Conferencia de prensa de la ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del Gobierno, de la ministra de Hacienda y del ministro de Fomento tras el Consejo de Ministros

La Moncloa

Portavoz.- Buenos días a todas y a todos. Tengo el gusto de comparecer hoy con dos colegas, con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que les dará información sobre la nueva senda de estabilidad, que actualiza los objetivos del déficit y que ha sido negociada en Bruselas por la ministra de Economía, Nadia Calviño, en el seno del Ecofin; también lo hará en relación a la presentación de un anteproyecto de ley hoy en el Consejo de Ministros para modificar una Ley Orgánica referida a la lucha contra el contrabando en el Campo de Gibraltar y también sobre diversas autorizaciones de deuda.

Me acompaña también el ministro Ábalos, el ministro de Fomento, quien ofrecerá explicaciones, a todos ustedes, sobre las bonificaciones en los billetes de viajes desde las islas a la península. También creo que hará una breve referencia a los peajes de las autopistas, sobre los que ha presentado hoy alguna cuestión en el Consejo de Ministros.

Antes de darles la palabra a mis compañeros quiero recordar, hoy, un aniversario muy especial para todos nosotros, porque hoy se cumplen 21 años de la muerte de Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA 48 horas después de su secuestro en la madrugada del 13 de julio de 1997. Evoco aquellas manifestaciones que recorrieron las calles de Bilbao durante el día 12 de julio reclamando su libertad a gritos; y recuerdo, también, a la Ertzaintza descubriendo su rostro por primera vez en unas concentraciones y manifestaciones tan masivas que no podían moverse por las calles. Después de asesinar a Miguel Ángel Blanco se inició el comienzo de fin de ETA. Vaya nuestro recuerdo emocionado a todas las víctimas del terrorismo, con las que compartimos pancartas, concentraciones y manifestaciones a lo largo de muchos años. El espíritu de Ermua todavía sigue vivo.

También, quiero comunicarles, --esto con mucha alegría--, que Juan Fernando Raigal González, el buceador español que colaboró en las tareas de rescate de los niños atrapados en la cueva Tham Luang, de Tailandia, va a recibir la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social, concedida por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Queremos poner en valor la valentía, la generosidad, el jugarse la vida de este conciudadano español, y queremos reconocerlo con esta condecoración, porque se ha distinguido de un modo extraordinario y, además, continúa quitándose importancia cuando su vida ha corrido riesgo para salvar las de los niños.

Me voy a referir a dos nombramientos del Consejo de Ministros de hoy, a la directora general del Instituto de Cinematografía y de las Artes Escénicas, señora Beatriz Navas Valdés; y, a la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, señora María Pilar Llop Cuenca.

Como solemos hacer, me referiré a un breve recordatorio de lo que ha supuesto esta semana para todos nosotros. Esta semana --como ustedes saben-- ha comenzado con un paso muy importante para la política nacional de nuestro país. El presidente del Gobierno, señor Sánchez, ha mantenido la primera reunión con el presidente de la Generalidad, Joaquim Torra, en el Palacio de La Moncloa. Joaquim Torra ha venido al Palacio de La Moncloa para hablar de manera normalizada con el presidente del Gobierno. Estamos desbloqueando y normalizando las relaciones del Gobierno con Cataluña y, al hacerlo, hacemos un servicio a Cataluña, a toda la sociedad de Cataluña y un servicio a España. Hemos restaurado la conversación política, y como suele decir el presidente del Gobierno, toda crisis política requiere de soluciones políticas. Estamos haciendo política.

Hoy, también hemos aprobado la puesta en marcha en el Consejo de Ministros de la Comisión Bilateral entre Estado y Generalitat, paralizada --por cierto-- desde el año 2011. Esta Comisión estará constituida por personas de alto nivel político, de alta responsabilidad política: por secretarios de Estado y por la delegada de Gobierno de Cataluña. Se retomarán las reuniones de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, la Comisión Bilateral de Infraestructuras y la Comisión Mixta de Transferencias.

Vamos a impulsar, también, el corredor del Mediterráneo y --como ustedes saben-- trabajaremos para reducir la conflictividad y desbloquear aquellas leyes catalanas de contenido social que han sido recurridas al Constitucional y que hacen referencia --como ustedes saben-- a la Protección Universal de la Salud, al Cambio Climático, o a la Pobreza Energética. Trabajamos por toda la sociedad catalana. Por toda. Y todo nuestro trabajo va dirigido precisamente a mejorar la situación de los catalanes y las catalanas.

La actividad de esta semana también se ha movido en el ámbito parlamentario. La vicepresidenta y trece ministros y ministras hemos comparecido ante las correspondientes Comisiones del Congreso para presentar el programa de nuestros respectivos Departamentos para esta legislatura --como ustedes saben--. Esta ronda va a culminar la próxima semana con la comparecencia del presidente Pedro Sánchez, el martes 17, para dar a conocer las líneas generales del Gobierno. Los programas presentados, como ustedes han podido percibir, leer, estudiar, muestran un proyecto de enorme impulso del Gobierno a la igualdad, a las políticas sociales, a la sanidad universal, a la educación, a la formación profesional, a un modelo fiscal progresivo más justo, a la lucha contra la explotación laboral, a modernizar la justicia, a impulsar la investigación, a apostar por la rentabilidad, cohesión social y territorial, y un largo etcétera.

