Comparecencia de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, la ministra de Justicia y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

La Moncloa

MINISTRA DEPOLÍTICA TERRITORIAL Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: Isabel Rodríguez

MINISTRA DE JUSTICIA: Pilar Llop

MINISTRA DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA: Raquel Sánchez

Portavoz.- Buenas tardes. Gracias como siempre, por acudir a esta convocatoria para darles cuenta de los acuerdos que hoy ha adoptado el Consejo de Ministros.

Me acompañan, como ven, la ministra de Justicia, Pilar Llop, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para darles cuenta de dos asuntos con más profundidad, de los cuales son competentes en sus delegaciones.

Ambas comparecen, como digo, porque hay dos acuerdos destacados que tienen que ver con su acción, concretamente enmarcados en el desarrollo de la transformación digital y de las líneas de acción que estamos desplegando con los Fondos Europeos y con los proyectos de inversión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El primero de ellos, el de la ministra de Justicia, se refiere al anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia, y, por otro lado, hay un potentísimo paquete inversor, de nuevo, proveniente del Ministerio de Transporte, concretamente, 1000 millones de euros, que se van a distribuir en todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para impulsar la transformación en los sistemas de movilidad de nuestras ciudades.

En la reunión de hoy del Gobierno se ha vuelto a dejar patente que tenemos un objetivo claro que es la recuperación económica y social de nuestro país, una recuperación que ha de ser justa y que estamos amparados por los Fondos Europeos, pero que además, lo hacemos en consolidación con nuestros compromisos con Europa, que no se trata solo de la mayor inversión pública de la historia de nuestro país, 140 mil millones de euros, sino que además, se tratan de reformas profundas para transformar y modernizar nuestro país, las cuales vamos a llevar a cabo.

Fíjense, a lo largo de este año se están elevando al Consejo de Ministros ya muchos acuerdos para el reparto de estos Fondos. Se están transfiriendo los mismos a las comunidades autónomas, concretamente, el Gobierno ya ha transferido 6500 millones de euros a las comunidades autónomas en conferencias sectoriales y 1500 millones de euros por concesión directa. Es decir, ya se están gestionando, de la mano de las comunidades autónomas, 8 mil millones de euros provenientes de estos Fondos de Recuperación.

Además de estos acuerdos y concretamente de este que tiene que ver con la movilidad, hay otro acuerdo también del Plan de Recuperación con uno de los sectores importantes en nuestro país o para uno de los sectores importantes en nuestro país de desarrollo económico, que es la agricultura. Concretamente son 115 millones de euros para la transformación ambiental y digital del sector agroalimentario y lo hacemos, de nuevo, de la mano de las comunidades autónomas. Lo que hemos decidido es el reparto en las comunidades autónomas, que se va también a trabajar en la próxima Conferencia Sectorial.

Se trata de medidas dirigidas a la mejora de la gestión, la conservación del medio ambiente en la agricultura, a la descarbonización de este sector, pero también para mejoras tecnológicas, que vienen a garantizar una mejor calidad en el ámbito sanitario, tanto en lo que se refiere al transporte de los animales y las consecuencias sanitarias que yo pudiera tener, como el ámbito de las plagas en el ámbito agrícola.

En definitiva, se trata este de un Gobierno que cumple, que tenemos la certeza de que vamos a mejorar España, mejorando la vida de los españoles y de las españolas, pero también, como es el caso de estas ayudas que estamos aprobando, pero también, que vamos a mejorar la vida de todos y cada uno de nuestros pueblos y ciudades, acercando la justicia a todos los territorios, a todas las personas y propiciando una mejor movilidad, y todo ello con un esfuerzo inversor que va a ser multiplicador y generador de ingresos y de riqueza.

Además de estos acuerdos enmarcados en el Plan de Recuperación he de comentarles también un Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, que fundamentalmente hemos trabajado en colaboración y con la ayuda de las comunidades autónomas, que venían reivindicando este cambio de regulación, porque son ellas quienes se hacen cargo de la gestión de estas personas. Homologar, en segundo lugar, el objetivo era homologar la normativa española con el resto de los países de la Unión Europea y también indicarles que ha sido un Real Decreto que hemos trabajado con la sociedad civil, con el tercer sector y también previo dictamen del Consejo de Estado.

Será ampliada esta información por parte del Ministerio de Inclusión en un briefing que mantendrán esta tarde, pero indicarles que el objetivo de este Real Decreto es simplificar los procedimientos administrativos, reducir todo el ámbito de la documentación de los menores, evitando que finalmente lleguen a la mayoría de edad sin esta documentación. Lo que hacemos también es respetar y conservar la inversión pública que se hizo en ellos, que se ha hecho en ellos, cuando han sido menores por parte de las comunidades autónomas, en su formación, en la integración en nuestro en nuestro país, en definitiva, en el acogimiento que se hace por parte de las comunidades autónomas. Vamos con este Real Decreto también a facilitar la incorporación de estas personas en el mercado de trabajo para que puedan tener una vida independiente. Como digo, simplificamos toda la carga administrativa y se establecen también o se ajustan los requisitos a la tramitación de la realidad de nuestro país hoy. Es una reforma que va a afectar a 15 mil personas, 8 mil menores no acompañados y 7 mil jóvenes que actualmente tienen entre 18 y 23 años.

