Comparecencia de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y el ministro de Consumo

La Moncloa

MINISTRA DE HACIENDA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: María Jesús Montero

VICEPRESIDENTA CUARTA Y MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO: Teresa Ribera

MINISTRO DE CONSUMO: Alberto Garzón

Portavoz.- Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta rueda de prensa tras la reunión celebrada por el Consejo de Ministros, una reunión en la que hemos abordado diferentes materias de las que van a dar cuenta la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, igualmente, que el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

Antes de entrar en el detalle de lo que ellos van a trasladar, básicamente referido a la situación energética en España y a la protección de los consumidores vulnerables, me voy a referir a otros asuntos que hemos abordado prioritariamente en el Consejo de Ministros, porque ocupan el esfuerzo y también, como no, la preocupación del Ejecutivo.

Se trata, en primer lugar, de la revisión sobre los datos de contagio, los datos de la pandemia, en donde, como el ministro Illa ha ido declarando en los últimos días, estamos ante una situación preocupante que nos exige mantener la guardia alta y que cada uno de nosotros y nosotras adoptemos las medidas necesarias.

De hecho, mañana miércoles vuelve a haber una reunión, como viene siendo habitual todas las semanas del Consejo Interterritorial de Salud, donde, como todo el mundo conoce, se reúnen los responsables sanitarios, tanto del Ministerio de Sanidad, el propio ministro, con los consejeros, los responsables de las comunidades autónomas. Ellos van a tener la oportunidad de repasar los datos, de revisarlos, de evaluarlos y también de valorar el alcance del conjunto de herramientas que se han puesto a disposición de las comunidades autónomas como autoridades delegadas, para frenar la expansión del virus y combatirlo en toda su dimensión. De hecho, a la finalización de este Consejo Interterritorial comparecerá, como también viene siendo costumbre el ministro Illa, quien dará detalles sobre los asuntos tratados y también sobre los elementos acordados o que se abordarán en los próximos días. Es como venimos trabajando a lo largo de toda la pandemia, como la cogobernanza se hace más fuerte, más resistente y, por tanto, en este ámbito abordaremos todos los elementos que las diferentes autoridades sanitarias quieran plantear para el análisis y para también la evaluación por parte de todos aquellos que allí se sientan.

Igualmente saben que ya hemos empezado a administrar la segunda dosis de la vacuna a las personas residentes y trabajadores que están en el entorno de las residencias. Igualmente, al personal sanitario y sociosanitario como a los grandes dependientes. Es muy importante recordar que incluso cuando una persona se ha puesto la vacuna, aunque adquiera la inmunidad, no puede dejar de protegerse y por tanto tiene que usar la mascarilla, el distanciamiento social, al igual que el lavado de manos.

Tengo que decir que las vacunas que se han dispensado, que se están dispensando, está propiciando que en torno al 70% de las dosis recibidas ya se hayan administrado al conjunto de los ciudadanos, un dato de vacunación que nos sitúa entre los países del mundo que están registrando una mayor tasa de vacunación y por tanto, nuestro agradecimiento a los profesionales sanitarios, a la atención primaria, a los distritos, al conjunto de los dispositivos del Sistema Nacional de Salud, que están, desde luego, trabajando a destajo para propiciar que a la mayor brevedad posible, la mayor parte de la población se encuentre vacunada. Y, de hecho, mantenemos la fecha prevista por el Ministerio de Sanidad, como es que entre mayo y junio de este año 2021 se hayan vacunado en nuestro país entre 15 y 20 millones de personas. Insisto en que lo haremos posible de forma coordinada en un trabajo conjunto, Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas.

La segunda cuestión que hemos abordado con profundidad en el Consejo de Ministros se refiere a la situación en la que se encuentran algunas zonas de nuestro país tras el paso de la tormenta Filomena, que como saben, está siendo objeto de evaluación permanente por parte de las autoridades responsables de Protección Civil y en particular, del Ministerio del Interior.

De hecho, puedo comunicar que en la red principal actualmente no es necesario el uso de cadenas en ninguna de estas vías. En la red secundaria hay 13 vías cortadas y en otras 11 si es obligatorio este uso de cadenas.

Respecto a la red ferroviaria, puedo comunicarles que en larga y en media distancia se han recuperado durante el fin de semana todos los trayectos y se han puesto a disposición de los ciudadanos. Las limitaciones de velocidad se han ido también mejorando, se han ido suprimiendo, ante la mejora de la situación meteorológica y ha habido retrasos en algunos ejes que solo alcanzan ya en torno a los 10 minutos.

Por otra parte, también les puedo decir que la red de AENA se opera con absoluta normalidad. En concreto, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se están operando todos los vuelos que se programaron por parte de las aerolíneas.

Por eso, como digo, estas dos materias han ocupado la mayor parte de la reunión del Consejo de Ministros, pero entrando también en relación con esta tormenta, en algún detalle que en el día de hoy se ha acordado, puedo informarles que efectivamente, en esta sesión hemos declarado zona afectada gravemente por la emergencia de Protección Civil, las antiguas zonas catastróficas, las comunidades de Asturias, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja y Navarra, como consecuencia, insisto, de la tormenta Filomena.

Se trata de un acuerdo que se ha formulado, se ha materializado en el día de hoy, aunque no se haya podido todavía cuantificar con precisión la totalidad de los daños personales y materiales que ha dejado detrás de sí este temporal de nieve. Lo hacemos de esta manera porque queremos agilizar la tramitación del conjunto de los procedimientos para que lleguen pronto las ayudas a los afectados y evitar cualquier demora que afecte a las condiciones de vida de la población en áreas tan extensa del país, donde se ha llegado a paralizar buena parte de los servicios públicos que se consideran esenciales.

Además, una vez que se haya realizado esta estimación de los daños que se han ocasionado, se aprobará un nuevo acuerdo del Consejo de Ministros, en el que ya se delimitará este ámbito geográfico de la declaración de zona gravemente afectada y se dictarán las medidas compensatoria que hubiera lugar.

De hecho, el acuerdo que se ha aprobado en el día de hoy contempla también otro nivel de compensaciones, por ejemplo, se establecen ayudas en el caso de supuestos de fallecimientos o de incapacidad que se hubieran causado por el temporal de frío y nieve, también se regulan las compensaciones de daños materiales en vivienda y en enseres y se habilita la solicitud de compensación por desperfectos en negocios, en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimos-pesqueros, turísticos y de otros servicios.

En cuarto lugar, las personas o empresas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes, van a tener derecho a ser resarcidos totalmente de esta actividad.

Y, por otra parte, se establece el derecho de las corporaciones locales a recibir ayudas por los gastos ocasionados para hacer frente a esta situación de emergencia, con los límites que evidentemente marca la normativa.

Quiero recordar que todas estas ayudas estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se regulan en el Decreto 307/2005, por el que se determinan este conjunto de subvenciones en situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica.

El Acuerdo establece igualmente una subvención de hasta el 50% de los proyectos que las administraciones locales hayan tenido que contratar con medios no propios para reparar infraestructuras, y también para los servicios de titularidad municipal, incluido la red viaria de las diputaciones provinciales.

Todos los ministros quedan por este acuerdo facultados para declarar las áreas de su competencia como zona de actuación especial. Son sus organismos autónomos, ellos mismos y las entidades públicas, las que podrán llevar a cabo las actuaciones de restauración, de reparación de infraestructura de titularidad estatal, que se comprendan en el ámbito de sus competencias.

Junto a estas ayudas directas, el acuerdo incluye también otras en el ámbito fiscal y en el ámbito laboral, como he comunicado, la que tiene que ver con la exención de la tributación en el IRPF de estas ayudas, pero, además, el acuerdo abre la puerta a la posibilidad de establecer exenciones en el IVI, reducciones en la cuota del impuesto sobre actividades económicas, así como la exención de las tasa de tráfico. Igualmente, se podrán abordar rebajas en el método de estimación objetiva del IRPF y el régimen simplificado del IVA, tanto de las explotaciones como de las actividades agrarias realizadas en la zona que se declaren afectadas. Todas estas medidas se adoptarán en siguientes Consejos de Ministros.

En el ámbito laboral, las suspensiones de contratos de trabajo o la reducción de jornada provocada por este parón de la actividad, también serán compensadas o considerada como situación de fuerza mayor. De esta manera, el FOGASA se hará cargo de las indemnizaciones de los trabajadores con los límites legalmente que se tienen establecidos.

Igualmente, el SEPE, Servicio Público de Empleo podrá autorizar que en este tiempo de paro no compute a los efectos de consumo de los períodos máximos de percepción establecidos, pudiendo autorizar también que reciban prestaciones por desempleo a aquellas personas trabajadoras que carezcan de los períodos de cotización necesarios para tener acceso a las mismas.

De otro lado, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá exonerar al empresario del abandono, perdón, del abono de las cuotas mientras dure la suspensión de estos contratos laborales, que, sin embargo, sí serán considerados efectivamente cotizados y trabajados por la persona empleada.

Para concluir en este punto, insisto en que este acuerdo no incluye esa cuantificación expresa de los daños, puesto que esta valoración se está realizando por el Ministerio del Interior en colaboración con otros ministerios, con las comunidades autónomas, delegaciones del Gobierno, ayuntamientos afectados, de manera que elaboraremos una memoria que incorpore la estimación de daño y que aborde el elenco de baterías de medidas que tienen que acogerse o adoptarse si fueran necesarias. Una vez elaborada la memoria, el Consejo de Ministros adoptará un nuevo acuerdo, como acabo de comentar.

El objetivo, como ustedes bien conocen, al igual que con la pandemia, es que ninguna persona, ningún ciudadano se quede atrás, al igual que ninguna empresa y, por tanto, el Estado sirva de red de seguridad y de protección para el conjunto de familias y también para las empresas.

