Comparecencia de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, y la vicepresidenta primera y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

La Moncloa

MINISTRA DE HACIENDA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: María Jesús Montero

VICEPRESIDENTA PRIMERA Y MINISTRA DE PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA: Carmen Calvo

Portavoz.- Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta rueda de prensa que celebramos posteriormente la reunión mantenida por el Consejo de Ministros.

Me acompañan como ven en la mesa la vicepresidenta primera y también ministra de la Presidencia, relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, quién les va a informar, yo diría que de un importantísimo acuerdo que hemos aprobado en el día de hoy.

Pero antes de darle la palabra y de forma muy breve, también me gustaría destacar algunos elementos que han sido especialmente de interés durante estos últimos días y básicamente durante el fin de semana.

Me estoy refiriendo, como no podría ser de otra manera, a las elecciones en Cataluña, donde el Gobierno quiere resaltar y poner en primer término la normalidad con la que se ha desarrollado este derecho de todos los catalanes, de todas las catalanas, a ejercer su voto y, por tanto, a expresar cuál es su opinión cara a la conformación del próximo Gobierno en Cataluña.

Desde el Gobierno de España, seguimos confiando, como lo hemos hecho siempre, que el diálogo sea la base sobre la que se mantengan las relaciones entre el futuro Gobierno en Cataluña y el Gobierno de España, porque eso nos permitirá superar de una vez por todas la fractura social, la fractura de convivencia que existe en Cataluña.

En segundo lugar, querría comentarle que respecto a la evolución de la pandemia sanitaria, como viene siendo habitual desde el comienzo de la pandemia, la ministra Carolina Daria ha informado al Consejo de Ministros a propósito de los datos epidemiológicos y también de la presión de las comunidades autónomas, me refiero sobre todo a la presión asistencial.

Quiero decir que tal como ella misma ha ido comentando también en las últimas 24 horas, parece que esta tercera ola va remitiendo poco a poco, de forma lenta, aunque hay comunidades autónomas que todavía tienen una importante presión asistencial y por tanto tenemos que seguir con todas las alertas y con todas las cautelas.

Es por ello que esto nos lleva a seguir trasladando un mensaje que estamos intensificando en los últimos días, de prudencia en las relaciones de los ciudadanos con otras personas o con su entorno, de manera que sigamos a rajatabla las indicaciones que están planteando las autoridades sanitarias y sobre todo, que no tengamos prisa en recorrer la desescalada, para que las medidas se vayan consolidando y por tanto, podamos ir progresivamente bajando la incidencia acumulada a los niveles que la ministra, que el Ministerio de Sanidad, que el Consejo Interterritorial considera adecuados, como es 50 caso por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Es una cifra en la que esperamos que, como digo de forma progresiva, la vayamos alcanzando, aunque es verdad que en estas últimas 24 horas han mejorado los datos de incidencia acumulada, pero todavía de forma claramente insuficiente para conseguir el objetivo que tenemos planteado.

Igualmente, quería decirles que la llegada de las vacunas a nuestro país sigue a un buen ritmo y en total, en el mes de febrero, vamos a recibir en torno a 4 millones de las tres vacunas que actualmente tenemos autorizadas, y sigue el Ministerio de Sanidad, muy pendiente de las otras vacunas, de otras tres que tienen que recibir todavía el aval de las respectivas agencias del medicamento y que por tanto, complementarán en las próximas semanas el listado de vacunas disponibles.

Estos son datos que complementaré cuando termine la vicepresidenta primera, a quien quiero ceder la palabra, para que nos comente un trascendente asunto que hemos abordado en el día de hoy.
Sra. Calvo.- Muchas gracias, ministra. Buenas tardes a todos, a todas.

El Gobierno ha tenido hoy conocimiento mediante el informe que he trasladado al mismo, de un asunto que para este Gobierno estaba pendiente, que significa un paso de colaboración continua con las Cortes Generales, de Transparencia y de información puntual de nuestras obligaciones.

Es sabido en la opinión pública de nuestro país que desde el año 96, con el Gobierno del presidente Aznar, se produjo una modificación en la Ley Hipotecaria que hizo posible que la Iglesia Católica pudiera inscribir a título de propiedad una lista de inmuebles que hoy hemos remitido el listado completo y hemos remitido al Congreso de los Diputados, cumpliendo un acuerdo del año 2017, que instaba al Gobierno a que hiciera el trabajo primero de confección de esa lista de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, que afectan a todo el territorio de nuestro país y a diversas tipologías de bienes, que remitiera a la Cámara, para información de la misma, a partir de una proposición no de ley instada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Hubo también un momento previo en el año 2015, donde mediante modificación normativa desapareció la modificación del año 96, en la que trae causa este período de inmatriculaciones, y por tanto, es en ese período que va desde el año 96 al 2015 donde se producen esta lista de bienes, que hoy el Gobierno ha tenido conocimiento, que ha sido un trabajo prolijo, riguroso, por cuanto ha habido que trabajar desde la Administración General del Estado con el conjunto de los registros del territorio, para poder ofrecer lo que el Congreso de los Diputados pedía.

Ese listado que hoy ya tiene el Congreso de los Diputados tiene unos números, unas cifras que paso a detallar.

Se trata de 34.961 inmatriculaciones, de las cuales 20.014 se refieren a templos de la Iglesia Católica o a dependencias complementarias afectas a obligaciones, su objetivo completamente armonioso, con la presencia de una confesión religiosa como es la católica en nuestro país y 14.947 inmatriculaciones que no se relacionan con estos usos, que son terrenos, solares, viviendas locales, otro tipo de tipología diferente de las más de 20.000 que son titularidades inscritas y que tienen que ver con el culto, con la tarea educativa que desarrolla la confesión religiosa católica, y por tanto afectas a esos fines.

El conjunto de estas inmatriculaciones que está en todo el territorio de nuestro país, tiene una intensidad diferente según comunidades autónomas, según diferentes territorios de nuestro país, pero arrojan también un dato segundamente importante, 30.335 lo han sido en virtud de certificación eclesiástica, lo que la modificación del año 96 permitía en la Ley Hipotecaria, en lo que ha hecho posible que con la fe de la autoridad eclesiástica correspondiente, se pudieran hacer estas inmatriculación al amparo de la legalidad de la Ley Hipotecaria desde el año 96 hasta el 2015.

Y por otro lado, en una cifra mucho menor, 4.626 constan la inmatriculación a otro título distinto, es decir, a título bastante insuficiente, también en este caso, para la demostración de la propiedad en este registro.

El listado completo está en el Congreso de los Diputados. Con ello, como decía al principio, damos cuenta de un mandato del que no hemos querido ni podemos hacer caso omiso, sino todo lo contrario, arrojar transparencia sobre esta situación.

Se inscribe, por otro lado, este listado, que forma parte de estas decisiones normativas que no son relativas a este Gobierno. A este Gobierno corresponde el cumplimiento de esta información transparente, una situación que forma parte de las relaciones con la propia Iglesia Católica, que a partir de este momento es pública y que a partir de este momento forma parte también de las diferentes circunstancias en las que se pueda mover, tanto personas físicas o jurídicas, en relación al conocimiento de todo este listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica en nuestro país.

Finalmente, hay que reconocer que el mandato del 2017 instruía y mandaba al Gobierno a que se produjera este listado. No es un listado fácil de conformar, lleva la complejidad del tiempo que ha requerido, pero finalmente, con conocimiento del propio Consejo de Ministros, ya ha sido hoy trasladado al Congreso de los Diputados.

Portavoz.- Muchas gracias, vicepresidenta y voy a dar traslado de otras tres materias que hemos aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros.

La primera tiene que ver, evidentemente con la prioridad que ocupa la pandemia en todas las actuaciones de este Ejecutivo y en concreto, el hecho de que esta mañana el Consejo de Ministros haya aprobado el acuerdo que posibilita que nuestro país adquiera una importante cantidad de dosis de vacunas, de una nueva dosis contra la COVID19, tratándose en concreto de 20,8 millones de dosis adicionales de la vacuna que se fabrica por Pfizer BioNTech, que España, como saben, ha adquirido en el nuevo contrato que Europa ha firmado con la farmacéutica y que van a ir entregando a partir del mes de abril, a lo largo de este mismo año.

