Conferencia de Prensa de la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, y de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después de la reunión del Consejo de Ministros

La Moncloa

Portavoz.- Buenos días a todas y a todos.

Me acompaña en esta rueda de prensa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Hoy es día 19 de octubre, una fecha señalada en rosa en nuestro calendario por ser el Día Mundial del Cáncer de Mama.

Desde el Gobierno queremos reconocer la batalla diaria de todas las mujeres que se enfrentan a ese mal, un mal que, afortunadamente, tiene cura con un diagnostico precoz y con una apuesta clara por nuestra sanidad pública y por la investigación.
Reconocer a todas estas mujeres luchadoras con mayúsculas y también a toda y a todos los profesionales sanitarios investigadores e investigadoras, familiares y amigos, que sin descanso son parte de esta guerra que entre todos libramos contra el cáncer de mama es nuestro propósito en este recordatorio.

Como siempre, iniciamos la rueda de prensa con una propuesta de enmarque de la semana.
En el terreno político, hemos venido asistiendo a un capítulo más del uso y abuso de las instituciones democráticas desde una perspectiva exclusivamente partidista, de bloqueo de la acción del Gobierno y a la mayoría parlamentaria y social que pueda conseguir este Gobierno.

De nuevo, la pinza PP-Ciudadanos nos anuncia esta semana que vetará desde la mesa del Congreso los trámites parlamentarios de un futuro Proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Una cuestión inédita. Son los términos que están utilizando, desde la oposición de una derecha creciente, de las fuerzas conservadoras. Veto y bloqueo. Veto en el Senado. Bloqueo en la mesa del Congreso.

Les recordamos que no están representando a la que hoy es la mayoría de las fuerzas políticas del Pleno del Congreso. Y es porque no aceptan un Presupuesto alternativo que mejore las pensiones, que mejore la protección universal de la salud, que mejore la educación, que incremente los fondos de la ciencia.

Rechazar unas condiciones que están asumidas por Bruselas, no deja de ser también sorprendente. Así que en paralelo con el Congreso, con la actuación que se está llevando en el Congreso, de bloqueo, el PP sigue utilizando también con los mismos fines el Senado.

Parece que el nuevo líder del PP ha puesto a su servicio a las presidencias del Congreso y del Senado porque están actuando realmente como arietes de esa política de bloqueo institucional.

Consideramos esto un acto de auténtica irresponsabilidad política y pedimos a las fuerzas, hoy de oposición, que hagan oposición, que devuelvan la dignidad a la política hablando desde su perspectiva legítima, conservadora y haciendo oposición a lo que hace este Gobierno.

La inmadurez política de la nueva dirección del PP sólo parece comparable, esta semana, de nuevo, a la actitud de su socio en esa pinza que hace con Ciudadanos. Un partido, el de Ciudadanos, que dicen ellos mismos que venía a regenerar la política española, pero que lo que está haciendo precisamente es sumirla en un fango de insultos y de bloqueos.

El Gobierno solicita a ambos partidos que estén a la altura del país, que estén a la altura de las necesidades de los y las españolas, y que sean capaces de concebir y si no de oponer desde una perspectiva política lo que tengan que decir a estas cuentas generales, a este Proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

El PP, no debemos olvidar, es un partido de Gobierno y es un partido cuya responsabilidad debería estar a la altura de hacer una política de Estado en este momento.

La actuación de Pablo Casado yendo a Europa no es una actuación digna de consideración positiva por parte de este Gobierno. Pablo Casado no está siendo leal, ya no digo con el Gobierno, ni con las fuerzas políticas que lo representamos, sino que estamos hablando de los intereses de la ciudadanía española. Ir a Bruselas supongo que ha sorprendido a propios y extraños. Es tanto como llegar a la consideración de que las personas, que los responsables económicos europeos no son capaces de identificar qué contiene el Proyecto de Presupuestos español. Y desde luego, seguro que ha chocado a más de uno el tener un responsable de política española hablando mal de su país.

Afortunadamente, las alianzas de España en Europa, construidas por los distintos Gobiernos, también por los del PP, tienen la suficiente solidez como para soportar este ejercicio que consideramos de inmadurez política.

De los Presupuestos hablará, de nuevo, la ministra de Hacienda.

También he de recordarles que el presidente del Gobierno asistió ayer a la reunión del Consejo Europeo en Bruselas. Y en la capital comunitaria está presente hoy, en otra cita importante, la decimosegunda Cumbre de la reunión Asia- Europa en la que participan 51 jefes de Estado o presidentes de Gobierno de países de Europa y Asia. Los dirigentes quieren reforzar el diálogo y la cooperación entre los dos continentes.

Las relaciones entre España y Japón también han experimentado una aproximación, un salto cualitativo, tras la visita a nuestro país del primer ministro japonés, Shinzo Abe, esta semana, la primera celebrada en los últimos 15 años. La reunión de La Moncloa elevó el marco de las relaciones entre los dos países a una "asociación estratégica". Además de la firma de varios acuerdos, Pedro Sánchez y Shinzo Abe abordaron cuestiones de la Agenda Global Contra el Cambio Climático y la preparación de la Cumbre del G-20, que tendrá lugar el próximo mes en Buenos Aires.

Dentro de las rondas de contactos con los líderes autonómicos, Pedro Sánchez también, como saben ustedes, ha tenido una reunión con Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, cuyo contenido han sido infraestructuras en esta Comunidad, en la que el Gobierno invertirá mil ciento veinte millones de euros en la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Oropesa. Hablaron también del trasvase Tajo-Segura y de la Política Agraria Común.

Debo decir que, efectivamente, esta ronda que el presidente está haciendo con los presidentes de las Comunidades Autónomas está dando resultados muy positivos para todas las partes.

Asimismo, ayer el presidente del Gobierno dio, como ustedes conocen también, una rueda de prensa en Bruselas de la que quiero resaltar los siguientes temas: Por un lado, Pedro Sánchez recordó que España ha hecho los deberes con el Gobierno británico en relación al Protocolo de Gibraltar. Gibraltar no va a ser un problema ya en relación a España para llegar a un acuerdo del Brexit. España ha hecho los deberes y está el Protocolo completo a falta de la firma.

También, el presidente hizo hincapié en el interés de España por trabajar el diálogo con los países de origen y tránsito de los migrantes, así como por reforzar el papel de Marruecos como regulador de flujos migratorios. Pedro Sánchez comunicó que se están dando firmes pasos para la cooperación entre Marruecos y la Unión Europea. Para nosotros, para España, esto es una cuestión importante.

Además, también, se está avanzando para reforzar las capacidades de la Unión Europea en la protección civil para los desastres naturales, particularmente oportuna en un momento en que Europa y el mundo estamos tratando de luchar contra el cambio climático.

Finalmente, quiero resaltar también una media planteada, propuesta por España, una iniciativa de España, como la que es la de crear un Sistema Europeo de Seguro de Desempleo, enmarcado en la construcción de la Unión Fiscal. Se trataría de un Seguro para todos los ciudadanos. Y creemos que fortalecería la Unión Económica y la Unión Monetaria. La idea de este Gobierno, como saben ustedes, es justamente animar el debate sobre aquellos instrumentos que puedan proteger a los ciudadanos de manera más directa.

