemia y podamos poner el foco en los principales retos que como país tenemos que concentrarnos para que entre todos seamos capaces, después de terminar esta legislatura, de haber conseguido más cotas de bienestar.

Sr. Planas.- Finalmente, sobre la última pregunta, Carlos, ese programa de migración circular data del año 2007, efectivamente, algo conozco del mismo.

Nos inspiramos en el acuerdo hispano alemán de 1963, y supone, de un lado, la respuesta a una necesidad, en el caso de los frutos rojos de la provincia de Huelva, de la necesidad de trabajadores para proceder a su recogida. En segundo lugar, era interesante desde el punto de vista de la inmigración para proporcionar sustento e ingresos a familias que efectivamente así lo necesitaban y lo necesitan. Y en tercer lugar, porque efectivamente esta migración circular permite al final del contrato el retorno al país de origen.

El año pasado, las circunstancias del final del contrato coincidió con el momento más álgido de la pandemia y del estado de alarma, y fue posible, en circunstancias logísticas complicadas, proceder a su retorno. Nada indica que este año, nada indica, nada hace pensar que no se pueda efectuar este retorno en este año en que nos encontramos.

Y creo que además añadiría algo más, que cualquier estado, y en este caso, lógicamente, el Reino de Marruecos, como lo ha hecho siempre el Reino de España, debe velar por aquellos ciudadanos que emigran para trabajar y debe proporcionarles la protección adecuada. Por tanto, me parece y creo que esa es la cuestión, me atrevo a dar la opinión por el ámbito agrario de la actividad, corresponde a mi colega, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero entiendo que ese retorno se podrá producir, espero, que a la finalización de los contratos laborales correspondientes y dentro de la normalidad que debería corresponder a este caso.

Director General de Información Nacional.- Pues un turno más que será el último, Iñaki Aguado.

Portavoz.- Sí, gracias, Iñaki.

Efectivamente, el interés es el Gobierno y los principios que van a inspirar la decisión del Gobierno estarán presididos por esa vocación de convivencia, de reconciliación, de encuentro, en definitiva, de intentar, en la medida de nuestras posibilidades, de defensa del interés general y por tanto, ser capaces de abordar una materia en la que ya hemos hablado mucho durante los últimos días, y que implica no el reencuentro de Cataluña con España y al interior de Cataluña entre personas que piensan distinto.

Y esto para nosotros es una prioridad absoluta, porque el país hay que construirlo a partir de que todos contamos y todos participamos, todos tenemos algo que aportar, y, sin duda Cataluña es importantísima para el conjunto de España, y tenemos que, entre todos, ser capaces de aportar nuestro grano de arena para intentar coser heridas que nunca tuvieron que estar abiertas, y que por lo tanto, probablemente, la falta de diligencia o de atención de otros gobiernos nos han traído hasta el día de hoy, y este Gobierno, como he dicho al principio, asume su responsabilidad porque justo está gobernando este país para que las cosas puedan transformarse en pos del interés general, y de incrementar el bienestar del conjunto de los ciudadanos, y a nadie se nos escapa que una condición para ese bienestar importantísima es la paz social, es la convivencia, es la capacidad de encuentro, y por tanto, de que podamos superar esas desavenencias que hemos tenido a lo largo de los últimos años.

El Gobierno es responsable de la parte que le corresponde al Gobierno, pero la situación requiere liderazgo por ambas partes. Y esto también es algo que venimos transmitiendo desde el primer día y desde la constitución del Govern en Cataluya, se requiere de audacia y de liderazgo por parte del Gobierno de España, pensando siempre en ese interés general, y se requiere también liderazgo por parte del Govern de Catalunya. Y no tiene por qué dudar este Gobierno de que ese liderazgo existe y se va a producir y, por tanto, que el resultado de las urnas en Cataluña acompañará a una ruta, que no es fácil, lo saben ustedes perfectamente, una vez llegado a este punto, el conflicto no es fácil el poder reconsiderarlo, pero desde luego el Gobierno de España va a poner todos los instrumentos a su alcance para que se vuelva a producir ese reencuentro con Cataluña.

Y en relación con la siguiente pregunta, es evidente que ha bajado la tensión en nuestra frontera respecto a los puntos álgidos que se produjeron esos primeros días, donde llegaron 10.000 personas de forma irregular a nuestro país en menos de 48 horas, o sea, una situación inédita en la historia de nuestro país y en la historia de las relaciones entre ambos países, entre Marruecos y España. Una situación que se tiene que reconducir, obligatoriamente, por el bien de las relaciones bilaterales y por el bien de las relaciones entre dos continentes tan importantes como África y como Europa, y que, por tanto, estamos hablando de cuestiones que, en las próximas horas, espero, que experimenten realmente la normalidad a la que todos aspiramos.

Eso, en ningún momento implica, el tener esa vocación de normalidad, que hayamos bajado nuestra alerta en la frontera. Dicho al principio de mi comparecencia en esta rueda de prensa, que seguimos activados con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad desplegados en la frontera de Ceuta y en la frontera de Melilla. Por tanto, si se produce algún incidente, estamos en condiciones de afrontarlo, por esa justamente esa preparación. Pero yo me prefiero quedar con esa vocación de ambos países por reconducir esta situación y por tanto, volver a una situación de normalidad, de cordialidad, de convivencia entre vecinos, que hemos protagonizado a lo largo de las últimas décadas y que, por tanto, es voluntad del Gobierno de España que vuelva a esa situación a través de la gestión que la alta diplomacia tiene que hacer, porque este es el papel de la alta diplomacia, un papel que no se puede sustituir y que siempre se tiene que desarrollar con absoluta discreción.

Muy bien, pues con ello terminamos esta rueda de prensa, como siempre, invitando a los ciudadanos a que acudan a los puntos de vacunación, bien sea para la primera dosis o bien sea para completar la pauta y por tanto, que vayamos caminando todos hacia ese objetivo de vacunación, y, mientras que la normativa sea la que tenemos que seguir utilizando la mascarilla, el aireamiento de los espacios compartidos, el lavado de manos, la distancia de seguridad. Bueno, todas estas normas que nos han permitido protegernos y que todavía hasta que consigamos la inmunidad de grupo, nos tienen que permitir protegernos a nosotros mismos y a las personas más vulnerables.

Muchas gracias.