Es una cantidad que se añade, se suma, a la que ya se realizó previamente en noviembre, en concreto a este mismo laboratorio. En aquel entonces, 30 millones de vacunas, que están en este momento a disposición de las comunidades autónomas, siguiendo el programa de vacunación con la normalidad que viene refiriendo la ministra de Sanidad, por lo que serán ya 50 millones de vacunas las que España va a recibir de este consorcio Pfizer BioNTech y que servirá para inmunizar a un total de 25 millones de personas, porque, recuerdan que esta vacuna requiere de una doble dosis.

También quiero recordar que en este país la inmensa mayoría de las vacunas que se administran en este momento pertenecen justo a esta compañía con 2,4 millones de dosis que se inyectaron hasta el día de ayer.

Esta nueva remesa es fruto del contrato que se firmó la pasada semana entre la Comisión Europea y el laboratorio. Contratos por valor de 200 millones de dosis, con opción a incrementarla en 100 millones adicionales. El reparto que se hace entre los Estados miembros se realiza como ustedes conocen, de manera proporcional a la población, representando España el 10,57% y por tanto en correspondencia, recibiendo esa cantidad de dosis.

También quiero comunicar que esta entrega se va a iniciar en el mes de abril, proclamándose el envío a España de 7,8 millones de dosis entre el segundo y el tercer trimestre y 5,2 millones en el último trimestre del año. Por tanto, los 20,8 millones se alcanzarán de forma progresiva a lo largo de este ejercicio. El coste de esta remesa nueva de vacunas es de 322 millones de dosis, con un coste unitario en torno a 15,5 euros por cada una de estas dosis.

La vacunación y el proceso desarrollado en comunidades autónomas va a permitir mantener vivo el objetivo del Ministerio de Sanidad que aspira a vacunar al 70% de la población en el verano de este mismo año.

El segundo tema que quería trasladarle que justamente el Consejo de Ministros ha aprobado a propuesta del Ministerio de Igualdad, una declaración institucional con motivo del Día de la Igualdad Salarial.

No sé si ustedes recuerdan, pero fue en el año 2010 de la mano del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se fijó el día 22 de febrero como día para la igualdad salarial.

Es por ello que la declaración que se ha aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros viene una vez más a reforzar el compromiso contundente, firme, del Ejecutivo español para luchar contra la discriminación salarial que todavía sufren muchas mujeres en nuestro país.

Es por ello que se plantean una serie de actuaciones, se recuerdan una serie de normas, que también se han impulsado a lo largo de estos últimos meses, cuestiones que vienen de alguna manera a impulsar una igualdad que tenemos todos, por supuesto, siempre la alerta, que la pandemia sanitaria y las consecuencias económicas que de ella se deriva, no tenga un especial interés o una especial penetración dentro del colectivo de mujeres y, por tanto, que no sean las más damnificada por la crisis pandémica en el mercado laboral.

Para no dejar a nadie atrás, se han impulsado una serie de decretos, entre ellos algunos que nos ponen a la vanguardia de justamente la igualdad retributiva entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. Algunas de ellas, de reciente aprobación y que tienen que ver con el registro retributivo para conocer si existen o no desigualdades por razones de género y además la obligatoriedad de que las empresas de más de 50 trabajadores o trabajadoras elaboren un plan de igualdad para realizar esa auditoría retributiva y ver e identificar brechas de género y corregirla en caso de que existan.

Tendrán ustedes a disposición de los medios de comunicación la declaración institucional en la referencia del Consejo de Ministros.

El tercer tema que quería también comentar es que esta mañana hemos ampliado por dos años el plazo de desinversión en Bankia. Es un acuerdo que se adopta prorrogando hasta diciembre de 2023 la fecha límite para la venta de la participación en esta entidad, que de otro modo hubiera terminado en diciembre, justo de este presente año.

La finalidad de esta ampliación es favorecer la utilización más eficiente, más eficaz de los recursos públicos, maximizando la recuperación de esas ayudas, es decir, encontrando el momento adecuado para que justamente se pueda maximizar esos recursos que se invirtieron para esta entidad.

Esta extensión del plazo va a permitir al FROB, que es el encargado de esta gestión, ejecutar esta estrategia de desinversión con una mayor flexibilidad y aprovechando la coyuntura que puedan ser más favorable.

Solo recordarles que el FROB tiene actualmente una participación del 61,8% en Bankia, en un proceso de fusión por absorción con CaixaBank y por tanto, en el desarrollo, en el transcurso de esta operación, el FROB al final tendrá una participación del 16,11% del capital de CaixaBank.

Esta es la tercera ampliación del plazo inicial que se nos dotó de venta para esta entidad y lo que se pretende, como decía, ser capaces de hacer un uso lo más eficiente posible de los recursos que se invirtieron en Bankia, procurando el mayor retorno de las ayudas.

Y, por último, una materia que se ha desarrollado tras finalizar la reunión del Consejo de Ministros ha sido justamente la reunión por primera vez de la Comisión Interministerial para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Un órgano cuya constitución estaba recogida en el Real Decreto-Ley de simplificación de los Fondos Europeos, que se aprobó por parte del Congreso de los Diputados y por tanto, se trataba de que hubiera una instancia de coordinación presidida por el presidente del Gobierno, dada la prioridad que tiene para todo el Ejecutivo y para los próximos años este Plan de Recuperación, que permita sacar el máximo provecho posible de los casi 70.000 millones de transferencias, del Fondo de Recuperación y Resiliencia que proceden de Europa.

En varias ocasiones hemos explicado que estos fondos tienen un carácter finalista, en el sentido que lo que se plantea, lo que se acuerda con Europa, es una serie de inversiones imprescindibles para realmente afrontar los retos que tenemos como país, acompañados de unas reformas que son las que este Ejecutivo tenía en su hoja de ruta, que se van a acelerar, se van a intensificar con motivo de estas ayudas y por tanto, adelantándolas en el tiempo, como venimos comentando desde el principio de este acuerdo.

A diferencia de otros fondos comunitarios, el diseño de este mecanismo de recuperación vincula de manera directa la obtención de esos recursos a unos resultados concretos. Y esto significa que tenemos que ser capaces de conseguir aquellos objetivos que hemos previsto con motivo de estas reformas.

Es una oportunidad única, como ha expresado el presidente del Gobierno, para transformar el modelo productivo español y hacerlo además más sostenible, más competitivo, afrontando esos retos y poniéndonos a la vanguardia de cuestiones tan trascendentales como la transición ecológica, el cuidado de nuestra biodiversidad o la transición digital, imprescindible para el cambio de nuestro modelo productivo.

Decirles que la Comisión ha acordado, como elemento concreto, la creación ya del Comité Técnico, también previsto en este Real Decreto, que será el que apoye y asesore a esta Comisión Interministerial en la resolución de tantos estudios, informes y análisis como se le encomienden, para que el trabajo sea fluido en corresponsabilidad, en cogobernanza, tanto con comunidades autónomas como con las entidades locales.

Es por ello una materia de absoluta prioridad y por tanto, de lo que se trata es de no perder ni un solo minuto, ponernos ya a ejecutar la totalidad de estos fondos y dotarnos de todos los mecanismos que lo hagan fácil, lo hagan posible y sobre todo, lo hagan eficaz.

Son las cuestiones que quería informar en la mañana de hoy y sin más, Miguel Ángel, si te parece, damos paso a los medios de comunicación para que tanto la vicepresidenta como yo misma podamos someternos a las preguntas que consideren de interés.

Secretario de Estado de Comunicación.- Vamos allá. Pegunta la prensa, a ver si arranca este turno de preguntas. Cesc Giro, de RAC1, Cesc. Hola.

Pregunta.- Hola, buenos días.

