Comparecencia de la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, del vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, del ministro de Justicia y del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

La Moncloa

MINISTRA DE HACIENDA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: María Jesús Montero Cuadrado

VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030: Pablo Iglesias

MINISTRO DE JUSTICIA: Juan Carlos Campo

MINISTRO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA: José Luis Ábalos

Portavoz.- Pues muy buenas tardes a todos y a todas. Cómo ven ustedes la actividad del Consejo de Ministros es intensa. Estamos trabajando, además de para garantizar el control sanitario de la pandemia, en muchas actividades que son importantes, que afectan a colectivos imprescindibles para la vertebración de nuestra sociedad.

Y es por ello que en el día de hoy me acompañan en la rueda de prensa el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 y él les detallará las nuevas medidas que se han aprobado en el Consejo de Ministros para defender a los colectivos más vulnerables.

De igual manera me acompaña el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y él va a informar sobre el anteproyecto de ley por la que se reforma la legislación civil y también procesal en materia de discapacidad. Sin duda, de un cambio legislativo de un enorme calado para garantizar tanto el respeto a la voluntad como la preferencia de las personas con discapacidad.
Y por último, se encuentra en esta rueda de prensa el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Avalo, y él va a explicar el Real Decreto Ley de medidas de reactivación económica para hacer frente al COVID19 en los ámbitos del transporte y la vivienda de su competencia. Es lógico que el objetivo último que tiene este gobierno sea proteger la salud de trabajadores y de viajeros. Igualmente, facilitar liquidez a las empresas del sector y reducir también la carga administrativa.

Como decía esta semana desde el Consejo de Ministros, seguimos avanzando, trabajando, anticipándonos en esa hoja de ruta que teníamos desde el comienzo de la legislatura para reforzar nuestras políticas sociales y al mismo tiempo, también reactivar y sobre todo cuanto antes, la economía española después de una emergencia sanitaria de tanta gravedad.

En definitiva, de lo que se trata con todas estas medidas es impulsar nuestro tejido productivo, recuperar los empleos, prioridad del Gobierno, que quedaron suspendidos y generar nuevas oportunidades laborales, principalmente para las personas más jóvenes. De igual modo, es obligación de este gobierno proteger las rentas de las clases medias y trabajadoras y, por supuesto, proteger a los colectivos más vulnerables.

Para todo ello se ha venido desplegando unas medidas de vigilancia y de prevención que nos permitan simultáneamente mantener a raya la pandemia en nuestro país. Y esto es un elemento que tenemos que recordar siempre. Tenemos que seguir el dictado de las recomendaciones sanitarias, porque no hacerlo puede tener un coste muy elevado para todos, para todas, para el conjunto del país y de hecho lo estamos viendo con algunos rebrotes que obligan a revertir paso.

Por eso hacemos, como siempre desde esta mesa, un llamamiento a toda la ciudadanía para seguir estas recomendaciones de las autoridades sanitarias que están velando por la seguridad de todos y especialmente, por los más vulnerables.

Y también quiero destacar, en este sentido, que a pesar de las exigencias que impone la nueva normalidad, las pruebas de evaluación del Bachillerato para el acceso a la universidad, EvAU, que se está celebrando con normalidad en las distintas comunidades autónomas. Y quiero agradecer el trabajo de coordinación de todas ellas, de multiplicación de las sedes en donde se están celebrando físicamente estas pruebas por parte de todas las universidades españolas, porque sin duda ello contribuye a seguir también fomentando la seguridad, tanto de las personas que acuden a hacer la selectividad, como de aquellos que vigilan también los exámenes. En nombre del gobierno queremos mandar un mensaje de ánimo, de fortaleza a todos los estudiantes, les deseamos suerte y, sobre todo, les pedimos que no se pongan nerviosos, porque efectivamente son pruebas fundamentales para que puedan elegir la carrera, la titulación que pueda construir su futuro. Seguro que todo esto saldrá bien.

Debemos aprender a convivir con este virus y también a protegernos, y esto significa que todos y cada uno tenemos una tarea en la que somos insustituibles, una tarea de reconstrucción colectiva que nos concierne a todos. De hecho, la semana pasada se dio un paso muy importante adelante de la mano del diálogo social, con la firma del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo. Un mensaje claro, de confianza, de unidad, de todos aquellos que tienen que ser insustituibles, imprescindibles en reactivar nuestra economía, en intentar buscar soluciones consensuadas para reforzar nuestro tejido productivo y los derechos de los trabajadores. También creemos que un mensaje inequívoco dirigido a los socios europeos para que sepan que el conjunto del país estamos inmerso en esta tarea de reconstrucción. De hecho, empresarios, sindicatos y Gobierno seguimos trabajando de la mano para llegar a acuerdos que permitan este crecimiento sólido, sostenible e inclusivo. A todo ellos le queremos dar las gracias porque están demostrando que, efectivamente, no es momento para ponerse de perfil o para poner las excusas de siempre, sino que tenemos que evidenciar que pertenecemos a un país fuerte, unido, que tiene una senda clara de reactivación económica vinculada a los grandes principios transformadores, como la digitalización y la economía verde, y, por supuesto, el combate contra la desigualdad. Un país que está apostando por crecer de manera inteligente, hacerlo de forma sostenible y de forma justa. En definitiva, para que esa brecha, a la que hacía referencia, de desigualdad no sólo no sea creciente, sino que vaya disminuyendo.

Es por ello que este Gobierno lamenta que el principal grupo de la oposición, el Partido Popular, haya hecho oídos sordos al clamor unánime de la sociedad española en favor del consenso y haya decidido no apoyar, por ahora, ninguno de los documentos que se habían trabajado en la Comisión de Reconstrucción del Congreso. Pero el Gobierno no va a cejar en el empeño de sumar a todas las fuerzas políticas en esta tarea, porque el país, lo decimos una vez más, necesita del concurso de todos. Esperamos de que de aquí, desde este momento hasta que se produzcan las votaciones finales sobre los documentos, una vez que pasen las elecciones en el País Vasco y en Galicia, se reconsidere la posición por parte del Partido Popular en beneficio de los intereses del país. Apoyar la reconstrucción no es apoyar a este Gobierno, es apoyar al conjunto de la sociedad española.

Saben también que el presidente Sánchez está realizando estos días una ronda de contactos de trabajo con los homólogos europeo de cara a preparar la próxima cumbre, que va a ser realmente decisiva. De hecho, ayer lunes mantuvo un encuentro muy satisfactorio con el primer ministro portugués, António Costa, y mañana mismo recibirá al jefe del Gobierno italiano Giuseppe Conte. También les puedo informar que se está cerrando para la próxima semana un encuentro del presidente del Gobierno con la canciller alemana, Angela Merkel, además de las visitas que tenía programada con Holanda y con Suecia.

También les puedo informar que en esta semana todos los acontecimientos que se juegan a nivel europeo son clave para el futuro de nuestro continente. De hecho, España se juega su futuro justamente en los próximos días. No se trata solo de una cuestión de solidaridad, la que reclama este Gobierno, sobre todo con aquellos países que han sufrido más el impacto de la pandemia sanitaria, sino que se trata de fortalecer nuestro mercado interior para que realmente sirva de palanca, de reconstrucción con una inversión robusta y rápida. Esto es lo que pretendemos. A ello animamos al conjunto de los socios europeos y ojalá en estos días se celebren todas esas reuniones con los resultados que se esperan por parte de este Gobierno.
Y entrando muy brevemente en otros temas que se han aprobado en el Consejo de Ministros.

Decirles que a propuesta del Departamento de Cultura y Deporte hemos aprobado una reforma del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual para permitir la presencia de las editoras musicales en los órganos de gobierno de la entidad de gestión de los derechos de propiedad intelectual. Una medida que quiere garantizar una gestión libre de influencias de los usuarios y fijar un mecanismo de protección frente a posibles conflictos de intereses.

También en este ámbito cultural les puedo decir que el Gobierno ha declarado el Gran Premio de España de Fórmula 1 como acontecimiento de interés público. Es una decisión que va a suponer un impulso a un evento que tiene especial significado en el circuito de Barcelona, Cataluña.

Ambas medidas se han incluido en el Real Decreto Ley de medidas de Reactivación Económica, que el ministro Ábalos podrá dar más detalles sobre el contenido principal en su intervención.
Por último, les informo que el Consejo de Ministros ha autorizado al Instituto de Cinematografía y de Artes Audiovisuales para convocar ayudas a las salas de cine por más de 13 millones de euros. Un sector fundamental en el entorno de la cultura y que, saben, desde el primer momento, ha contado con el apoyo de este Gobierno.

En otro orden de cosas, se ha aprobado un plan de Actuación, de Prevención y de lucha contra incendios forestales para el año 2020, un plan que, como ustedes recordarán, se aprueba todos los años al inicio del período estival. Este Real Decreto contempla todo un conjunto de medidas preventivas y otras medidas que se destinan a paliar las devastadoras consecuencias económicas, sociales y medioambientales que se producen por los incendios forestales en nuestro país y también con la necesaria colaboración de todas las administraciones que estamos implicadas, para que los incendios se apaguen de la forma más precoz posible. Al igual que en años anteriores, el plan tiene un carácter interministerial, participan del mismo 12 ministerios y también tendrá especial importancia la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, concretamente de la UME, que contará con cerca de 3000 efectivos entre militares, activos en la lucha contra incendios y personal de apoyo logístico y operativo necesario. Dotado también con el conjunto de los órganos de coordinación a las comunidades autónomas, instándoles a que refuercen la actuación de lucha contra incendios y para cuando ellos lo soliciten, estaremos preparados para intervenir en el caso de que así se determine por parte de la autoridad competente, que es la comunidad autónoma.

Y quiero destacar también la relevancia del cuadragésimo primer plan de seguros agrarios combinados, una medida que permite cubrir este riesgo de incendio para producciones agrícola, también ganadera, en la totalidad de las líneas de seguro, como por ejemplo el de explotaciones forestales, ofreciendo una cobertura de estos incendios a las masas forestales de titularidad privada.
Como siempre, tendrán más información en la referencia del Consejo de Ministros y a continuación, para no perder un segundo paso, la palabra al vicepresidente segundo ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

Sr. Iglesias.- Muchísimas gracias, ministra Portavoz. Buenos días a todos y a todas. A algunos hacía meses que no os veía en directo, cuando las comparecencias eran a través de Internet, y la verdad es que es hermoso veros a tantos y tan cerca, aunque sea con las mascarillas prescriptivas.