También, el Consejo de Ministros, hoy, ha nombrado algunos nuevos consejeros de Estado. Entre estos nombramientos que les voy a mencionar hay nombramientos nuevos y renovaciones; María Emilia Casas, Jordi Guillot, Juanjo Laborda, José María Michavilla, Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, Elisa Pérez, Soraya Sáenz de Santamaría y Amelia Valcárcel (que ya estaba, es una renovación en este último caso). Lo que importa a este Gobierno, que tiene el máximo respeto institucional por el Consejo de Estado y su imprescindible labor es, precisamente, que este Consejo de componga de personas muy cualificadas en la formación jurídica y en la formación política. Y nos parece que, efectivamente, los nombrados van a aportar conocimiento, experiencia y lealtad a ese Consejo de Estado cuyos informes, como saben, son preceptivos, si bien no vinculantes, para muchas actuaciones que adopte el Consejo de Ministros.

Además, quiero hablarles de que el Consejo de Ministros ha aprobado la condecoración a Carlos Espinosa de los Monteros, quien ha sido el alto comisionado del Gobierno para la Marca España con la Gran Cruz de la Orden de Isabel I la Católica, en reconocimiento a su labor al frente de este puesto.

Entrando ya en los temas más específicos del Consejo de Ministros, he de decirles que el Consejo de Ministros ha acordado hoy remitir al Consejo de Estado una petición de dictamen con carácter de urgencia sobre la impugnación de algunos apartados de la Resolución adoptada por el Parlamento de Cataluña, el pasado jueves. En concreto, aquellos que afectan al Rey. Como ustedes saben, el Consejo de Ministros rechaza absolutamente el hecho de que la figura del Rey esté cuestionada en los debates políticos. El Gobierno considera que el cuestionamiento de la figura del Rey queda fuera de las funciones atribuidas a un parlamento autonómico. Por lo tanto, nos parece políticamente inaceptable esa resolución, y es por ello por lo cual hemos acordado la solicitud del dictamen al Consejo de Estado, que ustedes saben es preceptivo, si bien no vinculante, para poder actuar más tarde, ante el Tribunal Constitucional.

Asimismo, con absoluta celeridad --apenas hace días que ocurrieron estos acontecimientos--, este Consejo de Ministros ha acordado declarar zona de emergencia a determinadas zonas de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, como son Artà, Capdepera, Manacor San Lloren de Cardassar y Son Servera. El Gobierno reitera su firme pesar por las trece personas fallecidas a consecuencia de esta horrible tragedia, y una vez pasados ya esos primeros días, se ha puesto a trabajar con celeridad, y con mucha responsabilidad, para ayudar a las personas que han sufrido la tragedia, y así podemos ver que tan solo en materia de vivienda se calcula que unas 300 casas han sufrido graves daños, y que hay unos 190 kilómetros de carretera de titularidad pública y varios puentes que necesitan reparación. Para agilizar los pasos, la declaración hoy aprobada facilitará ayudas económicas para paliar daños personales y materiales. Estas ayudas de carácter personal estarán exentas del pago del IRPF. También se podrá tramitar con carácter de urgencia proyectos que reparan daños en las infraestructuras, obras que se subvencionarán hasta el 50%, y habrá ayudas compensatorias de gastos causados por la emergencia también a prestatarios físicos o jurídicos. Quiero decirles que se han retirado ya 4.200 toneladas de residuos y quedan otras 700, lo que nos da idea del tamaño de la tragedia. Esperamos llegar en estas actuaciones a una colaboración rápida y leal con la Comunidad Autónoma de Illes Balears para poder atender los casos lo antes posible y con la mayor eficacia posible.

Asimismo, hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto, al que concede importancia, porque aporta seguridad jurídica al manejo de medicamentos que el colectivo de enfermería usa ya, de manera habitual, en su trabajo de asistencia al paciente, por ejemplo, las vacunas. Esta cuestión de medicamentos siempre se referirá a medicamentos sujetos a prescripción médica y que se desarrollen con un marcado carácter colaborativo y aparecerán en los protocolos y guías de práctica clínica y asistencial. Es un acuerdo tomado con el sector, en su conjunto. Sabemos que tenemos aquí un colectivo de enfermería muy cualificado y queremos que, efectivamente, ayude al profesional médico prestando toda su colaboración desde esa cualificación alta que tiene nuestro sector de enfermería que, por cierto, se lo disputan en muchos lugares de Europa.

Además, con motivo del Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos, España firmó el Convenio del Consejo de Europa Sobre la Lucha Contra la Trata de Seres Humanos, una cuestión grave, porque es el tercer elemento de crimen organizado en el mundo, sobre todo, afecta a la violencia de género y a la prostitución, mujeres y menores, es decir, al mercadeo de mujeres y menores con fines de explotación sexual. Como el resto de Europa España ha declarado el 18 de octubre, o sea ayer, el Día Europeo de la Lucha Contra la Trata de Seres Humanos.

Yo creo que ya entro en algunas cuestiones que hacen referencia fundamentalmente a impuestos, por lo que le cedo la palabra en este punto a la ministra de Hacienda. Gracias.

Sra. Montero.- Muchas gracias, ministra portavoz y buenas tarde a todos y a toda, especialmente en este día Rosa, a las mujeres, y también, a todos los que nos acompañáis en esta comparecencia.

Como ha dicho la ministra portavoz, el pasado lunes presentábamos en esta misma sala el Plan Presupuestario para 2018 que remitimos a la Comisión Europea y hoy, sólo cuatro días más tarde de esa remisión, empezamos a cumplir con los compromisos que adquiríamos en ese documento.

Y como ha adelantado la ministra portavoz, hemos aprobado en el Consejo de Ministro los Anteproyectos de Leyes de Lucha contra el Fraude y la transposición de la Directiva Antielusión.

Asimismo, hemos informado la creación del Impuesto sobre determinados servicios digitales y también la creación del Impuesto sobre Transacciones Financieras.

Yo creo que de esta manera demostramos de forma clara nuestra voluntad, la del Gobierno, de avanzar con la senda que hemos marcado y por tanto, en coherencia con el Plan Presupuestario que es un proyecto que nos exige y que nos compromete con todos los ciudadanos.

Un proyecto que contempla que España registre en el año 2019 superávit primario por primera vez en más de diez años. Un proyecto que reduce en 0,9 décimas el déficit público o que rebaja en 1,5 puntos del PIB la deuda pública, es decir, la ratio de endeudamiento contemplando un ajuste estructural del 0,4%. Pero siendo importante esa cifra lo es aún más el hecho de que sea compatible con medidas sociales que fortalecen nuestro Estado de bienestar y que permiten la creación de empleo.

De hecho, la tasa de paro bajará el próximo año al 13,8% el menor nivel desde el año 2008. Yo creo que todos somos conscientes de la ilusión, de la esperanza que se ponen en los Presupuestos del año 2019, porque son unas cuentas públicas que revierten años de recortes y que también ponen de manifiesto que los compromiso se demuestran con los hechos.

