Comparecencia de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno y la ministra de Sanidad

La Moncloa

MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: Isabel Rodríguez

MINISTRA DE SANIDAD: Carolina Darias

Portavoz.- Bueno, buenas tardes.

Gracias como siempre, por acudir a esta convocatoria para darles cuenta de los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Ministros, hoy extraordinariamente celebrado en un lunes, como consecuencia del festivo en la ciudad de Madrid en el día de mañana.

Como ven, me acompaña la ministra de Sanidad. Hemos aprobado, en primera lectura, una ley muy importante, de las que marcan también las legislaturas y desde luego, el compromiso político de este Gobierno con la sanidad pública, la sanidad que nos cuidó, que nos salvó de esta pandemia que nos ha tocado vivir y que queremos reforzar con más compromiso público con ellos, con todos ellos, en un anteproyecto de ley que sirve para consolidar la equidad, la universalidad y la cohesión de nuestro Sistema Nacional de Salud.

Después ella les dará cuenta de este anteproyecto y yo me voy a referir a algunos otros asuntos. Les actualizaré los acuerdos relacionados con la isla de La Palma, les hablaré también del impuesto de plusvalía municipal, de la fusión de dos ayuntamientos y de un paquete de inversiones importantes en el territorio.

En primer lugar, les diré que antes del Consejo de Ministros, a las 8:30, nos hemos reunido en reunión interministerial, como saben, donde estamos representados 12 ministerios para ir haciendo un seguimiento de las distintas decisiones y acuerdos relacionados con el seguimiento de la erupción del volcán y con el compromiso del Gobierno para dar una respuesta permanente y puntual e ir mejorando todos los mecanismos de atención a la isla.

Concretamente después, en el Consejo de Ministros, hemos cumplido de nuevo con la palabra del presidente que se comprometía este fin de semana a dar una respuesta extraordinaria a lo que se refiere a las exenciones para tributar en el IRPF y en el impuesto de sociedades por todas aquellas ayudas públicas que vayan a recibir los vecinos y las vecinas de La Palma y que no tengan que tributar por estas ayudas, como sería lo habitual.

Por tanto, exención de estas medidas fiscales para aquellos que reciban ayudas públicas como consecuencia de verse afectados por la erupción del volcán.

La siguiente cuestión se trata también, ya me estoy refiriendo al impuesto de plusvalía, de un nuevo compromiso cumplido. Desde el mismo momento en que tuvimos conocimiento del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en relación a esta cuestión, el Gobierno, hace apenas unos días, el Gobierno dijo que daría una respuesta rápida y esa respuesta ha llegado también a la mesa del Consejo de Ministros en el día de hoy. Es una muy buena noticia para todos los ayuntamientos de España, pero también para la ciudadanía.

En definitiva, con esta reforma del impuesto de plusvalía vamos a conseguir dos objetivos.

El primero de ellos es que los ayuntamientos no tengan que recortar sus servicios porque tengan garantizada la financiación a través de este tributo y, por tanto, que puedan seguir prestando los servicios básicos que prestan a sus vecinos y a sus vecinas.

Y en segundo lugar, que los ciudadanos no tengan que pagar impuestos cuando no le corresponde. Es decir, cuando se ha realizado una compra-venta que no ha generado beneficios, no ha de cumplir con este impuesto. Es decir, no tendrán que pagar ni un solo euro cuando la compra-venta de su casa no hayan ganado dinero.

Se trata, en esta norma, de adecuar, y entro ya en el contenido más técnico de la misma, adecuar la determinación de la base imponible del tributo, que es lo que cuestionaba el Tribunal Constitucional y acercarlo a la realidad del mercado inmobiliario, garantizar, como les decía, que los contribuyentes que no tengan una ganancia por la venta de la vivienda, quedarán exentos de pagar este impuesto.

Va a haber dos opciones para calcular esta cuota.

Una opción será un resultado objetivo de multiplicar el valor catastral con unos nuevos coeficientes que se adecuan a estas prescripciones que se valora por parte del Tribunal Constitucional, y, después también, un objetivo real, que será la diferencia entre el precio de venta y el precio de adquisición.

Como decía, esta norma devuelve la certidumbre tanto a los ayuntamientos como a los contribuyentes y va a evitar también distorsiones en el mercado inmobiliario, que se darían en caso de existir un vacío legal al respecto. Por tanto, es una norma que devuelve la seguridad jurídica a contribuyentes y ayuntamientos.

Saben ustedes que estas sentencias es del pasado 26 de octubre, y por tanto, agilidad en el Gobierno en cuanto a la tramitación de esta norma.

Los coeficientes que vamos a aplicar en la formula objetiva a la que antes hacía referencia, se irán regulando cada año en una ley anual, por ejemplo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y se hará teniendo en cuenta la evolución del mercado inmobiliario.

Muy importante, quiero seguir destacándolo, es que se podrá elegir entre estos dos modelos para aplicar la plusvalía real, tanto el mecanismo objetivo como el mecanismo real, aquel que sea más conveniente para el contribuyente, es decir, ahí también se le da esa facilidad al contribuyente. Insisto, en ningún caso se pagará el impuesto si no se obtiene una ganancia. Por tanto, absoluta seguridad para los contribuyentes que no obtengan un incremento del valor en la venta de su vivienda.

Y también al lado de los ayuntamientos, se trata de una norma que entrará en vigor justo con su publicación y los ayuntamientos tendrán 6 meses para la adaptación de las ordenanzas, para adaptarlas a su marco legal, y sobre todo, el objetivo que perseguimos con el mantenimiento y con la aprobación de esta norma, como les decía, es que los ayuntamientos puedan seguir recaudando vía este ingreso, que es uno de los ingresos más importantes que disponen, en total, estimamos, los últimos datos sobre los que basamos esta estimación, en tiempos de normalidad, fue el año 2019, fueron 2500 millones de euros lo que se recaudó vía este impuesto y con ello los ayuntamientos, ya saben ustedes, nos prestan los servicios más básicos que disfrutamos en los pueblos y ciudades, desde el alumbrado hasta la recogida de residuos o el abastecimiento y la depuración de nuestra agua.

Van a recibir todos ustedes información complementaria con mayor ajuste técnico e incluso algunas preguntas-respuestas y ejemplos prácticos de cómo quedaría la plusvalía municipal con distintos ejemplos de compraventa y de valor de la misma.

