Conferencia de prensa del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno después de la reunión del Consejo de Ministros

Portavoz.- Buenas tardes. Comparezco ante ustedes para informarles de los acuerdos que ha adoptado hoy el Consejo de Ministros bajo la presidencia de don Mariano Rajoy.

Asimismo, el Consejo de Ministros, como ya viene siendo habitual, se ha reunido posteriormente en sesión extraordinaria como consecuencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución acordado por el Senado en su reunión de 27 de octubre.

Permítanme comenzar diciendo que esta semana política, que concluye, ha sido importante desde el punto de vista parlamentario. El Gobierno se congratula de ello, valora que el debate político se produzca en el seno de las instituciones democráticas, como se corresponde con nuestro sistema político basado en una democracia liberal y representativa. En ella, el Parlamento debe tener el papel esencial en el centro de la vida política nacional.

El Gobierno se congratula también del funcionamiento del diálogo social y, en este sentido, quiero hacer dos menciones específicas: en primer lugar, el acuerdo obtenido el viernes pasado, después de esta rueda de prensa, entre el ministro de Hacienda y la Función Pública y los sindicatos, en el que se recoge un marco plurianual de incremento salarial en tres años, 2018, 2019 y 2020, fijo y otro variable vinculado al crecimiento de la economía, y en 2020 vinculado al cumplimiento, también, del objetivo de la estabilidad. La parte fija del incremento salarial será del 1,75 en este ejercicio, 2,25 por ciento en el 2019 y del 2 por ciento en el 2020 y, además, para un crecimiento del PIB que sea igual o superior al 2,5 por ciento en el 2019 y en el 2020, la subida sería, en ese caso del 2,5 por ciento y de un 3 por ciento respectivamente.

Por lo tanto, después de ir logrando, con el esfuerzo de todos, una sustancial reducción del déficit público que llegó a estar en el 11 por ciento, que cerró cuando llegó el Gobierno de Mariano Rajoy el 9,3 por ciento y que este año está previsto que baje hasta el 2,2 por ciento del PIB. El Gobierno impulsa políticas de redistribución para que la recuperación llegue a todo el mundo.

Junto a este acuerdo del viernes pasado, este lunes, el Gobierno formalizó un compromiso para acabar con un asunto que estaba pendiente en los últimos treinta años y al que ningún Gobierno hasta ahora había abordado. Me refiero a la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con las policías autonómicas. Este pasado lunes, el ministro del Interior firmó con los cuatro sindicatos mayoritarios de la Policía y las siete asociaciones más representativas de la Guardia Civil el acuerdo que acabará en tres años con la diferencia salarial con respecto a los cuerpos policiales autonómicos.

Por tanto, estos dos acuerdos permiten decir al Gobierno que el diálogo social está dando sus frutos, y por ello corrobora la política que el Gobierno ha llevado desde el inicio de la legislatura de apelación al diálogo. Apelación al diálogo como factor catalizador del plural intercambio de opiniones, en primer lugar, entre distintas fuerzas políticas, que debe concluir en buena lógica en el establecimiento de acuerdos. Diálogo no por dialogar, sino para llegar a acuerdos que confluyan y que incorporen reformas, las reformas que necesita nuestro país y que afiancen con ello la estabilidad política y social.

España necesita, a juicio del Gobierno, diálogo político y social para proseguir su proceso de modernización, de bienestar social y de cohesión nacional a través de consensos nacionales imprescindibles para poder convertir en oportunidades, oportunidades reales, los retos globales a los que nos enfrentamos, sean estos la globalización, la digitalización, el cambio energético o las migraciones.

Desde el comienzo de esta legislatura me han oído ustedes decir que esta debía ser la legislatura del diálogo. Este es el mandato que nos dieron los electores el 26 de junio cuando el PP fue el partido más votado con más de dos millones y medio de ventaja respecto al siguiente y que le obliga, a ese afianzamiento de la estabilidad para hacer posible la gobernabilidad, pero con esa distribución de fuerzas políticas en el Parlamento, esa gobernabilidad y esa estabilidad es responsabilidad política no solo del Gobierno sino de todas las fuerzas políticas. En este sentido, cuando comenzó la Legislatura, en su discurso de investidura, el presidente del Gobierno ofreció siete grandes Pactos de Estado. Y, a partir de eso, en esta Legislatura en los quince meses que llevamos de ella se han hecho muchas cosas: la aprobación de los techos de gasto correspondiente a los años 2017 y 2018, la aprobación del Presupuesto correspondiente a 2017, la actualización del concierto económico del País Vasco, la Ley de Contratos del Estado, la reforma de RTVE, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la reforma de la estiba, las medidas urgentes contra la sequía, la convalidación del Real Decreto-ley de Garantía Juvenil, la reforma de la Ley de asistencia jurídica gratuita, o la regulación de la compensación por copia privada. Todos actos legislativos de especial importancia que están en vigor y, por supuesto, el acuerdo político impulsado por el Gobierno y apoyado por el PSOE y C´s que hizo posible la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y del que el 27 de este mes de marzo se cumplirán 5 meses de vigencia.