Sumarme al deseo de la ministra de que los estudiantes que se están jugando tanto estos días tengan suerte.

Hoy me toca presentarles algunas medidas de carácter social que van en el Real Decreto Ley de Medidas Económicas. Quería agradecer al ministro Ábalos y a su equipo las facilidades que se han dado al mío para trabajar juntos y podamos tener un real decreto, creo que es muy importante.

Quiero dirigirme a los ciudadanos, a los compatriotas que más están sufriendo por razones económicas y por razones sociales, las consecuencias de la COVID19.

Por desgracia, todavía tenemos que escuchar discursos políticos que cuando hay familias que no tienen la suerte ni la seguridad de un contrato de trabajo, cuando tienen muy poquito dinero y tienen dificultades para llegar a fin de mes, para llenar la nevera o para afrontar gastos básicos, se les dice que no se han esforzado suficiente. Yo querría poner hoy en primer lugar en valor el esfuerzo de esos ciudadanos y ciudadanas, de esas familias que lo tienen muy difícil por razones económicas y que saben mejor que nadie lo que significa esforzarse.

Este Gobierno ha construido un escudo social, seguramente mejorable, seguramente limitado, pero sin precedentes en la historia de nuestro país. Este Gobierno no se ha olvidado de lo que representaban los gastos de vivienda y los gastos de suministros para familias, que lo estaban pasando muy mal y que como consecuencia de la COVID19, lo han pasado mucho peor. Como saben ustedes, recientemente este Gobierno aprobó la prórroga de los ERTES hasta el 30 de septiembre. Hemos aprobado también ayudas sin precedentes al sector turístico.

Obviamente era hora de seguir protegiendo también a los más vulnerables y en ese sentido quiero decir que las medidas que aprobamos hoy no solamente responden a criterios de justicia social, que deben guiar, por supuesto, la práctica de un gobierno comprometido con el interés general y con la Constitución española, sino que también responden a una necesidad de eficacia económica que requiere que la demanda se pueda sostener en nuestro país.

Cuando decimos no dejar a nadie atrás, no solamente hablamos de justicia social, hablamos también de eficiencia económica.

Les presento tres bloques de medidas.

El primero son medidas para aliviar la carga financiera de las hipotecas y los créditos no hipotecarios, en segundo, son medidas que tienen que ver con el alquiler y en tercer lugar, medidas que tienen que ver con el suministro.

Respecto a las medidas que sirven para aliviar la carga financiera de las personas en situación de vulnerabilidad. La moratoria hipotecaria sobre la vivienda habitual, inmuebles afectos a actividades económicas y viviendas destinadas al alquiler que se ha concedido a fecha de 30 de junio a más de 200000 personas, el 83% de las solicitudes, se va a poder solicitar hasta el 29 de septiembre y tendrá una duración de tres meses.

En segundo lugar, la moratoria sobre créditos sin garantía hipotecaria, créditos al consumo, de la que se han concedido más de 364000 solicitudes, el 85% de las solicitudes presentadas, se va a poder solicitar hasta el 29 de septiembre y tendrá una duración de tres meses.

En lo que respecta a las medidas del alquiler, las medidas para proteger a los arrendatarios en situación de vulnerabilidad. La prórroga de seis meses de los contratos de arrendamiento sobre vivienda habitual se va a poder solicitar hasta el 30 de septiembre, y se va a ampliar también hasta el 30 de septiembre el plazo para solicitar la moratoria, el aplazamiento del pago de la renta o la condonación total o parcial de la misma de los contratos de arrendamiento de vivienda en caso de que el arrendador sea un gran tenedor de la vivienda para aquellos hogares que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.

El tercer paquete de medidas son las relativas a garantizar el acceso a los suministros básicos de los consumidores vulnerables. El bono social de los consumidores vulnerables se amplía hasta el 30 de septiembre de 2020 con el fin de homogeneizar los periodos de cobertura social, y en esa misma línea se amplía temporalmente la garantía de suministros de agua y energía a consumidores domésticos en vivienda habitual hasta el 30 de septiembre de 2020.

Esto se añade a lo que ya conocían ustedes y es la paralización de los desahucios de los lanzamientos por desahucio, que va a estar vigente, de momento, hasta el 2 de octubre de 2020.
Muchísimas gracias, vicepresidenta.

Portavoz.- Muchas gracias vicepresidente, y a continuación le paso la palabra al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, para dar cuenta también de las medidas aprobadas en el día de hoy.
Sr. Campo.- Gracias ministra Portavoz, muy buenas tardes a todos y me uno a esos deseos de felicidad por poder volver a tener estos contactos.

Voy a hablar de dos actuaciones, un anteproyecto que creo que es un paradigma en nuestra legislación y en nuestra sociedad, y después un ámbito muy concreto como el de justicia.

España ratificó en el año 2008 el Convenio Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad y a partir de ahí empieza la obligación de transformar una legislación que tiene que dar cabida a una nueva forma de entender nuestras relaciones con las personas. Hay hitos en el 2011, en 2018, y en el 2019, quizás la reforma más importante en materia electoral general que permite a 100000 personas las llamadas anteriormente incapaces, hoy, afortunadamente con mayúsculas capaces poder ejercer libremente su voto.

Yo quiero dar unas líneas generales de este anteproyecto de ley por el que se reforma fundamentalmente la legislación civil y procesal, para precisamente el apoyo, porque esa es la palabra clave de este anteproyecto a las personas con discapacidad.

Tradicionalmente hemos distinguido entre capacidad jurídica, es decir, todo ese paquete de derechos que nacen con la persona y la capacidad de ejercitarlos, de tal modo que aquellas personas que se les llamaba incapaces no podían, por falta de capacidad, desarrollar su subida en el tráfico ordinario, de cualquier tipo y había unos instrumentos legales para suplir esa falta de capacidad. Estoy hablando de la patria potestad prorrogada, cuando se alcanzaba la mayoría de edad, la rehabilitadas, si había habido una situación anterior y que provoca, después de un ejercicio libre, su imposibilidad, o cuestiones cuando no existían los progenitores, las tutelas y esto, determinaba tipos de personas, aquellas que se desenvolvían con plena capacidad jurídica en todos los entornos y aquellos que no podían y necesitaban otro que lo hiciera por él.

El cambio de paradigma de esta ley es un elemento transformador social y es un elemento, que se potencia en el artículo 12 del Convenio Internacional que he hecho referencia antes, pero algo mucho más cercano, en nuestro artículo 10 de la Constitución. Es decir, la dignidad de la persona. Es la dignidad de las personas la que nos permite decir hoy que todos nacemos con una capacidad jurídica y que somos capaces de proyectarla en función de nuestras capacidades en un entorno.

Por tanto, ¿qué es lo que verdaderamente se transforma? Esa incapacidad se transforma en simplemente necesidad de apoyo y en ese sentido se modifican todo un paquete de leyes que hacen relación a estos. Estoy hablando de la ley notariado, sobre todo Código Civil, Ley Hipotecaria, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley de Protección Patrimonial de las Personas con discapacidad, Ley de Registro Civil y la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Podríamos entrar, pero creo que es mucho mejor que lo hagamos después.

Es una ley que en principio tiene siete artículos, pero que después despliega en todas estas leyes, muchísimas actuaciones. Se regula y quizás el Código Civil, sea lo más llamativo, se regula toda la nueva situación de la tutela, que queda sólo ya para los menores, porque las personas, insisto, las personas que tienen algún tipo de discapacidad, lo único que necesitarán será un apoyo. En este sentido habrá que tener en cuenta lo que exteriorizan y lo pueden hacer con carácter preventivo a entrar en esa situación, con lo cual, se da validez a estos mandatos, una especie de, permítanme la expresión, de testamento, que permita decir qué ocurre si yo llego a esta situación.

¿Cómo se va a marcar el apoyo? La figura básica ya no es la tutela que desaparece con esta finalidad y quédense con el término, curatela. Esa es la palabra clave para atender a ese apoyo que estamos diciendo, que puede necesitar alguno de nuestros compatriotas. A partir de ahí, muchas actuaciones puntuales, una defensoría judicial, cuando no a través de la voluntariedad de la ley judicial voluntaria, caso de que haya discordancia, entrarán los jueces en la vía contenciosa, pero en suma, y no quiero cansarlos con el articulado, creo que es una ley absolutamente consensuada. No me cansaré de decir el gran apoyo que ha prestado a la conformación de la misma el CERMI, y por eso espero que cuente, ahora que empieza su tramitación parlamentaria, con una tramitación rápida, porque es mucho lo que se contempla, mucho lo que está consensuado y mucho sobre lo que nos afecta como sociedad. Porque, insisto, esta es una de las leyes de las que nos podemos sentir orgullosos como sociedad, porque nos permite ser más iguales, porque la única diferencia será la que marque las diferencias, no de derechos, sino de capacidad de comportarnos ante ellos. Por tanto, creo que una ley por la que nos tenemos que felicitar.

Segunda materia que ha llevado al Consejo de Ministros.

Es una actuación muy concreta de justicia en atención a unos objetivos determinados.

Como sabemos, la justicia ha estado también a una baja actuación, fruto del confinamiento al que nos hemos visto sometidos todos los españoles, lo que ha provocado que, en una administración generalmente atrasada, se produzca una situación de mayor colapso.

Si a eso le añadimos que la salida de esta situación va a determinar un bloque de pleitos, es por lo que, con carácter anterior, en el Decreto 11/20 de ámbito social y económico, introdujimos una disposición adicional, en un decreto si, rabiosamente de economía medidas para justicia. ¿Por qué? Porque entendemos que la justicia es un elemento dinamizador de la economía y que, por lo tanto, teníamos que tener previsto una situación para en cuanto terminara el Estado de Alarma. Y así se puso en la disposición a la que he hecho referencia. En el plazo de 15 días desde el levantamiento del Estado Alarma, se establecerán planes de actuación, aprobados por el Consejo de Ministros para la jurisdicción laboral. No hace falta que les explique la cantidad de asuntos que va a haber diferencias, despidos, ERTES, etc.. Jurisdicción contencioso administrativa, es decir, toda esa avalancha de recursos contra sanciones, todo ese aparato enorme que hemos denominado escudo de protección. Cuando alguien entiende que tiene derecho a una ayuda y agotada la vía administrativa, puede acudir a los tribunales y el juzgado de lo Mercantil.
Por tanto, esas tres áreas fueron prioritarias y así se dispusieron.