El siguiente acuerdo tiene que ver también con ayuntamientos y en este caso con dos ayuntamientos que han querido sumar fuerzas y que ponen en valor lo positivo de la buena vecindad, de la colaboración administrativa y la máxima de que la unión hace la fuerza.

Son dos ayuntamientos extremeños, el ayuntamiento de Don Benito y de Villanueva de la Serena, que quieren unirse, que quieren unir sus dos municipios y para ello, van a realizar una consulta popular. Esta consulta popular es la que ha tenido que recibir la aprobación por parte del Consejo de Ministros, y lo que hemos aprobado, ellos lo aprobaron en pleno. Se remite al Consejo de Ministros y lo que hacemos es aprobar la pregunta que ellos van a emitir a sus vecinos.

Concretamente son dos preguntas distintas, porque los ayuntamientos solo pueden preguntar aquello que compete a su término municipal y por tanto, cada ayuntamiento preguntará a sus vecinos en relación a la siguiente cuestión que les cito a continuación:

"¿Está de acuerdo con que el Ayuntamiento de Don Benito ejercite la iniciativa para la tramitación del procedimiento de fusión con el municipio de Villanueva de La Serena? y en Villanueva de la Serena, la pregunta es a la inversa; "¿Está de acuerdo con que el Ayuntamiento Villanueva La Serena ejercite la iniciativa para tramitar el procedimiento de fusión del municipio de Don Benito?

Es un procedimiento extraordinario que se ha llevado muy pocas veces a cabo en nuestro país, concretamente, en dos ocasiones se ha procedido desde la entrada en vigor de la Ley de Bases en el año 85 a este tipo de fusiones, pero sin duda, es una decisión para aplaudir, porque se trata de, como les decía, hacerse más fuerte fusionando dos entidades municipales, dos municipios muy cercanos en el territorio, con lo que van a sumar, no solamente población y extensión, sino que van a generar uno de los polos de desarrollo económico más importantes de Extremadura y también con ello facilitarán una eficaz gestión de los fondos públicos, de los servicios y de los recursos que prestan a la ciudadanía.

Nosotros tenemos, como les decía, la competencia en el Gobierno de España para la autorización de estas consultas populares, recogido en el artículo 71 de la Ley de Bases, que se restringe a aquellos asuntos que tengan competencia municipal, que sean asuntos de carácter local, que tengan un especial interés para los vecinos y que no sean relativos a la hacienda local.

Estos ayuntamientos se han comprometido a seguir adelante con el procedimiento de fusión si este referéndum supera el 66% de aceptación y después, el resto del procedimiento ya sería llevado a cabo por parte de la comunidad autónoma, en colaboración con las diputaciones provinciales.

Como les decía, sólo hay dos antecedentes y es una buena noticia de eficacia de los recursos públicos, de puesta a disposición y de generosidad para mejorar la vida de sus vecinos y de sus vecinas.

Los siguientes acuerdos que yo quería mencionarles tienen que ver con las inversiones territoriales. Saben que tenemos mucho interés en que la inversión del Estado en el territorio sea eficaz y en este sentido se ha aprobado un paquete importante por su cuantía, casi 300 millones de euros, 286 millones de euros, a inversiones ferroviarias que también les detallaremos en la referencia, pero que se refieren a distintas comunidades autónomas.

En la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, es un contrato para mejorar la infraestructura del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla por un valor de 65,1 millón de euros.

Otra inversión, también en Castilla la Mancha, en este caso para mejorar la vía convencional al ancho convencional, y, en este caso sería para la red que une Badajoz y Ciudad Real en el tramo Brazatortas-Guadalmez por 54,4 millones de euros.

Hay una inversión importante también para la comunidad autónoma de Galicia en alta velocidad de 69,8 millones de euros, también en modernización del ancho métrico en Gijón, en Asturias, de 25 millones de euros y otras en Cantabria por 51 millones de euros.

Como digo, todas suman casi 300 millones de euros, 286 millones de euros de inversiones en el territorio, en una de las prioridades para este Gobierno, que es mejorar el ferrocarril, entendiendo este mecanismo de movilidad, un mecanismo mucho más sostenible desde el punto de vista energético.

Y en inversiones, pero esta vez referentes a la cultura y a la ciencia, hemos dado cumplimiento a un convenio que tenemos con el ayuntamiento de Barcelona, que data de febrero del año 2020 y que tiene que ver con avanzar en la capitalidad cultural y científica de Barcelona para, junto con Madrid, representar mejor los intereses en estos dos ámbitos de nuestro país. Es una inversión de 20 millones de euros que va destinada a distintas entidades. Se han acordado estas subvenciones con el ayuntamiento de Barcelona. Por darles algunos ejemplos, con entidades con las que vamos a gestionar estos fondos, sería la Fundación Picasso, la Fundación Miró o el Centro Nacional de Súper Computación.

Va en la línea del programa de desarrollo basado en la cultura y en la tecnología y la ciencia de los Fondos de Recuperación, donde para nosotros la ciencia juega un papel muy importante, y, concretamente, me voy a referir a ello, porque estos días se celebra la Semana de la Ciencia. El próximo miércoles es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo y también un buen momento para sentirnos orgullosos de nuestro país y una ciudad como Barcelona, que es la octava ciudad en Europa, por producción en materia y en potencia en producción científica, y, sin duda es un tipo de orgullo para nosotros, contar con una ciudad como Barcelona, que se sitúa, eso, en la octava ciudad europea con mayor producción científica.

Así que por aquello de hacer gala también de nuestro país y de toda nuestra tierra, me van a permitir ese aplauso a la ciencia y en este caso también al desarrollo científico en la ciudad de Barcelona que queremos apoyar con este acuerdo.

Y, fundamentalmente, estos han sido los acuerdos a los que yo quería hacer mención, el resto se los adjuntamos en la referencia, y ahora, el más importante de todos ellos, como decía, que tiene que ver con nuestra salud, le dejo su explicación a la ministra.

Sra. Darias.- Muchas gracias, ministra portavoz y saludos cordiales a los medios que se encuentran aquí en esta sala del Palacio de la Moncloa.