Otros tres temas que brevemente quiero reseñarles de los acuerdos del Consejo de Ministros tienen que ver, en primer lugar, con un plan de acceso universal a la vacunación solidaria, que se ha presentado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, al igual que el Ministerio de Sanidad, definiendo y concretando la contribución española a la distribución solidaria, internacional de dosis de vacuna en el contexto humanitario.

Yo creo que no cabe duda de que la pandemia que estamos atravesando supone el mayor problema de salud pública que ha vivido la humanidad en la historia reciente y por tanto tenemos que trabajar en diferentes entornos, y, por supuesto, el trabajo hay que desarrollarlo de forma complementaria con otros países, llegando a aquellos lugares en donde las dificultades del país no le permiten la adquisición de esta vacuna o la llegada en tiempo y forma. Son más de 90 millones de personas las que están infectadas en el conjunto del mundo, más de 2 millones de fallecidos en todo el planeta y, por tanto, una dimensión global de una crisis que requiere de una respuesta global si queremos que a nivel local la medida puedan resultar efectivas.

Se trata, como venimos diciendo desde el principio de la pandemia, de romper la cadena de transmisión para evitar la propagación del virus, una cuestión que hay que abordarla a nivel global, a nivel general y, por tanto, todo el esfuerzo hay que hacerlo de manera colaborativa, de manera también actual, para que no haya una situación que ocurra en ninguna parte del mundo, que deje sin efecto los logros y los esfuerzos que otros países están haciendo para intentar combatir el virus. En este caso, la solidaridad no solamente es una cuestión humanitaria, sino que es una cuestión de efectividad de las medidas que se aplican por parte de todos los países para que resulten finalmente efectivas.

El objetivo que se ha marcado por parte de la Organización Mundial de la Salud es lograr que la vacunación llegue a todo el personal sanitario y a la población vulnerable de todo el mundo. Esto equivale en torno a un 20% de la población mundial y, por tanto, se trataría de más de 1.500 millones de personas a vacunar, de los que 260 están en África y 130 en América Latina y en el Caribe.
La Unión Europea tiene previsto sumarse a este esfuerzo con el 5% de las vacunas adquiridas para que sean compartidas en estos contexto humanitarios, siempre sin perjuicio del proceso de vacunación del conjunto de la población local.

En coherencia, el objetivo presentado por el plan de la ministra de Exteriores es justamente contribuir a la vacunación de un significado porcentaje de la población mundial mediante el apoyo al acceso rápido a este medicamento, a esta vacunación, fundamentalmente a las personas que tienen mayor dificultad de hacerlo.

El plan presenta como grupos prioritarios para la vacunación, en primer lugar, población refugiada, desplazada y solicitantes de asilo, especialmente en países en desarrollo. En segundo lugar, países menos adelantados en el desarrollo de la vacunación y, en tercer lugar, y, por último, países socios de la cooperación española, donde no esté garantizado el acceso del 20% prioritario de la población.
La contribución va a ser canalizada por varias vías, desde el programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud hasta el mecanismo de donación de la propia Unión Europea y pasando también por colaboración con organizaciones multilaterales, incluyendo parte para asignación directa bilateral entre el país que dona la vacuna y los países que la reciban. Se va a ofrecer igualmente, y con ello este punto queda comunicado, igualmente se va, como decía, a ofrecer asesoramiento en materia de preparación, de distribución, de forma de administración de las vacunas, porque es un requisito esencial para que se consiga esa vacunación que los países que son objeto de la cooperación tengan también una estrategia nacional que permita poner en orden estos recursos y canalizarlo de forma adecuada.

El segundo tema que quería comentarles tiene que ver con un proyecto de ley que se ha aprobado en la mañana de hoy a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social para regular la legislación laboral que se aplica a trabajadores extranjeros desplazados en nuestro país, una medida que quiere completar la transposición a nuestro cuerpo legislativo jurídico de la directiva europea que regula esta materia. Se trata de hacer un balance adecuado entre la libertad de circulación de los trabajadores, con los derechos también que le asisten a los mismos en los países donde acuden a trabajar. En concreto, se define que para los casos de estancia en España que sean superiores a los 12 meses les será de aplicación la mayor parte de la legislación laboral del Estado en esta materia. Hasta ahora no existía plazo para recoger esta legislación, por tanto, es la primera vez que el Gobierno de España se fija un período objetivo para la entrada, en efecto, de esta legislación nacional sobre personas desplazadas. Igualmente, el proyecto de ley garantiza el principio de igualdad entre la remuneración y el trato de los trabajadores desplazados, cedidos por empresas de trabajo temporal y se equiparan a los trabajadores de las empresas usuarias del estado de acogida.

En tercer lugar, se amplían las materias en las que el Estado debe garantizar la aplicación de la legislación, de la normativa del Estado de acogida. Estamos hablando de condiciones de alojamiento, también de complementos de reembolso en los gastos de viaje, manutención que se prevén para estos trabajadores que están fuera de su domicilio por motivos profesionales.
En cuarto lugar, se garantiza que, en el período del desplazamiento, los convenios sectoriales del país de acogida se apliquen en todos los casos y no solo como ocurría hasta la fecha, que eran los del sector de la construcción.

Y, por último, se refuerza la labor de la Inspección de Trabajo, ya que se prevé la posibilidad de que estos inspectores sean acompañados en sus visitas por expertos de otros estados miembros.
El último tema que quería comentar, también referido en el Consejo de Ministros, tiene que ver con una propuesta aprobada a dictado del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para incrementar la información que tienen que suministrar las autoridades de los primeros compradores de leche.

Actualmente, los operadores que adquieren leche cruda directamente de los productores, bien sea leche de vaca, de oveja o de cabra, tienen que declarar mensualmente ante la autoridad competente la cantidad de leche que le haya sido entregada en el mes anterior. Esta era la única información que estaban obligados a declarar. Pues bien, a partir de hoy, después de la aprobación del Consejo de Ministros, van a añadir otros datos, que van a dar mayor transparencia y seguridad a la operación.

Por ejemplo, detalles sobre la composición en materia grasa y proteína, producción de leche cruda ecológica y el precio de la misma. Esta información que comparten los primeros compradores de cadena de lácteos va a redundar sin duda en una mejora de esa transparencia, en una mejora de la seguridad alimentaria y, por tanto, en una mejor protección de los derechos de los consumidores. Todos ellos, materias, como digo que intentan impulsar el bienestar general.

Y ya, sin más, doy la palabra a la ministra, a la vicepresidenta cuarta, ministra para la Transición ecológica y el reto demográfico que les va a aproximar la situación de la situación energética de nuestro país a fecha de hoy.

Sra. Ribera.- Muchas gracias, querida ministra por esta introducción.

Yo quisiera empezar mi intervención subrayando lo excepcional de la situación que hemos vivido estas dos semanas. 2021 ha comenzado con dos fenómenos meteorológicos adversos consecutivos que han hecho historia al ser tomados en consideración conjuntamente, Filomena la sexta borrasca de gran impacto de la temporada 2020-2021 que a su paso ha dejado nevadas excepcionales, inmediatamente seguida por una ola de frío récord.

La nieve caída en Madrid del 8 y el 9 de enero ocasionada por Filomena es la peor en cien años por intensidad en 24 horas y espesor acumulado. Son los datos que maneja la Agencia Estatal de Meteorología. Oscilaron entre los 25 y 45 centímetros en función de los distritos con mayor acumulación, en los distritos del sureste de la capital y la ola de frío posterior transformó buena parte de la nieve en hielo y dio paso a temperaturas mínimas muy destacadas, especialmente el día 12 de enero, momento de máxima afectación del episodio de frío extremo y dejó algunas efemérides que nos quedarán marcadas. Por ejemplo, La noche más fría en la comunidad de Madrid desde 1963, ocho capitales de provincia con temperaturas mínimas por debajo de -10º o la temperatura más baja de -25,4º en la localidad turolense de Bello.

A partir de mañana, la llegada de sucesivos frentes atlánticos traerá, viento, lluvia y un aumento de temperaturas, provocando una progresiva fusión de la nieve acumulada durante estos días y, por tanto, debiendo prestar particular atención al caudal de los ríos, especialmente en aquellos en las cuencas del Tajo, el Duero y el Ebro. El Ministerio, a través de los sistemas automáticos de información hidrológica y en estrecha colaboración con Protección Civil, va haciendo un seguimiento para paliar esta incidencia.

Este episodio refuerza la inquietud por los efectos del cambio climático. Es congruente con las advertencias de los climatólogos sobre la intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos adversos y, sobre todo, nos enseña la importancia de contar con un buen sistema de observación, predicción y alerta, y la importancia de estar preparados, de ser resilientes, de tener capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático.

¿Qué ha supuesto Filomena? Muchas cosas, hemos venido informando al respecto y la ministra acaba de hacer un relato pormenorizado de algunas de las conclusiones y respuestas que hemos dado desde el Consejo de Ministros. Ha supuesto daños en equipamientos, ha supuesto daños en zonas verdes y en el arbolado, con roturas y daños parciales e incluso pérdida de muchos ejemplares, lo que supone un deterioro de la infraestructura verde urbana. Va a requerir nuestra atención. Son infraestructuras capitales para mitigar el efecto isla de calor, tan frecuentes, tan terrible en verano.
Pero no solamente ha supuesto esto. Otra de las alarmas más extendida en estas dos semanas ha sido el incremento del precio de la luz. Por ello, es importante que entendamos que es lo que ha ocurrido, qué incidencia tiene en nuestras facturas, qué coberturas hay para las personas más vulnerables y qué más podemos hacer a partir de esta situación.

Déjeme que empiece compartiendo con ustedes qué ha pasado desde el punto de vista físico, qué ha pasado desde el punto de vista de los suministros. Me gustaría destacar, en primer lugar, que la reacción del operador del sistema de gas, facilitando la activación inmediata de las reservas del sistema gasista, facilitando la incorporación de nuevos suministros en un momento de demanda récord de gas en nuestro país y en otros mercados mundiales, ha permitido el poder cubrir toda la demanda de nuestros hogares y de los sistemas industriales o el sistema eléctrico. El operador del sistema eléctrico ha estado atento 24 horas al día para mitigar al máximo, prevenir incidentes. Lo sabía, pero es importante destacar que en pequeña medida y no en proporción a lo que ha sido la incidencia meteorológica de estos días.

