Conferencia de prensa del ministro de Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno, y del ministro de Justicia, después de la reunión del Consejo de Ministros

Madrid

Portavoz.- Buenos días a todos. Comparecemos el ministro de Justicia y yo ante ustedes para informarles de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en la reunión celebrada hoy, 9 de febrero, bajo la presidencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Antes que nada, permítanme lamentar el fallecimiento del ministro de Educación de los años 1976 y 1977, don Carlos Robles Piquer, y mandar mi más sentido pésame a su viuda y a sus hijos.

El Consejo de Ministros también hoy se ha reunido en sesión extraordinaria como consecuencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, acordada por el Senado en su reunión del 27 de octubre, donde ha tratado una serie de temas, relacionados todos ellos con el Ministerio del Interior. Con esta reunión de hoy relacionada con los asuntos de Cataluña, el Consejo de Ministros ha celebrado dieciocho Consejos extraordinarios y se han tomado más de 154 acuerdos sobre distintas materias. Hoy, por tanto, como decía, los acuerdos son relevantes provenientes del Ministerio del Interior.

Estas decisiones que ha tomado el Consejo de Ministros han permitido normalizar el pago a los Ayuntamientos, que arrastraban un retraso de más de mil millones. La administración catalana ha regularizado ya el pago con proveedores por un montante superior a los 1.500 millones de euros. Se han convocado en Educación dos mil plazas para maestros y profesores después de siete años sin convocatoria de acceso a la función pública docente en Cataluña; se ha aprobado también una oferta de empleo público a los Mossos, convocándose 455 plazas; y se han activado otras políticas sociales, entre ellas, 10,5 millones de euros en subvenciones para la inserción de discapacitados o 6,2 millones de euros para el programa de activación de parados de larga duración.

Se ha detenido también el desvío de dinero público para la secesión, disolviéndose cuantos entes, consejos y organismos estuvieran dedicados a dicho fin, disolución de las delegaciones de la Generalidad en el exterior y liquidación del Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña; y hemos impedido el pago indebido por parte de las entidades del sector público catalán a la Agencia Tributaria de Cataluña.

En definitiva, desde la aplicación del artículo 155 se ha recuperado la neutralidad institucional y se ha puesto la Generalidad al servicio de todos los catalanes.

Antes de entrar en la valoración política de esta semana, quiero decirles que este ha sido un Consejo de Ministros, el de hoy, relevante por la densidad de los asuntos que se han debatido. Creo que se trata de una muestra del impulso legislativo que el Gobierno quiere darle después del Plan de Acción Normativo que presentó la vicepresidenta del Gobierno aquí hace unas semanas. Se han debatido hoy cuatro anteproyectos de ley a los que vamos a referirnos próximamente; dos de ellos, del Ministerio de Justicia, a los que va a hacer referencia el ministro.

El pasado miércoles, 7 de febrero, el Gobierno presentó la candidatura de don Luis de Guindos para la vicepresidencia del Banco Central Europeo. El Gobierno ha hecho lo que ha dicho siempre que iba a hacer, que es presentar al mejor candidato posible. El señor De Guindos, al que todos ustedes conocen, ha sido ministro --de Economía y Competitividad, primero, y de Industria también después-- desde el año 2011. Entonces, cuando asumió la cartera, España estaba incursa en un período crítico de su historia, a punto de la bancarrota y de tener que ser rescatada por la Unión Europea. España afrontaba, también en aquella época, un problema de falta de confianza internacional por la evolución decreciente de su economía, lo que motivaba también una ausencia de crédito político y, por ello, las probabilidades de un muy duro ajuste de la economía, a través de los mecanismos de intervención de la Unión Europea, lo que se llamaba en lenguaje coloquial "el rescate", eran muy, muy, favorables a ese rescate.

Hoy los datos son elocuentes. Si en julio del año 2012 la prima de riesgo llegó a alcanzar los 638 puntos básicos con relación al bono alemán, hoy estamos en una situación completamente distinta, a la que me referiré luego. La España de 2009 estaba inmersa en un ciclo económico decreciente hasta 2013, donde perdió el 10 por 100 de su riqueza nacional. La tasa de desempleo de la población activa se acercó al 27 por 100 en el año 2013, seis millones de personas sin puesto de trabajo. El déficit público en diciembre de 2011 cerró en el 9,3 por 100 y parte del sistema bancario español --parte, lo quiero recalcar-- precisaba de una reestructuración urgente y profunda. La desconfianza de los mercados internacionales era enorme y España sufría, por tanto, las consecuencias de esta situación.

Hoy tenemos una España en positivo, una España que ha recuperado la autoestima, que goza de la fortaleza necesaria para afrontar los retos del futuro, y dentro de esta España en positivo, y en clara contraposición con lo que acabo de relatar, hoy la prima de riesgo en España está en torno a los 70 puntos básicos. España es hoy un valor refugio. Fíjense, de 638 puntos básicos a 70.

En este año 2018 vamos a empezar el quinto año de crecimiento económico, con crecimientos superiores al 3 por 100 del PIB. El pasado miércoles, 7 de febrero, esta misma semana también, la Comisión Europea ha aumentado para España la previsión de crecimiento hasta el 2,6 por 100 del PIB. El Gobierno era más prudente. Este año, por tanto, según las previsiones de la Unión Europea, España volverá a crecer por encima de la media de la eurozona y por encima de países como Alemania, Francia e Italia. La tasa de desempleo, según la última EPA, la del último trimestre de 2017, se encuentra en el 16,5 por 100, casi once puntos menos que sus máximos. Detrás de esas cifras están hombres y mujeres que han encontrado un puesto de trabajo en este tiempo. El año pasado fue el año del empleo: 611.146 empleos, 1.674 empleos al día. Y el déficit público desde aquel 9,3 por 100 del año 2011 se ha ido reduciendo hasta el 3,1 por 100 en el año 2017. El sistema financiero hoy en España, y podemos afirmarlo con rotundidad, está reestructurado y es sólido.

Por tanto, España tiene hoy un patrón de crecimiento sano, alejado de excesos de etapas anteriores, basado en la apertura de su economía hacia el exterior y en la inversión. España ha recuperado la confianza de Europa, tiene peso político, crédito y prestigio y, por ello, uno de los activos de esa recuperación española, de eso que algunos que denominan "milagro español", es el señor De Guindos que, por tanto, creemos que tiene todas las condiciones, las mejores condiciones, para aspirar a la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Ello también porque España es uno de los grandes países económicos por su peso de la zona euro, porque es una referencia, un ejemplo, de buen hacer y porque esta presencia del señor De Guindos es también una buena oportunidad para España para recuperar ese puesto en el Banco Central Europeo en unos tiempos decisivos para Europa donde va a haber progresos en la Unión Bancaria y en la Unión Económica y Monetaria.

En este mes de febrero se cumplen, asimismo, quince meses desde la constitución del Gobierno el pasado 5 de noviembre de 2016. En esta Legislatura que hemos denominado "la Legislatura del diálogo", el Gobierno ha superado, como recuerdan, sin duda, una moción de censura, se ha sometido a 666 preguntas de los grupos y ha enviado al Parlamento cuarenta propuestas legislativas: la Ley de Contratos del Estado; la actualización del Concierto Económico con el País Vasco; la reforma de Radiotelevisión Española; los Presupuestos Generales del Estado de 2017; la reforma de la estiba; la Ley de la copia privada; el Pacto de Estado contra la violencia de género; medidas urgentes contra la sequía; la prórroga del Plan PREPARA, la convalidación del Real Decreto Ley de garantía juvenil; la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica gratuita, etcétera.

Por tanto, es una legislatura --hablamos de quince meses-- donde ha habido actuación legislativa y política por parte del Gobierno, y eso ha conducido también a que sea una legislatura con estabilidad política. Estabilidad política es lo que necesitamos, lo que necesita España, en un momento en que la economía se ha recuperado gracias a la consolidación presupuestaria, por un lado, y a las reformas que hemos llevado a cabo, por otro.