Ha sido, también, una semana muy intensa, no solo en el ámbito nacional sino también en el exterior. Este miércoles y jueves, una delegación española, encabezada por el presidente del Gobierno --como ustedes saben-- ha asistido a la Cumbre de la OTAN, una cumbre que, en su desarrollo, ha sido complejo, pero que ha sido constructivo y que ha mantenido --y esto importante-- la unidad de los 29 integrantes de la Alianza. Ha sido una excelente oportunidad para mostrar la vigencia del vínculo trasatlántico y, sobre todo, para mirar al sur. La OTAN también ha mirado al sur.

El presidente del Gobierno ha afirmado que España --ha puesto de manifiesto y lo ha subrayado-- es un país fiable, que apuesta por la vinculación trasatlántica y que, efectivamente, mira al sur con solidaridad. Saben ustedes, además, que España se va a hacer cargo de la misión de entrenamiento y capacitación de efectos militares en Túnez y, también, de ser necesaria, tomará parte en la evacuación del personal de la misión de Naciones Unidas en Libia.

Además, el presidente del Gobierno, ha aprovechado la oportunidad de la reunión de la OTAN para mantener encuentros bilaterales con mandatarios, tan importantes para nosotros, como Theresa May, para hablar de Gibraltar; con la primera ministra de Noruega, para hablar de determinadas pensiones de algunos españoles que habían trabajado en Noruega; y, también, con el presidente de Canadá, Justin Trudeau.

Esta semana, también, como les he venido diciendo, se han celebrado las reuniones del ECOFIN y también reuniones de Consejo de Ministros de Interior.

Ahora voy a proceder a pasar ya la palabra, primero, a la ministra de Hacienda, para que ella les explique con mayor detalle las cuestiones que afectan a su competencia.

Sra. Montero.- Muchas gracias, ministra portavoz, y buenos días a todos y a todas. Como saben, en el día de ayer, la ministra de Economía anunció la flexibilización por parte de la Comisión Europea del objetivo de déficit para el Reino de España. Podrán ustedes apreciar que se trata de una magnífica noticia que va a permitir a este Gobierno conjugar la estabilidad presupuestaria con un crecimiento sostenible y con el impulso a la agenda social, que durante estos días se ha ido refiriendo por cada uno de los ministros. De hecho, los márgenes son estrechos pero en este momento del ciclo económico, lo inteligente es acompasar la reducción del déficit con un impulso presupuestario que hagan ver a los ciudadanos que las instituciones están de su lado y que el crecimiento económico y la creación de empleo no se tienen que ahogar por la inflexibilidad de unos compromisos imposibles de cumplir. Por eso, desde el primer día este Gobierno ha unido al rigor y a la responsabilidad la ambición por dar respuesta a esas demandas sociales y a las necesidades que tiene nuestra economía.

Este Gobierno, cuando llegó, se encontró unos Presupuestos que se habían diseñado sin respetar las reglas de estabilidad presupuestaria, especialmente el objetivo de déficit, como ya había advertido la propia Comisión Europea y múltiples informes independientes. Se inició, desde ese primer momento, un trabajo que ha durado estas semanas para analizar en profundidad el estado de las cuentas públicas.

El Ministerio de Hacienda, además, y el propio Consejo de Ministros, encargó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal un informe sobre el escenario macroeconómico y presupuestario para 2018 y 2019 y, efectivamente, la AIREF, confirmó estas premisas y, por tanto, esta sospecha. De hecho, afirmaba que el déficit público de este año y los siguientes sería superior al que había anunciado el anterior Gobierno; por eso, las conversaciones mantenidas con las autoridades comunitarias apuntaron en esa misma dirección.

La senda de estabilidad fijada hasta ahora exigía que España redujera su déficit público del 3,1% del PIB, que se registró en 2017, al 2,2% del PIB este año y al 1,3 en el año 2019. Sin embargo, pronto se ha hecho evidente que esta senda no era realista y, por eso, la Comisión Europea y diversos organismos, como el propio Banco de España, alertaron a los pocos meses de iniciarse este Ejercicio de que se incumpliría el objetivo del 2,2% y que se situaría en torno al 2,6-2,7%, un desvío que, en principio, si no se aceptaba obligaba a este Gobierno a realizar un ajuste drástico en 2019 para cumplir el límite que se había previsto; en concreto, se hubiera exigido un ajuste adicional de 11.000 millones de euros.

Esto, como ustedes podrán comprender, limita de forma clara el margen de acción del Ejecutivo y tendría, además, un impacto negativo en el crecimiento económico que se estimaba en torno a medio punto del PIB, con la consiguiente pérdida de empleo que provocaría simplemente la inercia de esa cifra. Por eso, el Gobierno ha venido manteniendo --casi desde el primer día-- negociaciones con la Unión Europea, fruto de las cuales se ha aprobado la nueva senda de estabilidad. Esta nueva senda de la que hemos informado hoy al Consejo de Ministros, contempla que el déficit para el año 2019 sea del 1,8 frente al 1,3% que se había previsto con anterioridad; para 2020, del 1,1 frente al 0,5% de la senda anterior; y para 2021 del 0,4 frente a un superávit que tenía la senda anterior del 0,1%. Por eso, el Ministerio de Hacienda y de Economía, consideran que esos objetivos sí son apropiados y compatibles con las recomendaciones del Consejo a España en virtud de este Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La nueva senda otorga a nuestro país un mayor margen fiscal para este próximo Ejercicio. Estos nuevos objetivos nos van a permitir, como decía, apuntalar el crecimiento económico pero mejorando las políticas sociales que van dirigidas a la ciudadanía.