Los datos más significativos con respecto a la incidencia de gas tienen que ver, por un lado, con la lenta incorporación de la demanda, perdón, de la oferta de gas procedente de Argelia en relación con el incremento acelerado de la demanda en nuestro país o la alta demanda de los mercados asiáticos. Se trata de una materia prima demandada, dependiente de mercados internacionales y esto ha generado tensiones importantes en precios, pero también incluso, en el desvío de barcos metaneros con destino, en principio en nuestro país y que fueron desviados a países asiáticos.

Hemos visto como en relación con la garantía de suministro eléctrico en nuestros hogares entre el 8 y el 12 de enero se han documentado alrededor de 15.000 episodios de corte, sobre todo en Madrid, Toledo y en menor medida en Aragón y Cataluña. Y la duración de esos Cortes de suministro ha dependido fundamentalmente de la dificultad de acceso a los puntos de recuperación y ha requerido el instalar generadores de emergencia en algunas ocasiones.

También tuvimos un pequeño incidente, que afortunadamente no fue a más, en la interconexión con Francia a mediodía del día 8 de enero. Como digo, afortunadamente, gracias al trabajo de los técnicos pudo recuperarse rápidamente y no tuvo más trascendencia.

La segunda reflexión tiene que ver con cómo se forman los precios. En nuestro mercado eléctrico, como ocurre en el mercado eléctrico de todos los países europeos, con arreglo al derecho europeo, con arreglo al mercado interior de electricidad, el precio lo fija, en este mercado mayorista, el megavatios marginal, el último que entra en el sistema y a partir de ahí todas las ofertas que se fijan hora a hora, reciben la misma retribución que coincide con el coste marginal de ese último megavatios del sistema.

Importa, por tanto, los eventos puntuales, pero, sobre todo, a la hora de entender qué significan nuestra factura, importa entender cómo evoluciona en un período de tiempo un poco más amplio que cada hora o cada día. Cómo evoluciona ese coste marginal a lo largo de meses, es el dato que nos debe llamar particularmente la atención, porque es el que nos da una indicación clara de qué va a significar en nuestros hogares.

Puede haber fluctuaciones de un día para el otro. Puede haber horas en las que el precio es más alto o es más bajo que la hora inmediatamente anterior o posterior, o de un mes a otro, puede haber modificaciones, pero lo importante, como digo, es poder ver la tendencia, poder distanciarse para poder apreciar qué significa, cuál es la incidencia real en nuestra factura.
Es imprescindible tomar como referencia la evolución en el trimestre o en las anualidades. Un dato aislado, importante, significativo, que nos genera preocupación, es un dato que, sin embargo, puede distorsionar la foto de conjunto de lo que debemos pagar o aquello a lo que debemos prestar atención.

Si hacemos este ejercicio de tomar una cierta distancia, vamos a encontrarnos otras variables muy importantes. Vamos a encontrarnos datos tan importantes como el hecho de que la progresiva incorporación en nuestro sistema energético de tecnologías con costes variables bajos, próximos a cero, o la reducción del consumo, que evidentemente debe ser debido al ahorro y a la eficiencia, aunque en el año 2020 la reducción del consumo haya alcanzado una caída adicional del 6% como consecuencia de la demanda hacia abajo asociada al COVID, nos vamos a encontrar con datos significativos, con datos importantes que debemos poner de manifiesto.

En poco más de dos años, el precio de la energía, entre 2018 y 2020, ha caído un 40%. Este no es el único elemento que se incluye en nuestra factura, junto al precio de la energía, debemos sumar los costes fijos del transporte, de la distribución de los contadores. Debemos sumar los impuestos. Debemos sumar los costes históricos que se han ido acumulando en nuestra factura y que el Gobierno ha propuesto, hace escasas semanas, sacar de la factura y crear un Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que pueda reducir de forma significativa la factura final del consumidor eléctrico.

El impacto real de este episodio, de estos primeros 15 días de enero, muestra una incidencia en nuestra factura en una horquilla entre 4 y 10 euros para aquellos usuarios acogidos a la tarifa regulada de precio voluntario para el pequeño consumidor. Esto es 10,7 millones de hogares. Es la tarifa más competitiva, la más estable. Es la que ha permitido que aquellos consumidores que han contratado este tipo de tarifa para poder recibir el suministro de luz hayan visto una reducción en su factura final próxima al 17% en dos años, han ahorrado más de 120 euros en 2020 con respecto a 2018. A ello aspiramos a sumar una reducción adicional importante, una vez esté operativo el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que ciframos en torno al 13% de la factura final. Para el resto de los hogares, aquellos que no están acogidos a esta tarifa PVPC, sino que reciben su suministro eléctrico en el mercado libre, el precio de estas dos semanas les es indiferente.

¿Qué coberturas tenemos para los más vulnerables? Esta es una cuestión fundamental, importante, porque vivimos en un país donde todavía hay situaciones de pobreza y fragilidad que se ven agravadas en cualquier crisis. Este gobierno no sólo no quiere ver incrementada la desigualdad, sino que desde junio de 2018 tiene marcada como prioridad absoluta en su agenda la reducción de estas brechas y la respuesta adecuada a las causas que las originan. Más aún, todavía, con ocasión de la crisis de la pandemia del COVID19.

Una de nuestras líneas de trabajo protagonista desde junio de 2018 ha sido la lucha contra la pobreza energética. Desde hace dos años venimos trabajando en el marco legislativo que desarrolla las medidas que permitan reducir el número de hogares vulnerables. En 2019 aprobamos la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, en la que se incluyen medidas necesarias para lograr que los hogares que sufren pobreza energética se vean reducidos al menos en un 25% en el año 2025.

La aprobación de esta estrategia supone un hito importante en nuestro país. Sitúa a España como uno de los pocos países de la Unión Europea en contar con un instrumento sistémico de estas características, que incluye una definición del fenómeno, una tabla de indicadores, objetivos, concretos, con fecha concreta y una descripción exhaustiva de las medidas a desarrollar. En 2018 reformamos y optimizamos el bono social eléctrico, consolidando un descuento de la factura de la luz de los beneficiarios y establecimos un nuevo bono social antes inexistente, el bono social térmico, introduciendo una ayuda directa a consumidores vulnerables en lo que respecta a la energía destinada a la calefacción, al agua caliente sanitaria o a la cocina, cuya gestión y pago desde 2020 corresponde a las comunidades autónomas con cargo al presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Precisamente los presupuestos recién aprobados para 2021 han incrementado en un 16% esta dotación.

Ambos bonos permiten aliviar en el corto plazo la situación en la que se encuentran los consumidores. No son medidas definitivas. Necesitamos invertir en eficiencia energética, necesitamos reducir la factura, necesitamos facilitar medidas adicionales y combatir las causas que originan la pobreza. Pero paliar esta situación es clave, es determinante, no solamente en momentos puntuales, en momentos concretos, sino con carácter estructural, de manera general y estable, facilitando el pago de las facturas de los hogares vulnerables.

Se trata de medidas que están operando de manera efectiva. A finales de 2018, el bono social eléctrico contaba con alrededor de un 1.077.000 beneficiarios, a 10 de enero de 2021 tiene 1.218.863 hogares recibiendo este bono social. Es decir, en dos años hemos logrado llegar a más hogares necesitados.

A la vista de la pandemia, decidimos ampliar la cobertura a más personas, a personas incluidas en ERTEs, en situación de desempleo, en reducción de actividad por cuidados. Decidimos facilitar la acreditación del cumplimiento de los requisitos y el acceso a los beneficios. En el caso del bono social térmico contamos en 2020 con un total de 1.270.897 beneficiarios, incrementando en un 16% los hogares protegidos con respecto a 2019.

¿Qué más podemos hacer? Durante dos años hemos adoptado más de 50 medidas de reforma del mercado de planificación y de estrategia para acelerar la integración de renovables, el almacenamiento, el autoconsumo, la eficiencia energética. Todo ello capital para la reducción progresiva de la factura de los consumidores. Esta tendencia decreciente de precios no se va a ver interrumpida este mes de enero, después de cumplir, después de cubrir este pico que hemos vivido. De hecho, ya estamos dejando atrás los efectos de este pico que tanta alerta, tanta alarma ha generado. Y volvemos a la senda descendente de precios que, según las mejores previsiones disponibles, nos permitirá que mañana se reduzca un 36% el precio con respecto a lo que ha sido el precio medio durante estos días del episodio, del fenómeno meteorológico adverso. Para febrero calculamos que una estimación prudente es que se reduzca por debajo de los precios previos a Filomena y un 37% con respecto al precio medio durante el episodio Filomena-Ola de frío y las estimaciones es que para el segundo trimestre esta reducción alcance el 45%.

De hecho, lo más importante, los cálculos son que entre 2022 y 2023, por fin los precios de mercado energético español estarán por debajo de mercados tradicionalmente más baratos, como el alemán o el francés. Consolidar y acelerar el avance hacia un sistema renovable y eficiente, con capacidad de almacenamiento interconectado es la respuesta que necesitamos, porque será predecible, estable y con costes de generación de energías bajas. Este es un trabajo constante en el que no podemos desfallecer, del que no nos podemos desviar, porque, de hecho, las renovables son ya la forma más barata de generación de energía y en ocasiones permiten que se oferte ese precio del mercado mayorista, llegue a cero o a negativo.

Nuevo sistema de subastas, el autoconsumo, las comunidades locales de energía, la voluntad de democratizar el sistema energético para poder contrastar, para poder competir, para poder facilitar la mejor protección de los consumidores, la mayor confianza de inversores distintos es fundamental. Junto a esto sabemos que tenemos que seguir avanzando en la plena operatividad y en las mejoras de la estrategia de pobreza energética con nuestros compañeros de gabinete que trabajan en la protección del consumidor, en los derechos sociales y en la protección de las personas con mayor dificultad para considerar la plena inclusión en todos los beneficios que puede ofrecer la economía y el país.

