Conferencia de prensa de la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad después de la reunión del Consejo de Ministros

Palacio de La Moncloa

Vicepresidenta.- Buenas tardes. Gracias, como siempre, por estar aquí. Ustedes, y yo misma, hacemos los viernes a estas horas nuestro trabajo, que es dar cuenta a los ciudadanos y las ciudadanas de los asuntos tratados en el Consejo de Ministros en el día de hoy.

Quiero empezar, como ya ha hecho el ministro de Asuntos Exteriores, trasladando nuestro pesar, nuestra repulsa a la terrible matanza que se ha producido en Nueva Zelanda con 94 víctimas; una situación, nuevamente, completamente irracional, inaceptable, de violencia terrorista en el mundo. Somos un país que comprendemos muy bien estas situaciones y nos sentimos muy cerca hoy de las víctimas, de sus familiares, de sus amigos y, naturalmente, de las autoridades neozelandesas. Lo digo con conocimiento profundo de causa, como lo podríamos decir cualquier hombre o mujer de este país, justo en una semana, esta que va a terminar, en la que hemos estado recordando el 15 aniversario, tremendo aniversario del 11 de marzo, otra situación verdaderamente dantesca para nuestro país que aconteció hace ya 15 años. El Gobierno ha estado junto con los otros poderes del Estado y, sobre todo, con los ciudadanos de este país, muy cerca siempre, de las víctimas, de su dolor, de su memoria, y de su recuerdo. Recordarlas, sostenerlas en la memoria forma parte de nuestra dignidad, de su propia dignidad y en ese trabajo estaremos siempre.

Voy a dar cuenta de los asuntos que y hemos tratado y luego --como es lo habitual--, estaré a su disposición.

Hemos aprobado hoy una declaración institucional relativa al día 21 de marzo, que es el Día Internacional contra la eliminación de todo tipo de discriminaciones de carácter racial. Es el 21 de marzo es una fecha internacional y el Consejo de Ministros ha hecho un pronunciamiento rotundo contra este tipo de discriminación ancestral y que todavía, tristemente, nos acompaña en el mundo actual.

Hemos tomado una decisión importante que mejora, que va a mejorar con mucho, la banda ancha en nuestro país. Somos el país que tiene la mejor banda ancha y la tecnología 5G de Europa, pero la continuamos mejorando constantemente porque para nosotros es importante seguir acortando la brecha digital. Una brecha digital que afecta mucho a una cuestión de carácter mayor y que para este Gobierno es objeto de trabajo y de preocupación y es la que afecta a la diferencia en la vida entre el mundo rural y el mundo urbano de nuestro país. Las posibilidades, la calidad de vida, el acceso a todo tipo de nuevas tecnologías del conjunto de compatriotas que viven en el mundo rural con los problemas de despoblación y con todos los problemas de asimetría que para nosotros son, como ustedes saben, constantemente desde la llegada de este Gobierno un objeto principal de nuestro trabajo. Es una inversión de 150 millones que va a mejorar mucho, y a desarrollar nuevas posibilidades, nuestros formatos de vida, nuestra propia calidad de vida y es algo que --repito--, para el Gobierno es importante; el acortamiento de esta brecha digital entre el tipo de vida urbana y rural.

Hemos tomado, también, una decisión en el ámbito de la política industrial de este Gobierno, con un montante de 50 millones de inversión, que se suman a otra partida que ya se puso en marcha este verano --en total van a hacer unos 80 millones--, que están afectos a políticas de I+D+i y que tienen que ver con el Programa de Empresa Conectada 4.0. Tenemos pequeñas y medianas empresas que necesitan acceder a todo tipo de programas, de robótica, de bases de datos, tenemos que seguir mejorando y modernizando esa estructura empresarial que para nuestro país es capital --dada la estructura empresarial que tenemos--, y que para este Gobierno también significa mucho. Uno de los objetivos que nos trazamos era seguir profundizando la reindustrialización de nuestro país y esto significa estar cerca -repito--, de todas las mejoras, de modernización de una parte importante de nuestras empresas.

Hoy hemos acordado, también, en el Consejo de Ministros llevar al Tribunal Constitucional la impugnación del acuerdo del Parlament de Catalunya creando una Comisión de Investigación para la figura del Rey, que en una ocasión más impugnaremos por la radical discrepancia con toda ella, particularmente, por la inexistencia de competencia del Parlamento de Cataluña para el objetivo que se trazan y, en este caso, lo hacemos con un informe favorable del Consejo de Estado. Como ustedes saben, hemos planteado una situación parecida en otro momento anterior. Este Gobierno no puede aceptar que sin competencia alguna se trate de investigar la figura del Jefe del Estado, en este caso, por parte de un parlamento territorial, de un parlamento autonómico.

