Conferencia de prensa de la ministra de Educación, Formación Profesional y portavoz del Gobierno y de la ministra de Justicia después de la reunión del Consejo de Ministros

La Moncloa

Portavoz.- Buenos días a todas y a todos y muchas gracias por venir hoy, por segunda vez --casi todos--, a esta casa. Me acompaña en esta rueda de prensa la ministra Delgado, la ministra de Justicia, y entre las dos atenderemos a sus consideraciones y preguntas. Como siempre, empezamos con un enmarque y, por tanto, así voy a proceder.

El presidente ha valorado, esta mañana, la situación política y ha decidido en virtud de sus competencias exclusivas que lo más beneficioso para el país es acudir a las urnas dentro de dos meses y medio. Así se lo ha comunicado al rey esta misma mañana y así nos lo ha contado en un Consejo de Ministros extraordinario. Así se lo ha comunicado a los ciudadanos a través de todos ustedes en una comparecencia pública.

Si me permiten, quiero recordar las primeras palabras del discurso de Pedro Sánchez: una de las principales responsabilidades de la Presidencia del Gobierno es ofrecer a los españoles, a las españolas, un horizonte, un futuro que conquistar, un modelo de sociedad que construir. Hemos podido escuchar en esta sala un discurso de Estado, un discurso de alguien que considera que es el momento de poner fin a la crispación como una forma de que el país pueda construir su futuro, de darle una oportunidad a recuperar el diálogo como forma de hacer política, la más positiva para todos los intereses de los ciudadanos. Vamos a ver si conseguimos que el ruido abra paso a la política, la política con mayúsculas, la que busca mejorar la vida de la gente. Hemos escuchado a un presidente de Gobierno orgulloso de lo que ha hecho en estos ocho meses y medio. Estamos muy satisfechos del balance de nuestro trabajo; ese balance del Consejo de Ministros está lleno de medidas dirigidas al corazón de los problemas de los españoles, a los cotidianos, a recuperar derechos, a que el final de la crisis llegue a los hogares, sobre todo, a los que pagaron un precio que no se merecían.

España --como bien ha señalado el presidente--, es un país que si tiene un problema fundamental es la desigualdad, la desigualdad social, la desigualdad de género, e intergeneracional. Hemos peleado desde el día uno por reducir estas desigualdades, y lo seguiremos haciendo. Hemos escuchado a un presidente del Gobierno comprometido con que este periodo de hacerle el hueco que se merece al diálogo en la política, el mismo que nos ha permitido avanzar desde hace 40 años, no se acabe aquí; pretendemos contagiar a la vida política de esa prudencia, de esa moderación, de ese sentido de Estado que, desgraciadamente en los últimos meses y por parte de la oposición, ha aparecido muy adormecida.

Entrando en los contenidos del Consejo de Ministros quiero, primero, informarles sobre un plan director por un trabajo digno. Quiero destacar de manera muy breve que según el balance presentado hoy la ejecución del Plan Director ha dado como resultado hasta diciembre de 2018 la conversión de 61.445 contratos temporales en indefinidos, a los que hay que sumar otros 132.501 por la actuación regular de la Inspección de Trabajo. En consecuencia, las cifras jamás alcanzadas en la lucha contra el fraude de la contratación temporal ascienden a 193.946 contratos temporales irregulares que han pasado a indefinidos, más del doble de los conseguidos en 2017. Además, se ha logrado incrementar la jornada de 8.824 personas trabajadoras con contrato a tiempo parcial de manera irregular. Se les ha incrementado la jornada. De hecho, 2018 presenta el máximo histórico en contratos indefinidos, con más de 2 millones de personas, de contrataciones indefinidas; es decir, un 18% más que en 2017. Estas cifras se repartirán al final de la sesión o en breve.

Paso a continuación a comentarles muy, muy brevemente, el plan de cobertura para españoles en Venezuela. Como saben ustedes, estimamos que en Venezuela hay algo más algo más de 170.000 personas españolas registradas, personas que están sufriendo crisis y que necesitan ayuda humanitaria. A través de la Fundación España Salud, España viene desarrollando programas sanitarios y sociales, y acaba el Consejo de Ministros de aprobar una cuantía de 3 millones de euros para atención a mujeres embarazadas, antirretrovirales, insulina, es decir, medicamentos en su conjunto.

Paso a continuación a presentarles el Proyecto de Ley --que ya es Proyecto de Ley--, que ha aprobado el Consejo de Ministros esta mañana.

Como saben ustedes, hemos aprobado esta mañana la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación. Saben ustedes que el resultado conseguido es una educación para el siglo XXI, un Proyecto de Ley que -efectivamente-- aborda la educación desde la perspectiva de las necesidades contemporáneas de un sistema educativo moderno, sólido, y que enfrenta los principales problemas de la educación española. ¿Cuáles son? Un índice de abandono escolar temprano excesivo, una baja proporción de alumnado con contenidos educativos o con conocimientos de educación insuficiente, y una no igualdad de oportunidades en la proporción necesaria. Por tanto, hay razones que justifican esta reforma educativa que viene respaldada por el trabajo de todas las comunidades autónomas, los equipos de las comunidades autónomas, con excepción de aquellas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que no han querido enviarnos aportaciones. El resto de las comunidades autónomas, de los equipos de las comunidades autónomas, nos han enviado sus aportaciones. Ha trabajado mucho también el Consejo Escolar del Estado, organizaciones educativas progresistas en su conjunto, la comunidad educativa en su conjunto. Ha habido muchas aportaciones individuales y todo se ha venido atendiendo, con lo que el resultado del proyecto de ley que hoy presentamos es un Proyecto de Ley muy enriquecido por la comunidad educativa, y muy respaldado.