Por eso, antes de entrar en el detalle de las medidas que hemos aprobado, permítanme que incida en la seriedad y en la responsabilidad de este Gobierno. Hemos dicho desde el primer día, que el objetivo de los Presupuestos del 2019 era recuperar derechos sociales, revertir recortes en educación, en sanidad o en dependencia y avanzar hacia un sistema productivo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, y somos coherentes y somos conscientes que para poner en marcha esta medida, imprescindible diríamos, en el ámbito social, también es necesario aumentar los ingresos públicos.

Y como ha dicho el presidente en más de una ocasión, no se puede aspirar a tener un Estado de bienestar de primera con ingresos de tercera. Entre otras cosas porque España, recuerdan, que se encuentra ocho puntos por debajo de la media europea en materia de presión fiscal.

Por eso, ante las críticas yo diría, apocalípticas o infundadas, que se lanzan desde algunos sectores, el Gobierno quiere hoy poner de manifiesto que el Plan Presupuestario es un ejercicio de responsabilidad. Por cada medida de gasto que se plantea para recuperar un derecho, para revertir un recorte o para avanzar en políticas de igualdad hay contemplada una medida de ingresos para compensarla. Y de hecho, los ingresos crecen más que los gastos, lo que nos permite cumplir el ajuste estructural que pide Bruselas. De hecho, encausamos las cuentas que estaba orientando el PP, que tenía prevista para el año 2019, una prórroga presupuestaria, que hubiera situado a España en un déficit del 2,2%. Y sin embargo, nuestro Plan lo reorienta hacia el 1,8% del déficit en relación con el PIB.

Por eso, desde el primer día, hemos dicho que queremos construir una nueva fiscalidad adaptada a una sociedad del siglo XXI en la que todos contribuyan según su capacidad y reciban según su necesidad y para ello la primera meta para conseguirlo es contar con un sistema tributario más equilibrado y solidario, combatiendo el fraude fiscal. Como dijo ayer el presidente, no es posible la justicia social sin avanzar en la justicia fiscal. Es además una sensación que los ciudadanos expresan en todas las encuestas, en todos los sondeos de opinión; cada vez que se compara la persona con el resto de los contribuyentes entiende o tiene una idea de que cada uno contribuimos en justa medida, pero la sensación de que los demás no lo hacen proporcionalmente a cómo lo hacemos cada uno de nosotros. Especialmente importante cuando se le pregunta a los ciudadanos a propósito de las grandes rentas o de los grandes patrimonios, en donde opinan que existe mayores herramientas para directamente evadir impuestos o eludir los compromisos fiscales que los que tienen los ciudadanos normalmente, ya sean ciudadanos en régimen de autónomos o ciudadanos que trabajan por cuenta ajena.

Es por eso, que el Anteproyecto de Ley de Lucha contra el Fraude que hemos aprobado esta mañana contempla toda una batería de medidas que nos permiten luchar contra las nuevas formas de fraude. También es un impulso pedagógico a la fiscalidad justa; busca combatir la elusión fiscal, busca que no se haga abuso de la planificación fiscal agresiva por parte de grandes grupos empresariales que operen, por ejemplo, en varios países y de hecho una de las medidas más novedosa tiene que ver con un mayor control tributario de las criptomonedas o monedas virtuales, un fenómeno nuevo sobre el que la Agencia Tributaria está extremando el control. En concreto se van a establecer nuevas obligaciones para tener información sobre la tenencia de monedas virtuales exigiendo identificación de los titulares autorizados o beneficiarios de los saldos que aporten estas monedas virtuales. Se plantean en el proyecto, como obligatorio, que las personas o empresas que realicen operaciones con monedas virtuales informen a la Agencia Tributaria sobre esta operativa. Los contribuyentes que tengan criptomoneda en el exterior también estarán obligados a informar de ella en la declaración de bienes en el extranjero.

Por otro lado, el avance de la tecnología también permite fórmulas más sofisticadas de fraude. El Anteproyecto contempla la prohibición de los llamados software de doble uso o de ocultación de ventas. Se trata de programas informáticos que permiten manipular la contabilidad de la empresa para que parte de la actividad económica quede oculta. Y por ello, a partir de ahora, se prohíbe la producción, tenencia y comercialización del software de doble uso exigiendo que los programas informáticos que soportan la contabilidad cumplan con una serie de requisitos que garantizan la trazabilidad y la inviolabilidad de los registros de las operaciones económicas. Por otro lado, el fabricante o comercializador de un software de doble uso podrá ser sancionado con una multa de hasta 150.000 euros por cada ejercicio en que se haya vendido ese producto ilegal. Este software de doble uso está permitiendo que empresarios que tienen, quizás, menos sentido de la ética defrauden y falseen la competencia con sus iguales perjudicando a competidores honestos porque muchas veces obligan a sus trabajadores a colaborar a su pesar en la facturación en B, lo que es algo inaceptable.

Igualmente, el Anteproyecto de Lucha contra el Fraude incluye para este Gobierno una medida muy significativa. Se trata de la prohibición legal de las amnistías fiscales. Con esta decisión no se volvería a repetir una situación, si me permiten, tan vergonzosa e injusta como la realizada por el Gobierno del Partido Popular en el año 2012. Por eso, tenemos que eliminar esto que supone para los ciudadanos de a pie ver cómo mientras ellos pagan sus impuestos con esfuerzo los defraudadores son perdonados.

Estos son los motivos que restan legitimidad a la fiscalidad y, por tanto, es peor este agravio comparativo que incluso el impago de las propias obligaciones fiscales. Una amnistía fiscal, creo que todos podemos compartir, es un agravio para todos los contribuyentes cumplidores y, también, supone una derrota para la consolidación del Estado del bienestar.

La nueva normativa contempla por otro lado, actualizar y ampliar el concepto de paraíso fiscal atendiendo a criterios de equidad fiscal y de transparencia. Por tanto, se habilita al Gobierno para actualizar la lista de paraísos. Hasta ahora, forman parte de esta relación, aquellos territorios que tienen una baja o una nula tributación. Con esta nueva legislación se tendrá además en cuenta si existe o no intercambio efectivo de información fiscal, por tanto, colaboración con el resto de países y se incluirá en la lista de paraísos fiscales a aquellos que destacan por su opacidad fiscal o por su falta de transparencia.

Otra medida importante supondrá que la conocida como lista de morosos ante la Agencia Tributaria incluya también a los responsables solidarios. Y por otro lado, se reduce el umbral para aparecer en el listado pasando de un millón de euros, que es el dintel actual, a 600.000 euros.

Para reforzar la trazabilidad de las operaciones comerciales, se limita en el Anteproyecto el pago en efectivo entre profesionales pasando de los 2.500 euros, que era el límite de la legislación actual, a 1.000 euros. Es decir, que no se podrán realizar operaciones en efectivo, entre profesionales, que superen estas cuantías. Se limita la cuantía, de otro lado, de los 15.000 a 10.000 euros para los pagos en efectivo de los particulares que tengan domicilio fiscal fuera de España. Un elemento también de especial interés.

El Anteproyecto de Ley de Lucha contra el Fraude, por último, incluye la transposición de la Directiva europea Antielusión que persigue algo tan importante como que las multinacionales tributen en los países en los que tienen la actividad y generan el valor. Aunque les parezca sorprendente, todavía la legislación española no había traspuesto la Directiva en relación con esta materia siendo algo tan importante para este país. El objetivo es evitar el traslado de beneficios a países que tengan una baja tributación.