Estos son los comentarios quizá más significativos con respecto a la situación energética, pero permítanme que, por último, exprese mi agradecimiento a todos los ciudadanos y a los servidores públicos que han contribuido a mantener los servicios públicos durante estos momentos tan duros y a recuperar la normalidad en estos días. Y en particular, me gustaría expresar mi agradecimiento a un colectivo al que con frecuencia se nos olvida expresar nuestra gratitud, a los integrantes de las brigadas de refuerzo contra los incendios forestales por su colaboración en las tareas de limpieza de nieve y eliminación de árboles y ramas derribadas en distintos puntos de España, muy ajeno a lo que suele ser su trabajo habitual. Ha supuesto movilizar en total casi 400 bomberos forestales profesionales y más de 100 vehículos todo terreno en 51 localidades distintas desde el lunes 11 de enero. Lo han hecho para ayudar en la accesibilidad a colegios, en centros de referencia o a poder paliar los daños ocasionados en zonas arboladas con riesgo de desprendimiento y caída. Es la primera vez en la historia que se ha desplegado de manera general a estas BRIF sobre el conjunto del territorio y para llevar a cabo tareas en una emergencia distinta a la de los incendios forestales. Su generosidad y su apoyo ha sido algo que, a mi juicio, merecen el reconocimiento y agradecimiento de la sociedad en su conjunto y desde luego, de este Gobierno. Muchas gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, vicepresidenta. Y a continuación le paso la palabra al ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuando quiera.

Sr. Garzón.- Muchas gracias, ministra.

En consistencia con lo que decía previamente la vicepresidenta, este Consejo de Ministros también ha aprobado un Real Decreto que lo que hace es desplegar las garantías, ampliar las garantías de los derechos de las personas consumidoras, especialmente de unos sectores específicos que son las personas en una situación de mayor vulnerabilidad, es decir, en una situación de mayor indefensión o de mayor ausencia de información frente a las empresas a la hora de establecer cualquier tipo de contratos.

Esta medida, este Real Decreto, se integra dentro de una estrategia, dentro de las políticas comunitarias, de las políticas de la Unión Europea, establecida bajo el marco de la nueva Agenda del Consumidor para el período 2020 2025 y que incorpora una serie de políticas públicas a promocionar y a implantar por parte de los diferentes gobiernos de la Unión Europea, que incluyen, entre otras cuestiones, todo aquello vinculado al consumo y la transición ecológica, todo aquello vinculado a los derechos de la protección de datos para las personas consumidoras, y, por supuesto, una noción muy amplia de derechos y protección de los derechos de las personas consumidoras, así como especialmente de los colectivos más vulnerables.

El Real Decreto, aprobado hoy en el Consejo de Ministros, lo que hace es implantar por primera vez en la normativa nacional esta figura específica de persona consumidora vulnerable. Como bien ha dicho la vicepresidenta, hay ya incorporadas en la normativa nacional y a nivel sectorial determinadas figuras que naturalmente van a proteger a colectivos especialmente vulnerables en determinadas contingencias o situaciones. Lo que hacemos desde el Ministerio de Consumo y en este acuerdo del Consejo de Ministros, es crear un marco para poder seguir desarrollando la normativa europea y, sobre todo, proporcionar un soporte jurídico adecuado a las administraciones públicas para que promocionen políticas en defensa de las personas consumidoras y particularmente en defensa y en una protección adicional, con garantías adicionales, a las personas que se integran dentro de este concepto de vulnerabilidad, de consumo vulnerable.

Es importante entender que estamos haciendo referencia a una noción amplia, que es así como lo entienden las instituciones europeas. La vulnerabilidad no está solamente, por supuesto que la incluye, pero no está solamente vinculada a los factores socioeconómicos, no está simplemente vinculada al nivel de renta, por ejemplo, sino que se expande más allá de ello. Por ejemplo, haciendo mención a colectivos que pueden tener una menor capacidad de entender el ámbito digital, por ejemplo, que pueden tener un sesgo a la hora de entender erróneamente determinados tipos de contratos con empresas. Estamos hablando de menores que se encuentran en una situación de desprotección frente a las comunicaciones comerciales. Estamos hablando, en última instancia, de episodios no siempre permanentes, sino a veces también de una manera temporal, que nos pueden afectar a cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida.

Por eso, esa noción de consumidor vulnerable es una noción amplia que permite a las diferentes administraciones públicas ir desarrollando políticas de consumo en defensa de estas personas, facilitando, por lo tanto, que se lleve a cabo con éxito esas políticas públicas y desde luego, mejorando la transparencia y toda la información relacionada con el consumo.

En este sentido, la urgencia está adicionalmente reforzada por el doble carácter que se refiere a la regulación normativa en la administración pública. Por ejemplo, esta situación de pandemia que seguimos sufriendo y soportando está llevando naturalmente, a las administraciones públicas a un desarrollo normativo acelerado, que nosotros con este marco intentamos también contribuir a que sea lo más exitoso posible desde el punto de vista de sus fines, es decir, de que puedan ser políticas públicas que lleven a cabo acciones que tengan éxito. Y, por supuesto, porque estos colectivos vulnerables, desgraciadamente, en estos episodios, como los que se han descrito previamente por la vicepresidenta y por la ministra, pues han crecido en número tanto cuantitativa como cualitativamente, porque evidentemente estamos ante una situación de tensiones económicas y de otro tipo de tensiones, que han hecho que cada vez haya más personas vulnerables que se pueden encontrar amparadas bajo las políticas públicas en defensa de los derechos de las personas consumidoras.

Por lo tanto, desplegamos una herramienta que va a ser muy importante de aquí a los próximos años, pero que ya tiene una importancia crucial desde el momento presente, justificada su urgencia para facilitar que las administraciones públicas sigan haciendo corresponder ese mandato constitucional del artículo 51.1, que establece que los poderes públicos deben garantizar y deben proteger las garantías y los derechos de las personas consumidoras. Muchísimas gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, ministro. Y ya si, quedamos a disposición de las preguntas que nos quieran formular los medios de comunicación, Miguel Ángel.

Secretario de Estado de Comunicación.- Bueno, pues ya están conectados. Vamos a ver si podemos comenzar con varios de los que han ido solicitado turno. Juan Ruiz de El Periódico. ¿Estás preparado, Juan? Adelante.

Pregunta.- Tenía dos preguntas para la Portavoz. En primer lugar, sobre las elecciones catalanas, el ministro de Sanidad dijo desde esta misma mesa, que no iba a poner ningún matiz a la decisión que tomasen los partidos catalanes y la Generalitat, pero luego el ministro de Justicia (inaudible) mi pregunta es, ahora que el Tribunal Superior de Justicia ha suspendido cautelarmente este aplazamiento, que ya veremos en qué acaba, ¿cuál es la posición del Gobierno?, ¿cree que la Generalitat debe rectificar y volver (inaudible)?

Y, después, sobre la pandemia, (inaudible) el presidente del Gobierno piensa comparecer para explicarnos esta situación o no, porque la última vez que lo hizo fue a finales de diciembre. Gracias.

Portavoz.- Juan, voy a intentar contestarte a las preguntas, aunque tengo que decir que la calidad del sonido ha sido regular y puede ser que no haya cogido todos los matices que has introducido.

Pero en relación con la primera cuestión, pues yo creo que en esta misma mañana la actualidad informativa manda y por tanto la resolución, la determinación del tribunal respecto a la suspensión de ese aplazamiento, por supuesto, es acatada por el Gobierno, y hay poco más que añadir en esta cuestión. Son los tribunales los que tenían la responsabilidad de pronunciarse en una cuestión que había sido recurrida ante estos tribunales. Y, por tanto, una vez que los tribunales se pronuncian, al menos, en la parte de la suspensión, el Gobierno no tiene ninguna cosa que añadir y lo que habrá que hacer es esperar al resultado definitivo, final de la sentencia para que todos y cada uno de nosotros obremos en consecuencia.

Saben ustedes que la semana pasada, ya desde esta misma mesa del Consejo de Ministros, trasladé que el debate estaba en torno a los partidos políticos de Cataluña. Cuando y en qué momento se tenían que celebrar las elecciones, y una vez producida esta primer pronunciamiento, afirmación de los tribunales respecto a la cuestión, insisto en que el Gobierno no tiene ninguna otra cuestión que añadir.

Y respecto a la segunda pregunta, he querido entender que me preguntaba sobre la comparecencia del ministro Illa.

P.- Le preguntaba sobra la comparecencia del presidente del Gobierno.

Portavoz.- Bueno, saben ustedes que para para dar cuenta de la pandemia sanitaria son los responsables del ministerio y concretamente el ministro Illa y el doctor Fernando Simón, los que, de manera permanente, reiterada, están haciendo comparecencias públicas para explicar la situación epidemiológica de la pandemia. Digamos que la fórmula, la manera más sencilla de poder transmitirle en tiempo y en forma a los ciudadanos toda esta cuestión, y mañana mismo, el propio ministro, después del Consejo Interterritorial, como viene siendo habitual, volverá a informar.

El presidente mantiene la agenda que ustedes conocen durante todos estos días y, por tanto, hoy mismo ha tenido un acto público. Por tanto, ha estado en actividades igual que en los días previos y corresponde al Ministerio de Sanidad, porque todas las actuaciones que se están transmitiendo y trasladando están dictadas por los expertos, por los técnicos, por aquellas personas que asesoran en materia científica al propio ministro para que se adopten las posiciones o la resoluciones en un sentido o en otro sentido. Por tanto, creemos desde el Gobierno que le corresponde al ministro de Sanidad y también al doctor Simón, la comunicación permanente a los ciudadanos respecto a esta cuestión.

Secretario de Estado de Comunicación.- May Mariño de Servimedia.