Esta semana, he citado antes al Parlamento como sede central del debate, ha habido otro asunto de especial trascendencia, me refiero al debate sobre las pensiones, que era uno de los siete Pactos de Estado que el presidente del Gobierno había propuesto en la sesión de investidura. A petición del presidente del Gobierno, hubo un debate monográfico -como todos ustedes saben- este miércoles. El Gobierno cree que este debate ha demostrado la utilidad de su celebración porque se ha podido abordar esta importante cuestión nacional y todos los que han seguido el debate habrán podido extraer sus propias consecuencias sobre la consistencia de las diferentes propuestas, la viabilidad de las mismas, la madurez de los liderazgos, la experiencia o no de gobierno y la credibilidad y solvencia de los distintos programas políticos.

El debate no ha acabado ayer miércoles o antes de ayer, habrá -que es otra de las propuestas del presidente del Gobierno- la posibilidad de hacer aportaciones y propuestas políticas en el interior de la Comisión del Pacto de Toledo que continúa sus trabajos. Renovar ese gran pacto de pensiones que los españoles hemos ido creando desde el año 1955 es enormemente importante. Enormemente importante cuando el mensaje del presidente del Gobierno también ayer fue claro y neto: este Gobierno garantiza las pensiones.

A los hechos me remito, si en una situación complicada, en una situación que heredamos con muchas dificultades, en ningún año ni los pensionistas anteriores ni aquellos que se han ido incorporando han dejado de cobrar sus pensiones.

Quiero referirme también a una serie de puntos que el presidente del Gobierno quiso poner de manifiesto en ese debate. En primer lugar, el compromiso de este Gobierno con el Sistema Público de Pensiones y con la sociedad del bienestar. En segundo lugar, la importancia de la dimensión económica de lo que estamos hablando. Las pensiones son la mayor partida de los Presupuestos Generales del Estado, representan más del cuarenta por ciento del mismo. Y quiero destacar también su trascendencia social. Las pensiones, -son palabras del presidente del Gobierno-, son un elemento esencial de cohesión y de solidaridad entre ciudadanos, de unos valores, que se han construido con las aportaciones de muchas generaciones a lo largo de nuestra reciente historia.

Por todo ello, y lo resaltó también el presidente del Gobierno, los pensionistas merecen el respeto de todos y ello significa que no deben de ser engañados ni utilizados en la confrontación política partidista sino que es responsabilidad de todos, compartida, encauzar las soluciones.

También, el presidente del Gobierno recordó algo muy importante: cuando el Gobierno de Mariano Rajoy ascendió a sus responsabilidades en el año 2011 y tuvo que hacer los ajustes presupuestarios necesarios de la situación heredada, hubo dos partidas que quedaron fuera de las mismas, hubo dos partidas que el presidente del Gobierno quiso preservar a toda costa: me refiero al gasto público de pensiones y al de gasto público de prestaciones por desempleo, y así ha sido durante los más de seis años de Gobierno del PP.

Por tanto, también en este punto, frente a un déficit que entonces estaba disparado, frente a una sustancial pérdida de cotizantes y una caída en la recaudación de 70.000 millones de euros en dos años, también se ha producido en estos años un aumento del número de pensionistas, por tanto, mayor gasto en los Presupuestos Generales del Estado y un incremento, también, de la pensión media. Estamos hablando de 742.000 pensionistas más que en el año 2011, hemos llegado a la cifra de 10,6 millones. Pues, bien, el Gobierno ha atendido a todos, a los que estaban y a los nuevos, desde el primero hasta el último. Para ello, ha sido importante mantener una serie de reformas, reformas estructurales y la consolidación presupuestaria. Las pensiones se han sostenido -en palabras del Presidente- por dos razones: en primer lugar, porque hemos evitado un rescate de la economía española, que nos hubiera llevado a su drástica reducción como ha sucedido en otros países europeos; y, en segundo lugar, porque hemos sido capaces de darle la vuelta a la situación de nuestra economía, empezar a crecer y a crear empleo. Por tanto, ese es el punto clave. El Gobierno impidió, gracias a las reformas, gracias a la creación de empleo, que la crisis trasladará sus consecuencias a los pensionistas. Por tanto, -como he dicho antes, me he referido antes a esa cantidad-, 140.000 millones de euros están consignados en los Presupuestos Generales del Estado y afectan a 10.600.000 pensionistas.

La buena noticia de estos años es que en el año 2011 por cada nuevo pensionista que entraba en el sistema, tres personas dejaban de cotizar a la Seguridad Social. Hoy la situación se ha invertido: por cada nuevo pensionista se crean seis empleos y eso es absolutamente capital porque la entrada de nuevos pensionistas supondrá, solamente la entrada de nuevos pensionistas cada año supondrá más de 3.800 millones de euros, por lo tanto, es necesario que se cree empleo, es necesario que haya creación de puestos de trabajo para poder sufragar esos gastos y, por ello, algo de lo que ustedes me han oído hablar muchas veces, porque es el objetivo nacional de esta Legislatura, es el objetivo primero del presidente del Gobierno, la creación de 20 millones de personas trabajando en el año 2020, es el mejor camino para sostener, para fortalecer y para mejorar el sistema de pensiones.