Después del trabajo realizado, y tengo que decir, de la confianza depositada en las autoridades europeas, el compromiso de España con el Pacto de Estabilidad se mantiene aún con mayor fuerza. El sector público seguirá reduciendo el déficit pero a un ritmo adecuado para conjugar saneamiento de las cuentas públicas con crecimiento económico robusto; en definitiva, para que realmente la recuperación económica llegue a los ciudadanos. Con esta próxima aprobación de los nuevos objetivos de déficit y del techo de gasto, este Gobierno está poniendo ya las bases para que los presupuestos de 2019 sean sociales y redistributivos.

En otro orden de cosas, el Consejo de Ministros también ha aprobado el incremento adicional del 0,25% en las retribuciones del personal del sector público, un incremento que tendrá efectos desde el 1 de julio. Forma parte del acuerdo para la mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo, y lo que ha hecho es refrendar lo que preveía la Ley de Presupuestos que entró en vigor hace escasamente una semana.

En último lugar, el Consejo de Ministros también ha autorizado hoy a Cataluña a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 4.113 millones de euros. Ello servirá para refinanciar los vencimientos de las líneas de crédito que justamente tienen lugar en los meses de julio y agosto de este mismo año. La autorización a Catalunya por el Consejo de Ministros es necesaria, en aplicación del artículo 20 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, por tanto, lo que se ha hecho es lo que procede, al igual que con otras operaciones que también hemos conocido en el día de hoy. De hecho, se ha aprobado autorizar a Baleares a formalizar préstamos a largo plazo por un importe máximo de 150 millones de euros, y a la comunidad de Aragón, que ha recibido autorización para avales por un importe máximo de 225.000€.

Y, como refería la portavoz del Gobierno, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la tramitación del Anteproyecto que modifica la Ley Orgánica de Represión del Contrabando.

Se trata de una iniciativa que se ha impulsado por el Ministerio de Hacienda, en coordinación con el Ministerio del Interior, para avanzar en la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al contrabando de tabaco. Se declaran en esta Ley prohibidas las embarcaciones de alta velocidad que utilizan las mafias, especialmente en la costa del Campo de Gibraltar. Este tipo de embarcaciones, a partir de ahora, sólo podrán ser utilizadas por organismos o entidades públicas, y aquellas que se encargan de labores de salvamento, o de asistencia marítima; de hecho, tienen que estar previamente inscritas en un registro que creará está propia Ley. Mediante esta iniciativa se va a penalizar el uso ilegítimo de las embarcaciones semirrígidas y neumáticas de alta velocidad, que son las que se utilizan para este tipo de contrabando. Así, se podrá efectuar el decomiso, por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de estas embarcaciones cuando sean detectadas aunque no lleven carga ilícita y también incoar los expedientes sancionadores correspondientes.

Termino diciendo que el contrabando de drogas y tabaco en la zona de la costa andaluza plantea importantes problemas y retos para los órganos que tenemos encomendadas la misión de luchar contra estas conductas ilícitas y produce, además, una importante alarma social, siendo causa de problemas de seguridad pública, constituyendo un caldo de cultivo para el deterioro social.

El Gobierno va a poner todos los instrumentos en su mano para poder combatir esta situación y, por tanto, dar tranquilidad a esta zona de la comunidad andaluza.

Muchas gracias.

Portavoz.- Muchas gracias, ministra. Y, ahora, paso la palabra al ministro de Fomento para que haga su explicación.

Sr. Ábalos.- Gracias, ministra, y buenas tardes. Hoy, finalmente, después de un cierto debate, muy localizado territorialmente, el Consejo de Ministros ha autorizado en su reunión de hoy el incremento de la subvención del 50 al 75% de las tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo, y de los billetes de transporte marítimo de los residentes no peninsulares en los trayectos entre las Comunidades Autónomas de Canarias, Illes Balears, y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, y el resto del territorio nacional.

El acuerdo se aplicará a los billetes que las compañías aéreas emitan desde las 9 de la mañana --hora peninsular-- del próximo lunes 16 de julio, primer día hábil tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, que está prevista para mañana sábado.

Este Gobierno se comprometió a llevar a cabo todas estas iniciativas que permitieran que esta medida, tan esperada por los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, que tenían mucho interés en que se aplicara de modo inmediato, y el Gobierno ha buscado la vía más efectiva para ello.

De momento, con este acuerdo del Consejo de Ministros, se hace efectiva la bonificación, se aplica ya; bien es verdad que no hubiera sido necesaria la intervención del Gobierno si en los Presupuestos del 2018 se hubiera establecido, al igual que se hizo en el año 2017, la aplicación directa e inmediata, una vez en vigor los Presupuestos. Esto no fue así en esta ocasión sino que, más bien, se mandató al Gobierno a que llevara a cabo esta bonificación.

El Gobierno, considerando la presión que ha habido, el interés de los ciudadanos, ha buscado una vía inmediata, que es este Acuerdo del Consejo de Ministros, si bien, para darle seguridad jurídica, para mantener la permanencia de esta medida --que no es coyuntural sino que se contempla permanente en el tiempo-- estamos trabajando en el Real Decreto, que ya hace unos días comenzó su tramitación, y sobre el que el anterior Consejo de Ministros declaró el trámite de urgencia. Por lo cual, en breve también dispondremos de esta cobertura jurídica que pondrá fin a la vigencia de este Acuerdo de hoy. Pero, lo importante es que de este modo los ciudadanos no peninsulares van a poder disfrutar de esta bonificación cuando, tan solo, el pasado jueves entró en vigor el Presupuesto General del Estado; es decir, que antes del jueves no se podía hacer nada porque no teníamos un Presupuesto en vigor. Dicho de otra forma, han transcurrido escasísimos días y todo esto ha supuesto --desde luego-- un esfuerzo importante por parte de los servicios del Ministerio que, sin duda, tiene que ver con el compromiso de este Gobierno para llevar adelante esta medida.