Quiero compartir en esta comparecencia, primero que hoy es un día importante. Hoy es un día importante porque el Gobierno ha examinado en primera vuelta la ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, la cohesión y la universalidad.

Y me parece tremendamente importante, porque es verdad que durante todo este tiempo nos hemos estado ocupando de lo urgente. Tiene que ver con la pandemia y también el proceso de vacunación, pero también, dada la situación en la que nos encontramos, nos está permitiendo ya ocuparnos de lo importante. Y esto es una ley del Gobierno muy importante porque mejora y amplía derechos de ciudadanía.

Sabemos que los grandes retos de salud actuales, y especialmente los derivados tras la pandemia, solo pueden abordarse con éxito, con garantías de éxito, si el conjunto de la sociedad se gobierna maximizando los resultados que las distintas actuaciones y normas tienen en la salud de la población, y sobre todo, con una apuesta firme por el fortalecimiento de nuestro Sistema Nacional de Salud.

Es por ello que la pandemia por la COVID ha acreditado, lo digo bien, la importancia de los sistemas públicos de salud como garantes de salvar vidas y también como motor económico y sobre todo, también la pandemia ha venido a consolidar, acreditar algo que ya sabíamos, pero que hemos puesto de manifiesto con creces en esta ocasión, y es que constituye uno de los mayores pilares de nuestro Estado del bienestar.

Durante este tiempo también se ha puesto de manifiesto la fortaleza de nuestro Sistema Nacional de Salud, sustentado en los principios de cohesión, de equidad y de universalidad. Pero no es menos cierto que también esta pandemia ha aflorado las debilidades del Sistema Nacional de Salud, que se ha convertido en reto para este Gobierno de progreso.

Por ello, el Gobierno de España ha incluido en la renovación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud dentro del componente 18, que forma parte del Plan de España Puede, el conocido como plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Concretamente, el componente asociado al Ministerio de Sanidad es el componente 18 y hace frente, o se pretende que haga frente, a los desafíos presentes y futuros.

¿Para qué? Pues para contribuir a tener un modelo sanitario más robusto, más flexible, pero sobre todo más resiliente.

Esta iniciativa legislativa que hemos visto hoy en primera vuelta, que inicia su andadura, es una de las reformas, de las 5 reformas de nuestro componente 18, porque concretamente la consolidación de la equidad, de la cohesión y de la universalidad y además su entrada en vigor constituye un hito del propio componente.

Esta ley va a costar una exposición de motivos, de 7 artículos, 1 disposición adicional, de 2 disposiciones transitorias, de 1 disposición derogatoria y 6 finales.

Y quiero ser clara, responde a los compromisos el presidente de Gobierno en su sesión de investidura y también a los compromisos del pacto de Gobierno, y es fruto del trabajo, por supuesto, el Ministerio de Sanidad, pero, de las aportaciones del resto de los ministerios que han contribuido a tener el texto que hoy tenemos.

Este proyecto significa varias cosas.

En primer lugar, significa la satisfacción de nada más y nada menos que 12 de las propuestas del dictamen de la Comisión de Reconstrucción, cosa que me parece importante manifestarla ante todos ustedes y también pues prácticamente, el cumplimiento en los acuerdos de Gobierno, de más de un 20% de los acordados en materia de sanidad.

De las normas que se ven afectadas por esta ley en primera vuelta, son 3 leyes que van a ser modificadas, la Ley 14/86 General de Sanidad, la Ley 16/2003 de Cohesión de Calidad y del Sistema Nacional de Salud y un Real Decreto Ley, con rango de ley, que es el Real Decreto 16/2012, para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad.

También se van a ver afectados 3 reales decretos y una derogación explícita, expresa, nada tácita, explícita y expresa, que es la derogación de la Ley 15/97 de 25 de abril, por la que se habilita nuevas fórmulas de gestión en el Sistema Nacional de Salud.

Los objetivos generales que pretende o que persigue esta ley es, por un lado, establecer medidas que consoliden la equidad, la cohesión y la universalidad en el sistema de salud, incorporando especialmente aquellas que minimicen o aminoren las desigualdades en salud para no dejar a nadie atrás y también aquellas que refuercen estructuralmente la cooperación entre las distintas estructuras, tanto sanitarias como educativas o también sociales.

Objetivos específicos, concretos, que aborda esta iniciativa legislativa, esta ley que hoy hemos visto: en primer lugar, facilitar el fortalecimiento del sistema sanitario público, estableciendo como fórmulas de gestión preferente la prestación y la gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios, aquellas que sean de gestión de carácter directa pública, gestión directa pública va a ser la fórmula de gestión preferente en nuestro Sistema Nacional de Salud.

En segundo lugar, ampliar el derecho a la protección de la salud con cargo a fondos públicos a las personas españolas de origen, residentes en el exterior, durante sus desplazamientos temporales al territorio español y también a sus familiares.

También, un objetivo específico, es garantizar la homogeneidad en la efectividad del derecho a la protección a las personas no registradas ni autorizadas como residentes en España. Recuerden que esto fue una iniciativa que ya recogió el Real Decreto Ley del año 18, nada más llegar Pedro Sánchez al Gobierno, que devolvió la protección a la salud a estos colectivos, pero no existe una aplicación homogénea en todo el territorio nacional y por tanto, con esta ley lo que se garantiza es que esta prestación, ya reconocida, se haga de manera homogénea en todo el territorio nacional.

También otros objetivos específicos, concretos, de esta ley es recuperar la cartera común de servicios únicos, en este caso, unificando la cartera común básica de servicios asistenciales, la cartera común suplementaria, aquella que recogía las prestaciones farmacéuticas, las ortoprotésicas, las dietoterápicas y también el transporte no urgente y la cartera común de servicios accesorios que no está desarrollada todavía y también la inclusión de algunas prestaciones para mayor calidad.

Quiero detenerme en esto. El Real Decreto Ley del año 12 lo que hizo fue que la cartera común de servicios, que era única, la dividió, por así decirlo, en tres carteras, estableciendo cuáles se copagaban y cuáles no se copagaban. Por tanto, ahora lo que volvemos a unificar la cartera común de servicios para establecer las garantías necesarias para que no puedan introducirse nuevos copagos sanitarios en la prestación dietoterápica ni el ortoprotésica.

Creo que es muy importante. Esta ley no solo amplía derechos, sino que además blinda que no se puedan establecer nuevos copagos a los ya existentes.