Es imprescindible modificar la legislación educativa española porque la LOMCE vino a interrumpir el equilibrio existente en ese sistema educativo que había llegado con trabajo a incorporar aquellas diferencias que, lógicamente, subsisten en Educación en cualquier sistema democrático. En la LOMCE, ahora hemos recibido, porque ha sido la primera promoción de graduados --tanto en enseñanza secundaria como en Bachillerato--, la LOMCE ha hecho descender el número de graduados en tres puntos, en el caso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria; y, en dos puntos, en el caso de Bachillerato. Por tanto, es un tratamiento el de la LOMCE que no conviene a la educación española, y es un tratamiento que nos separaba, además, del trabajo que las corrientes europeas --la Unión Europea--, venía haciendo en relación a las competencias educativas.

Las razones que justifican la reforma educativa, por tanto, están ampliamente explicadas a lo largo de estos años, desde el año 2013 hasta el día de hoy, en los resultados escolares, en las escuelas. Pero, fíjense ustedes, por ejemplo, en los itinerarios de la LOMCE que rompieron la comprensibilidad: la compresibilidad sin la LOMCE -ven ustedes en el primer cuadro--, se dan cuenta de que un 85,6% ya estudiaba la Enseñanza Secundaria Obligatoria siendo los programas de diversificación curricular de un 14,4%. Sin embargo, en la siguiente figura ven ustedes que hay una fragmentación importante porque la LOMCE incorporó programas de bajo valor educativo y, por lo tanto, teníamos los itinerarios ordinarios de la ESO pero unidos a Formación Profesional, Formación Profesional de Grado Básico y que conducían a los alumnos a itinerarios muy diversos. Había dos titulaciones de la ESO: una, para aquellos que iban a bachillerato, otra para aquellos que iban a ir a Formación Profesional, y esos itinerarios eran estancos; es decir, aquella persona que había circulado por la formación profesional desde los 13-14 años, ya no podría hacer Bachillerato, así que, realmente, la formación profesional estaba funcionando en una cubeta destinada a aquellos alumnos que habían sido repetidores o a los que se les consideraba que no iban a poder incorporarse a un ritmo rápido de formación y aprendizaje.

En el siguiente cuadro, la LOMCE ha empeorado los niveles de titulación en la ESO y en bachillerato. Es lo que apenas acababa de comentarles; es decir, de un 79% de graduados en ESO en el año 2015-2016, pasamos en el 2016-2017 --primeros datos que tenemos de graduados en la ESO-- a un 76 %; es decir, el sistema educativo en vez de evolucionar produciéndose el efecto de ascensor social, lo que está haciendo es reproducir desigualdades e involucionar en relación a otros sistemas educativos europeos; y, en Bachillerato, ocurre también, observamos un descenso de 2 puntos en la graduación, en la titulación de Bachillerato. Por tanto, los efectos de la LOMCE son nocivos para el sistema educativo español. La LOMCE se equivocó gravemente.

Los principales desafíos del futuro del sistema educativo español, en consecuencia, son corregir esas desigualdades, conectar con todos aquellos sistemas tanto de la Unión Europea como de la Unesco, la Agenda 2030, como también todas esas doctrinas que vienen de la OCDE que afirman que la compresibilidad tiene que llegar lo más arriba posible, que tenemos que procurar que el alumnado español adquiera las mayores competencias posibles y que el momento de elección que tiene ese alumnado se separen lo más posible de su punto de origen con el fin de compensar las desigualdades de origen. Es decir, el alumno que opta más arriba, cuando tiene más edad, tiene muchas más garantías de haber optado bien que aquel otro al que se les separa con 11, 12, 13 años porque todavía está muy condicionado por sus determinaciones de origen. Por tanto, lo que hace esta ley es un cambio de tendencia para llevar con un tratamiento adecuado a todos los alumnos, a la mayor proporción de alumnos posibles a que titulen, a que titulen con un único título de la ESO que les va a poder conducir tanto al Bachillerato como a una Formación Profesional que es de tanto nivel, de tanto rango, como el camino del Bachillerato.

Así que la ley empieza por una atención muy específica al 0-3. Es decir, uno de los principios rectores del Proyecto de Ley es lo recomendado por la Convención de los Derechos del Niño de la Orden de la ONU, y la atención a la infancia, la universalización del 0-3 para ir atendiendo progresivamente a la gratuidad del 0-3 está presente en la ley. La ley quiere recuperar los requisitos mínimos, junto a las comunidades autónomas, de titulación para el tratamiento del 0-3, los requisitos mínimos de espacios. Es decir, la Educación Infantil está muy, muy presente, es uno de los principios rectores de la ley; y el segundo principio rector de la ley es, obviamente, la coeducación, la igualdad de género, la prevención de la violencia de género, y el tratamiento, sobre todo --y aquí hay una discriminación importante positiva--, de las mujeres, de las jóvenes para que vayan incorporándose a las asignaturas, a las materias STEM, a la Ingeniería, a las Ciencias, a las Matemáticas. Esta es una cuestión que tratamos de manera importante. La tercera, es educar para un desarrollo sostenible. La cuarta, es una enseñanza personalizada. Y la quinta, obviamente, todo alumno o alumna contemporánea tiene que saber manejar, tener desarrolladas las destrezas de las asignaturas o materias digitales que ya no son nuevas tecnologías, pero sí son las tecnologías con las que va a tener que trabajar durante su vida.