Esto va a suponer quince millones de viajes entre la Península y Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, así como los propios trayectos dentro de los dos archipiélagos, tanto por vía aérea, como marítima, y hay que añadir, también, que esta subvención, que es una palanca fundamental en términos de cohesión territorial, se suma a otras medidas también de bonificación del transporte, como son: las obligaciones de servicio público, las bonificaciones e incentivos en las tarifas aeroportuarias o también, las bonificaciones que hay en materia de mercancías respecto de su transporte. Por lo tanto, no es una medida aislada sino que viene a ser una medida más que afianza la movilidad, la capacidad para conectarse con la península y, por lo tanto, no deja de ser un instrumento también de vertebración territorial.

Luego, por otra parte, hoy el Consejo de Ministros, también, ha acordado la resolución de seis contratos de concesión de autopistas de peaje, cuyas sociedades concesionarias se encuentran en fase de liquidación en el ámbito de los procedimientos concursales correspondientes. Estas son las famosas autopistas radiales, las rescatadas. Estas autopistas, en concreto, son las radiales 2; 3; 4; 5; la M12; la AP36, entre Ocaña y La Roda; y la AP7, de Cartagena a Vera. La resolución de estos contratos se fundamentan en la situación de insolvencia y en la fase de liquidación de estas sociedades concesionarias y, por lo tanto, tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público, esta resolución es obligada. Por tanto, estamos ante un trámite obligado.

Hay que recordar que, a partir de ahora, se inicia un plazo, que es el del cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Serán seis meses de plazo para el cálculo de su cuantía. Como saben, esto es una decisión tomó el anterior Gobierno, en el año 2017. La gestión de los peajes de las autopistas, el Gobierno anterior se lo encargó a la sociedad pública Seitsa, que es la que se está encargando de la gestión y, por lo tanto, no hacemos sino seguir los trámites de una medida que ya tomó el anterior Gobierno. De verdad que, a partir de ahora, se abren escenarios respecto del futuro de estas autovías y sobre lo cual ya iremos hablando.

Portavoz.- Gracias, ministro. Seguimos con los asuntos relevantes, relacionados con el Consejo de Ministros. Ha habido aprobación de seis Reales Decretos, tres de los cuales hacen referencia al desarrollo de estructura orgánica de los tres nuevos Ministerios: del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, del Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades, y del Ministerio de Transición Ecológica.

Además de eso, hay otros tres Reales Decretos --como les he mencionado--: uno, del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que hace referencia a las prestaciones de la Seguridad Social para la evitación de accidentes laborales. Ustedes lo tendrán a su disposición, si lo desean.

Además, hay dos Reales Decretos de Agricultura, uno de ellos, relacionado con las subvenciones y los requisitos que hay que cumplir en las asociaciones del sector pesquero y, otro, referido a las declaraciones obligatorias de los sectores de aceite de oliva y las aceitunas de mesa.

Hay, también, un acuerdo --que nos ha parecido interesante mencionar-- que se relaciona con el ámbito internacional, con la OCDE, para la lucha contra la elusión fiscal internacional de las grandes multinacionales; y, otro acuerdo, con carácter de urgencia, para una Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario cuyo objetivo es defender o proteger al prestatario.

Además, el Ministerio de Industria, ha desbloqueado de una partida de 100 millones ya 30 millones --seguirá ejecutando el resto-- orientados al desarrollo de la industria conectada 4.0. Esa partida se encontraba en el Presupuesto y no se había tocado, estaba sin ejecutar. Le ha parecido de mucho interés al Gobierno este desbloqueo, al ir dirigido, precisamente, a la industria 4.0.

También, quiero mencionarles las otras dos medidas importantes adoptadas por el Ministerio de Sanidad. Me refiero al compromiso para recuperar los derechos sanitarios arrebatados a la ciudadanía por los recortes del Gobierno del Partido Popular en materia de copago farmacéutico, que se introdujo, como ustedes saben, en 2012. La eliminación de estos copagos farmacéuticos --como ustedes bien saben-- ha afectado a los sectores más vulnerables, a la vida de las personas y de las familias. El copago ha provocado un incremento del abandono o no inicio de tratamientos, precisamente entre esa población --como les digo-- de rentas más bajas. Un 4,7% de los españoles, estimamos, 2,1 millones de personas, admiten no poder pagar los medicamentos prescritos por su médico de la Seguridad Social. Esto, obviamente, ha redundado en no mantener bajo control enfermedades como la hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes. Esta inversión en salud, salud pública, salud personal, salud familiar, es muy importante y afecta, desde luego, a lo que significa la ampliación del Estado de bienestar de miles y miles de familias que sufren las peores condiciones.

Además, el Ministerio de Sanidad ha adoptado el compromiso de pagar cotizaciones a la Seguridad Social para cuidadoras no profesionales. El 90% son cuidadores familiares, mujeres en definitiva, que hacen las tareas de casa cuidando de sus hijos o de sus familiares enfermos. Es poner en marcha algunas de las cuestiones de la Ley de Dependencia que estaban abandonadas a su suerte.

Y ya, nos sometemos a sus consideraciones y preguntas. Muchas gracias.

