Conferencia de prensa de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad junto a la ministra de Justicia después de la reunión del Consejo de Ministros

La Moncloa

Vicepresidenta.- Buenas tardes. Gracias por su presencia. Hoy vamos a comparecer la ministra de Justicia y yo misma para dar cuenta del Consejo de Ministros que hemos celebrado esta mañana, así que pasaré a hacer un relato de los acuerdos que hemos adoptado y la ministra de Justicia está aquí también porque ella nos ha trasladado el informe correspondiente a la Abogacía General del Estado en relación a las calificaciones provisionales, ya que hoy teníamos el día límite para para su entrega.

Me van a permitir que haga un repaso a dos asuntos que consideramos muy importantes de la semana que hoy concluye, y que tiene que ver, por un lado, con este 40 aniversario que debemos de enaltecer todo lo posible porque son 40 años extraordinariamente importantes de la historia reciente de nuestro país, donde hemos alcanzado una democracia plena, absolutamente respetada, reconocida y madura, que ha vivido 40 años -repito--, extraordinariamente luminosos del pasado reciente. En ese marco, el Gobierno quiso, junto con el resto de las instituciones que hacen celebraciones casi continuamente, aportar un acto que nos pareció particularmente importante y destacable: la lectura pública de nuestro texto constitucional con los poderes del Estado y con el inicio del propio jefe del Estado en esa lectura y de la princesa de Asturias; y un segundo elemento, que me gustaría, también, destacar y que tiene que ver con el compromiso del presidente en relación a las Pymes de nuestro país. Todos sabemos que la estructura empresarial de nuestro país es fundamentalmente una estructura de pequeñas y medianas empresas, el presidente ha estado con ellos en Valencia y ha comprometido una rebaja del impuesto de sociedades del 25% al 23% que va a afectar a casi un millón y medio de empresas, lo que significa que este Gobierno se compromete, no solamente con el tejido empresarial del que depende nuestro modelo productivo, sino también con aquellos que desde las empresas medianas y pequeñas hacen un gran esfuerzo por la generación de empleo y por el sostenimiento económico de una economía como la nuestra, que sigue creciendo más que la media europea, por delante de otras economías con las que habitualmente nos comparamos, sin ir más lejos, en relación con Francia o Alemania.

Dicho esto, porque han sido acontecimientos importantes en la valoración del Gobierno, hemos tomado algunas decisiones importantes: una que quiero destacar y que tiene que ver con la agilidad y con la responsabilidad con la que sentimos que hemos de coordinarnos y ayudar a las administraciones responsables en algunos acontecimientos, desgraciadamente, catastróficos; nos estamos refiriendo a esos episodios en los que muchos hombres y mujeres de nuestro país sufren la pérdida de sus bienes, desgraciadamente, en el caso de Baleares incluso 13 vidas, y este Gobierno está desde el minuto uno en la coordinación, en la ayuda, en la solidaridad, y en la responsabilidad de estas circunstancias que ocurren y que cuando ocurren nos sentimos concernidos en la respuesta; tan es así que, en un tiempo bastante rápido, tras la elevación de los informes del Ministerio de Política Territorial y de Interior, en este Consejo de Ministros hemos dado ya respuestas de ayudas extraordinarias y de exención fiscal en el IRPF por estas ayudas personales que van a recibir una parte de las personas que han sufrido los acontecimientos tristes que ocurrieron en el levante español, en Valencia, en Tarragona, y en Castellón, y en Teruel y, naturalmente, una respuesta, también, a las riadas, particularmente también graves, porque se llevaron la vida de un miembro del Cuerpo de Bomberos, en el ámbito de las provincias andaluzas de Cádiz, Sevilla y Málaga.

Hemos dado una respuesta rápida que entendemos que está en el marco de la ayuda y, repito, también, de la necesaria responsabilidad que junto a las administraciones públicas concernidas como primera competencia, que son las comunidades autónomas, nosotros queremos estar siempre y en cualquier lugar del territorio.

Hemos acordado hoy, también, en el Consejo de Ministros recurrir al Tribunal Constitucional la resolución del Parlamento de Cataluña. Ustedes son conocedores --porque ha sido publicado y conocido, por tanto--, del informe del Consejo de Estado negativo a esta pretensión del Gobierno. El Gobierno en su momento se manifestó de manera rotunda en términos políticos de reproche absoluto en relación a la pretensión de un parlamento autonómico, nada más y nada menos, que en torno a la reforma de la forma de Estado y, naturalmente, a la politización de la figura del rey, del jefe del Estado. Al Gobierno no le parece suficiente el reproche político sino que nos parece absolutamente oportuno que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre este asunto; respetamos --y lo hacemos con convicción absoluta--, el trabajo del Consejo de Estado y el informe que ha emitido. Es un informe preceptivo pero no vinculante --como ustedes conocen--, no es la primera vez que un Gobierno decide ir en contra de un informe del Consejo de Estado y nuestra decisión es que no puede un parlamento autonómico invadir competencias que no tiene y no se puede intentar por ningún procedimiento en la vía de una resolución que fue votada, nada más y nada menos, que la reforma de la forma de Estado, que afecta a la alta institución de la Jefatura del Estado y del rey; así que, iremos a recurrirlo en estos términos jurídicos y con esta connotación extraordinariamente política de reproche a semejante pretensión del Parlamento de Cataluña.

Hemos tomado, también, dos decisiones que afectan, también, a criterios jurídicos -naturalmente, siempre políticos por parte del Gobierno, como no puede ser de otro modo-que es el desistimiento parcial de dos recursos en el Tribunal Constitucional en relación a leyes catalanas materialmente vinculadas a problemas de habitabilidad, de vivienda. Hemos alcanzado un acuerdo con la administración catalana y retiramos parcialmente los recursos porque van a ayudar a problemas verdaderamente cotidianos --y para este Gobierno es muy importante el de Cataluña--, que tienen que ver con la vivienda, con los alquileres, con el fomento de la vivienda pública, con los requisitos a los que debe estar sometida el uso de la vivienda pública, y vamos a reponer en Cataluña una situación que ya está completamente normalizada en Canarias, en Andalucía, en Navarra; es decir, se parte de una discrepancia enorme respecto al anterior Gobierno, cuyo objetivo fundamental no era precisamente una mirada social sobre la vivienda y sobre el derecho a la vivienda, el cambio de registro político para este Gobierno en torno a este asunto, que tanto nos preocupa, hace que vayamos también de común acuerdo en la política catalana en relación a la vivienda, y no desistimos de aquella parte que seguimos considerando inconstitucional en tanto en cuanto el propio Tribunal Constitucional también la considera en algunos elementos. Forma parte -repito--, del habitual proceder de trabajo común con todos los gobiernos autonómicos, en este caso, con el de Cataluña, también de manera importante.