En la pérdida de equidad de nuestro sistema, ven ustedes ahí, que una de las fortalezas, diría la mayor fortaleza del sistema educativo español, venía siendo la equidad. Pues bien, es uno de los pocos sistemas educativos que pierden en equidad desde la instalación de la LOMCE. Pierde en equidad --según nos dice Pisa--, hay que recuperarla.

Otra de las cuestiones, de las características de nuestro sistema son las tasas de repetición. Si se fijan ustedes, apenas Costa Rica y España, son los países que tienen las tasas más altas de repetidores. Cuando la media, --puede ser la media de la Unión Europea--, está situada en un 2%, y también la de la OCDE, España está situada en casi un 12%, un 12,3% de estudiantes repiten en la ESO. Es una tasa altísima, es una tasa ineficiente desde una perspectiva económica, y no digamos desde una perspectiva humana. Por tanto, esto lo tenemos que reducir y sólo se puede reducir con atención diversificada, atención inclusiva, atención personalizada. Hay que reducir las tasas de repetidores en España. Es necesario aumentar el alumnado de Formación Profesional. Tenemos unas tasas de matriculados inferiores en España a las medias de la OCDE. Nosotros estamos con tasas de 35% mientras que la media de la OCDE es del 44%, y de la Unión Europea el 48%. Ahí tenemos que hacer un recorrido muy importante porque los empleos que se van a ofertar para la España de 2025, o se van a ofertar en Europa, son empleos orientados a población con un nivel de formación medio y, por tanto, ahí tenemos un recorrido muy importante que hacer porque nuestra población no lo ha alcanzado todavía, está a una distancia significativa.

Aquí, en este otro cuadro ven ustedes que tenemos, como uno de los problemas que hemos de afrontar: el índice de abandono escolar temprano en España es del 17,9%, cuando para el 2020 deberíamos mostrar ya en la Unión Europea unos resultados de 15% o menos, y esto es algo preocupante. Han visto ustedes un descenso que ha venido a coincidir con la crisis. En el momento --y esto funciona así en el sistema educativo español--, que el mercado cierra sus puertas, la escuela es el refugio y cuando las abre tenemos que afrontar ese otro problema, trabajar para que el alumnado no se nos vaya sin titular.

Por lo tanto, presentamos el Proyecto de Ley, con la satisfacción de saber que significa la concreción de los anhelos en los que ha venido trabajando la comunidad educativa desde el año 2013. Desde el año 2013 todas las fuerzas políticas --salvo el Partido Popular y alguna otra que se abstuvo, como UPyD, en aquel entonces--, mostraron su firme convicción de que la LOMCE no era una ley adecuada para la educación española y que había que derogarla cuanto antes. Este proyecto que ustedes tienen entre manos no viene con el único objetivo de derogar la ley, --que sí lo hace, deroga la LOMCE, cuando sea aprobada, obviamente--, pero el objetivo es mejorar el sistema educativo español. Es una ley exenta, es una ley que realmente incorpora todas aquellas cuestiones que van a mejorar la educación española, y la van a preparar para abordar la agenda 2030.

Ven ustedes ahí como tenemos los ejes transversales que les he comentado muy brevemente, y hacia un nuevo marco educativo --voy más deprisa--, los objetivos son modernizar el sistema educativo, reforzar equidad e inclusión, estabilizar el sistema, y mejorar los resultados. Es importantísimo que se mejoren los resultados escolares y en la estabilización del sistema quiero pararme brevemente para hacerles un comentario: proponemos un pacto, un pacto entre las fuerzas políticas, pero no de contenidos. ¿Por qué? Porque la estabilidad del sistema educativo está más que garantizada. Desde el año 1990 no se ha modificado ni en estructuras, ni en etapas, ni en conciertos. Es un buen sistema educativo que hay que mejorar constantemente, pero no hay recetas mágicas. Mejoremos constantemente ese sistema educativo retirando aquellos elementos, como el de la LOMCE, que han vulnerado la igualdad de oportunidades. Pero donde debiéramos establecer un verdadero pacto de las fuerzas políticas es en hacer que la educación fuera un territorio exento de recortes, que recibiera progresivamente de incorporaciones de recursos económicos paulatinos que permitieran alcanzar un suelo de inversión educativa del 5%, lo cual lo haría equivalente, lo balancearía de manera homologable con el resto de los sistemas educativos europeos.

Eso es algo importante, es decir, garantizar la continuidad de los recursos al sistema más allá de cambios políticos, o más allá de turbulencias económicas en los ciclos. Es importante porque la educación es precisamente un principal factor económico, más allá de ser una herramienta de igualdad imprescindible y de crecimiento humano.

Por tanto, volvemos a una modernización del sistema, hacemos una modernización del sistema educativo recuperando el 65% de las competencias curriculares en comunidades autónomas en lengua cooficial, y el 55% de las comunidades autónomas con lengua cooficial. Ese es el reparto entre Estado y comunidades autónomas, en las que también trabajarán los centros educativos con su autonomía.

La Educación Primaria se establecerá por ciclos, con lo cual decrecerá -obviamente-- el número de repetidores; y, la Educación Secundaria será absolutamente inclusiva y con la diversidad que les he mostrado antes, es decir, el itinerario normal, una diversificación curricular, y una formación profesional básica pero que está llena de contenidos y que, también, es conducente a la titulación de la ESO.

