Comparecencia de la ministra de Hacienda y portavoz del gobierno y el ministro de Justicia

MINISTRA DE HACIENDA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: María Jesús Montero

MINISTRO DE JUSTICIA: Juan Carlos Campo

Portavoz.- Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a esta rueda de prensa posterior a la celebración esta mañana del Consejo de Ministros.

Como pueden ver, hoy me acompaña el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y él les va a informar sobre un anteproyecto muy importante que se ha presentado al Consejo de Ministros, en concreto, la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, una iniciativa que pretende adecuarse a la normativa, a este tiempo presente, al tiempo contemporáneo.

Pero, como es habitual, antes de comentar los detalles de asuntos tratados en el Consejo de Ministros, me gustaría también comentar algunos de los temas de actualidad que creo que requieren una valoración por parte del propio Consejo de Ministros después del desarrollo de estas semanas.

En concreto, quería decirles que estamos ya en la recta final de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, una tramitación que empezó en el día de ayer, en el debate a la totalidad sobre los vetos que se planteó en el Pleno del Senado, y que posteriormente, como ustedes pudieron ser informados, se decidió en la votación que el proyecto de ley continuara su tramitación de manera que ahora hay abordar todo el periodo de enmiendas, por lo que esperamos, deseamos que este proyecto, como tenía previsto el Gobierno, esté ya listo para que se publique en el BOE antes del mismo día 1 de enero, por lo que tendremos ya, contaremos con la herramienta indispensable para el impulso económico de nuestro país y por otra parte, para canalizar la importante cuantía de fondos europeos que contemplan esta cifra del proyecto de presupuestos.

Es importante resaltar también que un grupo, un grupo de formaciones políticas en concreto con alguna que se sumó en el día de ayer en el Senado, hasta doce formaciones políticas están apoyando estas cuentas públicas y creo que es la mejor expresión cara al mercado interior y exterior, que España está gozando de una estabilidad y una fortaleza imprescindible en este momento de la pandemia.

En segundo lugar, quería informarles que mañana el presidente del Gobierno va a comparecer ante el Pleno del Congreso para dar cuenta de dos cuestiones muy relevantes. La primera, informar sobre los últimos Consejos europeos que se han celebrado, especialmente hacer hincapié en el de la semana pasada, que saben que culminó con una magnífica noticia como fue el desbloqueo de los fondos del mecanismo de recuperación y también del presupuesto europeo para los próximos siete años.

Estamos hablando de una cantidad inédita, del mayor paquete de estímulo financiero que se haya puesto a disposición de los países a través del presupuesto de la Unión Europea. Ni más ni menos que 1,8 billones de euros para dar respuesta a esos grandes retos en la recuperación y en la transformación que necesitamos en nuestro conjunto, Europa en su conjunto para poder competir en el mundo globalizado. El objetivo es que todos seamos más fuertes, que entre todos los países, construyamos una Europa más digital, más ecológica, más feminista, más resiliente, en definitiva, más adaptada a los retos que tenemos en el presente y en el futuro inmediato.

Es una noticia, desde luego, que estaba siendo muy esperada, no solo por los Estados miembros, sino también por los mercados de inversión para activar toda la preparatoria del mecanismo de recuperación NextGeneration, que en el caso de nuestro país supone, como recordarán, 140.000 millones, imprescindible tanto para reactivar la economía como para modernizarla tras los efectos que haya dejado la pandemia.

En segundo lugar, el presidente va a exponer también en el Congreso de los Diputados las gestiones y la situación que está íntimamente relacionada con la pandemia y con el actual Estado de Alarma que sigue vigente. Saben que sobre todo estamos muy pendientes de todas las novedades que se van produciendo en el marco de autorización de la vacuna. Un asunto que nuevamente será tratado en el día de mañana por el Consejo Interterritorial de Salud.

La previsión es que las primeras vacunas lleguen a España muy pronto, lleguen a principios de año, aunque hay que seguir insistiendo en que mientras que no exista un porcentaje de la población que esté ya cubierto por esta vacuna, es fundamental, imprescindible, no bajar la guardia y seguir poniendo en marcha con más ahínco, si cabe, las recomendaciones que se dictan por parte de las autoridades sanitarias.

La prudencia tiene que ser, por tanto, la tónica con la que nos movamos en los próximos días, y tenemos que extremarla en esta semana, si no queremos desandar un camino que hemos recorrido con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio por parte del conjunto de españoles y de españolas.

Y ya entrando en el detalle del Consejo de Ministros, les quiero comentar cinco temas.

El primero es que el Consejo ha aprobado en el día de hoy un proyecto de ley para crear un fondo nacional para la transición energética que financie tanto esta transición como el sostenimiento del sistema eléctrico. Es un proyecto en el que el Gobierno lleva trabajando ya más de dos años en el desarrollo de un marco estratégico, también normativo para toda la política de energía y clima. Un marco que tiene que generar certidumbre, confianza al conjunto de los inversores de nuestro país y del exterior, y lo que es más importante, sobre todo un marco que proteja a los ciudadanos, a las ciudadanas y al conjunto del tejido productivo.

Por eso, lo que me gustaría destacar hoy es que este proyecto de ley aborda algo tan sensible, tan importante como la factura de la luz que se dirige a las familias y a las propias empresas. De hecho, se trata de un nuevo mecanismo que nos va a permitir reducir esta factura de la electricidad, al tiempo que garantizamos la solvencia de nuestro sistema eléctrico, algo indispensable, primordial para cumplir con los objetivos que nuestro país tiene marcado en relación con la descarbonización.

El sistema actual, de 2012, ya no es válido, ya no es de utilidad. Se diseñó bajo unas premisas, pensando en precios altos de mercado y demanda creciente de electricidad. Hoy, afortunadamente, la situación es totalmente distinta. La eficiencia energética, en las familias, en los edificios, en los electrodomésticos ha logrado estabilizar la demanda y también la creciente penetración de renovables nos lleva a precios de electricidad cada vez más bajos.

Si a todo ello le unimos la situación coyuntural derivada del COVID19, de la pandemia sanitaria, que ha supuesto de hecho una reducción de ingresos del conjunto del sistema, una menor demanda de electricidad por parte de las PYMEs, tendrán ustedes que ver que el escenario, como decía, es absolutamente distinto y obliga a tomar medidas. Porque si no hacemos nada, esta menor recaudación se va a traducir necesariamente en un aumento de los costes fijos de los consumidores de electricidad, justo la señal contraria a la que deseamos. Estamos hablando, por tanto, que en caso de inactividad, de inacción por parte del Gobierno, este se vería obligado por ley, a subir la parte regulada de la factura eléctrica entre un 10 y un 15%. Y está claro también que en un momento de reactivación, de recuperación, de búsqueda de soluciones, de protección de las personas vulnerables, esta medida, esta subida, sería económica y socialmente inviable y por tanto, este Gobierno no la llevaría a cabo

Es por ello, que el anteproyecto propone un mecanismo nuevo, la creación de un Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Energético, que nos va a permitir justamente cubrir parte de esos costes fijos que se asocian al recibo de la luz, el llamado Recoren. Hasta hoy, el coste de financiación de este coste fijo forma parte del recibo de la luz que abonan directamente los consumidores y entre ellos, tanto los ciudadanos como las empresas. De hecho, con este nuevo mecanismo que se ha presentado hoy en el Consejo de Ministros, el Fondo no se financiaría cargo al recibo de la luz. Por tanto, no vendría del bolsillo de los consumidores de electricidad, sino que se financiará con aportaciones de todas aquellas empresas que venden energía.Estas empresas tendrán que hacer sus aportaciones según sus ventas de energía y con esa financiación se contribuirá, se retribuirán los costes regulados tanto de la renovable como de cogeneración y de residuos.

Es importante aclarar que para aquellos sectores que tienen más difícil esta adaptación, el mecanismo contempla en sí mismo exenciones y también bonificaciones.

Por tanto, de lo que hablamos es de un mecanismo gradual que será progresivo, de hecho, se implementará en los próximos cinco años y que en ningún caso supone incrementar la presión fiscal o recaudatoria, sino que redistribuye lo que hasta ahora pagaban los consumidores en su factura entre las empresas que venden energía.

Es algo que se ha propuesto desde los sectores independientes, sectores académicos, desde los organismos reguladores y desde diferentes partidos políticos, acercándonos a sistemas como los vigente tanto en Francia como en Alemania.