Dos cuestiones, una para la vicepresidenta, la primera es en referencia a las elecciones catalanas. Me gustaría saber si el 51% del voto independentista cambia de alguna forma la posición de la Moncloa respecto del proceso, en el supuesto, un supuesto práctico, que un gobierno soberanista ponga sobre la mesa del Gobierno este dato este 51% para pedir un referéndum, ¿Cuál sería la respuesta?

Y una segunda pregunta sobre la detención esta mañana del artista Pablo Hasél. Me gustaría saber si, a opinión del Gobierno, pronunciarse en canciones, en tuits sobre la monarquía debe ser delito. Muchas gracias.

Sra. Calvo.-Vamos a ver, el referéndum no está contemplado en nuestra Constitución nada más y nada menos que para una materia que afecta al artículo 12, al título octavo entero, es decir, para dilucidar la unidad territorial del conjunto del Estado. Por lo tanto, da igual qué porcentaje pueda sacar cualquier partido en cualquiera de las elecciones territoriales, en relación a lo que nuestro país no es constitucional y no es legal en este sentido.

Por lo demás, usted como periodista en el territorio, sabe muy bien el debate que tienen incluso los partidos independentistas sobre la proporcionalidad con las que ellos piensan que su proyecto político, que es independentista, pueda estar o no puede estar circulando en el espacio político catalán.

Pero sobre la posibilidad de un referéndum sobre la unidad territorial de nuestro país, pues es que no ha lugar, porque no pueda estar en el marco de nuestra constitucionalidad y de nuestra legalidad.

En relación a lo que hace en cada caso la justicia de nuestro país, como usted bien sabe, el Gobierno no se pronuncia. Lo que sí hace el Gobierno, porque ya lo ha iniciado en el Ministerio de Justicia, algo que formaba parte de las reflexiones que el propio Gobierno, hacía en la revisión de algunos espacios que llevan la contraparte de convertirse en delito en el ámbito de la libertad de expresión que nosotros pensamos que tienen que ser modificados. Pensamos que en todos aquellos asuntos que se derivan de la libertad de expresión y que no conllevan riesgo en la seguridad de las personas, la reacción sancionadora del Estado con la privación de libertad, pensamos que es una reacción que no procede en el ámbito de las libertades de una democracia.

Y por otro lado, también pensamos, en ello está trabajando el Ministerio de Justicia, ya que en el paraguas particularmente amplio y protegido de las reflexiones artísticas, culturales, intelectuales, en el ámbito de lo que denominamos libertad de expresión, tiene que haber una horquilla de comprensión y de tolerancia propia de una democracia absolutamente madura como la nuestra.

En esa dirección se ha pronunciado ya el Tribunal Constitucional, en esa dirección han evolucionado también otros países y otras democracias parecidas a la nuestra, y nosotros como Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, estamos ya en ello.

Secretario de Estado de Comunicación.-Juan Ruiz, del Periódico de Catalunya.

P.- Sí, buenas tardes.

Tenía varias preguntas, por un lado, me gustaría preguntarles cómo creen que puede afectar los resultados del pasado domingo a la gobernabilidad en toda España, si consideran que Esquerra va a mantener su actitud pactista con el Gobierno después de haber quedado por delante de Junts per Catalunya.

Luego por otro lado, sobre Consejo General del Poder Judicial. Ahora que han pasado las elecciones catalanas, ¿van a poner algún plazo límite al Gobierno para que pacte la renovación antes de reactivar la reforma que rebaja a las mayorías?

Y luego ya por último, sobre las relaciones dentro de la coalición. Los signos de que cada socio van un tanto por su lado no paran de producirse. Hay muchísimos ejemplos. Quería preguntarles quién creen que es el responsable de estos continuos roces. Muchas gracias.

Portavoz.- Sí, muchas gracias, Juan

En relación con la primera cuestión, evidentemente ahora es el turno de los partidos en Cataluña, por tanto, corresponde a ello la conformación del gobierno, y esto significa que en los próximos días entiendo que asistiremos también a la declaración de las preferencias, ya incluso algunas así se han expresado por parte de cada uno de los líderes, de cada una de las formaciones políticas y el Gobierno, evidentemente, respetará cualquier acuerdo que se adopte en ese entorno.

Lo que sí, como siempre, hará, es mantener una relación de lealtad con el Gobierno resultante de las urnas, que finalmente se configure, desde el diálogo y desde esa etapa de reencuentro que desde hace tiempo estamos trasladando nuestra voluntad de que Cataluña supere este conflicto de convivencia, el conflicto político en el que vive desde hace ya demasiado tiempo y podamos abordar los grandes retos transformadores que tiene este país, entre ellos los que vienen de la mano del Plan de Recuperación, con una importante trascendencia en los territorios, concretamente en Cataluña. Por tanto, esa es la prioridad y animamos a que las formaciones políticas, cuanto antes lleguen, a la configuración de ese Gobierno para ponernos a trabajar, como siempre, con independencia del color político que se represente por parte de esta institución.

Segundo lugar, en relación con la segunda pregunta, decirle que el Gobierno y concretamente el Ministerio de Justicia, como así, en boca de su titular lo escuchamos permanentemente, no ha dejado de trabajar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ha seguido teniendo contacto frecuente con el Partido Popular, donde el ministro de Justicia, en más de una ocasión ha expresado lo cerca, prácticamente que estaba ya el acuerdo para proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero nos encontramos con la coyuntura que siempre el Partido Popular tiene una excusa. Siempre busca, sino en la inminencia de unas elecciones, es porque en otro momento no le va bien. En definitiva, está ejerciendo un supuesto derecho a veto a la renovación de un órgano en términos democrático, circunstancia que no está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, que atenta contra el normal funcionamiento de una institución absolutamente imprescindible para el desarrollo de nuestra calidad democrática, y, por tanto, incomprensible que después de tanto tiempo que se tenía que haber renovado, todavía el Partido Popular, no haya dado el visto bueno para que se pueda tramitar esa renovación y estemos hablando, y no dejemos de estar en ese contacto, pero sin unos frutos que nos hubiera gustado que ya estuvieran encima de la mesa.

Se trata, por tanto, ser capaces de que en esta coyuntura el Consejo General del Poder Judicial, que lleva tiempo actuando en funciones, tenga delimitado el marco en donde pueda actuar y por tanto, que ese trabajo en funciones pueda tener una referencia normativa que le permita, de alguna forma, conocer cuáles son los límites de ese trabajo en funciones. Y es por ello que si de forma inmediata, de forma urgente, no se llega al acuerdo para la renovación del órgano, que es la voluntad que tiene este Ejecutivo, procedería a, como siempre hemos dicho, a tramitar esa limitación que permita, efectivamente, que se puedan desarrollar las funciones de este órgano en el momento en que se encuentra.

No es un órgano en plena funcionalidad, puesto que ya lleva caducada su funcionamiento hace ya varios años. Sino que en este momento impulsaremos esa reforma. Insisto, aunque la voluntad del Ejecutivo es llegar a un acuerdo, el acuerdo es posible. El acuerdo está muy cerca y solo se trata de la voluntad del Partido Popular para que se pueda tramitar.

Y por último, respecto a las cuestiones que tienen que ver con el Gobierno de coalición, como digo habitualmente desde la mesa del Consejo de Ministro y yo creo que todos los ministros expresamos también en nuestras declaraciones a los medios de comunicación, la nota dominante dentro del funcionamiento del Gobierno es la estabilidad, el proyecto común, la capacidad de poder abordar esos retos, de minimizar los daños que está ocasionando la pandemia sanitaria y la consiguiente económica que en ello ha derivado. En definitiva, estamos concentrados en el trabajo del día a día, intentando ser útiles en la política y dando respuestas a las necesidades concretas que tienen los ciudadanos, ya sea una empresa, ya sea una persona que tenga que mejorar la recesión, por ejemplo, de alguna prestación, como el Ingreso Mínimo Vital o el pago de los ERTEs.