P.- Beatriz Fernández, de Europa Press. A la ministra Montero, le quería preguntar si la Agencia Tributaria, o algún otro organismo dependiente de Hacienda, tiene previsto abrir una investigación tras conocer las grabaciones que apuntan a que el Rey Juan Carlos podría tener patrimonio oculto en el extranjero. También, saber si es cierto que el vicepresidente del Govern catalán ayer vinculó el apoyo de Ezquerra a los presupuestos de 2019 en función de cómo evolucione la situación procesal de los llamados "presos del procés". Gracias.

Sra. Montero.- Respecto a la primera cuestión, solo decirle que la Agencia Tributaria, por ley, no habla ni de contribuyentes, ni de expedientes, ni de investigaciones. Entenderán ustedes que, como ministra de Hacienda, respete esta cuestión.

En relación con lo segundo, no me consta que lo haya hecho así explícitamente, al menos en las reuniones formales pero, lo que la ministra portavoz ha trasladado con toda claridad, es que estamos normalizando estas conversaciones con el Ministerio para las cuestiones que tienen que ver con materia institucionales de nuestra competencia, para nada con nada que se salga de esas competencias, y sobre los presupuestos todavía no hemos empezado las primeras reuniones de negociación con las formaciones políticas. Eso será en los próximos días, en las próximas semanas, porque necesitábamos --previamente-- tener la senda de estabilidad que hemos presentado en el día de hoy. A partir de ese momento, se ponen en marcha los diferentes mecanismos que permitirán, primero, la elaboración del techo de gasto, la correspondiente aprobación por el Consejo de Ministros de esta senda; en segundo lugar, un paso importante que es que el Congreso de los Diputados y el Senado aprueben en esta senda de estabilidad y, en ese momento, pues ya podremos empezar las conversaciones con las diferentes fuerzas políticas a propósito de cómo se distribuye ya, en este caso, el gasto.

P.- Estrella Moreno, de Televisión Española. Para la ministra portavoz. Yo quería saber si hoy ha sido objeto de algún comentario en el Consejo la decisión de la justicia alemana sobre la extradición de Carles Puigdemont, solamente en el caso de malversación, si no ha habido ningún comentario, quería conocer su opinión. Y, también, ha habido algunos líderes de la oposición que a raíz de esta decisión de los tribunales alemanes han puesto en duda la eficacia de las euroórdenes. Si usted comparte esa duda de la eficacia de la euroorden.

Portavoz.- Gracias, Estrella. El Gobierno no comparte la duda sobre la eficacia de las euroórdenes y, lo que el Gobierno afirma es el respeto más absoluto a las decisiones judiciales.

P.- Eulogio López, de Hispanidad.com. Primero, para la ministra de Hacienda. Yo quisiera saber, nos ha hablado la ministra portavoz, bueno, y usted misma también en sede parlamentaria, sobre un modelo fiscal progresivo más justo. A lo mejor ya se puede decir cuál es el horizonte fiscal. En otras palabras, ¿qué impuestos van a subir y cuánto? Y, luego, también me gustaría saber ese Decreto al que ha hecho alusión también la ministra Portavoz sobre elusión fiscal de las grandes multinacionales, si me puede concretar si se refiere a las multinacionales digitales o si estamos hablando de otra cosa.

Para la ministra portavoz, me gustaría saber sobre el Anteproyecto de Ley de Eutanasia. Yo creo que por ahora conocemos un borrador de anteproyecto un poco vago y faltan cosas por concretar. En concreto, valga la redundancia, si me puede concretar ¿cómo se va a aplicar el suicidio asistido para menores, para discapacitados, para terminales? En definitiva, para cuando sea un tercero el que debe de tomar la decisión.

Y una pequeña duda para el ministro de Fomento. ¿Aena se va a privatizar más o se va a quedar como lo dejó el Partido Popular?

Sra. Montero.- En relación con la fiscalidad, creo que estos días pasados y en comparecencia en comisión, he tenido la oportunidad de trasladar en qué áreas está trabajando actualmente el Ministerio. Lo resumiría en que estamos intentando adaptar la fiscalidad española a una nueva realidad del siglo XXI.

Hay una serie de actividades, de tareas, de cuestiones, que no están contempladas debidamente en una fiscalidad que, evidentemente, no estaba pensada para ciertos retos, ni para atender a nuevos desafíos, como la globalización o la revolución tecnológica y, justamente, hay también una suerte de competencia desleal con otras empresas del país que tienen que hacer frente --es así-- a una actividad que está más monitorizada y más reglada en este momento en la arquitectura fiscal. Por eso, hemos hablado del impuesto en las transacciones tecnológicas, la llamada tasa Google --aunque es un nombre que quizá tengamos que ir corrigiendo--, es un proyecto que traeremos en los próximos días al Consejo de Ministros porque, aunque tenga que entrar en vigor en el año 2019, todas las nuevas figuras tributarias se tienen que crear por ley propia, no pueden ir en la Ley de Presupuestos, y eso, pues, tendrán ustedes oportunidad de conocer el detalle de cuál es la actividad que se sujeta a gravamen, fundamentalmente la parte publicitaria, y aquellas plataformas de intermediación que ponen en conexión determinadas empresas con determinados usuarios, que va a estar perfectamente diseñado en la ley y que va absolutamente en línea con las recomendaciones que está dando la Comisión Europea.

Saben ustedes que hemos avanzado poco en el espacio fiscal europeo, no tanto como nos hubiera gustado, pero sí hay unas líneas generales que todos los países deben de seguir y que, espero que en el futuro, puedan confluir en una fiscalidad mucho más homogénea en todos los países miembros de la Unión Europea.