El Anteproyecto contempla otra serie de medidas, que no voy a desarrollar por razón de tiempo, pero solamente citar el refuerzo del control de la actividad del juego, para combatir el fraude en el sector, así como, por ejemplo, las apuestas deportivas, en donde se hará una lista negra de páginas web de operadores que no están autorizados.

Todo el paquete de medidas de lucha contra el fraude nos permitirá unos ingresos de 828 millones de euros. Una estimación que se ha hecho a la baja, que se considera prudente, sobre todo, si se compara con los 1.000 millones que el Partido Popular de forma sistemática apuntaba en los Proyectos de Presupuestos sin tener ni siquiera un soporte legal, una ley que le permitiera el poder llevarlos a cabo o ponerlos en funcionamiento.

Y, también, se creará como refuerzo a la Agencia, una unidad de control de grandes patrimonios para que se pueda trabajar en el refuerzo de la lucha contra el fraude mediante medidas que no necesitan una tramitación legislativa. Serán 200 nuevos funcionarios los que se incorporarán a la Agencia estatal, para poder desarrollar todas estas nuevas actividades, y, desde aquí queremos agradecer el trabajo de los magníficos profesionales que trabajan en la Agencia Tributaria y que están desarrollando un papel tan importante para legitimar la fiscalidad en este país.

Por otro lado, y como les he comentado al principio de mi intervención, uno de los pilares básicos de la sociedad democrática es tener un sistema fiscal justo, un sistema actualizado en la medida de los grandes retos que nos plantean las sociedades del siglo XX. Sin duda, la globalización y también, el desarrollo digital son dos de las grandes áreas, en la que la fiscalidad de los países modernos tenemos que hacer un esfuerzo de adaptación.

Para ello, en este contexto, el Gobierno ha aprobado el Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre Transacciones Financiera, un Anteproyecto que ustedes han ido conociendo a lo largo de estos días, en donde se trata de regular una figura tributaria, que ha sido respaldada por la Comisión Europea, y que han puesto en marcha países como Francia o Italia.

Se trata de establecer un gravamen del 0,2% para la compra-venta de acciones de empresas españolas que cotizan en Bolsa, con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros.

El impuesto, y quiero decirlo con claridad, no se aplica al mercado primario; es decir, no va a afectar a la salida por primera vez de las empresas en Bolsa; el gravamen va a recaer sobre el intermediario financiero que opera en el mercado secundario, y se prevé que la liquidación del impuesto se haga con periodicidad mensual.

Quiero destacar que los ingresos generados por este impuesto aportarán unos 850 millones que estarán destinados a financiar el sistema público de pensiones, una muestra más del compromiso ineludible que tiene el Gobierno con la sostenibilidad del sistema y con la mejora de los ingresos de la Seguridad Social.

También, el tercer Anteproyecto que se ha aprobado en el día de hoy tiene que ver con el impuesto sobre determinados servicios digitales. Con esta figura impositiva abordamos el reto de modernizar nuestro sistema fiscal para adecuarlo a estas nuevas áreas de negocio, propias del siglo XXI que, como hemos venido diciendo, también reflejada desde un punto de vista tributario y, además, están ejerciendo una competencia desleal con los negocios tradicionales.

Como adelantamos cuando presentamos este Plan, vamos a aplicar un gravamen del 3% a los ingresos que se generan por los servicios de publicidad 'online', por los servicios de intermediación en línea, que conecta a usuarios con entidades que proveen bienes o servicios, y, por último, también se gravará la venta de datos que se recopilan a partir de la información que se proporciona por el usuario.

Por tanto, se trata de recoger determinadas cuestiones, determinadas figura que, insisto, no estaban contemplada en el ordenamiento fiscal. Este impuesto, recuerdan ustedes, que fue propuesto por la Comisión Europea, y España va a ser el primer país que lo ponga en marcha. Va a afectar a empresas que tienen un nivel de facturación en el mundo de 750 millones de euros, y que generen ingresos en España de tres millones de euros. Es decir, una vez más, las Pymes estarán excluidas de este impuesto y, por tanto, no se verán afectadas por el mismo.

La recaudación que se estima es de 1.200 millones de euros, una cifra inferior a la que están arrojando países vecinos, como por ejemplo, Francia.

Termino diciendo que con estos tres importantes Anteproyectos el Gobierno empieza en el día de hoy a cumplir con los compromisos que estableció en el Plan Presupuestario, pero sobre todo, sienta las bases para crear una sociedad más justa. Somos conscientes de que los ciudadanos tienen puestos los ojos en este Gobierno, después de años de recortes en sanidad, en educación o en independencia, y por eso, quiero que todos y todas sepan que no vamos a perder ni un minuto en actuar con firmeza para revertir años de abandono del Estado del bienestar y, por tanto, de combate contra la desigualdad. Muchas gracias.

Portavoz.- Gracias, ministra. Empezamos entonces las preguntas.

P.- Carlos Cué, de "El País". Gracias. A la ministra de Hacienda le quería preguntar sobre las dudas que hay sobre los ingresos, en concreto, la "tasa Google" que nace con algunas excepciones y parece que no la tendrán que pagar telecos, bancos o empresas grandes como Inditex. Le pregunto si ingresar 1.200 millones no es muy optimista, dado que en toda Europa con esta tasa se pensaba en 5.000, y si la carta de la Comisión Europea podría establecer esas dudas sobre los ingresos, si alguna información tiene.

A la ministra portavoz le quería preguntar si el Gobierno va a encargar algún informe sobre los abusos en la Iglesia católica española o pedirle datos a la Conferencia Episcopal o si tiene intención de hacer algo con el Concordato que exime a los sacerdotes de trasladar hechos que conozcan en el ejercicio de su ministerio, si van a hacer algo con toda la polémica que hay sobre el asunto de la pederastia.

Y, también, le quería preguntar sobre el tema del Rey. ¿Qué pasa si el Consejo de Estado les dice que no? ¿Qué pasa si les dice que no se puede recurrir jurídicamente una declaración que ustedes mismos están diciendo que es política, que no tiene valor jurídico, o si el propio Constitucional se lo dice? ¿Qué pasa?, ¿han valorado el riesgo de que esto suceda?

Sra. Montero.- Sí, en relación con la primera cuestión, nosotros hemos detallado y lo seguiremos haciendo, el conjunto de cálculos de la Agencia Tributaria, que es la que realiza la estimación de recaudación de toda la reforma fiscal, establece sobre el impuesto sobre determinados servicios digitales. Siempre hemos dicho que las empresas afectadas serían, o las actividades afectadas serían las que acabo de comentar, publicidad, venta de datos de ciudadanos o plataforma de intermediación.

De hecho creemos, no solamente que hemos hecho una estimación adecuada, sino para que se hagan una idea, el Partido Popular en el Plan Presupuestario que mandó el año pasado a Bruselas estimó una recaudación anual de 1.500 millones de euros, es decir, que el propio Partido Popular estimó por encima de lo que está haciéndolo este Gobierno, la posible recaudación que se diera con esta figura.

Saben que es la primera vez que un país europeo va a desarrollar esta actividad y, que por tanto, evidentemente, los cálculos que hemos hecho han sido prudentes, justamente para asegurar que la recaudación que se plantea se va corresponder con la realidad.