El presidente del Gobierno ofreció en ese debate un acuerdo político para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado porque los Presupuestos Generales del Estado son el marco adecuado para plasmar esas mejoras y habló también de concentrar ahí las mejoras de las ayudas fiscales, en el IRPF para los pensionistas y familias, así como una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad.

También el Congreso de los Diputados ha sido sede, esta semana parlamentaria del debate, de otro debate que preocupa y mucho a los españoles, el de la prisión permanente revisable, donde el pleno del Congreso de los Diputados rechazó dos enmiendas a la totalidad de PP y de C´s, cuyo objetivo era mantener la prisión permanente revisable. Para ser objetivos y para conocer los pasos que se han dado hay que hacer una cronología precisa sobre este asunto. En el año 2015 el Congreso de los Diputados aprobó una iniciativa legislativa del Gobierno, -que llevaba esta medida en su programa en las elecciones del año 2011 y que mereció la confianza mayoritaria de los españoles-, contenida en la Ley de Seguridad Ciudadana para incorporar esta figura de la prisión permanente revisable, en línea con la práctica totalidad de todos los países europeos, habiendo recibido los informes favorables del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial o su compatibilidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por tanto fue el año 2015 cuando se incorpora a la legislación española.

En octubre del pasado año, en el año 2017, el pleno del Congreso de los Diputados tomó en consideración una Proposición de Ley presentada por el grupo PNV para derogar esa incorporación del año 2015. Distintos grupos votaron a favor de esa proposición de ley, entre ellos, PSOE, UP, PNV y otros se abstuvieron, como C´s. El grupo parlamentario que apoya al Gobierno, coherente con su posición, votó en contra, porque el Gobierno mantiene con convicción que la prisión permanente revisable es necesaria para los casos de delitos especialmente graves. Y aunque en países como Alemania se aplica la prisión permanente revisable a 20 delitos y en Francia a 26, en España en el año 2015 se estableció solamente para 8 supuestos de extrema gravedad, por lo tanto el Gobierno quiso el 9 de febrero -insisto en las fechas porque cuando luego se habla de legislar en caliente. El 9 de febrero. Cuando no había sucedido ninguno de los tristísimos acontecimientos de esta última semana-presentó un Anteproyecto de Ley para ampliar la aplicación de esta pena a supuestos muy graves y concretos en línea con los de otras legislaciones extranjeras. Estos nuevos supuestos son: el asesinato con obstrucción en la recuperación del cadáver a los familiares, el asesinato después de un secuestro, las violaciones en serie, la violación de un menor tras ser privado de libertad o torturado, las muertes en incendios y la liberación de energía nuclear o elementos radioactivos.

Con la prisión permanente revisable, por último, no se renuncia a la reinserción del penado. Una vez cumplida una parte de la condena, un tribunal debe valorar nuevamente las circunstancias del penado y podrá revisar su situación personal. Y si el tribunal considera que no se dan las circunstancias para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un nuevo plazo para llevar a cabo una nueva revisión. Si, por el contrario, el tribunal considera que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad como de las propias personas.

Como el presidente del Gobierno tuvo ocasión de manifestar ayer en su encuentro con las víctimas, creemos que esta posible derogación de la prisión permanente revisable no es una buena noticia y eso es lo que marca, lo que marcó ayer en el debate la posición que tuvo el Gobierno.

Tras haber hecho estas referencias a los acontecimientos de la semana quiero referirme a los acuerdos que ha tomado Consejo de Ministros en particular.

Ha acordado la tramitación en las Cortes del nuevo Proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, Proyecto de Ley por el que se incorpora a nuestro ordenamiento la Directiva 2014/52 de la Unión Europea por el que se modifica la directiva anterior relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos. Esta trasposición, este acuerdo, en el Proyecto de Ley que hoy hemos aprobado, implica un refuerzo del actual enfoque de la evaluación del impacto ambiental como instrumento preventivo y así como prestar una especial eficiencia en el uso de recursos para el cambio climático y la prevención de riesgos. En segundo lugar, se introduce un proceso de evaluación de impacto ambiental, la consideración de la vulnerabilidad de los proyectos ante accidentes graves y sobre los efectos adversos que se producen sobre el medio ambiente y se presta especial atención a la transparencia en la consulta e información pública en esa evaluación del impacto ambiental.

Asimismo, el acuerdo del Consejo de Ministros en este Proyecto de Ley modifica otras dos leyes: la Ley de Montes, para regular los caminos naturales de acuerdo con una sentencia del Tribunal Constitucional, en concreto la 118/2017 de 19 de octubre; y también se modifica la Ley por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para definir con más precisión las especialidades del régimen sancionador previsto.