En otro orden de cosas y en aquellas cosas que unen más a nuestro país, como el deporte y las personas que llevan la bandera de nuestro país por todo el mundo, debo también comunicarles que el Consejo de Ministros ha acordado conceder el ingreso en la Real Orden del Mérito Deportivo en la categoría de Gran Cruz al jugador de baloncesto Pau Gasol, por su notable, destacada, carrera en el ámbito del deporte, pero también por la labor de puesta en valor de la práctica deportiva, de la educación física, y por prestigiar el nombre de nuestro de nuestro país. Además de esta extraordinaria trayectoria profesional, es una persona que también se ha caracterizado por su cercanía y por la calidez humana, siempre con implicación social.

Y antes de dar su palabra a mis compañeras ministras, también en nombre del Gobierno, enviar un mensaje con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama a todas las mujeres que en estos momentos lo sufren, aquellas que lo han sufrido. Mensaje de ánimo porque es una enfermedad que afortunadamente estamos luchando y dando oportunidades de vida a todas aquellas que lo padecen, pero también, un mensaje de agradecimiento a las organizaciones que trabajan para apoyarlas, para apoyar a sus familias en el tratamiento y en los momentos de trámite, no solamente en los momentos del conocimiento de la enfermedad, sino también después, durante su cura y también al ámbito de la sanidad, los profesionales sanitarios y de la investigación que nos permiten avanzar en su curación.

Ahora ya si cedo la palabra a la Ministra de Justicia para explicarnos su anteproyecto de ley.

Sra. Llop.- Muchas gracias, ministra portavoz.

Bueno, pues muchas gracias a los medios que están aquí, hombres y mujeres del mundo del periodismo. Esta es mi primera comparecencia y quería especialmente darles las gracias.

El Consejo de Ministros, como ya avanzado la ministra portavoz, ha aprobado esta mañana del anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia.

Como saben, esta es una norma que se incardina dentro del Plan Justicia 20/30. El Plan Justicia 20/30 es un plan que no es del Ministerio de Justicia, sino que es un plan cogobernado con el Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas, que tienen competencias transferidas en la materia, 12 de ellas, las otras 5 son territorio ministerio, y también está cogobernado con el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado.

Aparte, el resto de operadores jurídicos y colaboradores del sector Justicia, tanto trabajadores y trabajadoras a través de las organizaciones sindicales, organizaciones y asociaciones profesionales, jueces, juezas, letrados, letradas de la Administración de Justicia, Fiscalía, también Abogacía, la procura, trabajo social y cualesquiera otros profesionales que tienen que ver con el sector Justicia, están involucrados dentro de este gran plan de Justicia 20/30 y se están teniendo reuniones con ellos permanentemente y periódicamente para tener en cuenta sus opiniones.

Este Plan Justicia 20/30, está sustentado por 3 leyes fundamentales que son las leyes de eficiencia.

El objetivo es, con este Plan, lograr una Justicia más eficiente, una Justicia más sostenible y una Justicia más accesible.

Y además tenemos una oportunidad extraordinaria porque contamos con los Fondos Next Generation EU, los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia que para esta transformación han dotado al Ministerio de Justicia, que transferirá en casi su totalidad, 410 millones a las comunidades autónomas.

La finalidad de este gran Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital es establecer el marco jurídico que facilite y que promueva la digitalización en el ámbito de la Administración de Justicia, haciendo unos servicios judiciales, un servicio público de Justicia que sea universal y que además esté orientado al dato. (Esto lo explicaré a continuación)

La norma hará, como también ha señalado la ministra portavoz, reformas de carácter estructural dentro de la propia Administración de Justicia, como es la celebración de vistas y celebración de comparecencias telemáticas, algo que ya hemos venido realizando con ocasión de la ley que se aprobó, la Ley 3/2020 por la pandemia de la COVID19 en el ámbito de la Administración de Justicia, pero que necesita ser consolidada para establecer una homogeneización de trabajo entre todos los juzgados, también con arreglo a las normas procesales de la Ley de Eficiencia Procesal y también de la Ley de Eficiencia Organizativa.

Y les voy a dar un dato de la eficiencia que hemos tenido y la eficacia de este sistema que ahora se va a consolidar a través de esta Ley de eficiencia Digital.