Por ello, también es importante, e insistimos desde el Gobierno, la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado del año 2018; Presupuestos que incluirán cosas importantes como la rebaja del IRPF, como la subida salarial de los funcionarios, como la progresiva equiparación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, un gran aumento de cincuenta millones de euros en becas para estudiantes o la bajada del IVA en el cine. Creemos que los Presupuestos son los que dan más posibilidades a la Administración General del Estado, pero también a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales, y van en esa línea de destinar el 56 por 100 del gasto a gastos sociales. Por tanto, creemos, e insistimos en ello, que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado sería una buena medida desde el punto de vista político para todos los españoles.

Asimismo, también continúan los pactos de Estado que el presidente del Gobierno propuso en su sesión de investidura. Ya se ha cerrado uno con un gran consenso: el Pacto de Estado contra violencia de género; estamos trabajando en el Pacto Social y Político para la Educación; hay otro pacto también en estudio, el del fortalecimiento del sistema público de pensiones, muy importante; el de la reforma del sistema de financiación autonómica; el pacto por la energía, etcétera.

Por tanto, seguimos trabajando con iniciativas como las que vamos a presentar hoy y con el horizonte de esos pactos que son importantes para España para dotarle de esa estabilidad política, que es lo que requiere el país.

Voy a aparcar, de momento, señor ministro de Justicia, los dos temas suyos para centrarme en el debate que ha tenido el Consejo de Ministros hoy del Anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Este Anteproyecto de Ley es consecuencia de la cuarta Directiva de blanqueo y de la quinta, que todavía no se ha aprobado, pero cuyo contenido ya conocemos y se publicará a lo largo del primer semestre del año.

En este Anteproyecto de Ley se amplían los colectivos afectados por la misma y se incluyen, tanto aquellas personas que intermedien en alquileres de renta mensual superior a diez mil euros, como las plataformas de financiación participativa, el llamado "crowdfunding". La norma insta también a desarrollar mecanismos para animar a que los particulares denuncien cuando conozcan casos de blanqueo de dinero. Hay distintas obligaciones para bancos, aseguradoras y despachos de abogados, entre otros, que deben crear mecanismos de denuncia interna, mientras que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, la SEPBLAC, contará con un sistema para recibir y canalizar las denuncias.

Igualmente, la norma refuerza los controles para personas con responsabilidad pública, los famosos PEPs, se asimila también a los extranjeros y se crea una serie de registros de prestadores de servicios a sociedades donde hay que dar más datos para que se pueda seguir la pista para el caso de que nos encontremos ante casos de blanqueo de dinero. Hay un fichero de titularidades financieras donde el contenido de las fichas se amplía y se establece también un régimen sancionador más duro por incumplimiento: las multas máximas pasan del 5 por 100 del patrimonio neto de la entidad al 10 por 100 del volumen consolidado del grupo.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha estudiado el Anteproyecto de Ley, orgánica en este caso, sobre la utilización de los datos del Registro de Nombres de Pasajeros para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de delitos de terrorismo y delitos graves, la famosa Directiva PNR (por su nombre en inglés, Passenger Name Record). Está es una vieja Directiva, de la que yo recuerdo, cuando era diputado europeo, sus avatares y su fracaso en el Parlamento Europeo en una primera vuelta. Posteriormente, fue aprobada en el año 2016 y, por tanto, de lo que se trata ahora es de utilizar este instrumento de inteligencia contra el terrorismo y los delitos graves.

Al principio, recordarán ustedes que la Unión Europea comenzó a firmar convenios bilaterales y luego decidió hacer una directiva. Pues bien, de lo que se trata ahora en este Anteproyecto de Ley es de la transposición de esa Directiva cuyos fines son: prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos de terrorismo y delitos graves, e incluir los ficheros de los pasajeros de los vuelos extracomunitarios, intracomunitarios, comerciales o privados para evitar precisamente que el traslado de posibles terroristas o gente que cometa delitos graves no pueda estar fiscalizado.

Por tanto, las compañías aéreas, a tenor de este Anteproyecto de Ley, deberán enviar los datos que recopilen para sus actividades comerciales, que se refieren al nombre, a los apellidos, a datos de contacto, datos de pago, itinerario del viaje, etcétera. Y en España se atribuye al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y Crimen Organizado, el CITCO, la canalización y la centralización de todos esos datos. Después del CITCO hay una serie de autoridades, que establece también el Anteproyecto de Ley, que son las competentes para solicitar esos datos, que van desde las Direcciones Generales de la Policía y Guardia Civil, al CNI, a jueces y tribunales, y también las policías autonómicas de Cataluña y del País Vasco. El Anteproyecto establece que estos datos, despersonalizados, serán enviados al CITCO, que los mantendrá seis meses y serán eliminados a los cinco años. Por tanto, cumpliendo con la trasposición, cumplimos también con una obligación que hemos contraído con la Unión Europea.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto de modificación del Reglamento de Planes y Fondos de pensiones en materia de liquidez y reducción de comisiones, que ayer anunció el presidente del Gobierno. Es un Real Decreto que pretende estimular el ahorro. Dos son las ideas principales de ese Real Decreto: dar una mayor liquidez a los fondos que lleven diez años contraídos a partir del año 2025 y yo quería destacar hoy la bajada sustancial en las comisiones de gestión de estos fondos.

Estos fondos no tienen mucha rentabilidad y el Gobierno ya estimó en el año 2014, cuando hizo una primera bajada, que las comisiones de gestión eran demasiados elevadas. Pues bien, este Real Decreto lo que hace es bajarlas y, por lo tanto, insisto, es un estímulo más para contraer estos fondos de pensiones de los que son beneficiarias, en estos momentos, ocho millones de personas, que tienen en esos fondos un ahorro acumulado de más de 106.000 millones de euros. Estos fondos de pensiones son compatibles con las pensiones públicas, derecho irrenunciable de los españoles, que impulsamos desde el Gobierno con políticas que favorecen el crecimiento y la creación de empleo.

Igualmente, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la Estrategia Nacional sobre Adicciones, la tercera Estrategia, que cubrirá los años 2017-2024, que sustituye a la anterior Estrategia Nacional, llamada entonces "sobre drogas", y que pretende establecer este período con una cantidad de más de mil millones de euros para seguir luchando contra esta lacra para la sociedad que son las drogas.

También se han aprobado hoy los criterios sobre la distribución del Fondo de Bienes Decomisados que se distribuyen luego entre las Comunidades Autónomas, precisamente para la investigación y persecución de estos delitos. Y en relación con este Fondo, el Consejo de Ministros ha dado hoy el visto bueno a un Acuerdo por el que se aprueba la enajenación en subasta pública de uno de los bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas, que es el bien más valioso que ha enajenado en su historia el Fondo de Bienes decomisados. Se trata de una finca ubicada en Gélida, valorada en 22,4 millones de euros.

Además, el Consejo de Ministros ha tomado un Acuerdo por el que se aprueba la propuesta inicial conjunta con la Junta de Andalucía de declaración del parque de la Sierra de las Nieves, en Málaga, como futuro Parque Nacional. Será el decimosexto Parque Nacional en una Red de Parques Nacionales que la ministra de Medio Ambiente nos ha animado a visitar, como otros quince millones de personas lo hacen anualmente en nuestro país.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado una Declaración del Gobierno con motivo del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, en la que destaca la necesidad de incrementar el papel de la mujer en este sector de la investigación y de la ciencia, puesto que, si hay muchas mujeres que comienzan las tareas de investigación como personal investigador, lo cierto es que apenas alcanza el 21 y el 25 por 100 en la categoría, digamos, máxima universitaria de profesorado catedrático de universidad o profesorado de investigación. A ello van dirigidas muchas de las acciones que estamos llevando a cabo ya, como aquellas que se desarrollan en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, Plan 2017-2020, o en el nuevo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades.

Estos son los temas a los que yo quería referirme pero, inmediatamente, el ministro de Justicia va a hablar de los dos temas que nos ha presentado hoy, los dos Anteproyectos de Ley que se refieren a su Departamento.