Por otro lado, como recordarán ustedes, la semana pasada el ministro de Fomento presentó aquí ante ustedes el Plan Estatal de Vivienda para los próximos cuatro años. Para hacer posibles las ayudas a las que se refirió el ministro De la Serna contempladas en este Plan, hoy el Consejo ha aprobado una autorización que junto con las modificaciones presupuestarias que está gestionando el Ministerio de Fomento para el presupuesto del año 2018 posibilitará el compromiso de 1.443 millones de euros para dichas subvenciones hasta el año 2021. En concreto, las Comunidades Autónomas -que son las competentes en esta materia- recibirán 350 millones de euros en el año 2018, 357 en el año 2019, 364 en el año 2020 y 372 millones en el año 2021. Este importe supone un incremento del 62,46 por ciento con respecto a la última dotación presupuestaria e implica un claro compromiso con el Plan Estatal de Vivienda.

Asimismo, en el día de hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica un Real Decreto anterior, el 14/87 de 2009 relativo a los complementos alimenticios. Persigue, como principal novedad, permitir el empleo de ingredientes distintos de vitaminas y minerales en la elaboración de los productos considerados complementos alimenticios. Será posible la misma siempre que exista evidencia científica suficiente que avale la seguridad de estos productos con el fin de facilitar el control oficial a las autoridades al tiempo que se protege la salud de los consumidores. Asimismo, se clasifican como complementos alimenticios productos considerados hasta ahora como dietéticos de uso tradicional: germen de trigo, polen, jalea real, levadura de cerveza, lecitina de soja y propoleo. El Real Decreto que hoy se ha aprobado establece el procedimiento para actualizar y ampliar las sustancias contenidas en el listado y, asimismo, se establece la intervención de un Comité Científico para prevenir la salud de los consumidores. Creemos que este Real Decreto redundará en una mejora de la competitividad de las empresas alimentarias nacionales al tiempo que incorpora -como decía antes- mayores garantías para el consumidor.

Finalmente, el Consejo de Ministros, además de tratar los temas propios de la aplicación del artículo 155, ha procedido hoy al nombramiento como director general de Formación Profesional de don Fernando Sánchez-Pascuala Neira y el cese de doña Rosalía Serrano Velasco, agradeciendo los servicios prestados; y la toma de conocimiento del nombramiento de la directora del gabinete de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, doña Cristina Rehberger Bescos.

Asimismo, y les informo también de ello, que antes de la reunión del Consejo de Ministros se ha reunido la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que ha acordado esta mañana asignar a las Comunidades Autónomas para el segundo trimestre del año un total de 5.428 millones de euros con cargo al Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas, de ellos 3.934 corresponde a los Fondos de Liquidez Autonómicos y 1.493 a la Facilidad Financiera.

Estos son los acuerdos a los que quería hacer referencia y estoy, por supuesto, a su disposición para contestar aquellas preguntas que tengan por conveniente.

P.- José Miguel Blanco, de la Agencia EFE. Después del debate de ayer en el Congreso sobre la prisión permanente revisable, ¿el Gobierno confía en un cambio de actitud del PSOE a lo largo de la tramitación que hay por delante y si cree contar con los mecanismos parlamentarios suficientes para intentar dilatar al menos esa derogación? Y, por otro lado, ¿nos podría confirmar, tal y como se ha venido apuntando desde el Gobierno en esta semana, habrá una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros en Semana Santa para aprobar los Presupuestos? Gracias.

Portavoz.- El Gobierno, don José Miguel, quiere que sean los ciudadanos quienes extraigan las consecuencias del debate, y que las extraigan a la luz de las intervenciones de lo que vimos ayer en ese debate en el Congreso de los Diputados, y también del clamor social que hay. En la tramitación ayer, como sabe usted, desde el punto de vista parlamentario, fueron rechazadas las propuestas de PP y C´s. Por lo tanto, se va a tramitar la Proposición de Ley aprobada de otro grupo político con otros apoyos. A nosotros nos gustaría que en la tramitación de esa Proposición de Ley, los grupos reconsideraran su postura. Muchas veces oímos que hay que escuchar a la calle, que la escuchen también en esta ocasión. Y que, por lo tanto, ese debate se produzca con tranquilidad y con la serenidad que en algunos momentos faltó ayer, pero teniendo en cuenta que esta, insisto, es una figura que está recogida en el resto de las legislaciones europeas, creo que salvo en dos países, en el resto está. Que en algunos casos tiene muchos más casos que en los supuestos españoles y que es, como he dicho antes, una prisión permanente revisable. Pero creemos que da mayor seguridad a las personas y asegurar a las personas es algo que importa mucho a este Gobierno.

En relación con su segunda pregunta, el Gobierno desde el inicio de la legislatura manifestó, igual que hizo el año anterior, que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado era una obligación constitucional pero también una prioridad política. Creemos que estos Presupuestos Generales del Estado, lo hemos visto cómo se han ido desgranando a lo largo de las semanas, de estos meses, tienen muchas cosas positivas para la gente, tienen más dinero para gasto social y el Gobierno el compromiso que tiene es presentarlos.