Se han celebrado, desde que se declaró la pandemia, 590 mil juicios telemáticos, más de 590 juicios telemáticos, y, esto, además, ha tenido un impacto de carácter medioambiental muy positivo, también está consiguiendo cerrar brechas de todo tipo, brechas territoriales, dada la accesibilidad en cualquier punto del territorio español, también en cualquier punto del territorio del Estado, también está consiguiendo cerrar brechas de género, porque permite un acceso a las víctimas en condiciones de mayor salvaguarda para sus derechos fundamentales y lograr una mayor protección, y, también se está trabajando en el cierre de la brecha digital.

Esto se hará a través de la información y el apoyo que se va a dar online, a través del propio sistema, pero también de las oficinas de Justicia Municipales, que es un proyecto que se desplegará, una red de oficinas de Justicia Municipales, donde están ahora ubicados los Juzgados de Paz, que están contempladas en la Ley de Eficiencia Organizativa, y estas oficinas de Justicia Municipales permitirán hacer esos acompañamientos para garantizar que cualquier persona pueda acceder, de un modo sencillo, y con todos los medios telemáticos y con todos los medios digitales que sean necesarios para hacer sus trámites electrónicos, sus trámites digitales en los juzgados.

Como decía, estas más de 590 mil comparecencias, juicios y vistas telemáticas han ahorrado más de 12 millones de euros en desplazamientos de los profesionales y también han evitado la emisión de más de 5800 toneladas de CO2, porque se han ahorrado, se han evitado, muchos desplazamientos y tener que utilizar medios de transporte.

Además, con esta Ley de Eficiencia Digital se pretende situar a la Administración de Justicia, ya saldando una deuda histórica que teníamos con el sistema, con el sector Justicia, pretendemos situar a nuestra administración en la vanguardia del empleo de las tecnologías de la información en la Unión Europea y además poniendo el foco, ya digo, en la ciudadanía, estableciendo además la obligación de todas las administraciones competentes en materia de Justicia, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, de garantizar la prestación de este servicio público con criterios de calidad y con criterios de accesibilidad a toda la ciudadanía, en todo el territorio del Estado.

Con esta norma, por lo tanto, se avanza en cohesión social, se avanza en cohesión territorial a través de la cohesión digital. Algo muy importante porque nada cohesiona tanto como un servicio público de Justicia que sea una garantía de acceso al derecho fundamental que se contempla en el artículo 24 de la Constitución, para cualquier ciudadano, cualquier ciudadana, cualquiera que sea su condición y en cualquier lugar del territorio en que se encuentre, incluso en los lugares más pequeños, gracias a estas oficinas de Justicia Municipales.

Será un servicio personalizado que se reconoce a la ciudadanía y se establecen distintas herramientas y distintos instrumentos. Se implanta, se implantará, de una vez por todas, en todos los juzgados y tribunales de todas las comunidades autónomas, el expediente judicial electrónico, el expediente digital, y, para esto es básico el principio de interoperabilidad, la interoperabilidad de todos los sistemas de justicia que hay, tanto autonómicos como los que hay también en órganos centrales.

Esto es muy importante porque con este sistema de interoperabilidad se respeta cualquiera de los medios que haya puesto las administraciones autonómicas a disposición de los juzgados y tribunales para la gestión de la Administración de Justicia y se hacen compatibles entre ellos, y, además también se hacen compatibles, se hacen interoperables con la Fiscalía, con otros órganos que tienen relación directa con la administración de Justicia, como las ponencias, los institutos de medicina legal, institutos de toxicología, etc.

Y también otro de los elementos fundamentales que quiero resaltar es el de la inmediación judicial, la inmediación judicial, que será a través de medios digitales, inmediación digital judicial que se hará a través de un sistema de videoconferencias.

Por último, únicamente señalar que también a través de este Anteproyecto de Ley se transpone la directiva del año 2019 relativa a las herramientas digitales en derechos de sociedades para hacer una tramitación completa de la creación de sociedades limitadas, cuyo capital no sea en especie, y cualquiera otra transformación que vaya sufriendo la vida de esas sociedades, modificaciones societarias posteriores, así como también el registro de sucursales, modificando, por tanto, distintos preceptos del Código de Comercio, también del Reglamento del Registro Mercantil y de la Ley de Sociedades de Capital.

Por lo tanto, ya terminó con esto, dándoles nuevamente las gracias, quiero reiterar que saldamos una deuda con la Administración de Justicia. Hacemos que la Justicia, que el sistema de gestión de la Justicia no mire endogámica hacia sí mismo, sino que mire también hacia la ciudadanía, hacia el resto de administraciones públicas y que por fin logremos esta modernización y esta transformación digital, esta evolución digital que estaban pidiendo desde hace muchos años, tanto los profesionales como la propia ciudadanía. Muchas gracias.

Portavoz.- Gracias, ministra. Ministra.