Hoy, también, en el Consejo de Ministros hemos recurrido una Ley Foral navarra, una Ley Foral que en su decisión adelanta la fecha en la que todo el conjunto de nuestro país tendrá que ir haciendo su parte de trabajo medioambiental y que tiene que ver con la fecha en la que tienen que desaparecer los plásticos --fundamentalmente las bolsas de plástico--, y es una Ley que adelanta el calendario en el marco de la legislación estatal y que, por tanto, consideramos absolutamente inconstitucional en el marco del reparto de competencias, además de la obligación fundamental que tiene, también, el Gobierno de proteger la unidad de mercado de nuestro país.

Hoy hemos sido, también, informados en el Consejo de Ministros, y luego en una reunión posterior que ha habido del Consejo de Seguridad Nacional, del Programa al que como país a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación nos incorporamos. Ustedes saben que hay una preocupación en las sociedades actuales, en España también, en nuestro país también, hay una cantidad ingente de ciudadanos que se siente preocupado por la circulación de falsas noticias, de situaciones que afectan a un derecho fundamental muy importante. El derecho a obtener información es una base sustantiva de cómo participamos en las sociedades democráticas los ciudadanos de todo punto de vista pero, también, fundamentalmente, nuestra participación en las posiciones políticas que cada uno mantenemos obteniendo información, que tiene que ser información veraz --como dice nuestra propia Constitución--.

Saben ustedes que en Europa hay un grupo de trabajo --desde hace ya tiempo-- que coordina, no solamente las decisiones en el marco del Derecho común, sino, también, en el marco de las preocupaciones que otros Gobiernos y otros países sostienen. Nosotros también tenemos esta preocupación y nos incorporamos a esta coordinación europea que nos va a permitir, que nos tiene que ir permitiendo, tener alertas rápidas suficientes para poder detectar noticias que sean falsas y que impiden el ejercicio profundo del derecho a obtener información verdadera y veraz, para poder participar libremente en sociedades plurales ideológicamente y de libertad, evidentemente, de pensamiento; y, por tanto, nos incorporamos como respuesta a la preocupación que --según los datos que tenemos--, mantiene un casi el 80% de españoles; es decir, la duda profunda acerca de la veracidad de las noticias que circulan y, por tanto, de la propia calidad de la información que recibimos.

Hemos adoptado, también, un Acuerdo importante en materia de tratados internacionales, en materia de acuerdos internacionales, entre el Reino de España y el Reino Unido en relación a un asunto que para este Gobierno también es importante: Gibraltar. Saben ustedes que forma parte de los Memorándum separados que ya habíamos trabajado en relación, también, a la situación de la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea, y es un tratado, un Acuerdo internacional entre ambos países en el que estamos buscando la protección de los intereses financieros de ambas partes en el marco de Gibraltar, del entorno y del propio Gibraltar, en relación, también, a la búsqueda de combatir el fraude fiscal. La claridad, también, del domicilio fiscal y las identidades fiscales en un territorio donde particularmente nos preocupan estos asuntos, y que tienen que ver finalmente con la protección --repito--, de los intereses financieros comunes de ambos países. Eliminar el fraude fiscal y evitar los conflictos sobre la residencia fiscal es algo verdaderamente importante y es un paso al frente que forma parte de los Acuerdos que ya habíamos alcanzado en relación a Gibraltar con el propio Reino Unido; y hoy tomamos esta decisión después del tiempo que habíamos determinado en trabajarla.

Junto con otros asuntos que tienen que ver también a las bases de reparto de fondos y de subvenciones para las mujeres en el mundo rural en el ámbito de las políticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación hemos tomado, también, una decisión importante.

El Consejo de Ministros, hoy, ha concluido el procedimiento para la exhumación de los restos del dictador, para exhumar los restos de Franco y para reinhumarlos en la fecha que hemos determinado y en el lugar que hemos determinado. La reinhumación de los restos de Franco será el 10 de junio, por la mañana, y el lugar al que irán será al panteón de Mingorrubio, de El Pardo, que es de titularidad estatal, que con arreglo a los criterios con los que hemos venido trabajando siempre reúne las condiciones idóneas de seguridad y de adecuación para recibir con decoro y con respeto unos restos humanos; que adoptamos esta decisión después de que la familia haya reiterado, a través de los instrumentos de discrepancia y de defensa procedimental que ha ido utilizando a lo largo del tiempo en el procedimiento que ustedes conocen, y en el último pronunciamiento de querer llevar los restos de Franco a un lugar que el Gobierno considera improcedente, tomamos esta última decisión que --repito--, concluye el procedimiento que inicia este Gobierno.

Debo recordar, y quiero recordar, que trae causa de la Ley de 2007 de Memoria Histórica, que trae causa de varios pronunciamientos entre los cuales están, no solamente el de 2011 con el grupo de expertos sino, también, del propio mayo de 2017, de la propia convalidación del Real Decreto de agosto del año pasado; estamos ejecutando una Ley de nuestro Parlamento, propia del esfuerzo de una democracia por atender, también, los informes y los pronunciamientos que ha hecho Naciones Unidas para que el dictador no esté en un sitio público, en una tumba de Estado, en un lugar de exaltamiento. Cumplimos con esto una Ley, lo hacemos desde el Gobierno en un procedimiento administrativo que se inició el 31 de agosto del año pasado, y que hoy tiene como decisión este último Acuerdo que es al que estábamos, evidentemente, abocados en todo el camino que ustedes han ido conociendo como medios de comunicación, como periodistas y, naturalmente, el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas que han ido siguiendo, también, todo este procedimiento.