El impacto será positivo para los consumidores domésticos, que van a ver reducida su factura eléctrica al menos un 13% en estos próximos cinco años gracias a esta disminución de los cargos. De no crearse este fondo, los costes fijos de este recibo de la luz para los consumidores domésticos podrían incluso incrementarse un 10%, lo que supondría una subida media de la factura de entorno al 6,5% en solo un año. Como decía, algo intolerable para este Gobierno, por lo que adopta esta medida. El impacto del nuevo sistema será socialmente progresivo y esto significa que va a beneficiar especialmente a los hogares vulnerables y a aquellos que están expuestos a la pobreza energética. Estos son los que habitualmente tienen un consumo más elevado de electricidad en proporción a su renta, dedican más parte de sus ingresos a la factura eléctrica.

También quiero, por último, trasladar que da solución a las pequeñas y a la mediana instalaciones, a los pequeños promotores de renovables, a los que el déficit de ingresos del sistema les supone realmente grandes dificultades para acometer nuevas inversiones. Dará previsibilidad y confianza en nuestro sistema eléctrico, manteniendo y yo diría que consolidando a España como un país serio, solvente, en el que conviene, es oportuno invertir en nuevos proyectos de renovables o que se ligan a la transición energética, por lo que es importante para el mantenimiento tanto de la actividad como del empleo.

La estabilidad y la previsibilidad que el nuevo mecanismo aporta al sistema eléctrico supone un refuerzo importante en toda la cadena de valor para toda la industria asociada, como aquella que trabaja en los bienes equipo, en la electrónica de potencia, fabricación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, solo por poner algunos ejemplos de los sectores más beneficiados.

En definitiva, hoy aprobamos este anteproyecto que va a dar una respuesta obligada, necesaria al sistema eléctrico, abaratando la factura de los consumidores de electricidad, especialmente de los vulnerables y de los consumidores domésticos, y complementando un marco energético estable, predecible, que mejora la competitividad de nuestro país y es una garantía para el conjunto de los inversores.

El segundo tema que quería trasladarles, también relacionado con esta materia, es que el Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana el estatuto de los consumidores electro-intensivos. Es un instrumento gracias al cual las empresas para las que el coste del suministro eléctrico resulta especialmente crítico, muy importante, van a disponer de un marco normativo con nuevos instrumentos para una mejor estabilidad, seguridad y certidumbre en el precio de la energía. Se trata, además de un modelo equivalente al que ya existen en algunos países de la Unión Europea.

Este estatuto de consumidores electro-intensivo va a beneficiar en torno a 602 empresas con más de 60 actividades industriales y comprendiendo a un conjunto de 300.000 trabajadores. Junto con las ayudas compensatoria por coste de emisiones indirectas CO2 y también junto con el Fondo Español de Reserva para Garantía de Entidades Electro Intensiva, este nuevo estatuto supone un apoyo permanente para esta gran industria. Gracias a la concesión de estas ayudas, de hecho, esta parte de la industria puede mitigar los efectos adversos de los altos costes energéticos que tienen y reducir de esta manera la factura eléctrica.

Es importante también saber que se orienta a la industria, para acometer proyectos que vayan en las líneas transformadoras que promueve este Gobierno, en concreto, tendrán que cumplir ciertos requisitos en materia energética, en inversión, en investigación, desarrollo e innovación y en sustitución de fuentes contaminantes, igualmente tendrán que comprometerse a mantener la actividad productiva durante un período de al menos tres años a partir de la fecha de concesión. Será justamente el Ministerio de Industria el encargado de certificar esta condición de consumidor electro-intensivo que se inicia a solicitud del interesado, ajustándose a las condiciones que marca el propio Estatuto.

A las medidas recogidas en los tres instrumentos que acabo de comentar se suma también la subasta de renovables publicada el pasado sábado en el propio BOE.

Yo creo que es importante destacar que con todo este compendio de iniciativas, a medida que se vayan incorporando en el sistema eléctrico las nuevas plantas renovables, va a bajar el precio de la luz en España y se va a equiparar al resto de países europeos. Por eso esta bajada de la luz va a repercutir tanto en la gran industria como en los consumidores domésticos, como hemos comentado en el apartado anterior.

En tercer lugar, el Consejo de Ministros ha aprobado también el Primer Plan General de Emergencia del Estado. Se trata de la primera vez que se integran todos los planes que existen en nuestra articulación territorial, tanto de emergencias autonómicas como estatales, compendiada va en un mismo mecanismo.

De esta manera se refuerza, en este Plan General, el sistema de colaboración entre las administraciones públicas, porque simplificamos los procedimientos de gestión de emergencias, la ordenación de las redes de comunicación del propio Estado y el impulso de la interconexión con los centros de emergencia estatales y autonómicos.

De hecho, el plan va a permitir atender emergencias inespecíficas y de naturaleza multi riesgo, a la que los planes ordinario no dan una respuesta específica, incluidas aquellas que tienen realmente baja probabilidad que sucedan, pero que supondrían un alto impacto, si así ocurriera. Precisamente, yo creo que hemos sido testigos de que la crisis sanitaria COVID19 es un ejemplo de ese tipo de emergencia y la experiencia adquirida durante la pandemia, tengo que decirles que ha sido muy útil para la elaboración de este plan.

Como principal novedad, destacaría que se crea un mecanismo nacional de respuesta en emergencias para movilizar todos los recursos que estén a disposición del sistema entre comunidades autónomas en situaciones que no se hayan declarado de interés nacional.

También el plan representa un avance importante, porque se sitúa en el top organizativo, en la cúspide organizativa del Sistema Nacional de Protección de Salud. Y esto significa que se convierte en un instrumento general esencialmente operativo, facilitando la integración conjunta del Sistema Nacional de Protección Civil con otros sistemas nacionales. La experiencia, como digo, ha supuesto también un aprendizaje imprescindible para la elaboración de este plan.

En cuarto lugar, quería trasladarle que el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estadístico Nacional de vigencia 2021-2024, que se constituye como el principal instrumento para ordenar todas las cifras, todas las estadísticas que se realizan en la administración del Estado durante este período interanual. Saben que las estadísticas son imprescindibles como indicadores, índices, proyecciones y todo tipo de estudios para la toma de decisiones en el ámbito del Gobierno o en los ámbitos expertos, académicos, que requieran de esta información.

Estamos hablando, por ejemplo, de grandes estadísticas, como los censos o los índices que publica el INE, que son hasta más de 300, y que además tiene previsto realizar otros tantos con los departamentos ministeriales en sus diversos ámbitos.

Se consolida, por tanto, la elaboración de un indicador estratégico, estadístico, para diferentes cuestiones, entre ellas, como novedad, se va a incorporar la de los precios de alquiler, que va a complementar las propias estadísticas que elabora el Ministerio de Vivienda, Transporte y Agenda Urbana. También se van a consignar nuevos indicadores de movilidad que son imprescindibles, como decía, para la toma de decisiones.

El plan se adapta a los tiempos actuales, contemporáneos, planteando un salto de modernización, por ejemplo, con la utilización del Big Data y otras fuentes básicas de información que aumentan el nivel de detalle, facilitan el trabajo a los analistas, permiten desagregación de algunos de los indicadores, y dan respuesta, por tanto, a las demandas de información de los usuarios. Abordará la puesta en marcha de operaciones estadísticas y mejoras de otras, como resaltable, los indicadores que alimentan la agenda 20/30 para el desarrollo sostenible.

En quinto lugar, el Consejo de Ministros ha acordado también la declaración de la línea de navegación de interés público a la conexión marítima Melilla-Motril, una decisión que implica garantizar la conectividad entre Melilla y la península.

Debido a los efectos negativos de la pandemia, las empresas que venían prestando este servicio comunicaron hace semanas su imposibilidad de continuar con la labor si no recibían una contraprestación. El Gobierno tramitó entonces un contrato de emergencia para salvaguardar la importante ruta de contacto con los melillense y ahora se da un paso adelante declarando esta conexión, la línea Melilla-Motril como línea de navegación de interés público, permitiendo incorporar a esta ruta los contratos que licite el Ministerio de Transporte, garantizando un mejor servicio y garantizando, sobre todo, el futuro de esta conexión.

Y por último, como les decía, también el Consejo de Ministros ha aprobado varias medidas para el funcionamiento del llamado sistema de acogida.

En primer lugar, porque se ha dado luz verde a 53 millones de euros que vienen a cubrir las necesidades del sistema de acogida de personas solicitantes y beneficiarias de la protección internacional.

Por otro lado, también se ha concedido una subvención de 30 millones de euros a Cruz Roja Española por la gestión de diversos recursos de acogida para las Islas Canarias.

Al mismo tiempo, hemos declarado la emergencia de las obras para la instalación de campamentos provisionales para personas migrante, dentro también del Plan Canarias.