Todos ellos, medidas que yo espero y deseo que estén dando respuesta a los problemas más importantes que tenemos. Y saben ustedes que muchas veces he dicho en mis propias palabras que habitualmente lo que se puede percibir desde fuera no tiene nada que ver con el trabajo cotidiano que desarrolla este Gobierno.

Por tanto, poco más tenemos que añadir desde esta mesa. Solo seguir diciendo que el Gobierno tiene un trabajo duro por delante, tres años para desarrollar una hoja de ruta que hoy se refuerza con esta Comisión Interministerial para el Plan de Recuperación, pero que en todas las materias, en todos los departamentos tiene digamos que políticas y objetivos muy claros que se van a ir desarrollando a lo largo de los próximos meses y de los próximos tres años.

Secretario de Estado de Comunicación.- Irene Castro, de El diario.es.

P.- Hola ¿qué tal? Buenas tardes. Yo tenía un par de preguntas para la vicepresidenta y otra para la Portavoz.

Respecto al informe que han aprobado hoy, el listado de bienes inmuebles de la Iglesia, el consejo, el perdón, el Colegio de Registradores lo cifraba, esos bienes inmatriculados en 34.984, le quería preguntar ese desfase, de unos 20 inmuebles a qué se debe. Y, luego, qué tendrán que hacer ahora las personas o las administraciones que consideren que tienen algún derecho de propiedad sobre esos bienes. Cuál será el trámite que tienen que llevar para reclamarlo.

Le quería preguntar también por el episodio que tuvo lugar ayer en la Asamblea de Madrid. Un diputado de VOX se refirió a la diputada Carla Antonelli en masculino. Le quería preguntar si, aparte del machismo que ustedes han denunciado en muchas ocasiones, nos encontramos también con transfobia en este caso y Carla Entonelli es precisamente una de las defensoras de la ley trans en los términos en los que lo ha planteado el Ministerio de Igualdad. ¿Tienen ustedes ya, señora Calvo, alguna propuesta concreta para que las personas transexuales puedan cambiar su sexo legal, y cuál sería esa fórmula? ¿Qué tipo de certificación tienen ustedes que presenten?

Y por último, y respecto a las desavenencias dentro del Gobierno, ustedes en los últimos días dijeron que se debían a la campaña electoral, pero seguimos viendo en las últimas horas que siguen habiendo esas discrepancias. que perduran. ¿Nos tenemos que acostumbrar a este tipo de discrepancias o dada esta situación, se plantean cosas como que se reúna la Comisión, la mesa permanente de seguimiento del pacto para poner orden? Gracias.

Sra. Calvo.- Vamos a ver, la cifra formal y oficial es la que el Consejo de Ministros ha conocido hoy, para poder cumplir con el mandato que tenemos del Congreso de los Diputados y enviarla. Es ésta producto de una investigación y de un trabajo arduo, como yo decía al principio, que ha hecho la Administración General del Estado, registro a registro, con los procedimientos de trabajo solvente con los que trabajan los altos funcionarios y los funcionarios y funcionarias de nuestro país. Aquí no hay ningún desfase de nada. Es que el listado, quien tiene que hacerlo, es la Administración General del Estado. En este caso, el Congreso de los Diputados se dirigió en el año 2017 al Gobierno de España para que lo hiciera y es el Gobierno de España, mediante los procedimientos que, en términos de trabajo interno, se han puesto en marcha, quien arroja un informe de estas características. Es decir que no es que hubiera una cifra y ahora se ha cambiado, es que la cifra es ésta, hecho uno a uno, seguimiento de las inmatriculaciones que se han producido al amparo de la legalidad que nos ha llevado desde el año 98 hasta el 2015, que la Iglesia Católica, en esa cobertura legal pudiera hacer esto. No hay ningún desfase en ninguna cifra. Las cifras son estas, producto del trabajo que ha hecho la Administración General del Estado. Vaya, esto con total claridad.

En segundo lugar, mire, desgraciadamente la diputada Antonelli se vio ayer en un episodio que desgraciadamente forma parte del comportamiento en las intervenciones, también en el Congreso de los Diputados y en el Senado, de algunos escaños de Vox, del grupo Vox. Somos algunas otras quienes nos hemos visto interpeladas con un término masculino relativo a nuestro cargo que está en femenino. La señora Antonelli es una diputada. Yo misma soy una vicepresidenta primera del Gobierno y he sido interpelada como vicepresidente en muchas ocasiones.

Forma parte, obviamente, de un comportamiento sexista, nada respetuoso con lo que representamos las mujeres cuando estamos en el ejercicio de las magistraturas públicas, y además un atropello de nuestro propio idioma que distingue con toda claridad género masculino y femenino, cuando aportamos, repito, cargos en términos institucionales. Una vez más lo han hecho y ayer lo hicieron contra la diputada Carla Antonelli en la Asamblea de Madrid. Pero no es un episodio, es el último que nos gustaría que Vox tuviera en relación a las mujeres cuando ejercemos cargos públicos.

Mire, como decía, la ministra de Hacienda y Portavoz lo importante de este Gobierno, lo que de verdad interesa, porque interesa a la realidad, a los resultados, a los hechos, a lo que les llega a los ciudadanos y ciudadanas de este país, de nuestro trabajo cotidiano, es un trabajo que en apenas más de un año que llevamos como Gobierno, yo creo que no tiene comparación de intensidad, de trabajo, de normas, de proyectos de ley transmitiéndose y de alcanzar compromiso, a pesar de que lo hemos tenido que hacer una parte muy importante, con unos presupuestos prorrogados de varios años, atravesando una pandemia y todas esas dificultades, un Gobierno de coalición, por primera vez en la historia de nuestro país, ha sacado adelante, repito, se puede ir a los contrastes de todas las legislaturas anteriores en 42 años de democracia, para ver el altísimo nivel de esfuerzo, de trabajo, de coordinación y de resultados, que están en decisiones, que están en reales decretos leyes que están en leyes importantísimas, que ya han visto la luz en el BOE y que están en tramitación de leyes importantísimas que en este momento se están debatiendo. Eso es lo que importa.

Y en relación a una ley LGTBI, tanto Unidas Podemos como el Partido Socialista tienen un compromiso electoral y lo tienen también como socios de Gobierno. Y lo vamos a hacer y lo vamos a alcanzar por el mismo procedimiento que toda la tramitación de un proyecto de ley, que requiere el tiempo, en fin, razonable posible, para tener una ley con alta calidad normativa, con la correspondiente seguridad jurídica, particularmente en un proyecto de ley que afecta a derechos, evidentemente de la ciudadanía de nuestro país, y con un compromiso político que tenemos en un acuerdo de Gobierno.

Dicho de otra manera, cada día estamos más cerca de tener esa propuesta en el debate en el Consejo de Ministros, con la participación también de otros ministerios que tendrán su aportación correspondiente. Me refiero al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Sanidad, al Ministerio de Educación, en una opción normativa que el Gobierno progresista de España va a poner en lo alto del debate público de nuestro país, y que va a hacer que avancemos en la protección de los colectivos LGTBI, como ya lo han hecho otros países. Quedan muchísimo más por hacer, pero nos queremos comparar con los que ya lo han hecho y lo haremos bien en el marco de nuestra Constitución, y será además una gran y positiva noticia para la convivencia en este país y para la solidez de nuestra democracia. Será, además, un espacio particularmente gustoso de la política y de la convivencia y por lo demás, trabajo que hay que ir sacando adelante con estos parámetros como corresponde.

Secretario de Estado de Comunicación.- Alberto Prieto, de El Español.

P.- Hola ¿qué tal?, vicepresidenta, hola ministra, muchas gracias, creo que no entró en cámara, pero bueno, es igual, creo que me escucháis.

Quería hacerles tres preguntas. La primera de ellas es que ayer publicamos en El Español el hecho de que la número dos del Ministerio de Defensa tiene amarrado el barco de su familia en la base militar del Ferrol. Quería saber si el Gobierno ha hecho alguna pesquisa por la anomalía, por esta anomalía, y si tienen claro, las circunstancias en las que ha ocurrido que un barco privado tenga acceso a la base naval de la Armada.