Así que esta será la fecha, éste será el lugar, contemplamos que la familia si decide y quiere estar pueda estar, contemplamos --evidentemente--, que la familia pueda querer y en el texto aparece una íntima ceremonia para la familia y está estrictamente contemplado, también, que no habrá comunicación, ni imágenes, ni --naturalmente--, convocatoria pública, para preservar, también, la intimidad de estos restos, no solamente a los propios restos del dictador sino, también, a la posible participación --si la familia lo desea-- en ese momento en el que sean exhumados de la basílica del Valle de los Caídos y trasladado al panteón de Mingorrubio, el Pardo, donde --he de decir algo que es sabido pero que, también, es oportuno que recordemos--, están los restos de Carmen Polo, de su esposa. Con esto el Gobierno concluye el procedimiento y la ejecución de una Ley de nuestro Parlamento y, por tanto, también, de una decisión del propio Gobierno a través del Real Decreto con el que modificamos la Ley de Memoria Histórica.

Estos son los temas importantes y estoy ahora a su disposición.

P.- Hola. Leonor Mayor, de "La Vanguardia". Me gustaría saber si van a tomar alguna medida para que Quim Torra cumpla el mandato de la Junta Electoral Central y retire los lazos amarillos y las esteladas de los edificios públicos. Gracias.

Vicepresidenta.- Mire, estamos en un periodo en el que todos estamos a la orden de las decisiones que tome la Junta Electoral Central. El Gobierno considera que todos debemos acatar los pronunciamientos de la Junta Electoral Central, también en este punto; y no nos pronunciamos sobre los contenidos, evidentemente, de cualquier pronunciamiento de la Junta Electoral Central, pero pensamos que hay que cumplirlos y que el presidente de la Generalitat debe cumplir la orden dada por la Junta Electoral Central.

P.- Gracias. Daniel Basteiro, de El Español. Querría saber por qué se ha elegido esa fecha del 10 de junio para la reinhumación de Franco. Si, en caso de que hubiera otro Gobierno después de las elecciones el 28 de abril, esa decisión podría ser reversible o no, y si los tribunales podrían, de alguna manera, poner alguna traba a esta decisión del Gobierno. Gracias.

Vicepresidenta.- Mire, esta decisión mientras que sea legal la tiene que cumplir el Gobierno; a menos que modifique todo el procedimiento, es de obligado cumplimiento para cualquier Gobierno. Repito, hemos decidido esta fecha por dos razones que creo que importan. Una, para que no esté en los momentos, en los procedimientos electorales que ahora afrontamos --no solamente el 28 de abril sino también el del 26 de mayo--, para que esté al margen; segundo, porque llega el final del procedimiento y hay que decidirlo, el Gobierno tiene que decidir --finalmente-- una vez que la familia decide que no se hace cargo y que el lugar donde pretende que se reinhumen los restos de su familia sea La Almudena cuando el Gobierno dispone de un informe que indica lo improcedente de ese lugar por razones de orden público y de seguridad, justo en el centro de la capital de España, de Madrid, y justo porque en este momento después de las elecciones y al margen de las campañas electorales, también protegemos la tutela judicial efectiva, el artículo 24 de la Constitución, de los propios familiares que han ejercido en el marco legal de nuestro derecho todas aquellas posibilidades de discrepancia con la decisión de la Ley que hemos aplicado desde el Gobierno.

Así que, estas son las circunstancias que nos han llevado a concluir que esta es una fecha en la que se concluye el procedimiento donde ya no estamos en procesos electorales, donde no solamente la familia tiene ---evidentemente--, un tiempo de protección importante y, como es lógico, nosotros como Gobierno estamos siempre a acatar las resoluciones judiciales, como no puede ser de otra de otra manera.

P.- Albert Calatrava, de TV3 y de Catalunya Radio. Una pregunta sobre el tema de la Junta Electoral Central. Si el president Torra mantiene el incumplimiento de la resolución, ¿el Gobierno instaría a la Fiscalía a abrir una vía penal para actuar por un delito de desobediencia contra el presidente catalán? Y, una segunda cuestión. Me gustaría una valoración o ¿qué espera del Ejecutivo español de la manifestación de mañana en las calles de Madrid a favor del proceso independentista? Gracias.