Todas las medidas esperamos que contribuyan al mejor funcionamiento de nuestro sistema de acogida, que está teniendo un importante desafío, un enorme reto debido al incremento de la llegada a nuestras costas, a Canarias, en esta situación de pandemia, de personas que según los convenios podrían ser devueltas a sus países de origen, estando en nuestro sistema de acogida debido al cierre de fronteras.

Por tanto, queremos contribuir de una manera decisiva a poder mejorar la situación de estas personas, y a ordenar los flujos migratorios que siempre trasladamos, que es imprescindible para que el funcionamiento de estos flujos sea absolutamente correcto y no esté sujeto a ningún tipo de fraude ni a ningún tipo de interés externo.

Estas son las materias fundamentales, y ahora paso la palabra al ministro de Justicia que va a dar cuenta del anteproyecto de ley que se ha aprobado esta mañana.

Sr. Campo.- Pues gracias, ministra. Buenas tardes.

Efectivamente, estaba esta mañana, hace un rato, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal. Es uno más, un nuevo instrumento normativo para avanzar en la mejora del servicio público de justicia, pensando en el ciudadano y poniendo al ciudadano en el centro de toda la gestión. Es un anteproyecto que quiere dar respuesta a desafíos tradicionales, pero también a desafíos nuevos, fruto de la pandemia que nos asola, de tal modo que es necesario desarrollar mecanismos dentro de la administración de justicia para que pueda dar respuesta ágil, lo más ágil posible, al incremento de litigiosidad provocada por la pandemia.

Me interesa mucho algo y así lo explicado en la reunión, de la contextualización. No es una medida aislada y les quiero decir que desde el 1 de septiembre vienen operando como instrumentos nuevos, en primer lugar, unos planes de choque, planes de choque derivados de una disposición adicional decimonovena de un Real Decreto Ley que viene a reflotar o apoyar en la gestión al juzgado de lo social, de lo mercantil y de lo contencioso administrativo, vienen actuando desde el 1 de enero y piensan desarrollar toda su función durante el año 2021. En segundo lugar, la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, también de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID en el ámbito de justicia y como tercera pieza, la creación de 33 nuevas unidades judiciales que fueron recientemente también aprobadas por el Consejo de Ministros.

Esto se inserta en una idea de justicia, que es la que presentamos como Gobierno, Justicia 20/30, para provocar de una vez por todas la inaplazable modernización de la administración de justicia. Es necesario que dotemos a la ciudadanía de un sistema de justicia ágil que dé respuesta de la manera menos cruenta posible al ámbito de litigiosidad. La litigiosidad no indica más que el ámbito de conflictividad social. La respuesta que den los poderes públicos, en este caso el Gobierno, y las administraciones con competencia en materia de justicia, es lo determinante. Por eso no sólo es necesario incidir en lo que resuelve el litigio de forma tradicional, es decir, el litigio, nuestros juzgados y nuestros tribunales, sino que es necesario buscar herramientas que permitan también la solución de esos conflictos sociales a través de unos mecanismos que permitan, además, la mayor cohesión social. Y esto es lo que se inserta directamente en los ámbitos del plan que hacía referencia ahora mismo la ministra Portavoz, de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es lo que viene a determinar los sistemas de calidad de justicia en países de nuestro entorno y en los que nos miramos de una manera permanente.

Hay un dato que no me sustraigo a comentarles. Solo el año 19 entraron en nuestros juzgados y tribunales 6.200.000 asuntos nuevos, de los que solo se pudieron dar respuesta, en una gran laboriosidad, pero evidentemente es un número muy importante, a 3 millones. De tal modo que esto hace que los plazos de resolución también se alarguen. Por eso era necesario abordar esta Ley de Eficiencia Procesal, que tendrá una continuación en el primer semestre de 2021, de eficiencia organizativa y de eficiencia digital.

Me centro en el paquete normativo al que se ha dado luz verde esta mañana. Tiene tres ejes fundamentales por intentar ser lo más esquemático posible.

En primer lugar, un bloque donde hacemos referencia a lo que son los medios adecuados de solución de controversias, los conocidos en el mundo jurídico como los MASC. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir aumentar la sostenibilidad porque reduce la litigiosidad que llega a nuestros tribunales y provoca algo a lo que hacía referencia hace este momento, la mayor cohesión social, las diferencias entre los ciudadanos no se tienen que resolver necesariamente acudiendo a un tribunal de justicia, que siempre dejará a una de las partes insatisfecha. Es necesario establecer mecanismos que nos permitan acometer esas situaciones de conflicto sin llegar a ese punto final que son los tribunales de justicia. Y en ese sentido hay que facilitar estas medidas, y se hacen fundamentalmente con un amplio espectro de modalidades, desde el tercero neutral a situaciones de conciliación, arbitraje, mediación y cualquier otro imaginable, de tal modo que se eleva a la categoría de requisito de procedibilidad el haber intentado al menos esta visión negociada, de tal modo que no se dará curso a una demanda en los ámbitos civiles y mercantiles si no lleva este intento de arreglarlo por fuera. Esto va acompañado de unos incentivos fiscales y en materia de costas, mecanismos que lo que vienen es a fomentar una cultura de la que todavía estamos ayunos.

Por eso, como es fundamental la gestión en el cambio, se van a establecer unidades de gestión para evaluar la utilidad y el asesoramiento a la ciudadanía en orden a hacer uso de estos mecanismos.

Un dato quizá sea suficiente explicativo. Si lográramos que a través de estos mecanismos uno de cada cuatro asuntos no llegara a nuestros tribunales, podríamos descargar al sistema judicial de más de medio millón de asuntos, lo que permitiría además recanalizar 380 millones de euros, que es lo que se calculan que nos podríamos ahorrar con esa pérdida de pleitos, para cuestiones y fomentar otros ámbitos. De tal modo que ésta es el primer eje que tiene esta ley de eficiencia procesal.

En segundo lugar, abordamos modificaciones en nueve leyes sustantivas y procesales. Estamos en la búsqueda de mecanismos que optimicen los recursos existentes, agilizando los procesos de una forma eficiente y eficaz y reforzando la seguridad jurídica. Hay una potenciación en todos los órdenes jurisdiccionales de las sentencias orales. En unos sistemas de grabación y de contextualización como el que se están imponiendo en nuestros tribunales, no tiene sentido esperar a esa resolución escrita, que puede llegar, si así lo entiende el Tribunal, por la complejidad o por cualquier otra circunstancia. Pero estamos hablando de que solo en 2021 podríamos llegar a 60.000 sentencias con oralidad, lo que sería además cumplir el mandato constitucional de que las resoluciones judiciales, las actuaciones judiciales serán predominantemente orales.

Se introducen mecanismos fundamentales para la gestión de litigios masivos, fundamentalmente a través de lo que se conoce en el mundo procesal como el procedimiento testigo y de extensión de efectos en la litigación en masa. Creo que todos tenemos en mente procedimientos que con unas características muy, muy similares, inundan nuestros tribunales. No tiene sentido que tengamos que entretener, permítanme la expresión, al Poder Judicial, a los tribunales de justicia, con todo lo que eso conlleva y lo que he dicho anteriormente, en la tramitación, como si fueran absolutamente individuales, de tal modo que podemos ver ese testigo, y ahí se siguen. Esto agilizará y permitirá que el sistema se pueda ocupar del resto de los litigios.

Se amplía en el ámbito civil, el juicio verbal, de tal modo que se le da una mayor categoría sin pérdida alguna de garantías. Se establece y es importante destacarlo, un nuevo recurso de casación civil, fortaleciendo e interés casacional como único acceso y simplificando la fase de admisión.

Les acabo de explicar el bloque primero y el bloque segundo y por último, un tercer bloque de transformación digital. Estamos en la era de la digitalización y no podemos dejar pasar la presión que nos ha generado la COVID para que esto sea una realidad, de tal modo que tenemos que evitar desplazamientos innecesarios a sedes judiciales. Tenemos que ahorrar costes, tenemos que potenciar la protección a la salud, evitando estos desplazamientos a los tribunales de justicia. De tal modo que, por citar algunos ejemplos, se introduce la regulación de los sistemas de identificación y autentificación para adaptar nuestra legislación al ámbito europeo. Generalizamos algo que ya les sonará a muchos de los televidentes, que es que generalizamos la celebración de vistas y declaraciones por videoconferencia y establecemos como novedad un registro electrónico de apoderamiento apud acta, que permitirá su otorgamiento telemático. Son todos mecanismos puntuales. Tienen un enorme carácter técnico, pero tiene una obsesión, el ciudadano y hacerle su entrada en el conflicto de una manera mucho más llevadera, de tal modo que podamos hacer del ámbito de ese derecho constitucional a una tutela judicial efectiva, algo cada vez más real. Muchas gracias.