Pasamos --porque entiendo que ustedes van a tener ya todo el informe--, y yo creo que más allá de que ustedes quieran formular más tarde preguntas, el Bachillerato --como saben-- se establece en dos años. Es posible pasar de primero a segundo de Bachillerato con alguna materia suspendida, no superior a tres, pero que -efectivamente-- puedan abordarse en el segundo de Bachillerato, tomando también algunas materias del segundo curso; y el título de bachiller se puede obtener, también, --y esto ha sido comentado pero yo creo que todo el mundo sabrá que en todos los sitios se hace igual-- el bachillerato que son 20 materias, el título de bachiller, obviamente, se puede conseguir con una materia insuficientemente aprobada de 20, por compensación y por aquiescencia del equipo formativo del alumno.

Este Proyecto sale muy respaldado, como les digo, por la comunidad educativa, es un Proyecto de Ley progresista que conecta plenamente, que conecta plenamente con las corrientes contemporáneas educativas de la Unión Europea y de la Unesco. Aborda los objetivos planteados en la agenda 2030 y, desde luego, parte de la base de que nadie se quede atrás y que todos los talentos tienen que ser tratados en la escuela con éxito; por tanto, es un referente, y este es el proyecto de ley del siglo XXI que, claramente, la comunidad educativa que cree en que todos merecen, todos merecemos una ocasión, una oportunidad, vamos a respaldar.

Nada más y muchas gracias. Y ahora sí, quiero ceder, por fin, a la ministra Delgado, a la ministra de Justicia, la palabra para que ella explique lo que hemos hablado también desde esta mesa en muchas ocasiones relacionado con la actuación administrativa para la exhumación de los restos de Franco. Ministra.

Sra. Delgado.- Muchas gracias, ministra. Buenas tardes a todos y a todas.

Como bien decía la ministra portavoz y, en su última intervención, la ministra de Educación, hemos llegado al final de un proceso, un proceso que se inició con una decisión política. Una decisión política e iríamos un poco más, una decisión de Estado, porque cuando el Gobierno tomó posesión con el presidente Sánchez había un proyecto evidentemente de Estado y un proyecto de España y un proyecto político, había una decisión de memoria histórica. Al final, la memoria histórica --como bien saben ustedes-- es una cuestión de memoria democrática, es también una cuestión de organismos internacionales y de colocar, seguramente, a España en ese espacio internacional donde otros países ya han arribado, y a nosotros nos faltaba un camino por recorrer.

El presidente Sánchez tomó la firme determinación de, en ese espacio de memoria histórica, cumplir con la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos, porque la significación que tiene el Valle de los Caídos era una escenificación de dignificación y de recuerdo de algo que ocurrió y que, además, no contribuye ni ayudaba a la convivencia de los españoles. Como les decía, se inició desde el minuto uno un proceso con una decisión política y hemos alcanzado la culminación de este proceso con los pasos que ahora mismo les voy a exponer rápidamente.

Como bien saben, el Consejo de Ministros del 24 de agosto fue un Consejo de Ministros muy importante porque se acordó un Real Decreto-ley. Era un Real Decreto-ley que modificaba la Ley de Memoria Histórica del año 2007, introduciendo un artículo que era fundamental, que era la modificación del artículo 16.3, diciendo: en el Valle de los Caídos no puede estar enterrado nadie que no haya sido víctima de la Guerra Civil. Esto nos conducía necesariamente, con la aprobación de este Real Decreto-ley, a que Franco no cumplía esos requisitos porque el dictador, Francisco Franco, murió en el año 1975 --como es público y notorio-, y, por tanto, estaba enterrado indebidamente conforme a la Ley de Memoria Histórica en el Valle de los Caídos. El siguiente paso era proceder a la exhumación de los restos de Franco. ¿Por qué? Porque había que cumplir la ley. ¿Qué ley? La Ley de Memoria Histórica. ¿Qué artículo? El 16.3 que aprobamos en el 24 de agosto.

En esta misma línea y siguiendo este ítem de actividades del Gobierno fue el 31 de agosto, en nuestro Consejo de Ministros, se inició un procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo tenía como principal función, y como principal objetivo, desarrollar un procedimiento con todas las garantías legales, siendo absolutamente escrupulosos con el ordenamiento jurídico. Y, ¿por qué era importante? Porque éste era un acto de Estado, éste era un acto histórico y, como tal acto de Estado, histórico, político, y, además, para la convivencia de todos los españoles, de todos los españoles, tenía que hacerse bien, y para hacerse bien necesitaba la escrupulosidad del procedimiento. Les repito, el día 31 de agosto en nuestro Consejo de Ministros se acordó iniciar ese procedimiento, un procedimiento que --ya les adelanto-- ha sido difícil, ha sido complicado, porque hemos adaptado la Ley de Memoria Histórica, la Ley de Procedimiento Administrativo, dando entrada a todos los interesados, no solamente a la familia sino a otros interesados --que pudieran estar interesados-- en esta exhumación de Franco, en este cumplimiento de la norma.

En el procedimiento --pueden imaginar ustedes--, había una serie de objetivos, que eran: obtener las licencias correspondientes del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial para realizar las obras; que era, también, contar con las autorizaciones pertinentes de la Comunidad de Madrid en cuanto a los actos mortuorios, porque estábamos hablando de la exhumación de unos restos cadavéricos y, luego, atender a todas las demandas de los interesados; las demandas que --en muchos casos--, fueron no verdadero obstáculo pero lo tomamos como algo normal en el desarrollo de un expediente donde puede haber distintos interesados. Les aseguro que hubo recursos --como bien conocen--, hubo hasta 14 recusaciones de los instructores del expediente que fueron resueltos adecuadamente por el Consejo de Ministros dando audiencia, curso, y traslado de todos estos procedimientos, hasta que llegamos a este momento, llegamos a la culminación de un expediente -repito-, histórico, porque con él se da cumplimiento a algo, a lo que se había comprometido --no solamente con la sociedad española sino también con nuestra memoria democrática--, el presidente del Gobierno, el presidente Sánchez.