Vicepresidenta.- Nosotros tenemos que estar --como no puede ser de otra manera-- respetando las decisiones de la Junta Electoral Central, y lo que necesite --evidentemente--, del Gobierno, es decir, del Ejecutivo, y nada más. Y, como dije antes, nos parece que las resoluciones hay que cumplirlas y que el president Torra debe cumplir el pronunciamiento de la Junta Electoral Central. Estamos en el periodo en el que estamos y el Gobierno tiene, evidentemente, que mantener en este caso la posición constitucional idónea que es la de cumplir con esas resoluciones, instar a que se cumplan, y estar en la parte en la que nos corresponda constitucional y legalmente a la disposición de la Junta Electoral Central cuando lo considere oportuno.

Mire, mañana hay una manifestación en la que al Gobierno le corresponde en materia de seguridad mantener el orden público, mantener la seguridad ciudadana de la capital de España y nada más. No podemos hacer ningún tipo de pronunciamiento porque esa es la parte, digamos, de las competencias que al Gobierno le afectan para el día de mañana, que es el mantenimiento del orden público, por otro lado siempre garantizado por la profesionalidad de nuestros Cuerpos de Seguridad, y la vida cívica de la propia ciudad de Madrid.

P.- Gracias. Carolina Jiménez, de Europa Press. Tengo varias preguntas. En primer lugar, quería preguntarle ¿si el Gobierno está dispuesto a considerar el indulto para Juana Rivas, como ya ha avanzado su defensa que pedirá?

En segundo lugar, en relación con el tema de la exhumación de Franco, querría preguntarle, por un lado, si cabe algún nuevo recurso de la familia para intentar detenerlo, y si el Gobierno tiene resuelto ya el tema del acceso a la basílica o es algo que aún está por resolver.

Y, por último, quería pedirle una valoración sobre la propuesta de la Junta de la prisión de Brians donde está Oriol Pujol para que pase al tercer grado apenas dos meses después de haber entrado. A la luz esta decisión, querría preguntarle si les parece adecuado y si le genera al Gobierno alguna reflexión sobre el hecho de que los políticos que están siendo juzgados por el proceso independentista en caso de ser condenados queden bajo la tutela de la administración penitenciaria catalana. Gracias.

Vicepresidenta.- Pues, mire, a su primera pregunta, el Gobierno no hace valoraciones de las situaciones procesales de los ciudadanos y de las ciudadanas, absolutamente de nadie. Cualquier situación que se plantee en tiempo, en forma, por los cauces formales llegará al órgano que corresponda y se resolverá cuando corresponda con criterios de absoluta normalidad. Tampoco corresponde al Gobierno pronunciarnos acerca de los instrumentos procesales, o de defensa, en materia de recursos que pueda tener la familia de Franco. A nosotros nos corresponde como Gobierno lo que hemos hecho, terminar nuestro procedimiento que es la aplicación de una Ley votada en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados y, naturalmente, hacer realidad una parte importante de la Ley de Memoria Histórica y de la modificación que se hizo mediante Real Decreto acerca de la situación extraña de la democracia española teniendo al dictador en una situación de exaltación. No nos corresponde hacer ningún tipo de valoración.

En relación al acceso a la basílica, nosotros hemos dado cuenta públicamente del pronunciamiento formal de la propia iglesia católica diciendo que no se opondrá a la exhumación, esta es la posición que nosotros conocemos, que pensamos -evidentemente--, y creemos que se tiene que mantener porque es lo habitual en este caso en relación a la Iglesia Católica pero al propio Estado Vaticano, tal como nos lo hizo llegar pero por lo demás, un Estado como el nuestro tiene instrumentos más que suficientes para ejecutar los acuerdos decididos en Consejo de Ministros, pero nosotros estamos en una situación que ustedes conocen y que conoce absolutamente toda la ciudadanía que se haya interesado por el asunto, y es que la Iglesia Católica se ha pronunciado formalmente sobre la decisión de exhumar los restos de Franco y, además, dice en su pronunciamiento formal que acatará la decisión que tome la autoridad competente. La autoridad competente es el Consejo de Ministros que hoy ha decidido esta fecha y estas condiciones.

Y, mire, tampoco se va a pronunciar el Gobierno acerca de las valoraciones de cualquier decisión en el ámbito de la Junta de Tratamiento sobre la situación --en este caso-- de un preso preventivo que está delante de un procedimiento y no podemos hacer, tampoco, valoración en relación a un asuntos que está en el ámbito del poder judicial.

P.- Buenos días. Soy Eulogio López, de Hispanidad. Dos cuestiones. La primera sobre las "fake news", ¿cómo va a funcionar? ¿Cuál va a ser el operativo concreto? ¿Algún equipo que decidirá qué es, lo que es falsa noticia? ¿Cómo se identificarán? Y si va a ver algún tipo de sanción para quienes expandan colectivamente falsas noticias.

Luego, también, quisiera saber respecto al Valle de los Caídos, dejando a un lado la exhumación y posterior inhumación. ¿Qué va a hacer el Gobierno, qué tiene pensado el Gobierno una vez se produzca esa exhumación con el Valle como tal? Por ejemplo, Podemos pedía que se derribara la cruz, también otras voces han hablado de desacralizar la basílica para constituir un monumento a la memoria, qué pasará con la abadía de los benedictinos. Al fin y al cabo es una propiedad estatal. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tiene pensado el Gobierno?