P.- Buenas tardes.

Tenía una pregunta para la vicepresidenta Ribera, si nos puede más o menos hacer un cálculo estimado de los daños que ha causado Filomena y si le parece más o menos, que irían por ahí los tiros con las cifras que facilitó el Ayuntamiento de Madrid, que rondaba los 1.400 millones de euros como lo que necesitaban para paliar los destrozos.

También tenía una pregunta para el ministro Garzón sobre el Real Decreto que ha aprobado como sobre consumidores vulnerables. No sé si estará en esta medida, pues tendrían cabida, por ejemplo, ciudadanos como los de la Cañada Real, que sufren cortes de luz de hace meses y que desde su partido y desde la formación de Podemos están reivindicando ayudas. No sé si con ese real decreto podrían tener algún tipo de medida para ellos.

Y para la Portavoz, quería preguntarle por el toque de queda y las disputas con las comunidades autónomas. Se nos remite a la reunión de mañana, pero no sé si el Gobierno está abierto a modificar el Estado de Alarma y, por tanto, a obtener un nuevo Consejo de Ministros, dado el caso, para crear otro nuevo decreto sobre el Estado de Alarma. Muchas gracias.

Sra. Ribera.- Muchas gracias por la pregunta.

Este asunto de la determinación, de la cuantía del impacto, los daños, los costes de Filomena y la ola de frío, es uno de los aspectos que queda recogido en ese acuerdo del Consejo de Ministros de hoy para poder trabajar sobre la estimación de los costes, de los daños asociados, algunos cubiertos por los sistemas de seguros habituales, otros por el sistema, por el Consorcio de Compensación de Seguros y dentro del marco presupuestario habitual.

Estamos, evidentemente, iniciando los trabajos de estimación de los costes con arreglo a los parámetros de la norma que permite calcular el acceso a este tipo de coberturas. A priori, las cifras que se dieron a conocer es el Ayuntamiento de Madrid y nos parecen, habrá que ver en detalle qué es lo que están aportando para sustentar ese cálculo, pero parecen bastante desviadas con respecto a las estimaciones de costes acreditados de fenómenos meteorológicos extremos previos, como han sido la borrasca Gloria o las danas que ha vivido el Mediterráneo recientemente, en reiteradas ocasiones, generando daños muy importantes y con cifras muy lejanas a lo que se maneja desde el Ayuntamiento de Madrid. Calculamos que están en este momento, probablemente haciendo una estimación un poco más fina con arreglo a los parámetros de la normativa vigente.

Sr. Garzón.- Gracias.

Bueno, en relación a la pregunta, lo que debemos decir es que ya en nuestro país afortunadamente existen legislación sectorial específica para algunos ámbitos. Por ejemplo, el ámbito energético, donde la figura de la persona consumidora vulnerable tiene un cierto punto de aproximación y que, por lo tanto, como ha explicado antes la vicepresidenta, evidentemente cubre a las personas que están definidas dentro de ese concepto.

Nosotros lo que estamos haciendo con este Real Decreto es establecer un marco para que las administraciones públicas, por ejemplo, las comunidades autónomas, puedan ir más allá, definir exactamente algunas de estas personas que se incorporarían dentro de esa definición, en las relaciones contractuales de consumo, es decir, en cualquier relación que podemos hacer cualquiera de nosotros cotidianamente, a efectos de garantizar que esa relación de consumo se produce de manera justa, se produce de manera transparente y se produce sin abusos ni fraudes, ni estafas. Y, por lo tanto, para promocionar ese tipo de relaciones de consumo, lo que hacemos es abrir un marco que va a permitir desarrollar esa figura para proteger a aquellas personas que son más vulnerables de sufrir alguno de esos efectos perniciosos para el ámbito del consumo antes de que se realice la acción. He puesto algunos ejemplos podría poder seguir poniendo otros más.

Lo que es importante es que lo que dejamos es una definición genérica que está al uso de las administraciones públicas de manera contingente, sin perjuicio, naturalmente de las legislaciones que, como he dicho al principio de la respuesta, ya existen de manera sectorial y que son de alcance muy importante para combatir fenómenos como la pobreza energética, que naturalmente combatirla es uno de los objetivos prioritarios de este Gobierno de coalición.

Portavoz.- Y en relación con la tercera cuestión, May, yo diría que la lucha contra el virus no hay ningún tipo de polémica, salvo para aquellos que quieran hacer de todo una batalla. Es obvio y es evidente que la respuesta ante esta pandemia requiere de una actuación coordinada, co-ordenada de alguna manera, de una actuación que permita que los ciudadanos realmente tengan referencias y claves concretas para saber cómo y en cada momento cómo se tienen que comportar. Y en este sentido, creo que desde el primer momento el Consejo Interterritorial ha sido el lugar, el entorno, en donde se ha materializado, lo que implica la cogobernanza en un Estado como el nuestro, donde las comunidades autónomas gozan de amplias competencias, la mayoría en materia sanitaria, todos compartida la responsabilidad en materia de salud pública y por tanto, parece evidente que una forma de trabajo que ha permitido doblegar dos veces la curva y que por tanto, superar en dos veces la situación más álgida de esta pandemia, pues, requiere profundizar en él y por tanto será en el marco del Consejo Interterritorial, donde las autoridades de las respectivas comunidades tienen que plantear, hacer ver, cuáles son sus planteamientos, la revisión de los datos y todas aquellas consideraciones que sea conveniente en esa actualización permanente que las autoridades sanitarias hacen de la situación de la pandemia para poner en valor todas las herramientas que permitan frenar los contactos y, por tanto, evitar la expansión del virus.

Igualmente, quiero decirle que el actual decreto de alarma que ampara las actuaciones que tienen que desarrollar las comunidades autónomas tienen margen para que todavía se puedan apurar los instrumentos que permitan disminuir la movilidad de los ciudadanos, la herramienta más útil que se ha demostrado en la lucha contra esta enfermedad y evitar los contactos que no son estrictamente necesario. Hay que seguir trabajando en ese entorno y, por tanto, todas las comunidades autónomas, estoy convencida, porque así lo vienen haciendo desde el primer momento, están ajustando en cada momento la situación de su número de contagios o su número de fallecidos, a la intensidad de las actuaciones que tienen que poner en marcha para evitar o para intentar frenar la propagación de este virus.

Y en último lugar, también quería comentarle que, en esta tercera ola, afortunadamente, yo diría que con toda la esperanza, hay un hecho diferencial respecto a las dos anteriores, como es el contar con un arma terapéutica, una nueva posibilidad, que no es una cualquiera, es ni más ni menos que la disponibilidad de un conjunto de vacunas que nos permite proteger, en un primer momento a la población más vulnerable, en un segundo momento, como he dicho al principio de mi intervención al conjunto de la población. Por tanto, en esta tercera ola contamos incluso con un elemento, con una herramienta que no teníamos en las olas anteriores y que sin duda contribuirá también a la resolución de esta tercera ola, al igual que lo hemos hecho en las dos anteriores, hasta que llegue el momento definitivo de dar por terminada la batalla contra el virus, que será cuando la gran parte de la población esté vacunada, no solo en España, sino en el conjunto del mundo.

Secretario de Estado de Comunicación.- Víctor Ruiz de Almirón, de ABC. Adelante Víctor.

P.- Sí, hola, buenos días, portavoz, vicepresidenta, ministro.

Por apuntalar algunas cosas que se han comentado ya hoy, me gustaría conocer cuál es un poco el plazo que maneja el Gobierno para ese nuevo decreto en el que ya se concretarán las ayudas por el temporal.

Luego me gustaría preguntarle a la Portavoz, si, en cualquier caso, el Gobierno entiende que existe margen, en este momento, legal, para que las elecciones en Cataluña no sean el 14 de febrero, el ministro de Justicia ya dijo que era complicado hacer este atraso y me gustaría saber si creen que ahora mismo es posible que las elecciones no sean el 14 de febrero.

Y luego, sobre la cuestión del toque de queda, ya nos ha dicho que esto se decide mañana en el Consejo Interterritorial, pero yo me imagino que el que el Gobierno tendrá algún criterio, no una opinión al respecto. Le quiero preguntar si las reticencias que pueda haber tienen que ver con que el Gobierno entiende que no es la medida más útil para combatir el virus.

Y una última cosa. Vivimos momentos en los que hay muchas excepcionalidades y hay asuntos que parece que se cronifican, pero que siguen pendientes, y uno que le toca directamente a usted como ministra de Hacienda es el de la financiación autonómica. Le quería preguntar si iba a mantener el calendario fijado, que hablaba de empezar a negociar en el mes de febrero, o si con este asunto va a suceder como con la forma fiscal, que quedaba pospuesto hasta que se volvieran a las tasas de crecimiento previas a la crisis. Gracias.

Portavoz.- Víctor, voy a intentar ser breve, porque han sido muchas, muchas preguntas y todas ellas tienen una cierta complejidad.

Respecto a la primera cuestión del plazo temporal, como bien ha explicado la vicepresidenta cuarta, justamente hemos empezado las primeras actuaciones en el día de hoy y hay un paquete de actuaciones que se pueden desarrollar a solicitud de los interesados que cubren una parte de los daños que se hayan producido por el temporal, y en paralelo, el Ministerio del Interior está arbitrando el procedimiento que está reglamentado, que es el estandarizado, que todos ustedes conocen por dana y por otros temporales, en donde se tienen que evaluar, cuantificar los daños materiales, los daños que se hayan podido producir en los diferentes entornos, incluida las infraestructuras críticas, para que tengamos la memoria económica que nos permita aproximar cuáles son las cuantificaciones económicas de todas las actuaciones que se van a desarrollar.

Por tanto, en el día de hoy pueden empezar una serie de actuaciones, una serie de actividades y yo creo que a lo largo de la siguiente semana vendrá el decreto ley que permitirá acometer otras medidas que requieren rango de ley, entre ellas las medidas fiscales o las medidas que tienen que ver con la parte laboral, que se irán viendo también proporcionalmente a la llegada de información, básicamente de las delegaciones del Gobierno, que trabajarán con los ayuntamientos, como viene siendo habitual, para aplicar en cada caso lo que corresponda de la normativa vigente.