En segundo lugar, está la parte impositiva a la banca, que es un sector que también entendemos que tiene que contribuir en mayor medida con su fiscalidad a la redistribución de la renta y que, también, tendrá una ley específica de creación, que será a lo largo de este año --insisto--, aunque su entrada en vigor se demore hasta el año 2019. Se trata de reconocer, en mayor medida, las transacciones que se hacen en la banca y por tanto hacerlo de forma que se asegure que realmente contribuyen en la medida de sus posibilidades.

En tercer lugar, la revisión del Impuesto de Sociedades. Saben ustedes que, en este momento, el objetivo del Gobierno es acercar el tipo teórico al tipo real y esto significa por una parte, buscar la posibilidad del tipo mínimo que se pudiera plantear para las grandes empresas, y por otra parte de ver la simplificación de alguna de las deducciones que, en este momento se contemplan.

Y, en el último paquete tenemos, digamos, medidas concretas medioambientales que son, básicamente, de diseño y de orientación del Ministerio de Transición Ecológica, y que van destinadas, no tanto a la recaudación, como a evitar, o a disuadir conductas que puedan ser agresivas contra el medio ambiente.

Este es el paquete de medidas que iremos desarrollando a lo largo de la próximas semanas, pero si quiero dejar sentado que ni se va a subir impuestos a los ciudadanos, ni tampoco a las pequeñas empresas o autónomos. Esta es una parte muy importante de nuestra economía que tenemos que apoyar, que tenemos que impulsar y que, por tanto, nos estamos dirigiendo aquellos sectores, grandes sociedades, grandes grupos consolidados, que puedan aportar en mayor medida comparativa a como aportan el resto de ciudadanos.

Respecto al convenio, solo se trata de un convenio de colaboración entre las agencias tributarias, básicamente para compartir datos, y que tanto el ministro de Exteriores como yo misma, hemos suscrito en esa vocación de que no se utilice ningún tipo de frontera para que los que tengan que hacer cumplimiento de sus obligaciones fiscales encuentren facilidades para no poder hacerlo.

Portavoz.- Sí. Ministro Ábalos.

Sr. Ábalos.- No hay ninguna intención, ni ningún interés en privatizar más de lo que ya está AENA.

Portavoz.- Eulogio, me formulabas otra pregunta. Decirte que, bueno, tenemos separación de poderes. La Ley de Eutanasia es una Proposición de Ley que impulsa el grupo socialista en la Cámara y que el detalle de cómo vayan quedando dependerá de las negociaciones que se efectúen allí. Nosotros como Gobierno no tenemos detalles acerca del extremo que usted me pregunta.

P.- Esther Redondo, de La Sexta. Quería hacer una pregunta a cada uno de ustedes. A la ministra portavoz: a vueltas con la decisión de los tribunales alemanes sobre sobre Puigdemont, el PP habla de que esa decisión es una auténtica humillación y hay dirigentes populares, como Pablo Casado, que plantean que habría que suprimir el espacio Schengen. Quería saber si ustedes en algún momento van a hacer ese planteamiento.

También, quería preguntarle a la ministra de Hacienda, por la respuesta que ha dado cuando le han preguntado por el tema del patrimonio del Rey. Cuando estaba en la oposición, Pedro Sánchez se comprometió a hacer pública la lista de las personas que se habían acogido a la amnistía fiscal de Montoro. Dado que hoy mismo se publica una información en la línea de que el Rey emérito podría haberse acogido a esa lista, quería saber si el Gobierno, el presidente, cumpliría su palabra estando en el Gobierno y haría pública esa lista.

Y al ministro de Fomento: saber cómo el Gobierno afronta la huelga que a partir del día 29 de julio va a haber en los aeropuertos de personal de tierra.

Portavoz.- El Gobierno de España defiende Schengen, en todos los sentidos. Europa se fundamenta sobre la libre circulación de bienes, de servicios, pero sobre todo, de personas. Poner en cuestión Schengen, es, desde nuestro punto de vista, alinearse con algunas posiciones europeas que nosotros no compartimos de ninguna de las formas y, además, afecta a millones de personas, a millones de jóvenes y, por tanto, para nosotros, Schengen, es un extraordinario elemento de la Unión Europea.

Sra. Montero.- En relación la pregunta, a propósito de la amnistía fiscal, efectivamente, hemos estudiado esa posibilidad que se planteaba y, en todo caso, se podría --con modificación legal--, hacer efectivo a raíz de la entrada en vigor de la Ley para las nuevas amnistías fiscales; quiero decir que no encontramos la capacidad jurídica de trasladarlo a cuestiones que se hayan efectuado con anterioridad.

Lo que sí hemos anunciado, y lo hicimos esta semana en el Congreso de los Diputados, es que vamos a modificar y vamos a intensificar la lucha contra el fraude fiscal, y la Ley del fraude, y vamos a incorporar la publicación, no solo ya de los morosos, sino que terceras personas que ayudan o, que, de alguna forma, participan en esas actividades, de manera que la transparencia sea también una nota de identidad y que permita --de alguna manera-- pues, el que las personas que deciden vulnerar la Ley, se enfrenten también a lo que significa que su nombre este publicado.

Sr. Ábalos.- Como sabe, había una huelga anunciada en tiempo del anterior Gobierno por controladores de AENA y, afortunadamente, hemos llegado a un acuerdo, a un preacuerdo al menos, que, además, ha sido votado por los trabajadores favorablemente. Esa amenaza, de momento, la hemos disipado y esta otra que me comenta es personal no dependiente del Ministerio ni de ninguna de sus empresas. Son trabajadores de empresas privadas pero que, no obstante, en la medida en que puedan afectar al servicio público que se presta los aeropuertos, hablaremos con esas empresas, pero la relación es de las empresas con sus trabajadores.