Estamos trabajando en todos los operativos que van a dar soporte a todas las operaciones de reforma fiscal que estamos acometiendo. Y, de hecho, también en el día de hoy, se trae la licitación de una inversión que realiza la Agencia Tributaria en torno a 33 millones de euros para mejorar sus sistemas de información, para permitir una mayor trazabilidad y, digamos, unas mejores herramientas que permitan el control de toda esta actividad en la que ya estamos trabajando con las empresas que nos van a proporcionar direcciones IP, y todo aquello que es necesario para ponerlo en marcha.

Pero insisto en que el Partido Popular tenía prevista una recaudación, remitida a Bruselas, de 1.500 millones y, en nuestro caso hemos bajado, de forma considerable, la recaudación que se pueda plantear.

En relación con el con el segundo tema. Saben que todavía no hemos recibido la carta de la de la Comisión, parece que se hará a lo largo de esta tarde. Quiero deciros que entra dentro de la absoluta normalidad que la Comisión recabe información adicional que viene solamente reflejaba, referenciada en el propio Plan Presupuestario. Por ejemplo, sería lógico que solicitara el Plan inicial, es decir, el Proyecto que se había elaborado a políticas constantes, en donde se ponía de manifiesto que la prórroga presupuestaria que tenía prevista el Partido Popular hubiera llevado el déficit al 2,2. O es lógico que solicite información del tipo de cómo se van a hacer operativas las medidas de fiscalidad, por lo que era muy importante que este Gobierno aprobara en el día de hoy estos Anteproyectos porque le dan firmeza a las medidas tributarias que se piensan plantear para el año que viene.

Asimismo, entendemos que la carta nos invitará a remitir el Presupuesto cuando esté definitivamente elaborado, porque el retraso en la tramitación del Presupuesto no ha permitido acompañarlo en este propio Plan Presupuestario, como sería la normalidad en un ejercicio en donde los Presupuestos anteriores no se hubieran aprobado a mediados de año, y justamente en el mes de julio.

Lo que sí es importante destacar es que la carta no cuestiona el cálculo del objetivo de déficit planteado en el Plan Presupuestario, cosa que sí se hizo en los Planes anteriores que enviaron los Gobiernos del Partido Popular, en donde se establecía, desde el primer momento, que no se cumplía con los ajustes estructurales, con los objetivos de déficit que se hubieran planteado por parte de las tablas que se remitían con motivo del Plan Presupuestario.

Otro hecho diferencial es el rango de la carta, en donde no hay una remisión por parte de los comisarios o del vicepresidente, sino que la carta que vamos a recibir, según nos han informado, se envía a un nivel funcionarial, de hecho, a un nivel de director general, lo que demuestra la diferencia en cuanto a la importancia y, sobre todo, que se trata de aportar cuestiones técnicas que permitan también visibilizar que aquellas medidas que se contemplan tienen un correlato posterior.

También, en las cartas que recibió el Gobierno del Partido Popular, se señalaba, desde el primer día, que no se estaban realizando los esfuerzos requeridos en materia de ajuste estructural. Las cartas las tienen ustedes a su disposición y, por tanto, les puede dar una idea clara de la diferencia que esperamos recibir en torno a que las cuentas han tenido una impresión positiva, por parte de la Comisión Europea, tal y como el propio presidente destacó en el día de ayer. Él se encuentra en el corazón de Europa, y ha tenido ocasión de recibir la impresión de las autoridades europeas al respecto. Para que se hagan una idea los contenidos de las cartas que recibía el Partido Popular son de este tenor, y por tanto había toda una serie de consideraciones que ponían de manifiesto, desde el primer día, que no se cumplía con el objetivo de déficit.

No es lo que va a recibir el Gobierno de España. Y yo espero y deseo que las formaciones políticas, que tanto han criticado este Plan Presupuestario, se alegren. Se alegren de que este Gobierno esté desarrollando un Proyecto que permite cumplir con los ciudadanos y ciudadanas y cumplir con nuestras obligaciones en el marco presupuestario. A algunos parece que no les gusta que se produzca porque evidencia otra forma de gobernar de este Gobierno, encabezado por el presidente Sánchez.

Portavoz.- Sí, gracias, ministra.

En relación a las dos cuestiones que me plantea. La primera: el Gobierno se solidariza absolutamente con todas las víctimas de abusos. Considera que todos los delitos son repugnantes y el de la pederastia lo es aún más, y además, en el lugar donde se produce, supuestamente, lo hace aún más repugnante. Con todo respeto a la Iglesia, que es una institución, y a los católicos y a las católicas, hemos de decir que, efectivamente, queremos que se aclaren todos los delitos ocurridos por la repercusión tan grave que ha tenido que han tenido sobre las víctimas. Pero obviamente, no corresponde a este Gobierno la persecución del delito, corresponde a los tribunales y, por lo tanto, serán los tribunales de justicia los que hayan de hacer esa labor.

En relación al otro tema que usted me plantea, que es el de la reprobación habida por actuaciones del Rey en el Parlament el pasado jueves, he de decirles que desde el primer momento esa resolución adoptada por el Parlament fue considerada por este Gobierno políticamente inaceptable, y no porque se critique la jefatura del Estado, que cualquier ciudadano puede criticarla, eso no se cuestiona. El Gobierno considera que el cuestionamiento de la figura del Rey queda fuera de las funciones atribuidas a un parlamento autonómico. Es decir, un Parlamento autonómico no es competente para diseñar la forma de gobierno, la forma de Estado de un país y por tanto, esa es la razón por la cual nosotros consideramos rechazable la actuación del Parlament de Cataluña el pasado jueves. Y, por ello, solicitamos el dictamen al Consejo de Estado para efectuar la reprobación.

Si el Consejo de Estado no opina de esta manera, será responsabilidad de esa otra institución, no de este Gobierno, que cumple con sus obligaciones al solicitar dicho dictamen al Consejo de Estado --por ser preceptivo, que no vinculante--, para poder más tarde actuar ante el Tribunal Constitucional.

P.- Juan de Dios Colmenero, de Onda Cero. Buenas tardes ministra, para la ministra de Hacienda y volviendo al asunto de la carta ¿Cree entonces el Gobierno que la carta es un aval al borrador de presupuesto o un principio para para dar ese aval a las cuentas? ¿Y si esa carta está invitando o no a que se apruebe un techo de gasto? La Ley de Estabilidad es previa a la presentación de ese borrador y hasta que eso no suceda no se podrá entregar.

Luego la ministra portavoz, si me lo permite: en alguna ocasión usted ha comentado que no entraba en cuestiones partidistas desde la mesa del Consejo de Ministros. ¿Las críticas a la oposición y a la presidenta del Congreso y el presidente del Senado son cuestiones partidistas? Muchas gracias.

Sra. Montero.- En relación con la primera cuestión, yo diría que la carta va a cumplir dentro de la estricta normalidad, con un trámite bastante habitual, de solicitar información complementaria que se referencia en el Plan Presupuestario, ponía antes el ejemplo: nosotros aludimos en el Plan Presupuestario a cómo se comporta el Presupuesto a políticas constantes, es decir, si entrara en situación de prórroga, y por tanto, tenemos dispuestas las tablas para mandarlas si se estima conveniente. Por tanto, siempre con la prudencia que se exige al Gobierno en esta materia, entendemos que Bruselas dará el aval a estas cuentas y también pedirá que cuando se haga el Presupuesto, que va a ir al Congreso de los Diputados, pues también lo remitamos, como es habitual, cuando no van juntos el Plan Presupuestario y el Proyecto, por el retraso que ha tenido este año la aprobación del Presupuesto para el año 2018.