Sr. Catalá.- Como decía el ministro portavoz, el Consejo de Ministros ha tomado la iniciativa de tramitar dos Anteproyectos de Ley importantes en materia de nuestro Derecho, Derecho Penal y Derecho Mercantil, y de protector de la actividad económica.

En primer lugar, en materia de Derecho Penal. Como bien conocen ustedes, en torno a la prisión permanente revisable, esa nueva pena que se creó en el año 2015, hay un importante debate: debate social, debate político y debate doctrinal. En ese sentido, el Gobierno ha querido tomar posición firmemente sobre esa cuestión y poner de manifiesto nuestro compromiso y nuestra voluntad de mantenimiento de esta pena en nuestro Derecho Penal. Es cierto que la prisión permanente revisable es la pena máxima de nuestra escala de penas, pero es una pena proporcionada a la gravedad del delito. Es una pena revisable, como su propio nombre indica, y con un sistema de evaluación; por lo tanto, nada que ver con cadenas perpetuas u otras denominaciones que pretenden desacreditarla. Es una pena que está, como mandata nuestra Constitución, orientada a la reinserción de las personas que han sido condenadas y, en última instancia, como debe ser en Derecho Penal, está orientada a la protección del conjunto de los ciudadanos.

Así lo hicimos en el año 2015, mediante reformas de nuestro Código Penal, y lo hicimos, además, de una manera prudente, limitada, aplicándola solamente a ocho supuestos muy graves, a ocho supuestos que tienen que ver con asesinatos subsiguientes a una violación, a un delito contra la libertad sexual; o al asesinato cometido por grupos y organizaciones delictivas o también terroristas; o asesinatos del jefe del Estado; o genocidio… Por lo tanto, los tipos penales, lógicamente, más graves y vinculados con la pérdida de la vida humana.

Digo que era una pena, tal y como se incorporó en el año 2015 a nuestro Derecho, de una manera limitada y, en mi opinión, bastante razonable y, además, era plenamente coherente con lo que sucede en toda Europa. La prisión permanente revisable es una pena existente en nuestro Derecho, es una pena que existe en todos los países de la Unión Europea, con la excepción de Croacia y de Portugal y, además, existe de una manera mucho más intensa en el número de delitos que tienen esta pena. Por ejemplo, hay veinte delitos en Alemania que tienen pena de prisión permanente revisable, veintiséis en Francia, diecinueve en Italia. Y además, con unos plazos de revisión de la pena muy equiparables a los que nuestro Derecho ha establecido.

Cuando en el año 2015 incorporamos a nuestro Código Penal esta pena, tuvo entonces, y hoy, todos los avales, todos los avales jurídicos y legales. Fíjense en que la Corte Penal Internacional entre su catálogo, en el listado de penas posibles que pueden existir en el Derecho Penal de las naciones que ratificaron el Tratado de la Corte Penal Internacional, preveía que existiese la prisión permanente revisable.

Cuando el Parlamento español en el año 2000 ratificó por unanimidad de la Cámara, y recuerdo que en esa Cámara, evidentemente, estaban el grupo de IU, el grupo de PNV y el grupo del Partido Socialista, por supuesto… Cuando ratificamos el Tratado de la Corte Penal Internacional, aceptamos de esa manera que esa pena podía existir en nuestro Derecho y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, precisamente una institución creada para la tutela de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, también en su jurisprudencia reconoce la coherencia con el Tratado y con el propio Tribunal de Derechos Humanos de la pena de prisión permanente revisable, siempre que exista esa circunstancia: que sea una pena que no lleve a una duración ilimitada de las penas, sino que sea susceptible de revisión, como digo que sucede en nuestro Derecho español.

También en su tramitación tuvo informes favorables de todas las instituciones y, sobre todo, y lo hemos recalcado mucho estos días, nos parece que, además de los avales internacionales, jurídicos e institucionales, el principal aval que tiene esta institución, como siempre tiene que acompañar a la acción política de un Gobierno, es la voluntad de los ciudadanos. La opinión pública española, reiteradamente, en todas las encuestas de opinión y en todos los estudios de información sobre esta cuestión, ha puesto de manifiesto que en torno del setenta y tantos y el ochenta por ciento, según la encuesta que se quiera coger de los últimos años, de los españoles consideramos que es razonable que nuestro Código Penal para los delitos más graves, más execrables, exista una pena tal como la prisión permanente revisable.

Además, dentro de esos porcentajes, como también conocerán ustedes, hay una cierta identidad ideológica: son los votantes del Partido Popular, los votantes de Ciudadanos, los votantes del Partido Socialista y los votantes de Podemos los que han dicho, en esos términos de casi el 80 por 100, que apoyan la prisión permanente revisable.

Así las cosas, y en este momento, existiendo en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para la derogación de la prisión permanente revisable, a la que, lógicamente, el Grupo Popular y el Gobierno nos oponemos y tratamos de demostrar la conveniencia de permanencia de esta pena en nuestro Derecho, hemos considerado que convendría, no solamente defender la prisión permanente revisable en los términos que se aprobó en 2015, sino también avanzar y atender la demanda social, y la experiencia acreditada en el ámbito nacional, y también en el Derecho Internacional, para incorporar algunos nuevos supuestos en esta materia.

El Anteproyecto de Ley que hoy el Gobierno ha aprobado incorpora, en números agregados, cuatro líneas de nuevos delitos cuya incorporación a la prisión permanente revisable consideramos que es razonable. Fíjense, y ahora intentaré describirlo, en que no son delitos muy singulares y no entran en categorías sensibles o que puedan tener alguna lectura política coyuntural. Alguien ha hablado de que no es bueno legislar en caliente; por supuesto que no. Llevamos más de diez años hablando de esto y, por lo tanto, ninguna legislación en caliente.

No olvidemos, por ejemplo, que en Alemania los delitos de alta traición al Estado, o en Francia los actos de violencia que ponen en peligro las instituciones de la República, tienen pena de prisión permanente revisable. Eso es Francia y eso es Alemania; Francia, donde un Gobierno socialista fue el que instauró esta pena, o Alemania, donde ha habido múltiples Gobiernos de origen político de izquierdas.

Nosotros avanzamos en líneas más vinculadas a la delincuencia más grave y, por lo tanto, incorporamos, como les digo, cuatro ejes fundamentales de delitos que, a partir de su aprobación --ojala así sea-- en el Código Penal, tendrán pena de prisión permanente revisable.

En primer lugar, el asesinato con obstrucción de la recuperación del cadáver a los familiares. Aquí estamos pensando, y así queda regulado en nuestro Código Penal, que se produzca una ocultación de cadáver con especial sufrimiento a las víctimas, no evidentemente a la persona fallecida, sino a los familiares y a todos aquellos que, como consecuencia de la no recuperación del cadáver promovida evidentemente por el culpable del asesinato, está generando un daño adicional, una humillación a las víctimas.

En segundo lugar, el asesinato después de un secuestro. Nos parece también aquí que hay un elemento adicional: es, primero, el daño inferido por un secuestro, y un secuestro que, cuando acaba en asesinato, merece el máximo reproche y, por lo tanto, también en ese caso, se lleva a cabo la asignación de la pena de prisión permanente revisable. Insisto en que son tipos y circunstancias muy extraordinarias, pero hay casos de delincuencia organizada con actos de ajustes de cuentas y posterior asesinato. Tampoco debemos dejar de pensar, y así nos lo han dicho expertos, en el efecto disuasorio que puede tener sobre quien secuestra con un ánimo extorsionador, no consigue el rescate solicitado y puede llegar incluso al asesinato. Esa circunstancia tendrá una pena de prisión permanente revisable como ya existe, por ejemplo, en Alemania o en otros países de Europa.