Hemos llegado a este momento en el que, como ministra de Justicia, he tenido el honor de elevar al Consejo de Ministros el acuerdo para su aprobación en dos ámbitos fundamentales: el primero, hemos culminado un procedimiento administrativo con todas las garantías para exhumar a Franco, y así se ha acordado; se ha acordado realizar cualquier acto para la ejecución de ese acuerdo, la exhumación de Franco de la basílica del Valle de los Caídos, y hemos acordado otorgar un plazo de 15 días --en este caso a la familia--, hemos reducido, o hemos restringido el concepto de interesado a la familia, porque es quien tiene que disponer de los restos mortales de su familia, y debe ser así, para que informen o comuniquen dónde procede la inhumación, una vez sean exhumados. Que indiquen el lugar. Eso sí, con una salvedad, o con una excepción que ahora paso a exponerles, que es la catedral de La Almudena.

Los restos de Franco no pueden ir a la catedral de La Almudena por dos razones fundamentales: una, por razón de orden público, así lo ha informado el Gobierno Civil en Madrid, podrían generarse problemas de orden público; y, en segundo lugar, porque también incumpliríamos la Ley de Memoria Histórica convirtiendo --de nuevo--, un lugar público en un lugar de dignificación de los restos del dictador. Por lo tanto, excluida la Catedral de La Almudena, se les pide a los familiares que indiquen dónde quieren enterrar los restos de Francisco Franco.

También, en este acuerdo hemos expuesto la posibilidad de que: uno, no hubiera acuerdo entre la familia, o bien, es decir, que no sea unánime el acuerdo de donde deben de ir los restos de Franco o que haya silencio, que no digan nada. En ese caso se reserva el Gobierno el lugar donde deben ser enterrados los restos de Franco pero, quiero decir, en primer lugar, desde luego, será la familia quien decida dónde quieren enterrar los restos de Franco y, subsidiariamente, el Gobierno. Quiero decirles que con esto hemos cumplido un acuerdo -repito-- de convivencia, de reencuentro, de conciliación con nuestra memoria histórica y se ha hecho todo lo que se tenía que hacer, en el tiempo en el que se debía de hacer, con los requisitos que debían de seguirse, con la seriedad procesal y jurídica que esta decisión importante merecía, porque --y esto lo puedo trasladar, así era la decisión del presidente Sánchez--, esto es algo que va a proyectarse en el futuro, que ha sido una responsabilidad histórica de este Ejecutivo y que, en definitiva, nos marcará a todos como españoles, españoles en un momento de reconciliación con nosotros mismos, y una deuda de futuro con la historia.

Muchísimas gracias Y lo que quieran ustedes preguntar.

Portavoz.- Muchas gracias, ministra. Nos ponemos a contestar preguntas.

P.- Hola, buenas tardes. Irene Castro de Eldiario.es. Tengo unas dudas técnicas sobre el proceso de exhumación de Franco. Una es, si esos 15 días que se les van a dar a la familia, si antes de esos 15 días se puede exhumar el cuerpo, que entiendo que no, pero por precisarlo dado que se tiene que pronunciar todavía el Supremo, si habría una forma de eludir el pronunciamiento del Supremo. Por otro lado, si temen que el Supremo paralice la exhumación en este recurso que tiene abierto.

Y, una pregunta para la portavoz. El presidente ha dicho que el Gobierno va a seguir trabajando hasta las elecciones. Dado que después han tenido la reunión en un Consejo de Ministros, quería saber se han puesto sobre la mesa qué medidas sacarán adelante y si, entre ellas, por ejemplo, está derogar la reforma laboral. Un poco sí nos pueden indicar cuál es el marco de actuación. Gracias.

Sra. Delgado.- Bueno, lo primero, Efectivamente, hay 15 días de plazo que se ha otorgado a la familia para que la familia decida dónde quieren ubicar los restos óseos del dictador. Eso de una parte. Segundo, el Tribunal Supremo no sabemos si se va a pronunciar o no; en primer lugar, deberá plantearse --en su caso-- un recurso ante el Tribunal Supremo que en este momento, evidentemente, no se ha planteado; por lo tanto, no podemos decir nada y, sobre todo, no intentar hacer justicia-ficción porque hasta que no transcurran los plazos, hasta que no se tomen las decisiones, no sabemos exactamente lo que va a ocurrir. Hasta ahora les he explicado los plazos que hay, las resoluciones que se han acordado. Una vez que la familia indique algo, o no indique, --si no indica, entrará de nuevo en funcionamiento el Consejo de Ministros para determinar dónde deben ubicarse estos restos óseos--. Una vez que esto suceda, pues la familia podrá o no recurrir, ya esto es una cuestión muy particular.

Portavoz.- En relación a lo que usted pregunta, he de decirle que hoy el Consejo de Ministros ha trabajado en su orden del día de manera ordinaria; por lo tanto, no nos hemos detenido exactamente en conocer o identificar cuáles serán las cosas que puedan pasar antes del día 28 de abril, lo veremos en los próximos días, pero sí he decirle que ciertamente con el Decreto de convocatoria --como usted sabe--, se disuelven las Cámaras y para ciertas cuestiones --tales como la que usted ha mencionado-- se necesita a las Cámaras trabajando. Pero, en fin, como les digo, especificaremos el trabajo en los próximos días.