La semana que viene, ya sabe usted que el 23, el presidente del Gobierno estará en el Consejo Europeo, yo creo que antes o después, en torno a esas fechas, se aprobarán los Presupuestos Generales del Estado que se presentarán probablemente, formalmente, la semana después de Semana Santa, pero queremos aprobarlos en esos días, antes de que termine el mes de marzo como sucedió la legislatura pasada. Pero no ha habido un acuerdo del Consejo de Ministros sobre una fecha determinada. Evidentemente, los Presupuestos están cerrándose, son objeto de negociaciones, por lo tanto, es el ministro de Hacienda el que tendrá que decir cuando están listos para terminarse pero, insisto, la voluntad política del Gobierno manifestada una y otra vez es aprobarlos porque creemos que son positivos para la gente y, en ese sentido, estamos haciendo los esfuerzos para aprobarlos en Consejo de Ministros, como es preceptivo, durante el mes de marzo.

P.- Susana Camacho, de Noticias Cuatro. Le quería preguntar por pensiones y ese anuncio que hizo el Presidente en el Pleno del miércoles de que se subirían las pensiones mínimas y de viudedad. En algún momento se apuntó que podrían subir conforme al IPC. Quería saber si el Gobierno está valorando ese mecanismo, subirlas conforme al IPC, y si considera que ese anuncio es suficiente teniendo en cuenta que siguen convocadas las grandes manifestaciones de pensionistas de mañana.

Portavoz.- Yo creo que si hubo un mensaje claro en la comparecencia del presidente del Gobierno sobre pensiones es el de tranquilidad y confianza en el Sistema Público de Pensiones porque el Gobierno cree en el Sistema Público de Pensiones y en su importancia en la sociedad del bienestar. España tiene un buen Sistema Público de Pensiones, que funciona, que ha resistido los años más duros, que es sostenible y que, por ley, establece el compromiso de que subirán siempre. A este compromiso el Presidente añadió, en el debate de antes de ayer su propuesta de hacer un esfuerzo adicional para las pensiones de viudedad y las pensiones más bajas; una propuesta que se concretaría -en su caso- en los Presupuestos Generales del Estado. Eso es lo que está estudiando en estos momentos el Gobierno, ignoro si vinculado a otro o no. Yo creo que ese no es el tema, el tema es ver cómo cuadran las cuentas.

Yo creo que en el debate de anteayer quedó claro quién tiene visión de conjunto sobre el Presupuesto. A diferencia de lo que ocurría hasta el año 2010, el Gobierno, los Gobiernos, tenían una gran autonomía a la hora de aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Yo quiero recordar aquí como en aquellos años, el Gobierno presentaba unas previsiones de crecimiento y, por tanto, unas previsiones de ingresos tributarios que luego no se cumplían, por eso llegamos a tener, España llegó a alcanzar un déficit de 110.000 millones de euros, que es lo que pone en peligro la sostenibilidad de un sistema como el de pensiones. Por tanto, lo que hemos hecho en estos años ha sido traerle sostenibilidad al sistema a través -como he dicho antes- de la reducción del déficit público, de una política presupuestaria adecuada y también, de las reformas estructurales.

Por tanto, ese fue el debate de antes de ayer. Yo creo que todo el mundo quiere subir las pensiones, como todo el mundo quiere subir casi todo pero hay que cumplir con las cuentas y, a diferencia del año 2010, después de la crisis del euro, Europa introdujo todo una serie de modificaciones. Cuando aprobamos en el mes de julio, y lo aprobamos -no sólo en España, sino todos los países de la Unión Europea- lo que se llama el techo de gasto, estábamos comprometiéndonos a no gastar más de ese techo que enviamos a Bruselas. Y Bruselas lo examina y dice si está de acuerdo o no con las previsiones que la propia Bruselas, la propia Comisión Europea, hace del crecimiento.

Por eso, con este procedimiento lo que impedimos es que surjan situaciones como las del pasado donde, como digo, el Gobierno mandaba unas previsiones de gasto que eran totalmente irrealistas y los resultados fueron funestos para la economía española. Ese fue el origen de la crisis. Eso hoy en día no es posible por los mecanismos que ha creado la Unión Europea, pero eso implica también que cualquier gasto que se introduzca debe estar dentro de ese techo límite de gasto que ha aprobado el Parlamento y que ha enviado con lo que se llama las Previsiones de Estabilidad a la Unión Europea. Por lo tanto, el margen de maniobra que tienen los Gobiernos, no sólo el español, sino cualquier Gobierno europeo es un margen de maniobra limitado por su plan de estabilidad.

Por eso, cualquier reforma que se haga, cualquier incremento que se haga, tiene que hacerse dentro del marco de los Presupuestos Generales del Estado, que es la herramienta jurídico-política en la que se traduce el Plan de Estabilidad. Por tanto, es en ese debate, es en ese marco, en el que veremos cómo podemos ajustar para, por un lado dar satisfacción a las demandas que el presidente el Gobierno puso sobre la mesa en el debate de hace dos días y también, los compromisos que España tiene contraídos con la Unión Europea.

P.- David Junquera, de la Sexta Noticias. Yo quería preguntarle por el debate de ayer sobre la prisión permanente revisable. Quería preguntar si han hecho en el Consejo de Ministros y en el seno del Partido Popular algo de autocrítica por lo que vivimos ayer en el Congreso. No sólo por lo que les atañe a ustedes, sino también por lo que hicieron el resto de grupos en ese debate. ¿Si no cree que se instrumentalizó a las víctimas? Y si, visto cómo está el tema, cómo está de caliente el tema en la calle con los últimos casos que hemos vivido no se debería haber atrasado ese debate de enmiendas.