Luego, hay otros tipos delictivos muy graves contra la integridad sexual y son dos básicamente los que ahí incorporamos: lo que podríamos llamar un violador en serie, una persona que hubiese sido condenada con anterioridad por dos delitos de violación, que recupera la libertad por el cumplimento de las penas y vuelve otra vez a incurrir en ese mismo delito de violación. Es un caso paradigmático, lo que se suele calificar de "violador en serie". Ese tercer delito, esa tercera violación, que acreditaría una conducta absolutamente peligrosa en términos sociales traería consigo la aplicación de la pena de prisión permanente revisable, como lo es en Bélgica, como lo es en Francia o como lo es en Inglaterra, por ejemplo.

Y, también, atendiendo, insisto una vez más, a una realidad social que a todos nos conmueve, cuando se producen hechos tan graves como las agresiones sexuales contra menores que hubiesen estado privados de libertad durante un período largo de tiempo o que hubiesen estado sometidos a sufrimientos: a sufrimientos físicos, a sufrimientos mentales o a cualquier otro atentado contra su integridad moral. Son casos que existen, y han existido en Europa, de menores que les tienen secuestrados, atentan gravemente contra su integridad moral, como digo, y además producen violaciones, atentados graves contra la indemnidad sexual. Esos casos también tendrán ese tipo penal, tendrán asignada la pena de prisión permanente revisable.

Por último, un tipo que me parece también que tiene todo el sentido porque está protegiendo un interés superior como son las vidas y el patrimonio público, para aquellos que cometen asesinatos utilizando la liberación de elementos radiactivos o de energía nuclear, incendios o estragos sobre las infraestructuras críticas. Estamos identificando esos casos de quien provoca un incendio sabiendo conscientemente que va a provocar resultados de muerte; de quien atenta contra las infraestructuras críticas (carreteras, puertos, aeropuertos, vías férreas, sistemas de señalización…), sabiendo que eso va a generar resultados de muerte, o también cuando se produce liberación de energía nuclear o de elementos radiactivos, esos elementos químicos y radiactivos que provocan resultados de muerte.

Son, como ven, casos extraordinarios, ciertamente, casos muy singulares. Desde la aprobación de la prisión permanente revisable en el año 2015 hasta hoy, una ha sido la condena que los Tribunales han dictado en estos casos; pero nos parece que la respuesta más firme del Estado de Derecho para proteger a la sociedad de los delincuentes más graves merece el seguir perfeccionando esta institución y, por supuesto, y es lo que vamos a hacer, seguir defendiendo su permanencia y su vigencia en nuestro Derecho. Confiamos en que esa proposición de ley que está actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados no llegue a buen fin y que podamos corregir su orientación y, por lo tanto, aprobar más bien este Anteproyecto de Ley que no la otra proposición de ley.

Y, muy brevemente, el Consejo de Ministros también ha aprobado un Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales. Esta es una transposición de una directiva comunitaria en la que se aborda una cuestión muy relevante, porque España, como muy bien dice el ministro de Educación, Cultura y Deporte, es talento puro y es talento también en materia de innovación, en materia empresarial y en materia de desarrollo tecnológico.

La protección de la propiedad intelectual y, en este caso, la protección de lo que se denominan los secretos empresariales es un concepto que suena un poco novelesco, pero que tiene una realidad material, un valor económico cierto. Hay muchas actividades industriales que tienen como principal activo una determinada capacidad de desarrollo de un producto y los autores, los propietarios, de esa idea, de esas capacidades, pretenden mantenerlo como un secreto empresarial. Por lo tanto, no lo patentan porque, cuando una cosa se patenta, hay un tiempo limitado y, además, hay un conocimiento general de esa patente. Ese secreto empresarial, que puede tener que ver con muchos ámbitos de la actividad económica, como digo, pasa a ser protegido por esta nueva Ley que ponemos en marcha.

Hasta ahora teníamos una ley del año 1991, la Ley de Competencia Desleal, que protegía como delito la violación de los secretos o algunos elementos contrarios a la buena fe de los empleados que revelaban conocimientos específicos a competidores. Ahora, la Unión Europea, a través de esta Directiva, y nosotros con este Anteproyecto de Ley, damos un paso adelante definiendo mejor qué es un secreto empresarial, protegiendo procesalmente, sustantivamente, esta cuestión.

Por lo tanto, con mejoras del Código Penal y con mejoras del Derecho sustantivo y del Derecho Procesal, avanzamos en esta dirección que, ya digo, va a generar, en nuestra opinión, un incentivo muy importante a la innovación, al desarrollo económico y a la atracción de inversores a sectores muy cualificados en los que España tiene, y puede tener en el futuro, un gran potencial. Este Anteproyecto de Ley se pone en marcha ahora y confiamos en que para antes de que acabe el actual período de sesiones, para el mes de junio, pueda estar presentado en las Cortes y aprobado con total rapidez.

Portavoz.- Si no les importa, digan a quien va dirigida la pregunta y yo prometo no picarme si le hacen muchas preguntas al ministro de Justicia.

P.- José Miguel Blanco, de la agencia EFE. Para el portavoz del Gobierno. ¿Qué opinión le merece el informe, que se ha conocido hoy, de los letrados del Parlament? ¿No teme que lo que puede propiciar es un bloqueo de la situación al considerar que no corren los plazos para la convocatoria de unas nuevas elecciones?

Para el ministro de Justicia. ¿El Gobierno ve alguna posibilidad de sacar adelante la ampliación de los casos de prisión permanente revisable, habida cuenta de la posición que están manteniendo diversos partidos? Y ¿qué le parece, en concreto, la crítica de que se trata de una medida electoralista?

Portavoz.- Respecto a su primera pregunta, conozco del informe lo que han dicho ustedes, lo que han dicho los medios de comunicación; por tanto, no nos ha dado tiempo de examinarlo y no voy a hacer una valoración sobre el mismo, salvo aquella que ustedes conocen y que está en coherencia con la línea del Gobierno. Son los letrados los que tienen que establecer cuál es el procedimiento a seguir dentro de los cauces establecidos por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, no cabe una investidura telemática, tiene que ser presencial y, en el caso de ser una persona incursa en alguna causa judicial, tiene que hacerse, su presencia, con el consentimiento del Tribunal.

Imagino que ahora el presidente del Parlamento, a la vista del informe, reunirá a los representantes de los grupos políticos y propondrá un candidato que se mueva dentro de estos cauces establecidos por el Tribunal Constitucional, que son cauces de sentido común, además. Por lo tanto, corresponde a él, en el ejercicio de esa soberanía parlamentaria, hacerlo y esperamos que lo haga lo antes posible.

Sr. Catalá.- En cuanto a la posibilidad de que este Anteproyecto de Ley llegue a buen puerto, lógicamente, cuando uno toma una iniciativa es con ese fin. Ya veremos qué sucede en el trámite parlamentario; pero, como les trataba de explicar, esta es una pena que existe en toda Europa, en gobiernos conservadores, en gobiernos liberales, en gobiernos progresistas, de izquierdas y con izquierda, incluso, extrema formando parte de gobiernos de coalición. Por lo tanto, no acabamos de entender qué nos pasa en España, qué debate político podemos tener en torno a esta circunstancia cuando en el resto de Europa, como digo, es una cuestión muy consolidada y yo no conozco ningún Gobierno europeo que se esté planteando la revisión. Ni el señor Macron, que es el referente para algunos en este momento, o gobiernos de izquierda, socialistas, que, ya digo, nunca la han planteado, incluso la han constituido: en Francia fue Mitterrand quien creó esta pena dentro de su Derecho Penal.

Por lo tanto, confiamos en la reflexión y confiamos también en algo tan sensato y tan razonable como que los grupos políticos, los grupos parlamentarios, ejerzamos la función sustancial que tenemos, que es la representación de los ciudadanos. No nos eligen los ciudadanos para que hagamos lo que mejor nos parezca, sino para que representemos a la sociedad. Por lo tanto, si el 80 por 100 de los ciudadanos considera que debe existir una pena --muy grave, ciertamente-- muy grave, pero para delitos gravísimos, y es la coherencia lógica, razonable, proporcional, ¿cómo van a estar los grupos parlamentarios tan alejados del sentir social?