Sra. Sánchez.- Muchísimas gracias, ministra portavoz y un saludo, y también un agradecimiento a todos los periodistas, a los y a las periodistas que hoy nos acompañáis en esta rueda de prensa siguiente al Consejo de Ministros.

Por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, decir que hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros transferir a las comunidades autónomas, a Ceuta y Melilla, cerca de mil millones de euros para descarbonizar la movilidad y digitalizar el transporte este mismo año.

Es un paso más para abordar las transformaciones e inversiones que tiene encomendadas el Ministerio dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y, en concreto, estamos hablando de 947,5 millones de euros para este año 2021, que ascenderán y completará la cantidad hasta 1010 millones de euros con la anualidad 2022, correspondientes a un plan que avanza.

Y es un plan que avanza porque desde este ministerio hemos activado ya 8 mil millones de euros, más de 8 mil millones de euros y avanza gracias al compromiso de este Gobierno y del Ministerio para materializar estas transformaciones y estas inversiones que insisto, tenemos encomendadas.

A través de este hito y de este objetivo, lo que queremos hacer es transformar nuestra movilidad y hacerla más segura, más sostenible y más conectada.

Este es el mayor programa tractor de inversión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Esta propuesta de distribución que hoy acordamos y que aprobaremos también con las comunidades autónomas en el marco de la Conferencia Nacional de Transporte, que prevemos celebrar el próximo 4 de noviembre, en concreto, supone destinar 2 líneas o supone actuar en 2 líneas, por una parte, la línea a través de la cual articulamos y transferimos 900 millones de euros para contribuir al funcionamiento y al establecimiento de zonas de bajas emisiones en los entornos metropolitanos y también para la transformación digital y sostenible del transporte público, y, por otra parte, 47,5 millones de euros para actuaciones de digitalización del transporte autonómico, a los que añadiremos, como decía, 60 millones en la anualidad del año 2022.

Se trata de transferencias que pueden financiar hasta un 100% de las actuaciones desarrolladas, porque lo que perseguimos son impulsar proyectos reales con objetivos e hitos de finalización que verdaderamente sean transformadores para la movilidad en nuestro en nuestro país.

A nivel de ejemplo y a modo de ejemplo, con cargo a las actuaciones destinadas a la digitalización del transporte autonómico, esos 47,5 millones de euros, contemplamos, por ejemplo, la transformación de los propios servicios administrativos, de los sistemas de gestión, del transporte a la demanda o la implantación de soluciones de pago integrada, entre otras cuestiones.

A modo de ejemplo, en cuanto a las actuaciones con cargo a las transferencias de los 900 millones de euros, entre otros proyectos, as comunidades autónomas, como os decía, podrán acometer proyectos para priorizar el transporte colectivo y mejorar también su accesibilidad, construir aparcamientos disuasorios, impulsar la sostenibilidad y la digitalización de las estaciones de autobús, desarrollar itinerarios peatonales o ciclistas… En definitiva, hay un amplio margen de actuaciones que pueden ser subvencionadas a través de esta línea.

Es decir, que estas transferencias van destinadas, sobre todo, a actuaciones en municipios de más de 50 mil habitantes, aunque también pueden ser elegibles actuaciones de municipios que sean colindantes o que estén cercanos, teniendo al menos uno de ellos una población de más de 20 mil habitantes, o también podremos subvencionar a las islas con más de 20 mil habitantes que dispongan de servicios de transporte terrestre.

También decir que las comunidades autónomas podrán transferir estos fondos, estas cantidades, a los consorcios metropolitanos de su competencia, insisto, y en cualquier caso, para conseguir un servicio más sostenible, más eficiente, más atractivo para los actuales usuarios, pero también para los futuros y potenciales usuarios y usuarias.

En definitiva, lo que perseguimos, como les decía al principio, es descarbonizar la movilidad, digitalizar el transporte, mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, porque somos conscientes, somos conocedores y hay datos objetivos que nos indican que el 30% de las emisiones de efectos de gases invernadero se producen como consecuencia de la movilidad. También que la gran parte de las emisiones de gases contaminantes derivan del transporte y que sobre todo se transporte, se concentra en los entornos urbanos y por lo tanto pretendemos dar un impulso sin precedentes al transporte público y a la movilidad activa como alternativa al uso del vehículo privado.

Por lo tanto, queremos acertar, queremos conectar a los ciudadanos y ciudadanas, pero desde luego, desde una perspectiva social, digital y también sobre todo y principalmente sostenible. Muchas gracias.

Portavoz.- Muchas gracias. Sandra

Pregunta.- (Sandra Gallardo, RNE) Hola, buenas tardes.