No le puedo concretar la fecha, pero con la premura con la que este Gobierno ha actuado para que se puedan declarar zonas gravemente afectadas en el día de hoy, todas las comunidades autónomas que acabo de trasladar, pues les da cuenta de que el Gobierno está trabajando sin descanso para ser capaces de recuperar la normalidad en los términos del temporal y, en segundo lugar, para resarcir de esos daños a las personas, a las empresas que hayan resultado finalmente afectadas.

En relación con lo que usted comentaba del margen legal, una vez que los tribunales toman una determinación, una vez que se pronuncian, poco cabe esperar de márgenes por parte del Gobierno. En este momento lo que hemos conocido esta mañana es que el tribunal considera que no se pueden aplazar las elecciones más allá del 14 de febrero, tal como estaba previamente establecido. El Gobierno no tiene más que acatar aquello que han dicho los tribunales hasta la fecha y, por tanto, no tiene ningún tipo de margen para cuestionar esto que los tribunales han dicho y que está bastante coincidente con la aproximación que usted me hacía por parte del propio ministro de Justicia.

En relación con la tercera cuestión, lo he comentado anteriormente a preguntas de su compañero, es en el marco del Consejo Interterritorial donde hay que revisar, evaluar, desde criterios puramente científicos, puramente objetivos, todas las actuaciones que hasta la fecha las comunidades autónomas vienen haciendo. El margen que queda dentro de la capacidad actual que proporciona el decreto de alarma y, por tanto, tomar nota de posibles actuaciones, si fueran convenientes. Tendremos que esperar a la reunión de mañana del Consejo Interterritorial para conocer y para saber de qué manera ese mecanismo de cogobernanza establece la situación actual epidemiológica y la previsión que tienen para los próximos días. De manera que serán los encargados de ver si tienen que activar otro tipo de medidas o si algunas comunidades tienen que apurar la intensidad de las medidas que actualmente ya están capacitadas las comunidades autónomas para llevar a cabo.

Y, en relación con el último punto, es obvio que toda la agenda del Gobierno se ha visto alterada por motivo de la pandemia sanitaria en este principio de año, también por motivo del temporal de nieve. Nuestro compromiso con la financiación autonómica es ineludible, un compromiso firme por parte de este Gobierno y es un compromiso de abordar a lo largo de este año los elementos fundamentales que comportan el modelo de financiación. Algunos se podrán acometer en el mes de febrero, quizá va un poco ajustado en el calendario, pero en todo caso a lo largo de los próximos meses, y lo que sí le puedo volver a confirmar es que, al igual que el año pasado, dimos una ayuda extraordinaria a las comunidades autónomas por más de 16.000 millones de euro, circunstancia que ha sido insólita en la historia de nuestro país, también durante este año el Gobierno tiene previsto un fondo de 13.000 millones de euros para que las comunidades autónomas puedan seguir haciendo frente a los requerimientos y las exigencias en materia sanitaria, educativa o de servicios sociales.

Por tanto, seguiremos trabajando en ese cronograma, pero mientras tanto el Gobierno ya está adoptando medidas para que la cobertura, la garantía de provisión de los servicios públicos esté absolutamente garantizada, si me permite la redundancia, en nuestro país y que no haya ningún tipo de problema por parte de las comunidades autónomas para poder proveerlo.

Secretario de Estado de Comunicación.- Carlos Cué de El País, Carlos.

Portavoz.- No, escucha, Carlos. No sé si se ha quedado la imagen congelada.

Secretario de Estado de Comunicación.- Parece que si alguna dificultad.

Portavoz.- No te escuchamos, Miguel Ángel.

Secretario de Estado de Comunicación.- Lo intentamos mejorar.

P.- De acuerdo.

Secretario de Estado de Comunicación.- Pues mira, ahora, ahora parece que si te estábamos escuchando.

Portavoz.- Carlos, ahora te hemos escuchado. Intenta formular la pregunta.

P.- Bueno, de acuerdo.

Usted planteaba sobre el tema de Castilla y León y además usted planteaba que no quiere polémica, pero sí hay polémica, porque el ministro Illa está diciendo una cosa y varias comunidades están diciendo otra cosa bien diferente. Entonces, lo que quería, si podían explicar la posición del Gobierno, por qué el gobierno cree que no es necesario o no está bien, o sobra adelantar el toque de queda, como piden varias comunidades.

También le quería preguntar sobre el asunto, parece que hoy van a enviar ya definitivamente a Bruselas el tema de la Reforma Laboral, la reforma de pensiones. ¿Hay acuerdo dentro del Gobierno? Los sindicatos están anunciando ya movilizaciones. ¿Cree que se puede llegar a un acuerdo?, ¿cómo está ese asunto?

Y, por último, la vicepresidenta Ribera le quería plantear un detalle, por lo que ha dicho de Madrid, entiendo que ustedes no creen que haya que pagar el lucro cesante, que es lo que estaba pidiendo también la del Ayuntamiento de Madrid, entiendo que eso no lo contemplan.

Y sobre el tema de la tarifa eléctrica, le quería preguntar en un país que está prácticamente sin inflación, las pensiones suben un 0,9, nos dijeron en estar sala de prensa que el salario mínimo no se podía subir por la situación económica. ¿Cómo les explican a los ciudadanos que un asunto tan fundamental como la electricidad subasta un 30% cuando la mayoría de los sueldos están bajando, sino congelados?

Portavoz.- Gracias, Carlos.

Yo en relación con la primera pregunta lo voy a volver a trasladar porque es desde luego la voluntad del Gobierno de España. Nosotros no vamos a entrar en ningún tipo de polémica con motivo del combate contra el virus. Nos parece que los ciudadanos lo que piden de los responsables públicos es que seamos capaces de trabajar en la misma dirección, de poner todos los recursos autonómicos o estatales al servicio de la lucha contra la pandemia, en un mecanismo, en una suerte de cogobernanza que con la que nos hemos dotado para hacer posible nuestra Constitución en relación con el reparto competencial que tiene establecido. Pero, desde luego, siendo conscientes de la necesidad de coordinar las actuaciones por parte del Gobierno de España, de trabajar, como digo, de remar en la misma dirección, como venimos haciendo desde el principio. Aquellos que quieran confrontar con motivo de la pandemia o con motivo de cualquier cosa, desde luego no van a encontrar respuesta por parte de este Gobierno que sigue concentrando todos sus esfuerzos en la lucha contra el virus.

En este sentido, lo que quería transmitir en mi primera contestación, es que evidentemente el Gobierno como tal no tiene ninguna posición prefijada cuando llega a una reunión en la que lo que tiene que prevalecer son los criterios expertos, los criterios técnicos, los criterios científicos, no sólo de los que se inspira el Gobierno de España, sino también de los que aconsejan a los responsables autonómicos en el marco de cada uno de los territorios, de manera que tenemos que respetar el espacio que hemos decidido, en donde es el Consejo Interterritorial quien tiene la capacidad de repasar los datos, de ver cómo se encuentra la evolución de la pandemia, la comparativa que hay con otras olas en la que hemos logrado, como decía antes, con éxito, doblegar la curva y ver también como se expande, como se articula, como tiene efecto un arma terapéutica imprescindible que no teníamos hasta la fecha, como ha sido el tener una vacuna, que por ejemplo, nos ha permitido, ya que el 70% de las dosis se hayan instalado, básicamente en la residencia de mayores, en el personal sanitario, es decir, en algunos entornos que nos preocupaban especialmente porque los efectos del virus, cuando había un brote eran unos efectos realmente dramáticos en términos de vidas humanas y en términos de enfermedad.

En esa actitud vamos a seguir trabajando nosotros mañana en el Consejo Interterritorial, el ministro Illa, va a escuchar al conjunto de comunidades autónomas. Va a transmitir también la valoración de los datos que tenemos monitorizado desde el primer momento y, por tanto, será en ese mecanismo compartido donde se tomen las decisiones que sean oportunas para frenar la expansión del virus. No hay ninguna disposición previa por parte del Gobierno, porque no hay ningún criterio que no sea el técnico, el científico y, por tanto, el absolutamente objetivo. Escucharemos mañana, trabajaremos con las autoridades sanitarias y repasaremos el conjunto de medidas que se han aplicado, porque todavía dentro del marco del decreto de alarma que actualmente rige en nuestro país, hay margen para intensificar las medidas que se están adoptando y evitar contactos que no son necesarios y que, por tanto, pueden ser prescindibles y nos permitan mejorar.

Respecto a la remisión a Bruselas del conjunto de las fichas, de los componentes que conforman el plan de recuperación, quiero, en primer lugar, trasladar que ha sido un trabajo muy intenso por parte de todos los departamentos, el haber podido antes de final de año, remitir la gran parte de las reformas que tiene que emprender nuestro país y de las inversiones sobre las que prioritariamente vamos a proyectar esas cantidades, esos 72.000 millones de euros de las transferencias, esos 60.000 el plan de recuperación, que la Unión Europea ha puesto a disposición de los Estados miembros. En concreto, los dos últimos componentes que se tenían que remitir, Reforma Laboral y pensiones, se hicieron en la tarde de ayer y quiero también trasladar que el marco de recuperación va a acompañar el volumen de tareas transformadoras y de reformas que este Gobierno de coalición tenía en su hoja de ruta desde el acuerdo de investidura.