Portavoz.- Ojalá que sí. Muchas gracias al ministro. Y a continuación pasamos al turno de intervenciones de palabras de los diferentes medios de comunicación. Cuando quieras, Miguel Ángel.

Secretario de Estado de Comunicación.- Muy bien. Nos ponemos en marcha de muchos periodistas que ya estado pidiendo la palabra. Vamos a ver si puede preguntar inicialmente Clara Pinar, de 20 minutos. Clara, adelante.

Pregunta.- Buenas tardes, ministros. Bueno, tengo preguntas para ambos, para la ministra Portavoz quería preguntarle por la reunión que está teniendo ahora mismo lugar en el Ministerio de Trabajo para abordar la subida del Salario Mínimo Interprofesional, y me gustaría saber si ya hay un acuerdo dentro de Gobierno, si se ha dado hoy, para que en 2021 suba o quede congelado.

Sobre las vacunas, quería preguntarle porque ayer el ministro de Sanidad dio la fecha del 4-5 de enero para que empiecen a llegar las primeras, teniendo en cuenta que van a autorizarse el 29 de diciembre. Ahora parece que van a autorizarse antes, el 23. Entonces no sé si tienen, si han revisado un poco las fechas en los que en este caso podrían llegar a vacunas a España, las primeras.

Y al ministro de Justicia quería preguntarle por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No sé si ya tenemos una fecha para que el presidente llame al presidente del Partido Popular, y si usted, en las conversaciones que ha mantenido por con su contraparte del Partido Popular, si habían hablado de vocales, de nombres de vocales, y si se incluye ahí a alguna persona con sensibilidad cercana a Unidas Podemos. Gracias.

Portavoz.- Sí, muchas gracias Clara. En relación con la primera pregunta, tengo que decir o hacer diferentes consideraciones. Yo creo que todo el mundo es consciente que este Gobierno tiene un compromiso firme con la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y en concreto con la subida del Salario Mínimo Interprofesional, compromiso que ha demostrado en los últimos años en los que, por darles un dato, solo en los dos últimos años, se ha subido, de la mano del presidente Sánchez el salario mínimo un 29% , una fecha que una cifra perdón, que como ustedes entenderán, tiene un impacto y una cifra importante que se ha hecho además, fruto del diálogo social y, por tanto, con el compromiso de los diferentes agentes laborales, tanto los sindicatos como los empresarios.

Decirles también que nos encontramos en un momento, en una situación en la que el contexto de la pandemia sanitaria ha provocado una crisis económica de la que todos los ciudadanos somos absolutamente conscientes. Por tanto, hay que hacer un llamamiento a la prudencia, a la prudencia a la hora de abordar las decisiones económicas, intentando contrarrestarlas, poniéndolas en valor, con los informes, los indicadores que permitan tomar la mejor decisión posible para que podamos seguir impulsando el crecimiento económico, alcanzando las cotas que teníamos antes de que estallara el COVID19, y por otra parte, conteniendo el que no se produzca salida de personas del mercado laboral, es decir, que no se provoque un incremento del desempleo, del paro, siendo la preocupación más importante en este momento del Gobierno apoyar a las empresas, apoyar a los trabajadores, para que puedan conservar ese puesto de trabajo, con instrumentos tan importante como los ERTEs, que, como saben, han venido demostrando como eficaces a la hora de provocar o de contener la hemorragia previsible que se hubiera producido en nuestro mercado laboral si tales circunstancia no hubieran existido.

También quiero transmitirles, como último apunte, que el Gobierno siempre viene buscando el apoyo de este tipo de medidas a través del diálogo social. Quiero decir con esto que tenemos que escuchar al conjunto de sindicatos y a los empresarios, pero insisto en que tendremos que hacerlo con la prudencia que aconseja este momento. Después de las reuniones que se provoquen, tendremos elementos y tendremos también mayores criterios para poder adoptar la reunión al interior del Gobierno, previa consulta, como digo, al diálogo social, pero teniendo muy presente la circunstancia que está atravesando nuestro país, en donde todavía no podemos dar por vencida la lucha sanitaria contra el COVID19 y ojalá ya las vacunas lo permitan y además contener las debilidades que ha tenido clásicamente nuestro tejido productivo, nuestro mercado laboral, que se traducía en unas importantes cifras de desempleo cuando existía una caída del PIB, en este momento estamos logrando que la caída del PIB sea superior a la que muestra el desempleo y en ese camino tenemos que continuar, con esa prudencia que estoy haciendo llamamiento.

En relación con la segunda cuestión, mañana se va a reunir el Consejo Interterritorial de Salud. Yo creo que van a volver a revisar todas las novedades que van apareciendo todos los días en las diferentes, información internacional, y por tanto, si se produce una anticipación de la aprobación de la vacuna por parte de las autoridades europeas, se podrá acomodar el calendario español a esa situación. Pero será mañana en la conversación mantenida entre el ministro y los consejeros autonómico, cuando se provoque revisión de todas las medidas últimas que se han adoptado y podrán ellos con mucha mayor exactitud trasladar, según la información disponible, cuando consideran que podrá empezar ese calendario vacunal para que logremos, a lo largo de los próximos meses, una cobertura suficiente que nos permita, ojalá que sí, todos estamos deseando que llegue ese momento, ojalá que en esos meses nos permita, como decía, ya da por finalizada esta pandemia y por tanto, volver a la normalidad que nos asistía antes del comienzo de la misma.

Sr. Campo.- Muchas gracias, Clara. La verdad es que el cumplimiento de la Constitución y las leyes orgánicas no puede quedar al socaire de intereses partidistas y por eso lo tengo que decir, me produce la actitud del Partido Popular en la no renovación del Consejo del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional, me produce un cierto sonrojo. Aquí hay un matiz y es que hay un Gobierno que se preocupa de construir, de modernizar, de intentar que todos vayamos de la mano en orden a construir un servicio público tan esencial como es la justicia dentro del Estado, y hay otros que se intentan de una manera tozuda en bloquearlo. La renovación del Constitucional y del Consejo del Poder Judicial no es opinable. Hay un mandato constitucional que hay que cumplir y lo he dicho muchas veces, el Partido Popular está siendo constitucionalista a tiempo parcial y eso no es aceptable en democracia.

Secretario de Estado de Comunicación.- Vamos a ver si pregunta May Mariño de Servimedia.

P.- Sí. Hola, buenas tardes. Tenía dos preguntas, una para cada uno. Ministra de Hacienda, quería preguntarle, los cortes de suministro para las personas vulnerables, al final saldrá para el Consejo de Ministros que viene, cómo está ese asunto ahora mismo, porque ya hemos visto como una parte del Gobierno vuelve a quejarse y a preguntarle también si le parece que mientras esté el Consejo de Ministros reunidos, una parte de este ejecutivo lanzó una queja sobre estas (inaudible) si le parece o no, digamos, como leal dentro del propio equipo de gobierno.

Y otra pregunta para el ministro de Justicia. Usted habla de la Constitución y de cumplirla. Hay algunos grupos parlamentarios, entre ellos el que apoya también al Gobierno, que cuestiona que la Constitución, digamos, había que retocarla también por el tema de la Corona. No sé qué le parece si habría que abordar una regulación sobre la situación de la Corona y la inviolabilidad del jefe del Estado y sus posteriores consecuencias, como estamos ahora con el rey emérito. Gracias.

Portavoz.- Sí, muchas gracias, May. Bueno, yo creo que la ministra Ribera, la vicepresidenta Ribera, responsable de todo el Departamento de Transición Ecológica, ha mostrado siempre una especial sensibilidad ante las situaciones de los consumidores vulnerables, bien sean consumidores de electricidad o de cualquier otro tipo de fuente energética, y, de hecho, se han promovido a lo largo de la vigencia del Estado de Alarma diferentes disposiciones para proteger a este colectivo y que no se provocarán cortes de suministro o dificultad en el acceso a esta energía, bien sea, como decía el corte térmico, el bono térmico o el bono social que se complementó a lo largo de los pasados meses.

En concreto, lo que le puedo confirmar es que la vicepresidenta cuarta, la vicepresidenta Ribera, pretende trasladar algunas de las leyes que se están tramitando en este momento, en algunos de los decretos ley, una disposición adicional en la que garantiza que ningún consumidor vulnerable va a tener un problema con el corte del suministro. O, dicho de otra manera, una disposición de garantía de suministro de energía eléctrica a consumidores vulnerables, que serán todos aquellos que sean reconocidos como tales, como viene siendo habitual por los servicios sociales, incluido aquellas personas que no sean beneficiaria del bono social.