Saben que el compromiso del Gobierno ha sido la eliminación progresiva de los copagos y así lo hemos hecho efectivo en la Ley de Presupuesto de este año, el 21. Hemos eliminado el copago farmacéutico a los colectivos más vulnerables. Por tanto, ya hemos eliminado el copago farmacéutico para las personas perceptoras del ingreso mínimo vital. Ya hemos eliminado también el copago farmacéutico a los pensionistas con rentas bajas. También hemos eliminado el copago farmacéutico a los menores con discapacidad reconocida y también hemos eliminado a las personas de renta por hijo a cargo.

Con esta iniciativa legislativa, además, ampliamos las exenciones de copago ortoprotésico a los mismos colectivos que les acabo de citar, que ya estaban exentos del copago farmacéutico. Por tanto, seguimos ampliando y seguimos mejorando derechos.

Y también, importante, esta iniciativa legislativa incorpora a los pacientes y a la población a los órganos de asesoramiento del Consejo Interterritorial, a través de un órgano, el Comité Consultivo del CISNS, dependiente del Consejo Interterritorial, vamos a hacer efectiva la participación social en el Sistema Nacional de Salud y también ejercer a estas organizaciones de pacientes, la participación institucional en organizaciones que la componen.

Nos parece muy importante. La escucha activa y la participación en órganos ya existentes y darle entrada a organizaciones de paciente para hacer efectiva el derecho a la participación social.

Y también incluye esta ley otro objetivo específico, garantizar una interpretación homogénea en la norma, calificando que la prestación en la atención especializada y socio-sanitaria de la rehabilitación en pacientes con déficit funcional. ¿Por qué? Porque antes solamente estaba encaminada a aquellos que mejoraran la vida de la gente, pero pensemos, por ejemplo, en algunos pacientes, llamase por ejemplo con ELA, que la rehabilitación lo que va a hacer es seguirles manteniendo al menos una calidad de vida digna, y, por tanto, con este objetivo específico que establece la ley, vamos a mantener al máximo la autonomía del paciente, e integrarlo en su medio habitual.

Y por último, también, esta ley incluye el fortalecer la cohesión y la equidad en el Sistema Nacional de Salud, haciendo viable, a través del desarrollo reglamentario, del Fondo de Garantía Salarial.

Y ya por último, creo que una iniciativa también importante que contempla esta ley es que las distintas redes que tenemos de agencias de evaluación de las tecnologías sanitarias en el Sistema Nacional de Salud puedan organizarse en torno a un consorcio para poder tener naturaleza jurídica y participar en proyectos europeos.

Concluyo: estamos ante una iniciativa legislativa de gran calado político, una iniciativa legislativa de gran calado político que incide y fortalece los principios rectores del Sistema Nacional de Salud, como son la cohesión, la equidad y la universalidad. Y significa muchas cosas, pero especialmente significa un gran paso para seguir mejorando la vida de la gente, que es la razón de ser de este Gobierno de progreso. Por tanto, seguimos ampliando, seguimos cumpliendo los compromisos acordados y por tanto, seguimos avanzando en el derecho de la ciudadanía. Muchas gracias.

Portavoz.- Gracias ministra. Almudena

Pregunta.- (Almudena Guerrero. TVE) Buenas tardes, ministras.

A la ministra portavoz, después de lo ocurrido este fin de semana en el aeropuerto de Palma, quería saber si el Gobierno se plantea adoptar algún tipo de medidas, revisar los protocolos. Por otro lado, el Partido Popular pide explicaciones al Gobierno y solicita que sean los ministros Marlaska y Raquel Sánchez quienes den esas explicaciones en el Congreso.

Y a la ministra de Sanidad, ha dicho que es una ley de Gobierno, en la que han participado otros ministerios, sin embargo, sus socios de Unidas Podemos se quejan de que no han contado con ellos para el desarrollo de este texto. Han sido muy críticos, avanzan que van a presentar enmiendas. ¿Qué tiene que decir eso? Muchas gracias.

Portavoz.- Respondo, respondo yo en primer lugar.

La verdad es que el Partido Popular está dedicado sólo y exclusivamente a atacar al Gobierno, pero está pasando ya el ataque del Gobierno al ataque de las instituciones, y yo lo que quiero hacer en nombre del Gobierno es poner en valor el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el trabajo de los jueces, que en definitiva son quienes en este momento están gestionando este asunto y todo nuestro apoyo para ello, se ha procedido ya a una amplia detención de estas personas, están puestas a disposición judicial y por tanto, nosotros lo que hacemos es valorar el trabajo de los empleados públicos, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los jueces, que en estos momentos tienen a disposición judicial, insisto, a estas personas.

Cualquier incidente que se produce en nuestro país en este ámbito es susceptible de ser evaluado para mejorar en cualquier caso y reforzar los protocolos que sean necesarios. Pero me van a permitir que subraye y que reconozca el extraordinario trabajo que hacen, tanto el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia Civil, especialmente, para proteger las fronteras aéreas, están controlando cada día a cientos de miles de vuelos y a millones de pasajeros que cada año pasan por nuestro país.

Por tanto, nuestro apoyo al trabajo realizado, nuestro estudio a lo que acaba de suceder y nuestra confianza en las instituciones del Estado y nuestro compromiso con seguir mejorando cada día.

Aquellos que no tienen una propuesta de país, que no tienen una propuesta para España, pues lo único que se dedican es a criticarla. Por tanto, ningún comentario adicional al respecto.

Sra. Daria.- En relación a su pregunta, yo lo que he manifestado es la posición del Gobierno, esto es una ley del Gobierno, de todo el Gobierno, una ley muy importante, una ley que como me han escuchado, amplía derechos y además consolida y blinda que no se puedan repetir situaciones del pasado que incluyen a los más vulnerables a copagos, que en muchos casos tenían que optar entre ir al supermercado o ir a la farmacia. Por tanto, lo que se trata hoy es de seguir avanzando en derechos y lo que ha hecho este Gobierno con paso firme, determinación y sobre todo con liderazgo del presidente Sánchez para cumplir los compromisos a los que hemos llegado.

Portavoz.- Muy bien, Ana.

P.- (Ana Fernandez, Europa Press) Hola que tal, buenas tardes.