De todas las maneras, a mí me gustaría también hacer hincapié en preguntar a las formaciones políticas, por ejemplo, a Ciudadanos si cuando aprobó el presupuesto del año 2018, le pidió al señor Montoro la carta, que había mandado a Bruselas, porque me parecería coherente que si el señor Rivera ahora está trasladando falsedades sobre nuestras cuentas públicas, se hubiera interesado cuando iba a poner su voto en otras cuentas públicas por qué decía las otras cartas, porque las cartas están disponibles, y yo sé lo que decían, y decían que no se cumplía con los objetivos de déficit que tenía previsto el Gobierno de España. Y, por tanto, desde el primer día, estaba claro que este país en el año 2018 se iba a ir al 2,7% del PIB. Insisto, que no lo digo yo, lo dijo la Comisión Europea en esas cartas que remitió y me pregunto yo si el señor Rivera conocía este dato y si no lo conocía entonces, por qué no lo preguntó.

Igualmente, quiero poner de manifiesto que el Partido Popular jamás cumplió con el objetivo de estabilidad. La Administración General del Estado nunca cumplió con el objetivo de estabilidad. El Reino de España en alguna ocasión lo ha hecho a costa de Comunidades Autónomas y de Ayuntamientos.

Por tanto, cuesta también trabajo recibir lecciones del Partido Popular porque yo misma, servidora, en la responsabilidad que tenía anteriormente cumplía con mis obligaciones fiscales y la Comunidad Autónoma de la yo tenía la responsabilidad cumplió con las obligaciones fiscales. Por tanto, parece que esta cuestión es obvia.

Y, en segundo lugar, yo sí me gustaría decirle que me cuesta entender que una formación política democrática pregone a bombo y platillo que va a hacer lo posible y lo imposible por paralizar la tramitación de una Ley. A mí me parece a todas luces, que es un desahogo político que alguien diga públicamente, que va a poner todas las herramientas --y lo diga desde el corazón de Europa--, para imposibilitar la tramitación de un Proyecto de Ley. Pero ¡oiga!, si usted no está de acuerdo con un Proyecto de Ley, exprese su voto contrario donde se expresa la voluntad popular, que es en el Congreso de los Diputados. Pero tener escuchar unas declaraciones que poco menos pretenden bombardear una tramitación antes de que esta llegue al lugar donde reside la soberanía popular. Para este Gobierno, créanme, que es realmente triste escuchar estas declaraciones del principal líder de la oposición.

Portavoz.- Gracias, ministra.

El deslinde entre cuestiones partidistas y cuestiones institucionales. La portavoz que refleja, que trae de la voz del Gobierno a esta sala, habla de cuestiones institucionales. Es decir, que haya un veto en el Senado, un bloqueo en la mesa del Congreso son cuestiones institucionales que afectan a la acción de Gobierno. Es decir, ¿cómo es posible que la Mesa del Congreso, que es un órgano de naturaleza jurídica, actúe políticamente negándole la calificación a una Proposición de Ley de modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, concretamente el artículo 15, que introdujo el Partido Popular en el año 2012, que le niegue la calificación para una tramitación de lectura única? ¿Cómo es posible? En contra del informe de los letrados. Eso es un bloqueo porque si eso se pasará a la soberanía popular representada en el Pleno, eso se habría ganado. Eso es un bloqueo. Y eso no es entrar en las actuaciones partidistas, es entrar a las actuaciones institucionales. El Congreso y el Senado son instituciones y las mesas de ambas Cámaras son órganos institucionales, que forman parte de la institución.

Cuando se quiere perjudicar al Gobierno se está perjudicando a la larga la reputación política de ambas Cámaras, y eso es perjudicar a la institución, pero al mismo tiempo, se está bloqueando, se está imposibilitando la capacidad del Gobierno para hacer prosperar nada menos que la Ley de Presupuestos, que es la Ley que representa las políticas de un Gobierno.

Por tanto, mantener el veto en el Senado, con excepcionalidad, a diferencia de la tramitación de la inmensa mayoría de las leyes que, como ustedes bien saben, porque llevan en las Cámaras mucho tiempo son: Congreso, Senado, Congreso. Evitar que, efectivamente, vuelva al Congreso una cosa tan importante como pueda ser la aprobación de la senda del déficit, la evitación de que ese artículo introducido por el Partido Popular en el año 2012, que no estaba, eso es un bloqueo institucional; es un veto institucional, es decir, es la utilización de Cámaras, que forman parte de las instituciones más importantes del país, para impedir políticas. Por eso yo jamás, siempre digo, que el Gobierno no entra en cuestiones partidistas, evidentemente, si al frente hay un líder u otro, si se llevan mal o bien en el interior de un partido político, pero sí a cuestiones institucionales porque están obstaculizando la acción de Gobierno. Ese era el deslinde que yo quería explicitar.

P.- Luis Enrique Ramos, de TVG. Buenos días ministras. Yo quería preguntarles: esta semana una multinacional, Alcoa, anunciaba el cierre de las factorías de A Coruña y de Avilés con 350 familias, que recibían el batacazo en A Coruña, y 320 en Asturias. Ayer, desde algún Grupo Parlamentario remitían cartas a las titulares de Trabajo y de Industria para que hagan lo posible para paralizar de forma inmediata ese ERE, y también, desde partidos e instituciones instan al Gobierno a que de algún modo intente paralizar el cierre de Alcoa, que le dé un marco estable, al precio de la energía para el año que viene, que tome algún tipo de medidas, y la ministra de Transición Ecológica ayer hablaba de la posibilidad de llegar al punto de buscar algún industrial que se haga cargo de las de las plantas. Quería saber, en este momento, por dónde van los tiros del Gobierno de España, y si han iniciado ya algún tipo de trámites. Gracias.

Portavoz.- Esta misma mañana he hablado con la ministra de Industria y también con la ministra de Transición Ecológica. Desde luego la razón por la cual Alcoa ha hecho esta declaración no tiene nada que ver con el tema energético. Nada que ver. Ha sido una sorpresa para el Gobierno, pero el Gobierno está trabajando denodadamente en que esta decisión tomada por Alcoa se revierta. Está trabajando, esta misma mañana, de forma coordinada, el propio Gobierno, la propia ministra de Industria, con los Gobiernos de Asturias, de Galicia y con los sindicatos. Y tiene prevista una reunión el próximo martes para conocer, primero los motivos que puedan justificar la decisión del cierre de las dos fábricas -una decisión que el Gobierno rechaza absolutamente- y vamos a trabajar para mantener las unidades productivas y el empleo.

En esta reunión además del Gobierno estarán representantes de los Gobiernos de Asturias y Galicia y los sindicatos, como ya se ha firmado. Es decir, el Gobierno no da por buena la declaración y va a trabajar denodadamente para que esta decisión se revierta, pero le puedo decir también que la deslindamos absolutamente del tema de la electricidad.