P.- Ibón Uría, de 20 minutos. Quería formularle una pregunta a la ministra portavoz y de Educación y, otra, a la ministra de Hacienda. Para la portavoz y ministra de Educación, quería preguntarle sobre la educación concertada. Usted habló en el Congreso de eliminar el principio de demanda social por el que la Administración venía concediendo plazas educativas en centros concertados. Quería preguntarle si podría concretar en qué horizonte temporal podría producirse eso. En segundo lugar, si se planteaba también revisar conciertos que ya estaban concedidos, y ¿cómo lo va a hacer dado que la Educación es una competencia autonómica?, ¿cómo se va a sustanciar este anuncio?

Y, para la ministra de Hacienda, quería preguntarle por la fiscalidad del diésel, dado que ha habido informaciones en las últimas semanas a este respecto. Quería preguntarle, en primer lugar, si puede confirmarnos que es intención del Gobierno igualarla con la de la gasolina y, en segundo lugar, dado que usted ha dicho que no se va a subir impuestos ni a los ciudadanos, ni, especialmente, a las pequeñas empresas y autónomos, pedirle que nos explicase si esta medida afectaría a todos los consumidores de diésel por igual, o si se plantearía algún tipo de ayuda o salvedad. Estoy pensando en pymes, transportistas, autónomos, etcétera.

Portavoz.- Le voy a leer, textualmente, un pequeñito párrafo de mi intervención en el ámbito parlamentario, al respecto de lo que usted me pregunta. "Del servicio público educativo, también forma parte de la red de centros concertados que desempeñan una función social, que tiene un carácter complementario para cubrir las necesidades de escolarización y, por ello, reciben el concierto. Me consta que la inmensa mayor parte de la red concertada cumple con sus obligaciones y fines sociales, contribuyendo al fortalecimiento de nuestro sistema."

¿Alguien puede pensar que de aquí se concluye, razonablemente, y con buena intención o genuinamente que este Gobierno va a atacar, retirar, resolver, los conciertos o la red concertada? Es imposible.

Lo que sí ha dicho este Gobierno es que la red pública ha de ser el referente del sistema educativo y, por una razón muy sencilla: porque si la persona, el individuo tiene el derecho fundamental constitucionalmente reconocido a ser educado, ese derecho, solo con garantía, puede ser prestado por la administración pública. ¿Por qué? Porque la enseñanza concertada, por su propia naturaleza, se oferta libremente. Por tanto, desde ese punto de vista, afirmamos que la enseñanza concertada, la red concertada, puede estar en algunas zonas o puede no estar pero, razonablemente, y en ejercicio de su libertad. Sin embargo, la administración pública tiene que prestar, obligatoriamente, el servicio.

Esto es lo que quiere decir, no es ninguna amenaza para la red concertada. Ya decimos que nos consta que la inmensa mayor parte de la red concertada cumple con su función social. Por tanto, todo lo demás son especulaciones infundadas y, el retirar el término de demanda social, significa eso, es sustituirlo de otra manera. La enseñanza pública es la obligación de la administración pública y, por tanto, tiene que estar, y la enseñanza concertada, es libre, está.

Esto es lo que quería decirle.

Sra. Montero.- En relación con la cuestión que me refería: la recomendación de Europa, en este sentido, es absolutamente clara a propósito de cómo hay que ir haciendo la transición. Yo hablaría de un camino, --así lo hace la ministra de Transición Ecológica, y el nombre de su Ministerio lo indica--, que hay que ir recorriendo para, efectivamente, ir, progresivamente, eliminando aquellas prácticas que puedan ser contaminantes con el medio ambiente o, incluso, nocivas para la salud. Justamente, cuando estamos hablando de los carburantes, estamos hablando de sustancias que tienen elementos añadidos que son nocivos para la salud. Saben ustedes que hay muchas iniciativas que se están llevando a cabo, incluso por los ayuntamientos, respecto a la limitación del tráfico en grandes zonas para evitar que se produzca esta situación, y el Gobierno, en su responsabilidad, tiene que contribuir a que aquello que es malo para la salud de los ciudadanos, que es nocivo con el medio ambiente, se pueda corregir.

Por tanto, no se trata tanto en las propuestas que se están barajando de igualar de un día para otro el precio del diésel al precio de la gasolina. Se trata de ir, progresivamente, recorriendo ese camino y, por tanto, intentando disuadir de la utilización del diésel como fórmula más habitual entre los ciudadanos. Está dentro de la recomendación de Europa y, por tanto, lo que sí le puedo decir es que el Ministerio de Transición Ecológica, entre muchas de sus medidas, está trabajando todo aquello que desde Europa se está orientando como necesario para contribuir en esta línea.

Pero, sobre la pregunta que me hacía en concreto, cualquier regulación que llevemos a cabo, excluirá, expresamente, a transportistas profesionales y, también, a los autónomos. Es decir, no incidirá sobre las cuentas de resultado de las pequeñas empresas, o de los autónomos y, por tanto, de lo que se trata es de aplicar conductas universales, normalizadas en relación con los ciudadanos y se excluirían aquellos sectores que puedan ser vulnerables en el precio del combustible para el desarrollo de su actividad.