Quería preguntarle en primer lugar sobre la derogación de la Ley Mordaza, las enmiendas que están preparando PSOE y Unidas Podemos, quería saber, en concreto, sobre la que parece que va a abogar por evitar el material que cause lesiones irreparables y que establecería dicha enmienda la creación de un protocolo para ello, quería saber si esto se va a traducir o si la intención es que se prohíba el uso de las pelotas de goma en manifestaciones por parte de la policía, de los antidisturbios.

Luego, por otro lado, también saber si efectivamente va a haber una enmienda que plantee que se puedan incorporar en el DNI el uso de lenguas cooficiales.

Y luego, por otro lado, me gustaría saber qué le parece al Gobierno la enmienda que registró Unidas Podemos en solitario a los presupuestos el pasado viernes, para que se impida la exención de patrimonio mediante una cuota estatal, y si están dispuestos a asumir esta propuesta. Gracias.

Portavoz.- En relación a la primera pregunta, indicarles, como saben, que este es un compromiso del Gobierno, el avanzar y el reformular una ley que atacó derechos fundamentales y el garantizar la sustitución de los derechos públicos, el ejercicio de nuestros derechos y libertades, y, en este momento es un texto legal que se encuentra en trámite parlamentario, por respeto a ese trámite importante para nosotros, al trabajo de los grupos, entenderán que no entremos a valorar las enmiendas que pueden estar siendo valoradas o propuestas por determinados grupos.

Si, nuestro absoluto respeto a este trabajo parlamentario, y si, nuestro compromiso por modificar esta ley que atentaba, como digo, a libertades y derechos fundamentales y que nos gustaría que a lo largo de esta legislatura pudiera revertirse en esas circunstancias.

En relación a los Presupuestos Generales del Estado, y me remito también a esa separación de poderes y al trabajo de los distintos grupos políticos, como saben ustedes, nosotros presentamos unos Presupuestos Generales del Estado que son singulares por el momento en que están presentados y por las oportunidades de futuro que tenemos ante nosotros, fundamentalmente, la ejecución de los Fondos Europeos y que se tratan de los presupuestos de la recuperación económica, y, en ese sentido vamos a trabajar.

Una vez hemos superado ese trámite de enmienda a la totalidad, vamos a trabajar con todos los grupos políticos que quieran trabajar con el Gobierno para dar una respuesta positiva a nuestro país, para abordar la recuperación económica, para llegar a todas las familias, a todos los hogares.

Estos son los presupuestos de la recuperación. Son los presupuestos del incremento del número de becas. Son los presupuestos que abordan la modernización de la FP. Son los presupuestos que contemplan la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Son los presupuestos que consagran el Ingreso Mínimo Vital. En definitiva, son unos presupuestos buenos para España, para la inmensa mayoría de los españoles y de las españolas, y, en ese contexto, aspiramos a conseguir el mayor de los apoyos y, por supuesto, respetando siempre el trabajo de los grupos parlamentarios.

Raúl.

P.- (Raúl Piña. El Mundo) Buenas, dos preguntas, la primera, por qué la ministra de Hacienda ha renunciado a presentar hoy aquí la Ley de Plusvalías, una medida de tanto calado que ayer incluso anunció que lo iba a arreglar, y si están seguros de que esta reforma sortea las inconstitucionalidades, ya que ha tenido 3 sentencias en contra, la última declarando inconstitucional el método de cálculo.

Y la segunda, a la ministra de Sanidad, incidir un poco más en esas críticas que está haciendo Podemos a la ley sanitaria. Echenique y Pablo Fernández han anunciado hoy que sigue habiendo colaboración público-privada e incluso hablan de que esta ley abre la puerta a la privatización de la sanidad, incluso avanzan que podrían votar en contra. Entonces, ¿cómo se puede presentar una ley de Gobierno cuando una parte del Gobierno anuncia que puede votar en contra de esta ley en el Congreso? Gracias.

Portavoz.- Gracias, Raúl.

Bueno, la determinación de quienes comparezcamos ante ustedes la organizamos en la casa y atendiendo a las agendas y sobre todo también a la distribución del trabajo. Es una ley muy importante esta de las plusvalías, que sin duda ha sido trabajada en el seno del Ministerio de Hacienda, pero que les puedo asegurar que también me hace mucha ilusión transmitírsela a ustedes, porque viene a dar tranquilidad, les recuerdo, no sé si lo dije anteriormente, que esta sentencia del Tribunal Constitucional se refiere a una normativa de tiempos del gobierno del Partido Popular y por tanto es en respuesta a una normativa que no era ajustada y que no era de este Gobierno, sino del gobierno del Partido Popular, eso en primer lugar, que creo que no lo señalé anteriormente.

Y segundo, insistir en lo que antes les decía, para nosotros es una ley muy positiva, porque viene a resolver estas 2 cuestiones importantes para nosotros.

En primer lugar, dar tranquilidad a los ayuntamientos que no tengan que recortar la prestación de los servicios básicos que prestan a los vecinos y a las vecinas, porque van a tener garantizada esta vía de financiación, que es muy importante para ellos.

Y en segundo lugar, que los ciudadanos que no les corresponda no tengan que pagar este impuesto, es decir, aquellos ciudadanos que no vayan a ver un beneficio en la venta de su propiedad, de su casa, de su local, en definitiva, esa venta que estén ejecutando no van a tener que pagar este impuesto. Y esto para nosotros es muy importante. Yo, es lo que me gustaría subrayar en el día de hoy, tranquilidad a los ayuntamientos que van a poder mantener esta vía de financiación para prestar los servicios básicos que dan a los vecinos y vecinas de sus municipios y ciudades, y, 2, también tranquilidad para aquellos que cuando vendan su casa, no obteniendo un beneficio, van a tener la tranquilidad de que no tendrán que asumir este impuesto.

Hemos sido muy ágiles en la respuesta, les recuerdo que fue el día 26 de octubre cuando conocimos el fallo de la sentencia del Tribunal Constitucional y este Gobierno ha demostrado que cumple y que trabaja con agilidad para dar respuesta.

El hecho de que nos sentemos aquí a darles cuenta, como digo, se trata de la organización interna del Departamento de Comunicación y espero haber sido clara en mi exposición, sobre todo para ustedes y para los medios de comunicación.