Por tanto, creo que la actitud y la propia predisposición de la vicepresidenta es la que acabo de comentar. No hay ningún tipo de duda que el Gobierno va a prohibir ese corte de suministro para personas vulnerables, que así se hayan calificado por parte de los servicios sociales cuando no son beneficiarias del bono social.

En este segundo supuesto, saben ustedes que la propia normativa recoge qué condiciones tiene que cumplir la familia para ser tributarias del bono social. Pues bien, se amplía, si me permiten, esta disposición, dando la posibilidad de que aquellos que no estén acogidos al bono puedan ser evaluados por los servicios sociales para incorporarse dentro de esa garantía de suministro de energía eléctrica y por tanto, esa prohibición de cortes.

Por lo demás, cualquier otra cuestión que tenga que ver con debates o con iniciativas que estén en el marco del Consejo de Ministros, lo lógico y lo normal es que se desarrollen en ese entorno y que podamos comunicar posteriormente las decisiones que se hayan adoptado. Esa es mi opinión. Así es como habitualmente nos conducimos la mayoría de los miembros del Consejo de Ministros, y es bueno y es rico que haya debates que nos permitan poner en valor diferentes puntos de vista para, en definitiva, tomar la mejor decisión, insistiendo en que en breve irá esta disposición adicional incorporada, o bien en algún decreto ley, o bien en alguna de las leyes que está próxima a su aprobación.

Sr. Campos.- Muchas gracias. A ver, esto es un debate, lo tengo que decir como jurista, me encanta. Las constituciones son marcos de convivencia y eso es lo que los españoles nos dimos en el año 78, tras una etapa turbulenta y de enorme dolor para la sociedad y ese marco de convivencia, tiene una arquitectura compleja, tiene una multiplicidad de piezas que son todas esenciales en la construcción de lo que se llama el Estado, el Estado con sus ciudadanos, que es el centro. ¿Qué ocurre? Que ahí nos dimos como modelo de Estado una monarquía parlamentaria. Y esa monarquía parlamentaria sustenta el resto del Estado y del que se establecen el juego de los poderes. Con toda la regulación de los derechos fundamentales, hay un punto final que es el de la modificación de la propia Constitución. Es una Constitución tan generosa que permite mecanismos para su cambio. Y de ahí los partidos políticos que puedan tener un ideario que va incluso en choque con los propios postulados o pilares de la Constitución. Pero eso tiene que hacerse a través de esos cauces. Entonces yo pediría prudencia, pediría tranquilidad. Diferenciemos lo que es una conducta de personas y lo que son las instituciones, porque estamos jugando con la idea del modelo de Estado, con nuestro modelo de Estado, y es un arco de bóveda que podemos quitar una pieza y derrumbarse todo. En la Constitución, insisto, porque fue la voluntad de los españoles en el año 78, establecimos un mecanismo para poder cambiar esa constitución. Y eso es la democracia, poder hablar, pero a través de unos cauces, porque la seguridad jurídica es un valor tan importante como cualquier otro o el que más.

Por tanto, movámonos en esos debates jurídicos constitucionales y a partir de ahí podemos hablar de todo. Pero no disparemos, porque sin tener muy claro los perfiles, podemos hacerlo mucho más daño de lo que pretendemos alcanzar, que tenemos cauces para poder hacerlo.

Secretario de Estado de Comunicación.- Agencia EFE Lourdes Velasco.

P.- Hola, buenas tardes ministros. Al hilo del tema de la monarquía, me gustaría saber si hay incomodidad en el conjunto del Gobierno por las posiciones de Unidos Podemos y que les parece que sus socios aseguren, por ejemplo, hoy que la negativa del Congreso a investigar las actividades del rey Juan Carlos equivale a reírse de los ciudadanos.

Quería preguntar también, dado que varios países europeos han endurecido las medidas contra el COVID previstas por Navidad y que los contagios repuntar este fin de semana, quería saber si se plantean impulsar alguna medida más drástica para evitar una tercera ola tras las vacaciones.

Y con referencia a las críticas de Podemos y a la petición de la derogación de la reforma laboral o la subida del salario mínimo, quería saber también si para el conjunto del Gobierno siguen vigentes los acuerdos contenidos en el pacto de investidura con Unidad Podemos o si deben actualizarse por la pandemia. Lo digo por las continuas referencias de los dirigentes de Unidos Podemos a ese acuerdo. Gracias.

Portavoz.- Sí, muchas gracias, Lourdes. Bueno, yo en relación con la primera cuestión, creo que el presidente del Gobierno, a lo largo de los últimos días, en diferentes entrevistas también, que ha realizado tanto en cadenas de televisión como en la prensa escrita, ha trasladado con absoluta transparencia y claridad la posición del Ejecutivo sobre esta materia y en concreto a refrendado en diferente entrevistas que el Gobierno siempre va a salvaguardar la Constitución española, como también acaba de decir el ministro de Justicia y va a defenderla desde el primero hasta el último artículo. Creo que el presidente del Gobierno dice desde la A hasta la Z. En definitiva, todos los preceptos constitucionales son para nosotros igualmente importantes y es imprescindible que evidentemente el Gobierno salvaguarde todas las instituciones que están amparada por la Constitución.

Además, el presidente abundó también durante esa entrevista que el pacto constitucional que se trasladó, que se alumbró en el año 78, es el mayor logro, según este Ejecutivo, de nuestra historia colectiva y también dentro de él, el presidente reafirmó la figura de la monarquía parlamentaria. Tenemos, afortunadamente, un jefe de Estado contemporáneo que yo creo que entiende perfectamente los desafíos que necesita y que tiene por delante nuestro país en términos de transparencia, en términos de rendición de cuentas, un jefe de Estado que se interesa, que visita, que conoce la pluralidad del Estado español y que tiene, como digo, un compromiso rotundo con la ejemplaridad y también con la transparencia. Por tanto, creo que no hay ninguna duda de cuál es la valoración que hace el Ejecutivo sobre esta cuestión.

Pero en relación con la Comisión de investigación me tengo que referir a la posición de los grupo parlamentarios. En este sentido, Unidas Podemos tiene su posición. El Partido Socialista tiene la suya, que ha sido expresada creo que en el día de hoy, por boca del secretario del grupo, el señor Simancas, en donde ha transmitido con absoluta claridad cuál ha sido las razones que han llevado a que votara en contra de esa comisión de investigación, de la misma manera que el portavoz del grupo de Unidas Podemos también seguro que a lo largo del día ha explicado cuáles son las razones.

El Gobierno se mantiene en la referencia que el presidente del Gobierno ha dicho durante estos días. Por tanto, salvaguardando las figuras constitucionales y, por supuesto, la monarquía parlamentaria, y también respetando la independencia de la Casa Real y remitiéndonos a ella cuando hay algún asunto que puede ser de su interés o algún asunto que incumbe a algún miembro de la familia real.

En relación con las medidas COVID19, prefiero esperar al día de mañana donde se va a producir una actualización de toda la información, de toda la evidencia disponible por parte del ministro de Sanidad con los consejeros autonómicos. De manera que a la luz de la información aparecida sobre los nuevos plazos que ha fijado la Agencia Europea del Medicamento, entiendo que también la Agencia Española podrán comunicar con mucha mayor exactitud que yo y con mucho mayor rigor, cuáles son los pasos siguientes que se van a dar en materia de vacunación y, por tanto, cuáles son las medidas que se creen imprescindibles acometer a principios de año o a finales de este año.