Vicepresidenta.- En relación a lo primero, al Gobierno nos preocupa, en una situación que es compleja, que tiene muchos elementos, nos preocupan dos elementos que consideramos capitales: por un lado, la seguridad y la limpieza de nuestros procesos electorales que abordamos de manera muy intensa el mes que viene y el siguiente. Esto es importante destacarlo, hemos tenido ya las reuniones de las estructuras internas del Gobierno, lo hemos hecho en las últimas semanas, para garantizar la pulcritud de nuestros procesos electorales en relación a la irrupción en estas materias que tienen que ver con la ciberseguridad porque enfrentamos, evidentemente, todos los procesos electorales posibles, salvo los de las comunidades autónomas del 151 y, por tanto, esta es una parte importante del trabajo y de la preocupación del Gobierno.

En relación a la circulación de noticias falsas, nosotros nos incorporamos ahora a este grupo de trabajo. Fundamentalmente lo que se está trabajando es poder tener un sistema de alertas rápidas, es decir, que los ciudadanos en tiempo casi instantáneo que reciban una noticia falsa puedan estar recibiendo el desmentido, es decir, la realidad sustantiva desde el punto de vista de la información de que esas noticias no son noticias fundamentadas en la verdad.

Esto es lo que se está trabajando fundamentalmente en el Grupo de Coordinación. Nosotros nos hemos incorporado al trabajo de ese Grupo y lo que pretendemos ser, no puede ser de otra manera, más en la materia de la que estamos hablando. Tiene que ser de una manera de completa sintonía porque estamos hablando de noticias que habitualmente cuando son falsas e irrumpen de manera importante en procedimientos del derecho a la información o en procedimientos electorales, normalmente no salen del lugar, están en una situación de conexión transnacional importante. Esta es una materia que no podemos hacer otra cosa que ir de la mano coordinada.

Estas son las dos situaciones que tenemos previstas y, por lo tanto, estamos haciendo el trabajo en común con el resto de los países con el grupo europeo de trabajo. Lo dijimos en su momento pero usted lo pregunta y también es el día oportuno para volverlo a recordar, a refrescar.

El grupo de expertos que trabajó en el 2011 y que consideró --como usted bien sabe--, el trabajo que hizo en el Congreso de los Diputados y lo que nos han dicho algunos organismos internacionales, como Naciones Unidas, es que una acción preferente que se determina en este grupo de trabajo y que luego se determina también a las recomendaciones de Naciones Unidas, es que lo urgente, se dice literalmente así, lo urgente es exhumar los restos del dictador. ¿Por qué? Porque allí solo tienen que estar los restos de las personas de uno u otro bando que fueron víctimas de la contienda; por lo tanto, lo urgente era exhumar los restos de Franco.

A partir de ahí, para el Gobierno es importante que el Valle de los Caídos permanezca fundamentalmente como un lugar de memoria, de recuerdo de las víctimas que allí están --independientemente de las que sus familiares quieran llevarse--, que las que se queden en el Valle de los Caídos sean un recordatorio, un lugar de reposo y de respeto de la contienda sin la perturbación que supone que este Franco. Ese es el objetivo fundamental, de respeto, de reposo y de recuerdo, a ser posible con la identificación de las más de 30.000 víctimas que están allí -repito-- de uno y otro bando. Ese es el objetivo fundamental, la manera en la que lo podamos acometer lo iremos haciendo por partes. Estamos delante, evidentemente, de unas elecciones y, en cualquier caso, esa fue la directriz que le dio al Gobierno al grupo de trabajo, y por eso, este Gobierno en la parte urgente que se destacaba --por parte del grupo de trabajo, de los expertos y por parte, también, de las recomendaciones de Naciones Unidas-- hemos empezado por el trabajo más urgente que es sacar los restos humanos --en este caso del dictador-- que según el informe perturban la existencia de verdaderas víctimas --el caso de Franco no lo es, evidentemente--, repito, de ambos bandos para convertirlo en un lugar de reposo y de respeto, finalmente, que hasta ahora no lo ha sido.

P.- Patricia Arce de EFE. Buenas tardes. Yo quería saber por qué el Gobierno no ha esperado a la decisión del recurso del Supremo que está pendiente y sí contempla la posibilidad de que la fecha pueda acabar cambiando por ese recurso.

Vicepresidenta.- Así como nosotros no hacemos, evidentemente, ninguna intromisión competencial donde no nos corresponde, que es en el ámbito del Poder Judicial y de los procesos, sí que hacemos el ejercicio legítimo de la competencia que sí tenemos. Evidentemente. Estamos, como es lógico como Gobierno, como también el resto de la ciudadanía, para acatar las resoluciones judiciales, pero eso no impide a que el Gobierno termine su procedimiento y lo termine de la forma en que está previsto por mandato legal y en el procedimiento administrativo abierto.