Sra. Darias.- Gracias, ministra.

Raúl, esta ley, como he comentado, es una ley del Gobierno y por tanto como ministra de Sanidad la estoy compartiendo con ustedes, y, además, desde que ha sido fruto también de la aportación de los ministerios que conforman el Gobierno, por tanto, primera consideración al respecto.

En segundo lugar, esta ley cumple con el acuerdo programático de Gobierno, que sería avanzar para el blindaje y la consolidación de derechos de ciudadanía, muy importante, y también para avanzar en una gestión directa. Y también lo hace la ley, por cuanto que la ley establece como fórmula de gestión preferente la directa. Y al final, lo que esta ley pretende es seguir afianzando en la necesidad de fortalecer el Sistema Nacional de Salud, en el valor de lo público.

La pandemia nos ha dejado varias lecciones.

En primer lugar, yo destacaría la importancia de los Estados, la importancia de los Estados para hacer frente a desafíos globales que requieren respuestas globales, de ahí la importancia del valor de lo público. Es verdad que el acuerdo programático es anterior a la pandemia, pero a lo que ha venido la pandemia es a enfatizar más la necesidad de poner en valor lo público, y esta iniciativa legislativa lo hace.

En segundo lugar, muy importante, otra de las lecciones es la respuesta multilateral, porque sabemos que estamos hablando de una pandemia y por lo tanto se interactúa en todo el planeta.

Pero por supuesto, en tercer lugar, la necesidad de fortalecer los sistemas públicos de salud. Y esta ley lo hace y lo hace a través de sus 3 vectores fundamentales, que es la cohesión, que es la equidad y que es la universalidad, y que a través de estos tres vectores lo que hace es, primero, ampliar derechos, algo tan importante que en épocas anteriores de gobierno, con la derecha, recortaron, y además blinda que no puedan suceder episodios del pasado, que son de otra época, en la que se obligaba a las personas con menores recursos, a los más vulnerables, a tener que copagar por productos farmacéuticos y también ortoprotésicos. Ahora no, ahora establecemos medidas muy importantes.

Por tanto, yo lo que le diría es que es una ley de todo el Gobierno y una ley en la que estamos muy satisfechos porque es una ley muy importante, muy importante para consolidar y para avanzar en derechos y también para reconocer derechos a la participación de las sociedades de pacientes y en órganos del Consejo Interterritorial, que hasta ahora, aunque parezca extraño, no lo hacían. Y nosotros queremos escuchar, no solamente a quienes están representados ahí a nivel sindical, a nivel empresarial, sino por supuesto, ¿no tiene razón de ser que en un Consejo Interterritorial tengan voz las asociaciones de pacientes? Nos parece fundamental. Por tanto, una ley que consolida a, que amplía y que reconoce participación.

Portavoz.- Esther.

P.- (Esther Redondo. La Sexta) Gracias, buenas tardes.

Quería preguntarle a la ministra portavoz, en primer lugar, por la modificación del Impuesto de Plusvalía. Saber cuándo entra en vigor, si mañana es cuando se publica, si se puede decir ya claramente, que a partir de mañana todo el que venda una vivienda y obtenga beneficios ya va a tener que pagar ese impuesto, y si, definitivamente, hay alguien que desde el pasado día 26 que salió la sentencia ha decidido pedir la devolución del dinero, no tiene nada que hacer, a no ser que apele a instancias judiciales superiores.

Y luego preguntarle también, portavoz, por cómo van las negociaciones sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, si se ha avanzado algo, si el Gobierno estaría dispuesto a aceptar la tramitación de una iniciativa para despolitizar este órgano tal y como exige el Partido Popular, y si se han aparcado los nombres de Rosell y de Prada en aras a encontrar un acuerdo. Gracias.

Portavoz.- Gracias, Esther.

La ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE, que entiendo que, al ser festivo mañana, seguramente entrará en vigor pasado mañana este texto legal, y ahora, como les decía, los ayuntamientos tienen también 6 meses para hacer su trabajo de ordenanzas fiscales.

No tiene efecto retroactivo este texto, con lo cual entra en vigor justo ese día. Insisto, lo más importante es que adecúa a la demanda del sector inmobiliario y a los precios, y que aquellos ciudadanos que habiendo vendido su casa no obtengan beneficio con respecto a lo que les costó, no tendrán que pagar este impuesto.

Esto me parece lo más destacado de esta norma y es verdad que queda ese espacio de tiempo entre el pronunciamiento del Tribunal Constitucional y apenas 8 o 10 días, que es lo que ha tardado el Gobierno en resolver esta cuestión, donde, efectivamente, hay un vacío en esa disposición.

Pero lo más relevante, para nosotros, es dar esa tranquilidad y esa seguridad, porque además, como saben ustedes, venimos de un boom inmobiliario y lo normal es que el precio ahora sea inferior a lo que se compró y también insistir en un concepto que igual no he profundizado en él, lo que se graba en este impuesto es el valor catastral del suelo, no del vuelo. Estos son los detalles que les decía les vamos a adjuntar en toda esta información que ha preparado el Ministerio de Hacienda. Pero lo relevante es que los ciudadanos que vendan a partir de ahora y lo hagan por un valor inferior al que compraron, no tendrán que pagar este impuesto.

Y en relación al Consejo General del Poder Judicial, estamos en la misma disposición que siempre, que es la exigencia de cumplir el mandato constitucional, de renovar los órganos. El Gobierno sigue demandando al principal partido de la oposición, que igual que estamos avanzando ya en otros acuerdos de renovación, es imperativo que abordemos esta cuestión y tenemos confianza en poderlo hacer en beneficio de la credibilidad de nuestro propio sistema y de las instituciones de nuestro país.

Iván.

P.- (Iván Gil. El Confidencial) Gracias.

Por seguir insistiendo en el tema de la renovación así y los nombramientos, yo quería preguntarles, a propósito de las informaciones que han que han salido del candidato del Partido Popular, Enrique Arnaldo, si creen que todavía es un candidato idóneo, después de que se haya visto algunos incumplimientos en la ley universitaria, también en el Estatuto del Congreso.

Y sobre la Ley de Equidad Sanitaria, quería insistirle también si sus socios, aparte que diga que es una buena ley de todo el Gobierno, han puesto la línea roja, que no estarían dispuestos a apoyar su tramitación parlamentaria si no se elimina la posibilidad de la colaboración público-privada, si estarían dispuestos a aceptar esa línea roja.