Luego quería aprovechar que estar con la vicepresidenta en la sala de prensa para dos preguntas concretas. Una: ha comentado usted antes que el Gobierno pretende incluir dentro de la reforma del Código Penal la eliminación de las penas de cárcel para los delitos de expresión, sin embargo, en la Ley de Memoria Democrática, que está en preparación en su departamento, se crea un nuevo delito de expresión. Y en este caso, para aquellos que apoyen el franquismo, y demás, quería saber si se nos puede aclarar qué diferencia hay entre una cosa y la otra.

Y luego una pregunta más para usted, por favor. Esta tarde en el Congreso se vota la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que es una proposición de ley del Grupo Socialista y creo que usted es la persona más indicada para contestarme a si esta ley invade o no las competencias del Ministerio de Igualdad, incumpliendo así el acuerdo de coalición que tiene el PSOE de Comunidades Podemos. Muchas gracias.

Portavoz.- Muchas gracias.

Si te parece, en relación con la primera pregunta, transmitir que seguro que la información con mucha más fiabilidad y con mucho más detalle, lo puede proporcionar el propio Ministerio de Defensa. No sé si ayer tarde transmitió algún tipo de comunicación. En cualquier caso, su gabinete de prensa seguro que está a vuestra disposición para poder hacerle llegar la pregunta y que ellos puedan contestar en el estado de la situación a día de hoy.

Sra. Calvo.-Gracias, ministra.

Ningún derecho, que además lleve aparejada, en este caso la libertad es absoluto en ningún lugar del mundo, en ningún Estado de derecho, en ninguna democracia. Todos nuestros derechos son limitados para que existan otros derechos que también se ejercen, y porque convivimos en diferentes maneras de ejercer incluso las libertades y los derechos que tenemos reconocidos como fundamentales en nuestra Constitución.

Partiendo de esa base, que es muy importante no perderla de vista, no existe nada absoluto como tal en ninguna legislación del mundo, ni puede haberlo, por cuanto los derechos de cada cual, de cada quien, tienen que ser compatibles con los derechos en diversidad de todos los demás.

En ese ámbito, cualquier legislación, también legislación penal del mundo, tiene recogido lo que llamamos el derecho antidiscriminatorio, es decir, el derecho que limita y que por tanto convierte en faltas o en delito quienes traspasan límites, que supone generación de odio, discriminación de otras personas, en definitiva, proteger la diversidad.

Los organismos internacionales que trabajan en materia de memoria democrática, como en la propia Naciones Unidas, tienen bastante bien aquilatado qué parte de nuestra libertad de expresión y qué parte correspondiente en los correspondientes códigos penales, legislación penal, no puede ser admitida, porque forma parte del enaltecimiento, justamente, de lo que no es democrático y de lo contrario, justamente a la propia democracia.

Esto ya lo hizo España con una reforma hace mucho tiempo en relación al terrorismo, siguiendo la pauta que hizo Alemania en materia de estos delitos y la Ley de Memoria Democrática, lo que recoge son estos parámetros del derecho comparado en el que se ha movido ya otros países con las recomendaciones del derecho humanitario internacional, para impedir que en nuestro país pueda haber delitos que propaguen odio en relación al enaltecimiento de totalitarismo y en defensa de la propia democracia.

Por lo tanto, quiero decir que estamos en esa búsqueda que tienen todas las democracias constantemente de proteger la libertad de expresión, pero de proteger también la diversidad, y en este caso, las ideas que conforman una convivencia pacífica y respetuosa, justamente para cada uno de nosotros.

No nos vamos a mover de esos parámetros y por lo tanto no tiene que ver, o mejor dicho, todo lo contrario, es absolutamente armonioso con el inicio de la reforma que se plantea al Ministerio de Justicia en relación a otras cuestiones que ha preguntado algún compañero suyo antes.

Justamente la Ley de Igualdad de Trato que ha impulsado el Grupo Parlamentario Socialista tiene también que ver con esto. La Ley de Igualdad de Trato va transponer a nuestro país directivas que están sin trasponer desde el año 2000. Estamos hablando de hace 20 años que la normativa europea tiene ya establecidos parámetros obligatorios en los sistemas jurídico de los Estados miembros de la Unión, que nuestro país no ha traspuesto, que además va avanzando en el programa continuo de mejora de la convivencia, en la diversidad ideológica, religiosa, cultural, etcétera, etcétera, de un territorio tan diverso como es Europa y cada país con su propia diversidad y que este país necesita recepcionar.

El primer borrador que circula en nuestro país y que recibe a estas directivas que alguna data del 2000, repito de hace ya veintiún años, tiene aproximadamente once años, se ha quedado a las puertas en más de una ocasión de salir adelante. Este proyecto, esta aspiración normativa de nuestro país, que ahora se tramita como proposición en el Congreso de los Diputados. Es otro elemento más de avance de este Gobierno, en este caso en sede parlamentaria, no como proyecto del Gobierno, para seguir conformando, con otras leyes que están también tramitándose, y que están en el marco de las competencias del Ministerio de Igualdad, como usted bien sabe, y las que tenemos de manera inminente delante, de un compendio de normativas que esperamos que a lo largo de esta legislatura y antes de que termine, estén alcanzadas en el sistema jurídico español, recepcionadas las que nos vienen de recomendaciones del espacio del derecho internacional o de la normativa comunitaria y algunas particularmente producidas como impulso político en nuestro país.

Quiero decir que estamos delante de una constelación muy esperada en nuestro país. Cuando nuestro texto constitucional dice que no se puede discriminar a nadie por ninguna de las circunstancias que detalla el artículo 14, hay que hacer algo más que decirlo. Esa será la Ley de Igualdad de Trato. Cuando una sociedad que quiere seguir levantando discriminaciones que ya existen en relación a los colectivos LGTBI, se tienen que plantear una ley como la que estamos trabajando o como la que el Ministerio ya tiene tramitando en relación a la protección de la libertad sexual y de la seguridad de las mujeres.

Estamos delante de un salto enorme en apenas una legislatura, en la que nuestro país estaba francamente retrasado, en dos legislaturas anteriores, que no correspondían a un Gobierno progresista y estamos dispuestos a hacerlo. Con situaciones completamente armónicas, por cuanto ese juego de armonía está ya bastante contrastado en otros sistemas legales, que lo han hecho antes que nosotros, y que resiste bastante bien, avanzar en libertad y seguir protegiendo, en términos de seguridad, la pluralidad de cada uno de nosotros en el ejercicio de nuestros derechos y la lucha de una democracia contra todo tipo de discriminación.

Secretario de Estado de Comunicación.- Iñigo Yarza, de Informativos Tele5. Hola Iñigo…
Bueno, pues vamos a ver si nos escucha Sandra Gallardo, de Radio Nacional de España.

P.- Sí, hola. Espero que me escuchen bien.

Vicepresidenta, Portavoz, la ministra María Jesús Montero, precisamente en esta rueda de prensa la semana pasada atribuía esas diferencias con Unidos Podemos a que estaban en campaña en Cataluña.

Yo les quería preguntar si creen que es sostenible, que esté aireen, se hagan públicas esas diferencias que ustedes minimizan dentro del Gobierno, dado que dicen que la nota dominante es la estabilidad y eso es sostenible a lo largo de la legislatura, o si bien Unidas Podemos debería reflexionar y si creen que está perjudicando al buen funcionamiento de la coalición.
Y quería aprovechar también para preguntarles qué les parece que el PP haya anunciado que se trasladan, que cambian de sede. Gracias.