P.- Olga San Martín, del diario "El Mundo". A la ministra portavoz, quería preguntarle por qué el Gobierno ha decidido aprobar hoy su reforma educativa a pesar de que es consciente de que no va a pasar por ningún trámite parlamentario, por qué no han esperado al informe del Consejo de Estado. Y, aunque ya no sirva de mucho, pero me gustaría que nos explicara qué mecanismos se contemplan en la ley para garantizar el castellano en las comunidades con lengua cooficial. Gracias.

Portavoz.- En primer lugar, he de decirle que por respeto a todas las personas que han venido trabajando, respaldando esta ley, que han sido muchísimas y, desde luego, las comunidades autónomas con sus equipos.

En segundo lugar, he de decirle que no esperamos al informe del Consejo de Estado porque no lo hemos pedido, porque no es preceptivo --como usted puede saber--, no es preceptivo para esta ley el informe del Consejo de Estado.

Y, en tercer lugar, en relación a las lenguas, he de decirle que la inclusión de las lenguas en el proyecto es estrictamente constitucional y reproduce el artículo 3 de la Constitución.

P.- Daniel Basteiro, de El Español. Sobre Franco, una aclaración. ¿Es necesario entonces un nuevo Consejo de Ministros en caso de que la familia Franco no designe un lugar distinto al de la cripta de la catedral de la Almudena? ¿Es necesario un nuevo Consejo de Ministros para decidir el emplazamiento? ¿Se hará con publicidad la exhumación, es decir, sabremos la fecha, o cómo se hará, o se hará de una manera más discreta?

Y, en segundo lugar, quería preguntarles a las dos ministras, hasta dónde va su compromiso político con el proyecto de Pedro Sánchez. Dicho de otra manera, ustedes no son diputadas, no lo eran antes de entrar al Gobierno. ¿Aspiran o les gustaría ir en las listas electorales para seguir comprometidas de alguna manera con ese proyecto político de Pedro Sánchez más allá de las elecciones o su compromiso acaba con esta legislatura? Gracias.

Sra. Delgado.- Lo primero, estamos ante dos supuestos en el tema de la necesidad o no de un nuevo Consejo de Ministros. Esto quiere decir, hay dos supuestos: que la familia no diga nada, que haya silencio, o que no haya unanimidad. También tenemos que prever la posibilidad que entre ellos no se pongan de acuerdo sobre dónde quieren llevar los restos óseos. En ese caso es el Gobierno quien lo tiene que decidir y su voz es, y se expresa, a través de un Consejo de Ministros. Esto es así.

Respecto del momento, el silencio o no silencio, vamos a ir por pasos. Una vez que vayamos determinando qué ocurre ahora en estos 15 días, pues veremos y estableceremos un poco el plan, y no el cronograma, si se puede decir de este modo; o sea, que no es porque no quiera concretar, es porque tenemos que ir paso a paso, y hasta que no demos esos pasos es imposible la concreción, ya me gustaría pero es imposible.

Y, dos, en cuanto al compromiso. Desde luego, el proyecto de Estado porque, fíjese el matiz, no voy a decir el proyecto político sino el proyecto de Estado del presidente Sánchez es un proyecto de servicio público, es un proyecto global, político, es un proyecto avanzado -él lo ha explicado--, tenemos unos presupuestos que no han salido adelante pero que son una oportunidad para todos los españoles, por lo tanto, yo estoy a disposición del presidente Sánchez porque es ilusionante el proyecto que hay y el proyecto de Presupuestos. Nos quedan cosas, hemos hecho en casi 9 meses, 8 meses, tantísimo y queda tanto por hacer que en cualquiera de los casos es ilusionante.

Portavoz.- Gracias, ministra. Yo mantengo un compromiso,--aunque no tendría por qué contestarle a algo personal, pero le voy a contestar--. Yo mantengo un compromiso político con lo que representa el presidente Sánchez, lo tuve antes, lo mantengo durante, y lo mantendré después, porque el presidente Sánchez es un presidente que representa al Estado, que es de Estado, y que ha tenido dos objetivos fundamentales en esta ejecutoria, dos objetivos fundamentales cuáles han sido: blindar el Estado del bienestar, y esto es una cuestión bien importante, sobre todo tras lo sufrido por los más vulnerables durante la crisis; y, lo segundo, encauzar un conflicto político como es el de Cataluña, encauzarlo por la vía política, desde la política, desde el diálogo. Él ha representado el respeto a la Constitución y el diálogo, y yo no concibo otra manera en democracia para resolver los problemas con la excepción del diálogo. ¿Cuál es? ¿La confrontación? Por tanto, representa, yo diría, al Estado. Ha representado, viene representando, lo seguirá representando, con una característica muy personal: una gran resistencia. Gracias.

P.- Buenas tardes. Beatriz Fernández de Europa Press. Entonces, ministra de Justicia, por aclarar. Queda entonces un nuevo Consejo de Ministros y una orden definitiva sobre la exhumación, ¿no?, por lo tanto, el proceso todavía no ha culminado, faltaría este paso adelante. Y, otra duda que tengo. ¿El Gobierno puede proceder a la exhumación antes de que el Supremo resuelva ese eventual recurso que, bueno, la familia y otras partes interesadas ya han anunciado que están determinadas a presentar?

Y una precisión. Sobre la Ley de Educación. En estos tres plenos que quedan, ¿el Gobierno tiene intención de que se produzca el debate de toma de consideración de la ley? Gracias.

Sra. Delgado.- Le repito, lo que queda son, los pasos: 15 días para que los familiares digan, o no digan, o se pongan de acuerdo, o se dejen de poner de acuerdo. Si mañana, por ejemplo, o pasado mañana --una vez publicado este acuerdo-- manifiestan que los restos óseos vayan aquí o allá o los van a recoger y se hacen cargo de ellos, ya no hay ningún problema --como puede imaginarse--. Todo va a depender de los pasos que se vayan dando por los actores que están ahora mismo participando en esto.