Y lo que llevó, precisamente esa situación, que no es una actuación aislada, porque si tienen que enmarcarlo en una base con tres pies, uno, el Real Decreto Ley que se aprobó, este plan de choque que ahora estamos presentando y una ley de agilización de justicia sostenible, que está tremendamente consensuada con el sector, con las doce comunidades autónomas, el Consejo del Poder Judicial, Fiscalía y con operadores jurídicos y sindicatos, en orden a poner en marcha la reactivación de una administración que no ha gozado de esa celeridad, o efectividad, que nuestra Constitución nos dice. Por tanto, entiéndanlo como unas medidas que tienen que encaminarse en una visión más global, que a la vez se inserta en otro más global que en la justicia 20/30. Pero me quedo exclusivamente con los planes de choque.

Hecho este preámbulo, lo hemos articulado en dos fases.

Una primera, del 1 de septiembre al 31 de diciembre, que afecta directamente a los juzgados de lo Social y los Juzgado de lo Mercantil. Creo que tienen ya en su poder unas presentaciones con todos los datos, con lo cual se los puede ahorrar para no hacer más larga la intervención, donde a través de tres mecanismos, juzgados con auto refuerzo, apoyos externos y después lo que hemos mencionado, medidas estructurales, afrontamos ese plus o esa ralentización que han tenido los juzgados de lo social. Es fundamental que le demos dinamización a las situaciones personales generadas por los despidos, la discrepancia con los ERTES, ahí tienen todo el desarrollo.

¿Por qué no entran los juzgados de lo contencioso en este primer momento?, porque como decía, los Juzgados de lo Contencioso, tienen que agotar, tiene que agotarse primero la vía administrativa antes de recurrir a ella. Por lo tanto, el despliegue más potente se realiza en la segunda parte, es decir, a partir del 1 de enero.

Es un programa que está en plena coordinación. Se basa en actuaciones por objetivos y se crean unas unidades de común acuerdo con el Consejo del Poder Judicial a los efectos de poder estar controlando cada quince días lo que se está haciendo, y ahí se establecen los requisitos para poder acceder a estos programas y a medir los resultados que tienen que dar, porque lo que está claro es que es un plan de actuación por objetivos.

Ahí tienen el desglose de los 50 millones en los que va inserto.

Y una cosa que no puedo terminar de decir, es fruto del trabajo de todos. De las 12 comunidades autónomas, que también intervienen en el paquete de funcionarios, de recursos humanos que tienen transferidos, el Consejo del Poder Judicial, con el que insisto, hemos planificado estos planes de choque, pero a la vez vamos a hacer, porque es importantísimo, el seguimiento constante de cada una de las actuaciones. Insisto, por tercera vez es un plan por objetivos y por tanto tendremos la posibilidad de acelerar y poner en marcha esos fondos, esos problemas humanos que se plantean ante la justicia.

Porque la idea es esa, la justicia no solo la efectividad de la tutela judicial en orden a resolver el litigio entre dos personas, es también un elemento claramente dinamizador de la economía. Y no podemos olvidar que tenemos cerca de 5000 millones paralizados o depositados en las cuentas de depósitos y consignaciones. Por lo tanto, hagamos que la economía se mueva, hagamos que las personas resolvamos los problemas y este es un buen mecanismo para ello. Gracias.

Portavoz.- Muchas gracias ministro. Y por último, tomará la palabra el ministro de Transporte, Movilidad Sostenible, Agenda Urbana, José Luis Ábalos

Sr. Ábalos.- Pues muchas gracias ministra. Muy buenas tardes a todas y todos.

Del mismo modo que el transporte y la movilidad fueron claves para contener la pandemia y mantener el suministro de bienes y servicios de primera necesidad, el transporte y la movilidad deben ser claves para afianzar la recuperación.

Hasta ahora este sector, lo hemos venido enfrentando sus necesidades, a través de diversos decretos, todos ellos que tenían que ver con economía, porque en definitiva, hemos tratado de atender sus necesidades de liquidez, bien a través de créditos ICO, bien a través de algunos beneficios tributarios o de seguridad social. En definitiva, como parte de empresas que son, han venido siendo también merecedoras de estos beneficios.

En esta ocasión, lo que presentamos es un decreto que atiende algunas cuestiones que se escapaban a lo ya regulado, y este decreto, que al final ha sido denso, responde, o está articulado en torno a tres ejes.

El primero, proteger la salud de los trabajadores y los viajeros, garantizando la disponibilidad de los bienes y los servicios esenciales.

En segundo lugar, proporcionar liquidez a las empresas del sector para preservar su viabilidad, potenciar su actividad e impulsar la recuperación.

Y, por último, reducir las cargas administrativas, simplificando los procedimientos y trámites para la reactivación y agilizando el transporte de viajeros y mercancías.

El importe económico de las medidas para empresas privadas del sector del transporte y también con la reducción de tasas portuarias, asciende a 663 millones de euros. A este importe hay que sumarle 1000 millones de euros para aumentar la capacidad de endeudamiento de Renfe, con el que poder compensar la caída de la demanda, e impulsar la recuperación de los servicios. También hay que sumar 110 millones de euros que irían destinados a SEITTSA, la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre, como aportación extraordinaria para que pueda atender sus compromisos de obras públicas que tiene en curso. Estos fondos se suman a los 800 millones ya comprometidos y destinados al transporte público en las comunidades autónomas.

Lo que se refiere al sector aéreo, este decreto establece la obligatoriedad de las medidas que tomamos como recomendaciones de la Agencia Europea de Seguridad Aérea y del Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades de Europa, sobre las que se establecieron las recomendaciones y las directrices de seguridad para el transporte aéreo, bien en instalaciones aeroportuarias, bien también sobre las condiciones de viaje. Esas recomendaciones, este decreto lo que hace es que sean obligatorias y también, por lo tanto, el acceso a los propios aeropuertos, que como se sabe, básicamente son viajeros, o casos excepcionales o justificados. Creo que esto da más seguridad a los aeropuertos y por lo tanto damos un paso más allá de lo que nuestros propios socios europeos han dado al respecto.

En cuanto al transporte marítimo, mejoramos, porque reforzamos la reducción de tasas portuarias, se mejora la reducción de la tasa de ocupación y se amplía su alcance. También tomamos medidas para paliar los efectos de la crisis del COVID19, que ha tenido los tráficos regulares de pasajeros o de carga rodada en Baleares y Canarias, y también las ciudades de Ceuta y Melilla. Y también se toman medidas para facilitar las inspecciones que deben pasar los navieros españoles.

Estas deducciones portuarias, que ya adoptamos en su día por un importe, con un coste de 87 millones en aquel momento, ahora aportamos una deducción de 60 millones. Por lo cual, serían 60 millones más los 87 millones que tomamos en su momento, más otros 9 millones adicionales si contamos con las medidas establecidas para los tráficos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.
En el sector del transporte por carretera, regulamos los aplazamientos de los pagos del principal, de las cuotas, de los contratos de préstamos leasing y renting. Hasta ahora siempre se había hablado de leasing, de renting, en algunos casos, pero lo que hace este decreto es alargarlo a todos los préstamos para la adquisición de autobuses y camiones para autónomos o para empresas del sector del transporte discrecional de viajeros, un sector muy castigado, es el sector que normalmente hace excursiones, viajes, que no está sometido a ninguna concesión, no tiene protección pública. Por lo tanto, esta medida va destinada a este sector, tanto de el servicio discrecional de viajeros, como el transporte de mercancías cuando hayan experimentado una reducción de ingresos o de una facturación inferior al 40%. En estos casos, el beneficiario podrá optar por ampliar el plazo de su préstamo o bien redistribuir las cuotas que se demora sin que se amplíe el plazo. Esta medida implica un coste de 250 millones de euros para el transporte discrecional de viajeros y unos 330 millones de euros en el caso del transporte de mercancías.

Entendemos que los transportistas, lo hemos dicho siempre y en las comparecencias también, siempre he sido agradecido con ellos, han sido claves en los momentos más duros de la pandemia, como decía antes, para mantener el suministro de los bienes básicos. Justo es hora que cumplamos también con el compromiso que tenemos con ellos y reconozcamos a su vez su importancia estratégica.

Para el sector de los servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de competencia estatal, porque los de competencia autonómica deben acogerse a ese fondo de 800 millones que ya se aprobó, en este caso para los que tienen una concesión estatal, el decreto plantea un procedimiento de reequilibrio para compensar la reducción de ingresos y el coste que han tenido añadido, de carácter sanitario, como por ejemplo la desinfección de los vehículos, la adaptación de estos vehículos y teniendo en cuenta la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo, así como la disminución de costes por las expediciones no efectuadas. Por lo tanto, aquí hay una posibilidad de reequilibrio que deben presentar las empresas. El importe de ayudas que se destinan a esta línea de reequilibrio son unos 14 millones de euros. Este reequilibrio también se plantea en el ámbito concesional, también a la obra pública y también a las autopistas. Si bien todos están sometidos a los mismos principios que tienen que ver con las pérdidas. Por lo tanto, requisito fundamental es poder acreditar las pérdidas. En el ámbito administrativo, siempre nos definiríamos, estas pérdidas, obviamente al Estado de Alarma y a consecuencia del propio Estado de Alarma.

En el transporte por carretera, también hemos tomado algunas medidas administrativas muy demandadas por el sector y que tienen que ver con sus visados. Lo que hacemos es que los visados caducados van a validarse por un año más. De modo que las del 2020 servirán hasta el 21, las del 21 al 22, hasta conseguir la plena normalización en el 23 y evitar también un colapso en la gestión administrativa e incluso aquellas aquellos visados que estaban con problemas en su tramitación, se abre la posibilidad, no de que se superen, sino que puedan ser subsanadas y se vuelva al principio para que puedan ser tramitadas convenientemente.

Como algún detalle también que contempla el decreto. Por ejemplo, es el alargamiento de la vida de las ambulancias, que, como ustedes saben, tienen un periodo válido para ejercer y se las ampliamos un tiempo más a consecuencia de esta pandemia.

Lo mismo pasa con las inspecciones técnicas de vehículos, para las que establecemos una prórroga de tres meses de los certificados de ITV, cuyo vencimiento se haya producido entre el 21 de junio y el 31 de agosto. Y por supuesto, vamos a dar prioridad a los transportistas profesionales para que puedan pasar esta ITV.