Hemos, yo misma, he hecho un informe al Consejo de Ministros sobre mi visita --en esta semana que todavía no ha terminado-, a el Vaticano. En relación a esta visita --al margen de las declaraciones que pude hacer en el Congreso de los Diputados en otro momento de agenda que allí tenía en relación a la función de control--, quisiera desgranar, también, algunos elementos que han sido, también, conocimiento de todo el Consejo de Ministros.

La pretensión del Gobierno era, por primera vez en estos todavía no 5 meses de trabajo del Gobierno, tener un contacto --por otro lado normal y habitual--, de carácter bilateral del Estado español y la Santa Sede. Le trasladé al cardenal Parolin algunas cuestiones --que le adelanté, este Gobierno se las encontraba en tiempo pasado, es decir, venían heredadas como es lógico y normal en los relevos de cualquier Estado democrático--, le traslade una preocupación del Gobierno de España para encontrar una salida que permita a la Iglesia Católica tributar en las condiciones en las que la Iglesia Católica tributa en otros Estados europeos. Le trasladé que nos parecía que la fórmula italiana del 2012 era una fórmula, en fin, interesante, que podíamos investigar y que -en cualquier caso-, para este Gobierno, que está haciendo una revisión de la política fiscal, que necesitamos el ingreso de recursos sobre actividades no gravadas hasta ahora y sobre quienes, evidentemente, tienen más ingresos --nunca contra las clases trabajadoras y clases medias--, no podíamos tener una pieza disonante e incoherente en esta revisión de la política fiscal y que tenía que ver con los impuestos, también, de una institución tan importante, que dispone de tantos inmuebles y de tantos recursos en nuestro país.

He de decir que al cardenal le pareció absolutamente coherente nuestra petición, nuestro planteamiento, y es completamente necesario por parte de la Iglesia Católica que nos pongamos a trabajar en esta dimensión, y el criterio que pudimos establecer ambos era respetar los espacios que están dedicados al culto, a la religión, en los que se pueden seguir manteniendo los mismos criterios, pero no en otros espacios o actividades donde la Iglesia Católica debe de ayudar al Estado de bienestar, a la igualdad, a los servicios públicos y a los derechos, en una política fiscal que nosotros estamos mirando y cambiando porque tiene que ayudar, con mucho, a restañar todas y cada una de las desigualdades absolutamente injustas que ha traído la crisis a nuestro país, pensando en quienes menos tienen y más necesitan, y encontré una respuesta absolutamente constructiva que vamos a materializar en grupos de trabajo comunes para que esto llegue pronto. Nos sentimos verdaderamente satisfechos por ello, en tanto en cuanto es un asunto que ha estado permanentemente en el debate público y en el debate político de nuestro país, y esperamos que podamos encontrar aquí una salida completamente lógica y necesaria.

Trasladé, también, al cardenal, al secretario de Estado, la necesidad de poner la mirada, el estudio, la reflexión, y el acuerdo, sobre las inmatriculaciones de la iglesia católica en los últimos años en nuestro país a partir de la vía que abrió el Gobierno de Aznar ya que, francamente, para nosotros es muy discutible la constitucionalidad de la misma pero, en cualquier caso, trasladé la preocupación que sentíamos por poner una mirada de reflexión, de reordenación, y de orden en este listado que el Ministerio de Justicia está ultimando. Encontré -repito--, también, una respuesta constructiva de trabajo común en la que pudiéramos hacer una revisión de esta circunstancia --repito que para este Gobierno es también extraordinariamente importante--. Entendemos que, además, hay singularidades, sobre las que habrá que hacer un capítulo aparte para encontrar salidas positivas, salidas que --respetando los monumentos y el culto-, den, también, cauce a las aspiraciones legítimas de los ciudadanos y del patrimonio, en este caso, público de nuestro país. Lo que también añadiré, nos pareció una respuesta, evidentemente, razonable en relación con un asunto que este Gobierno también ha heredado y que forma parte, también, de la responsabilidad que nosotros sentimos de abordar tantas cuestiones como sean posibles para trasladar a nuestro país a otro espacio distinto, que a eso obedeció la llegada de este Gobierno, a un cambio de posiciones y de políticas que --en algunos casos-- cierren asuntos que llevan pendientes mucho tiempo y encontremos soluciones que resulten completamente satisfactorias y razonables.

Obviamente, trasladé también al cardenal la disposición absoluta en términos políticos y jurídicos de este Gobierno para exhumar los restos del dictador, de Franco, y he de decir que encontré una respuesta --en este caso-- clara y meridiana: la Iglesia no se opondrá a la exhumación de los restos de Franco.

Hoy, justamente, en el Consejo de Ministros hemos tomado, también, dos decisiones que afectan a este asunto del que ahora les doy cuenta a ustedes. Hemos llevado para decisión --como era pertinente, procedimentalmente--, una recusación que se planteaba, también, a la subsecretaria del Ministerio de Justicia en el procedimiento administrativo en el que estamos en este momento y que ustedes conocen y, también, un recurso de la propia compañía de los benedictinos en la Abadía, que se oponía a la materialización de la ley que nos obliga a exhumar los restos de Franco. Obviamente, hemos rechazado tanto el recurso como la recusación, y lo que significa esto es que nuestro procedimiento avanza con absoluta normalidad, resolviendo paso a paso lo que ya dijimos en el primer día --lo hice yo misma ante ustedes--, que era un procedimiento complicado en el que avanzábamos y veíamos cada una de las situaciones que se podían plantear y, por tanto, seguimos con absoluta normalidad el avance de nuestro procedimiento administrativo, seguramente en el Consejo de Ministros de la semana que viene, demos el último paso administrativo que tenga que considerar el Consejo de Ministros para avanzar en la exhumación de los restos de Franco.