Portavoz.- Bueno, en relación con la primera pregunta, Sandra, efectivamente, en la rueda de prensa pasada, a propósito de que se me preguntó sobre una de las declaraciones que había hecho el vicepresidente Iglesias, yo trasladé que se enmarcaban dentro de una respuesta que se desarrollaba en una entrevista con motivo de la campaña electoral. Y es obvio, y es evidente que cuando se acude a una convocatoria electoral, cada formación política adquiere la intensidad de sus propios matices para poder presentarse al electorado como una propuesta diferenciada. Yo creo que esto hay que verlo con absoluta normalidad, porque es lo que ocurre siempre cara a unas elecciones, y por tanto, que en ese momento, quizás donde se ponga más acento sea en los elementos diferenciadores, es algo que yo creo forma parte de todas las campañas electorales y que en ese contexto es donde se pueden incorporar las declaraciones que comenté.

Tanto la propia vicepresidenta anteriormente, yo misma al comienzo de esta rueda de prensa, siempre hemos trasladado que el hecho de que el Gobierno goce de estabilidad, que haya unidad de acción respecto a las prioridades políticas que nos hemos marcado y que están perfectamente definidas en el acuerdo de investidura, en el proyecto de presupuestos, donde volvimos a reconfirmar todas aquellas materias que eran imprescindibles, el poder profundizar en ella durante el año 2021 hacen, desde luego, que la continuidad de este Gobierno durante los próximos tres años y los proyectos que tenemos por delante se desarrollen con todas las garantías y con una estabilidad, yo diría lógica, necesaria, para que cada uno podamos acometer nuestra tarea.

Esto no es incompatible con que la formaciones políticas, en tanto que cada una lo es en un Gobierno de coalición, y probablemente la novedad está en que el Gobierno de España nunca hemos asistido previamente a la configuración de un Gobierno de coalición, nos llama la atención, probablemente, el que se produzcan diferencias, matices o elementos que no sean del todo coincidentes entre las dos formaciones políticas, pero es algo totalmente habitual, en las comunidades autónomas o en las corporaciones locales que si tienen más experiencia de gobiernos de coalición.

Se trata, por tanto, de que el proyecto común que ambos hemos comprometido, nos hemos conjurado a poder desarrollarlo a lo largo de esta legislatura, se haga con todas esas garantías, con independencia de que algún líder político de esta formación, sobre todo los que corresponden a los grupos parlamentarios, puedan dar su opinión o puedan trasladar cualquier cuestión que entiendan que puede ser interesante en el debate político.

Pero le puedo asegurar, Sandra, que para nada afecta ni a la sostenibilidad de este Gobierno ni a la estabilidad de este Gobierno, en donde muchas veces conocemos de esas cuestiones, por lo que leemos en los propios medios de comunicación o escuchamos en los medios de comunicación, que por conversaciones o las discusiones que se puedan producir al interior del Gobierno.
Por ello, tranquilidad, estabilidad, prioridad, conciencia del momento político que vivimos, yo diría que son las señas de identidad que marcan la acción del Ejecutivo, con la singularidad que tratándose de un ejecutivo de coalición, es lógico que haya algunos dirigentes políticos de estas formaciones, sobre todo que cuando hay una campaña electoral, puedan expresar o subrayar aquello que puede ser distinto o aquello que puede ser, a juicio de ellos, reseñable cara a esa campaña electoral.

Secretario de Estado de Comunicación.- Carlos Cué, de El País.

P.- Sí, muchas gracias.

A la vicepresidenta, por favor, por la información que tenemos usted tiene, lleva la relación directa con Esquerra Republicana. Lo querían que quería preguntarles cómo están ahora las relaciones con Esquerra, cambia algo el resultado del domingo, no sé si han hablado después del domingo, si hay conversaciones, si todo esto que ha pasado cambia algo, y en este contexto, qué va a pasar con los indultos, en qué fase estamos, estamos esperando el informe de la abogacía, cómo estamos.

También le quería preguntar sobre el tema de inmatriculaciones, si tiene constancia el Gobierno de que la Iglesia ha inmatriculado bienes que no eran suyos, por lo que vemos en el informe dicen que no se puede demostrar que no haya una documentación, cómo están estas cuestiones.

Y una última cuestión, quería preguntar por la Cañada Real, el relator de la ONU, la ONU le pidió ustedes información de qué van a hacer, y ustedes han contestado que no pueden hacer nada, que no es su responsabilidad. Hoy, el relator de la ONU ya se ha dirigido en Twitter, ha sido muy crítico con el Gobierno español porque dice que es responsable de que 2.000 niños lleven varios meses sin luz. Que va a hacer el Gobierno español, y si es posible que le puedan contestar a la ONU que no pueden hacer más.

Sra. Calvo.- Mis compañeros en Cataluña, quiero decir a quienes han ganado las elecciones en Cataluña, el PSC, como ganador, establecerá también las líneas de trabajo con Esquerra Republicana, el segundo partido en votos de los comicios en Cataluña. Pero, como bien decía la ministra Portavoz, a nosotras, a ella y a mí, en este caso, porque estamos representando al conjunto del Gobierno, lo que de verdad nos importa son dos cuestiones.

Una, sobre la que ha trabajado este Gobierno y el anterior, presidido por el presidente Sánchez, y es trabajar continuamente por relaciones leales entre el Gobierno de España y el Gobierno de Cataluña, con responsabilidad también de cuáles son los objetivos, las metas que el Gobierno España tiene que procurar también para Cataluña, como una parte importante del territorio y de la población que nosotros gobernamos como Gobierno común de todos los españoles. Y naturalmente, de intentar por todos los medios que Cataluña salga de una situación de desencuentro en el espacio interior de la convivencia en Cataluña, lo que llamamos el reencuentro en un espacio que nosotros pensamos que tiene que abrirse a partir de que las urnas catalanas han hablado cuando el Parlamento catalán señaló que hablaran.

Eso es lo que nos corresponde, respetar los tiempos en Cataluña para ver cómo transita la política catalana hasta alcanzar un Gobierno con el que nos relacionaremos y nos relacionaremos, repito, con un altísimo sentido de la responsabilidad del Gobierno de la nación en Cataluña, como siempre hemos hecho, y tratando de que Cataluña mire a un futuro en el que necesita resolver una situación como la que vivimos, y, además, todas y cada una de las situaciones que se han ido acumulando ya muy largamente en el tiempo.

No hay más. En esas relaciones hay diferentes espacios, como es lógico, Esquerra Republicana es un grupo parlamentario que habitualmente nos apoya y nos acompaña, digo habitualmente porque otras veces no, y que nosotros, como otros grupos parlamentarios, trataremos continuamente de cuidar en nuestras relaciones, por cuanto que el Gobierno de coalición con 155 escaños tiene que hacer un trabajo de diálogo, de escucha y de respuesta continua para poder tener lo que nosotros hemos conseguido en circunstancias muy difíciles, estabilidad política para España.
Y lo hemos conseguido. Y eso se hace, como usted bien me preguntaba, teniendo relaciones con los grupos políticos de los que depende el día a día del trabajo, no solamente de la agenda del Gobierno de España, sino también, ya de manera muy pronta, la agenda del Gobierno en Cataluña.

También esa agenda, gobierne quien gobierne, depende también del abrochamiento que tenga con la agenda de trabajo del Gobierno de España, particularmente, además, cuando vamos a poder desplegar, no solamente los fondos europeos, sino también la vigencia ya de unos nuevos presupuestos adaptado específicamente al diagnóstico que España tiene en este momento. Es decir, que hay que seguir trabajando por lo que conviene, repito, a la verdadera realidad de la política, que son las respuestas a los problemas.

Los indultos se están tramitando, como todos los expedientes de indulto. Este Consejo de Ministros ha indultado a cuatro personas que han finalizado su expediente. Se le ha negado el indulto a otros muchos expedientes y, como hacemos habitualmente, no tiene ninguna particularidad que la tramitación, el acopio de los informes obligatorios para ese expediente y cuando llegue el momento oportuno, estarán como están todos, todas las semanas, en la mesa del Consejo de Ministros, tras la preparación que se hace en la Comisión General. No tienen más especialidad y están, repito, en ese proceso de acopio de los informes que todavía son necesarios.