Por tanto, no solamente vamos a trabajar Reforma Laboral o la sostenibilidad del sistema de pensiones, también la reforma del sistema educativo, la adecuación de la formación profesional para ser, para tener una mejor correspondencia entre las necesidades del mercado laboral y la oferta de nuestro sistema educativo. Vamos a trabajar en el marco de la agricultura para que nuestra agricultura sea sostenible en el tiempo, yo diría que en la totalidad de los departamentos que componen este Gobierno, todos y cada uno tienen una aportación en ese plan de recuperación y por tanto escucharemos lo que Europa nos tenga que transmitir de vuelta de la información que ha remitido, en donde solo recordar en el día de ayer y también esta mañana, en el marco del Ecofin, allí, en el marco del Eurogrupo, la Comisión Europea agradeció, dio la enhorabuena y la bienvenida al trabajo que había hecho el Gobierno de España, que está sirviendo también de elemento para que otros países que no están tan adelantados en esa remisión, puedan saber en qué contexto, este Gobierno está trabajando para hacer posible un plan, insisto, acorde a las reformas que este Gobierno quería impulsar, por supuesto, en diálogo con la Comisión Europea.

Por eso esas dos últimas componentes son componentes que se han remitido en el día de ayer, que esperaremos las respuestas que nos tenga que dar Bruselas, al igual que nos la ha dado en materia de administraciones públicas, en materia de agricultura o en cualquier otra cuestión. Y con el trabajo, por supuesto, del diálogo social, con quien mantuvimos una reunión también el pasado viernes para que todos aquellos que tienen que participar de estas cuestiones, estén perfectamente imbricado dentro de todo el trabajo que se viene desarrollando por parte del Ejecutivo.

Sra. Ribera.- Muchas gracias, Carlos por la pregunta, porque yo creo que es precisamente este tipo de preguntas las que ayudan a poner un poco de claridad con respecto a la situación que es que se está viviendo.

El IPC y los precios de la energía. Hace menos de una semana que el Ministerio de Economía daba a conocer la evolución del IPC durante el último trimestre y lo que se mostraba es que en la cesta de la compra, que representa la evolución del IPC, los valores asociados a los consumos energéticos eran los que sistemáticamente, gracias a la paulatina, progresiva y constante reducción de costes, habían contribuido más a la reducción del IPC. Es decir, tenían un comportamiento negativo durante el último trimestre de 2020, como viene siendo, insisto, desde finales de 2018, el precio de la energía se ha ido abaratando y ha incidido muy positivamente en la competitividad de la economía española y, sobre todo, lo más importante, en el confort en nuestros hogares.

La segunda cuestión, que también me parece importante, es que este pico, esta modulación, este mercado que, como digo, cuenta con esa flexibilidad obligatoria desde el punto de vista de la regulación europea, que nos permite el poder amoldarnos cada ahora a cómo evolucionan los precios de la energía, ha vivido un momento de pico como consecuencia de ese incremento tan importante del precio del gas en el mercado internacional y como consecuencia de esa demanda récord en España y en Europa, pero también en los mercados asiáticos. Esto se circunscribe a unos días y es obvio que probablemente en el IPC de enero el precio de la electricidad y del gas no se comporte como se venía comportando con anterioridad. Pero, como decía antes, la tendencia es ya a la recuperación de los precios previos a Filomena. Por tanto, febrero, primer trimestre, por debajo de los costes a los que nos tenía acostumbrados en el último trimestre de 2020 o en los primeros días de 2021. De nuevo, un comportamiento positivo para los consumidores.

Esto, tercero, significa que es fundamental entender que la única manera de contar con precios estables, predecibles, moderados en nuestro sistema energético es contar con fuentes de energía que no dependan de los mercados internacionales de materias primas como el gas o el petróleo. Esto no se va a hacer de un día para el otro, pero se va consiguiendo poco a poco. Y las únicas fuentes de energía con costes variables próximos a cero, por tanto, predecibles, estables, razonables, son las energías renovables. Por eso es tan importante trabajar en un proceso de transformación, de transición energética acelerado.

Y el cuarto comentario, que creo que también es importante desde el punto de vista de la visión de conjunto y del sentido común, que estoy segura de que todos los españoles tenemos, s que tampoco es imaginable un escenario de constante, permanente y continuada reducción del precio de la energía hasta llegar a cero, seguro que esto tiene un margen importante por delante, seguro también que en algún momento las cosas razonablemente estabilizadas, tendrán su límite, con respecto a esa progresiva reducción de nuestras tarifas y de nuestros costes asociados al consumo energético, que es fundamental para el bienestar de los hogares, pero, como digo, también para el buen funcionamiento de la economía.

Secretario de Estado de Comunicación.- Carina Verdú de Antena 3 Noticias.

P.- Hola, qué tal, buenas tardes.

Para la ministra Portavoz, quería hacerle dos preguntas, quería saber si el Gobierno comparte las declaraciones del vicepresidente Pablo Iglesias comparando a Carles Puigdemont con los exiliados republicanos durante el franquismo, si van a pedirle que rectifique si comparten esas palabras.

Y, por otro lado, estaba haciendo referencia a que el decreto de alarma todavía deja un margen para más medidas. Quería saber cuáles son esas medidas y si ese margen incluye adelantar ese llamado toque de queda. Gracias.

Portavoz.- Sí, gracias, Carolina.

En relación con la primera pregunta, trasladar con absoluta firmeza que España es un estado social y de derecho y que estamos ante una democracia plena. Los exiliados republicanos lucharon y defendieron la legalidad vigente y eso es importante, otros la quebrantan. Y en este sentido, yo creo que este Gobierno desde el primer día, desde el primer momento, ha querido recuperar esa dignidad de la defensa de los exiliados republicanos. Lo ha hecho con diferentes medidas de las que se ha ido dando cuenta en esta misma mesa del Consejo de Ministros. Alguna tan importante como fue la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos, la recuperación del Pazo de Meirás para el erario público y, por tanto, para el disfrute del conjunto de la sociedad. El hecho de que se señalara el 8 de mayo como el día del recuerdo y de dignidad para las víctimas del franquismo, de la guerra y, por tanto, también para poner en valor el trabajo que realizaron por la democracia y en defensa de nuestro país, hemos establecido que los hijos o los nietos de los exiliados puedan optar a la nacionalidad española y muchas más medidas, en definitiva, hemos trabajado con las asociaciones memorialista para justamente recuperar la dignidad de aquellos que defendieron la legalidad vigente, la democracia, y por tanto pusieron su vida en peligro, su propia integridad y la de sus familias para defender la democracia, la igualdad de todos los españoles. Yo creo que esa seña de identidad que tiene este Gobierno es evidente y, por tanto, seguiremos trabajando en esa recuperación de la dignidad y en esa recuperación del recuerdo de todas las víctimas de la guerra civil y también del franquismo.

En relación con la segunda pregunta, decir que es evidente que el actual decreto de alarma se aplica de forma asimétrica por parte de las comunidades autónomas, porque justamente la cogobernanza lo que nos permite es ser capaces de personalizar en cada territorio las medidas más adecuadas a la situación epidemiológica concreta que se vive y, por tanto, en materia de disminución de la movilidad, hay todavía margen para poder aplicar por parte de las comunidades autónomas en el marco del decreto vigente. Usted me pregunta, en concreto por la restricción nocturna, el llamado toque de queda, aunque no lo tal, pero la restricción de movilidad nocturna, en la que el rango en donde las comunidades autónomas se pueden mover es el que establece el decreto ley desde las diez hasta las primeras horas de la mañana, como ustedes bien conocen.

Lo que he querido decir en mi primera intervención es que sobre esta materia de restricción de la movilidad, todavía las comunidades autónomas tienen margen, tienen que explorarlo, se tiene que revisar mañana en el marco del Consejo Interterritorial, compartir, insisto, las opiniones de los expertos, que son los que tienen que iluminar, alumbrar las decisiones, porque solo desde esa perspectiva podremos acertar, igual que lo hemos hecho en las dos oleadas anteriores, en las que incluso sin contar con la vacuna, hemos logrado doblegar la curva y por tanto, frenar la transmisión del virus. A eso me refería, y será mañana cuando se podrá expresar con más detalle cuáles son esas líneas o esas medidas que las comunidades autónomas pueden seguir profundizando.

Secretario de Estado de Comunicación.- Irene Castro de El Diario.es.

P.- Hola ¿qué tal? Buenas tardes, tenía tres cuestiones para la ministra Portavoz.

La primera es respecto a esto último. Ustedes hablan de gobernanza con las comunidades autónomas. Si hay comunidades autónomas que están pidiendo ampliar el toque de queda a través del Estado de Alarma, o sea, que les piden que cambien el Estado de Alarma para el toque de queda pueden ser hasta las 8 de la tarde, ¿por qué no lo hacen?

En segundo lugar, le quería preguntar por la ficha que han enviado a Bruselas respecto a las pensiones, si incluye o no la ampliación a 35 años del cálculo de las pensiones. Y en el caso de que no lo incluya si el Gobierno renuncia a incluir este nuevo cálculo en el nuevo sistema de pensiones.

Y, por último, le quería pedir la opinión del Gobierno sobre el hecho de que el propio Gobierno, a través de Patrimonio Nacional, esté financiando, o sea, esté pagando al personal que asiste al rey emérito en Emiratos Árabes Unidos. Si considera al Gobierno que esto no supone que el rey emérito viva de los recursos públicos y si tienen pensado poner en marcha algún tipo de mecanismo para dar mayor transparencia a los gastos que los ministerios asumen de la Casa Real. Gracias.

Portavoz.- Estaba tomando nota de la última pregunta, porque son muchas preguntas en cada intervención y luego se me olvida referirlas.

Respecto a la primera cuestión, vamos a ver, la estructura que tiene la provisión de servicios sanitarios es que el Gobierno con las comunidades autónomas se ha dotado de un mecanismo de cogobernanza que está pivotado en las reuniones del Consejo Interterritorial de Salud. Es ahí y sólo ahí, donde se tienen que discutir los elementos en las cuestiones que las comunidades autónomas le piden al Gobierno de España o que el propio Gobierno de España solicita a las comunidades autónomas para que todos a una consigamos doblegar la curva. Es en ese entorno. No puede ser una iniciativa individual de cada comunidad autónoma, porque tiene que haber una cierta homogeneidad en el conjunto de batería de medidas que las administraciones ponemos a disposición de los ciudadanos para doblegar la curva. Siempre, y, en cualquier caso, hay que cumplir con la legalidad vigente, pero mucho más cuando se trata de la afectación de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es por ello que se ha recurrido la prórroga, perdón, se ha recurrido el decreto de Castilla yLeón porque está contra la legislación actualmente vigente y, por tanto, el Gobierno tiene que velar porque la ley se tiene que cumplir siempre y, en cualquier caso.