Quiero decir con esto que es una muy buena noticia para para las expectativas que tenemos tantos hombres y mujeres de este país de acabar con una tumba de Estado, de acabar con la presentación de honores al dictador y que, también, fue una buena noticia para el Gobierno con la claridad con la que alguien con un rango tan importante, de secretario de Estado, como Parolin, se manifestó en relación a la ayuda y a la exhumación de los restos del dictador desde el Valle de los Caídos donde está. Ahora nos quedan --como ustedes ya saben porque lo dijimos, porque yo misma lo dije aquí--, los permisos al ámbito municipal y autonómico que es la normalidad absoluta del procedimiento avanzando. Los restos de Franco salen del Valle de los Caídos y le trasladé al cardenal la preocupación que tiene el Gobierno, teniendo en cuenta que el procedimiento es un procedimiento que afecta al ámbito de lo público donde el Gobierno toma las decisiones políticas y jurídicas, pero que también afecta a un ámbito privado, a la familia que tiene que recibir en el ámbito estrictamente de los derechos individuales los restos de su familiar.

En ese ámbito, el Gobierno entiende que nuestra normativa, la Ley de la Memoria Histórica que --como todo el mundo sabe-- está en este momento todavía en fase de tramitación como proyecto de ley, saben su ustedes que en este momento nosotros hemos advertido a la Iglesia que nos preocupan las razones de orden público, del lugar donde estén los restos de Franco porque bajo ningún concepto pueden seguir estando en ningún otro lugar en el que puedan ser objeto de homenaje o enaltecimiento, que esta es una situación donde el evidentemente el Gobierno no va a aceptar un espacio que no sea el espacio al que nos ha dirigido Naciones Unidas, la ley votada en nuestro Parlamento y el grupo de expertos que realiza un informe. El objetivo es sacar a Franco del enaltecimiento público, por lo tanto, no puede estar en un lugar que no sea justamente el del decoro y la privacidad. Así que la familia, que en su momento se posicionó en contra de la exhumación y de recibirlo --en este momento conocemos también cuáles son sus posiciones-, pero, en cualquier caso, nosotros queremos que la colaboración de la Iglesia Católica en esto se dirija al fin al que la ley nos aboca a todos y es, repito, a que Franco no esté en un lugar de Estado, ni enaltecido en modo alguno. Esto es algo que nos preocupa y que estamos en las vías de encontrar salidas.

Termino porque hemos tomado también otro tipo de decisiones de calado menor --que ustedes las conocen y por las que también podrán preguntar--, y --como decía al principio--, me acompaña, --nos acompañamos mutuamente--, la ministra de Justicia porque ella ha hecho también un informe sobre las calificaciones provisionales de la Abogacía General del Estado en relación al proceso de los encarcelados y de --en este caso-- algunos huidos de la Justicia española en relación a los acontecimientos de Cataluña; así que le dejo a ella la palabra y luego estaremos ambas a su disposición.

Sra. Delgado.- Buenos días a todos y a todas. Efectivamente, esta mañana he informado al Consejo de Ministros sobre el escrito de conclusiones provisionales que ha presentado la Abogacía General del Estado. Como saben ustedes, allá por el mes de enero de este año 2018, se encomendó a la Abogacía General del Estado la personación en la causa especial seguida ante el Tribunal Supremo en relación a los políticos independentistas. Esto fue en el mes de enero. Esa encomienda se realizó por el delito de malversación de caudales públicos, si bien en el curso del procedimiento la propia Abogacía General del Estado amplió los delitos que iban a ser objeto de análisis, estudio y seguimiento por parte de la Abogacía General del Estado. El pasado mes de agosto de este año se concluyó la investigación por el juez instructor del Tribunal Supremo, y se concluyó esta investigación abriéndose lo que fue el periodo de fase intermedia; hoy, la Abogacía General del Estado presenta su escrito de conclusiones provisionales en el que se establecen los hechos que se consideran objeto de acusación, los autores de los delitos que se recogen en ese escrito de conclusiones provisionales, y las penas, abriendo de este modo --al igual que el resto de las acusaciones-- la puerta al enjuiciamiento de estos hechos. Los hechos se circunscriben a los actos previos y preparatorios al pretendido referéndum del 1 de octubre, el escrito de conclusiones provisionales de la Abogacía General del Estado establece tres ámbitos de actuación que se produjeron en Cataluña: los procedentes del Parlamento, los procedentes del Gobierno, y los procedentes de la sociedad civil.

En ese mismo marco de actuación con la diferentes acciones que consta en el escrito de conclusiones provisionales de la Abogacía General del Estado, se establecen tres órdenes de autoría: los miembros del Gobierno, que entonces formaban parte del Gobierno de Cataluña; los miembros del Parlamento, que formaban parte de la Mesa del Parlamento; y aquellos que representaban a la sociedad civil y que fueron o tuvieron una acción protagónica en estos hechos. En función de distinta participación de unos y otros se ha establecido por la Abogacía General del Estado tres delitos, se han calificado los hechos como un posible delito de sedición, como un delito de malversación de caudales públicos. Estos dos delitos en relación de lo que se denomina concurso medial, es decir, la malversación de caudales públicos es un delito medio para alcanzar el delito de sedición; es decir, según el escrito de conclusiones provisionales de la Abogacía General del Estado, la desviación de fondos públicos se realiza y tiene por objeto la comisión del siguiente delito que era la sedición, y un delito de desobediencia grave a resoluciones judiciales que tiene una pena -como ustedes conocen- muy inferior a la de la sedición.

En estos tres delitos es donde se encuentra la horquilla de penas que ha establecido la Abogacía General del Estado, desde esos 12 años que se interesan para Oriol Junqueras, vicepresidente del Gobierno catalán por aquel entonces, a la multa para aquellos que, simplemente, se les considera posibles autores de un delito continuado de desobediencia grave. Este es el planteamiento de la Abogacía General del Estado. La Abogacía General del Estado ha actuado con criterios de profesionalidad, con criterios técnico- jurídicos; como bien conocen todos ustedes, existe un debate jurídico entre expertos jurídicos, incluso un debate social, sobre qué ocurrió en Cataluña entre los meses de septiembre y octubre del año pasado. Pues este debate se ha trasladado, también, a la Abogacía General del Estado que analizando estos hechos desde parámetros estrictamente jurídico-técnicos y en base a su alta preparación y profesionalidad, ha concluido en estos tres delitos que les acabo de exponer.