No me parece que sea electoralista; es simplemente constatar una realidad social, una demanda social y tratarla de llevar al mundo del ordenamiento jurídico. Las leyes deben de parecerse a las sociedades lo máximo posible y esto es lo que intentamos. Y, si además existe un sentimiento de cercanía a las víctimas del delito, yo creo que nos hace mejores en nuestra legitimidad democrática estar legislando cercano a lo que más lo necesitan, a los más débiles; en este caso, las víctimas del delito.

P.- David Junquera, de la Sexta Noticias. Yo tenía una pregunta para cada uno para que no haya problema. La primera es para usted, ministro portavoz. Tiene que ver con el tema del ahorro. Se nos presentó ayer esta medida para incentivar el ahorro en planes de pensiones privados y también la señora Villalobos instó a los jóvenes a empezar a ahorrar. ¿Se está queriendo mandar un mensaje a los ciudadanos de que el tema de las pensiones públicas en el futuro no va a ser como ha sido hasta ahora?

La segunda pregunta tiene que ver con la prisión permanente revisable, es para el ministro Catalá. Dicen ustedes que no se está legislando en caliente; pero quería saber si se está legislando al calor del CIS y si es una medida con claro tinte electoralista. ¿Qué ha pasado para que en estos últimos meses el Partido Popular y el Gobierno no paren de hablar de prisión permanente revisable, teniendo en cuenta, además, que usted mismo ha dicho que en 2015 se aprobó de una manera limitada y coherente?

Portavoz.- Respecto a la primera pregunta, lo he dicho en mi intervención, pero esta respuesta me da la oportunidad de recalcarlo. En España, las pensiones públicas son un derecho que este Gobierno desde el primer momento se empeñó en garantizar. Esas pensiones son muy importantes para mucha gente y las políticas que estamos llevando a cabo, cuando hablamos de crecimiento económico y de creación de empleo, están orientadas también a que el Estado siga cumpliendo con ese derecho y pagando las pensiones. Que eso quede claro: la tranquilidad y la seguridad que da el Gobierno respecto a las pensiones públicas.

Pero hay muchas personas, y he citado la cifra de ocho millones, que tienen algo complementario, que es un plan privado de pensiones, y hay 106.000 millones de ahorro en esos planes. Lo que hace este Real Decreto es abaratar las comisiones y, por tanto, pagarán menos. Quienes tengan ese plan de pensiones tendrán más beneficios, lo que entendemos que es positivo, y también les dará mayor liquidez para que en el futuro, si quieren disponer de ese dinero, puedan hacerlo sin ninguna traba.

Evidentemente, la libertad de adquirir un plan de pensiones o de contratar un plan de pensiones es de cada uno y, en todo caso, el plan de pensiones español serio, sólido, coherente e importante para muchísima gente está en pie, sigue en pie y este Gobierno garantiza que seguirá en pie. Y es muy importante, precisamente, en uno de esos pactos a los que me he referido, que es, dentro de lo que se llama el Pacto de Toledo, donde se establecen estas cosas por consenso, porque es importante que sea por consenso; ver precisamente cuáles son las consecuencias de la demografía en España para el futuro del mismo con el objetivo, como decía antes, de garantizar su efectivo cumplimiento.

Sr. Catalá.- Yo creo que no ha sido el Gobierno precisamente quien ha puesto encima de la mesa de debate la prisión permanente revisable. Han sido los grupos parlamentarios que pretenden su derogación los que presentaron una proposición de ley para la derogación directa, sin más, sin matices; no para rebajarla, no para ajustarla, no para medir los tiempos, no, derogación directa de la pena de prisión permanente revisable para volver a convertirnos en una isla en Europa, donde todos los demás lo tienen y hay algunos que quieren que nosotros no tengamos esta pena.

Claro, como consecuencia de esa proposición de ley, los tiempos parlamentarios nos han llevado a que justo ahora, en estas semanas, es cuando tenga que debatirse y ahí sí que nosotros hemos considerado que era oportuno plantear un debate conceptual sobre la cuestión, un debate social y, por lo tanto, hacer esa revisión del estatus de la cuestión, que es lo que aquí hemos pretendido hacer. La conclusión a la que hemos llegado es a que esos ocho tipos iniciales con los que empezamos, incluso, deberían incorporarse algunos más que, como les he intentado explicar muy sucintamente, son cuatro temas, cuatro grados flagrantes, donde la percepción social hacia el violador reincidente, hacia quien oculta el cuerpo del asesinado o hacia quien puede cometer un gravísimo daño a las infraestructuras con resultados de muerte parece bastante razonable que también estén dentro de nuestro elenco de delitos con pena de prisión permanente revisable.

Por lo tanto, en absoluto lo planteamos en términos de debate electoral, entre otras cosas, porque no hay elecciones a corto plazo, que yo sepa, y son otros los que han pretendido derogar la pena y los que han traído al Parlamento en estos días ese debate al que nosotros nos hemos subido haciendo gala de nuestra convicción de que es una pena que debe de existir y que, además, tiene todo el apoyo social, como hemos explicado.

P.- Pilar Santos, de "El Periódico de Cataluña". Tengo dos preguntas de Cataluña para usted. Parece que las negociaciones entre los independentistas se están centrando en elegir el nuevo candidato a la presidencia de la Generalidad. Hay sectores de Junts per Catalunya que están dando el nombre de Elsa Artadi y querría saber qué opinión tiene el Gobierno sobre Elsa Artadi, si cree que se puede abrir una nueva etapa de relaciones entre la Generalidad y la Moncloa.

Después, respecto a las facturas y el FLA, el ministro Montoro el otro día admitió que no tiene claro si se han pagado facturas falsas a través del FLA para financiar el "procés". Nos dijo que no había empezado a hacer las comprobaciones correspondientes. Querría saber si ese tema se ha tratado en el Consejo de Ministros, si el presidente le ha pedido alguna explicación y si el ministro la ha dado.

Portavoz.- Respecto a la persona por la que usted pregunta, el Gobierno no tiene ninguna opinión sobre ella y el preguntado, que soy yo, la verdad es que no la conozco ni he tenido nunca ocasión de hablar con ella. Pero este es un tema que no le concierne al Gobierno, es un tema que concierne a las fuerzas políticas con representación en el Parlamento de Cataluña y, por tanto, ellas son las que tienen que decidir si es esta persona o es otra, dentro, insisto, y quiero recalcarlo, de los marcos que ha establecido el Tribunal Constitucional, que son unos marcos de puro sentido común.

Respecto a la segunda pregunta que usted me hace, el Gobierno estableció unos controles rígidos, serios, respecto a la utilización del FLA. Podría suceder que hubiera unas facturas que no estuvieran contabilizadas, no lo sabemos. Una certeza al cien por cien es imposible predicar de nada; pero no hay ninguna constancia de que dinero proveniente del FLA se haya utilizado para la causa secesionista y, si alguien tiene constancia de ello o tiene alguna noción de ello, lo que tiene que hacer es ponerlo en conocimiento del juez. El Gobierno no tiene constancia alguna de que eso se haya producido.

P.- Mariano Calleja, del diario "ABC". Mis preguntas son para usted, ministro portavoz. El presidente del Gobierno ayer, en el Foro ABC, dejó abierta la puerta a una prórroga de los Presupuestos, a mantener la prórroga de los Presupuestos de 2017. Yo quería preguntarle si se puede llegar al final de la Legislatura, como es el deseo del presidente del Gobierno, a base de prórrogas presupuestarias y si los Presupuestos solamente se van a llevar al Congreso si está garantizado el apoyo de los grupos.

Por otra parte, si me permite otro asunto, quería conocer su opinión también sobre la reforma electoral que se está planteando por algunos grupos políticos y si cree que es necesario que la representación sea más proporcional y más justa.

Portavoz.- Respecto a la primera pregunta, me han oído ustedes repetir en muchas ocasiones desde esta mesa que para el Gobierno los Presupuestos Generales del Estado son un instrumento importante. En estos momentos en que España crece y en que España crea puestos de trabajo son un instrumento de estabilidad política importante. Se ha aprobado el techo de gasto ya, hubo una mayoría para aprobar el techo de gasto.