Tengo dos preguntas, por un lado, quería saber sobre el reglamento de extranjería, que es lo que ha demorado su aprobación, no sé si había discrepancias en el Ministerio del Interior, que pedía algunas modificaciones, si ha tenido algo que ver la crisis en Ceuta…

Y quería pedir una valoración al Gobierno sobre la declaración que hizo ayer Arnaldo Otegi, y si comparten con el lehendakari, que no es nada extraordinario, porque no hay autocrítica, ni hay una condena expresa. Gracias.

Portavoz.- En relación a la segunda cuestión, decirles que lo primero que tienen que expresar el Gobierno es siempre nuestro respeto y nuestro recuerdo a las víctimas de ETA, con todo nuestro cariño, con toda nuestro recuerdo, como digo, y, por tanto, no hay que olvidarse nunca del dolor que se causó y del dolor que todavía hoy sigue entre sus familiares y amigos y en toda la sociedad española.

En segundo lugar, hoy es un día para celebrar que hace 10 años la democracia derrotó a ETA. Fue la democracia quien derrotó a ETA, fue la unidad política, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los jueces, ustedes, los medios de comunicación, en definitiva, la sociedad española, quien venció a la banda terrorista ETA.

En tercer lugar, consideramos que este es un paso insuficiente, que además deberían pedir perdón y que han de pasar de la palabra a los hechos y que, por ejemplo, deberían condenar cuando se producen homenajes o manifestaciones en honor de condenados etarras al salir de las cárceles.

Esta es la posición del Gobierno, que, insisto, sobre todo valora a las víctimas, está siempre con las víctimas, que celebra el fin de la violencia terrorista gracias a que venció la democracia y que creemos que los gestos están bien, pero que deben ir mucho más allá, que desde luego hay que pedir perdón por ese dolor y no participar de este tipo de manifestaciones de encuentro, que lo que hacen es revictimizar aquellos que lo padecieron y generar y recordar ese dolor en la sociedad española.

Y en relación al Reglamento de Extranjería, pues este Gobierno trabaja siempre con absoluto rigor. Es una ley importante que, como les indicaba al principio de mi intervención, es un Real Decreto que afecta a la modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería, que, como les indicaba al principio de mi intervención, hemos trabajado de la mano de las comunidades autónomas y por tanto, escuchando a las comunidades autónomas, pero no solo a ellas, también al tercer sector que colabora intensamente en estos trabajos, y también hemos querido que en ese rigor jurídico estuviera presente el dictamen del Consejo de Estado.

P.- Gracias, buenas tardes, soy Jordi Armenteras, de Rac-1.

A la ministra Sánchez, una pregunta en relación al anuncio de la Generalitat de este mediodía de retirar Renfe de la gestión de una línea de cercanías en Cataluña, la Manresa-Lleida, ¿qué posición tiene el Gobierno?, y si en el actual traspaso se puede habilitar la Generalitat a retirar el programa marco con Renfe para esta línea.

Y una pregunta también sobre desahucios, porque el decreto actual de Protección a las familias vulnerables caduca el próximo 31 de octubre, ¿el Gobierno lo va a prorrogar o expirará dentro de 12 días? Gracias.

Portavoz.- Si, sí ministra.

Sra. Sánchez.- ¿Si? ¿Contesto? Muchas gracias.

En relación a la primera pregunta que formulabas, en cuanto al anuncio realizado por el conseller Puigneró, este es un anuncio que no es nuevo, que ya se realizó hace más de un año por parte del conseller Calvet, la intención de operar el servicio de cercanías en la línea de Lleida a través de ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya.

En este sentido, en fin, nada que objetar. La Generalitat es la titular de la competencia y por lo tanto operará este servicio a través de Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya.

En este caso, pues también se está trabajando en relación a todo, a la cuestión del traspaso de Rodalies, se están manteniendo conversaciones desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, sobre todo nos estamos centrando en poder resolver la cuestión ahora, en este momento, de la transferencia de los recursos económicos y financieros para que sea la Generalitat la que pueda proceder al pago de los servicios operados por Renfe directamente a través de un contrato o programa, y, en ese sentido, pues, nada que objetar a ese anuncio que se ha hecho por parte del conseller Puigneró.

En relación a la pregunta sobre la prórroga de esas medidas referentes a los desahucios contenidas en el denominado escudo social, decir, somos conocedores de este plazo que finaliza el próximo 31 de octubre y también dentro de las intenciones de este Gobierno, se encuentra proceder a la prórroga de ese escudo social o al menos de esas medidas, desde luego, en el próximo Consejo de Ministros. Muchas gracias.

P.- (Ignacio Aguado, Mediaset) Buenas tardes, ministras.

A la ministra portavoz, vuelvo al tema de la declaración de Otegui de ayer, el Partido Popular dice que esa declaración permite al Gobierno blanquear a Bildu, para seguir negociando con ellos sin problemas, por ello van a presentar una PNL (proposición no de ley) que, entre otras cosas, tratará sobre excluir de los pactos a quienes no condenan explícitamente los crímenes de ETA. ¿Estarían dispuestos ustedes a apoyar esa iniciativa? Gracias.