Decirles que este es --como decía antes-- el punto de partida para lo que va a ser el proceso o el procedimiento judicial. En este momento se abre la puerta del juicio oral, deberán de practicarse las pruebas, seguramente ahora una vez que hayan concluido la presentación de escritos de acusación, se dará traslado a las defensas para que formulen los escritos de defensa correlativos a las acusaciones. Existe la posibilidad de que las defensas planteen lo que se denominan artículos de previo pronunciamiento; es decir, alegaciones de cuestiones bien de nulidad, conculcación de derechos fundamentales, o cuestiones competenciales. Existe un plazo de 3 días por parte de las defensas para el planteamiento de estos artículos de previo pronunciamiento que pueden dar lugar, también, a una vistilla con proposición de prueba para que sea resuelto posteriormente por el tribunal sentenciador. Una vez resueltas estas cuestiones, si el tribunal sentenciador considera que sigue adelante el procedimiento, se entrará en la fase, en el cuerpo, del juicio oral, de la práctica de la prueba, las declaraciones de los propios acusados, las testificales, periciales, documentales, como ustedes bien conocen en el desarrollo de este procedimiento. Concluida la fase probatoria --quiero decir y quiero resaltar que estamos en un momento provisional, de acusación provisional--, pasado y concluido este proceso probatorio nos encontraremos con el artículo 732 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que supone la modificación, o no, de las conclusiones provisionales que ya pasan a ser conclusiones definitivas, que son las que van a enmarcar realmente en la decisión del tribunal sentenciador. Esto lo hará --en su caso--, seguramente, la Fiscalía General del Estado, las otras acusaciones --creo que es Vox--, y la Abogacía General del Estado. Pero estos son los términos en los que se va a desarrollar procesalmente este procedimiento que tiene --por eso estamos aquí--, un amplísimo interés público, que la Abogacía General del Estado es parte acusadora del procedimiento, habiendo presentado en el día de hoy --como ustedes conocen-- el escrito de acusación.

Vicepresidenta.- Muy bien, ministra. Estamos a su disposición.

P.- Leonor Mayor Ortega. La Vanguardia. Me gustaría saber si, igual que han puesto recurso contra la resolución del Parlament sobre el Rey, lo pondrán contra el Ayuntamiento de Barcelona de la semana pasada que va en el mismo sentido.

Vicepresidenta.- La diferencia que tenemos que marcar es que los parlamentos autonómicos tienen capacidad normativa, por lo tanto, el Gobierno de España puede recurrir al Tribunal Constitucional sus resoluciones porque tienen forma jurídica como tales, mientras que los ayuntamientos no tienen esa capacidad; las decisiones que toman --aunque sea mediante debate en sus órganos plenarios--, no alcanzan jurídicamente esa calificación para poderla recurrir en el Tribunal Constitucional. El reproche político lo tenemos desde este Gobierno a todos y a cada uno de los órganos constitucionales, tanto en el nivel autonómico, como en el nivel municipal, que utilicen esos espacios comunes de todos para pronunciamientos que no pueden ser alcanzados en sus competencias, pero la diferencia es que los ayuntamientos no tiene la capacidad normativa de los parlamentos. Los parlamentos sí la tienen y pueden ser recurribles mediante este recurso de impugnación en el Tribunal Constitucional. El reproche político es general y para todos, entre otras razones, porque se pretenden plantear o cambiar situaciones que están muy lejos del alcance porque están todas en la reforma de la Constitución en las Cortes Generales por el procedimiento agravado de reforma --como todos sabemos-- en democracia.

P.- Gracias. Buenas tardes. EFE. Jose Miguel Blanco. Para la ministra de Justicia. Yo quería saber si el Gobierno sigue manteniendo que no hay ningún gesto a los independentistas tras conocerse hoy las calificaciones de la abogacía del Estado y el hecho de que no los incluye el delito de rebelión. Y, en todo caso, si confían que esto puede servir para que los partidos independentistas puedan apoyar finalmente los presupuestos del Estado. Gracias.

Sra. Delgado.- Esto no es una cuestión de gestos, es una cuestión jurídica, técnico jurídica de valoración de los hechos y aplicación --en su caso-- del Código Penal bajo unos criterios estrictamente profesionales y de Abogacía del Estado. Por lo tanto, no es una cuestión de gestos, es una cuestión de un debate que está jurídicamente entre los operadores jurídicos. Quiero decir, si hay una materia en la que ha habido más estudiosos, más opinadores, y más analistas desde el ámbito jurídico ha sido, desde luego, la sedición, la rebelión, la desobediencia grave. Por lo tanto, no se trata de gestos, se ha realizado desde la profesionalidad de la Abogacía General del Estado basándose en criterios y parámetros estrictamente técnico-jurídicos, que sirva o no sirva, no tengo ni idea. Realmente, de lo que estamos hablando en este momento es de una fase procesal que se inicia, que es la del juicio oral, con un posicionamiento de los distintos actores, en este caso de las distintas acusaciones, que han hecho una valoración diferente de los hechos, en este caso, y la abogacía general del Estado ha realizado esta valoración en relación a qué ocurrió en Barcelona en los momentos previos y post al referéndum del 1 de octubre.

P.- Buenos días. Víctor Ruiz de Almirón. ABC. A la vicepresidenta del Gobierno. Usted, creo que fue la semana pasada la que hablaba de la conveniencia de reformar el Código Penal para adecuar el delito de rebelión --algo que también le hemos escuchado al señor Sánchez--, entiendo que es porque el Gobierno considera que no está correctamente tipificado actualmente en el Código Penal el delito de rebelión a los sucesos que hemos podido ver los últimos meses en Cataluña --así lo dijo el señor Sánchez--. Le pregunto ¿qué ha pasado para hacer esta valoración ahora y la que hacía el propio señor Sánchez hace unos meses --hay documentación audiovisual al respecto-- cuando era muy claro al referirse a que lo que había sucedido en Cataluña era un delito de rebelión? Y, en segundo término, hoy ha registrado Ciudadanos una PNL instando a que se debata en el Congreso de los Diputados la prohibición de los indultos por rebelión y por sedición; también hay una ley que está en trámite de ponencia en la Comisión de Justicia en la que el Partido Popular ha introducido estas enmiendas. Me gustaría conocer la opinión del Gobierno. Gracias.