Por tanto, creemos que lo que le conviene a España --no al Gobierno, lo que le conviene a España y a los españoles-- es la aprobación de esos Presupuestos Generales del Estado; pero, como también me han oído decir muchas veces, los números son los que son y el Gobierno dispone de 135 diputados que son insuficientes para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Por ello, estamos negociando y vamos a seguir negociando con los grupos parlamentarios.

La anterior vez, el acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado 2017 se hizo con siete partidos distintos. Eso lleva un tiempo, pero el objetivo del Gobierno, evidentemente, es aprobar esos Presupuestos Generales del Estado. ¿Por qué? Porque creemos que les conviene a los españoles, esa es la verdadera razón, porque creemos que hay más dinero para hacer políticas sociales y porque va a haber muchos elementos que benefician a la gente. Pero, evidentemente, si hay otra gente, otros partidos, que no lo estiman así o que no quieren colaborar, o que no entienden que esa es la política de pactos que le interesa a España, el Gobierno, como usted ha recordado muy bien, ya ha prorrogado los del año 2017.

Por lo tanto, en eso estamos; pero el objetivo político del Gobierno es aprobarlos, insisto, porque lo que nos mueve son los intereses generales de España y creemos que para esos intereses generales la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado es una buena cosa.

Respecto a la reforma electoral, las reformas electorales son siempre, en cualquier país, un tema delicado, un tema que es fruto de un gran debate y donde siempre se tiende a buscar un gran consenso. En estos momentos hay una iniciativa de C´s y de UP. Me parece, más bien, que lo que buscan es un sistema electoral que les beneficie electoralmente, por lo que yo he leído. Al final, parece que lo que están buscando son intereses particulares más que los intereses generales. En todo caso, cualquier reforma electoral, como usted sabe, requiere la reforma de una ley orgánica, requiere 176 escaños. Creo que entre ambos grupos parlamentarios no reúnen esa cifra y, por lo tanto, tendrán que contar con el resto.

Yo insisto en lo que he dicho. Yo creo que en la Legislatura anterior, cuando el PP tenía mayoría absoluta, se habló de la reforma electoral y ya sabe usted que había un proyecto para las municipales donde gobernara la lista más votada. El Gobierno de la época podría haberlo aprobado porque tenía mayoría para hacerlo. No lo hizo. ¿Por qué? Porque vio que no había consenso. Ese consenso es el que reclamamos, creemos que eso es bueno y creemos que el que hablen los grupos parlamentarios es una buena cosa.

A lo mejor, esos dos también pueden hablar sobre la situación en Cataluña y también hablan sobre la posibilidad de presentar algún candidato a la investidura. Eso siempre es positivo pero, insisto, un sistema electoral y su reforma es un tema serio. Usted sabe, aunque la Ley Electoral es posterior, que la base del sistema electoral en España es el Real Decreto Ley del año 1977 y, por tanto, la búsqueda de ese consenso para que todo el mundo se sienta cómodo en ella es absolutamente fundamental.

P.- Soy Carles Castellnou, de Televisión de Cataluña. Tenía dos preguntas. Primera, en los últimos días y semanas miembros de su Gabinete y también de su partido retan, de alguna manera, a líderes independentistas a decir en público aquello que solo dicen en privado. Quería saber si desde el Gobierno se da por descontado que desde el mundo independentista ya se sabe que de ninguna manera el señor Puigdemont puede ser presidente de la Generalitat.

Y la segunda es sobre el señor De Guindos. Quería saber, hasta donde usted nos pueda informar, con qué apoyos cuenta en Europa para ser vicepresidente, si realmente creen que va ser finalmente vicepresidente y, después, si no sería mejor para esta candidatura que él abandonase ya su cartera.

Portavoz.- Respecto a la primera pregunta, yo creo que no es una cuestión de quién dice esto o lo otro, en un mundo o en otro; es una cuestión de sentido común. Una persona que está huida de la Justicia, que evade sus deberes con la Justicia, que está en otro país, es imposible que sea presidente de una Comunidad Autónoma, entre otras cosas, porque el presidente de una Comunidad Autónoma es la máxima autoridad del Estado en esa Comunidad Autónoma y todos sabemos cuáles han sido los avatares y actuaciones del señor Puigdemont en el pasado. Por lo tanto, esto no es una cuestión de mundo, sino es una cuestión de sentido común.

La segunda pregunta que me hace usted es sobre el señor De Guindos. Yo ya he explicado por qué cree el Gobierno que el señor De Guindos es un gran candidato. Creemos también que España, por su trayectoria económica y política, debe recuperar ese sitio. Por tanto, nosotros lo que hacemos es presentar a quien creemos que es el mejor candidato. He oído decir por algún portavoz que esto era un desprecio hacia las mujeres o que había que buscar un perfil técnico. Nosotros buscamos a los mejores candidatos para los puestos internacionales y eso es lo que creo que es bueno para nuestro país, y vamos a continuar haciéndolo.

El señor De Guindos se presenta… Sabe usted que hay un procedimiento ahora y creo que hay otro candidato, un candidato irlandés, el señor Lane, que es el presidente del Banco Central. Hay un procedimiento en el Parlamento Europeo antes, previo; luego hay una reunión, si no recuerdo mal, del Eurogrupo, del Ecofin, y hay una serie de plazos que confluyen, si no recuerdo mal y la memoria no me traiciona, el 23 de marzo. Yo le aseguro a usted que, si el señor De Guindos ha ido pasando todos estos procesos, el 23 de marzo no será ministro de Economía del Gobierno de España.

P.- Carmen del Riego, del diario "La Vanguardia". Una aclaración para el ministro de Justicia y una pregunta sobre Cataluña para quien la quiera contestar.

Al ministro. Ha hablado en su exposición de que países como Alemania o Francia incluyen entre los delitos de la prisión permanente revisable los de alta traición y los de atentado con violencia a las instituciones del Estado, y, sin embargo, el Gobierno no ha incluido ninguno de estos delitos que, por otro lado, el Partido Popular ha llevado en una enmienda esta semana para que no puedan ser objeto de indulto. Me gustaría saber por qué se le da, por una parte, esa gravedad y, por otra, no se incluye, como podían hacerlo ahora, entre los delitos a incluir.

Y sobre Cataluña. A la hora de poder elegir a un candidato que no sea el señor Puigdemont, se está barajando la posibilidad de crear alguna presidencia simbólica del señor Puigdemont desde Bélgica. ¿Hasta qué punto sería permisible un hecho de estas características, que fuera elegido presidente en el exilio del Consell de la República, como se anda diciendo?

Portavoz.- Yo, si le parece, le contesto a la segunda. El señor Puigdemont no está en el exilio, está huido de la Justicia, voluntariamente huido de la Justicia y, por tanto, cualquier cosa de estas que leemos son piruetas; piruetas que no tienen ninguna base legal ni jurídica, y creo que, además, perturban la credibilidad de las instituciones catalanas.

Cataluña, en términos europeos, es un "land", es una región; es una comunidad autónoma en términos nacionales. Yo no conozco ninguno donde tenga un presidente simbólico u otro no sé qué… Yo creo que tenemos que dejar de hacer burla a las instituciones y dejar de hacer el ridículo, y tenemos que acomodarnos a lo que hay. Creo que eso es lo que tenemos que hacer y es lo que debe hacer el Parlamento de Cataluña. Por eso hemos instado antes a que el presidente reúna a los grupos parlamentarios y dentro del cauce legal --parece mentira que haya que decir "dentro del cauce legal", pero hay que decirlo y lo recalcamos-- se elija a un presidente que sea el presidente efectivo, el presidente real y el presidente, con todas sus competencias, de la Generalidad de Cataluña.