Portavoz.- Creo que en la primera intervención que he hecho ya he explicado que las consecuencias del debate, la valoración del debate, compete a cada persona. Pero, también, he tenido interés en explicar que ese debate es consecuencia de una decisión de las Cortes de modificar la prisión permanente revisable, que fue introducida por este Gobierno en el año 2015. Por tanto, fue el Congreso de los Diputados, con el apoyo del PSOE, de UP, de PNV, de otros grupos, ERC, y la abstención de C´s, los que han posibilitado iniciar una tramitación parlamentaria que hubiera llevado o que llevará, en su caso, a la supresión de la prisión permanente revisable.

He dicho también, -he tenido interés en dejarlo claro-, que la propuesta del grupo parlamentario que sostiene al Gobierno es del 9 de febrero, es decir, que es muy anterior al caso que hemos conocido estos días de Almería. No está hecha en caliente, está hecha con antelación, precisamente para evitarlo y para que la gente que vio el debate pudiera ver, pudiera analizar, pudiera calibrar quién tiene mejores razones, y quién responde mejor a las exigencias de la sociedad española. Eso es todo. Por tanto, el Gobierno se queda ahí. El Gobierno se queda en que hubo un debate, que es bueno que esos debates se lleven a sede parlamentaria, que se expongan las razones de uno y otro y que la gente juzgue.

P.- Alba Blanco de Antena 3 Noticias. Quería, si pudiera confirmar o desmentir algunas informaciones que apuntan a contactos entre PSOE y PP para congelar la derogación de la prisión permanente revisable hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Y, por otro lado, si a raíz del encuentro mantenido por el presidente con Donald Tusk, si se plantea evitar acudir a esa Cumbre en los Balcanes para evitar la foto con el presidente de Kosovo.

Portavoz.- Respecto a la primera de sus preguntas, yo no tengo noticia de esos contactos, lo he leído en la prensa esta mañana, pero es un tema que no se ha tratado en el Consejo de Ministros y no puedo darle más información.

Respecto a la segunda, la entrevista del señor Tusk y el señor Rajoy está teniendo lugar en estos momentos, con lo cual me resulta difícil pronunciarme sobre ella. Pero, mire, de lo que se trata es de una reunión sobre la ampliación -creo que en el mes de mayo, si no me falla la memoria- en Sofía, donde todavía, que sepa el Gobierno, no hay una estructura de esa reunión, no sabemos quién va a acudir, no sabemos muy bien cómo se va a estructurar, por lo tanto, estaremos a ver qué es lo que sucede.

La posición del Gobierno en torno a Kosovo es clara, es clara, es neta, es sólida. Junto con otros cuatro países no reconocemos a Kosovo a través de una declaración unilateral de independencia. No lo hemos hecho en el pasado y no lo vamos a hacer en el futuro. Pero, respecto a esa reunión, todavía no tenemos más detalles de cómo se va a desarrollar y, por tanto, no podemos pronunciarnos todavía.

P.- José Corriente, de Telemadrid. Quisiera, si es posible, un comentario del Gobierno sobre los sucesos de ayer en el barrio madrileño de Lavapiés.

Portavoz.- Creo que la Alcaldía de Madrid, que es la competente, la responsable, en esta materia, ha emitido esta mañana un comunicado. El Gobierno quiere manifestar sus condolencias con la familia y con los amigos de la persona, del senegalés, que falleció, y lamentar los incidentes que se produjeron después. La policía urbana, a la que mostramos toda nuestra solidaridad, tuvo que hacer frente a una serie de disturbios, llamó a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Nacional, aparecieron ahí y lograron dominar la situación; y, quiero agradecer el esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y también de la policía urbana, muchos de cuyos agentes fueron heridos.

Está investigando el Ayuntamiento, que insisto, es el responsable, y a esa investigación nos atendremos.

P.- Alejandro de Miguel, para "Público". En relación a la muerte de Mame Mbaye y los sucesos de ayer en Lavapiés, si el Gobierno tiene alguna explicación de por qué la policía no iba acreditada, identificada como corresponde con el correspondiente número en la espalda. A fin de cuentas, era la Policía Nacional. Si ustedes van a investigar como ya ha recordado que va a hacer el Ayuntamiento.

Y, sobre el debate de pensiones me gustaría saber si el Gobierno ha reflexionado hoy sobre las propuestas de otros grupos y si cree que alguna de ellas es rescatable.

Respecto a la segunda, como he dicho antes, mire usted, ayer, el otro día, se produjo un debate. El Gobierno cree que es positivo que ese debate se realice en el Congreso de los Diputados. Vivimos en una democracia liberal y representativa. Por tanto, que los representantes de los grupos políticos elegidos por los ciudadanos debatan es una buena cosa, que se vean cuáles son las posiciones de unos y otros y cuáles son las soluciones que se aportan. Pero, como también he dicho, el debate no acabó ayer, y el debate -fue la propuesta del presidente del Gobierno- debe residenciarse allí donde ha estado desde el año 1995, y creo que la valoración de todos estos años es muy positiva, que es la Comisión del Pacto de Toledo.