Respecto a las últimas materias que me ha comentado, tanto cuestiones relativas a la Reforma Laboral, Salario Mínimo Interprofesional, me preguntaba si seguían vigentes los elementos, los contenidos que plasmamos en el acuerdo de investidura entre las dos formaciones políticas que conforman el Gobierno, y voy a ser absolutamente rotunda: Sí, por supuesto siguen vigentes. Aunque, como siempre decimos, justamente la habilidad y la inteligencia política consiste en adaptar en cada momento el contenido de esos acuerdos a la situación que en ese momento es predominante, para que no se provoque ningún tipo de efecto deseado. Lo hemos hecho, por ejemplo, con motivo de la reforma fiscal, que este Gobierno quiere acometer a lo largo de la Legislatura. Hemos sido prudentes en el proyecto de presupuestos, para acompañar esta situación económica sobrevenida que evidentemente ninguno hemos deseado, pero que convive todavía con nosotros, para acompañar que nuestras empresas puedan sostener el empleo, que podamos impulsar el crecimiento económico, con unos proyectos importantes, para que nuestro país afronte nuevos desafíos y sobre todo, que podamos proteger a todos los colectivos, a las personas más vulnerables, para que nadie se quede atrás. Todas esas voluntades y todos esos compromisos siguen totalmente vigentes. Eso sí, hay que ser prudentes a la hora de aplicarlos, insisto, para acompasarlos al momento económico y por tanto, intentar paliar o intentar minimizar el efecto más inmediato que tienen siempre las crisis económicas en nuestro país, como es el incremento del desempleo, una cuestión que creo que las cifras ponen de manifiesto que estamos haciendo esfuerzos muy importantes para que no se salde, esta crisis económica, con un crecimiento importante del desempleo y podamos volver a tener como objetivo las cifras de desempleo que teníamos al comienzo de esta legislatura.

Secretario de Estado de Comunicación.- Sandra Gallardo Radio Nacional. No suena a Sandra Gallardo ¿verdad ministra? Sandra a ver si mejoramos el sonido que sonaba realmente extraño. No, no, mejóralo porque vamos mal.

Vamos a ver si Noelia Hontoria de Onda Madrid. Hola Noelia.

P.- Hola, ¿qué tal ministros?, buenas tardes, ¿se escucha bien? Hola, ¿qué tal? ¿Escucha bien? Perfecto. Quería preguntarle por dos temas madrileños, hoy mantienen una reunión con responsables de la Comunidad de Madrid para abordar la situación de la pandemia, pero el vicepresidente Ignacio Aguado también espera que de esta reunión salga un compromiso para realizar test de antígenos en las farmacias. Es una petición que llevan meses haciendo, me gustaría saber porque este retraso en aceptarlo y si no lo van a hacer, ¿cuál es el motivo? ¿No consideran que los farmacéuticos estén preparados para llevar a cabo estos test? Gracias.

Portavoz.- Ha entendido que eran dos preguntas. Entonces era una pregunta. Bueno, yo creo que mañana seguro que el ministro de Sanidad, conjuntamente con los consejeros, podrán dar las novedades que se hayan podido incorporar dentro de la previsión que se había presentado sobre el plan de vacunación o sobre la realización de pruebas dirigida a la población. Vamos a esperar a que se produzca la reunión de esta tarde y que mañana el propio ministro pueda comparecer para, si corresponde, dar novedades sobre esta cuestión. Solamente transmitirle que el ministro de Sanidad siempre que ha valorado la iniciativa de una comunidad autónoma lo ha hecho dentro del criterio global que maneja el Consejo Interterritorial de Salud, importante para que no se provoquen diferencias significativas, tanto de aplicación de criterios como de evaluación de resultados, que sean distintas, dependiendo de donde viva cada a cada persona. Muy importante compartir los protocolos, ser capaces de poner en marcha las medidas de forma homogénea y por tanto, poder hacer un seguimiento que permita que todas las personas, vivan donde vivan, puedan recibir las mejores garantías, fruto de la experiencia, fruto de la ciencia y del trabajo del conjunto de los profesionales sanitarios.

Por tanto, me voy a remitir a la rueda de prensa que mañana transmitirá, no sé si esta tarde habrá comparecencia después de la reunión con la Comunidad de Madrid, pero si no, seguro que mañana el propio ministro de Sanidad podrá trasladar si ha habido o no cambios de criterios respecto a esta cuestión, porque los criterios que hasta ahora ha manejado el ministro son exclusivamente criterios técnicos, criterios expertos, criterios científicos, en donde se pondera cuando la realización de una prueba aporta mayores ventajas que inconvenientes y por tanto, en función de ello se toma la medida. Cualquier novedad, o esta tarde o en el día de mañana, seguro que el Ministerio la podrá trasladar.

Secretario de Estado de Comunicación.- Bueno, teníamos pendiente la conexión con Sandra Gallardo. Lo intentamos en un instante. Sandra, te atreves, es que antes parecías Darth Vader de La Guerra de las Galaxias.

Portavoz.- Sí, sí, parecías Garganta Profunda.

Secretario de Estado de Comunicación.- Venga, adelante. No, no puede ser. Bueno, pues entonces venga, vamos a intentarlo con Alicia Martínez del Faro de Melilla, a ver si sale bien la conexión. Alicia Adelante.

P.- Hola, ¿se me oye bien? Vale, genial. Yo quería preguntar a la ministra Portavoz si además de hacer de interés público, la línea marítima entre (inaudible) la emergencia al terminar el próximo marzo.

Y por otro lado, nos gustaría saber si van a tratar en la cumbre con Marruecos la reapertura de las fronteras terrestres con las ciudades autónomas, que, cuándo podría darse (inaudible) aduana comercial de Melilla con Marruecos que lleva cerrada desde 2018, que si se va a volver a este tema o ya se da por perdida. Muchísimas gracias.

Portavoz.- Sí, muchas gracias, Alicia. Tengo que comunicarte que no ha sido objeto de información en el Consejo de Ministros la pregunta que me formula respecto a esa licitación. Pero, en cualquier caso, seguro que el Ministerio de Transporte, Vivienda y Movilidad y Agenda Urbana podrá informaros sobre esa cuestión, porque, insisto, no ha sido objeto de información, si la declaración del interés público de esa línea que, como tú bien sabes, es imprescindible para garantizar la conectividad entre Melilla y la península y por tanto, el que se hubiera tenido dificultades, se hubieran expresado problemas a la hora de la cobertura de la línea, es lo que ha motivado que el Ministerio haya impulsado esa declaración de interés público que lleva a un tipo de compensaciones para que, independientemente de la rentabilidad económica, la línea pueda seguir estando en funcionamiento y en uso. Sobre licitaciones no hemos tenido ninguna información, pero seguro que podéis recabar ese dato del propio Ministerio.

En relación con la cumbre con Marruecos, bueno, saben que ha habido un comunicado conjunto del Gobierno de España y el Gobierno de Marruecos, justamente para anunciar que se había pospuesto la celebración de la cumbre al mes de febrero, creo recordar, con motivo de las restricciones sanitarias y, por tanto, de la dificultad de movilidad por la pandemia COVID19. Entiendo que cuando se celebre la conferencia se podrán actualizar todas las materias que puedan resultar de interés, entre ellas la que acaba de comentar y por tanto, se podrá hacer un repaso a todos los asuntos de interés mutuo por parte de ambos estados y en este caso, de cuáles son las relaciones de intercambio, tanto de información como de paso de personas, paso de mercancías, a lo largo de toda la geografía y en este caso en concreto en Melilla, en donde conocemos las dificultades que se atraviesan, que sin duda serán objeto de comentario, de discusión en una cumbre que, como he dicho, se ha pospuesto al mes de febrero para ser ejemplares también en la movilidad con motivo de las restricciones sanitarias.

Secretario de Estado de Comunicación.- Si vamos a intentar con Nerea Sarriegui, de Radio Euskadi.

P.- Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí, bueno, buenas tardes, yo ya tenía un par de preguntas, la primera para el ministro Campo. Me gustaría saber primero cómo valoran la decisión del Tribunal Supremo en torno a repetir el juicio del caso Bateragune si creen, en este caso, que la decisión es coherente con el principio (inaudible) Y, por otra parte, Arnaldo Otegi ha dicho hoy que esta decisión obedece a un intento de desestabilizar el escenario político, también de criminalizar a la izquierda independentista. Me gustaría saber si cambia algún aspecto la relación del Gobierno con H. Bildu después de esta decisión. Muchas gracias.

Sr. Campo.- Gracias Nerea. Es una constante ya, el ministro de Justicia no hace valoraciones sobre procedimientos judiciales y mucho menos sobre uno que tiene que repetirse, pero lo que sí tengo que decir claramente que cuando en los tribunales lo hacen exclusivamente sometidos al imperio de la ley y por tanto, no con ideas como criminalizar a nadie. Por tanto, insisto, sin poder entrar en una decisión que exterioricé en la primera vez que tuve oportunidad de hablar con la prensa y con los medios, no voy a hacer declaraciones, porque me parece que el ministro de justicia no es adecuado y en este caso, muchísimo menos cuando un juicio que tiene que volver a celebrarse. Por tanto, no voy a participar de ningún tipo de información sobre este particular. Pero si tengo que hacer una defensa del papel de los tribunales en el Estado de Derecho, y, por tanto, no hay ninguna actuación, nunca de ningún tribunal, que pretenda criminalizar nada.