P.- Luis Ángel Sanz, de "El Mundo" Buenos días, ministras. Quería preguntar a la ministra portavoz por la reunión que va a tener lugar hoy entre Pablo Iglesias y el líder de Esquerra, que está en prisión, en Lledoners, acusado de graves delitos. Sabemos, porque nos lo dijo ayer en el presidente del Gobierno, que la negociación en nombre del Gobierno la lleva al Gobierno, pero al margen de esto, quería saber qué valoración hace el Gobierno de esta reunión que el propio Pablo Iglesias enmarca en la negociación de los Presupuestos. Si le reprueban, la condenan o si les parece normal y democrática o incluso positiva.

Por otro lado, Iglesias ha afirmado que va a trasladar a Junqueras que a los presos independentistas les va a ir mejor con el Gobierno de Pedro Sánchez que con cualquier otro gobierno, entonces quería preguntarle si comparte el Ejecutivo esta afirmación Gracias.

Portavoz.- De las palabras del señor Iglesias sólo es responsable el señor Iglesias, no este gobierno. El Gobierno lo que ha manifestado como usted bien dice es que de la negociación del Gobierno se ocupa el Gobierno. Pero un firmante que ha firmado un proyecto, será que lo ha firmado porque lo considera bueno. Dentro de las posibilidades que tiene para contactar con otras personas supongo que hablará de las bondades del proyecto. Eso es lo que ha querido decir, entiendo yo, el señor Iglesias.

En relación a esta reunión, solo es responsable el señor Iglesias, que ha manifestado que, efectivamente, fue una reunión solicitada antes, pero como digo esto solo lo podrá responder el señor Iglesias. El Gobierno se responsabiliza de la negociación que hace el Gobierno.

P.- Juan Ruiz, de "El Periódico". Sí. Dos preguntas. Sobre la resolución del Parlament que quieren recurrir o sobre la que han solicitado el dictamen al Consejo de Estado, me gustaría que me detallase qué aspectos considera que son inconstitucionales y, en este caso, qué artículos violentan.

Después, se ha dicho que el cuestionamiento del jefe del Estado está fuera de las labores de un parlamento autonómico. ¿Esto qué implicaciones tiene? Por ejemplo, ¿que un partido republicano se puede presentar a las elecciones con ese ideario en su programa electoral? ¿Pero una vez que ocupa un escaño tiene que renunciar a él como si nunca hubiese existido?

Y luego, por último, y también relacionado con el Consejo de Estado, quería preguntarle por la reforma de los aforamientos ¿en qué estado se encuentra? Porque hace un mes la anunciaron, parecía que tenía bastante urgencia y hablaron de la celeridad del trámite parlamentario, pero desde entonces no sabemos nada.

Portavoz.- De los aforamientos, el Gobierno todavía no ha tenido noticia. No tenemos el feeback del Consejo de Estado.

En relación a lo anterior, yo no le puedo determinar ni identificar exactamente de qué puntos de la resolución estamos hablando, porque no he estudiado el informe realizado por el Gobierno, que es el que se le envía al Consejo de Estado. Lo que sí puedo decirle y le digo es que, efectivamente, el Gobierno considera inaceptable por una cuestión de competencias que el Parlamento de una comunidad autónoma cuestione la posición del jefe del Estado. Es una cuestión de competencias. No tiene atribuidas entre sus funciones ésta, y sí hacemos el deslinde en relación a la crítica legítima que se pueda tener con respecto a una persona, etcétera. Pero el jefe del Estado que está fuera del debate partidario o político no debe ser motivo de posicionamientos de las Cámaras autonómicas en relación a su figura, habida cuenta de que esas Cámaras autonómicas no tienen competencias para definir la forma de Estado.

P.- Esther Redondo, de La Sexta. Gracias. Quería preguntar a la ministra de Hacienda por el tema de las hipotecas tras la sentencia del Supremo. Quería saber qué va a hacer el Gobierno si es que va a hacer algo, si va a coordinar la devolución de ese dinero, o si va a instar a las Comunidades Autónomas a que lo devuelvan. Gracias

Sra. Montero.- Sí, gracias. El Gobierno está estudiando en este momento con los servicios jurídico el alcance de la sentencia. Saben ustedes que es una sentencia compleja y evidentemente, una vez que lo tenga estudiado se pondrá a disposición de la coordinación de las Comunidades Autónomas para establecer los procedimientos que hubiera lugar.

Pero en este momento estamos concentrados de forma, yo diría que intensa, en estudiar el alcance que tiene la sentencia que emitió el Supremo hace pocas horas y son los servicios jurídicos, evidentemente, los que tienen que ver todo. Sobre todo lo que hay alrededor de la sentencia, en el momento en que eso lo tengamos perfectamente claro, les informaremos de las actuaciones que hubiera lugar.

P.-Pilar Blázquez, de "La Vanguardia". Nos acaban de pasar a una información que al parecer el Tribunal Supremo ha dado marcha atrás en la sentencia. O algo así. Nos lo ha comentado nuestro compañero de Onda Cero, y bueno, entiendo que la sorpresa es la misma que nos hemos llevado nosotros, ¿no? Era por si podría comentar algo. Y, luego, quería saber en ¿el Impuesto de Transmisiones Financieras está grabado también las operaciones intradía o no? Y si no están gravadas, ¿por qué son ustedes tan optimistas en el dinero que van a ingresar, si siguiendo el modelo francés, Francia el primer año apenas superó los 600 millones?

Sra. Montero.- Yo creo que para la primera pregunta, la cara de la portavoz y la mía, lo dice todo ¿no? El directo no nos llega hasta la mesa. No sabemos exactamente en qué términos, pero bueno, lo miraremos y lo estudiaremos si es una información veraz, pues ya les daremos cuenta de que implica. Por eso decía que hay que estudiar de forma muy estricta con los servicios jurídicos los alcances que tienen este tipo de sentencia.

En relación con la siguiente pregunta la respuesta es sí. Sí se gravan las operaciones intradía. Y por eso que el diferencial probablemente en recaudación aporta esos datos, pero justamente lo que se grava son las operaciones intradía, transacciones netas, pero intradía.

P.- Pablo Iglesias, de Servimedia. Gracias. Buenos días. Me gustaría insistir en dos preguntas que han hecho mis compañeros Luis Ángel y Carlos. En primer lugar, sobre el dictamen solicitado al Consejo de Estado, efectivamente, es preceptivo pero no es vinculante. Y me gustaría saber qué pasa si el Consejo de Estado dice que no hay motivos suficientes para recurrir al Tribunal Constitucional, dado que el Gobierno considera que es rechazable la resolución, ¿iría contra el criterio del Consejo de Estado y presentaría recurso ante el Tribunal Constitucional? Y en segundo lugar, sobre la visita de Pablo Iglesias hoy a Oriol Junqueras, no nos ha aclarado si al Gobierno le parece bien, que su socio, --que además firmó el acuerdo con el presidente, que el membrete de su partido aparece junto al membrete del Gobierno también--, si le parece bien o le parece mal que vaya a prisión a negociar con otro partido político esos presupuestos. Gracias.