En RENFE, como les decía, lo que hacemos es ampliar su capacidad de endeudamiento máxima hasta 1000 millones de euros para compensar la caída de ingresos y el mantenimiento de una parte sustancial de los servicios, tanto los servicios de obligaciones de servicio público como los comerciales. Este endeudamiento va a permitir a Renfe retomar algo que se nos está demandando con insistencia, pero que además es absolutamente necesario para ampliar, para llegar a esa normalidad deseada que es la ampliación de sus servicios, que va a ir en función de la demanda, pero yo creo que con esta línea de ayuda vamos a poder hacerlo más extensivo.

Y en cuanto SEITTSA, a la sociedad estatal que les comentaba antes, pues este crédito extraordinario, advierto, no confundirlo con la gestión de las autopistas radiales que también gestiona SEITTSA, no tiene nada que ver, SEITTSA también gestiona como medio propio de la administración, una serie de obras ferroviarias y en carreteras, ya no tantas como en su tiempo, pero aún gestiona algunas de estas obras y necesitaba este crédito extraordinario de 110 millones para que esas obras no se interrumpiera y, sobre todo, dado que tenemos todavía un presupuesto prorrogado de 2018. Esto era más que necesario para culminar con esas obras.

Y en el ámbito de la vivienda, además de lo que el vicepresidente ha destacado, quisiera simplemente dos medidas y con eso concluyo. Una importante, porque abre la posibilidad de un programa que en su día anuncié, pero que tenía algún obstáculo de carácter legal, que este decreto viene a subsanar y que tiene que ver con el canon para hacer uso del derecho de superficie, que nosotros contemplamos dentro de un programa de construcción de vivienda, en una fórmula de colaboración público-privada.

El problema es el siguiente en este caso. El Estado, el Gobierno de la nación, aporta a través de Sepes suelo público, lo saca concesión, una concesión que puede durar hasta 75 años, no tienen por qué durar 75 años, pero pueden llegar 75 años, en función de la necesidad, la ubicación, y a través de una licitación las empresas privadas pueden concurrir al uso de ese suelo por ese período a cambio de construir viviendas para alquiler social. Por lo tanto, el pago del canon tiene que ver también con las limitaciones de sus alquileres, y esta disposición, lo que nos permite, es que el canon pueda llegar a ser cero. Es lo que no se podía, no tiene por qué ser cero. Dependerá, como digo, de los precios, de lo que se construya donde se construya, pero que nos permite en un momento dado que incluso no tengan que pagar los constructores este canon. No solamente construirían, sino que tendrían que gestionar también ese alquiler social, por ese tiempo. Creo que es una medida muy centrifugadora que tiene además un propósito fundamental, dinamizar la economía, generar una expectativa al sector inversor comprometido con un derecho básico como es la vivienda y al mismo tiempo ir generando un parque de vivienda pública, que no tenemos en este país, que incluso ha ido a menos por determinadas políticas y que lo tenemos en un nivel de 2,5% en España, cuando la media europea está en el 5. Esto a la larga, lo quiere decir que tendremos un parque de vivienda pública disponible. Por lo tanto, yo creo que es una medida que está en el decreto, pero que abre una etapa interesante.

Y la otra medida que tiene que ver con los convenios que tenemos con las comunidades autónomas para el Plan Estatal de Vivienda, es este refuerzo que hace el Gobierno de la Nación a las comunidades autónomas, las competentes en materia de vivienda, que el Gobierno refuerza a través del Plan Estatal de Vivienda, que aquellas administraciones autonómicas que por lo que sea, no han ejecutado el convenio y les tocaría devolver el dinero a la Administración por no haberlo ejecutado, no lo tengan que devolver, sino que lo que les permitimos es la aplicación de esos remanentes en otros planes. Si no han podido llevar a cabo para los que estaban designados, pues los puedan realizar en cualquier otro plan que tenga que ver también con el acceso a la vivienda.
Eso es lo que hemos hecho y lo demás ya lo argumenta el vicepresidente, que efectivamente, era iniciativa de su área. Muchas gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, ministro. Agradezco a los tres la brevedad a la hora de la exposición de temas tan complejos quedamos a la disposición de todos ustedes para cualquier pregunta que se quiera formular. Miguel Ángel, cuando tú quieras.

Secretario de Estado de Comunicación. - Comenzamos, Patricia Arce, por ejemplo, de EFE.

Pregunta.- Hola, buenas tardes. Yo tenía dos preguntas para el vicepresidente segundo y otra para el resto de los ministros que están en esta comparecencia.

Al vicepresidente segundo. Usted insiste en que hay un complot contra el Gobierno detrás de las informaciones sobre el caso de su exasesora, también ha dicho que tiene el apoyo del presidente, con lo cual imagino que ha hablado con él de este tema. No sé si opina el presidente lo mismo sobre ese complot, si nos lo podría decir.

Y por otro lado, ayer el presidente dijo que él nunca había atacado a los medios de comunicación cuando le critican ¿cómo lo ha interpretado usted? ¿Como que le ha cuestionado, porque usted se lo ha hecho?

Y al resto de los ministros. Me gustaría saber si el resto Gobierno opina lo mismo que el vicepresidente segundo sobre ese complot y se apoyan que Unidas Podemos quiera una comisión en el Congreso sobre lo que han llamado las cloacas del Estado. Gracias.

Sr. Iglesias.- Muchísimas gracias por las preguntas.

Bueno, las preguntas al presidente del Gobierno creo que son las de formular al presidente del Gobierno.

En lo que respecta a los temas que usted plantea; hay una serie de hechos contrastados y que no admiten discusión en este momento, y es que a Dina Bousselham le roban el teléfono móvil a finales de 2015 y que una copia del contenido de ese teléfono aparece en el ordenador de Villarejo en un registro policial en 2017. Eso es un hecho incontrovertible.

Es también un hecho sin controversia que en ese registro aparece una nota de 2017 de Villarejo señalando que va a reunirse con Urreiztieta y Eduardo Inda para entregarles información sobre Podemos, y es un hecho que hay un audio que ha circulado donde Inda sostiene que ha vivido de eso durante todo el mes, durante todo el verano de 2016, cuando había una posibilidad de negociación de un gobierno de coalición.

Es un hecho también que Villarejo declara haber entregado copias de ese teléfono móvil a los policías de la mal llamada policía patriótica, a hombres como Fuentes Gago, como Eugenio Pino, que tenían copia de ese teléfono.

Es un hecho incontrovertido que hay copias de ese móvil en redacciones de varios periódicos de este país y es un hecho incontrovertido que una comisión del Congreso de los Diputados, con presencia de todos los partidos, determinó que había quedado acreditada una estructura parapolicial y mediática de cloacas, creada por orden del Partido Popular, para tratar de tapar los casos de corrupción del PP y para atacar a sus enemigos políticos, citando específicamente el informe PISA contra Podemos. Estos no son hechos que nadie ponga en duda. Yo creo que a partir de aquí, creo que es bastante evidente que en este país se ha atacado a mi formación política para evitar que entráramos en el gobierno.

on respecto a la segunda cuestión, fíjese, yo creo que en una democracia, todos los poderes, lógicamente, son objeto de crítica. El poder mediático también, y eso es lógico y es normal. Y hay algunas críticas que leo y escucho que no me gustan y que no comparto. Pero creo que todos los poderes que configuran la estructura compleja de los sistemas democráticos, tienen que ser objeto de la crítica, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el cuarto poder también…, creo que eso forma parte de forma parte de la normalidad.

Los señalamientos son otra cosa diferente. Señalamientos vimos en mítines de Vox, donde colocaban imágenes de la periodista Ana Pastor o de la periodista Cristina Fallarás invitando al público a abuchear. Señalamientos se los vimos hacer al señor Maroto diciéndole en directo al periodista Javier Ruiz que iban a tener un problema y que finalmente se terminara traduciendo en que Javier Ruiz le dejan sin programa. Señalamientos, los hemos visto también cuando a profesionales de los medios de comunicación les echaban determinados medios, simplemente por hacer su trabajo conforme a su propio criterio. Eso es señalar y eso ha ocurrido en este país y por desgracia ocurre en este país.

Y otra cosa diferente es la crítica. Yo creo que la crítica al poder mediático es tan legítima como la crítica al poder, al poder político. Gracias.

Portavoz.- Y en relación con las otras dos cuestiones, profundizando en lo que se estaba planteando respecto a los medios de comunicación, yo creo que no hay ninguna duda, que este Gobierno trabaja, colabora, cree imprescindible el papel de los medios de comunicación, son vertebradores de la democracia en nuestro país. Sin ellos sería imposible que hubiera capacidad para poder tener criterio libre por parte de los ciudadanos a la hora de enfrentar los problemas cotidianos y la realidad del día a día y, por supuesto, la crítica a la política y creo que este gobierno está fuera de toda duda respecto a ese respeto que tiene sobre los medios de comunicación y prueba de ello es que en plena pandemia sanitaria hemos convocado más de 200, creo recordar, ruedas de prensa, nos hemos sometido a más de 1600 preguntas de los periodistas, es decir, que conjuntamente con el control político, a través del Congreso de los Diputados y de los partidos políticos, ha habido también, como no podía ser de otra manera, una rendición de cuentas ante los medios de comunicación, cuando no ha podido ser presencialmente ha sido a través de videoconferencia, pero creo que está fuera de toda duda el lugar que le concede este gobierno a los medios de comunicación en cuanto vertebradores de nuestro país.

Y respecto a la segunda cuestión que me planteaba era la comisión. Nosotros en el gobierno habitualmente de las cuestiones, de las tareas que tienen que ver con discusiones en el Congreso de los Diputados y que por tanto corresponden a los grupos políticos, no tenemos debate, no tenemos discusión. Corresponderá ello impulsar o no en el marco del Congreso de los Diputados, las cuestiones sobre las comisiones que en cada momento se planteen y pueden ustedes preguntarle a cada uno de los portavoces.

Secretario de Estado de Comunicación.- Bea Fernández de Europa Press.