Dos, si no hubiera -efectivamente-- ese acuerdo, si hubiera silencio o no hubiera unanimidad, tendría que tomar el acuerdo el Consejo de Ministros; por lo tanto sí. Y hasta que todo esto suceda, no podemos determinar si entra o no entra el Tribunal Supremo a conocer del posible recurso. Quiero decir que todos son especulaciones, hasta que no se vayan produciendo estos pasos no podemos determinar una u otra cosa.

Portavoz.- En relación a lo segundo, he de decirle que es la propia Mesa del Congreso la que ordena sus trabajos, pero no parece muy posible, ojalá, pero no parece posible que se llegue a tiempo para eso.

P.- Buenas tardes. A la ministra de Justicia. Víctor Ruíz de Almirón, de "ABC". Ha planteado algunos escenarios posibles en la cuestión de la respuesta de la familia pero ¿qué va a hacer el Gobierno si la familia da una respuesta clara como parece que fue, porque ya dijeron que el único lugar en el que procederían a la inhumación sería la Almudena? ¿Cuál es el siguiente paso que va a dar el Gobierno? Y, en cualquier caso, aunque entiendo que no querrán hablar de un recurso que todavía no se ha presentado, la familia lo ha anunciado, que presentará un recurso y le insisto en la pregunta de mi compañera, ¿el Gobierno está dispuesto a actuar en la exhumación en caso de que no haya acuerdo con la familia antes de que el Supremo se pronuncie? Lo digo porque estamos ante un caso que por una cuestión material, ¿que podría pasar si, de repente, el Supremo dijese que no ha lugar esa exhumación, aceptarse las medidas cautelares que va a solicitar la familia? Hay difícil vuelta atrás después de una inhumación. Gracias.

Sra. Delgado.- Varias cosas. Lo primero, el propio acuerdo que se ha traído hoy, y se ha elevado al Consejo de Ministros, y ha sido aprobado, ha establecido los distintos escenarios. ¿Qué ocurre? ¿Que no ocurre? Silencio, no unanimidad y, en su caso, si no hay unanimidad, o hay silencio, Consejo de Ministros. Esa sería la primera.

Después, habría que ir, si estamos en ese escenario, a que el Consejo de Ministros, es decir, el Gobierno a través del Consejo de Ministros decida o determine cuál es el lugar de inhumación, teniendo en cuenta que en la Catedral de La Almudena no puede ser. Por lo tanto, quién lo va a decidir --en esos dos casos-- será el Gobierno a través del Consejo de Ministros.

Me preguntan por el tema de si es inmediata la exhumación, si hay recurso o no. Vamos a ver, el recurso --salvo que no lo pidan o que lo pidan-- no tiene efectos suspensivos. Si se pide expresamente lo tiene en su caso que acordar el Tribunal Supremo. Estamos en un espacio un tanto impreciso porque no podemos decir ahora mismo si se va a producir o no se va a producir esa suspensión para el hipotético caso de que haya recurso y para el hipotético caso de que se expongan estos o aquellos argumentos en un recurso. Quiero decir, tiene que haber resolución, tiene que haber recurso, tenemos que estar a lo que diga ese recurso y, después, tendrá que pedirse la suspensión de la ejecución del acuerdo, y lo tendrá que acordar el Tribunal Supremo. Quiero decir, son muchos pasos lo que tienen que producirse y quedarse. Podemos movernos en el mundo de la hipótesis pero lo seguro es lo que yo les he explicado, no puedo decir otra cosa.

P.- Rop Zoutberg, de Nos News. Sólo una pregunta muy sencilla sobre la fecha de las elecciones anunciado el 28 de abril. ¿Por qué no elegir la otra fecha que han hablado muchísimo los últimos días coincidiendo con las elecciones europeas? ¿Por qué el uno sí y el otro no? Gracias.

Portavoz.- Primero porque, efectivamente, yo creo que las elecciones generales merecen también su espacio de decisión, pero, más allá de eso, la complejidad que se juega el 26 de mayo a ámbito local, autonómico, y europeo es de suficiente entidad para que los ciudadanos puedan enfrentar tres decisiones al mismo tiempo como para volver a añadir una cuarta decisión como es la fecha de las elecciones generales.

P.- Buenas tardes. Sandrine Morel de "Le Monde". Yo quería saber qué pasa con la congregación religiosa que está en la basílica del Valle de los Caídos que, hasta ahora, creo que se han negado a que el Gobierno actúe.

Sra. Delgado.- Pues, bueno, como el propio acuerdo establece: hay dos materias que son distintas: lugar de culto no significa que esté excluida la autoridad civil, esto es lo que ha concluido el acuerdo; por lo tanto, el Gobierno --y así se establece en el acuerdo--, puede tomar aquellas decisiones necesarias legalmente para entrar en este espacio que es un lugar de culto a través del cual se respeta el ejercicio de la libertad religiosa pero no excluye la actividad de la autoridad civil.

P.- Gracias. Carina Verdú de Antena 3. Ministra portavoz, usted ha dicho que el presidente ha pronunciado un discurso de Estado pero, ¿qué le parece que la oposición le esté criticando ahora porque dicen que ha usado la Moncloa para hacer su primer mitin de campaña? ¿Qué le parece? Gracias.