No entramos a valorar, evidentemente, a hacer ningún tipo de invasión en un campo de competencias que no es el nuestro. Ni lo contrario. Esta es la competencia del Gobierno y la competencia el Gobierno queda, evidentemente, terminada; y lo hemos hecho --repito-- con dos elementos importantes: fuera de las fechas electorales, en el plazo de tiempo en el que desde el punto de vista de la protección de la tutela judicial efectiva de los implicados se puede hacer a resultas de lo que los tribunales decidan --como no puede ser de otro modo--, pero sin abandonar nuestras competencias y, en este caso, nuestras obligaciones establecidas en el Real Decreto.

P.- Carlos Cúe de "El País". Muchas gracias, vicepresidenta. Usted ha dicho que cualquier gobierno posterior estaría obligado salvo que cambien los procedimientos, ha puesto ahí una cautela. Yo le quería preguntar pensando en los millones de personas que están siguiendo este tema y han visto que el Gobierno va para delante, va para atrás, dicen una fecha y luego no se cumple. ¿Está en condiciones el Gobierno, en este momento, de garantizar absolutamente que Franco va a ser exhumado? Porque si hay un cambio de Gobierno y salvo que cambien los procedimientos, los procedimientos se podrán cambiar, entiendo. Por tanto, me gustaría si puede trasladar a la gente que lo sigue si está en condiciones de garantizar absolutamente que va a salir.

Quería preguntar algo más. Esta semana hemos visto que ha habido decisiones en el grupo del PdCat, se han cambiado mucho las listas, van a venir personas no precisamente con fama de negociadores. Yo lo que le quería preguntar es si usted cree que España va hacia el bloqueo. Si el independentismo catalán se queda fuera de acuerdo y la posibilidad de que la derecha sume o no sume.

Y, un detalle de las "fake news". Si llegan, con esta reforma que le ha explicado al compañero, si llegan a estas elecciones, porque si está el grupo de trabajo no sé si para estas elecciones ya va a haber novedades. Gracias.

Vicepresidenta.- Vamos a ver. Para cualquier Gobierno que esté en esa fecha del 10 de junio, a menos que haya modificado la norma que obliga a hacerlo, lo tiene que hacer. Entonces, se trata de, estando en vigor jurídico, hay que hacerlo, no hay más que esto porque estamos en un Estado de Derecho y, evidentemente, sólo cabe la modificación o la ejecución, no hay otra posibilidad en la seguridad jurídica en la que se mueve un Estado como el nuestro.

Este Gobierno toma la última decisión del procedimiento, estamos garantizando que esa fecha, en ese momento, pasado todo el tiempo que media, es un tiempo razonable y suficiente, no solamente para la protección del artículo 24 de la Constitución a quien corresponda, los tribunales harán su trabajo y que consideren que el Gobierno no tiene ningún comentario que hacer acerca de esto, pero si tiene que fijar una fecha que es esta para poder terminar --repito-- el procedimiento iniciado con la aplicación del real decreto.

Esto no ha ido para atrás y para adelante, esto se plantea desde el primer momento en dos escenarios que yo, personalmente yo, tuve la oportunidad de comparecer ante ustedes para explicarlo. En el escenario en el que la familia hubiese entendido la Ley y la aplicación de la misma y se hubiese hecho cargo de los restos de su familiar, habría sido muy rápido, evidentemente, porque habríamos estado en un escenario -digamos-- sencillo. No ha sido así, la familia del dictador y su entorno ha utilizado los instrumentos procesales a su alcance para, evidentemente, articular la discrepancia de esta aplicación de la Ley. Lo han hecho en un país como el nuestro, un Estado garantista desde todo punto de vista, y eso ha ido obligando a todos los plazos de tiempo con los que han tenido que ir transcurriendo los instrumentos procesales que se han ido utilizando. Por eso, este Gobierno, llegado el momento en el que tiene que volver a tomar una última decisión, respetando no solamente los procedimientos en los que la propia familia y su entorno ha ido estableciendo la defensa de su posición; reconociendo y respetando --como no puede ser de otro modo-- el ámbito en el que se mueve la Administración de Justicia en el Poder Judicial; también nos respetamos a nosotros en el espacio en el que nosotros sí que, también, podemos ejercer nuestras propias competencias y decidir; y es el 10 de junio por la mañana cuando se cerrará este procedimiento.

Y, mire, nosotros vamos al unísono con el Grupo de Trabajo de Coordinación europeo en esta materia porque -como antes le explicaba a su compañero--, casi todo el mundo funciona así ya prácticamente en casi todo, pero en esto mucho más. Esto es, evidentemente, una situación global y globalizada casi al instante.