P.- Buenas tardes, a los cuatro. Tenía dos cuestiones, la primera iría dirigida bien a la Portavoz, o bien al vicepresidente segundo: hoy hemos conocido el contenido de un informe del Ministerio de Sanidad que le presentó a las comunidades autónomas tras analizar los datos sobre lo ocurrido en las residencias de mayores que las comunidades autónomas le habían remitido. Quería saber, bueno, ustedes nos repitieron hasta la saciedad durante toda la epidemia, que una vez que el Gobierno analizase esa información, la harían pública. Este informe, desde hace ya bastante, bueno, unos días, quería saber por qué el Gobierno no lo ha hecho público hasta este momento. El informe también habla de que una comunidad autónoma nunca dio la información que se le pidió y otras no aportaron esa información en los plazos que se habían fijado. También el informe cifra los fallecidos en residencias, son 27000, más de 27000, de los cuales 9003 son casos confirmados por CIVID, quería saber si esos 9003 casos están recogidos en el balance oficial, en el recuento oficial de las de las víctimas por COVID.

Y el segundo tema que quería plantear iría dirigido para el vicepresidente segundo y para el ministro de Fomento, que tienen las competencias en vivienda. Aprovechando que estamos hablando de desahucios, quería plantear la otra cara de la moneda de los desahucios, cuando la víctima es el propietario, que se encuentra con que le ocupan su casa. En muchos casos, detrás de esas ocupaciones hay mafias, bandas organizadas y no familias vulnerables. Quería saber, me interesaba saber, si el Gobierno está pensando, tiene en mente, alguna reforma legal para que en estos casos se pueda llevar a cabo un desahucio exprés, hubo una reforma en 2018, pero no, no ha dado los efectos esperados. Gracias.

Portavoz.- Si, muchas gracias. Y en relación con la primera pregunta, decir que la información aparecida se refiere a un borrador de informe que no está aún consolidado, que recoge los datos que se van suministrando por parte de las comunidades autónomas, no está completado. Por eso se hacía alusión a que había alguna comunidad autónoma que todavía no había proporcionado los datos correspondientes. Pero la información que tenemos oficialmente a diario de todo lo que van remitiendo las diferentes autoridades sanitarias se da cuenta de forma habitual y se publican como siempre, por el CCAES, por el Centro de Coordinación, de Alerta y de Emergencia.

El Gobierno, como ustedes saben, en su momento solicitó una información actualizada a todas las comunidades autónomas, para tener una imagen, una aproximación más clara sobre cuáles habían sido los elementos que habían ocurrido en nuestras residencias de mayores. En el momento en que se informe este consolidado, sea robusto, se dará a conocer, como así se comprometió el propio ministro de Sanidad.

Sr. Ábalos.- Bueno, era a los dos, pero me adelanto. Lo que quiero aclarar en principio es que todas las actuaciones que este gobierno enfrenta lo hace siempre, desde la ecuanimidad y desde la defensa de los principios de legalidad y seguridad jurídica, y siempre partiendo de los presupuestos de buena fe. Por lo tanto, no avalamos ninguna actuación que no entrañe la buena fe. Por lo tanto, esos casos que me dice de ocupación, de organizaciones para ocupar y especular con lo que es impropio, como comprenderán, no son merecedoras de ninguna protección y defensa y promoción.

Pero en todo caso, como habla de la protección, en este caso jurídica, de la propiedad privada, más allá del propio derecho a la vivienda, es el ministro de Justicia, realmente quien debería responder a la pregunta porque es el que aborda estas cuestiones. Nosotros tratamos de proveer y de hacer efectivo un derecho básico a la vivienda, pero evidentemente sabemos que la propiedad privada constituye un límite, pero esto se legisla desde el ámbito de lo civil, incluso le diré, hasta cuando tenemos que aprobar una cuestión que afecta también a los propios arrendamientos tenemos que recurrir siempre a la legislación civil.

Pero fíjese si hemos sido ponderados, que cuando planteamos las ayudas de alquiler, no para los sectores más vulnerables, de carácter estructural, ni tampoco aquellos de viviendas en manos de grandes arrendadores, sino cuando pensamos en el mercado del alquiler, que básicamente son pequeños propietarios, lo que establecimos fue una relación que no lesionara ninguna de las partes. Es decir, que el arrendatario pudiera hacer frente al pago de la renta y el arrendador pudiera seguir disfrutando de la renta que le correspondía. Y en esa relación, para que no saliera lesionado nadie, aparece la mediación del Gobierno avalando esos préstamos, cubriendo el coste de los intereses, incluso, en un momento dado, que no deseamos, asumir hasta el impago, para que ninguno de las dos partes resultara lesionado. Por lo tanto, esta posición de equilibrio es la que nos guía.

Sr. Iglesias.- Si me permite una reflexión porque la pregunta iba dirigida a mí también.

Creo que es muy importante evitar la criminalización de gente por el hecho de ser pobre.

Mezclar los dispositivos jurídicos con los que cuenta el derecho para proteger el derecho de la propiedad con la situación que han vivido millones de familias españolas que se enfrentaban a un desahucio, creo que coloca el foco, diciendo que algunas familias que viven en su casa y que se pueden encontrar en una situación de dificultad, son delincuentes. Yo creo que eso no es aceptable en nuestro país. Creo que nuestra democracia no puede llamar delincuente a una persona que por no poder pagar un alquiler, no poder pagar una hipoteca, se le echa de su casa. Y creo que si Unidas Podemos está sentada en el Consejo de Ministros es porque en el pasado en este país se hicieron algunas cosas mal también con respecto a los desahucios.

En Derecho en España cuenta con instrumentos para proteger, como no podría ser de otra manera, el derecho de la propiedad. Pero como vicepresidente de Derechos Sociales no puedo aceptar que se sugiera que las víctimas de los desahucios son delincuentes en este país, eso no se lo puedo aceptar.

(Inaudible)

Pero claro, pero fíjese, entiende usted que cuando se presentan una serie de medidas para proteger a familias vulnerables, alguien hable de mafias. Seguramente hay mucha gente que está escuchando y dirá, pero ¿qué tengo que ver con la mafia, si yo lo único que se me ocurre es que me encontraba en una situación de vulnerabilidad?

Entonces, quizás si estuviéramos presentando una reforma del Código Penal quizá podría tener sentido hablar de los delincuentes, pero hablar de mafias cuando se está presentando una norma que lo que pretende es proteger a familias cuyo único delito es no tener la suerte y la seguridad de un contrato de trabajo o no tener suficiente dinero para pagar el alquiler, entiende usted que a lo mejor hay algunas familias que nos están escuchando que puede ofenderse, se lo digo con todo el respeto.

Secretario de Estado de Comunicación,- Juan Carlos Merino de La Vanguardia.

P.- Buenos días, al ministro de Justicia le quería preguntar, tras la reordenación del calendario legislativo por parte del Gobierno provocado por la epidemia, quería preguntarle qué previsión tiene ahora mismo sobre la presentación de la prevista reforma del Código Penal, que incluiría la revisión del delito de rebelión, si en todo caso, como estaba previsto inicialmente, esta reforma sigue estando prevista para este mismo año.

Y al ministro Fomento, simplemente, si el Gobierno se plantea algún tipo de iniciativa de rescate de Iberia, en línea con lo que han hecho otros países europeos con las compañías aéreas de bandera. Gracias.
Sr. Campo.- Gracias por su pregunta, pero creo que no ha habido ningún compromiso por parte del Gobierno, ni ningún calendario normativo en el ámbito de la reforma del Código Penal sobre materia de rebelión, sedición, que es a lo que me está preguntando.

Lo que sí hubo una sesión de control en el Senado, creo recordar, donde expuse cuál era la situación del panorama internacional, los países de nuestro entorno, me acuerdo que cité a Italia, Alemania, Francia y expuse que había una voluntad unánime en la doctrina cuando abordaban este tema, que la legislación española debería ser objeto de revisión. porque es un artículo que no se toca hace 200 años el Código Pacheco de mediados del siglo XIX. Eso es a lo que me refiero.

Lo que sí ha habido un compromiso del Gobierno y concretamente exteriorizado por este ministro, que llevaría al Consejo de Ministros la Ley de Enjuiciamiento Criminal antes de finalizar el año.
Sr. Ábalos.- Bueno, las compañías aéreas ya dispusieron de entorno de 1800 millones aproximadamente, en el primer paquete de medidas para enfrentar la liquidez de estas empresas que efectivamente han sufrido como pocas un impacto negativo muy grande con el COVID19. En ese momento se atendieron estas necesidades. Creo recordar que 1800 millones de créditos ICO, por lo tanto, no es cierto, como algunas veces se ha planteado que no habían sido atendidas y en esta ocasión, en la semana pasada abordamos una línea de 10000 millones para sectores estratégicos en los que claramente se incluyen las compañías aéreas.

¿Cómo hemos cuantificado además esto? Pues a partir de las necesidades financieras de las propias compañías nos han pasado. Cada compañía nos ha dicho cuáles eran sus necesidades financieras. Hablamos, tampoco son tantas, por lo tanto, es fácil conversar. Mantenemos una relación fluida, diaria, en muchos casos, por la necesidad que tienen y hemos cifrado con un fondo de esa característica que atiende a lo que nos han planteado.

A partir de ahí, cuando establecemos experiencias comparativas, pues cada Gobierno ha hecho una cosa en función también de la política del gobierno, de la necesidad de la compañía, de las necesidades y del estado de la compañía, también porque nosotros hemos intentado e intentamos es que además de liquidez podamos consolidar su solvencia. Ese es el objetivo. Y en este sentido hay países que han nacionalizado. Hay países que han entrado a formar parte de la compañía simplemente ingresando a financiación, lo nosotros podemos decir que no vamos a hacer nada que no sea requerimiento de las propias compañías.

En este sentido, a partir de la responsabilidad, de la necesidad de las compañías, lo digo para tranquilidad, de lo digo por los rescates. Nadie se va a imponer nada y hasta ahora todo está funcionando a petición y solicitud de las propias compañías. Así pensamos seguir trabajando, y estamos en ello. Tenemos con ese fondo ahora que administrarlo, pero de acuerdo al criterio que nos plantean las propias compañías.

Secretario de Estado de Comunicación.- Menos mal que el ministro Ábalos es una persona cortés y responde aunque le pregunté como ministro de Fomento.