Vicepresidenta.- Yo esta última semana he hablado de la reforma del Código Penal pero para el cambio de prescripción de los delitos contra la libertad y la integridad sexual de los menores, es para lo que recuerdo haber hablado esta última semana y al hilo de muchas circunstancias que cada día abordamos en el debate público. Como decía la Ministra, en nuestro país por los acontecimientos ocurridos, se ha abierto un gran debate, no solamente político, sino también en el ámbito de los expertos, acerca de las calificaciones de algunas tipificaciones en nuestro Código Penal. Pero mire, lo que importa para el Gobierno en estos momentos son dos cosas. Una, esta es la primera vez que la Abogacía General del Estado y el Ministerio Fiscal, por cierto, califican; todo lo que ha ocurrido de aquí para atrás ha podido ser fruto del debate, de las posiciones, de las reflexiones de cualquiera, pero no habido ningún cambio de posición en nada porque es la primera vez que se está calificando, tanto la Abogacía General del Estado como el Ministerio Fiscal, porque es ahora cuando toca el procedimiento.

Nosotros como Gobierno vamos a respetar escrupulosamente el punto en el que ahora este proceso entra, que es un punto muy importante porque es el ámbito del procedimiento donde los testimonios, las pruebas, las defensas, llevarán al juez que definitivamente tenga que dictar sentencia a su propia conclusión, que es la única, al final, que nos tendrá que importar a todo porque las sentencias tienen valor de cumplimiento de ley. Y, no hay más que debatir para el Gobierno en este punto.

Y repito, yo esta última semana he hablado de reformas en el Código Penal, justamente, para este tipo de delito que tenemos que afrontar en una modificación, en una ley integral de protección de la infancia que sí que me preocupa mucho, pero todo el mundo sabe que estos son delitos muy graves, que hay que apreciarlos en las circunstancias en las que se pueden luego, finalmente, sentenciar o no, y ese es un espacio en el que el Gobierno no se va a mover, nos vamos a situar en el lugar en el que respetaremos la fase -repito--, en la que entra ahora el proceso.

Y mire, el indulto es una figura constitucional; es decir, que si se pretende algún tipo de reforma importante, más allá de la ley que está en este momento en trámite y que es una modificación legal en la que estamos hablando todos. Yo creo que Ciudadanos siempre sobreactúa y utiliza elementos de una manera, a veces, bastante precipitada. Estamos hablando de esto en una modificación legal, pues ese es el espacio donde estamos hablando todos. Una proposición no de ley --como usted bien sabe--, no tiene ninguna trascendencia jurídica, entendemos que Ciudadanos donde tiene que estar es en el debate donde estamos ahora mismo todos. Todos los días habla de indultos Ciudadanos y el señor Rivera pero hay que recordarle que es una figura que está en la Constitución y que no implica el perdón del delito, por cierto. Y, que si alguien quiere modificar la Constitución en este punto, pues debe también decirlo porque no es cosa menor y parece que confundir con esto no convenga, y mucho menos, en una situación como esta, en la que tenemos que resolver una crisis importante del Estado en relación a los acontecimientos en Cataluña y donde todo el mundo esperaría que los partidos políticos se comportaran con la lealtad correspondiente a la responsabilidad que tenemos todos de encontrar una vía de salida en la Constitución para lo que está ocurriendo. Unos harán política "pro causa sua", es decir, de sus propios intereses; el Gobierno se va a quedar donde nos corresponde, defendiendo los intereses del Estado y el marco constitucional pero, en fin, es que el indulto está en la Constitución --por si alguien lo pone en cuestión--.

P.- Muchas gracias. Carlos Cué. El País. Como ustedes bien saben, toda la política española está interpretando la decisión que se ha tomado. La oposición dice que es una traición, a los independentistas tampoco les ha gustado; entonces, me gustaría si podemos obtener aquí una interpretación del propio Gobierno, sobre todo, del hecho significativo de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado no están de acuerdo en el delito de rebelión. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo debemos interpretarlo? ¿Cómo lo interpreta el Gobierno?

Sobre el asunto de Franco, quería preguntar, si está en condiciones en este momento el Gobierno de garantizar que los restos de Franco en ningún momento irán a La Almudena y cuál es la alternativa. Y, sobre todo, si entre el Valle de Los Caídos y La Almudena, ¿qué preferirían?, si esa es la disyuntiva.

Y, por último, la monarquía. Creo que, con todo esto que ha planteado, el recurso y demás, los ayuntamientos, si usted cree que en España la monarquía se está poniendo en cuestión a través de Podemos y de todo el debate que hay. Gracias.

Vicepresidenta.- El Ministerio Fiscal tiene que trabajar con los criterios de independencia que su propio estatuto contiene. Sobre esto no hay nada que añadir, el Ministerio Fiscal encuentra que esa es la posición en la que tiene que hacer su trabajo en el proceso. La Abogacía del Estado tiene un estatuto distinto, en un procedimiento como éste donde todo el mundo está interviniendo para calificar. Por cierto, algunos partidos califican literalmente con tipos jurídicos, intervienen también y entendemos que también presionan a la propia Justicia. Así que nosotros nos vamos a mover en el espacio en el que el Ministerio Fiscal ha hecho su trabajo de calificación y la Abogacía General del Estado ha presentado al Gobierno estas calificaciones y -repito- sería bueno que todos nos mantuviéramos, a partir de este momento --en una situación, que a nadie se le escapa, es complicada-- en el escrupuloso respeto de donde el proceso entra en este momento, que es en un espacio muy importante en el que le toca finalmente decidir a quién dicte sentencia. Así que, resulta a veces difícil de entender por qué algunos que califican todos los días de delito, incluso, se van con su imaginación hacia espacios muy lejanos en el tiempo, no dejan al Gobierno y al resto de los poderes del Estado trabajar con la independencia y la tranquilidad profesional con la que ahora todo el mundo tiene que trabajar. Estas son las decisiones --que repito-- no son idénticas en un ámbito, que es la Fiscalía, y en otro ámbito, que es la Abogacía del Estado.