P.- Mercedes Serraller, de Expansión. A la ministra de Hacienda. Abundando en la pregunta de mi compañera, quería saber si definitivamente se abandona toda revisión de la amnistía fiscal que lanzó el Partido Popular porque usted va a reformar la Ley General Tributaria con medidas contra el fraude, según ha anunciado, y, también, había una iniciativa parlamentaria para que los amnistiados pagaran realmente el tipo que marcaba aquel Decreto Ley, que no lo pagaron, pagaron menos, --eran unos dos mil y pico millones--. No sé si se abandona toda posibilidad de analizar la amnistía fiscal.

Y sobre los impuestos, le quería preguntar, ¿de qué umbral de facturación estaríamos hablando en el caso de la tasa Google o tasa de las tecnológicas? O sea, ¿qué empresas estarían afectadas, entrarían ahí y de qué tipo estaríamos hablando?

Le quería preguntar, también, si la reforma del Impuesto de Sociedades para que haya un tipo mínimo, ¿podría entrar en vigor con efectos a 2018? Y si no temen los recursos de las empresas por posibles dobles imposiciones.

También le quería preguntar, ha dicho usted, que se gravarían las transacciones, en el caso de la banca. O sea, ¿eso es lo que se está perfilando? ¿Va a ser un impuesto totalmente nuevo que grave las transacciones?

Sra. Montero.- Sí, son varias preguntas. Voy a intentar ser breve en cada una de ellas.

El Gobierno no abandona ninguna línea para intentar explorar diferentes ámbitos en relación con la amnistía fiscal. Lo que he trasladado es que, efectivamente, la publicación de las personas que fueron beneficiarias de la amnistía fiscal no se puede hacer, salvo que hubiera alguna disposición que lo previera, y nunca podría tener carácter retroactivo. Esto significa que para futuras amnistías fiscales --que, desde luego, no están en la hoja de ruta de este Gobierno, ni mucho menos-- se podría incorporar en esas leyes la publicación de las entidades, personas, sociedades que se acogen a esa amnistía fiscal, pero no con carácter retroactivo.

Saben que es excepcional que una medida fiscal pueda tener carácter retroactivo y, en esto, la publicación también surte efecto. No abandonamos nada relativo a que cada contribuyente puede aportar en la medida de sus capacidades, y eso significa que --evidentemente-- tenemos que ser capaces de hacer todas estas actuaciones con el Derecho en la mano y la Constitución en la mano. El problema de medidas ya adoptadas es que su carácter retroactivo lo impide. Quizás la buena noticia es que la orientación para el futuro es que ya la legislación contemple que, siempre que se produzca una situación de este tipo, se tenga obligación de publicar las personas que se acogen o aquellos que, realmente, no han cumplido con sus derechos fiscales, con sus obligaciones fiscales, como venimos haciendo y hemos anunciado con la modificación de esa Ley.

Cuando hablamos del Impuesto de Sociedades, nos estamos refiriendo a grandes grupos consolidados, es decir, que se excluyen a las pymes o a las medianas empresas. Hablamos de grandes grupos consolidados que son una caracterización de empresa singular que tiene la Agencia Tributaria y que, evidentemente, su volumen de facturación está por encima de los ocho millones de euros. O sea, que estamos hablando de empresas importantes, no estamos hablando del gran tejido empresarial que hay en muchas regiones de España que son pequeñas y medianas empresas.

No obstante, cuando tengamos en este impuesto la Ley de Presupuestos que es el que lo va a desarrollar porque este no es nuevo, este ya existía, tendrán ustedes ocasión de conocer todos los detalles a propósito de esta materia. Pero creo que pocas fuerzas políticas podrán oponerse a que una empresa tribute a su tipo teórico y que se acerque más el tipo teórico al tipo real, porque creo que los datos hablan por sí solos de que en el esfuerzo, digamos, proporcional de los ciudadanos frente a estas empresas es muy superior el que realizamos la gran mayoría de los ciudadanos.

Y, por último, no entraría en vigor en el año 2018, todas estas medidas están previstas para el Presupuesto 2019 y, al igual que la nueva senda de déficit, serán el armazón sobre el que montaremos el Presupuesto 2019.

P.-Iñaki Aguado, de Telecinco. ¿Existe una alta probabilidad, ahora mismo, de que el Tribunal Supremo lleve la decisión de la justicia alemana al Tribunal Europeo para que se determine si se ha vulnerado el marco de la euroorden? Me gustaría saber si el Gobierno entendería esta decisión.

En un segundo término, me gustaría preguntarle si piensa todavía este Ejecutivo que hay que cambiar el artículo que regula la traición, como dijo Pedro Sánchez, antes de ser presidente, y actualizarlo para que contemple los supuestos de rebelión desde una institución del Estado, como la Generalitat de Cataluña.

Les quiero preguntar, también, qué veracidad dan a las grabaciones de la señora Corina zu Sayn-Wittgenstein, si ¿apoyarían la comisión de investigación sobre esas grabaciones como piden Izquierda Unida y Podemos? Y si esperan consecuencias legales para el Rey Juan Carlos, al respecto.

Portavoz.- En relación a las dos preguntas anteriores, no se han tratado en Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros ha afirmado su respeto absoluto a las decisiones judiciales.

En relación a la tercera, a la que usted hace referencia con las grabaciones que afectan a Corina, afortunadamente, no afectan al jefe del Estado, Su Majestad el Rey Felipe VI. Son grabaciones antiguas y, por lo tanto, ni las consideramos.

P.- (Inaudible)

Portavoz.- Ya lo he contestado, he dicho que no habíamos tratado ese tema en Consejo de Ministros.

P.- La pregunta era que Pedro Sánchez antes de ser presidente del Gobierno planteaba… (inaudible)

Portavoz.- Ya, pero ahora ya no procede este tema porque no está determinado ni está decidido.

Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)