Sr. Ábalos.- Ya me he acostumbrado, ya es el segundo que me lo hace. Ya es la segunda. Era más cortito Fomento.

ecretario de Estado de Comunicación.- Bueno, seguimos. Irene Castro, de El Diario.es

P.- Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, tengo una pregunta que no tengo muy claro si es para el ministro de Transportes o para la ministra de Hacienda, y es si se ha llegado algún tipo de entendimiento con los ayuntamientos para hacer frente al agujero del transporte generado con la crisis de la COVID.

Al ministro de Justicia, no me ha quedado claro de su respuesta sobre la modificación de la tipificación del delito de rebelión, cuando se va a llevar a cabo, porque sí que nos dijeron antes de que pasara la pandemia, no me atrevería a poner una fecha, que la intención era llevarla a cabo este año. Entonces mi pregunta es si tiene en mente hacer esa reforma del Código Penal antes de que termine el año.

Y por último, les quería preguntar si les preocupan las noticias que se están conociendo sobre los negocios del rey Juan Carlos y si pueden generar un clima contrario a la monarquía. Y luego, como se puede trazar, una línea divisoria entre las actuaciones del Rey emérito y del actual jefe del Estado, ahora que sabemos que un empresario pagó parte de su lujosa luna de miel o que figuraba como beneficiario de la fundación de su padre. Gracias

Portavoz.- En relación Irene, con la primera pregunta, llevamos trabajando con las corporaciones locales, concretamente con la FEMP como interlocutora, durante varias semanas para intentar llegar a un acuerdo que abarca un sector más amplio que el de la compensación por la caída de ingresos con motivo del transporte que, saben ustedes, que tiene que ver también con el papel fundamental que los ayuntamientos están llamados a jugar en este momento de la reconstrucción. Por tanto, la capacidad de ejecutar, de utilizar su remanente sobre determinados ámbitos en los que es fundamental hacer una inyección económica desde las administraciones que tienen una mayor proximidad. Y en esa línea venimos trabajando, contemplando dentro de ese acuerdo la posibilidad de disponer de ese fondo, de esa compensación, para ser capaces de que el transporte público, residencie donde se residencie, tenga la posibilidad de seguir dando un servicio de calidad con la frecuencia y con la periodicidad y con las garantías de seguridad que hasta la fecha se están planteando. Cuando se llegue al acuerdo definitivo, haremos la correspondiente rendición de cuentas ante todos ustedes y conocerán los extremos del mismo.

Respecto a la cuestión que tiene que ver con la noticia aparecida en relación con el Rey emérito, saben que desde esta mesa del Consejo de Ministros siempre hemos transmitido que evidentemente la Justicia tiene que ser igual para todos, y que este Gobierno y todos los órganos que de él dependen, colaboran e incluso hacen auxilio activo a todos los tribunales de justicia, cuando así son requeridos. Y en esa dirección, seguiremos trabajando más allá de que afecte o se esté hablando de cuestiones relativas al anterior jefe del Estado, que no al actual. Y respecto a cuáles son las actuaciones o a quién trascienden esas actuaciones que se vienen conociendo, respecto al Rey emérito, hay que decir, que evidentemente, en Justicia cada uno responde de forma individual a cada una de esas cuestiones, que por tanto, las personas que son llamadas o que son requeridas en los tribunales tienen que responder de forma individual a la cuestión que los jueces puedan dictaminar, tanto en nuestro país como fuera de nuestro país. Y por tanto, creo que con ello respondo también a que creo que el alcance que en este momento tienen las informaciones que hemos conocido, llegan hasta las personas que están directamente involucradas dentro de esa de esa actuación, y será la Justicia la que tendrá que determinar, que aclarar, las responsabilidades a las que hubiera lugar de todos y cada uno de aquellos que están compareciendo ante los tribunales de Justicia. Nuestra función será auxiliarlo y ayudar en la medida de nuestras posibilidades.
Sr. Campos.- Sobre la repregunta sobre el Código Penal. No está establecido un calendario, pero es verdad que hay modificaciones del Código Penal que deberíamos abordar. Estoy hablando de la emergencia climática, estoy hablando de defensa del derecho de los animales y un largo etcétera, lucha contra el cibercrimen, etcétera.

Y es compromiso de este ministro que no abordaría ninguna de estas reformas, sino hacerlo con el gran consenso, es decir, aportando todos los informes pertinentes, por la vía del anteproyecto, para poder abrir un debate sereno, porque es un debate que lleva anclado en el Código Penal 200 años, no conviene hacerlo en 15 días y ese es el compromiso de Gobierno. Evidentemente, ahora mismo, todas las energías están volcadas en la reconstrucción del país y, por tanto, en salir de esta crisis social y económica en la que nos han metido la crisis sanitaria. Y por no dejar subrayar lo que ha dicho la ministra Portavoz en orden a procedimientos vivos. Desde luego a mí, es una pregunta que recurrentemente se me hace, pero creo que como ministro de Justicia y encima juez de carrera, creo que hay que ser absolutamente respetuoso con las actuaciones judiciales y por tanto, dejar que la Fiscalía, desde la autonomía de su funcionamiento o los jueces desde su independencia, averigüen aquello que se les pone sobre la mesa y evidentemente, respetar la presunción de inocencia, que también es para todos, y la igualdad ante la ley. Creo que son los dos pilares sobre los que se mueve nuestra democracia y no nos ha ido mal en los últimos 40 años, pese a lo que quieran decir muchos.

Secretario de Estado de Comunicación.- Marisol Hernández, de El Mundo.

P.- Buenas tardes, muchas gracias.Yo quería insistir en el tema del Rey, pero en otra vertiente, El Confidencial y El Español, los dos han revelado estos días distintos temas, entre ellos que el dinero recibido por el monarca saudí por parte de Juan Carlos I no se pagó impuestos por ello. Quería una apreciación del Gobierno sobre este tema, habida cuenta de que es habitual por parte de la ministra de Hacienda defender la lucha de este Ejecutivo contra la evasión fiscal.

Y luego quería hacer una segunda pregunta al vicepresidente Pablo Iglesias, que ha hablado de señalamientos a periodistas y quería comentarle si no le parece que también pueden ser señalamientos a periodistas, el que se ha hecho a través de las redes sociales con el presentador de televisión Vicente Vallés, o el hecho de citar ahora mismo, hace unos momentos, a Esteban Urreiztieta, o a Eduardo Inda, ahora o en otros momentos. Y esto no pueden ser considerados también señalamientos.

Portavoz.- Si, gracias Marisol. En relación con la primera cuestión sabéis que evidentemente nunca damos información respecto a las actuaciones que pueda realizar la Agencia Tributaria, no solamente por voluntad, sino también por obligación legal, no se pueden transmitir, ni dar ningún tipo de indicio, ni de señales sobre las líneas de investigación que pueda estar realizando un organismo independiente, como la Agencia Tributaria para el cumplimiento de sus obligaciones.

Y en segundo lugar, decir que es obvio que este gobierno está firmemente comprometido en la lucha contra el fraude fiscal. No hay justicia fiscal si no somos capaces de que todo el que tiene que contribuir lo haga, y lo haga en tiempo y lo haga en forma. Por tanto, en el momento en que la gran parte de los ciudadanos rinde cuenta de todo lo que ha sido, lo que ha ganado o lo que tiene, a lo largo de las diferentes campañas de la renta o del Impuesto de Sociedades o de la declaración del IVA, de todas las figuras tributarias, por tanto, creo que nuestro compromiso es inequívoco en la lucha contra el fraude fiscal y, fundamentalmente, en las actuaciones que están siendo tan productivas, que se producen en grandes patrimonios, con una elevadísima complejidad de los entramados societario que en un momento determinado pueden existir en torno a estas cuestiones. Y quiero aprovechar su pregunta para agradecer el trabajo comprometido de todos los profesionales de la Agencia Tributaria, incluso durante el momento de la pandemia, que están logrando obtener cifras récord de afloramiento de capitales, de fraude, que no se conocía por parte de la sociedad y son imprescindibles para que todos tengamos la seguridad de que cuando pagamos nuestros impuestos lo hacemos al igual que el resto de compatriotas, respondiendo a la obligación que permite que este país tenga unas cuentas públicas, que sostengan unos servicios de calidad para todos los ciudadanos, fundamentalmente los ciudadanos que tienen menos recursos, pero también aquellos de clase media que disfrutan de una sanidad, de una educación o de un apoyo a las personas vulnerables como el que estamos impulsando desde este gobierno progresista.

Sr. Iglesias.- Gracias por su pregunta. Respecto a Vicente Vallés, le tengo que decir que he leído cosas en las redes sociales que no comparto y que no me gustan. A Vicente Vallés le han dicho de todo. Le han dicho que es como Javier Negre con traje, y un telediario, le han llamado "cloaquin" y yo no me puedo identificar con eso, no me gusta y creo que lo digo siendo alguien que sabe lo que es que le insulten en las redes sociales y que le digan de todo.

Pero creo que hay que naturalizar, que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública y cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política, pues lógicamente está sometido, tanto a la crítica, como al insulto en las redes sociales, y el derecho, cuando las cosas se salen de madre y ofrece instrumentos para emplearlos en este caso. Pero creo que es normal en una sociedad democrática que se produzcan críticas y que incluso todos los que tenemos una presencia pública y una relevancia a la hora de participar en los debates, y ahí los profesionales de los medios de comunicación, algunos lógicamente la tienen, pues creo que la crítica es una cosa normal y propia de las democracias e incluso las cosas desagradables que vemos en las redes sociales y que no nos gustan a nadie, también son normales y yo no sería partidario de que eso se pudiera perseguir.
El derecho, en particular el Derecho Civil ofrece instrumentos para que cuando alguien se sienta ofendido, porque se han atravesado determinadas líneas, pues ejerza sus derechos en el marco de la ley.

Respecto a la segunda pregunta, que me señalaba usted, parecería extraño que si en el marco de un procedimiento judicial, Villarejo habla, en este caso de Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta, y dice que les entregó información para hacer daño a Podemos, se dijera que es señalamiento simplemente decirlo, si eso fuera así, estaríamos ante una suerte de impunidad absoluta.
Creo que en este caso, además, lo único que estaba haciendo es repetir lo que ya se ha contado y además, en unos hechos que podrían ser un delito gravísimo y que además están judicializados. Creo que cualquiera estaría de acuerdo con esto. Gracias.

Secretario de Estado de Comunicación.- El País, Carlos Cue.

P.- Si, muchas gracias. Al vicepresidente le quería plantear, se están planteando medidas sociales, pero ¿estamos empezando ya a hablar de presupuestos?