Mire las inmatriculaciones que ha hecho la Iglesia Católica y hoy tenemos el listado detallado y final de las mismas se han producido al amparo de una situación legal. Otra cosa diferente es que, desde el punto de vista de las discrepancias políticas de cualquier partido en nuestro país, a lo largo de los 17 años que se han producido esas inmatriculaciones, haya habido posicionamientos contrarios a la reforma que propició el Gobierno del presidente Aznar, pero ha sido a la luz de una legalidad.

Esa legalidad que ha propiciado este volumen de matriculaciones, alguno de ustedes me lo preguntaba antes, no sé si me ocupé de contestar, ahora puede ser contestada, como es lógico. Hay una primera vía puramente administrativa que es para que la Administración General abra la investigación correspondiente cuando se duda del resultado final de esa inmatriculación y, como es lógico, estará la vía de los tribunales, como corresponde a cualquier discrepancia en la que hay legitimación activa suficiente para irse a los tribunales, cuando cualquier persona jurídica, física o cualquier otra administración pública discrepe del conocimiento que hoy ya se va a tener de ese listado.

Esto no deja de ser el procedimiento normal de una democracia garantista en los intereses jurídicos y en los derechos que cada cual pueda accionar. Pero discrepandose o no de lo que propició la reforma del presidente Aznar y del Partido Popular, lo que es verdad es que se produce a la luz de una legalidad. Hay pronunciamiento del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, no directamente sobre ninguna de estas situaciones, y un par de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que apuntan en una determinada dirección.

Al Gobierno lo que le compete es dar una información transparente, rigurosa y veraz de un mandato que se le había indicado, que se le indicó al Gobierno el presidente Rajoy y que no cumplió, y que nosotros nos hemos dispuesto a cumplirlo con el rigor que corresponde, con el volumen en cifras y tipología del que yo he dado cuenta al principio de esta rueda de prensa.

Si la Iglesia Católica considera que hay algunas inmatriculaciones que pueden ser o no contestadas y que de oficio las puede resolver o va a defender su mejor derecho a los tribunales, frente a una parte, la que sea, hipotética, que también ejerza el derecho, esa será, evidentemente, una decisión suya, una vez que es en este caso la institución católica, religiosa, que ha tenido la posibilidad legal de hacer esas matriculaciones. Pero eso es un curso de devenir que ahora mismo nadie puede adivinar.

Lo que sí he querido detallar es que hay bienes claramente dedicados al culto y a la educación, y que hay bienes inscritos que nada tienen que ver con eso. Como también he de decir, para abundar más todavía, que hay bienes que están afectos a un régimen muy especial y son todos aquellos que están bajo el paraguas particularmente protegido y riguroso, que es todo lo que está catalogado en el patrimonio histórico español, o protegido por las leyes autonómicas de patrimonio histórico. Todos esos bienes tienen también un régimen especial, por cuanto forman parte de la propiedad privada, pero sobre todo están afectos a otros fines públicos y de utilidad social, como bien dice la Ley Protectora, culturalmente hablando de nuestro patrimonio histórico común.

En esas tipologías, en el espacio que ahora se abre, una vez que ya se tiene conocimiento de esos bienes, punto a punto y lugar al lugar de nuestro país, pues será el que habrá la decisión de cada posibilidad de, primero, de investigación y de reconsideración, y, en algún caso los que puedan estar sometidos al litigio.

Pero repito y termino con esto, no deja de ser, de alguna manera, la vía normal de cualquier sistema jurídico, de cualquier Estado de derecho, frente a una información que hasta ahora no se tenía y ahora se tiene de manera certera.

Portavoz.- Y respecto a la última pregunta, Carlos, decir que yo creo que no hay ninguna duda y si hay algo en lo que nadie puede dudar es la convicción y por tanto la apuesta decidida de este Gobierno por la igualdad en todos los terrenos, también evidentemente, por la igualdad social, con la incorporación y el nacimiento de prestaciones que nunca habían visto la luz en nuestra realidad democrática. Ingreso mínimo, vital, probablemente la más importante, y que pretende llegar a aquellas familias que están en situación de vulnerabilidad social, que no tienen ningún tipo de ingresos y que se ven obligadas a vivir, tengan o no tengan hijos a su cargo o mayores a su cargo, en condiciones, desde luego para nada respetables, decentes, por parte de este Gobierno, que quiere, y que está empeñado en mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que tienen menos oportunidades o que tienen más dificultad de integración en el mercado laboral.

Y en este sentido, también quiero que seamos todos muy conscientes de la vertebración y la arquitectura competencial que tenemos las administraciones en el combate contra la pobreza, la atención a las situaciones de necesidad, tienen diferentes intensidades dependiendo de las administraciones y le corresponde, en primer lugar, a los gobiernos locales, a las corporaciones locales, que tienen que intentar dar una respuesta de urgencia a estas situaciones que se plantean, en segundo lugar, a la comunidad autónoma, que evidentemente tiene que hacer planes de integración, políticas de estímulo, política de inserción, que permitan que esas familias abandonen una situación en la que están impidiendo el normal desarrollo de la vida de los menores o de la vida de estas personas, o están en asentamientos que no cuentan con las condiciones básicas para el suministro de servicios esenciales o para una condición de vida higiénico sanitaria esencial.

Y el Gobierno de España tiene que propiciar políticas públicas de protección como el Ingreso Mínimo Vital que permitan contribuir, pero no podemos nunca sustituir el trabajo de otra administración y eso entiendo que puede costar trabajo dentro de las lecturas que se hagan internacionalmente, o de las lecturas que los propios medios de comunicación hacéis a veces, de por qué no interviene el Gobierno de España ante la inacción de la comunidad autónoma o del ayuntamiento, pero es que el respeto a las reglas de juego constitucionales pasa por el reproche a aquellas administraciones que no lo hacen, pero en ningún caso usurpación de funciones que tienen encomendadas en exclusividad aquellas administraciones que tienen que velar por esa igualdad o por la protección de los menores o de los derechos sociales que puedan estar en algunos entornos, como el que me acaba de referir, respecto a la Cañada Real.

Decir además que algunos de los elementos que sí competen al Gobierno de España, como por ejemplo el precio de la electricidad, justamente, aprovecho la pregunta para decir que en el día de hoy, el precio de la electricidad es un 70% inferior al precio medio que se registró en la primera quincena de enero, en el transcurso de la oleada de nieve, de la tormenta que tuvimos en los primeros 15 días de enero, que ustedes recordarán, hizo un pico en la factura de la luz que ya desde esta mesa y desde este Gobierno, anticipábamos que iba a ser absolutamente coyuntural y que la previsión era que a lo largo de los próximos meses, lejos de incrementarse esa situación, siguiera esa tendencia a la baja, que se había registrado en el año 2020 a partir de las medidas estructurales que estaba impulsando el Ministerio de Transición Ecológica. De hecho, en el mes de febrero un 54% inferior la factura de la luz, lo que llevamos de mes, a lo que se registró, insisto, en esa primera quincena y para el mes de marzo también, la previsión que tiene el Ministerio de Transición Ecológica es que esa cifra se mantenga. Es decir, que haya un 50% de rebaja de la factura de la luz respecto a los picos que se registraron en la primera quincena de enero.

Esas tareas si son tareas propias de este Ejecutivo, intentar que no se incremente la factura de la luz o que haya cuestiones que son de competencia estatal en las que el Gobierno está trabajando, ha venido trabajando, y por ejemplo, el dato de hoy es una muestra de que aquello que dijimos hace exactamente un mes, hoy sigue plenamente vigente, y con los hechos se puede poner en evidencia.

Secretario de Estado de Comunicación.-Cristina de la Hoz, de El Independiente.

P.- Hola, buenas tardes, supongo que me escucháis, me escucharán sin problema.

Quería preguntarle a la vicepresidenta, usted se ha reunido con la ministra Irene Montero para tratar sobre la Ley Trans. Quería saber en concreto cuáles son sus objeciones que cuestionan, según ha dicho, la seguridad jurídica de esta ley, porque lo que nos trasladan desde el Ministerio de Igualdad es que están torpedeando la ley y impidiendo que vaya al Consejo del día 23, tal como era la pretensión de la ministra Irene Montero.