Portavoz.- Y en relación con la propia comunicación o relación entre el Gobierno y las formaciones políticas, en este caso H Bildu, evidentemente son al margen de las actuaciones judiciales, porque todos somos conscientes cuál es nuestra vertebración democrática, cuál es la arquitectura constitucional que tenemos en nuestro país, en donde existe una nítida separación de poderes, y evidentemente entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Por tanto, en las relaciones con las formaciones políticas están en otros entornos que no tienen que ver con los elementos judiciales y que se seguirán desarrollando en esos otros entornos sin entrar, como decía el ministro, en cuestiones que no son de nuestra competencia.

Secretario de Estado de Comunicación.- Pide la palabra Fernando Valls, de La Información. Fernando, adelante.

P.- Hola, ministros, buenas tardes. Quería preguntarle por el documento que el ministro Escrivá llevó a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos la pasada semana, en el que planteaba incrementar el cálculo de las pensiones a 35 años.

Quería saber si el Gobierno avala ese plan, en qué estado se encuentra. También quería preguntar a la ministra Portavoz por dos fechas, cuando se va a aprobar el decreto antidesahucios, si se compromete el Gobierno a que se apruebe antes de final de año y cuando se va a aprobar el plan de ayudas a la hostelería y el turismo, que también está pendiente. Nada más. Muchas gracias.

Portavoz.- Sí, gracias a Fernando. Yo lo que me gustaría a raíz de tu pregunta señalar es que el Gobierno defiende, como ha venido haciendo desde el primer día, como un elemento prioritario de su agenda la sostenibilidad del sistema de pensiones. Para nosotros ha sido prioritario y absolutamente imprescindible impulsar el acuerdo en el marco del Pacto de Toledo, para trasladar confianza, seguridad, garantía a nuestros pensionistas, de la percepción desde las pensiones actuales, pero también de las pensiones futuras, que es donde ustedes conocen que se encuentra la mayoría de los estudios y la mayoría de las medidas que se quieren adoptar, que se quieren impulsar a partir del Pacto de Toledo.

El Gobierno ha trabajado las materias sensibles que tienen que ver con elementos retributivos o elementos de derecho de los trabajadores, siempre en el marco del diálogo social o en el marco de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. Y ello no es casual. Lo que el Gobierno intenta es buscar el máximo consenso posible, escuchar a todos los actores que son protagonistas de esta cuestión y, por tanto, atender las recomendaciones, que, por cierto, se aprobaron en el marco del Pacto de Toledo con todos los apoyos posibles. Y esto significa que existe tanto en el objetivo como en la propia manera de implementarlo, un consenso bastante amplio que se ha logrado por el Ministerio de Inclusión y que creo que va a ser el que marque la hoja de ruta para los próximos meses.

Sé que el Gobierno está trabajando ya con los agentes sociales para poner negro sobre blanco la letra de cómo se desarrolla esa sostenibilidad de nuestro sistema de pensiones y lo va a hacer a través de una modificación de la Ley General de Seguridad Social, que tiene que abordar ese reto, de las pensiones públicas, y en la que nos daremos el tiempo suficiente para conseguir el consenso y para que podamos hacer todas las consultas que sean necesarias para contar con el máximo apoyo posible.

Yo diría que, en esta materia, como en muchas otras y sé que probablemente tengo poco eco, es imprescindible trabajar en la discreción, para que acuerdos importantes, acuerdos complicados que son complejos, puedan ver la luz. Es muy importante que las personas que están directamente trabajando en esa materia puedan tener en el entorno un clima que les permita el debate, la discrepancia, la coincidencia, la vuelta a la discrepancia, lo que el marco de un trabajo y de una negociación en donde muchas personas tenemos puesta la mayoría de las esperanzas.

En cualquier caso, yo creo que lo que está fuera de toda duda es que el Gobierno está firmemente comprometido con la actualización, la revalorización, los derechos de nuestros pensionistas. Y prueba de ello es que a pesar de que en este año 2020 la inflación prácticamente ha sido nula o incluso podría llegar a ser negativa, hemos actualizado las pensiones al 0,9% y también para el año que viene se va a producir una actualización en ese mismo entorno del 0,9, siguiendo la proyección que el IPC tiene planteado para el año 2021. Incluso en este período de incertidumbre económica, el Gobierno ha priorizado la actualización de las pensiones como se contempla en nuestro proyecto de presupuestos.

En definitiva, un compromiso total con esa sostenibilidad en el medio plazo, pero por ahora, un llamamiento a la discreción, a la prudencia, para que se puedan, en ese marco, debatir todos los elementos que sean necesarios para tener la mejor oferta y la mejor propuesta dirigida a los ciudadanos.

En relación con las dos fechas que me pide respecto a decreto antidesahucios y también sobre el decreto Horeca, el de las ayudas a la hostelería, decirle que la pretensión del Gobierno es que puedan ver la luz, puedan ser aprobados por el Consejo de Ministros antes de que finalice este año. Quedan pocos Consejos de Ministros, así que estamos trabajando con bastante celeridad, con bastante rigor, para que puedan llegar en tiempo y forma. Esa es nuestra pretensión. En cualquier caso, esa agenda está condicionada para que realmente haya un acuerdo de amplio consenso. Para nosotros el consenso es mucho más importante que la fecha o las prisas que nos demos en la materia. Lo que queremos es sumar personas, colectivos, asociaciones, partidos políticos a cada una de las iniciativas, porque tengan en cuenta que posteriormente se tiene que aprobar por el Congreso de los Diputados y previo a que a pueda ver la luz, es bueno y es conveniente hablar con todos los actores para que contemple esa seguridad de que pasara el trámite, una vez aprobado por el Consejo de Ministros.

Secretario de Estado de Comunicación.- David Portabella, de El Punt Aviu.

P.- Gracias, secretario de Estado, buenas tardes, ministros. Al ministro de Justicia preguntarle qué calendario se da en la reforma de la sedición en el Código Penal ¿ya no será antes de final de año, como preveía inicialmente?, ¿serán antes del 14 de febrero?, ¿cuándo cree que puede ser aprobado en el Congreso? y luego, como ministro y como jurista, preguntarle también si le supondría alguna apriorismo a la hora de resolver un indulto tener informes en contra tanto de la Fiscalía como del tribunal sentenciador. Gracias, ministros.

Sr. Campo.- Gracias, David. Bueno, la verdad es que creo que se pueden acusar de muchas cosas a este ministro, pero desde luego no de la falta de producción en el impulso normativo. Hace escasas fechas llevamos al Consejo de Ministros la Ley de Enjuiciamiento Criminal, he citado en mi primera intervención, como último trimestre del año ha sido vertiginoso y bueno, estamos trabajando en un compromiso y no, no tengo fecha exacta, pero evidentemente se está trabajando, pero creo, como decía hace un momento la ministra Portavoz, lo verdaderamente importante es que los textos que lleguen al Consejo de Ministros sean razonables, sean sesudos, tengan el contraste de la armonización, en este caso del derecho europeo, y en eso estamos, cotejando lo que dice el Código Penal alemán, el Código francés, el portugués, el italiano, a los efectos de ofrecer a la ciudadanía el texto que merece la ciudadanía y que establezca ante unas conductas, una determinada sanción.

La segunda pregunta era, bueno, realmente no hay un apriorismo, porque el derecho de gracia está establecido en la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha marcado unas pautas y la ley de 1870 ha venido desgranando. Hoy hemos tenido cuatro indultos, dos contaban con los informes favorables y dos de ellos, por ejemplo, llevaban un informe negativo del Ministerio Fiscal. Por tanto, hay que ver caso por caso, hay que esperar a ver lo que dice el tribunal sentenciador, o lo que dicen los perjudicados, lo que dicen Instituciones Penitenciarias, lo que dice el Ministerio Fiscal y sobre eso hacer una valoración. Por tanto, no hay ninguna a priori para tener ningún signo de claridad de donde deben ir. Cuando llegue ese momento se estudiará uno por uno, como se hace con todos y cada uno de los indultos que llegan a la mesa del Ministerio de Justicia.

Secretario de Estado de Comunicación.- Vamos con un par de turnos más para finalizar la comparecencia, ministra Portavoz. Damos paso a Marisol Hernández de El Mundo. Estaba por ahí preparada también para preguntar. Hola Marisol. Alguna dificultad con el sonido. Bien, si no puede Marisol Ketty Garaz, de Libertad Digital Ketty.