La ministra Portavoz nos ha hablado varias veces de la idea de modular el acuerdo de Gobierno, aprovechando que está usted hoy aquí. ¿Hasta dónde se podría modular ese acuerdo de gobierno? Como socio de gobierno, ¿qué líneas rojas hay para poder que entren otros o que incluso Ciudadanos?

Le quería plantear a la ministra Portavoz y al ministro de Justicia sobre el asunto del Rey. Más allá del respeto a la Justicia, quería decir, le quería pedir un mensaje a los ciudadanos, que puedan estar desconcertados ante las noticias que están leyendo del que fue el jefe de Estado durante 40 años en España. ¿Qué mensaje le da el Gobierno a los ciudadanos que están leyendo eso? Y al ministro de Justicia en particular, como ministro de Justicia y jurista preocupado por la imagen de la Justicia. ¿Está la Justicia española preparada para asumir un reto como juzgar al anterior jefe del Estado? Y ¿qué imagen traslada a la Justicia española ante el hecho de que todo esto que estamos conociendo y publicando los medios de comunicación, la información llega de la Justicia suiza, no de la Justicia española? ¿Qué imagen está ofreciendo la Justicia? Gracias

r. Iglesias.- Gracias por su pregunta. La base, y eso lo hemos dicho varios miembros del Gobierno, de la constitución de este Gobierno de coalición y que va a definir el trabajo de legislatura es un acuerdo de gobierno que firmamos el secretario general del Partido Socialista y yo.

A partir de ahí, lógicamente, el Gobierno va a tener que negociar unos Presupuestos Generales con otras fuerzas políticas porque no tenemos mayoría parlamentaria. Yo creo que la obligación del Gobierno es intentar negociarlo con todo el mundo. Lógicamente, en algunos momentos, como responsable de Unidas Podemos, yo he dado mi opinión respecto a dónde encuentro más posibilidades de llegar a un acuerdo con respecto a los Presupuestos Generales sobre una base programática y un acuerdo, que es lo que firmamos y es de alguna manera la base de este gobierno de coalición, pero lógicamente el Gobierno va a trabajar con todo el mundo y va a hablar con todo el mundo.

Mi opinión, ya la conoce, pero como usted sabe, el Gobierno no va a renunciar al diálogo con ninguna fuerza política y ojalá haya más fuerzas políticas, no solamente las que tienen un ideario más progresista, que estén de acuerdo en acordar, en dialogar con este Gobierno una serie de medidas para un proceso de reconstrucción muy importante en el que nos jugamos muchas cosas y lógicamente el Gobierno va a hablar con todo el mundo. Y usted sabe lo que pienso yo, de donde es más posible que el Gobierno encuentre acuerdo.

Portavoz.- En relación con la siguiente pregunta. Creo que tanto el ministro como yo misma hemos intentado transmitir ese mensaje de confianza dirigido a todos los ciudadanos en relación con la actuación y los trabajos de la Justicia, en este caso fuera de nuestro país.

Un país democrático, evidentemente, la Justicia y los poderes de la Justicia en países democráticos requieren y reciben todo el respeto por parte de este Gobierno y hay que confiar en que ese funcionamiento, los procedimientos que se arbitran, consiguen al final desvelar toda la verdad que hay detrás de cada uno de los casos.

Y en segundo lugar, como hemos comentado, la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, estén donde estén, para responder, si han sido objeto o han tenido alguna duda sobre algún supuesto en que los tribunales de Justicia están investigando. Todos somos iguales ante la ley. Esto no es una cuestión retórica, es una cuestión real, en la que siempre que una persona se pueda apreciar algún tipo de separación, o algún tipo de irregularidad, o de indicio, hay que investigarla, teniendo claro que hay presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. Y por tanto ese principio rector, como decía el ministro, es fundamental para no hacer juicios paralelos que, por supuesto, un ejecutivo no se pronuncie sobre las causas judiciales que actualmente están en curso y que requieren el trabajo y la colaboración por parte de todos los órganos administrativos, si así, en un momento determinado, se considera por parte de los diferentes tribunales de Justicia.
En ese sentido, el Gobierno colaborará con todos los requerimientos, con todas las cuestiones, que se le puedan plantear desde otros tribunales de otros países, o desde por supuesto, la justicia española, como siempre ha hecho hasta la actualidad.

¿Quieres añadir algo, ministro?

Sr. Campos.- La verdad es que hay muy poco que añadir. Pero, esa clave del mensaje, yo daría un mensaje de tranquilidad, de serenidad y les diría de confianza, confianza en los valores que nos hemos dado y que regulan nuestra vida, y estamos hablando de que hay unos pilares en los que se constituye el Estado social y democrático de derecho, y entre los cuales figuran, precisamente la igualdad ante la ley, iguales ante la ley, esa imagen de la justicia con la venda, y dos, la presunción de inocencia. Pero subrayemos, está la presunción de inocencia también, también para las altas instituciones del Estado, los que las han encarnado. Confianza en la Justicia, en la independencia de la Justicia. Quizá hace muchos años nunca pensábamos que gente importante podía ser condenada, y las hemerotecas hoy nos dan. La justicia es lenta, pero les aseguro que se hace.

Y dos, la autonomía del ministerio Fiscal, que está también actuando, dejémoslos que actúen, no tengamos prisa. Y después, tenemos que tener un tercer bloque de confianza en las instituciones, las instituciones que nos hemos dado la Constitución del 78 y que rigen nuestro Estado social y democrático de derecho son, es muy importante que se tengan esa confianza y que están por encima de las personas que en un momento dado, determinado pueden encarnarlas. Por lo tanto, un mensaje de tranquilidad, serenidad y de confianza.

Portavoz.- Recordar simplemente que las actuaciones judiciales por parte de tribunales de Justicia de otros países se están dirigiendo al antiguo jefe del Estado, que para nada tiene repercusión ni impacto en el actual jefe del Estado. Además, recuerdan ustedes, que cuando se empezaba a conocer algo más extremo de esta cuestión, renunció de forma explícita a la herencia que, en su caso, le pudiera corresponder con motivo de esta fundación.

Secretario de Estado de Comunicación.- Por esa zona, Juan Ruiz, de El Periódico.

P.- Hola, buenas tardes. Un par de preguntas, por un lado, sobre los presupuestos, tanto para la ministra Portavoz como para el vicepresidente, y el cálculo de probabilidades sobre los aliados para ese proyecto.

Por un lado, le quería preguntar a la Portavoz si no teme el Gobierno que se desplieguen mensajes tan contradictorios sobre los posibles aliados puede perjudicar la capacidad negociadora del Gobierno a la hora de abordar los presupuestos.

Y luego el vicepresidente, usted el otro día dijo que un pacto con Ciudadanos era imposible y que defenderlo suponía engañar a la gente. Le quería preguntar. ¿Considera que el presidente está engañando a la gente? y en este sentido ¿le ha pedido o le ha intentado convencer para que deje de transmitir estos mensajes?

Y luego, por otro lado, una cosa mucho más específica, también para el vicepresidente segundo, ha dado datos sobre las solicitudes de moratoria hipotecaria y de créditos del consumo, pero no sobre las solicitudes de las medidas relativas al alquiler. No sé si los tiene porque existe la sensación de que estas iniciativas han tenido un éxito escaso. Gracias.

Portavoz.- Si, gracias, Juan. Yo quiero responder tu pregunta con una afirmación que vengo repitiendo en los últimos días y que el presidente del Gobierno igualmente así lo hace, respecto a que el país vive un momento inédito. Estamos en una circunstancia muy excepcional, después de una pandemia que no tiene precedentes y que ha tenido un impacto muy importante en las vidas humanas, entre ellas pérdidas de vidas humanas, la que, como siempre, queremos manifestar nuestro dolor y nuestra condolencia, personas que se encuentran todavía recuperándose o que han estado o están enfermas, y una crisis económica que la acompaña, con un grado de dimensión también que no conoce un precedente igual en el conjunto de nuestra historia, al menos de nuestra reciente historia democrática.

Y en estos días previos he hecho la pregunta en voz alta de si realmente este no es el momento para que todas las formaciones políticas arrimen el hombro intentando llegar a acuerdos en la Comisión de Reconstrucción, intentando que esos acuerdos cristalicen en unas cuentas públicas, porque una voluntad política tiene que tener un vehículo para luego poder ejecutarse, poder realizarse. Si este no es el momento, cuando es el momento para que haya unidad de acción por parte de las formaciones políticas, intentando sacar a nuestro país de una situación en la que desgraciadamente y evidentemente no es alivio ni es consuelo, nos encontramos el conjunto de la Unión Europea y en la que necesitamos que todos estemos a una para conseguir los fondos con los que España tiene que contar para esa pronta recuperación y para conseguir también que las prioridades que marca el país tengan un común denominador que permita el que haya un mensaje claro de unidad y un mensaje claro de que ninguno se echa para atrás, sino que está intentando arrimar el hombro para hacer posible ese consenso.

Sabiendo y contando que, como es lógico, hay diversidad ideológica dentro de nuestro Congreso de los Diputados. Faltaría más. Somos cada uno de las formaciones políticas, se presenta de manera genuina, porque entiende que su programa político es el que tiene mayor capacidad de transformar el país, y por tanto lo respetamos. Pero sabemos que existen espacios de encuentro y espacios comunes que nos permiten dibujar, por lo menos para los próximos años, al menos para el año 21, un escenario que permita consolidar esa recuperación económica, apoyando los sectores estratégicos y haciendo una reforma fiscal que le dé sostén, que le dé capacidad, a las arcas públicas, para que tengamos unos sistemas públicos que no solamente atiendan a los vulnerables, sino que sean orgullo de nuestra clase media, que por tanto sean utilizados por aquellos que proporcionalmente están pagando una mayor parte de impuestos, respecto a las grandes rentas o a las grandes fortunas, y exigiéndole un esfuerzo parejo, tanto a las empresas como a esos grandes patrimonios, como digo, para que entre todos podamos contribuir a que nuestro país pueda seguir esa senda de recuperación, sosteniendo el empleo a través de los ERTEs o a través de las ayudas a las empresas, como se están produciendo en los planes sectoriales que estamos planteando.
Creo que el momento adecuado para impulsar esa reforma fiscal que permita ponernos de acuerdo y que creo que elementos tan, organismos tan diferentes como FEDEA, o el relator de las Naciones Unidas, nos vienen advirtiendo, por una parte de que es necesario hacer esa reforma fiscal y por otra parte, que no es posible seguir sosteniendo una desigualdad en nuestro país que hace que nuestro potencial económico no se pueda incorporar a pleno rendimiento y sobre todo con el coste en el sufrimiento y en el sacrificio de las personas.