Por lo tanto, creemos que ese es un debate -como hemos dicho en muchas ocasiones ya- que afecta a todas las fuerzas políticas, porque nos afecta a todos; que es una responsabilidad compartida, no es exclusiva del Gobierno; que es un debate en el que hay que aportar soluciones a medio y a largo plazo; que nos afectan a todos y, por tanto, que hay que debatirlas ahí y ese debate estoy seguro que continuará y yo espero que con soluciones positivas y favorables.

Reitero que el Gobierno es favorable al Sistema Público de Pensiones y a la sociedad del bienestar. Reitero también que el Gobierno tiene confianza plena en nuestro Sistema de Pensiones, que garantiza el cumplimiento del mismo, pero que también hay que tener en cuenta muchas de las circunstancias, demográficas y de otro estilo-. Antes he hecho referencia a cómo en el año 2011 había 700.000 pensionistas menos, cómo en el 2011 eso suponía 25.000 millones de euros menos, cómo cada año que pasa hay que incorporar en el gasto 3.800 millones de euros, cada año simplemente por el paso de personas a esa situación de pensionista. Por tanto es un tema que -insisto- nos concierne a todos y tenemos que tratarlo entre todos para buscar soluciones de un Sistema -insisto- que es el que garantiza la solidaridad intergeneracional y que, además, es un derecho de los pensionistas.

P.- Carmen del Riego, del diario "La Vanguardia". Ha aludido usted a los siete pactos que propuso el presidente del Gobierno en la investidura. Se ha llegado a uno de ellos, el de Violencia de Género, pero hemos visto en los últimos días cómo en el de Educación se han levantado los partidos, cómo el de Justicia está también roto, y el Pacto de Toledo, después de ver el debate de pensiones, otro tanto. Me gustaría saber si el Gobierno va a tomar alguna iniciativa para intentar reactivar estos pactos que corren peligro.

Y me gustaría también saber si el Gobierno estaría dispuesto a hacer alguna modificación en la prisión permanente revisable como reducir, por ejemplo, el plazo para la revisión que es una de las cosas que más se han criticado estos días durante el debate, para poder -digamos- salvar el tipo penal en el Código Penal.

Portavoz.- Respecto a su primera pregunta, la idea de pacto implica el que hay varias partes que se ponen de acuerdo. El Gobierno lo que puede mostrar es disponibilidad, y la tiene, voluntad política, y la tiene, y ganas, que también las tiene. Pero, evidentemente, si las otras partes no quieren, es muy difícil llegar a acuerdos, pero eso no sucede solamente en la política, sucede en general en la vida. Y, al final, serán los ciudadanos los que tendrán que juzgar quién tenía voluntad, quién tenía disposición y quién tenía ganas. Y quién no. Y quién muchas veces habla de pactos pero cuando llega la hora de la verdad, no quieren pactar. En el Pacto de Estado Social y Político por la Educación, que usted ha mencionado, creo que la posición del PSOE es inexplicable.

Después de haber pactado con el Gobierno un Real Decreto-Ley para suspender temporalmente los efectos de las evaluaciones de 4º de la ESO y de 2º de Bachillerato hasta que hubiera un pacto. Después de pactar quince ejes, sobre temas muy importantes, que afectaban desde la formación de los profesores, la formación profesional, las ayudas a las personas rezagadas, las becas, etc, etc, quince ejes, en el segundo, que es el de la financiación, piden un porcentaje del PIB hasta el año 2025 y eso o nada. Eso es lo que hacía una líder político británica: "el consenso es, yo digo lo que hay que hacer y los demás se unen a él". Yo creo que si alguien quiere pactar tiene que demostrar que quiere pactar. El Gobierno lo ha demostrado y lo seguirá demostrando, pero son los otros los que tienen que explicar por qué se levantan y no quieren seguir hablando. Hay un dicho francés que dice: "los ausentes nunca tienen razón". Yo creo mucho en ese dicho.

Por tanto, el Gobierno va a continuar, va a hacer esfuerzos por seguir pactando todas estas cuestiones porque le parece que tienen importancia y porque nos parece que es la exigencia social, de 800.000 profesores en el caso educativo y 8.125.000 alumnos y sus familias. Quieren un pacto y nosotros estamos dispuestos a continuar con aquellos que quieran ese pacto. Y a mí me gustaría, y lo dije en el debate el otro día, me gustaría que el PSOE, puesto que no da las razones lógicas y sustanciosas para haber dado la espantada, cambiara de opinión. Haremos lo posible porque así sea.

Respecto a la segunda pregunta que me hace usted, mire, yo creo que -es un tema que no se ha tratado en el Consejo de Ministros- está dentro del ámbito de la negociación parlamentaria pero se va a tramitar, como sabe usted, la Proposición de Ley tomada en consideración del PNV y ahí será el momento de plantear propuestas. Pero yo en estos momentos no soy capaz de decirle si eso es una propuesta viable o no.