Sr. Catalá.- Cuando tratamos de explicar que la prisión permanente revisable tiene todo el sentido jurídico, constitucional y social, siempre hacemos ese contexto europeo para poner de manifiesto que lo que es normal en toda Europa debería ser normal también en España. Es ese el entorno en el que intentamos hacer esa presentación. Dijimos: en España hay ocho delitos muy graves que traen consigo la prisión permanente revisable y en otros países hay muchos más: veinte, veintiséis, veintinueve… He mencionado que, cuando nos planteamos ampliar tipos, no queremos entrar en debates que generarían una polémica adicional sobre la que ya puede existir en torno a esta pena.

He mencionado --no sé si ustedes lo sabían; no se sabe porque es un tema muy técnico de Derecho Penal que, lógicamente, no es de conocimiento público-- que en Francia, en Alemania o en Italia delitos tales como la rebelión o la sedición, o atentar contra los intereses del Estado, tienen prisión permanente revisable. No ya los asesinatos gravísimos, también ese tipo de delitos fruto de la consideración que allí se tiene. Nosotros no hemos entrado en eso, precisamente también porque no pretendemos abrir debates y generar más polémica en torno a la cuestión.

Y eso no es óbice, más bien al contrario, sino creo que es coherente con la propuesta que ha hecho el Grupo Parlamentario Popular de acotar estrictamente las facultades del Gobierno en el ejercicio del derecho de gracia, en la concesión de indultos. De la concesión de indultos el Gobierno, en los últimos años, estamos haciendo un ejercicio limitadísimo, reducidísimo. Hay una crítica social también sobre esa materia y ha habido polémica cuando se han concedido determinados indultos en el pasado. En los últimos años, al menos en los que yo tengo responsabilidad, en los últimos tres años, menos del 1 por 100 de los indultos solicitado se conceden y nunca se conceden en relación con delitos, y con penas por lo tanto, vinculados con la violencia de género, la seguridad vial, el fraude fiscal o también la corrupción en el sentido amplio y estricto.

En ese contexto, lo que es la práctica de ejercicio de competencias por parte del Gobierno lo hemos querido trasladar a una ley, ley que está en trámite también, para manifestar nuestro compromiso. Hay una serie de delitos que nunca podrán eludirse del cumplimento de la pena por la vía del indulto y ahí están delitos muy graves, delitos como también los de rebelión o sedición, que tienen penas de muchos años en nuestro Código Penal. No creemos que haga falta subir las penas y, por lo tanto, no vamos a la prisión permanente revisable; pero sí están en el contexto de esos delitos muy graves que no deberían ser nunca objeto de un indulto concedido por el Gobierno.

P.- Anabel Díez, de "El País". Para el ministro portavoz. Hemos publicado en "El País" hace un par de horas una encuesta de Metroscopia según la cual Ciudadanos se aleja, saca ya una ventaja importante, tanto al Partido Popular, como al Partido Socialista. 28,3 por 100 obtendría Ciudadanos; 21,9 por 100, PP y 20,1 por 100, PSOE. No sé cuál es la valoración que hace el ministro respecto de esta encuesta.

Y al ministro Catalá, respecto a la prisión permanente revisable. No sé qué argumentos va a utilizar usted, y supongo que a través del Grupo Parlamentario, para convencer a la oposición de que desista de mantener esa proposición de ley para derogar la actualmente en vigor prisión permanente revisable. ¿Va a ser el argumento de que otros ya lo tienen, como son los países europeos, los países de nuestro entorno? ¿Va a ser el argumento, en tanto en cuanto, tanto estos grupos, como, por ejemplo, el colectivo Jueces para la Democracia, señalan y reseñan la dureza del Código Penal español en relación con otras legislaciones también de nuestro entorno? De manera que para algunos delitos ya hay que cumplir cuarenta años cuando con la prisión permanente revisable quizá se pueden dar las salidas o la reconsideración a partir de los veinticinco. No sé qué argumentos puede usted decir. Acaba de señalar, incluso, que ya es suficientemente dura la legislación española, por ejemplo, para los delitos de rebelión y de sedición. ¿Por qué no en otros?

Portavoz.- Respecto a su primera pregunta, la valoración que hace el Gobierno siempre es la misma: las encuestas constituyen la foto fija de un momento. En cambio, la encuesta del CIS, muy grande, decía otra cosa hace unos pocos días. Con lo cual el Gobierno lo único que hace es ver cuáles son los problemas que preocupan a la gente y ver de qué manera puede contribuir a resolver los problemas de los ciudadanos. Es en lo que estamos trabajando, hoy creo que son una buena muestra los anteproyectos de ley que hemos presentado y las medidas que hemos tomado para favorecer el ahorro fiscal, y confiamos en que esa estabilidad, esa creación de puestos de trabajo, ese crecimiento económico, se traduzca en beneficio de todos los ciudadanos que es, a fin de cuentas, lo que le importa al Gobierno.

Sr. Catalá.- Los argumentos para mantener y para ampliar, como he presentado hoy al Consejo de Ministros, tipos penales con pena de prisión permanente revisable son los que básicamente aquí he presentado. Existen en los países de nuestro entorno y no es porque lo tengan otros; es porque parece razonable que la Unión Europea avancemos hacia una armonización de tipos penales y de penas. Eso lo hacemos. Lo hacemos cuando aprobamos Directivas y cuando hacemos armonización de derecho europeo. Estamos en una comunidad abierta. Hoy los delitos son muchas veces trasnacionales y es muy razonable que esa armonización de delitos y de penas exista en Europa, y, sin embargo, en esta materia como les decía, España se había convertido en una absoluta excepción hasta el año 2015. Volver a ser la excepción no me parecería buena noticia. Eso de que España seamos diferentes en estas cosas no creo que tenga un valor añadido.

Es cierto que cada Código Penal es fruto un poco de la sociología, de la historia, del rechazo, que no en todas las sociedades en Europa, en la Europa del norte o en la Europa mediterránea, tenemos hacia determinadas conductas. Eso es cierto y está muy cercano a la sociología política de los ciudadanos pero, precisamente por eso, la pena de prisión permanente revisable, como usted en su pregunta apuntaba, no es una pena inhumana. Tenemos penas de cuarenta años en España, o sea, que la pena de prisión permanente revisable no es extraordinariamente larga; puede ser, incluso, inferior, fíjese qué paradoja, a algunas penas ya existentes.

Por lo tanto, no hemos endurecido el Código Penal ni hemos alargado la duración de las penas; hemos incorporado un elemento tan sensato, en mi opinión y en la de otros muchos, como que para quien haya cometido delito gravísimo antes de salir a la calle, por decirlo de manera coloquial, se acredite y se garantice que está rehabilitado. No solamente se rehabilitan las personas por el transcurso del tiempo, sino por seguir los programas penitenciarios o por una serie de prácticas; pero parece muy razonable que alguien evalúe si la rehabilitación se ha producido en caso de delitos gravísimos, no sea que al salir vuelvan a cometer delitos, como lamentablemente ha sucedido ya, en muy pocos casos pero en casos tan graves que a todos nos golpean y que, por lo tanto, requieren una medida especial.

Es verdad que los delitos de rebelión y sedición ya tienen una pena alta en nuestro Derecho y, por eso, precisamente porque no pretendemos un endurecimiento de nuestro Derecho Penal --no es eso, no va de endurecer el Derecho Penal español--, mantenemos los tipos y mantenemos las penas. A algunos tipos cualificados y complejos, como los que yo aquí he mencionado (violación reincidente, hacer desaparecer el cuerpo del asesinado…), a esas circunstancias tan singulares es a las que se les atribuye la pena de prisión permanente revisable.

P.- Nuria Vega, de Colpisa. Yo quería preguntar si el Gobierno ve viable la reforma estatutaria que está planteando el PNV y, dado que no habla de ruptura con el resto de España de manera explícita, si cree que puede marcar un camino alternativo al del independentismo en Cataluña. No sé si, además, el asunto ha salido en las conversaciones que mantiene el Gobierno habitualmente con el PNV.