Mire, los restos --por lo que la familia dice--, irían a una parroquia, a la parroquia de Santa María de la Almudena, no a la catedral. La cripta está en una parroquia. Nosotros, sin ningún tipo de ambages, hemos dicho que no va a estar en ningún sitio en el que sea enaltecido, porque eso es a lo que nos obligan nuestras normas. Nos preocupa que todo esto pueda tener repercusiones en el orden de tranquilidad que cualquier Estado de derecho tiene que garantizar, y como esto es una parte muy razonable de preocupación de un Gobierno como nosotros, estaremos dispuestos a trabajar en la dirección en la que los restos de Franco estén en un lugar decoroso, en el ámbito de la decisión --como es lógico-- de su propia familia pero, en modo alguno, en un espacio donde no cumplan el objetivo último de la finalidad que la ley traslada, y es en un espacio privado donde no puedan ser enaltecidos. Esto es que nos obliga a todos, absolutamente a todos en este país. Así que lo que nosotros proponemos es encontrar -obviamente-- salidas y soluciones, lo cual está en un ámbito que merece la pena que valoremos: los restos de Franco, por fin, van a salir del Valle de los Caídos y van a dejar de estar en un espacio público responsabilidad del Estado y enaltecido, que es, con mucho, un objetivo loable y digno de esta democracia. Y, por lo demás, estamos en el proceso en el que a cada paso habrá que ir encontrando cada solución, como la de hoy. Hemos decidido estar en contra de una recusación y de un recurso de reposición, a nadie se le escapa que estamos en un procedimiento que tiene sus tiempos y que tiene su complejidades pero, desde luego, al Gobierno no le parece que pueda estar en ningún sitio en el que pueda ser enaltecido y se pueden producir problemas de tranquilidad cívica.

Y mire, el Gobierno no piensa que esté en este momento en ningún tipo de debate la jefatura de Estado, otra cosa muy distinta es que haya partidos políticos que en su ideario mantengan posiciones en ese debate y las activen -como hemos visto--, a lo largo de estos 40 años en muchas ocasiones, pero no hay más, y a esa razón obedece al hilo de la pregunta que usted me acaba de hacer, que el Gobierno decida ir al Tribunal Constitucional. Para que quede absolutamente clara la posición política y también de defensa de la constitucionalidad en relación a un asunto que solo se puede abrir cuando lo decida el conjunto de los españoles por las vías procedimentales, pero en modo alguno en una cadena de situaciones donde no toca y no procede institucionalmente hablando, al margen de lo que cada uno pueda pensar en términos físicos sobre este asunto.

P.- Hola, buenas tardes. A la ministra Delgado. Iñaki Aguado Tele 5. El escrito de la Abogacía del Estado lo firma Consuelo Castro --si no me equivoco--. Me gustaría saber si esto es así porque existen discrepancias con los abogados que se ocupan del caso y, en un segundo punto, es cierto que la vicepresidenta nos está diciendo que invocan ese respeto escrupuloso al momento actual del proceso, pero también es cierto que la Abogacía del Estado se pronunció hace semanas como favorable al delito de rebelión, hablaba del delito de rebelión y ahora habla de sedición. Son dos puntos del proceso diferentes pero me gustaría saber, insistir, en que ha cambiado.

Sra. Delgado.- No ha cambiado nada. El escrito de conclusiones provisionales lo firma la abogada general del Estado porque es una causa que tiene una relevancia extraordinaria y ella ha asumido este escrito de conclusiones provisionales; por lo tanto, debido --y como ustedes entenderán-- a esa relevancia del procedimiento, es firmado por la abogada general del Estado. Esa de una parte, en segundo lugar, esta es la primera ocasión en la que la Abogacía general del Estado se pronuncia sobre el contenido de la causa especial, porque, hasta ahora, no se había abierto este trámite para calificar los hechos, que es lo que ahora ha ocurrido.

En el mes de agosto, cuando concluyó la instrucción, la investigación del procedimiento, se dicta un auto. Es un auto de conclusión de la instrucción. Ese auto recoge determinados hechos, determinados delitos y, sobre todo, abre la puerta a la fase intermedia; la Abogacía General del Estado está de acuerdo con el auto, pero está de acuerdo con el auto en la medida que concluye la investigación, asume el auto como conclusión de la investigación, pero hasta este momento en el que la Abogacía General del Estado ha presentado el escrito de conclusiones conforme al artículo 650 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, hasta este momento, no se había pronunciado formalmente en modo alguno en cuanto a los hechos, la calificación jurídica de los mismos, la naturaleza de los hechos, o el resultado de la instrucción. Por lo tanto, la abogada general del Estado asume el escrito de conclusiones provisionales --porque se trata de una causa de extraordinaria relevancia--, y dos, hasta este momento en el que se ha presentado esta mañana el escrito de conclusiones provisionales, la Abogacía General del Estado no se había manifestado sobre uno u otro delito. Hasta este momento, hasta hoy, hasta esta mañana.

P.- Hola. Buenas tardes. Irene Castro de Eldiario.es. Yo les quería preguntar sobre el asunto de Franco. A la vicepresidenta, si ¿se ha improvisado en el procedimiento y si la Iglesia le trasladó al Gobierno que la familia disponía de una tumba en la que podía acabar en La Almudena?

Y luego habla de que se está buscando una solución para que no acabe en La Almudena. Quería saber, ¿cómo puede el Gobierno evitarlo? Y, en el caso de que, a lo que están emplazando ahora es a la puesta en marcha de la Ley de Memoria Histórica. Entonces, ¿cómo se puede evitar -en base a esa ley- que se produzcan manifestaciones de enaltecimiento? Y, por último, ¿qué le ha hecho cambiar al presidente del Gobierno para hace unos meses decir que no tenía ninguna duda de que existía un delito de rebelión en Cataluña y ahora no creerlo así? Gracias.

Vicepresidenta.- Empezaré por el final. El presidente del Gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña. El presidente del Gobierno no lo ha dicho eso nunca, entre otras razones, porque no compete al Gobierno en ese espacio pronunciarnos sobre nada más y nada menos que calificación de delitos en un procedimiento que ya está en marcha.

Mire, es imposible improvisar, en un procedimiento tan complicado como este, que ha requerido la modificación de una ley y todo un procedimiento administrativo complejísimo, cómo ustedes saben, porque yo di cuenta, aquí, delante de ustedes. Es imposible improvisar en esto. Otra cosa muy distinta --como dije desde el primer día--, es que los escenarios posibles que nos podíamos encontrar fueran diferentes, en relación a la actitud de la familia. Lo recordaran ustedes porque lo dije aquí mismo, en esta sala. Nos podíamos encontrar un escenario, en fin, que sería muy bueno en democracia, y es que la familia que tiene que hacerse cargo de los restos del dictador entendiera también cuál es la necesidad de la democracia española de terminar con esto. Nos podíamos encontrar un escenario en el que esto no ocurriera. Nos podíamos encontrar muchos escenarios, así que es imposible improvisar en esto.