Portavoz.- Lo decía en mi anterior intervención y lo recuerdo, y a propósito de estas declaraciones que dice usted que ha hecho el Partido Popular. Desde el Gobierno, he puesto en valor que uno de los elementos que permitió derrotar a ETA fue precisamente la unidad de todos los demócratas, y este Gobierno sigue participando de esa idea.

No hay que dar ni un espacio y no hay que darle ni un titular, no hay que darle ni una consideración al asunto de la banda terrorista ETA sin la unión de los demócratas.

Y por tanto, nosotros vamos a trabajar en la senda que nos permitió siempre vencer, de la mano, como digo y como decía, de toda la sociedad española, de todas los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de jueces, de fiscales, en definitiva, la unión fue lo que nos hizo derrotar a la banda terrorista ETA y hace un flaco favor a su memoria el Partido Popular haciendo este tipo de declaraciones.

P.-Gracias, buenos días, Ana Martín para El Debate.

Una pregunta para la ministra portavoz y otra para la de Transportes.

Sobre lo de ETA, quería saber si sus declaraciones, que desde luego han sido más contundentes de lo que fueron ayer las del portavoz del PSOE y de hoy del portavoz del PSOE en el Congreso, quería saber si esto que nos dice es compatible con seguir negociando los presupuestos con Bildu y que hace escasas fechas el ministro de Presidencia se reuniera con los representantes del Grupo Parlamentario Bildu.

Y en segundo lugar, para la ministra de Transportes, a ver si nos puede decir algo más de ese sistema de tarificación del que ha hablado hoy el secretario general de Infraestructuras, por no llamarlo peajes. Gracias.

Sra. Sánchez.- Muy bien, gracias.

En fin, en relación a la cuestión planteada sobre ese sistema de tarificación a implementar en las redes de carreteras de alta capacidad, decir que estamos ante el mismo escenario, estamos avanzando en los trabajos y en los estudios que nos permitan de aquí a poco tiempo, unos meses, poder plantear un sistema de tarificación, como decía, para establecer el mantenimiento y para asegurar el correcto mantenimiento de la red de carreteras de alta capacidad, que en su línea, ya anunciamos y nos hemos comprometido con él, pues también en el momento en el que decidimos no prorrogar por más tiempo al llegar a su finalización las autopistas de peaje.

En cualquier caso, decir que será un sistema que someteremos al debate, al análisis, a la reflexión con el conjunto de agentes sociales, los agentes económicos, el sector del transporte, como no puede ser de otra manera, y que también buscaremos el consenso político para establecer un sistema que, insisto, se está analizando, cuál sería la mejor opción y la mejor alternativa para aplicar en nuestro país, pero que esté a la altura y que esté en la línea de lo que se viene aplicando por la mayoría de estados de la Unión Europea. Recordemos que de los 27 estados miembros, 24 ya tienen implementado, aplicado, un sistema de tarificación en este sentido, y seguimos adelante con nuestro compromiso, pero evidentemente nos permitirán que sea una vez que hayamos hecho ese análisis y ese debate, pues que podamos concretar cuál será la fórmula y el modelo en concreto.

Portavoz.- En relación a la pregunta que usted me planteaba, hay que tener respeto absoluto por todas las representaciones parlamentarias, porque en el Congreso de los Diputados se expresa la voluntad del pueblo español en toda su extensión. Y precisamente en aquellos años duros de violencia, lo que reclamaban las fuerzas políticas que defendemos la democracia era que se defendían las posiciones con la palabra y no con las armas, y ese ha sido también un éxito de toda la sociedad española, acabar con las armas, acabar con ETA, y, desde luego puede haber discrepancias ideológicas en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en las Cortes Generales, pero hay que respetar toda la voluntad que se expresa del pueblo español y que obtiene representación parlamentaria.

P.- Hola ministra, Paula de las Heras, de COLPISA.

En relación con el tema de Otegui y tenía dos preguntas, le quería preguntar en primer lugar, en qué medida consideran ustedes que el paso dado ayer por el señor Otegui si hace homologable a este partido para alcanzar algún tipo de acuerdo, ya más allá de la interlocución que ustedes tienen en el Parlamento, para alcanzar algún tipo de acuerdo o coalición de gobierno, por ejemplo en el País Vasco.

Y le quería preguntar también, el presidente Sánchez hizo el pasado marzo una apelación a que se mantenga viva la memoria de las víctimas de ETA, de los GRAPO, pero también de los GAL. Hoy el señor Otegi ha dicho que sería bueno que el señor Felipe González reconociera su responsabilidad en la creación de ese grupo parapolicial. Querría saber cuál es la opinión del Gobierno y si, a su juicio, debería darse algún tipo de paso, también desde el Gobierno, algún tipo de movimiento en esta dirección.