Portavoz.- Gracias, Iván.

En relación a los nombramientos, mantengo también la posición que les he expresado en alguna otra cuestión, y es que el Gobierno se puede hacer cargo, en este caso, el Grupo Socialista, se hace cargo de los nombramientos que propone y no nos podemos hacer cargo de aquellos que proponen otros grupos políticos. Y por tanto, creo que esa pregunta que usted me formula y que yo atiendo gustosamente, no la tiene que responder el Gobierno, sino aquel grupo parlamentario que es quien lo ha propuesto.

Para nosotros lo importante, para la institución, para el Gobierno de España, es que demos cumplimiento al mandato de las leyes y de la Constitución, que es la renovación de los órganos y si hay formaciones políticas que lo único que pueden ofrecer es esto, pues la pregunta, quizás, esté en estas organizaciones políticas.

Sra. Darias.- Muchas gracias, Iván.

Desde luego, lo que sí me gustaría comentar es una iniciativa tan importante que nace hoy en la primera vuelta en el Consejo de Ministros, hablar de líneas rojas cuando lo que está haciendo es ampliando derechos, consolidando, impidiendo que tengamos tiempos pasados, es complicado. Y lo que hace además esta ley, esta iniciativa legislativa en cumplimiento del programa de Gobierno de coalición, es afianzar y apostar por la gestión directa en la prestación de los servicios públicos, cosa que me parece muy importante dentro del marco jurídico que tenemos. Por tanto, más que líneas rojas, yo creo que lo hablaría es de avance de ciudadanía, de cumplimiento de derechos y sobre todo de cumplimiento de compromisos.

Me van a permitir también que les comente otro asunto que ha sido importante en el día de hoy y que no lo hice previamente, la ministra portavoz no me lo recordó, pero ahora me acabo de acordar, es que hoy también hemos procedido a autorizar la distribución de 220 millones de euros a las comunidades autónomas para llevar a cabo el Programa de Desarrollo de Medidas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la salud digital.

Esto va a formar parte de la estrategia de salud digital que aprobaremos próximamente y que se han definido cinco grandes áreas de actuación para estos 220 millones de euros, repito, cual es la gestión óptima de la prestación farmacéutica, también el impulso a la ética de datos, la ampliación y la renovación de las infraestructuras y equipamiento de tecnología informática en todos los centros sanitarios, muy importante, los sistemas integrados de gestión y análisis de imágenes médicas y aquellas cuestiones que sean de interés.

Disculpen que no lo había hecho antes. Muchas gracias.

Portavoz.- Paula.

P.- (Paula de las Heras. Colpisa) Yo tendría tres preguntas, sobre la negociación del Consejo General del Poder Judicial, entiendo que lo que está diciendo usted es que cuando un grupo vota una candidatura de un candidato a magistrado constitucional, ¿con ese voto no se hace cargo del nombramiento? No lo entiendo muy bien, pero en todo caso, quería saber si este va a ser también el modus operandi para la negociación del Tribunal Constitucional, lo que implicaría que no se van a aceptar vetos por ninguna de las dos partes, es decir, ustedes no ponen pegas a las propuestas del PP, las votan indistintamente de lo que les parezca, según entiendo de su afirmación, de que solo se hacen cargo de las propuestas que hacen ustedes.

La pregunta es si este es el modus operandi que se va a seguir también en la negociación del Tribunal Constitucional, del CGPJ, perdón.

Luego, por otro lado, quería preguntar a algunos expertos fiscalistas que se han puesto en cuestión que sea posible configurar el nuevo tributo de plusvalías mediante un real decreto ley y que esta decisión del Gobierno, de hacerlo mediante real decreto ley, puede augurar nuevos recursos al Constitucional, y quería saber si ustedes tienen garantizado que no vaya a ser así, si ha habido alguna consulta a los servicios jurídicos antes de dar este paso.

Y por último, sobre el discurso de Mohamed VI este sábado, quería saber en qué medida les preocupa el hecho de que advirtiera que solo mantendrá relaciones comerciales con quienes reconozcan la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, y si creen que esto aleja la solución de la crisis que vive en ambos países desde hace meses. Gracias

Portavoz.- En relación al Real Decreto Ley, creo que ustedes han sido testigos de la imperiosa necesidad de dar una respuesta, porque afectaba, insisto, no solo a los ciudadanos que venden una vivienda y quieren tener seguridad jurídica acerca de si tienen o no, o deben o no, pagar ese impuesto, que en este caso, ya les digo, si no existe un beneficio o una ganancia en la venta, no han de hacerlo, sino que existía también una urgencia, que se ha manifestado por distintos ayuntamientos, que han podido ustedes escuchar la preocupación, porque afectaba gravemente a la estructura de sus cuentas en un momento, por cierto, especialmente importante, en la que muchas entidades municipales están preparando los presupuestos para el próximo año.

Por lo tanto, lo que ha hecho el Gobierno es responder con agilidad a una cuestión importante para ayuntamientos y para ciudadanos que en estos momentos puedan estar en tramitación de una compra-venta.

Y como no puede ser de otra forma, como cualquier asunto que llega a la mesa del Consejo de Ministros, ha pasado por todos los filtros de seguridad jurídica y de informes que determinan los técnicos en cada uno de los departamentos ministeriales, por supuesto, en este caso del Ministerio de Hacienda.

En relación al Consejo General del Poder Judicial, yo les insisto en la necesidad de la renovación y en que esto es una cuestión de los grupos parlamentarios, como decía antes, y cada grupo parlamentario ha de hacerse cargo de las propuestas que hacen.

Nosotros desde el Gobierno, lo que reclamamos a los grupos parlamentarios es que cumplamos con la Constitución y con las leyes, como pedimos que la cumplan todos los ciudadanos.

Y en relación a la situación de Marruecos, como saben ustedes, es un país vecino, un país amigo, un país estratégico para España y en el que trabajamos con diligencia las relaciones diplomáticas, porque es positivo para la defensa de los intereses nacionales.

Nada más, quería ya terminar. Esta es la última.

P.- Muchísimas gracias, ministras. Eduardo Ortega de El Español Invertía.