Otra cosa muy distinta es que hemos de afrontar cada día las situaciones que nos vayamos encontrando, entre las cuales está, por lo que sabemos, el deseo de la familia de llevarlo a la parroquia de Santa María de la Almudena, que es donde está la cripta. Bien, pues en ese escenario, y dada las circunstancias de lo que representa tener un lugar en el que no pueda ser enaltecido el dictador, tendremos que seguir trabajando hasta el final del objetivo del Gobierno, que es que los restos de Franco estén en un lugar decoroso y privado en la responsabilidad ya solo de su familia, no del Estado, y terminemos con este capítulo bochornoso de la democracia española, pues cada día afrontamos la situación, y esto fue lo que también trasladé con todo tipo de información al cardenal para que conociera perfectamente que es lo que en este país ocurre en un lugar donde está el dictador con sus víctimas, dónde hay víctimas de los dos bandos que queremos honrar y dejar en paz, y en la memoria de la reconciliación de los españoles, y que entendiera que esto era un asunto importante en el que todos hemos de intentar ayudar. Es decir, que aquí no puede haber improvisaciones porque el objetivo está claro y el camino que teníamos que recoger también estaba claro para nosotros; lo que ocurre es que -repito-- sería muy distinto si la actitud de quienes tienen la responsabilidad de asumir esos restos fuera otra. Y estas son las circunstancias con las que nos encontramos y en las que queremos trabajar.

P.- Juan Ruiz. El Periódico. Varias cuestiones sobre Franco. Le quería preguntar a la vicepresidenta si sigue manteniendo que el Vaticano y el Gobierno van a trabajar de forma conjunta para que Franco no acabe en la parroquia de La Almudena. Luego, por otro lado, usted misma, a mediados de octubre, decía que el Gobierno no podía hacer nada para evitar esa inhumación y ahora, en cambio, dicen que la ley es la que les obliga a evitarlo. Quisiera saber ¿qué es lo que ha cambiado y cómo ha sido este proceso como de descubrimiento de la Ley de Memoria Histórica para cambiar de posición?

A la ministra Delgado, si considera que los distintos pareceres de la Abogacía y de la Fiscalía, de alguna manera, socavan la acusación de la Fiscalía o no. Y, respecto a lo último que ha dicho la vicepresidenta de que el presidente Gobierno nunca ha dicho que existe delito de rebelión en Cataluña, le quería recordar la frase exacta a mediados del pasado mayo que dijo: "lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre…"
Vicepresidenta.- ¿Pasado mayo?

P.- ¡Ah!, lo dice porque entonces lo decía como líder...

Vicepresidenta.- Es que usted me ha preguntado por el presidente del Gobierno, pasado mayo.

P.- Bueno, pero es la misma persona, ¿no?

Vicepresidenta.- Perdóneme que le diga, pero nosotros somos Gobierno ahora y respondemos de la posición del Gobierno. Entienda que es que la posición del Gobierno es la que es, institucional y constitucionalmente hablando en un asunto de la complejidad de un proceso como el que hay abierto. Entiéndalo. Entienda, y a mí se me ha preguntado por el presidente del Gobierno.

P.- Entonces, ¿por qué cambió Pedro Sánchez de parecer, en todo caso? Gracias.

Sra. Delgado.- Empiezo yo. Lo que ha ocurrido, supongo, entre la Abogacía General del Estado y la Fiscalía General del Estado es que se ha trasladado el debate jurídico a los operadores jurídicos. Tanto unos como otros tienen y desarrollan su trabajo desde este ámbito de profesionalidad y técnico jurídico; por lo tanto, no se socava la posición de nadie, ni se afecta la posición de nadie. Son dos posiciones perfectamente defendibles por unos y por otros, y lo que se ha trasladado es ese debate jurídico a los operadores jurídicos que están en este momento desarrollando las acusaciones en la causa especial.

Vicepresidenta.- Mire, pues, justamente en ese debate, en el que el anterior Gobierno no veía ningún delito, ¿lo recuerdan ustedes? El anterior Gobierno no vio ningún delito, hubo que recordarle al ministro Montoro que, quizá, habría malversación, ¿lo recuerdan? Pues en este debate el presidente del Gobierno no se ha pronunciado, ni se va a pronunciar, porque le corresponde respetar el ámbito de independencia del Poder Judicial, que es al que vengo aludiendo todo el tiempo, así que, como acaba de decir la ministra de Justicia, en las posiciones públicas, que son las del Ministerio Fiscal y la Abogacía General del Estado, pues estamos en ese proceso, en esas condiciones, defendiendo los intereses del Estado en el ámbito penal y defendiendo, también, la ayuda a la Justicia para que sea la Justicia y no el Gobierno quien se pronuncie en unas sentencias en las que, definitivamente, este país encuentre la justicia de lo que ha ocurrido. Vengo todo el tiempo pidiendo que nos movamos en los terrenos de la seriedad institucional sobre un asunto de esta naturaleza, que es una gran crisis de nuestro país y hemos de abordarla en este espacio. Otros lo podrán hacer en otro espacio --y antes he aludido--, hay algunos que califican todos los días los delitos y parece que cuando ellos lo dicen no se presiona la justicia y se quedan tan tranquilos.

Miren, lo he dicho en varias ocasiones, pero lo vuelvo a repetir porque es importante que lo haga. Hay una parte que está en el ámbito privado en la que el Gobierno no puede tener más margen de maniobra que la familia que recibe los restos de su familiar, que en un primer momento fue que no lo recibirían; lo recuerda usted, ¿no? Luego fue que sí. Ahora es utilizar los instrumentos de los que dispone en un Estado de derecho, respetable --por otro lado--, para obstruir el objetivo de la ley y del Gobierno; es decir, como antes le contestaba a su compañera, vamos día a día viendo los obstáculos para llegar al objetivo, y el objetivo sobre el que nadie puede tener dudas, es que Franco tiene que salir y va a salir del Valle de los Caídos y va a dejar de estar en una tumba de Estado, en un lugar público y enaltecido. Y vamos encontrando a cada obstáculo una respuesta. Obviamente, le pido a quien es responsable de un templo --en este caso de la cripta que está en esta parroquia--, obviamente, por casi sentido común, el Gobierno le pide la colaboración correspondiente.