Creo que son razones suficientes para que todas las formaciones políticas puedan arrimar el hombro en este momento esencial, original, inédito. No es igual que otras elaboraciones presupuestarias y, por supuesto, este Gobierno va a hacer un llamamiento a todas las formaciones políticas, incluido el Partido Popular. Esto no se trata de que uno contribuye o no contribuye, arrima el hombro o no a arrima el hombro, dependiendo de las cuestiones, sino que creo que el Partido Popular tiene también que hacer un apoyo de estas cuentas públicas porque son singulares y no se entendería que el principal partido de la oposición se ponga de perfil o directamente, se dé de baja en el debate, en la elaboración de lo que va a ser fundamental para que nuestro país pueda recuperar esa senda de crecimiento y hacerla de forma distinta a como se han hecho la gestión de la crisis económicas en otro momento que han dejado un lastre de desigualdad. Este Gobierno está firmemente comprometido a poder resolverlo.

Sr. Iglesias.- Respecto a su pregunta, lo hablaba con el ministro Abalos. Tenemos los datos de las solicitudes presentadas para la moratoria hipotecaria, también para las moratorias de la deuda no hipotecaria, pero estamos pendientes de los datos del Instituto de Crédito Oficial para saber los datos de alquiler en cuanto los tengamos serán, por supuesto, los primeros en conocerlo.
Respecto a la otra pregunta, el presidente del Gobierno y yo compartimos la estrategia negociadora para los presupuestos. Él está de acuerdo conmigo en que es fundamental trabajar con las organizaciones políticas de izquierdas para llegar a un acuerdo y yo estoy de acuerdo con él en que debe emplazar a las fuerzas políticas de las distintas derechas, en este caso a Ciudadanos y al Partido Popular, a participar.

Quizá he sido demasiado sincero respecto a las posibilidades que yo veo, pero es posible que me equivoque y que la capacidad persuasiva del presidente haga que finalmente Ciudadanos apoye una propuesta de presupuestos generales como la que vamos a presentar. Es verdad que Ciudadanos, en algunos momentos durante los últimos meses ha asumido un rol de derecha moderada, que ha podido apoyarnos en una situación de emergencia sanitaria. He sido muy sincero respecto a las posibilidades que yo veo, pero compartimos la estrategia y creo que es perfectamente lógico que en un momento tan excepcional como éste, el Gobierno trate de buscar un acuerdo de reconstrucción que ya se ha definido en términos europeos, en términos internacionales, como necesariamente neokeynesiano. Es el Fondo Monetario Internacional, poco sospechoso de simpatías izquierdistas, quien está diciendo en este momento "gasten, gasten, gasten" y está diciendo, "no escucharán al Fondo Monetario Internacional decir esto muchas veces".

En ese contexto, en un contexto de reconstrucción donde las políticas fiscales expansivas van a tener que ser las que afronten una situación muy delicada, que recuerda el momento de la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial o a la crisis del 29, el Gobierno debe aspirar a acuerdos amplios.

¿Conseguiremos esos acuerdos amplios? Mi opinión ya la conocen, pero ojalá y la estrategia la tenemos clara.

Sr. Ábalos.- Un matiz porque la valoración de "no ha tenido éxito" creo que es precipitada y porque normalmente, no siempre la demanda justifica la existencia de un recurso. Un recurso está por si acaso. Lo digo porque, lo que habría que ver cuando tengamos los datos, efectivamente, veamos el número de solicitudes. Veamos también el nivel de impagos que se ha producido por el arrendamiento. ¿Quién sabe? Puestos a plantear hipótesis, podría pensarse que afortunadamente no se ha recurrido a ello pues, a veces, porque no habrá hecho falta. Otras veces, porque efectivamente a los bancos les cuesta un poco sumarse al proyecto. Pueden ser muchas circunstancias, pero lo que se debe pedir a quienes gestionamos políticamente es la capacidad anticipatoria de provocar el recurso. No ir a remolque. En este caso, nosotros promovimos el recurso. Está a disposición, coste no tiene, coste no tiene ninguno, porque el interés lo asume el Estado, el aval lo asume el Estado y en caso de impago lo asume el Estado.
Por lo tanto, es un producto que es verdad que está gestionando la banca, que se fueron sumando, no a mucho ritmo, pero acabaron sumándose. Lo que hacemos ahora es incluso ampliarlo, por si acaso, por un problema de este tipo, pero no creo que sea un problema generar un recurso que luego, pues no se use, y espero, afortunadamente, porque no había urgencia.

Lo digo porque tengo una posición similar, cuando ocurrió medicalizar un tren, con todo lo que supone, tener los permisos de la Agencia de Seguridad Ferroviaria, todo como es indicado y luego decir, no ha servido y si hubiera hecho falta lo hubiéramos tenido. Lo importante es tener el recurso por si surge la necesidad. Por lo tanto, no creo que sea una falta de éxito porque los recursos se creó. En todo caso, valoraremos el impacto cuando tengamos los datos, pero si alguien lo necesitaba, contaba con recursos para ello.

Secretario de Estado de Comunicación,- Vamos a finalizar con un turno de palabra de ese grupo de medios que no pueden venir físicamente, es el faro de Melilla quien toma la palabra y pregunta. Alicia Martínez, adelante.

P.- Buenas tardes, ministra, ministros. Me llamo Alicia Martínez y trabajo en El Faro de Melilla. Quiero agradecer que nos den este espacio a los que no estamos en Madrid más a nosotros que estamos en otro continente, y a la ministra Portavoz quería preguntarle si finalmente visitarán los reyes Ceuta y Melilla dentro de su gira para reconocer a los españoles su esfuerzo durante la pandemia del coronavirus, o este viaje está descartado. De no producirse ¿se debe al malestar que genera en Marruecos este tipo de visitas?

Luego, siguiendo un poco este hilo, quería saber que se conoce sobre la reapertura de la frontera terrestres con Marruecos, porque muchos españoles han quedado al otro lado de la valla y no han tenido la posibilidad de volver a casa durante todos estos meses, con lo que ello conlleva y piden que se abra un pasillo humanitario.

Y por último, quería saber qué planes tiene el Gobierno para el CETI de Melilla, que duplica su población. Muchos de los residentes son solicitantes de asilo. Desde El Faro lo hemos podido comprobar que algunos de ellos también están residiendo en la plaza de toros, a falta de soluciones están limpiando los coches en la calle, en vez de estar bajo la protección internacional. Gracias.
Portavoz.- Pues gracias, gracias Alicia y hasta donde le costa a este ejecutivo, Sus Majestades los Reyes no tenían en la agenda una visita a Ceuta o Melilla en este corto plazo de tiempo. En cualquier caso, son circunstancias que pueden variar y lo más que podemos comentar es que no nos consta, que hubiera habido ningún tipo de visita programada. Por tanto, no ha lugar una anulación de lo que no estaba programado y creo que las especulaciones que han aparecido en algunos medios de comunicación, tal con la información que nosotros tenemos, carecen en este momento de fundamento.
Saben ustedes, en relación con la segunda pregunta, que los pasos fronterizos continúan cerrados de forma temporal, tanto en Ceuta o Melilla. También conocen que Marruecos mantiene su frontera cerrada en este momento. La reciprocidad con la que nos hemos dotado a la hora de producir los intercambios de personas, de viajeros entre ambos países, no se puede producir, en este sentido, y también volver a reafirmar que cuando esa situación se produzca, cuando Marruecos abra definitivamente sus fronteras, se valorará por parte del Gobierno de España, aunque la ministra de Exteriores ya comentó en su momento, cuando informó sobre la lista de los 15 países que en el marco europeo, del consenso europeo, se había determinado, países con los que se podían producir vuelos o producir viajeros fuera del espacio Schengen, saben que Marruecos estaba entre ellos y que no sabemos todavía, no se nos ha comunicado cuál es la previsión que tiene Marruecos para la apertura de las fronteras y si será a lo largo de los próximos días, entendemos que cuando consideren que la seguridad sanitaria está garantizada tanto para los residentes en Marruecos como personas que desde Marruecos puedan visitar a otro países.

Y por último, decirle que el Gobierno de España está realizando, ha hecho un gran esfuerzo para conseguir repatriar a todas las personas que en un momento determinado se quedaron en una frontera, detrás de esa frontera, atrapados, con motivo de esta pandemia y concretamente, así lo ha hecho con la embajada española en Marruecos. Creo recordar que se habían fletado en torno a 12 ferry que habían ido de forma progresiva, trayendo, retornando a España a muchas personas, en concreto, creo que eran más de 700 las personas en el último de los ferry que hace cuatro días tuvimos conocimiento que había venido, y por tanto seguiremos manteniendo ese flujo y abierta esta línea de repatriación, conjuntamente con Marruecos. Por supuesto, garantizando todas las medidas sanitarias para que todas las personas que llegan a nuestro país, puedan cumplir las condiciones esenciales para poder volver con toda la seguridad, y en caso de que así no fuera, ser sometido a los controles sanitarios que estamos desarrollando, que estamos realizando en frontera y de forma especialmente singular, con aquellas personas que vienen repatriada de algunos países que todavía tienen problemas con el control de la pandemia y que, por tanto, mientras que la situación sanitaria persista, tenemos que hacerlo de forma coordinada con esos países y ojalá estén pronto en su casa, porque así la celeridad se haya podido producir.

Pues esta era la última pregunta de esta rueda de prensa, agradeciendo a todos los medios de comunicación, como siempre, el seguimiento a la tarea del Consejo de Ministros, su presencia en esta sala y recordando a todos los ciudadanos, como viene siendo de rigor, que por favor extremen las precauciones. Conocen que se están produciendo algunos rebrotes en algunas partes de nuestro país. Para ello es fundamental que cada uno, de manera individual, mantenga las condiciones higiénicas, las condiciones sanitarias, la mascarilla obligatoria en los lugares públicos, lavado de manos, la preservación de la limpieza, también en los lugares público y el acercamiento, que por favor se haga con todas las medidas de seguridad, porque la vida de todos nosotros y de las personas más vulnerables depende de ello.

Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)