Dicho esto, en este entorno, que es un entorno experto, que es un entorno que no suele manejarse por ningún otro criterio que no sea el de la recomendación científica, el de la recomendación de los sanitarios, donde se tiene que estudiar la situación actual de la pandemia, ver si las medidas están ya actuando, están cobrando efecto y por tanto estamos ya en una previsión para los próximos días que nos permita respirar respecto a la situación vivida en los días previos y por otra parte, conocer y estudiar el sentir de todas y cada una de las comunidades autónomas, respecto a la cuestión que plantea una. Se trata de que cada uno que pide algo inmediatamente se atiende, sino que hay que discutirlo para ver si para el resto de territorios le parecen que ese tipo de medidas que se complementarían son ajustadas, oportunas, medidas precisas, medidas necesarias. Se trata de eso y no hay más que eso.

Por eso, cuando me preguntan a propósito de la disposición del Gobierno en esa reunión, yo diría que el Gobierno, lo que he dicho anteriormente, lo que hace permanentemente es escuchar la opinión de los científicos, de los expertos, y lo que hace es monitorizar en cada momento la situación de la pandemia.

En esta tercera oleada tenemos algo muy importante que probablemente no le estamos dando el suficiente valor, que es la aparición de una vacuna que ya tiene un 70% de dosis administrada y que permite proteger a las personas de residencia de mayores, donde saben ustedes que ha habido una alta mortalidad en oleadas anteriores, que nos permiten proteger a los profesionales sanitarios, por tanto, a más resiliente a nuestro sistema de salud, teniendo más personal disponible para el ejercicio de sus funciones, y todo eso es lo que hay que valorar y por tanto, no vamos a entrar en aquellos que quieren confrontar o que quieren buscar en esto una polémica. Tomaremos las decisiones corporativas conjuntamente con las comunidades autónomas en el marco que nos hemos dotado. Y todo aquel que se quiera salir de este marco será el que tiene que dar explicaciones. Desde luego, el Gobierno va a reconducir todas esas peticiones al entorno del Consejo Interterritorial.

En relación con la segunda cuestión. En concreto, las fichas que se han trasladado a Europa contienen los elementos generales que inspiran tanto la Reforma Laboral, con todos los elementos más lesivos, que saben ustedes que desde el primer momento el Gobierno incorporó en el acuerdo de investidura del Presidente, que tiene que ver fundamentalmente con uno de los grandes males de nuestro mercado laboral, como es la temporalidad y por tanto, la capacidad de poder implementar reformas, actuaciones e iniciativas que permitan que no se dé esa dualidad en el mercado laboral y podamos trabajar en un entorno que haga que nuestra economía sea mucho más competitiva. Al igual que la situación de la temporalidad, hay otras materias que conocen ustedes porque iban incorporadas en el discurso de investidura y que se incorporan a esa previsión de reforma que el Gobierno de España quiere plantearle a Bruselas. Y a partir de ahí se abre un proceso de diálogo, un proceso de intercambio que, con esta ficha, con este componente, al igual que con la de la formación profesional, tendremos que debatir y tendremos también que conciliar con el conjunto de los actores sociales.

Me preguntaba en concreto, con la ampliación de edades, creo que el último borrador que se ha mandado a Bruselas, que sigue siendo un borrador, insisto en esto no lleva ningún tipo de alteración respecto a lo que actualmente existe.

En cualquier caso, el ministro Escrivá creo que está dando muestras en el diálogo social y en sus apariciones públicas, explicando de forma pedagógica y con detalle que la única, el único objetivo, la única virtualidad que tiene ese calendario que se manda a Europa es garantizar el sostenimiento del sistema de pensiones en el medio y en el largo plazo. A este Gobierno, como usted entenderá, no le mueve más, un Gobierno progresista, que ser capaces de garantizar para ahora y para las generaciones futuras, sobre todo las derivadas del baby boom, una capacidad de que realmente el sistema sea un sistema solvente y que sea un sistema sostenible en el tiempo, que haga que las generaciones también en este pacto intergeneracional que tenemos, las generaciones futuras que se jubilen puedan contar con absoluta garantía del pago y del abono de su propia pensiones.

Y en relación con la última pregunta, decirle que el rey emérito cuenta con los asistentes para el ejercicio de sus tareas como rey emérito desde que fuera jefe del Estado, desde el principio, desde el año 1975 y por tanto se han mantenido estas personas hasta el año 2014 y a partir del año 2014, desde el que asumió la nueva condición de rey emérito. A petición de la propia Casa del Rey, Patrimonio Nacional asume la factura de esta asistencia siguiendo la tramitación habitual que ha sido inamovible, como digo desde el principio de la llegada del rey emérito de Don Juan Carlos a la jefatura del Estado allá por el año 75.

Y decir también que este personal, que es un personal eventual, es un personal laboral que presta los servicios en la jefatura del Estado, en cada momento, sigue las indicaciones, las orientaciones de la Casa de Su Majestad y por eso también las comisiones de servicio, el abono de sus nomina se encuentra incorporado dentro de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en la parte que corresponde a la Casa Real. No son los ministerios los que suministran esta información. Si el Ministerio del Interior, los que tienen toda la parte de seguridad del rey emérito y del resto de personalidades que tienen que tener seguridad. Pero en concreto, este personal de asistencia, este personal eventual, es abonado por parte de la Casa Real dentro de la previsión económica que se contempla en los Presupuestos Generales del Estado, y corresponde, por tanto, a ellos dar cuenta de los detalles que ustedes quieran conocer y en la parte que corresponda al Gobierno a través del Portal de Transparencia, hasta donde el Gobierno puede llegar en la desagregación de la información que ustedes quieran preguntar a ese portal de transparencia.

Secretario de Estado de Comunicación.- Vamos a finalizar con una última pregunta, son los tres y veinticinco. Joan Guirado, OKDiario.

P.- Sí, ministra Portavoz, buenos días. Le quería reiterar la pregunta de Carina Verdú porque no nos ha respondido como tal, si el Gobierno comparte las palabras del vicepresidente Pablo Iglesias sobre el Carles Puigdemont y sobre su situación actual y también le quería preguntar como dirigente del Partido Socialista, hoy Ciudadanos ha anunciado que pediría la reprobación del vicepresidente en el Congreso, no sé qué posición va a adoptar el PSOE, teniendo en cuenta que ayer varios dirigentes de su partido criticaban estas palabras del ministro.

Al ministro Alberto Garzón le quería preguntar también sobre las manifestaciones que están organizando los sindicatos para el 11 de febrero. Son dos sindicatos muy cercanos, tanto a Izquierda Unida, al partido que usted lidera, como el Partido Socialista. Que le parece que los sindicatos se manifiesten contra el Gobierno, precisamente cuando tiene un gobierno con el que tienen una relación más fluida. Muchas gracias.

Portavoz.- Yo creo Joan que he respondido absolutamente a la primera pregunta y creo que es una respuesta nítida, firme y clara. Decir que España es una democracia plena y que los exiliados republicanos defendieron la legalidad y no la quebrantaron, creo que en esas palabras se contiene evidentemente mi valoración respecto a esta cuestión.

Y en relación con la segunda pregunta respecto a las actuaciones de los grupos parlamentarios en el marco del Congreso de los Diputados, no le corresponde a la Mesa del Consejo de Ministros poner en valor la actitud que van a adoptar diferentes partidos políticos en relación con cuestiones que se puedan suscitar en ese entorno, porque, como usted sabe, formamos parte de un Gobierno de coalición en donde hay dos formaciones políticas que tienen cada una su forma de entender o de ver las cuestiones en el marco del Congreso de los Diputados. Lo que sí trabajamos todos a una en el marco del Gobierno para desarrollar el proyecto con el que nos hemos dotado en este acuerdo de Gobierno de coalición que estamos desarrollando a lo largo de estos cuatro años.
Por tanto, creo que es respondido con claridad ante esta cuestión y corresponde a los grupos parlamentarios cualquier decisión que sea a raíz de una iniciativa que presente cualquier otra formación política en el marco del Congreso de los Diputados.

Sr. Garzón.- Si en lo que respecta a la referencia a mi persona, es importante comprender que este es un Gobierno de coalición progresista y que es un Gobierno que tiene que escuchar a todo el mundo.

Yo no creo que los sindicatos estén atacando al Gobierno, ni mucho menos, están expresando sus demandas, sus legítimas demandas, y este Gobierno tiene la necesidad de escuchar a todos los actores, especialmente en el marco del diálogo social, y naturalmente nosotros lo hacemos con ese calificativo de progresista que ha acompañado a este Gobierno de coalición y que representa una extrema sensibilidad hacia las personas que más están sufriendo las consecuencias, en este caso coyunturales, de una pandemia o de las situaciones específicas en las que se refiera.
En definitiva, nosotros somos un Gobierno de coalición de izquierdas que naturalmente tiene una sensibilidad, pero en este caso estamos claramente obligados a escuchar a todo el mundo y naturalmente, los sindicatos tienen sus propias demandas, que, como se ha visto, por esta práctica cotidiana de este Gobierno, hemos sido capaces de poner de acuerdo a todos los actores en un gran número de ocasiones en lo que va de año, en un año muy difícil, en el año 2020, y desde luego, tenemos el convencimiento de que vamos a seguir trabajando en esa misma línea en el año 2021.

Portavoz.- Muy bien, pues dándoles las gracias por su atención y reiterando a todos los ciudadanos la necesidad de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias y recordando que, si tú te proteges, nos proteges a todos.

Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)