Luego, por otro lado, le quería preguntar si el Gobierno se ha planteado, en algún momento, aplicar el artículo 92 para hacer una consulta sobre una reforma constitucional, previo a intentar hacer esas reformas.

Y por último, ya que estoy, si, le quería preguntar si el presidente del Gobierno habló ayer con el primer ministro belga de Croo sobre la situación del ex presidente Carles Puigdemont. Gracias.

Portavoz.- En relación a la primera pregunta indicarles que seguramente haya personas aún en este país que no quieran que hoy celebremos que hace 10 años derrotamos a la banda terrorista ETA y por tanto me van a permitir que en nombre del Gobierno, nuestra posición hoy se refiera a esa conmemoración, a esa celebración, al reconocimiento de todas las personas que lo hicieron posible, y nuestro recuerdo siempre a las víctimas. Así que no voy a ahondar más en ningún tipo de declaraciones al respecto.

En relación a la reforma constitucional, saben ustedes que este no es un asunto nuevo, se ha abordado en distintos momentos en el Parlamento, e incluso se conformaron comisiones de estudio para abordarla, pero entendemos que estamos en un momento complicado, donde las mayorías son casi imposibles para cuestiones tan demandadas y tan trabajadas, por ejemplo, como fuera la inclusión del término discapacidad para aquellas personas que la padecen, en lugar de disminuidos, y no fue posible hacerlo hace apenas unas semanas.

Por tanto, creo que el escenario de las fuerzas en estos momentos parlamentarios no daría a algo que sería positivo en nuestro país, y es que pasadas 4 décadas de que se aprobara el marco constitucional, que tantas alegrías y tanto ha abordado y apoyado este país en su desarrollo, pudiéramos abordarlo, modernizarlo, abordar nuevos derechos, como el otro día indicaba el presidente del Gobierno, dar cabida a la sensación y al sentimiento de toda una generación que no participó de esa votación y que hoy casi ya sería mayoría, pero, evidentemente, hay que ser también realistas en cuanto a la distribución de las fuerzas parlamentarias, que no parecen que estuvieran por la labor, dadas las circunstancias que vivimos hace apenas unas semanas en el Congreso de los Diputados con la cuestión del reconocimiento de las personas con discapacidad.

Y en relación a la tercera pregunta que usted nos planteaba, efectivamente el presidente del Gobierno estuvo ayer reunido y lo que se puso en evidencia en esa reunión y después se les transmitió a todos ustedes, es la coincidencia y el reconocimiento que se le hizo por parte del presidente del camino con el que estábamos abordando una cuestión importante para nuestro país, que es el camino del diálogo, del reencuentro, el de estrechar los lazos afectivos para superar el conflicto político que ha desembocado y desembocó también en un conflicto social. Y ese fue el marco en el que se abordó esa cuestión de Cataluña en dicha reunión, como se les transmitió a todos ustedes.

P.- Buenas tardes, Esther Redondo, de La Sexta Noticias.

Quería preguntar a la ministra portavoz, hoy llega al Congreso el debate sobre la regulación del cannabis. Quería saber cuál es la posición del Gobierno sobre este tema, si está a favor de la legalización, sólo para uso medicinal o para uso también recreativo.

Y luego preguntar a la ministra de Justicia, a Pilar Llop, si el Gobierno respira tranquilo tras la decisión del Supremo de avalar el nombramiento de Dolores Delgado.

Sra. Llop.- Bueno, muchas gracias Esther por su pregunta.

El Gobierno lo que hizo en su momento fue un nombramiento con escrupuloso respeto a la legalidad y dentro de un marco reglado. Y el Gobierno lo que hace ahora es respetar también escrupulosamente la decisión del Tribunal Supremo.

Portavoz.- En relación a la a la segunda cuestión y siguiendo el respeto con el que este Gobierno aborda la separación de poderes, indicarles que, por supuesto respetamos la iniciativa de cualquier grupo político en el Congreso de los Diputados, pero desde el Gobierno entendemos que es un debate que hay que abordar también con la perspectiva sanitaria y que, por tanto, hay que alcanzar algunos acuerdos. Hay una subcomisión de estudios en este momento, en la que se podrían focalizar estos trabajos para alcanzar un mayor consenso en un asunto que es sensible a la sociedad y que nosotros estamos dispuestos a abordar, a estudiar en el marco del Ministerio de Sanidad, pero creo que sería importante antes de avanzar iniciativas y, puesto que está constituida esta comisión de estudio, culminar o concluir esos estudios.

P.- Hola buenas, ¿qué tal? Rubén Fernández, de esRadio Libertad Digital.

Me gustaría preguntar por uno de los nombramientos que han hecho hoy, el de Antonio Hernando, si no temen que haya algún tipo de incompatibilidad, ya que hasta este pasado viernes estaba ejerciendo de lobista en una empresa llamada Acento, que, incluso, parece ser que estaba asesorando a empresas para la consecución de los fondos Europeos que este Gobierno va a dar.