Lo que sí es materia estrictamente nacional para nosotros es todo lo que se refiere a la ciberseguridad de nuestros procedimientos electorales. Ahí sí que es un espacio exclusivamente nuestro, de garantía de nuestros procedimientos que afectan, nada más y nada menos, a la pulcritud de los procedimientos electorales de los que se nutre, nada más y nada menos, que todo nuestro sistema político, todo nuestro orden constitucional. Eso sí que lo tenemos absolutamente, como es lógico y en las fechas en las que estamos en marcha con todo tipo de garantías, con todas las armas de las que podemos disponer. Hoy uno de los acuerdos del Consejo de Ministros también ha sido la nueva inversión, que es muy importante, para cinco años vista y que va a afectar a todos nuestros satélites, a la nueva situación de nuevos satélites, y a la mejorar las comunicaciones en nuestro país. Es una inversión bastante importante, 1.610 millones de euros, que van a afectar para bien de la seguridad de nuestro país en todas estas materias que son tan importantes en este momento. Es decir, que tenemos que deslindar dos situaciones: el funcionamiento de la información falsa a los efectos cotidianos de la vida de los ciudadanos y ciudadanas de sociedades como la nuestra; y, por otro lado, la parte estrictamente nacional que es la garantía de nuestros procedimientos electorales en este momento que --como todos sabemos--, por casos concretos se han visto muy afectado justamente por las noticias falsas.

Hay que distinguir estos dos espacios y, mire, no procede de ninguna manera que el Gobierno se pronuncie sobre la situación interna de otro partido político y menos en fechas claramente electorales como estas. En cualquier caso, la situación después del 21 de mayo será una nueva Cámara en la que, en principio, lo deseable para el orden constitucional y para la vida política de nuestro país es que todos estemos en las mejores situaciones de trabajo, de legalidad, por supuesto de legitimidad, pero también de cooperación para sacar adelante los objetivos y los intereses políticos y cívicos de un país como el nuestro, pero no tenemos que hacer ningún pronunciamiento de las situaciones internas de otro partido.

P.- Buenas tardes vicepresidenta. Soy Irene Castro, del diario.es. Sobre la batalla judicial que pueden emprender ahora con la exhumación de Franco, le quería preguntar ¿si el hecho de que un juez haya paralizado la licencia para llevar a cabo las obras puede complicar este procedimiento y como le han preguntado, bueno, hasta que esto se resuelva e impedir que se realicen estas obras para llevar a cabo la exhumación? Gracias.

Vicepresidenta.- No, no lo afecta, ya lo dijimos en su momento, y le reitero lo que antes le comentaba a su compañero, no tenemos que dar cuenta de cuáles sean -evidentemente-- las posiciones que vaya a mantener la familia. Al Gobierno le consta el escrito que nos hicieron llegar el 7 de marzo, es decir, hace nada, para insistir sobre la posición que mantienen que es la de inhumar los restos del dictador en La Almudena, cosa que no es posible, como ustedes ya bien conocen y, por tanto, cada parte implicada en este asunto tiene que actuar con arreglo al ámbito en el que puede hacerlo. El Gobierno tiene que tomar un último acuerdo de su procedimiento, que lo ha tomado hoy, en cumplimiento de una ley y, por lo demás, no podemos dar cuenta de cuáles sean las situaciones en las que se quiera o se pueda mover la familia y su entorno. Lo que sí sabemos es que el 7 de marzo volvieron a comunicarnos que no iban a admitir que la inhumación de los restos de su familiar fuera en otro sitio que no fuera la Almudena. Como en la Almudena no es posible, el Gobierno toma su última decisión.

P.- Buenas tardes. Quería seguir con este asunto. Soy May Mariño, de la Agencia Servimedia. Vicepresidenta, una cuestión: ¿sería todo en el mismo día? ¿La exhumación y la inhumación en el mismo momento? ¿Por qué han decidido hacerlo sin ningún tipo de imágenes y, digamos, publicidad pese a que ha sido una decisión que ha marcado bastante lo que es este Gobierno del presidente Sánchez? Y, ¿se siente usted satisfecha porque puedan poner, por fin, fecha a la exhumación del dictador después de que era una cuestión que nos iba a pillar trabajando hace casi un año y todavía estábamos dándole vueltas? Gracias.

Vicepresidenta.- Pues, mire, claro, hay que hacerlo con el decoro, el respeto al que nos obliga a nuestra nuestras leyes y al trato, evidentemente, humano correspondiente. Evidentemente, por eso decidimos el día y el sitio, que es el panteón de Mingorrubio, el Pardo.

Justamente por esto que le acabo de decir, porque se trata de los restos humanos, de unos restos humanos y porque no pueden estar sometidos a otro tratamiento que no sea el respeto y el decoro. Para los restos --que lo hemos planteado de esta manera desde el primer momento--, no se trata de ningún espectáculo, no se trata de ninguna situación que no sea la situación absolutamente correcta de los derechos de intimidad que tiene, evidentemente, su familia sobre los restos de su familiar y no puede ser en otro formato que no sea éste estrictamente.