Portavoz.- Me parece mal. Me parece desacertado y me parece un error. Yo les invitaría a que acudieran a un mitin del presidente en su calidad de secretario general y observarían la diferencia. Lo que ha hecho el presidente es, sencillamente, como corresponde a un presidente, poner en valor su acción de gobierno.

P.- Hola, buenos días, ministras. Juanma Romero de El Confidencial. Yo quería preguntar por el asunto de Franco, y siguiendo con el asunto de la Iglesia. Entiendo, por tanto, que ustedes podrían entrar en la Basílica pese a la oposición del prior administrador del Valle de los Caídos. Pero, tampoco, sé si tienen ya hablado esto con la Iglesia española porque han hecho declaraciones cambiantes en los últimos tiempos, también, incluso, del Vaticano. No dejó muy claro si apoyaban o no la exhumación; por tanto, ¿cuentan ustedes con la plena autorización de la Conferencia Episcopal Española, del Arzobispado, del Vaticano, para poder hacer esta exhumación? Y, luego, respecto a inhumación, ¿qué pasa, también, si la familia indica un lugar que tampoco conviene o que no gusta al Gobierno por las razones X, como pueda ser el Pazo de Meirás, o cualquier otro lugar que no sea decoroso o no sea digno para el Gobierno, o signifique una exaltación del dictador? ¿Qué harían en este caso ustedes? Y, si el sitio en el que están pensando --en caso de que se produzca esta situación-- es en la colonia Mingorubio, en el cementerio municipal de El Pardo. Gracias.

Sra. Delgado.- A ver, pues le contesto muy rápidamente a las dos cuestiones. Ahora es el momento definitivo en el que tenemos que enmarcar y, en su caso, solicitar correspondientes autorizaciones para ejecutar este acuerdo del Consejo de Ministros. Ahora, este es el punto de partida, punto cero.

Dos, vamos a ver, el tema de la inhumación tiene que cumplir con la Ley de Memoria Histórica. Tiene que cumplir con la Ley de Memoria Histórica, y tiene que cumplir con normas de orden público, evidentemente. Nosotros nos movemos porque esta es nuestra responsabilidad con el orden público y el cumplimiento de la norma, de la ley, y en esos parámetros nos moveremos a la hora de inhumar los restos de Franco. No le puedo decir otra cosa porque todo es especular en qué sitio, en qué no sitio. Así de claro se lo digo, hay exactamente dos pilares fundamentales: el cumplimiento de la ley y orden público.

P.- May Mariño, de Servimedia, Con estos dos pilares, ministra, volviendo al asunto. ¿Tienen alguna forma de evitar desde el Gobierno un sitio que elija a la familia y que consideren que está fuera de esos dos parámetros?

Sra. Delgado.- Decirle…

P.- (…) antes de que sea la fecha de las elecciones. Gracias.

Sra. Delgado.- Bueno, quiero decir, el plazo real es el de los 15 días que ahora mismo hay, con el que jugamos y partimos. Y, luego, se ha dado prioridad a la familia, como no puede ser de otra manera. Al final, se da a la familia ya --así si se recoge en el acuerdo-- la oportunidad de recoger los restos óseos de su familiar porque esto es lo normal desde un ámbito de humanidad y de actuación. Por lo tanto, prioridad a la familia para que nos diga algo, y a la espera de lo que nos diga la familia, unánimemente, eso sí, hemos pedido que se pongan de acuerdo y que lo digan. Y, los plazos que hay ahora mismo encima de la mesa son esos 15 días que se han dado a la familia a partir de la publicación de este acuerdo.

P.- Joan Guirado de Ok Diario. Portavoz. Usted ha dicho que durante estos ocho meses el Gobierno ha hecho una buena labor intentando encauzar la cuestión catalana. La portavoz del Govern, Elsa Artadi, hace sólo unos minutos ha dicho que el Gobierno de Pedro Sánchez no había emprendido ningún paso para resolver políticamente el conflicto. Mucha estética y poca faena, dice la portavoz del Gobierno.

Y, en segundo lugar, con la convocatoria de elecciones decae la comisión de investigación de la tesis del presidente del Gobierno, no sé si tendrá ganas más adelante a dar explicaciones al respecto.

Portavoz.- No haré ningún comentario en relación a la segunda parte de su intervención. Y, tampoco voy a comentar las percepciones que pueda tener Elsa Artadi --ni siquiera la conozco personalmente--, pero, ciertamente, lo que ustedes han venido viendo durante todo este tiempo es el intento, la convicción y la determinación con la que hemos venido abordando el camino del diálogo. Y, desde luego, son muchas las cuestiones que en términos de normalización política han visto resultados importantes. A este propósito, he de decirles que realmente en toda esta andadura del Gobierno no se ha vulnerado en la Constitución, como ocurrió en otras épocas; ni ha habido referéndums, como ha ocurrido en otras épocas. Sin duda, la acción de Gobierno a este respecto ha venido siendo encajada adecuadamente y ha obtenido resultados importantes. Otra cuestión es que, efectivamente, haya habido un punto final, un rechazo a unos Presupuestos Generales del Estado, que eran buenos para Cataluña, para toda Cataluña y, por parte de la derecha, un rechazo a los Presupuestos Generales del Estado que eran buenos para España, muy buenos, y si no ustedes buceen en ellos, y más allá de lo que cada uno piense, observe, y se darán cuenta de que ha sido una pena, es una pena que esta trayectoria se haya visto truncada por la conjunción de unos votos que han perjudicado, que perjudican a la ciudadanía en su conjunto.

Pero, nosotros tenemos, el Gobierno tiene en este momento una gran fuerza y se siente muy satisfecho de haber realizado una gran labor a lo largo de estos ocho meses y medio.

Gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)