Y otra segunda pregunta, para la ministra de Transportes, sobre lo de los peajes, si no temen que esto repercuta más en el alza de los precios actualmente y, más o menos, en qué fecha calculan que va a empezar a funcionar este pago en las autopistas, si en 2023, en 2024… Gracias.

Portavoz.- Raquel.

Sra. Sánchez.- Sí, muchas gracias.

Bueno, lo cierto es que, en cualquier caso, lo que estamos procediendo a realizar, insisto, es esos análisis, esos estudios, que nos permitan establecer un sistema, una tarificación que, sobre todo, no genere agravios territoriales, que suponga un sistema justo, una tarificación justa y que por lo tanto, esté sujeto, insisto, al consenso con los agentes sociales, económicos, territoriales y con las comunidades autónomas.

La previsión es poderlo presentar en unos meses. Hay un compromiso también con la Comisión Europea en el en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que nos sitúa en un plazo máximo de inicio del 2024, y por lo tanto, después de este diálogo y de ese consenso que queremos obtener, no queremos tampoco demorar la aplicación de ese sistema, pero decir que tenemos al menos este margen para poderlo aplicar, pero sí que decirles que estamos trabajando para poderlo anunciar y sobre todo, que sea conocido para también tranquilidad de los sectores principalmente afectados, los transportes, nos consta que existe preocupación en ese sentido, pero insisto en que abordaremos una propuesta rigurosa y sostenible.

Portavoz.- Como usted se puede imaginar, como todos ustedes pueden imaginar, este Gobierno es absolutamente escrupuloso con el régimen de incompatibilidades y la conformación de nuestros equipos lo hacemos siempre pensando en los mejores, como ayer indicaba el presidente del Gobierno.

Última pregunta. Venga, la radio, Cadena Ser.

P.- (Inmaculada Carretero, Cadena Ser) Buenas Tardes.

Quería preguntarle a la ministra de Justicia si el Gobierno está trabajando en algún tipo de reforma legal, tal y como está pidiendo el Partido Popular, y que permita que se entre en esa negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, no tanto en línea con las propuestas que ya se han rechazado en el Congreso, sino, si se está trabajando en otra fórmula.

Y la portavoz si me podría aclarar si hay alguna reunión prevista del ministro de la Presidencia con el secretario general del Partido Popular para retomar esas negociaciones en algún momento, para la renovación del Poder Judicial. Gracias.

Portavoz.- Bueno, saben ustedes que el ministro de la Presidencia estuvo en conversaciones con el Partido Popular, precisamente para dar cobertura a esa renovación, que nos vemos y que estamos obligados y que hemos defendido siempre desde el Gobierno, de renovar los órganos constitucionales para dar cumplimiento a la Constitución, para cumplir en definitiva con nuestras obligaciones, y en estos momentos se continuaba con los trabajos en relación a esos 4 órganos de los que ya habíamos hablado.

El Gobierno no ha renunciado a que también hay que cumplir con esa otra renovación, que es la del Consejo General del Poder Judicial. Lo ha expresado en estos días a distintos medios de comunicación, también al suyo en el día de ayer, el presidente del Gobierno. Hay que dar cumplimiento a la Constitución en toda su extensión, no solo en aquello que más nos gusta, y, en esa lógica, desde luego, nosotros creemos muy conveniente que se renueve también el Consejo General del Poder Judicial. Pero el ministro de Presidencia, en estos momentos, estaba trabajando en los acuerdos en relación a estos otros 4 órganos que quedaban también pendientes de renovación.

Sra. Llop.- Muchas gracias, ministra portavoz.

El Gobierno, ya lo he dicho antes, es escrupuloso y respetuoso con el principio de legalidad y también lo es con la separación y la división de poderes.

Cualquier reforma que afecte al Consejo General del Poder Judicial o a otros órganos constitucionales cuyo nombramiento dependa del Poder Legislativo, no debe ser una iniciativa del Gobierno la que lo ponga en marcha, sino que eso debe partir de las propias Cortes Generales, del Congreso de los Diputados y del Senado, que son los órganos legitimados constitucionalmente para hacer cualquier reforma y para hacer cualquier renovación también de esos órganos constitucionales.

Por lo tanto, el Gobierno lo que está haciendo ahora es insistir en que es necesaria la renovación de todos los órganos constitucionales que están pendientes, cómo no, también del Consejo General del Poder Judicial. No hay otro escenario, no se contempla otro escenario que no sea la renovación del órgano constitucional, ya llevamos más de mil días pendientes de esa renovación y no se contempla otro escenario que no sea cumplir con la Constitución.

Portavoz.- Pues, hemos finalizado. Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)