Dicho esto, el Gobierno tiene que mantener el orden público de cualquier manifestación que lo altere; dos, lo tiene que hacer además cuando el objetivo sea enaltecer a Franco; y, tres, la Ley de la Memoria Histórica está siendo modificada en el trámite del procedimiento de ley y albergará las modificaciones que sean necesarias para que este objetivo se cumpla, independientemente de los instrumentos ordinarios que el Gobierno puede tener para que este objetivo se cumpla, porque lo que no puede ser en modo alguno; en este caso, con el respeto a los derechos a la intimidad con los que estamos siendo respetuosos como corresponde a un Gobierno, es que una familia decida donde parece que la inmensa mayoría de los españoles no quiere que se decida ya nada, más que dejar en un lugar absolutamente decoroso y anónimo a un dictador. Pues ese es el asunto, que a cada obstáculo damos una respuesta de algo que, repito, dije en el minuto uno en esta misma sala, que nos adentramos en un procedimiento complejo que tenía elementos públicos, que tenía elementos privados, que los iríamos transitando y que los iríamos abordando paso a paso. Ahora estamos en este que, repito, es muy importante. Lo que yo recibí el otro día como respuesta del cardenal fue muy importante, porque fue claro y conciso. La Iglesia va a permitir esa exhumación, la Iglesia no va a impedir esa exhumación, lo cual es un recorrido bastante importante el que ya hemos alcanzado.

P.- Buenas tardes. Esther Redondo. La Sexta. Quería preguntarle, en primer lugar, a la ministra de Justicia, directamente si ha habido imposición de criterio por parte del Gobierno a la Abogacía General del Estado y si le consta el malestar que al parecer hay allí con lo que ha resultado finalmente que es el escrito.

Y a la vicepresidenta. Quería saber si en su opinión este escrito va a tener algún coste político para Sánchez y para su Gobierno. Decía anteriormente Dolores Delgado que esto no es una cuestión de gestos. ¿Va a tener algún coste político esta decisión?

Sra. Delgado.- Usted me dice directamente, y yo le respondo directamente: no, no ha habido imposición de criterio. La abogada general del Estado ha estudiado el tema, ha analizado los hechos, ha analizado las pruebas que se han practicado durante la instrucción y ha elaborado el escrito de conclusiones provisionales que ha firmado.

Vicepresidenta.- En relación a la segunda parte de su pregunta, mire, este Gobierno es un Gobierno que tiene convicciones bastante firmes de las que se derivan las decisiones que toma cada día. Somos un Gobierno que ha heredado una circunstancia tremenda, un asunto que tiene un lado importantísimo en el ámbito judicial, es decir, en relación a los delitos y la administración de justicia y otro ámbito enorme de carácter político, que el anterior Gobierno abandonó literalmente a su suerte. Somos un Gobierno que estamos delante de un asunto capital de estos 40 años, así que nosotros no hacemos pronósticos de lo que nos beneficia o de lo que nos perjudica; el único pronóstico, el único objetivo en relación al cual tomamos decisiones es resolver esta crisis constitucional de nuestro país por encima de todo, y hacerlo con criterios democráticos que incluyen dos como mínimo. Uno, el respeto escrupuloso a la acción de la justicia y los poderes del Estado --entre los cuales está el Ejecutivo y el Poder Judicial--; y, dos, trabajar en un espacio de valores democráticos que consiste en encontrarnos con coordinación, diálogo, y lealtad con el Gobierno de Cataluña y con los actores políticos de Cataluña porque no hay otra salida que esta.

Así que para el Gobierno no es un asunto de probabilidades, ni de costes, ni de cálculo. Somos responsables de una crisis enorme y estamos dispuestos a resolverla en el marco de nuestra Constitución, pues esta es la tremenda herencia que hemos recibido de un Gobierno que decidió que todo lo resolvieran los tribunales que, por lo visto, no había nada que hacer desde el ámbito de las competencias enormes que tiene en su responsabilidades el Poder Ejecutivo, y nosotros somos justamente lo contrario de eso.

P.- Beatriz Hernández. Europa Press. Buenas tardes. A la vicepresidenta sobre el tema de Franco. ¿El Gobierno vería aceptable que los restos del dictador fueran a La Almudena pero que estuvieran en un sitio que no fuera accesible para el público? Si la respuesta es no, ustedes van en la tramitación del Real Decreto-Ley y ahora se tramita como proyecto; en esa tramitación ¿ustedes podrían incluir una enmienda para tener la manera de impedir que los restos del dictador vayan a La Almudena aduciendo que lo que quieren es evitar que haya ningún tipo de enaltecimiento? Gracias.

Vicepresidenta.- Lo contestaba antes en otro formado a otro compañero suyo. El Gobierno va a disponer -obviamente-- de todo el instrumental de competencias que tiene, entre las cuales están, las modificaciones de la Ley de Memoria Histórica para alcanzar el objetivo. El objetivo es el que ya he desgranado en varias ocasiones esta tarde aquí, en esta sala, es que el dictador esté un lugar privado, decoroso, sin ningún tipo de enaltecimiento, ni posibilidad de hacerlo, porque se trata de enterrar en paz y en justicia lo que ha significado el capítulo más negro de la historia reciente de este país, que ha sido la dictadura. Utilizaremos los mecanismos competenciales de los que disponemos, pero que no es una novedad, que los venimos utilizando desde el minuto uno que ya advertimos políticamente que íbamos a exhumar los restos de Franco; por lo tanto, no hay ninguna novedad más que la consecuencia causal de todo lo que vamos haciendo.

Mire, yo no puedo entrar en el terreno de las especulaciones. Vamos a exhumar a Franco y vamos a ver la posición última que tiene su familia pero, en cualquier caso, también he de decir que, con todo el respeto a su familia en el ámbito estrictamente privado, no va a imponer al Congreso de los Diputados, a las obligaciones que tenemos contraídas de los informes de Naciones Unidas, a los expertos, y a lo que ha querido la mayoría de la Cámara sin votos en contra en tres ocasiones, a la voluntad que será de los ciudadanos y ciudadanas de este país; así que como usted se podrá imaginar y como decía antes, paso a paso a cada una de las situaciones iremos tomando decisiones en una situación en la que importa, lo que importa es el objetivo final.

Gracias.