A mí me produce satisfacción todo el cumplimiento, el cumplimiento de las leyes siempre en la parte en la que afecta constitucionalmente al Ejecutivo cumplirlas, estas y todas. Evidentemente, esta como una decisión normativa del Gobierno, si, más. Y, mire, se lo decía antes a su compañero: cada uno puede calificar, evidentemente, como considere oportuno. El Gobierno se remite estrictamente a la situación jurídica de un Estado de Derecho como el nuestro. No ha ido ni ha venido, ni ha tardado, ni ha dejado de tardar. Es que estamos en un Estado de garantías importantísimas y estamos hablando de los restos humanos, que tienen unos familiares, con un variopinto registro de recursos que pueden utilizar esta familia o cualquier otra familia en una situación parecida a esta.

Esta es la situación, que estamos en una democracia, estamos en una democracia que protege el derecho a la intimidad, que asume con extraordinario respeto y cuidado los restos humanos de cualquiera, incluidos los del dictador. Y porque somos esa democracia y ese Estado de Derecho garantista en materia de derechos, todos, pero particularmente el Gobierno -como es lógico-, estamos sometidos a estas situaciones de garantía de derechos. Ya está, si la familia hubiese adoptado una decisión diferente de asumir la aplicación de la ley, del Parlamento, y del Gobierno democrático, legítimo, y legal de España, habría sido más rápido. Como no ha sido así, pues hemos tenido que ir en un procedimiento -repito--, de pulcritud en relación a un Estado de Derecho como el nuestro. Nada más.

P.- Manuel Munielo de Telemadrid. Quería ahondar en los problemas judiciales con que se pueda encontrar el Gobierno a la hora de exhumar los restos de Franco. Está claro que si el Supremo en estos días, la próxima semana, suspende cautelarmente el 10 de junio no se podría exhumar, pero ¿existe o tienen ya licencia de obras para proceder a levantar la lápida y a sacar los restos? O, como eso está paralizado, están pendientes también de que la Justicia dé el visto bueno. ¿Hay licencia ahora mismo de obras para sacar los restos de Franco?

Vicepresidenta.- Mire, lo he dicho pero lo vuelvo a reiterar. Nosotros somos el Gobierno de España, no estamos en lo que haga o no haga el Poder Judicial, el Tribunal Supremo, estamos a cumplimiento de sus resoluciones y al acatamiento de sus resoluciones, éstas o cualquier otra, no hay caso y, mucho menos, opinar o pensar en un ámbito que no es el nuestro, que es el del Tribunal Supremo. En este acuerdo que adoptamos hoy ponemos en marcha, evidentemente, todos los elementos que lleva la ejecución de este acuerdo. Ya está, y tenemos hasta el 10 de junio que es la fecha señalada para hacerlo.

P.- Cecile Thibaut de "L´Echo". Hola, buenos días. Quería saber si el Gobierno tiene previsto dar más medios a los consulados españoles para ayudar a acabar con las colas para la gente que quiere pedir el voto rogado, especialmente, porque tienen doble, ya hay doble cita electoral, hay días de fiesta de por medio y hay un poco de desmotivación de la gente pensando que sus esfuerzos no van a servir para nada porque hay muchas posibilidades de que las papeletas no lleguen a tiempo. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿El Gobierno tiene previsto hacer cosas?

Vicepresidenta.- Mire, desde el Gobierno hemos dicho en alguna ocasión que nos habría gustado modificar la normativa del voto rogado y lo hemos intentado hasta el último momento, y hemos mantenido una posición equilibrada -como no puede ser de otra manera--, entre la seguridad, evidentemente, de algo tan importante como emitir el voto en una democracia y la participación que nos importa mucho. El incremento de españoles fuera de nuestro país en los últimos años ha sido exponencialmente altísimo, estamos hablando de más de dos millones y medio de españoles, entre los cuales hay, evidentemente, una cantidad ingente con derecho a voto y al Gobierno le habría gustado haber podido llegar a la modificación de las condiciones del voto rogado en este momento. Lo hemos dicho, hemos estado hasta el último minuto, casi lo podríamos haber alcanzado y estamos en una situación que conocemos perfectamente y que nos resulta --como usted bien decía--, en fin, comprensiva del esfuerzo que hemos de hacer en la medida de lo posible, a través de nuestras redes de consulados, para que el máximo número posible de españoles con derecho al voto fuera de nuestro país voten en estos procesos electorales que, por cierto, como decía antes, lo son prácticamente todos en el sistema político español; pero sí que lo reconocemos, nos habría gustado llegar a tiempo para las modificaciones de las condiciones intrínsecas del voto rogado en este momento y haremos todos los esfuerzos posibles para que en el ámbito estricto de la Administración General del Estado a través del Ministerio y de los consulados podamos facilitar en todo lo posible la participación política que --repito--, nos habría gustado con otras condiciones de voto rogado.

Es evidente, ha sido palmario, el esfuerzo que hemos hecho pero se trata de una modificación que requiere --como todo el mundo sabe-- de mayoría cualificada porque estamos tocando, evidentemente, la normativa electoral.

Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)