Portavoz.-. No conozco suficientemente bien cuál es la propuesta del PNV. El Consejo de Ministros no ha hablado de esa cuestión. Sé lo que he leído en los medios de comunicación y creo que en estos temas el Tribunal Constitucional ha marcado ya una doctrina muy clara respecto a los límites del ejercicio de determinados o pretendidos derechos. Por tanto, cualquier reforma estatutaria, no solamente del Estatuto de Guernica, sino de cualquier otro, tiene que acomodarse a la doctrina del Tribunal Constitucional. Yo creo que, si hubiéramos hecho eso desde el principio en todas partes, nos hubiera ido mucho mejor y nos hubiéramos ahorrado muchos disgustos.

Por lo tanto, creo que esta nueva etapa que debemos comenzar, esta nueva etapa política en España, tiene que pasar por el sometimiento al orden constitucional y al orden estatutario, y creo que, como hemos dicho muchas veces también desde esta mesa, dentro del orden constitucional y estatutario hay diálogo sin fecha de caducidad. Eso es algo que yo no me cansado de repetir en los quince meses que llevo ejerciendo las funciones de portavoz. Por tanto, dialogar es bueno, entenderse, comprenderse y escucharse. Lo que no vale, y esa es la experiencia catalana, es la unilateralidad, porque el Gobierno no ha dudado ni dudará en ejercer todos los mecanismos que le confiere el orden constitucional.

P.- Soy Pablo Iglesias, de la agencia Servimedia. Me gustaría, en primer lugar, recuperar la pregunta que le ha hecho mi compañero Mariano Calleja, de "ABC", sobre los Presupuestos, que iba enfocada a la línea de, si no hay Presupuestos para el año 2018, si el Gobierno considera que la Legislatura se puede precipitar y acabarse antes de tiempo, o si el Gobierno aguantaría con unos presupuestos prorrogados este año, el año que viene, etc., etc.

Ahora, mis preguntas; la otra era prestada, porque no ha quedado respondida del todo. A mí me gustaría preguntarle un matiz sobre los planes de pensiones que ha explicado al principio. El Gobierno rebaja las comisiones, pero es cierto que una de las mayores pegas que tienen los planes de pensiones es que, cuando se recuperan, se paga IRPF, con lo cual esa es la verdadera carga que tienen los planes de pensiones. ¿El Gobierno se plantea, de alguna manera, reducir la carga del IRPF cuando se recuperan, porque supone una doble carga impositiva: se paga IRPF cuando ganas ese dinero trabajando y, luego, cuando lo vuelves a recuperar de un plan de pensiones?

Y al ministro de Justicia, dos matices sobre la prisión permanente revisable. En primer lugar, no me queda claro si en el caso, por ejemplo, de Marta del Castillo se podría aplicar la prisión permanente revisable porque hay un delito de asesinato confesado, pero creo que no está probado del todo y el cuerpo no ha aparecido. Si no aparece el cuerpo, ¿habría prisión permanente revisable, porque se da por hecho el asesinato y, además, no ha aparecido el cuerpo?

Luego, la crítica que hacía la oposición a la prisión permanente revisable o, mejor dicho, algunos partidos que están más cerca del Gobierno, es que no están de acuerdo con los criterios de ese "revisable". ¿El Gobierno vería bien rebajar, o matizar, o cambiar de alguna manera, los criterios de esa prisión permanente revisable para facilitar que otros partidos lo apoyen?

Portavoz.- Respecto al rebote a la pregunta de don Mariano, yo creía que había sido claro, pero voy a intentar ser más claro todavía. El Gobierno cuenta y quiere aprobar los Presupuestos Generales del Estado del año 2018, y ese es el mensaje que lanza a todos los españoles. Insisto en el argumento: creemos que es bueno para la gente y creemos que es bueno para la Administración General del Estado, para las Comunidades Autónomas, para las Corporaciones Locales, creemos que hay más dinero para políticas sociales y, por tanto, ese es nuestro objetivo.

Yo soy devoto de Rudyard Kipling, pero los síes no los encadeno porque, si no, al final, acabaríamos haciendo especulaciones sin límites. Por tanto, si no conseguimos aprobarlos --le voy a dar ese "si"--, ya están prorrogados los del año 2017 y, a partir de ahí, veremos. Pero creo que los españoles nos piden pactos, nos piden acuerdos, nos piden actuar en beneficio de la gente. Insisto, yo todavía no he escuchado argumentos políticos en contra de los Presupuestos Generales del Estado, entre otras cosas, porque no los conoce nadie porque el Gobierno no los ha podido presentar.

Por tanto, el decir no sin conocer algo no es una postura política, es una manía y las manías no son buenas ni en la vida ni tampoco en la política.

Sobre los planes de pensiones, para entendernos, lo que se hace cuando se contrata un plan de pensiones es diferirlo en el tiempo. Lo que había que pagar en el momento de contraerlo se difiere a la hora de la pensión o del rescate; por tanto, claro que habrá que pagarlo en ese momento. En el Gobierno no se contempla que haya exenciones a ello, porque sería una desnaturalización del sistema. Lo que sí es cierto también es que en la mayor parte de los casos se hace al final de la vida laboral de una persona, por lo tanto, cuando ya percibe menos dinero --el rescate de este plan, que es complementario, es generalmente cuando no hay unos ingresos importantes--, y no olvide que el tipo marginal español es bastante bajo.

Por tanto, sigue siendo muy beneficioso para la gente pero se difiere; no se puede eximir del pago en ningún momento porque sería, como digo, desnaturalizar el sistema.

Sr. Catalá.- Uno de los principios del Derecho Penal es que no existe retroactividad de la norma penal, salvo que sea la más favorable. Por lo tanto, en el caso que usted me planteaba, en el caso de Marta del Castillo, si ahora sucediese y estuviese en vigor la Ley, no sería de aplicación; sería para futuros casos que tuviesen elementos como aquí los que se pretenden regular. Este tipo de asesinato y ocultamiento del cuerpo luego también está asociado, lógicamente con la investigación criminal. Hay que probarlo y hay que acreditarlo.

Nosotros lo que hemos intentado aquí, con los expertos en Derecho Penal que asesoran al Ministerio de Justicia en esta materia, es identificar casos tipo que tienen un fundamento porque han sucedido en el pasado o porque hay referencias internacionales, construirlos bien jurídicamente y ponerlos a disposición de los operadores jurídicos, básicamente de los jueces y de los fiscales, y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para que en el futuro puedan aplicarse en esas circunstancias; pero siempre en el futuro.

En cuanto al modelo de revisión de la prisión permanente revisable, que lo es por sí misma, en España es verdad que en nuestros períodos de revisión estamos en la zona alta de la escala, no es la zona más limitada. Hay otros países que están, incluso, más alejados que nosotros en el tiempo del proceso de la revisión. Por lo tanto, nosotros creemos, como he tratado de decir reiteradamente, que el Derecho Penal español debe tener una pena como la de prisión permanente revisable para los casos más extraordinarios, más singulares, más graves. En ese esfuerzo por mantener lo que tenemos y ampliar nuevos tipos como los que ahora proponemos, estamos lógicamente, y obligados por otra parte por la aritmética parlamentaria, a buscar el consenso con los grupos y estaremos dispuestos a discutirlo, a explicarnos, a negociarlo, no a desnaturalizar la institución, lógicamente; pero en ese contexto de razonabilidad, de marcos comparados en la Unión Europea, me imagino que se pueden avanzar cosas.

Portavoz.- Hoy en noche de estreno en el Teatro Arriaga de Bilbao: "Sueños", una comedia que protagoniza Natalie Poza, flamante Goya a la mejor actriz.

En Huesca suena el violín de Ara Malikian, con su espectáculo de corral de comedias portátil.

No se pierdan la exposición de Pessoa, "Todo arte es una forma de literatura", en el Reina Sofía.

Disfruten de este fin de semana de los carnavales en todo el territorio nacional, desde Santa Cruz de Tenerife hasta Sitges, pasando por Cádiz.

Y también el deporte. Los Juegos Olímpicos de invierno en PyeongChang, donde van a competir trece españoles, y la final del Europeo de fútbol sala: España-Portugal.

Y lean. Lean mucho porque eso endulza la vida.

Muchas gracias.

(Transcripción editada por la Secretaría de Estado de Comunicación)