Para la ministra de Sanidad, tenía concretamente la duda de que significa que la gestión pública directa sea preferente, es decir, en qué medidas se traduce eso, concretas, cómo se va a hacer preferente, que qué prerrogativa va a haber, por decirlo de alguna manera.

También quería saber cuánto tiempo planean que vaya a tardarse en plantear esta legislación, sobre todo por la aplicación de la derogación de esos determinados copagos que ha comentado.

Y luego tenía unas dudas para la ministra portavoz, concretamente ha comentado que los ayuntamientos tendrán 6 meses para aplicar el impuesto de plusvalía. Quería preguntarle, durante estos seis meses, qué queda en vigor, si no han aplicado eso en sus ordenanzas, quiero decir, entendemos que lo harán de manera inmediata, pero quería saber qué podía haber en caso de vacío.

Y dado que usted también es la ministra de Administración Territorial, quería preguntarle, ya sé que esto es más de Hacienda, pero como no está, en financiación autonómica y en la reforma de la financiación autonómica, ¿cómo va la cosa? Algunos consejeros se quejan de que el Gobierno todavía no les ha llamado a consultas para abordar una cuestión que tenía que estar completada en noviembre.

Ah, y perdón, ministra Darias, creo que no quedó del todo claro la respuesta del compañero Iván respecto a si la línea roja de Unidas Podemos, que es no atender más a la colaboración pública-privada en el sector sanitario, será una línea roja que respetará el Gobierno en la parte socialista, más o menos esa era la pregunta, no, Iván. Perfecto, muchísimas gracias.

Sra. Darias.- No lo había visto, pero esto es novedoso. Gracias por tus 2 preguntas o 3 preguntas, Eduardo.

¿Comienzo yo primera, ministra portavoz, o no? ¿Cierras tú?

Bueno, yo respecto a lo que significa la pregunta concreta que me haces, primero la modificación del artículo 47 de la Ley 14/86 con una nueva redacción en su apartado 3, que literalmente se dice que, "en el marco de la gestión del Sistema Nacional de Salud, la prestación y gestión de los servicios sanitarios y los sociosanitarios se llevará a cabo preferentemente mediante la fórmula de gestión directa y de carácter público y otros recursos, en el marco excepcional de otras fórmulas de gestión, tendrían que contar obligatoriamente con una memoria que justifique, desde el punto de vista sanitario y social y económico, la necesidad de tener que acudir a ellas, teniendo en cuenta, con carácter previo, la utilización óptima de sus recursos sanitarios propios y demás criterios previstos en la presente ley".

Es decir, el carácter preferente es por la prestación directa de carácter público y otras fórmulas de gestión, pues tendrán que argumentarse en los términos que le acabo de decir.

Tiempo, el que lleve la tramitación, que dependerá también de todo el recorrido que se inicie, y por tanto, cuando entre en vigor, es decir, cuando se publique y empiece su entrada en vigor en el tiempo de vacation legis y que se establezca en la propia ley, nos dirá cuándo será la derogación formal, de hecho, en este caso la Ley 15/97, que deroga expresamente, explícitamente deroga esto. Y eso es lo que significa esta ley, lo que significa la prestación directa.

En relación a la repregunta que usted me hace de su compañero yo creo que la contesté antes. Muchas gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, ministra.

Me puedo imaginar a los interventores y secretarios de los ayuntamientos que tenían el impuesto en sus consistorios esperar el BOE en el día de mañana para articular inmediatamente plenos extraordinarios, que den cobertura y que, por tanto, ajusten sus ordenanzas a este impuesto.

¿Por qué? Porque era un impuesto muy importante para las arcas municipales. Es un es un impuesto potestativo. No todos los ayuntamientos en nuestro país lo tienen, del entorno del 50% son los que se acogen a este impuesto, pero aquellos que los tienen, significa una cuantía muy importante de sus ingresos. Es el segundo ingreso más importante después del impuesto del IBI, del conocido Impuesto sobre Bienes Inmuebles y por tanto, ya les puedo augurar yo que estarán atentos porque además, como digo, están en un momento muy importante de diseños de los presupuestos para el próximo año, y sin duda este es un ingreso vital y por eso la agilidad del Gobierno en dar respuesta a esta situación.

En relación a la cuestión de la financiación autonómica a la que ustedes se refería, fíjese si es necesario que hace 7 años que debería haberse abordado esa cuestión en nuestro país. Esto fue un asunto que debía haberse abordado en el anterior gobierno, en el gobierno del señor Rajoy, pero lo dejó morir, lo dejó estar y nunca más se supo.

Este es un Gobierno que ha tratado con muchísima sensibilidad la financiación de las comunidades autónomas, hasta tal punto que han recibido los mayores ingresos de toda su historia, un 36% más de lo que recibieron en los últimos 4 años anteriores, es lo que van a recibir en estos 4 años de gestión del Gobierno por parte del presidente Sánchez y por tanto, nuestra sensibilidad con la financiación de las comunidades autónomas, en tanto en cuanto, ellas son quienes prestan servicios básicos, como la sanidad, a la que hacía referencia a la ministra, o la Educación, para nosotros es vital.

En este sentido estamos trabajando algunas cuestiones. Como saben ustedes, hay un grupo de expertos encargado de gestionar un asunto importante como es la población ajustada, y en definitiva, lo que pedimos desde el Gobierno es que armemos o que aunemos las expectativas de un nuevo modelo de financiación, sabiendo que en este nuevo modelo de financiación todos debemos ceder en aras al interés común, basando nuestras referencias en la suficiencia financiera, en la autonomía y corresponsabilidad fiscal, en la equidad para prestar estos servicios públicos, en la solidaridad entre todos los territorios, en la lealtad institucional y en la estabilidad presupuestaria.

Ese es el marco en el que se mueve el Gobierno, sabiendo que los intereses de cada territorio son distintos, dependiendo de la situación de cada uno de ellos, pero que todos debemos aunarnos en los principios inspiradores de la política financiera que proclaman la Constitución, de solidaridad entre todos los territorios y de igualdad entre todos los españoles.

Es muy importante que sigamos avanzando en la senda de la recuperación justa y el Gobierno va a garantizar, como ha hecho hasta ahora, la financiación de los servicios básicos que prestan las autonomías.

Muchas gracias. Buena tarde.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)