Portavoz.- Ninguna de las dos cuestiones han sido tratadas por el Consejo de Ministros, como usted puede imaginarse. Es decir, que los pareceres no suelen ser objeto, no suelen estar encima de la mesa, no se ha tratado. Y con respecto al dictamen del Consejo de Estado, pues tampoco le voy a improvisar. Es decir nosotros confiamos en que el Consejo de Estado emita dictamen preceptivo por la petición. Luego, ya en función del contenido veremos si es vinculante o no es vinculante, pero confiamos y para eso hemos remitido la petición de que podamos disponer de un dictamen del Consejo de Estado. Esta es nuestra confianza.

P.- Beatriz Fernandez, de Europa Press. Buenas tardes. Mis preguntas van para la portavoz: yo quería insistir en la reunión entre Junqueras e Iglesias independientemente de que la reunión sea responsabilidad exclusiva del señor Iglesias. Me gustaría saber si al Gobierno le parece esta reunión conveniente para la aprobación de los PGE, y si al Gobierno le parece que esta reunión que se ha presentado no como una visita personal al señor Junqueras sino como un encuentro de trabajo en el que se va a hablar de los presupuestos, de la situación procesal, de los presos, del procés, pues si esta reunión da una buena imagen de la democracia española.

Y, en otro orden de cosas, finalmente el presidente del Gobierno va a demandar o no a los medios de comunicación que le acusaron de plagio en su tesis. Muchas gracias.

Portavoz.- Vamos a ver. El señor Junqueras ha recibido a diversos líderes de distintas fuerzas políticas y a distintas personas, dentro del régimen de visitas que tiene y el señor Iglesias irá esta tarde por lo que ustedes mismos han conocido. Nosotros no entramos ahí. El Gobierno no entra en esa materia. No entra para nada. Es decir, es el líder de Podemos y él se responsabiliza de su propia imagen y de la de su propia fuerza política. Por tanto nosotros no lo vinculamos ni al presupuesto ni al Gobierno del que como les he dicho responde el propio Gobierno.

Con respecto a la demanda que usted me dice, ésta es una cuestión absolutamente personal. Es absolutamente personal. Y como ustedes bien saben los tiempos para presentar una demanda civil son largos. Por tanto desconozco en este momento si se ha formulado o si se ha formalizado o si está en ello o no, lo desconozco.

P.- Iñaki Aguado, de Telecinco. Buenas tardes, ministra. Le dirijo esta pregunta usted ministra portavoz y continuo con el tema de la reunión entre Pablo Iglesias y Junqueras, si me permite, porque digamos, hay otra derivada, porque hoy se han se han sucedido una serie pronunciamientos públicos, políticos bastante importantes. Sin ir más lejos el de Javier Fernández, presidente del Principado de Asturias, que ha dicho que Pedro Sánchez debería dejar muy claro que Pablo Iglesias no es su embajador. Y por otro lado, también allí en Oviedo, Albert Rivera ha dicho públicamente que Iglesias va a cambiar Presupuestos por indultos. La pregunta es ¿están recibiendo esos mensajes de preocupación, de malestar, de Susana Díaz, de Javier Fernández, de García-Page acerca de esta reunión y de cómo se puede estar gestionando la negociación de estos Presupuestos? ¿Están recibiendo malestar, preocupación, y por otro lado, como pueden dejarle claro al presidente del Principado que, efectivamente, Iglesias no es un enviado de este Gobierno? Y también una respuesta a esa declaración de Albert Rivera.

Portavoz.- Vamos a ver. Lo de la vergüenza de Albert Rivera, pues, pregúnteselo usted a Albert Rivera por qué lo dice. Quiero decir que esta utilización de palabras gruesas, es la que viene acudiendo a nosotros casi a diario.

En relación a Javier Fernández, pues él lo puede tipificar, o señalar o describir de esa manera, pero yo creo que el presidente fue absolutamente taxativo ayer cuando dijo ayer cuando dijo que al Gobierno lo representa el Gobierno, y la negociación del Gobierno la hace el Gobierno. Y yo creo que esa fue una suficiente separación de la pieza en relación a la visita de Iglesias a Junqueras. Es decir, ¿que Iglesias hable con Junqueras entre sus temas en relación también al Presupuesto? Es una cuestión de Iglesias. Y de Junqueras. Pero le puedo garantizar que, desde luego, el señor Pablo Iglesias no es delegado del Gobierno para nada.

P.- Ángel Martinez, de Canal Enfermeros. Hace tres años, en esta misma sala, se aprobó el Real Decreto que dejó en absoluta indefensión a las enfermeras. Hoy volvemos aquí y nos decís que, finalmente, después de mucho consenso se ha llegado a la modificación. Me gustaría saber si, al final, se ha publicado tal y como se consensuó con los profesionales enfermeros y médicos. Si hay algún cambio, ¿cuál es ese cambio? Y si me pudiesen valorar un poco el Real Decreto. No sé si hay ya alguna fecha para la publicación en el BOE, qué va a suponer esto para el sistema sanitario.

Muchas gracias.

Portavoz.- Enfermeras y enfermeros. De facto, el Real Decreto dice enfermeros. Entonces, desde luego, se ha estado negociando yo creo que hasta ayer mismo. Y se ha llegado a un acuerdo tanto entre el sector, con los representantes sindicales, etcétera, como también con el sector médico. Y el acuerdo es satisfactorio. Es decir, yo creo que se ha incorporado una antigüedad de un año…, pero bueno, casi te lo cedo a ti, ministra. Porque la ministra conoce el servicio de salud.

Sra. Montero.- Sí, bueno, sabéis que el Gobierno de España se vio obligado a legislar, después de que una Comunidad Autónoma pusiera encima de la mesa un decreto de prescripción de enfermeras, y que, por tanto, ampliaba las competencias de enfermería a la indicación de determinados fármacos, que no necesitaban la prescripción médica. Y que, por otra parte, dentro de un protocolo de seguimiento, podía incluso, recetar aquellos medicamentos que previamente se hubieran pactado con el colectivo médico.

El Partido Popular, en los diferentes momentos de sus Gobiernos ha estado llevando y recurriendo algunas de estas normas, como ustedes conocen. Y, en concreto, lo que vienen a terminar de concretar este nuevo Real Decreto es la materia respecto a la acreditación de las competencias de las enfermeras. Para que las enfermeras puedan realizar esa tarea -estamos hablando de un colectivo femenino--, que tiene una magnífica formación, que a provechó el espacio europeo para incorporar nuevas competencias en su ejercicio profesional, y este Gobierno considera que hay que seguir impulsando nuevas competencias en ese ejercicio profesional, incorporó esta posibilidad, y la acreditación -lo que se determinó por parte del Tribunal Constitucional- es que le correspondía a las Comunidades Autónomas. Y esto es lo que se modifica en este Real Decreto. Se hace el planteamiento dirigido a las Comunidades Autónomas, eso sí, con una serie de requisitos de formación que puedan ser homogéneos en todo el territorio. Y se ha hecho de acuerdo con los Colegios de Enfermería y con los representantes de los sectores de Enfermería. Y yo diría también que de acuerdo con todos aquellos colectivos médicos que han colaborado a la hora de establecer la delimitación de funciones que se podía tener con este colectivo.

Portavoz.- Mejor, imposible.

Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)