P.- Qué tal, buenas tardes a todos. Buenas tardes, ministros. Les quería preguntar dos cuestiones, en primer lugar, al ministro de Justicia, por la iniciativa que se debate y se vota hoy, esta tarde en el Congreso de los Diputados sobre la paralización de los nombramientos del CGPJ. Quería saber si le preocupa el movimiento que en las últimas horas se ha publicado sobre que el Consejo de Gobierno de los jueces le va a solicitar al Congreso el informe del Consejo de Europa sobre esta iniciativa, en aras a recurrir al amparo de las instituciones comunitarias. Si le preocupa, le pregunto, en el sentido de recibir un nuevo toque de atención, a una nueva desautorización como la que recibió la propuesta de la reforma del sistema de elección de los vocales del CPJ hace unos meses por parte de las autoridades comunitarias.

Y en segundo lugar, no le pregunto por la sentencia, pero si le pregunto por las declaraciones políticas en tanto en cuanto es ministro del Gobierno de España, y también le extiendo la pregunta a la portavoz del Ejecutivo. ¿Usted cree que hay un intento desestabilizar al Gobierno reabriendo determinadas causas? ¿Comparte las declaraciones, por ejemplo, de Jesús Eguiguren, del Partido Socialista en Euskadi, diciendo que hay partes de la justicia que están en guerra con el Gobierno? Gracias.

Sr. Campo.- Muchas gracias. A ver, la proposición que se debate esta tarde y se toma en consideración, iniciativa de dos grupos parlamentarios, tiene una función muy clara y está en línea con el propio informe de la Comisión Europea en orden a la necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Lo único que se establece es que, en determinadas circunstancias, cuando ha pasado un tiempo de aquel en que correspondía a la fecha de renovación, estamos hablando ya de dos años y pico, el Consejo vea limitada y menguada sus facultades en orden a, en este caso, por ejemplo, los nombramientos más importantes de las cúpulas judiciales. Creo que responde a un sentido altamente democrático, si es la Constitución la que dice cinco años, y es la que dice la Ley Orgánica que ningún vocal puede repetir, creo que el mensaje constitucional es claro. Por tanto, cualquier instrumento que pueda reforzar la obligatoriedad que tienen los grupos parlamentarios de alcanzar esos tres quintos, creo que huelga. Por tanto, creo que está en plena sintonía con el informe que se aprobó en el 30 de septiembre con la Comisión Europea, en orden a la urgente necesidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial, y es una llamada de atención al Partido Popular porque es con el que se pueden formar los tres quintos y por tanto, creo que esa es la obligación constitucional de los partidos políticos, promover el funcionamiento de la democracia y el fortalecimiento del Estado y el fortalecimiento del Estado obedece precisamente a la renovación en tiempo y forma.

Después me intenta volver a preguntar sobre la sentencia del Supremo. A ver, claramente se lo digo. No hay por parte del Poder Judicial ningún intento de desestabilizar nada. Hay la necesidad de cumplir, de la manera que entienden por pertinente, cumplir los dictados de las leyes o de otros tribunales. Y en ese sentido, creo yo, decía la portavoz hace un momento, hay una división de poderes, claro, y por lo tanto no es, no es, el Gobierno podrá pactar, podrá buscar alianzas puntuales, porque es su obligación democrática, para sacar sus proyectos adelante y los tribunales de justicia cumplen su función. Y la clave está en respetar lo que hace cada uno.

Portavoz.- Y yo no tengo nada que añadir. Lo ha explicado perfectamente mi compañero. Lo comparto y lo suscribo 100%.

Secretario de Estado de Comunicación.- Vamos a hacer un nuevo intento con Marisol Hernández de El Mundo, a ver si llega su sonido. Marisol Inténtalo. Bueno, no parece. Lo sentimos, acabamos el turno intentando una pregunta de Cristina de la Hoz, de El Independiente.

P.- Hola, buenas tardes. Espero que no haya problemas de sonido, se escucha bien, perfecto. Yo quería preguntar a los dos ministros sobre la polémica que se ha organizado respecto a la posibilidad del regreso del rey emérito a España. Si creen que es un inconveniente, si creen que no pasa nada, que forma parte de la normalidad. También, si en este sentido ustedes han visto el famoso video de Narcos, que hizo Podemos, y si entienden que esa es la respuesta que se debe dar al debate sobre sobre la corona.

Y, por último, cuál es el plazo, en este caso el ministro Campo, cuál es el plazo concreto que dan ustedes al PP para proceder a la renovación del Consejo antes de cambiar el sistema de elección, habida cuenta de que sus socios gubernamentales quieren que se aborde ese cambio de elección de los 300 por una mayoría absoluta cuanto antes. Gracias.

Portavoz.- Gracias, Cristina. Si te parece, Juan Carlos, contesto yo la primera pregunta. Yo creo que hemos sido y el presidente especialmente durante estos últimos días, insisto, donde se le han formulado por parte de compañeros vuestros estas mismas preguntas o en un tenor parecido, trasladar también algo que el presidente ha resaltado durante estos días. Evidentemente, el rey emérito disfruta de la presunción de inocencia como cualquier ciudadano de nuestro país y por tanto, hay que suponerla, y hay que defenderla, como la defenderíamos para cualquier persona, esa presunción de inocencia, más allá de que todos estamos a disposición de los tribunales, el propio rey emérito así lo ha confirmado, a disposición de los tribunales para que si entienden que en el marco de sus investigaciones es importante comparecer o pedir, o solicitar información respecto a cualquier cuestión, evidentemente el Estado responderá y la Administración General del Estado, proporcionando esa información en la mejor manera posible.

Hay que también resaltar que a quien se juzga es a la persona, no a la institución y, por tanto, cualquier referencia que pretenda incorporar a la institución, creo que está fuera de lugar. Estamos hablando de investigaciones que están referida a una persona en concreto y por tanto hay que responder desde esa perspectiva, intentando ser justo con el desempeño actual del jefe del Estado, que, como he dicho en otra de las preguntas, lo está desarrollando con absoluta ejemplaridad y también transparencia.

No es, desde luego, una valoración del Gobierno, ni tampoco ha sido objeto de ningún tipo de conversación, el que si cada uno vemos o no conveniente la vuelta del rey emérito con motivo de las Navidades, siempre nos hemos referido en esta materia, a lo que la Casa Real disponga sobre esta cuestión y las relaciones que la propia Casa Real mantiene entre los miembros que la componen. Por tanto, ni lo hemos hecho antes, ni vamos a hacer ahora, ni ningún tipo de deseo, ni de no deseo, respecto a la vuelta del rey emérito, con motivo de las fiestas navideñas queda en la Casa Real, las decisiones y la comunicación de las decisiones que quiera transmitir en cada momento.

Bueno, decía Juan Carlos del video de Unidos Podemos, yo tengo que decirle, le tengo que confesar que no he visto particularmente el video en persona, si he conocido la información que de él se desprendía, y desde luego las instituciones constitucionales tienen todo el respeto por parte de este Gobierno, más allá de que si una formación política, que en este caso pertenece al Gobierno, hace algún tipo de difusión sobre otros aspectos que no tienen que ver directamente con la institución, sino que tienen que ver con las personas en concreto, me va a permitir que me reserve mi opinión, porque lo importante es que el gobierno al completo haga lo que constitucionalmente le corresponde, que es la defensa de la totalidad de las instituciones que garantizan nuestra democracia y que vertebran la Constitución, como ha dicho el presidente, desde la A hasta la Z.

Sr. Campo.- Sí, bueno, en cuanto al plazo no, no existe un calendario. Creo que la clave es que tendrían que los dirigentes del Partido Popular mirarse en el espejo y hacerse la reflexión de si están cumpliendo con la Constitución. Por eso prefiero quedarme siempre con esa idea tan de moda últimamente del plazo razonable que determine el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Creo que están agotando todos los plazos de gracia y cortesía, y creo que el Estado no se lo va a permitir, no sólo va a perdonar, porque el constitucionalismo, se hace cumpliendo cada día los designios marcados por el constituyente, porque, insisto, lo he dicho antes y lo reiteraré mil veces, es la norma de convivencia que nos hemos dado. Tenemos que respetarla y garantizarla, porque sólo así podremos afrontar el constitucionalismo y los problemas que nos vengan.

Portavoz.- Muy bien. Terminada la ronda de preguntas, solamente nos despedimos recordando, como es habitual, a todos los ciudadanos, rogando que se protejan, que actúen según las indicaciones de las autoridades sanitaria. Recuerden la mascarilla, el lavado de manos, la limpieza de las instalaciones, la apertura de las ventanas, la aireación de esos espacios y el mantenimiento de la distancia de seguridad. Seguro que todos seremos capaces de regalarnos durante estas Navidades salud y protección. Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)