También, si a ustedes les consta que Unidas Podemos, vaya a votar esta tarde la Ley de Igualdad de Trato y Discriminación, que parece que no lo ha aclarado el grupo morado, pero ustedes sí saben si se va a votar.

Y por último, una aclaración con respecto al Consejo General del Poder Judicial, que nos ha generado cierta confusión. Si la reforma no sale adelante, ustedes se activarán de nuevo su proyecto de cambiar el sistema de mayorías parlamentarias o simplemente se limitan a la cuestión de poner, o delimitar, perdón por la repetición de limitar las funciones del Consejo mientras no sea renovado. Es que no nos ha quedado muy claro. Gracias.

Sra. Calvo.-Pues voy a empezar, si le parece por el final.

Nosotros estamos en una tramitación que va muy urgente porque así lo solicitamos y que tiene ya escasos plazos para llegar al final, sobre, como bien ha dicho la ministra Portavoz, la regulación del Estado de estar en funciones, un órgano constitucional que lleva más de dos años sin renovación por alguna suerte de derecho que se arrogado el principal partido de la oposición para tener bloqueado este órgano y para incumplir la Constitución.

Así que nosotros estamos en este momento en eso, exclusivamente en eso. Y además, como bien decía la ministra, el ministro de Justicia no ha parado en ningún momento, a pesar de las excusas constantes y variadas que de vez en cuando esgrime el Partido Popular para no alcanzar un acuerdo que nos permita tener ese órgano en plenitud de funciones, no de la manera en la que está, y en cualquier caso, como la situación se ha ido alargando en el tiempo, consideramos que era importante que ese órgano constitucional tuviera regulada su situación de estar en funciones, exactamente igual que lo tiene el Ejecutivo o que lo tienen las cámaras cuando llega el momento de una situación determinada.

Estamos ahí. No estamos en otro sitio y pensamos que el Partido Popular le queda ninguna excusa ya, ninguna situación que dirimir ya, para cerrar una situación y un acuerdo que permitan a ese órgano estar conformado con arreglo a lo que la Constitución mandata. Es que aquí la Constitución es tan precisa como indica hasta el tiempo en el que ese órgano tiene que renovarse.
Y en relación a las otras dos cuestiones, nosotros como Gobierno ahora mismo difícilmente podemos dar respuesta exacta que va a votar un grupo parlamentario, que es el grupo parlamentario que junto con el socialista sostiene al Gobierno.

Lo que sí es cierto, como decía antes, es que sacar adelante en esta legislatura toda esta panoplia de leyes que van a mejorar con mucho la situación de desarrollo de la igualdad y la lucha contra la discriminación, nos parece muy importante, como Gobierno, nos parece muy importante como grupo, nos tiene que parecer muy importante como país y pensamos, evidentemente, que las cosas están bien encaminadas en los objetivos, que en este caso se ha trazado el propio Parlamento, porque no estamos hablando de un proyecto de Gobierno.

Y en relación a cómo se hacen las cosas en el espacio de trabajo interno del Consejo de Ministros, pues yo lo he dicho en alguna ocasión, aquí mismo, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Para mí no existe ministerios de un partido ni de otro, ni siquiera ministros que tienen carné de militante, o ministros que no tienen carné de militante, que de todo hay en este Gobierno, como es sabido.

Para mí solo existe que cada órgano tiene que trabajar con arreglo a lo que la ley nos obliga, que a la Comisión General los proyectos llegan muy maduros, porque imagínense que en una tarde de jueves, por muchas horas que pasemos allí, se abren y se cierran debates que tienen que ir de manera inminente el martes al Consejo de Ministros. Hay mucho trabajo previo, de unos ministerios con otros, de todos, con el Ministerio de la Presidencia y con la Oficina de Calidad Normativa que tiene este Ministerio para eso está.

Pero esto ha sido así durante toda la democracia. Los textos llegan al Consejo de Ministros en las mejores condiciones posible, del contenido, de los acuerdos que vamos a adoptar por la sustancia que tienen, pero también de la calidad que tienen, de la seguridad que establece. Cada ley que entra en el tráfico jurídico de nuestro país puede modificar, chocar, cambiar o allanar a otras que están ya funcionando en el tráfico jurídico. Esto es muy importante para el trabajo que hay que hacer desde el Ministerio de la Presidencia y luego en las relaciones con las Cortes. No hay distinción ninguna. Aquí la única distinción es que, en materias más fáciles y materias más complicadas, nada más. Hay materias que van de suyo con mucha facilidad, que requieren poco tiempo, pocas reuniones y hay materias que requieren mucho más trabajo.

Exactamente igual ocurre en este Gobierno, como en cualquier gobierno del mundo. Desde luego, así ha sido a lo largo de la historia de nuestra democracia, que hay proyectos que tienen que estar, por decirlo de alguna manera, macerando, yo tengo algunos cuantos, que están parados porque necesitan todavía de más afinamiento entre, habitualmente, varios ministerios. Es difícil que un ministerio lleve una propuesta o un proyecto de ley que no le esté afectando a otro. Yo reputo porque lo digo, porque es verdad, forma parte del trabajo continuo y normal del Gobierno y en este caso, además, con un particular añadido, es una ley particularmente importante para este Gobierno, particularmente necesario en nuestro país, que la vamos a alcanzar de una manera absolutamente equilibrada, en las dos cosas que verdaderamente importan, proteger a los colectivos LGTBI de nuestro país, que no pueden estar viviendo situaciones absolutamente ignominiosas, a diferencia de otros compatriotas, y, hacerlo con la garantía de que entra en el tráfico jurídico sin ningún problema de retroacción, sin ningún problema de constitucionalidad.

No hay más. Esto forma parte del día a día. Lo que ocurre es que si estamos tramitando una ley de cualquier otra competencia menos vistosa o en la que haya menos debate público, menos intensidad por la materia que se trae, pues pasa más inadvertida, pero no hay más. Créanme que para quienes tenemos que trabajar todos los jueves por la tarde en la Comisión General lo que pretendemos es que las cosas lleguen bien, que se hagan de la manera más rápida y que al Consejo de Ministros llegue en las mejores condiciones posibles.

Y eso lo digo en nombre de todo un Gobierno que todavía está atravesando la lucha contra una situación terrible, que es la pandemia, que ha tenido que estar un año con unos presupuestos prorrogados, que no se correspondían para nada con nuestras políticas y que suponen mucho trabajo para la administración pública tener que hacer eso, y que ahí está nunca sobre negro el esfuerzo enorme de legislación que hemos sacado adelante, algunas leyes que para cualquier Gobierno justificaría una sola legislatura. Dos o tres de estas justificarían una legislatura. Y que para este Gobierno, que trabaja sin descanso, están colocadas muchas de ellas ya en el tráfico jurídico y otras para salir adelante. Es que no hay más.

Y es verdad que esta es una ley muy importante, que los países que la han hecho han tenido un trabajo previo muy importante, y que para nosotros va a significar también un momento de gratificación política enorme, porque lo que vamos a ofrecer a colectivos que necesitan, es una protección particular de sus derechos, de sus situaciones. Pero no hay más. Cualquiera puede adjetivarlo de lo que quiera, pero para mí no es más que esto que forma parte del día a día de lo que hace el Gobierno y de lo que particularmente yo tengo atribuido como ministra de la Presidencia.

Portavoz.-Despedimos aquí esta rueda de prensa, no sin antes mostrar, como siempre, la solidaridad con todas las personas que han perdido a algún ser querido. Nuestro deseo de pronta recuperación a todas las personas enfermas.

Y por último, como siempre, hacer un llamamiento a la prudencia y que no nos olvidemos de utilizar la mascarilla, mantener la distancia de seguridad, lavado frecuente de las manos y ventilar aquellos espacios que son compartidos, de la manera en la que siempre decimos que si nos protegemos nosotros, si te proteges tú nos proteges a todos. Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)