P.- Gonzalo Cortizo, de "Eldiario.es". Le quería hacer dos preguntas sobre pensiones en referencia a ese debate al que que glosaba usted al inicio de la intervención. En ese debate el presidente del Gobierno aseguró sobre el envío de esa carta a los pensionistas comunicándoles la subida, creo recordar que las palabras exactas fueron que "aquello se había podido hacer mejor". Mi pregunta es, concretamente ¿qué error han cometido ustedes en ese envío y en esa comunicación a los pensionistas que tanto les ha molestado? Y, luego, le he escuchado decir que los pensionistas no deben de ser engañados, ni utilizados en la confrontación política. La pregunta es, ¿cree usted que los pensionistas están siendo engañados y utilizados en la confrontación política?

Portavoz.- Mire usted, respecto a la primera pregunta que me hace. Enviar esa carta es una obligación legal, por lo tanto, el Gobierno tenía que hacerlo, porque le obliga la Ley a explicarles a los pensionistas a cuánto asciende la revalorización de su pensión. Por tanto, es una obligación legal. Que se haga mejor, peor, con más o menos acierto, es opinable.

Y, respecto a la segunda, lo que yo creo que hicimos los españoles, acertadamente, en los años 90, fue sacar las pensiones de la confrontación política. Yo recuerdo, porque ya tengo algunos años, como antes, siempre, cuando había elecciones, el tema de las pensiones se agitaba como un espantajo para dar miedo, si gana este se suprimirán, si gana aquél no sé qué pasará. El Pacto de Toledo es precisamente eso, sacarlas de la confrontación política para resolver los problemas que tienen, para darles sostenibilidad y para buscar soluciones, a eso me refiero con volver al Pacto de Toledo, esa es la propuesta que hizo el presidente del Gobierno y ahí es donde creemos que se deben analizar las consecuencias.

P.- Mariano Calleja del diario "ABC". Volviendo a la prisión permanente revisable, usted ha recordado que el 9 de febrero, aquí, el ministro de Justicia, nos presentó el Anteproyecto de Ley que ampliaba los supuestos de la pena de prisión permanente revisable. A mí me gustaría saber si ese Anteproyecto sigue adelante, es decir, si está en los planes del Gobierno realmente sacar el Proyecto de Ley, enviarlo al Congreso. Qué plazos manejan y, cómo en el debate de ayer el PP incluyó en su propuesta los supuestos que quería ampliar el Gobierno y salió derrotado, si eso puede frenar un poco la iniciativa del Gobierno en este sentido o bien mantiene sus planes y llevará al Congreso el Proyecto de Ley. Gracias.

Portavoz.- Yo creo que el rechazo de ayer era el rechazo a la propuesta del Gobierno para ampliar esa lista de supuestos que, como he dicho antes, se corresponde con la que existe en otros países. La he querido leer, he querido leer algunos de estos supuestos para ver que eran supuestos realmente dolosos, peligrosos, de amplio rechazo social.

Por lo tanto, ayer, en esa propuesta que hubo, hubo un rechazo. De momento, en estos momentos, lo que tenemos es una Proposición de Ley del PNV apoyada por PSOE, UP, abstención de C´s, que es la que vamos a tramitar en el Congreso de los Diputados y ese es el debate que va a haber en estos momentos y, por tanto, en ese debate, -como antes le he dicho a algún compañero suyo-, yo espero que las posiciones puedan reconducirse porque creo que -como he dicho antes también- creo que hay que escuchar la voz de la calle y creo que la voz de la calle en estos momentos es muy clara respecto al mismo.

Por tanto, el Gobierno está donde ha estado siempre, desde que lo incluyó en su programa electoral e introdujo esta reforma en el año 2015. Nos gustaría que todos los demás también reflexionaran sobre el mismo. Nosotros no vamos a cambiar de posición porque creemos que tenemos apoyo y tenemos buenas razones para mantenerla. Pero, insisto, queremos también que ese debate se haga dentro de la serenidad, esa serenidad que en algún momento pudo faltar ayer.

Bien, muchas gracias.

Quiero decirles que la Filmoteca Española está dedicando una retrospectiva y una exposición al maestro Carlos Saura en el Cine Doré, de Madrid, que merece la pena.

Hoy arranca en Avilés la gira de la gran cantante Luz Casal. Mañana estará en Vigo.

En Palencia, -no podía faltar Palencia, llevaba yo mucho tiempo sin hablar de Palencia aquí- la exposición "Romanorum Vita" les está esperando a todos ustedes para conocer cómo era el día a día de una ciudad durante el Imperio Romano.

En los deportes, estamos pendientes este domingo del España-Bélgica de rugby. Vamos a ver si nos clasificamos para el Mundial de Japón después del excelente partido el otro día frente a Alemania aquí.

En las calles de Valencia ya está todo a punto para las Fallas, unas fiestas que fueron declaradas en el año 2016 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Y en Valladolid, otra grande, doña Concha Velasco, estrena la obra "El Funeral".

Por tanto, tienen buenas razones para dispersarse por distintas partes de España y para disfrutar de la cultura, que es algo a lo que todos tenemos derecho también. Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)